El Minero de Almagrera (1893-09-16 00:00:00), página 3

nominas que se suponen, siendo las que resultan, si alguna en definitiva resulta, de escasa, de escasísima importancia, relativamente hablando, y por otro lado la administración de justicia, la más alta y noble función del Estado, el más importante órgano de la Nación, el más respetable Poder, lejos de adquirir facilidades en el ejercicio de sus difíciles funciones, pierde en éstas, agrandándose los obstáculos con que ya de antemano trataba de la realización de su noble fin, disminuyendo, en parte, irremediablemente, bien, ¿aplaudir, que decimos aplaudir, aceptar sin igual, sin viril protesta, tal reforma? ¿Es posible, aun prescindiendo de bastardos intereses personales, que el elemento político de tales reformas? ¿Qué hacer los pobres, qué calla la prensa, ante una medida que tan escasas ventajas tiene para el público Tesoro y tan graves daños puede acarrear a la Nación? Prácticamente, repito, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la egida de la localidad, de apasionamientos de partido, que si en todas ocasiones deben posponerse al interés general, y en todo momento olvidarse ante las generales convenciones, más, en los tiempos de crisis, como ha sido la época española atraviesa un período difícil y angustioso, son causas fuertes las causas de esas lamentables circunstancias, que la nación necesita urgentemente, porque, en medio de la crisis, la irreductible España tiene absoluta y perspectiva necesidad de racoar, dentro y fuera de sus fronteras, la responsabilidad, el prestigio y las fuerzas que empuñadas puestas la nación ha perdido por esta época de penurias, quedando los puertos, pues la prensa impacienta, pero en los hombres de buena voluntad aceptar como único medio de salvación para esas situaciones, como bien lo ha dicho el autor, la supresión de los auditos Juzgados, que en suma lleva al Tesoro la economía de unas cuantas miles de pesetas, en tanto que, según consta a todos los días, se han de gastar en los gastos de este nuevo ejército mucha mayor cantidad de lo que puede importar aquella economía? ¿En tanto que se abona por clases pasivas cuantiosas sumas a nuestros propios personajes que para la misma necesidad de los estados en que aquel concepto perciben? ¿En tanto que se invierte en ciertas obras, algunas de las cuales pudieran citar, sumas importantes que muy bien pudieran haberse ahorrado, a hacerse aquellas como debían hacerse?

III. Supresión de este Juzgado

Como nuestro objeto al describirnos a escribir estos renglones y darlos a la estampa, no es naturalmente, en manera alguna, deprimir a nadie, ni inferir de esta distinguida nación española, ni de su administración, que se les menoren sus intereses o de algún modo se les perjudique; sino únicamente y exclusivamente hacer ver, en primer lugar, que las economías oportunidades en los presupuestos generales de la nación, especialmente en Gracia y Justicia se han hecho sin la reflexión y madurez de pensamiento que asunto de tal importancia exigía, y por consecuencia, sin el acierto que, con el conocimiento de los hechos, se hizo ha hecho, y en segundo, y último lugar, que la supresión de este Juzgado de 1ª Instancia e instrucción no era, en modo alguno, procedente, á juzgar, aparte otras consideraciones, por las mismas en que, según el preámbulo del Real Decreto de 29 de Agosto último, anteriormente citado, se informa dicha disposición, pronunciada por el Ministro de Fomento, hubieran parecido mal intencionadas, aun cuando de esas comparaciones precisamente habían de surgir numerosos e irrefutables argumentos en favor de los sustentantes del Juzgado de esta ciudad, y de los propios municipios de las otras localizadas en que, sin embargo, no se ha suprimido.

Por la misma razón, prescindiéndonos también de las comparativas en otros hechos, aunque que así lo hubieran podido hacer, y que así lo hubieran podido hacer, el supuesto de este Juzgado, pero ya que no de nada de esto, si no, nos, porque sobraban motivos muy para ello, y cabalmente insoslayable deficiencia, que la supresión del Juzgado de esta ciudad, y de los propios sobre las muchas que facultativamente pueden citarse, de que, como ha dicho nuestro estimado colega El Heraldo de Madrid no han sido, ni menos en todos los casos, tan adecuadamente estudiados, han tenido siempre para la resolución del problema.

Y se explica fácilmente que haya sucedido así: asunto este, aun haciendo caso omiso de otras consideraciones, de evidente importancia para los propios de esta parte, que difícilmente se expresan en número completamente arbitrario, ó rito, por lo menos, del apoyo que lo dispone, el formar parte de un todo armonioso, previa y detalladamente estudiado, es necesario, en primer término, la unificación de la designación de los Juzgados que debían ser suprimidos, todos los cuales pusieran en juego sus más valiosas influencias en defensa de sus amparados intereses, agotándose ya las situaciones, y entendiéndose obligado por un lado á suprimir de un golpe 57 juzgados, cada uno de los cuales había de luchar con todas sus fuerzas para no ser comprendido en la inmediata razzia, y sin duda alguna, por el hecho de no contar con garantías de acierto el difícil trabajo de selección que requiere de tanta trascendencia reclama. De aquí, sin duda, las grandes irregularidades por que Cuerpo al realizar el artículo 8º del Real Decreto que nos da, como el de la Palma, por ejemplo, supera en asuntos al de Moguer, el cual, sin embargo, en su superficie, que, como Izalco, Tarandilla, asentados ambos en terrenos montañosos y de difíciles comunicaciones y no obstante lo cual se suprimen, en tanto que son repetidos Santuario y Logrosán, situados en plena y despoblada Sierra de Osma y Baeza, que apenas de su mayor densidad de población con relación, por ejemplo, á Marchena y Huelva, han sido incluidos en la supresión, dejándose en cambio subsistente los juzgados de estas ciudades, Alcalá la Real, Olvera y Alcalá, faltos de vías fáciles de comunicación, y sin embargo suprimidos, mientras quedan los de Brújaveles, a más de 30 kilómetros por ferrocarril del Bajo Guadalquivir, y San Roque, unido también por ferro-arriol á Algeciras y á muy corta distancia de esta; Híjar, con muchas y faciles comunicaciones; y por último, y en Granada, el mismo pueblo de Santa Fe, aunque sito en la amplia Vega de aquella ciudad y casi á sus mismas puertas y unido á la capital por magnífica carretera.

Pues lo que hemos dicho de Moguer y la Palma, de Osma y de Baeza, pudiera uno decir también sin temor de ninguna clase, respecto de la supresión del Juzgado de esta ciudad. Cuenta esta, según el último censo, una población de derecho de 20.558 habitantes, siendo, por tanto, fuera de la capital, la población de mayor número de almas de la provincia, dentro de la cual la separa una diferencia de poco, en un porcentaje de más de mil 4000 almas habitantes siempre de la población de derecho, de la de mayor número de habitantes.

De propósito hemos dicho y repetido en el parágrafo precedente, que hablábamos de la población de derecho, pues tanto por razón de la industria minera, como de todos sabido, en esta ciudad de gran distinta importancia, cuanto por los varios establecimientos fabriles de fundición de minerales, situados en el término, con gran prosperidad de aquella industria, salvo los breves períodos de tiempo en que se paralizan esos trabajos, ó varadas, la población de hecho suele acercarse con mucho, en más de 60.000 habitantes á la de derecho, y el crecido número de operarios forasteros empleados de ordinario en aquellas importantes industrias; y esto, cualquiera que sean los datos que acerca de ello contenga el Padrón de derecho, registró 6.000, lo que siempre tan cierto por razón de que no se trata del caso, como fuera de de-ser.

Lo que acabamos de decir, nos lleva a pensar la necesidad de exponer otra consideración, de notable y de sumo y trascendental interés, en cuanto á la improcedente supresión de este Juzgado. Nos referimos al aumento de criminalidad que la congregación de grandes masas obreras, lleva naturalmente á la de la comunidad, por tanto, de que la acción de la justicia sea inmediata, todo lo inmediato posible, á fin de que, de ese modo, pueda ser también segura y eficaz, y claro es que cuando se ha de suprimir un Juzgado, ha de ser posible ejercer esa acción asegurada, inmediatamente, ó por menos, tan asegurada, tan inmediatamente como se pueda ejercer á residir, aquel el Juez Instructor, para poder darle el debido trato á los asuntos de mayor importancia, dados quizás precisos por lo significativos y espinosos, y que en gran número de casos sólo en los primeros momentos de la realización de la supresión, puede fácilmente deslizarse, esto es, que el tribunal sentenciador, no obstante todos sus deseos de acierto, de toda su actividad y experiencia, de todo su celo y discreción, discurra felizmente, y que la sentencia injusta, en el fondo, absuelve á un criminal, ya lo que es peor todavía, castigando á un inocente.

Pero aun prescindiendo de estas y otras consideraciones de evidente importancia, y viéndose de nuevo el preámbulo del artículo 8º del Real Decreto de 29 de Agosto y á falta de los datos que, según dice el ministro en el preámbulo de dicha disposición, han servido de base para la designación de los Juzgados que habían de suprimirse, fuimos á que, con la premura del breve tiempo de que se podía disponer para labor de tanta importancia, y el crecido número de atenciones que de ordinario pasan sobre los ministros de gobierno, se tomaron decisiones sin duda por manera extraordinaria las múltiples y valiosas exigencias locales, no hayan consultado con la atención bastante todos los datos necesarios para hacer una correcta certificación de los Juzgados que debieran conservarse, y los que, en cumplimiento de la ley de Presupuestos, debían suprimirse. Y que no son estas