El Minero de Almagrera (1893-09-02 00:00:00), página 2

ra la explotación de sustancias minerales sea de 5 pesetas por hectárea en las concesiones para la explotación de las piedras preciosas, y de 10 pesetas por hectárea en las que clasifica el decreto-bases de 29 de Diciembre de 1868, exceptuando el hierro, y de dos pesetas por pertenencia en las concesiones de hierro y demás metales tesoros comprendidas en la segunda y tercera sección.

Otro suprimiendo el impuesto del 2 por 100 del producto bruto de la riqueza minera, sustituyéndolo por un impuesto del 5 por 100 sobre el producto líquido, que se determinará por la fijación de la materia imponible, según evaluación periódica efectuada cada diez años por el cuerpo de Ingenieros de Minas, y se distribuirán proporcionalmente el impuesto en forma y plazos que les dé las contribuciones sobre inmuebles; debiendo, en tanto que determine un reglamento la forma y trámites en que habrá de efectuarse la evaluación del producto líquido de las concesiones para la explotación de sustancias minerales, exigirse el impuesto del 1 por 100 sobre el producto bruto de las mismas establecido por el artículo 2.º de la ley de 26 de Julio de 1853.

Y otro artículo en que se dispone la supresión del impuesto de una peseta veinticinco centimos por cada 100 kilogramos de galena establecido por el artículo de Aduanas, en 31 de Diciembre de 1851.

Bastante esta adición a dos fines prácticos de gran utilidad, a saber: favorecer el desarrollo de la industria minera, haciéndola más leve, más tratable y libre de todas formalidades y fiscalizaciones que embarazan su acción e impiden su desarrollo, y reforzar los rendimientos al Tesoro por la contribución del ramo de minas.

Para probar esta parte examina el Sr. Rey en la ley de 6 de Julio de 1859, el decreto-bases de 21 de Diciembre de 1858, el decreto de 2 de Octubre de 1853, la ley de presupuestos de 1857-77, y la de 25 de Julio de 1853 hasta la de presupuestos de 1892-93.

"No es mi pensamiento—decía el diputado por Baeza—la solicitud de una exoneración de tributos para la industria minera; ni siquiera es mi propósito intentar una simplificación que se traduzca en minoración la más pequeña de la cifra calculada a los ingresos del ramo de minas; aspiro solo a que el sistema se organice de tal suerte, que el Estado no pague por el trabajo, ni aumente su carga fiscal por el impuesto de un 100 por 100, se libre á la minería de las trabas, de las formalidades de las fiscalizaciones que impiden su vida, y únicamente para Enriques con los gastos perjudiciales para los grandes intereses que se destinan á la minería y á la metalurgia; desde luego se alcanza al mas inexperto de los economistas que la contribución mas justa y mas equitativa sobre el impuesto minero es aquella que amoldándose á los principios mas fundamentales de la tributación, gravase directa ó indirectamente la producción líquida de la explotación de los recursos, por lo que la tributación no es mas que la prestación obligada que de parte de sus rentas hace el ciudadano al Estado para el sostenimiento de las cargas públicas, no puede hacerse á los ruidosos de la economía política; para desnaturalizar el tributo cuando se aplique á la industria minera. El minero, pues debía contribuir como cualquiera otro industrial, como cualquiera otro propietario, en razón y en proporción de sus utilidades, sin sujeción á otras reglas que las exigidas por un buen sistema tributario para la exacta fijación de esta materia imponible y para la segura percepción del impuesto.

"Bajo este punto de vista del derecho, —añade—y bajo el punto de vista de los principios de la economía, el impuesto sobre el producto bruto no es admisible, como inadaptable á la regla de justicia, de la que son los recursos de las naciones, las realidades que se exigen para su administración son menos admisibles aun y mas insuperables. La exigencia al minero de declaraciones sobre el producto de las minas para imponerle el impuesto, ha de bajar la eficacia de fuerzas responsabilidades pecuniarias en el caso de divergencia con la comprobación administrativa, que suele registrarse por datos insuficientes y arbitrarios, entre los cuales se encuentran los de los técnicos menos el mas propio, el mas seguro, como sería el de la cubicación de los flujos explotados; la minuciosa y abigarrada construcción de las cabeceras, reglas para determinar el carácter de las aguas de las fuentes, las curvaturas á cada obstaculización; la expedición de guías cuadruplicadas; para legitimar el movimiento de cualquier partida de mineral, por pequeña que sea, la autorización de las aduanas, por lo que el territorio nacional hasta llegar á la fiscalización aduanera, aspecto de controvertido registro en las fronteras terrestres y marítimas, la expedición de investigadores, agentes especiales, plantones y otros y, por último, las causas que como sube de langosta sobre los distintos mineros. Todas estas fiscalizaciones, que son verosímilmente precisas dentro del sistema son sumamente innecesarias, y son consumos de buena fé y una amenaza para el crédito de sus negocios, porque les obligan á publicar sus mas íntimas operaciones, favoreciendo á vender á los compradores menores, que siempre encuentran medio de encubrir bajo el farrago del expediente fiscal la defraudación de un tributo que ya en aviso nadie considera penasumosa.

"No es excesivo, sino generalmente necesario, el principal origen de lamentables perjuicios, el impuesto denominado canon superficial, ni en sus fundamentos ni en su organización, cede tan facilmente á las impugnaciones jurídicas y económicas. Aunque se admita la presunción de la dominicidad, en cuanto se refiere á los fundamentos nacionales del derecho de propiedad, está desautorizado el sistema de la regalía minera que rige en España, según el cual el Estado se entera de todo el Estado toda la sustancia del subsuelo, y aunque este dominio representa alguna deficiencia científica, es lo cierto que el sistema viene establecido por leyes antiguas, por la mayor antigüedad de la tradición y por una práctica constante y dentro de este sistema, mas ó menos científicamente exacto, es lo cierto, que la cuota exigida del Estado al consumidor, que se llama regalía, es de considerable precio de una transferencia dominical y bajo esta significación no ofrece el concepto y los inconvenientes de un impuesto sobre el producto bruto que viene ágravar la mano de obra de las minas productivas que las produce.

"Esto en el orden jurídico que en la esfera económica, en el orden de los hechos que caen bajo el tratamiento racional, el canon superficial es de una fiscalización tan fácil, segura y barata, que mas no puede d.-re: como que consiste en el pago de una cuota determinada sobre una superficie demarcada, y todavía no ha aparecido el caso el invento de tal instrumento de hacer respetar una superficie demarcada en el suelo de este sublunar planeta.

"Por algo que es una verdad y una razón asolada, en la realidad de los hechos, ha venido á disminuirse el canon superficial de la galena, en el 1852 hubo hasta nueve días en tales términos, que desde 1.000 reales que se pagaban por cada pertenencia de 20.000 varas cuadras, en 4 de Julio de 1852, ha quedado reducido por la ley de 29 de Diciembre de 1852 á 10 pesetas por pertenencia de 10.000 metros cuadrados, hasta que se aumentó en un 30 por 100 por la ley famosa de Presupuestos de 1892-93. Yo creo que podríamos, y tendremos muchas veces en el futuro, un argumento que nos dan otros pueblos en esto del impuesto del canon superficial; otros pueblos que, por desgracia nuestras, nos llevan ventaja inmensa en todo lo que significa el orden de la legislación de la industria y del trabajo.

"Sobre la supresión del derecho establecido á la extracción de galenas, decía el Sr. Rey á Aparicio:

"Ahora bien; el tipo de 125 pesetas por cada 100 kilos de galena exportados corresponde á una rentabilidad de una lata de 3 por 100 ad valores porque el quintal vale cuando mas 10 pesetas, y el 3 por 100 sería 0'90 pesetas; ó en otros términos, para que 125 pesetas signifiquen el 3 por 100, el quintal valdría 41'66 pesetas, que el quintal valiese 41'66 pesetas, preciso que jamás han alcanzado, ni es presumible que alcancen las galenas en el mercado por cuanto puede vislumbrarse en los horizontes de porvenir que la Industria aumente el plumaje. Es este impuesto excesivo, y el exceso causa una verdadera transgresión de la ley vigente. Y ahora, demostrado el exceso, parece que la justicia podría, en el orden de la supresión del mismo, para que verdaderamente representase el 3 por 100 del valor; pero pedimos la supresión total, fundadamente para ello en poderosas razones. El beneficio de la supresión se reportaría á la industria, minera, y al beneficio que alcanzaría el Erario o la Hacienda pública. El beneficio para la industria minera, y para el Erario, es que se ha llegado esa industria por efecto de la depresión de los metales; y el beneficio para la Hacienda se comprenderá facilmente, porque pendiendo á la mitad en los ingresos para complementar las crisis que hoy atraviesa, la Hacienda recogerá el producto de todos los demás impuestos.

"No hay que olvidar que en nuestro país la exportación de las galenas ha adquirido un desarrollo que se han establecido grandes Empresas con capitales nacionales y extranjeros, y que había llegado á realizarse un gran comercio con todos los países interesados en la Industria, y que por consiguiente, todo lo que sea recargar el derecho arancelario impuesto á la exportación de las galenas ha de dar por resultado una moratoria de la actividad minera y de la producción, y á nosotros una disminución