El Minero de Almagrera (1889-07-16 00:00:00), página 2

personas—recorrió con la música y antorchas—encendidas la población, frenéticamente de placer.

Desde los balcones del Ayuntamiento dirigieron su voz al pueblo nuestro Director, Sr. Pozo, Sr. Pérez (D. Tomás) y Sr. Piqueras que fueron oídos con religioso silencio y allí repitieron los vivas, dirigiéndose todos después a la calle de la Rambla, para dar gracias, por el beneficio alcanzado, a la nueva patrona Nuestra Señora de Montserrat que el Señor D. Dionisio Soler ha hecho construir en Barcelona y dedica á esta Iglesia Parroquial, y que aunque ya bendita, aún tenía en su casa.

Este acto demostrativo de la creencia unánime de este pueblo, de que á la protección de la Santísima Virgen debe todo lo que es y puede ser, se hizo más conmovedor por la oportuna coincidencia de sacar al balcón la bandera española y de colocar en su mano derecha el telegrama del Sr. Bernabé y Soler dando cuenta de haberse hecho la ley del desagüe.

En toda la noche las calles estuvieron encerrurísimas; las campanas de todos los templos casi no cesaron de tocar; se improvisaron bailes, músicas y otros actos propios del general contento, que no teníamos espacio para describir por ser conveniente compararlos de los siguientes parámetros.

Proyecto de Ley, fijando las causas en que sea indispensable la intervención del Gobierno en el desagüe de las comarcas mineras, leído en el Senado por el Sr. Ministro de Fomento.

A LAS CORTES.

Atento el Gobierno de S. M. á fomentar las industrias nacionales por cuantos medios están á su alcance, entiende que además de los proyectos de ley sometidos á la deliberación de las Cortes, encaminados unos á aliviar la situación precaria de la agricultura, y otros á facilitar, abriendo nuevas vías de comunicación, la salida y tráfico de los productos del país, no debe dejar desamparada la explotación de las minas, ni desatender las quejas presentadas por ciertas asociaciones mineras de consideración, ni aparecer indiferente á las excitaciones de los representantes de las comarcas en que la minería ha alcanzado importante desarrollo, los cuales estiman que esta industria requiere hoy el preferente estudio y solicitud de los Cuerpos Legislativos.

El gobierno de S. M. reconoce que la legislación minera debe reformarse para sanar en la medida que encuadra nuestro suelo todo el parido de que es susceptible, y emplea por declarar urgente una ley de minas, en la que se armonicen con las bases del decreto-ley de 1868 varias disposiciones anteriores, todavía vigentes en la materia; pero no pudiendo dejar desamparadas necesidades apremiantes que exigen un radical y perentorio remedio, somete á la aprobación de las Cortes un proyecto de ley, que aunque pudiera considerarse como una reforma de la existente, no es en realidad mas que una declaración al capítulo 6.º de la ley de minas de 1859 reformada, á los artículos 53 á 63 del reglamento, y al 18 del decreto de bases de 1868, y tiene por objeto fijar los casos extraordinarios en que sea indispensable la intervención del Gobierno en el desagüe de las comarcas mineras, y especificar la condición penal á que deben quedar sometidos los mineros, cuando falten á estipulaciones y compromisos legalmente concertados, respetando, sin embargo, en las nuevas disposiciones la independencia con que deben funcionar estas industrias, y limitando la acción administrativa á facilitar y dar estabilidad á los conciertos que han de preceder á los desagües generales y que son absolutamente indispensables para realizar obras en que están á la vez interesados muchos propietarios.

Alguna oscuridad en los artículos de la legislación actual, y la falta de penalidad por la inobservancia de algunos de sus preceptos, han dado ocasión á reclamaciones de la empresa de saqueadora de la Sierra Almagrera, y á quejas y críticas de los concessionarios de aquellas mismas comarcas, de que no se otorguen los números de las nuevas tierras, y se suprima la subasta originada por la paralización de las explotaciones.

Fundado en lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes el adjunto proyecto de ley.

(Madrid 9 de Julio de 1889.—El Ministro de Fomento, J. José Álvarez de Toledo y Acuña.)

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Cuando un grupo, mas o menos numeroso, de concesiones mineras, esté amenazado ó sufra las consecuencias de una inundación común á todas ellas, que comprometa su existencia ó imposibilite la extracción de sus minerales, el Gobierno obligará á los concessionarios á ejecutar en común, y á su costa los trabajos necesarios para desaguar las minas inundadas en todo ó en parte, ó para detener los progresos de la inundación.

Art. 2.º Se abrirá previamente una información administrativa en la que serán oídos todos los interesados.

Art. 3.º Esta información la ordenará el Ministro de Fomento, en vista de la Memoria del Ingeniero jefe de minas de la provincia que corresponda, en la cual se hará constar la producción de las minas, antes y después de la inundación; las causas de esta; como se propaga, y sus progresos; los perjuicios que censiona, y la necesidad de aplicar esta ley para obligar á los concessionarios á que por sí, y á su costa se hagan las obras de desagüe necesarias para dejar en seco las minas aguadas y evitar que se inunden las demás. Esta memoria irá acompañada de los planos y cortes necesarios para facilitar su inteligencia.

Art. 4.º La Memoria y los planos quedarán expuestos al público en el Gobierno civil de la provincia por espacio de dos meses, y se abrirá un registro donde se consignen todas las observaciones que se hagan durante dicho plazo.

Art. 5.º La información se anunciará en la Gaceta y Boletín Oficial de la provincia, por edictos, en la capital y en los Ayuntamientos donde radiquen las minas, y se notificará administrativamente á los concesionarios ó á sus representantes y á los de las sociedades dueñas de las minas.

Art. 6.º El Gobierno nombrará una Junta compuesta de cinco ó siete vocales, uno con el carácter de presidente, que será un inspector general de minas, eligiendo los restantes entre personas pirotas, imparciales y ajenas á los intereses que se ventilen, y que se reunirá en la capital de la provincia en cuanto termine el plazo de dos meses que marca el art. 4.º

Art. 7.º Esta Junta examinará las declaraciones consignadas en el registro, recibirá informes verbales, memorias y observaciones de todas clases; oirá á los concesionarios de minas, de los dueños de fábricas metalúrgicas y jefes de establecimientos industriales; á las Cámaras de comercio y otras corporaciones consultivas, y en general á todas las personas que puedan proporcionar datos útiles. Después extenderá su dictamen, sobre si debe ó no aplicarse el art. 1.º de la presente ley.

Art. 8.º Todas estas operaciones deberán quedar terminadas en el espacio de un mes, y extendida la correspondiente acta, acompañada de todos los documentos relativos á la información, se entregaran al gobernador, el cual, con su informe, lo remitirá al Ministerio de Fomento.

Art. 9.º En su vista el Ministro oyendo á la Junta superior facultativa de minería, resolverá si debe aplicarse ó no el art. 1.º. Los recursos contra esta resolución, no suspenderán sus efectos.

Los concesionarios y presidentes ó gerentes de las Sociedades mineras, debida y legalmente autorizados, serán convocados por el gobernador en Junta general para nombrar un Sindicato, compuesto de tres ó cinco vocales, á cuyo cargo quedará la gestión de los intereses comunes. Esta reunión la presidirá el gobernador, y en ella se determinará el número de sindicos y la duración de su cargo.

En esta primera reunión no serán válidos los acuerdos, si no se reúnen mas de la mitad de los convocados á ella. En la segunda, que no podrá verificarse hasta que trascurran diez días de la primera, los acuerdos serán válidos, cualquiera que sea el número de los que asistan.

En estas deliberaciones no podrán tomar parte los partidarios, contratistas ó arrendatarios de las minas, sea cualquiera la denominación con que en este concepto intervengan en su explotación.

En caso de defunción, ó terminación de las funciones de los sindicos, serán sustituidos por la Junta gene-