El Minero de Almagrera (1887-11-17 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA.

REVISTA GENERAL DE MINERIA.

FUNDADOR, PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En toda España trimestre 6 rs.
Ultramar semestre 24 rs.
Extranjero semestre 30 rs.

Se suscribe en Cuevas en la Administración á cargo de D. SERAFIN CANTOY FAYOS, Calle de la Compañía, n.º 17. Fuera remitiéndolo al mismo el importe en sellos de franqueo por carta certificada.

SE PUBLICA CUATRO VECES AL MES los días 1, 8, 16 y 24. Anuncios y comunicados á precios convencionales.

ADVERTENCIA.

Suplicamos á todos nuestros suscritores residentes en poblaciones en las cuales no tenemos administración, que van saldar sus cuentas con esta administración remitándonos el importe en sellos de correos ó letras de facil cobro. Proxima la época en la cual esta administración tiene por costumbre hacer la liquidación general de cuentas, y para que los constantes favorecedores se apresuraran como otras veces á ponerse al corriente en sus pagos, evitándose de este modo grandes perjuicios para la buena marcha de este periódico.

CADUCIDAD DE LAS MINAS.

Llama justamente la atención de la industria, las listas que publica en sus columnas el Boletín Oficial, con los títulos de las minas y los nombres de sus concesionarios, que por disposición superior administrativa se declaran caducadas en los diversos distritos de la provincia por falta de pago del canon de superficie, y es cuestión de tal gravedad que no debe pasar desapercibida, para la primera emergencia de velar por los intereses que la minería representa.

No se creen que en principio somos adversarios de una medida que tiende á movilizar la propiedad minera, esclavizada en poder de los que obtuvieron las concesiones sin el preconcebido propósito de trabajarse, experimentar en negociaciones agudas á la industria, ó con la condición de que tales títulos, recién que desempeñando el triste papel de víctimas que se consumen en labores y explotaciones un capital que el propietario de la mina no aventura, garantido por el pago de un canon que consigue la perpetuidad de los derechos, y que en último extremo tampoco lo satisfaga, según lo comprueba la acción que la administración pública ejercita; pero que apenas de todo nunca puede esperarse de conformidad con la forma en que la caducidad se practica, que no es la legal, y que ni en el procedimiento ni en la tramitación se ajusta á lo que las leyes prohíben.

Modificado el artículo 19 del Decreto ley de 29 de Diciembre de 1868, por la ley de 11 de Julio de 1871, se establece en esta reforma, que las concesiones de explotación de las sustancias son á perpetuidad mediante un canon anual de una cantidad dada por hechura, que deberá satisfacerse desde la fecha en que se otorgue la concesión y que mientras que el daño de la mina alcione puntualmente la cantidad que aquél representa la Administración no podrá privarle del terreno concedido sea cual fuere el grado en que lo explote.

La exigencia á la ley que antecede, y al artículo 22 de la de 29 de Diciembre de 1868, es evidente que la administración práctica esta en la plenitud de sus derechos para decretar la caducidad, cuando ha dejado de cumplirse con la condición esencial del pago anual del canon cuya falta puede considerarse como renuncia tácita de derechos que sólo pueden conservarse con la observancia de las obligaciones que aquél llevan consigo; pero que siempre existe el riesgo de los formadores de caducidad, y veamos en qué causas determinantes de la falta del pago, impuestas por el mismo ministerio de la ley que prescinde la caducidad, cuando perseguido el concesionario por la vía de apremio no satisface el canon dentro del término de quince días ó resulte inolverte, y como no aparece comprada la obligación, se procede á la ejecución de la misma, de aquí la sorpresa que producen estas numerosas caducidades, que serán precedentes sin duda alguna, pero que adolecen del vicio de nulidad, ó son la expresión de un acto arbitrario por olvido de los trámites que la ley previene como indispensables y necesarios.

El artículo 23 está terminante; su testo es el siguiente: "ni se necesita apelar á interpretaciones que varían de sentido, exigir el ejercicio de la vía de apremio, antes de la declaración de la caducidad; y de este trámite indispensable y necesario, se ha hecho caso omiso por la administración pública, la cual invirtiendo los términos, comienza por donde debe concluir, con cuya innovación de procedimiento se infieren notorios perjuicios que deben corregirse.

Que no hayáis estado olvidó; que el artículo 23 de la ley ha sido, no interpretado, sino violentado su sentido; y que se procede contra los deudores morosos de un modo injusto y sin que la medida adoptada esté revestida de las formalidades previstas en la legislación vigente, lo revela de una manera muy significativa; las mismas listas de caducidad, que se publican, han de hacerse con los nombres de los deudores, que muchas son personalidades conocidas por su riqueza y su arraigo; los cuales obtienen en la sociedad merecida consideración y contra quienes tenemos la convicción de que no se ha ejercido la vía de apremio, á la cual hubieran contestado, con el abono de sus deudores, y mucho menos que resulten de la ejecución de la palabra de declaración de insolencia de sociedades mineras importantes y de personas notoriamente conocidas por su posición y por su riqueza.

Lamentables son estas sorpresas y estos procedimientos seguidos contra la minería. Justo es que pague el que adeuda y que se empleen acciones coercitivas, contra los que habiendo adquirido derechos y contraído obligaciones las desatienden, pero nunca confundiendo lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto. Una industria que tiene tan alta representación en los ramos de la producción nacional digna es de ser protegida de la acción pública á que tiene grandes daños. Afecta directamente con la depredación de las minerales en los mercados; presa de la ambición con que se confeccionan tarifas absurdas, de compraventa que obligan á los mineros á pasar bajo las horcas córcegas de la antipatriótica confiscación de nacionales y extranjeros empeñados en destruirla; falta en Sierra Almagrera, de desarrollo, de avance, de excelencia de consumos; tributo del 1 por 100 que equivale á un 10; y por último como si no bastara este exceso de desdichas para crearla una situación difícil, la Administración pública esgrime el puñal de gracia que ha de rematarla.

No se presume que haya exageración en lo constatado. Desearíamos para la industria el exacto cumplimiento de la ley aplicada con seriedad y cordura. Entre las minas caducadas en la jurisdicción de Cuevas las hay, unas que están en explotación y otras que representan grandes valores, no concienciándose que hayan podido suministrar pruebas con la falta de pago del canon de superficie para la parte de grandes capitales y la caducidad de valores de considerable importancia, mientras que otras como la Unión de Albaicén, el Potosí, la Peruana, Poderosa Enviñada y varias que no citamos, que teniendo al corriente sus pagos según de público se asegura se las incluye en esas listas de prescripción que el periódico oficial publica.

La caducidad de las concesiones mineras, entendida en el sentido de obligaciones que han sido adquiridas, es una cosa completamente, está prevista en la legislación especial, y no puede sostenerse en buena tesis nada en contrario. El criterio de EL MINERO DE ALMAGRERA en la materia es bien conocido para que ahora lo reproduzca; está de acuerdo con el principio de caducidad por falta de pago del canon de superficie, pero sugiere también las prescripciones de la ley, y que después de ejecutada la vía de apremio contra el deudor moroso y declarada su insolvencia, que es cuando procede la caducidad de los derechos del concesionario, que con tanta prodigalidad acuerda la Administración pública, sin tener presente que sus celosas precipitaciones pueden ser origen de perjuicios de difícil reparación.

EL AMIANTO.

Creamos que nuestros lectores leerán con