El Minero de Almagrera (1888-04-10 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALHAGRERA.

REVISTA GENERAL DE MINERIA

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LEGISLACION MINERA.

LOS TERREROS Y LAS MINAS.

Real Decreto.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Almería y el Juez de Instrucción de Cuevas, de los cuales resulta:

Que otorgada en Real orden la concesión de la mina Asunción de Cartagena, en término de Cuevas, provincia de Almería, se mandó expedir, y se expidió con efecto, á favor del concesionario don Manuel Ruiz Plaza, el Real título de propiedad en 1º de Agosto de 1867, inscribiéndose dicho documento en el Registro de las propiedades.

Que constituida después la Sociedad especial minera titulada "El Mejico", para la explotación de dicha mina, fue aprobada la constitución de la referida Sociedad por decreto del Gobernador de Murcia de 4 de Octubre de 1870.

Que no obstante haberse otorgado la concesión minera antes referida, los propietarios del terreno en donde radica esta mina, poseen con derecho anteriores ó tierras argentinas de unos terrenos ó vaciadores que, procedentes de antiguas explotaciones, se encuentran dentro del perímetro de ella por cuyo hecho, el Procurador D. Juan Antonio Flores Flores compareció ante el Juzgado de instrucción en 26 de Abril último, en nombre de D. José Antonio Moreno Rodríguez, ex Presidente de la Comisión especial minera titulada El Mejico, denunciando los siguientes hechos: que la Sociedad especial minera titulada El Mejico, cuyo domicilio era Cartagena, poseía la mina titulada Asunción de Cartagena, concedida á D. Manuel Ruiz Plaza, en virtud de expediente núm. 1.767, sito en el paraje denominado barranco Pinalbo, del término de Cuevas, bajo los títulos que se expresan en el auto de fecha 19 de Febrero, la referida mina vino á ser propiedad de los que por escritura pública de 19 de Octubre de 1869 se constituyeron en Sociedad; que según dispone el art. 56 de la ley de minas de 6 de Julio de 1859, con arreglo á lo que fué otorgada la concesión de que se trata, los escombríos y terrenos contenidos en sus perimetros son propiedad de los dueños de estos, si antes de su registro no hubiesen sido concedidos ó registrados por otros; que en la superficie de la mina Asunción de Cartagena existen unos terrenos—vulgo vaciadores,—procedentes de explotaciones antiguas; que D. Pedro Gea López, vecino de Garrucha, se dependióte Juan Rodríguez Balastegui de igual domicilio, y Alonso Rodríguez Sánchez, del de la ciudad de Cuevas, sabedores de que eran beneficiosables las tierras existentes en la superficie de la mina expresada, y desconociendo la propiedad sobre dichos terrenos correspondía á los escombríos de esta, así como también la extracción que tenían de cobrarse establecido con el dueño de la finca, por el que pagan á D. Pedro Gea López, como médico de D.ª Isabel Perona Pintado, propietaria del terreno, un canon de 200 reales anuales, habían comenzado á sustraer y retirar los mencionados terrenos liendolos á las funciones de S. Antón, Atrevilla, y al puente conocido por Puente de Lobos, que D. Pedro Gea López como médico de D.ª Isabel Perona autorizó á Alonso Rodríguez como sí dispusiera de cosa suya, para que beneficiase los mencionados escombros de vaciadores antiguos, estableciendo lavaderos para concentrarlos, expresando que estaban en terrenos de las minas Buena, Asunción de Cartagena y Sto. Cristo, comprometidos legalmente á tomar á Gea el 10 por 100 del producto. Bastaba el tiempo y el período de tiempo por el que había durado el contrato celebrado entre ambos, contrariando los preceptos de la ley; que además, D. Pedro Gea concedió á su mujer D.ª Isabel Perona, la licencia marital correspondiente para que vendiese á Juan Rodríguez Balastegui 20 hectáreas de terreno situadas en el paraje baranco Pinalbo y Venta del Calderón, del término de Cuevas, bajo los títulos que se expresan, y cuya venta tuvo lugar por escritura pública de 16 de Marzo último, encontrándose, dentro de las expresadas 20 hectáreas de terreno, los terrenos de que se trata; que consecuencia de estos contratos, fué que Alonso Rodríguez, como arrendatario de los terrenos ó vaciadores, y Juan Rodríguez Balastegui, á título de dueño del suelo en donde se hallan dichos terrenos, realizaron las materias metálleras que allí existen, cometiendo sustracciones punitivas, que representan muchos miles de pesetas; que D. Pedro Gea sostenía que los terrenos existentes en la mina Asunción, corresponden al dueño de la superficie, con arreglo á los artículos 8º y 16 del decreto ley de bases 29 de Diciembre de 1859, que en este término de la comunidad de la Sociedad dueña de la mina Asunción, los tres sujetos referidos habían cometido, y seguían cometiendo, una sustracción punitiva, que debía ser objeto de procedimiento en la vía criminal, porque el conocimiento sobre extracción indebida de minerales, corresponde á los Tribunales ordinarios; que la Sociedad El Mejico, tenía arrendada la mina Asunción de Cartagena á otra Sociedad de partido, que estaba interesada en la sustracción, por lo que y por qué la acción penal era pública si se trataba de hechos que podían ser perseguidos de oficio, presentando el compareciente la denuncia;

Que instruidas las oportunas diligencias criminales, el Gobernador de la provincia, á instancia de Juan Rodríguez Balastegui, requirió de la Audiencia la audiencia de lo criminal de Huércal, á cuya vista que declaró mal formada la competencia, por corresponder al Juez de instrucción conocer del incidente;

Que en su vista, el Gobernador dirigió su requerimiento al Juzgado, fundándose en que el derecho preferente á la explotación de los indicados vaciadores por parte del dueño del terreno, ó de los concesionarios de las mismas, había de declararlo previamente, porque de ello dependía el fallo que los Tribunales ordinarios hubiesen de pronunciar; que la resolución de la indicada cuestión previa es en todo caso de la exclusiva competencia de la Administración activa, á la que corresponde declarar y definir los derechos que la legislación minera concede en que en atención al principio de Estado, aquel Gobierno de provincia está entendiéndolo en el asunto, y como sometido á su jurisdicción, habría de resolver en su día sobre el mejor derecho á la explotación de aquellos vaciadores; en que mientras tal resolución no se dictase, no podían conocer los Tribunales ordinarios; en que á los Gobernadores de este reservado el promover competencia á los jueces de Tribunales, pudiendo hacerlo hasta las mismas carceles, cuando en ellos debe decidirse alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios hayan de pronunciar; y citaba el Gobernador el art. 86 de la ley de 6 de Julio de 1859, artículos 8º y 30 del decreto ley de bases 29 de Diciembre de 1859, que en este término de la nueva ley de Minas de 20 de Diciembre de 1863; Real decreto de 50 de Diciembre de 1866; artículos 53 y 54 del reglamento de 25 de Septiembre de 1863;

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarando improcedente y que no había lugar á acceder al requerimiento de inhibición, alegando que se trataba de un procedimiento criminal, en el que la ley atribuye el poder á los Jueces la instrucción de las diligencias penales o preparatorias del Juicio, reservando el conocimiento y resolución del mismo á las Audiencias de lo criminal, sin que, por lo tanto, la intervención limitada y transitoria de aquéllos en el proceso les au