El Minero de Almagrera (1880-07-09 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGREIRA.

REVISTA GENERAL DE MINERIA.

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LA LEY DE MINAS. (1)

No vamos á hacer un juicio crítico de los proyectos de ley de minas que están pendientes de discusión en el Senado. Nuestras ideas respecto de tan vital asunto son conocidas y quedan consignadas en una obra reciente (2). Vamos sólo á hacer notar las diferencias que se observan entre el proyecto presentado por el Gobierno y el dictamen de la Comisión del Senado que ha estado encargada de su examen.

El art. 2.º del proyecto, decía que á la primera sección correspondían las aguas subterráneas que existieran en el terreno para su alumbramiento; la Comisión consideró que las aguas subterráneas en cuanto á su investigación, concesión y aprovechamiento se regirán por la ley especial de 13 de Junio de 1879, lo cual significa que por fin se trata de realizar el propósito ha mucho tiempo intentado, de prescindir de toda intervención de los Ingenieros de minas en estos asuntos, como se hizo en el caso que tratáramos de investigaciones, en que únicamente los conocimientos geológicos y del arte de las minas, conociesen de ellos las personas más competentes.

El art. 3.º ha sufrido ligeras variaciones en la redacción, habiendo suprimido la Comisión el aluminio, en la lista de los metales que componen la segunda sección objeto de la ley. Es el inconveniente que tiene la enumeración milimétrica de las sustancias que son concebibles, que una vez que se comprende una, y otros que se deben comprender, cuando lo que importa es que en el momento que se sienta la necesidad de explotar tal o cual sustancia, la ley facilite el medio de que pueda así verificarse; lo que es imposible, cuando tal mineral está claramente excluido.

Tratando de la propiedad de las sustancias

(1) Cuando íbamos á escribir un artículo sobre este asunto, nos encontramos con el presente que publica nuestro ilustrado y autorizado colega de la Revista Minera.
(2) Economía Minera.—Madrid, 1879.

de la primera sección, el proyecto expresaba en el artículo 40 que podían concederse, cuando se estableciesen en terrenos de dominio público y sujetándose á la ley, y la Comisión ha añadido, sin perjuicio del común aprovechamiento de las demás no concedidas; y en cuanto á los materiales de construcción, con sujeción á lo establecido en la ley de obras públicas. Si con la sustancia concedida, va mezclada otra que no es objeto de la concesión, parece algo difícil conciliar el trabajo de dos explotadores distintos, una concesión y otro sin ella, dificultad que ha tratado de resolver el art. 32 del proyecto, mantenido por la Comisión. En cuanto á los materiales de construcción, puesto que no se mencionaban en el proyecto, claro es que no eran objeto de la ley de minas; pero en esto ha debido influir una consideración análoga á la que se ha tenido presente respecto de las aguas subterráneas.

En el art. 6.º la Comisión ha escuetado los montes del Estado de la facultad de abrir calicatas ni hacer excavaciones, á no prestar-se fianza que responda de la indemnización de los daños y perjuicios que se causen en el arbolado. En el 7.º ha suprimido el párrafo del proyecto que decía que el dueño es quien únicamente puede conceder licencia para minas, sin ulterior recurso ni apelación, ni jurados, burlas y cualesquiera fáscas de regalo.

La zona prohibida para abrir labores mineras, la fija la Comisión en el art. 8.º en 500 metros respecto de los establecimientos de aguas ó baños minero-medicinales, comprendiendo en todas las zonas de protección marcadas para cada caso, tanto los terrenos de dominio público y del Estado, como los pertenecientes á los pueblos y los de propiedad particular.

La ley era natural, en el art. 171 la Comisión ha suprimido el último párrafo relativo á la demarcación de las pertenencias para el alumbramiento de aguas, así como en el 24 acerca de galerías de investigación; con lo cual no queda duda acerca del propósito que al principio hemos indicado.

Es estúpido que la Comisión no haya corregido en el art. 19 el descuido en que fué de no precisar el artículo 18 un art. 23 de no sabemos qué reglamento, pues se exponer que el reglamento para la ejecución de la ley no estará redactado antes que esta sea discutida, aprobada, sancionada y promulgada.

El art. 28 ha sido adicionado con dos párrafos que comprenden disposiciones muy convenientes relativas á las reclamaciones de los opositores, pero que nada tienen que ver con el contenido que dicho artículo fija para obtener las concesiones. El sentido resulta poco claro el sentido del artículo siguiente.

El art. 31 ha añadido la Comisión el deber de que los concesionarios entreguen dos ejemplares de las minerales que exploten ó beneficien, á la Universidad ó Instituto de segunda enseñanza que exista en la capital de la provincia. Es de interés el objeto de este párrafo; pero no parece muy propio de una ley ni muy adecuado el medio escogido para formar colecciones de minerales en las Universidades e Institutos. Mas eficaz sería el procedimiento que adoptó el decreto de 28 de Octubre de 1872 para formar colecciones con destino á las Escuelas de primera enseñanza, ampliándose á los establecimientos superiores. Sería cierta intervención á la Comisión del Mapa Geológico de España, que parece la llamada á resolver esas cuestiones con mejor resultado.

En cuanto á la propiedad de las aguas encontradas en las minas, aunque el art. 39 del proyecto está en concordancia perfecta con lo que prescribe la ley de 13 de Junio de 1879, la Comisión ha creído sin embargo deber de abrir, sin perjuicio de lo que disponga la ley de agua.

El párrafo primero del art. 42 está mejor redactado que en el proyecto. También parece conveniente la supresión hecha en el art. 43 del caso 4.º de fechamiento de expedientes, pues cuando el interesado no desiste por escrito de su propósito, claro es que perseverará en él y no es justo que los olivos de la Administración le causen perjuicios molestias, la supresión del último párrafo no es justificable, pues bueno es saber los efectos que produce la cancelación de los expedientes.

El art. 84 ha sufrido una transformación que es incomprensible. La Comisión ha suprimido la venia en pública subasta de las minas cuyos concesionarios no satisfacen el canon durante un año, y añade que antes de la declaración de caducidad de esta causa, podrá el interesado suspender los efectos del expediente administrativo declarando el deuda, cuando, si la mina se hallare en terreno de dominio particular, no estuviera poblada. ¿Y por qué no, si se hallare en terreno de dominio público ó del Estado? Y si estuviera poblada, ¿no podrá suspender la caducidad pagando la deuda? Creemos que la negación de ser una errata; de otro modo, contra lo que aparece deducción del espíritu de la adopción prematura, el que tiene su tierra trabajada y se casgaría al que la tiene poblada y en actividad. No exigiendo lo ley podría alguno, es singular que aquí se hable de pueblo, no para estimular sino para condenarle á una pena. Dice además que se entenderá poblada una mina mientras tuviera cuatro operarios por hectárea, cuando menos, y no se interrumpieran las labores por más de nueve meses en cada año. La ley de 1839, que se citan, apenas permite 60 días á cuatro cuadras, en cambio la Comisión amplía el plazo de interrupción de labores, des-