El Minero de Almagrera (1888-04-10 00:00:00), página 2

El Minero de Almagrera.

ponzase á discutir sobre la competencia o incompetencia de la jurisdicción ordinaria, cuya importancia y transcendencia del asunto corresponde para el Tribunal, debe resolverse por medio del fallo del fondo del asunto; que en tal concepto, las Audiencias de lo criminal eran las únicas que debían ser requeridas de inhibición por los Gobernadores en los procedimientos de esta índole, cuando terminada la investigación sumarial, que por otra parte ningún derecho prejuzga, se encuadre ni confiera, se hubieran reunido los autos á la administración, cargando por ejemplo los Jueces instructores de facultades para discutir la cuestión jurisdiccional que se les promoviere por aquellos funcionarios del orden administrativo; que lo dispuesto en los Reales decretos de 31 de Marzo de 1884 y de 25 y 26 de Mayo del mismo año, proclaman y sancionan la doctrina expuesta en la que la resolución de 3 de Noviembre de 1886, que el Supremo expedicionario establece la nueva doctrina de que á los Jueces de instrucción, durante el sumario, corresponde y deben sostener las competencias que les promuevan los Gobernadores, cuya decisión aislada se encuentra en contradicción abierta con la repetida y uniforme jurisprudencia sentada en los Reales decretos ya citados, y en otros del mismo año de 1887, y no debía, por lo mismo, servirse de dicho régimen hasta que se le tuviera otra resolución que asegurara la hiciese adquirir el concepto en que, por otra parte, no puede admitirse la existencia de cuestiones previas prejudiciales que alcancen á suspender el procedimiento incoado, puesto que haciendo derivar su derecho la mina Asunción de Cartagena á los vaciadores aludidos, y, por lo tanto, á impedir la instrucción, del delito de la que se trata oportunamente se ha expidió por la Administración, y con cuyo acto terminaron las funciones propias de la misma, era evidente que á los Tribunales ordinarios incumbía y tocaba resolver las cuestiones civiles y criminales á que pudiera darse origen la propiedad creada por dicha concesión minera, acerca de lo cual no cabía ya declaración ni adhiriendo algún otro por parte de la administración, según lo dispuesto 94 de la ley de Minas de 1859 y 87 de su reglamento; y citaba además el Juzgado lo resuelto en Reales decretos sentencias de 27 de Noviembre de 1875 y 30 de Diciembre de 1866:

Que el Gobernador, estimando que se habían cometido algunas omisiones en la sustanciación de la competencia invita al Juzgado á que las subsane, y á su desestimación se halla en las mismas, comunicándolo así al Gobernador, quien, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, reiterando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 59 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859, según el cual los terrenos y escoriales contenidos en las partidas de minas son propiedad de los dueños de éstas, si antes de su registro no hubieran sido concedidos ó registrados por otros;

Visto el art. 86 de la propia ley, según el cual todos los expedientes que se instruyen para obtener concesiones en mineras son puramente gubernativos; se resuelven en definitiva por Reales órdenes, que expide el Ministro de Fomento;

Visto el art. 94 de la misma ley, que establece que conocerán los Tribunales ordinarios de todas las cuestiones que sobre las minas, esenciales, terreros, socia- biones ó galerías y oficinas de beneficio, se promuevan entre partes sobre propiedad, participación y deudas, así como de los delitos comunes que se cometan en los mismos establecimientos y sus dependencias:

Visto el núm. 1º de la Real orden de 20 de Mayo de 1882, que establece que las Reales órdenes dictadas durante el curso de los expedientes, más tarde emitidas á la vía gubernativa, en cuanto á los recursos que se resuelvan, no pudiendo ser nuevamente examinados ni discutidos por la Administración activa en ninguna de sus jerarquías, y si sólo en la vía contencioso-administrativa:

Visto el núm. 1º del art. 54 del reglamento de 26 de Septiembre de 1865, con arreglo al cual se tramita este competencia, y que ha sido reproducido el artículo 9º del Reglamento de 8 de Septiem- bre de 1865, según el cual los Gobernadores no podrán suscribir contiendas de competencias en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando, en virtud de la misma ley, deba deci- dirse por las autoridades administrativas alguna cuestión previa, de la cual depen- da el fallo que los Tribunales ordinares o especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado á consecuencia de la causa criminal incoada sobre sus- tracción, por los dueños de la superficie, de tierras argentinas de terreros procedentes de beneficios anteriores y que se encuentran dentro del perímetro de la mina Asunción de Almagrera;

2º Que los tribunales del fuero común carecen en absoluto de competencia para hacer declaraciones de derechos sobre la propiedad de las sustancias minerales, cuando esas declaraciones hayan de hacerse con arreglo á la ley de Minas, es- tando su competencia limitada única y exclusivamente á aplicar las disposiciones del Código penal, y que el juicio crimi- nal se halla entendido para ello en las resoluciones que la Administración hubiere dictado, ó ya, sujetándose á esas mismas resoluciones, á fijar tan solo la cuantía, y compelir al pago de los mi- nerales indebidamente sustraídos, cuando de tales cuestiones conozcan en el juicio civil ordinario;

3º Que la Administración, para resol- ver sobre la propiedad de las sustancias minerales, aunque que se presenta una solicitud de registro, abre un juicio con- tradictorio, al cual llama, por medio de las oportunas publicaciones, á todos los derechos que puedan considerarse lasti- mados con la propiedad minera solicita- da, y resuelve dentro de los plazos y en la forma establecida por la ley, sobre las reclamaciones de derechos legítimos en contra de la sociedad de registro, y una vez cerramientos los plazos legales, los de- rechos que la Administración declara en el curso del expediente tienen tal carác- ter de estabilidad y firmeza que no es licito, ni aun á la misma Administración activa, volver á conocer de ellos;

4º Que la circunstancia de adherirse á los beneficios del decreto ley de bases de minas de 29 de Diciembre de 1865 no da lugar á resolución alguna previa, en contra de la sociedad de registro, y una vez cerramientos los plazos legales, los de- rechos que la Administración declara en el curso del expediente tienen tal carác- ter de estabilidad y firmeza que no es licito, ni aun á la misma Administración activa, volver á conocer de ellos;

5º Que, por lo tanto, con la resolu- ción que aprobó el expediente gubernati- vo, y puso término al mismo, mandan- do expedir el correspondiente título, fue- ron otorgados los derechos de propiedad de las sustancias minerales, y que el Estado podía conocer al tiempo de la solicitud de registro, y en su consecuen- cia, los terreros ó vaciaderos existentes en el perímetro de la concesión, si ex- presamente no se hizo exclusión de ellos, quedando, en su virtud, terminada con tal resolución la cuestión previa administra- tiva, y sin que de esas declaraciones de la Administración sea función separada á los Tribunales de justicia, sino únicamente las disposiciones del Código penal, como en la aplicación de las leyes civiles, en el juicio correspondiente, para fijar la cuantía y compelir al pago de los minerales indebidamente sustraídos;

6º Que no se encuentra tampoco re- servado, por disposición expresa de la ley, el castigo del hecho de que se trata á los funcionarios de la administración, y no concurren á investigar los dos casos tan estrechamente unidos en las disposicio- nes vigentes, para que los Gobernadores puedan suscitar contiendas de competen- cia en los juicios criminales, no ha po- dido suscitarse el presente conflicto:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno:

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reyna Regente del Reyno,

Venía en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho.
María Cristina.—El presidente del Con- sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MISCELÁNEA.

Nuevamente se ha desbordado la ace- quía del pago de Alumbracura en su cru- ce por la superficie de Petronila, y el agua ha invadido los hoyos de Guadalupe, Vir- tud de S. José y otras minas. Estos en- charcamientos son los que mas perjudicios causan á la salud pública, pero igual li- mítamos la atención de la autoridad, para que obligue á los propietarios de dicha arroya á que lo remueva en condiciones de bastante solidez, para que nunca más se repita el daño, pues la época en que estamos descompone las aguas en poco tiempo, y esta descomposición es mas grande y rápida en aquellos sitios en los cuales existen tantas sustancias orgánicas.

—Se acaba de recibir la agradable noti- cia del descubrimiento de un bien ca- racterizado y nuevo filón en una de las galerías, que iban en exterior, de la mina Templana.

—Se cree fundamentalmente que con los tra- bajos que se proyectan en la mina Santa Isabel se cortará en su demarcación, en la presente varada, el rico filón de sus colindantes Hermosa y S. Vicente, del cual también podrá entrar en disfrute la mi- na Patrocinio que tiene su límite á 21 me- tros del corte de dicho filón.

—El filón de hoja que explota la mina Fa- ma Segunda lo ha encontrado S. Antonio.