El Minero de Almagrera (1879-09-24 00:00:00), página 2

Todas las sustancias minerales sin excepción, de los terrenos de dominio público.
Todas menos las aguas subterráneas, en lo que se refiere al Estado.
Sólomente las de la segunda sección en los que sean de propiedad particular, de las provincias ó de los pueblos.
Para establecer las disposiciones relativas á la ejecución de labores mineras de todas clases nos parece que bastarían dos artículos redactados en la forma siguiente:
Art. A. Todo español o extranjero, etc., (como dice el art. 6.º del proyecto).
— En virtud de propiedad particular no podrá perforar ni excavar sin permiso escrito del dueño —de quien le represente (suprimiendo todo lo demás que dice el artículo 7.º del proyecto).
— «Tampoco podrán abrirse calicatas ni otras labores mineras, etc.» (como dice el artículo 8.º del proyecto).
Art. B. La concesión minera no da al concesionario derecho para ocupar ni utilizar la superficie del terreno, cuando este sea de propiedad particular.
— «Los mineros se concertarán libremente con los dueños de la superficie para adquirir ú ó ocupar la extensión que necesiten con destino á bocas-minas, excavaciones, almacenes, talleres, lavaderos, oficinas de helpeíco, depósitos de escombros ó escombras, instalaciones de máquinas, caminos de servicio, etc. Si no hubieran aviso, ya en cuanto á la extensión, ya en cuanto al precio, se entenderá que se ha acordado conforme á la ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, teniendo en cuenta y apreciando como corresponda la necesidad de la expropiación y las ventajas que por una y otra parte ofrezcan, ya la explotación minera, ya el cultivo o explotación del suelo, para poner en claro de este modo cuál de ambos intereses debe ser preeminente.
— «En todo caso deberá proceder al acto de ocupar ó expropiar la correspondiente indemnización.»
El canon de superficie, que no puede ser considerado más que como un signo de reconocimiento de la propiedad echada por el Estado ni producir otro efecto que el de servir de estímulo á la actividad del minero, no debe ser proporcional á las utilidades que este obtenga de su actividad ni variables según éstas. El Estado tiene establecida sobre los productos mineros otra contribución proporcional á su cuantía, en la cual cabe favorecer eficazmente rebajando los tipos respectivos, la explotación de aquellas sustancias tales como el hierro, carbón etc., que por sus aplicaciones industriales ó por otros motivos interesan al bien general. Por otra parte, si fuere conveniente, asignar el canon de superficie para las minas que no tengan mineral descubierto, como establece el art. 25 del proyecto, lógico sería reforzar también para aquellas que, aun teniendo descubierto el mineral, no rindieran utilidades y todavía debiera hacerse saber las alteraciones que en una misma mina pudieran exigir diferentes épocas de explotación y diferentes métodos de extracción. Dejaría además de producir en tal caso su efecto de estímulo á la actividad del minero, único que para este queda después de abolido el pueblo, y que precisamente es más necesario en las minas inproductivas, porque en ellas el afliciente de la ganancia inmediata no puede excitar la conciencia de los dueños. Y como en último resultado la cuantía del canon habrá de fijarse por las declaraciones que hagan los mineros, ya en cuanto á descubrimiento del mineral, ya en cuanto á la naturaleza de este, si la Administración no había de verse obligada á ejercer una intervención continua y una vigilancia difícil, entre otras causas por lo extraviado de los sitios en que sería necesario, parece más equitativo y más práctico fijar en una cantidad uniforme, el canon por hectárea para toda clase de concesiones mineras, tengan ó no mineral descubierto. De este modo puede ahorrarse también la innecesaria creación de un nuevo delito que perseguir en las ocultaciones y declaraciones falsas á que el interes personal pudiera inducir á los mineros, teniendo en cuenta que por último, el canon, si bien no debe ser excesivo, ha de compensar de cierto modo la obligación de tener poblada la mina de cierto número de operarios ó de llevar los trabajos con determinada actividad que exigen las leyes anteriores y que con excelente criterio ha sido abolida, nos parece que el artículo 25 del proyecto deberá quedar reducido á prescribir que «las concesiones mineras, independientemente las minas que se exploiten ó se propongan explotar en ella los concesionarios, se otorgarán á perpetuidad, mediante un canon anual de 15 pesetas por hectárea, que deberá exigirse desde la fecha de la expedición de título de propiedad.»
La modificación que acabamos de proponer para el artículo 24 hace, en nuestro concepto inmediato, el segundo texto no encontrarse en conflicto conforme con el 40, que creemos deba subsistir.
También nos parece que se debe suprimir el 38 que ha quedado embutido en el que hemos propuesto B para empezar el artículo IV.

V.

Las ventas de las minas en pública subasta, introducida en nuestra legislación minera por el decreto ley de 29 de Diciembre de 1868, ha dado en la práctica, como era de esperar, muy buenos resultados. Por regla general, se debe suponer sin temor de equivocarse, que, fuera de algún caso muy excepcional, la mina que se abandona por su dueño, cuando éste puede conservar la propiedad á tan poca costa como representa el canon de superficie, seguramente no tiene valor en venta, y van á ser inútiles el tiempo y las diligencias que se empleen en intentar la pública subasta.
Pero, si por una consideración, tal vez excesiva, hacia el propietario, y por no faltar, en poco ni en mucho, al respeto que merecen sus derechos, se quiere conservar el sistema de ventas en pública subasta, es de todo punto indispensable suprimir las diligencias de apremio, si el Tesoro público no ha de cargar con un gravamen de cuantía desconocida; pero que podrá llegar á ser importante. Y si se quiere que el foco de numismática que necesariamente ha de acarrear grandes y trascendentales perjuicios á la industria minera.
Las diligencias de apremio son siempre llevadas a cabo por pobres y muy subalternos agentes temporeros de la Administración, que aceptan tan enojosas comisiones por un corto sueldo que con el carácter de gastos de dicha instancia saldada, para dichas diligencias, y que les ha de ser satisfecho por los apremiados, si pagan, ó del importe de la venta de las minas, si este caso llega. Si las minas aparecen puestas á nombre de jornaleros sin bienes de fortuna, como acontece con frecuencia, y si además carecen de valor en venta, que es el caso general cuando deja de ser satisfactorio el canon de superficie, el comisionado de apremio no tiene esperanza de cobrar sus derechos, y la consecuencia inmediata es no encontrar quien quiera encargarse de tales comisiones. De aquí no puede verificarse el apremio, ni llegarse, por tanto, á la declaración de insolencia del deudor; que la mina no pueda ser puesta en venta, y que el dueño continúe perpetuamente sin pagar el canon de superficie, sin trabajar la mina ni ser desposeído de ella, y burándose de la ley y de la Administración.
Para salir de este atolladero, por lo que respecta las concesiones otorgadas con arreglo al decreto de 29 de Diciembre de 1868, no se ve más recurso que el de que el Estado cargue con el gravamen de pagar sus derechos á los comisionados de apremio, á reserva de reintegrarse de esos gastos en los poquisimos casos en que las minas lleguen á venderse, si el producto de la venta alcanza á cubrir estos y los demás que ocasúen las tasaciones y demás diligencias necesarias.
Es verdad que la prescripción consignada en el art. 43 del proyecto podrá contribuir en gran parte á remediar los males referidos, porque es de esperar que los denunciadores se allanan en muchos casos a sufragar los gastos antes mencionados; pero esto al fin no pasa de ser un medio indirecto de atacar el mal. Lo mas eficaz será, sin duda, modificar el párrafo 1.º del artículo 41 estableciendo que «Las concesiones mineras, en cada uno de cuyos casos el dueño debe de satisfacer el impuesto de un año del canon de superficie, requerido al pago, por medio de anuncio publicado en el Boletín oficial de la provincia, deje trascurrir, sin efectuarlo, el plazo de 30 días, contados desde el de la publicación del anuncio en el periódico oficial.»
Tales son las observaciones que, inspiradas en nuestro interés por la prosperidad de la industria minera, parecen convenientes presentar á la consideración de los Cuerpos colegiados, con motivo del mencionado proyecto de ley. Si ellas pueden contribuir á mejorar en algo la futura legislación, quedará satisfecho nuestro deseo.
Anselmo Sánchez Tirado.

DISPOSICIONES OFICIALES.

ADMINISTRACION ECONOMICA.

Próximo á terminar el primer trimestre del año económico de 1879 á 80 en que los señores propietarios, presidentes de las minas enclavadas en esta provincia, deben presentar en esta Administración económica las relaciones por duplicado de los productos que hayan obtenido en el período de dicho trimestre, conforme con lo que prevé el artículo 1.º de la Instrucción 11 de Abril de 1877, publicada en el Boletín oficial de 18 de Mayo siguiente, en cuyo caso se encuentran también los dueños de los establecimientos de fundición de minerales respecto de los que reciben para su beneficio; esta Dependencia ha creído oportuno recordar á dichos señores el cumplimiento del deber que les impone la citada Instrucción, para lo cual se fija á fin de que no al-guerrón dé el debido mérito, que correspondiendo el plazo de la presentación de las reclamaciones en fin del mes actual y su prórroga hasta el día 10 de Octubre venidero, dispondrá esta Administración la expedición de comisionados plantones contra aquellos, que sin embargo de este aviso se muestren pasivos á corresponder á lo que se tiene ordenado por la Superioridad respecto de este servicio.
Almería 17 de Setiembre de 1879.—El Jefe Económico, José Martínez Montalvan.