El Minero de Almagrera (1899-07-27 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGREIRA

REVISTA GENERAL DE MINERÍA
ÓRGANO OFICIAL DEL SINDICATO DEL DESAGUE DE SIERRA ALMAGREIRA
FUNDADOR PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO

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Sobre los proyectados impuestos á la minería.

Hemos recibido una copia de la siguiente Exposición que con mucho gusto reproducimos.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA

El Sindicato y la Junta de mineros de la provincia de Jaén, tienen el honor de exponer á V. E. brevísimas observaciones demosttrativas de que el plan de reformas mineras, en lo que la minería del plomo respecta, constituye la total destrucción de esta fuente de riqueza, si no se moderan en la base y en la forma, los múltiples conceptos de la tributación que pretenden someterse al estudio del Parlamento.

La minería española no niega su patriótico concierto á la grande obra de la regeneración nacional; pero la cuantía del sacrificio no puede llegar nunca á la tal extensión de despojos, viéndose con la lesión encubierta de sagrados derechos, y privación al Erario, en plazo breve, de una fuente de ingresos cuantiosos y permanentes. Aconseja, pues, el propio patriota, tener en cuenta que estas industrias, aunque débiles á los impuestos, tanto por ser la función del Estado no es compatible con tan funestas soluciones, como por la necesidad perentoria de conservar y aún de proteger las riquezas contributivas que junto representan, y que son indispensables en el país ante el crédito universal.

Relacionando los ingresos calculados en el proyecto, con el valor total de los productos mineros, según la estadística de Aduanas, resulta que el canon de superficie, el impuesto sobre la acción de derecho de exportación, el monopolio de los explosivos y el impuesto sobre utilidades, por sí solos, representan un 13 por 100 del producto bruto equivalente al 5 por 100 del producto líquido de las minas, mientras quedan el 46 por 100 restante para atender los impuestos de transportes, embargos, consumos, cédulas, timbre y otros muchos, más gravosos para la minería, por su especial carácter, que para las otras industrias, son indudables.

Tales cálculos, que abusan los mismos datos estadísticos conocidos por V. E., condenan al minero al pago de impuestos desproporcionados que ninguna otra riqueza española y extranjera, y cuya prorrogativa se limite en los términos que la escasez del Tesoro demanda, sin destruir la vida industrial, proponemos como indispensables las siguientes modificaciones.

Impuesto sobre utilidades

La teoría de este impuesto, confesada en la ley, consiste en hacer contribuyentes no gravadas por otros tributos. La minería contribuye enormemente por diversos impuestos directos e indirectos; y por ello, cesa la razón de exigirle el de utilidades, en términos generales.

Cuantas más utilidades no existen, porque la cosa explotada no se reproduce, sino que es capital que paulatinamente se consume; ni pueden, por otra parte, estancarse en el fondo de reservas, sino que se agotarán definitivamente, por el beneficio líquido de un mes se observe frecuentemente en otro, por subita imposibilidad del criadero, inundaciones, ó otros accidentes.

No es pues, admisible el impuesto de utilidades respecto de Sociedades mineras, ni aún por la razón del tributo súbito legado en el proyecto.

Canon de superficie

Se comete el error jurídico de considerar el canon como un impuesto al- terable cuantía en todos los presupuestos. Canon es pensión que paga el que tiene el dominio útil de unos bienes al final de años, en resumen, el dueño del dominio. El Estado contrae con el concesionario la perpetuidad del dominio en el subsuelo, mediante un canon fijo, tan perpetuo como la concesión, cuyas condiciones no pueden alterarse sin conocer el principio jurídico en que descansa la ley.

En cuanto á la caducidad de concesiones no trabajadas en tres años, debemos exponer que esta propiedad, como todas, es temporal más bien, cuanto más firme, más posee el concesionado, más riesgo de constante depósito.

Habíamos destacado el pueblo, consagrando en España el progreso de la per- petuidad por el Decreto Ley de 29 de Diciembre de 1898, que ha de ser de aplicación universal y disolverse el principio de arrasear á su propietario lo suyo por que no lo explota. Y aunque hoy retrocediéramos al punto de discutir lo que el progreso de los tiempos considere indiscutible, existe la razón de orden público de reservar estos problemas para la Legislación Minera, que es competente y perpetua, y no decidirse en el fondo de un presupuesto, transitorio y circunstancial como el ejercicio á que se refiere, y ajeno siempre á la función de regular las facultades dominicales en ningún orden jurídico.

Impuesto de explotación

Es enorme por su cuantía, y gravísimo y deprimente por su administración, el impuesto proyectado del 8 por 100 sobre los productos brutos, cuando encuadra las angustias del Tesoro, y prestando nosotros el concurso y el sacrificio que de todos demanda, pueda aceptarse la elevada cuantía de este gravamen, que el proyecto fija en el 56 por 100, siempre que grave el producto en su valor á boca-mina, y se eviten al minero los va- juanes que supone el procedimiento pro- puesto para su administración.

No hay forma de percepción tan fácil ni tan cómoda para el Tesoro, ni tan co- moda y digna para el minero como la de mantener los conciertos que los Sin- dicatos administran.

Derechos de exportación

La riqueza de un pueblo se gradúa y determina por su estadística de exporta- ción. La minería destina al consumo ex- terior la casi totalidad de sus productos, mientras el Arancel lo consiente, y por lo mismo, la elevación inmediata de cada uno de los factores, nos muestra com- petidores en las contiendas mercantiles, interceptando la concurrencia del plomo español, y cerrándolo los mercados.

El proyecto impone á todos los minera- rales un canon de derecho de 15 pesetas por tonelada, que es prohibitivo en mu- chos casos, y antieconómico y perjudicial en todos. Pero la urgencia de extender el sacrificio demandado por el Tesoro, nos somete resignadamente á pagar el derecho, si se reduce á 10 pesetas por tonelada de galena ó sulfuro de plomo, y se le exime del impuesto de transportes y embar- ques, por no ser lícito, y menos en este caso, la duplicidad de tributos.

Consumos, transportes y demás

El obrero de las minas trabaja sólo para atender á las necesidades de su subsisten- cia. El encarecimiento de los artículos ali- menticios en el alto grado que las tarifas del proyecto pretenden, elevaría forzosamen- te el costo del trabajo, como el impuesto sobre las utilidades del empleado en las mi-