El Minero de Almagrera (1889-04-10 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA.

REVISTA GENERAL DE MINERIA

FUNDADOR PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO.

El desagüe de Almagrera.

Al insertar nuestro primer artículo, el Director de La Crónica Meridional se creyó en el deber de hacer constar que nos dejaba la responsabilidad de nuestras opiniones sobre la materia en que nos viniéramos ocupando; y aceptando gustosos esa responsabilidad, hallamos muy discreta la manifestación que á nuestro primer artículo precede, porque como el periódico es partidario de la ley especial para Cuevas y de la fijación de un canon, no debía ser de otro modo nuestra idea.

Mas sin pretender que se abra disensión pero sin rehuirla tampoco, debemos corresponder á la galante hospitalidad que á nuestros modestos artículos ha dado el Director de La Crónica, explicando las causas de nuestra oposición á la ley especial y al canon fijo.

Ya hemos dicho que el párrafo 2º del artículo 44 de la vigente Ley de minas resuelve perfectamente lo tocante al precio del desagüe, por convenios mutuos y en su defecto por tassación pericial. Esto es para nosotros lo suficiente y excluye por completo la necesidad y hasta la conveniencia de una ley especial.

Reconocemos que la legislación de minas es al presente muy deficiuosa, pues no se avienen perfectamente los principios en que se funda el Decreto-Ley de Bases de 2 de Septiembre de 1859, con los de la Ley de 1859 reformada por la de 4 de Marzo de 1868; esto en términos generales es indiscutible y entraña la urgencia de redactar una nueva ley de minas en que se armonicen preceptos contradictorios y de una vez desaparezca la confusión horrible en que se encuentra esta parte del derecho administrativo.

Pero esto no se remedia con la ley especial que para el desagüe en propiedad, pero que para el canon crecerá el desconcierto y serán mayores las dificultades; y por otra parte, no vemos á qué conduce esa especialidad legal, cuando el caso no es exclusivo de Cuevas y está previsto en el artículo citado.

Decimos que el caso no es exclusivo de Cuevas porque sin salir de los límites de esta provincia, en el mismo Cabo de Gata son muchas las minas que se hallan en la zona aquosa, y no fuera justo preferirlas en obsequio de una comarca, aun cuando sea más rica: lo rigurosamente lógico es que la ley sea de general aplicación, porque así cumple una de sus más esenciales condiciones, sin privilegios irriantes e inútiles.

Y no se diga que en Sierra Almagrera el agua corre por la misma caja de los filones, y que esta circunstancia especial dé lugar á la aplicación de la ley especial; porque dando como cierto aquel hecho, no hallamos que determine la necesidad de la ley que se pretende. Lo que ocurrirá es que con una, dos ó tres galerías se hará el desagüe de toda la Sierra, y las minas, próximas ó remotas, que del beneficio disfruten, tendrán que contribuir.

El párrafo 2º del art. 44 citado lo mismo es aplicable á ese caso que á todos, al dar derecho al provecho el servicio de descargar la que libera el precio, por convenio ó por tassación.

¿Es que la especialidad se exige para declarar de utilidad pública el desagüe? Ofenderíamos al que supusieramos que haga tal afirmación, porque revelaría total desconocimiento de la materia. Leese el párrafo 2º del artículo 16 del Decreto-Ley de Bases y se verá que el caso está previsto, pues si los desagües de las galerías se someten á la ejecución de las galerías generales de desagüe, no podrán éstas llevarse á cabo, A MENOS QUE SE INSTRUYA EXPEDIENTE DE UTILIDAD PÚBLICA.

No creemos que nadie se oponga, pero si se oprimiera sería tiempo perdido, por que se haría la declaración de utilidad pública por medio del oportunísimo expediente, que se abrirá en el momento en que se dé el caso, mucho más rápido que la confección, discusión y votación de una ley especial. Y por otra parte, bien se echa de ver que esta es innecesaria estando el caso previsto.

¿Es para el concursó para lo que hace falta la ley especial? Ya en este punto admitimos que sea necesaria una ley echt-special (si vale la palabra), porque adjudicar por concurso el desagüe de una mina puede abstraermente con los principios en que la legislación minera se inspira y que la echará por tierra.

En 1559 y 1584 todas las minas de la península quedaron incorporadas á la Corona, y desde entonces para adquirirlas se necesitó la concesión real ó del Estado, manteniéndose este principio desde el Real Decreto de 4 de Julio de 1825 hasta el Decreto-Ley de Bases de 1859.

Por eso ha sido racional en esta Decreto-Ley la supresión de la palabra mina, sustituyéndola por la de concesión, pues aun cuando sobre esto existan opiniones contrarias, nos parece que la misma palabra es más expresiva y adecuada, ya porque la propiedad minera sólo se adquiere por concesión ya porque en este vocablo se comprenden así las minas, como las demás galerías de desagüe &c.

Ahora bien: si la propiedad minera sólo se adquiere por concesión, y una galería de minería es una concesión como otra cualquiera ¿cabe adjudicarla por concurso lo mismo que si fuese una obra pública? Para nosotros y dentro de los buenos términos jurídicos, tal especialidad es una innovación imposible, contraria á toda la legislación del ramo y acaso perjudicial.

T. y H.

EN DEFENSA DE LA MINERÍA.

(AL SR. CELLERUELO.)

Es una calamidad para los destinos de España que no abunden los hombres de valía y talento con moralidad acrisolada, que entiendan en los asuntos administrativos del Estado aquellos recursos que son indispensables al buen gobierno de los pueblos; pero á cambio de tan grave deficiencia, sobran en verdad, imaginaciones dispuestas á todas horas á proponer leyes que, si son contraproducentes á los fines que persiguen quienes las inician, resultan también atentatorias á la libertad individual, que es interesante á todos los ciudadanos que conforman las cargas de nuestras pesadas tributaciones.

Se ha dicho en las columnas de la prensa madrileña, que el Sr. Celleruelo ejerce representaciones mineras en España, sin que nos sea dable corroborar tal afirmación; pero de cualquier modo que sea es indudable que aquel hombre de la escuela gubernamental, con representación ó sin ella, dentro de las empresas industriales tiene derecho á un comportamiento digno de ser de la minería y el respeto y consideración que las leyes garantizan á los propietarios de concesiones mineras.

El artículo de la proposición de ley, que nuestro pseudónimo Un minero estampamos en el comunicado que mas abajo insertamos con gusto, es, en medio de su laconismo, producto de la inteligencia del señor Celleruelo, á quien si es necesario disfrazarse guarde las consideraciones á que se hace acreedor por su representación popular, no así lo estaremos por lo que se refiere á prestar asentimiento al citado artículo.

El Sr. Celleruelo podrá creerse muy amante de los intereses de la minería; pero si al hombre de valía y de talen-