El Minero de Almagrera (1879-07-16 00:00:00), página 2

neral y se estiende á toda ella, exista ó no exista el convenio previo que antes se exigía.

Esto es necesario y urgente, como lo es también el que se promueva una reunión de todos los presidentes ó de representantes de las sociedades que poseen minas en la Sierra Almagrera, á fin de acordar disposiciones que tiendan á salvar á este distrito de una crisis cuya prolongación causará la ruina del distrito. Desde el 17 del mes anterior al 2 del actual han subido las aguas 25 metros. La amenaza es terrible e inminente y gravísima la situación que se crea, si las sociedades no adoptan una apliud decisiva e instantánea, y de acuerdo con la Unión Desagadora y la Compañía encargada del Descenso, no se busque una fórmula que concilie los intereses de todos, salve á las minas y conserve inculpables los únicos elementos de prosperidad pública con que el país cuenta.

(Se continuará.)

PROYECTO DE LEY DE MINAS.

(Conclusion.)

CAPITULO V.

De la cancelación de expedientes y caducidad de las concesiones.

Art. 43. Los expedientes de concesión de minas quedarán sin recurso y fenezidos:
1.º Cuando los peticionarios faltaren á cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en la presente ley, á saber:
Consignar en los plazos marcados las cantidades que determine el reglamento para cubrir los gastos oficiales de transmisión, y los de expedición de título de propiedad.
Acompañar al registro la designación.
Concurrir en persona ó por medio de representante, á la demarcación, siempre que por segunda vez hubieran sido notificados para ello.
2.º Cuando resultare no haber terreno franco para una concesión de cuatro hectáreas por lo menos, ó que el terreno sea distinto del designado en la solicitud del registro.
3.º Cuando el interesado acuda al gobernador en escrito firmado por él mismo, ó por no apoderado al efecto, manifestando desistir de su propósito.
4.º Cuando trascurra un año sin que se concluya en la provincia la tramitación del expediente y al aspirar dicho plazo no acuda el interesado en término de 30 días manifestando por escrito al gobernador que no desiste de su pretensión, y que por el contrato pide se activen las diligencias.
En cualquiera de estos casos declarará el gobernador, por los trámites de reglamento fenecido y sin curso el expediente, y francamente y registrable el terreno respectivo, notificándolo al interesado y publicándolo en el Boletín oficial.

Art. 44. Las concesiones mineras sólo caducarán cuando el dueño deje de satisfacer el importe de un año del canon que le corresponda, y requerido personalmente y perseguido por la vía de apremio, resulte indevolvente.

En este caso se sacará la mina á pública subasta. De la cantidad que se obtenga, la administración retenrá la suma que se le adeudaba, los gastos originados y el 3 por 100 del total; el resto se entregará al primer dueño.

Si no duren re-ullado tres subastas sucesivas, se declarará el terreno franco.

Cualquier estado en que se halle el expediente, pero antes de esta declaración, podrá el interesado suspender sus efectos satisfaciendo la deuda y gastos ocasionados.

Art. 45. También podrá declararse la caducidad á in-tancias de parte, en cuyo caso el interesado que la pidiese tendrá derecho preferente para obtener la concesión, siempre que el terreno llegase á declararse franco y lo solicitase dentro de los 30 días siguientes al que haya publicado esta declaración.

Art. 46. De las resoluciones del gobernador declarando con arreglo al art. 43 sin curso y fenezidos los expedientes en tramitación, ó anulando las concesiones en virtud de lo previsto en los dos artículos anteriores, podrán los interesados reclamar al ministerio de fomento dentro de los 30 días siguientes al de la modificación.

CAPITULO VI.

De la autoridad y jurisdicción en minera.

Art. 47. Todos los expedientes que se instruyan para obtener concesiones de minería son puramente gubernativos.

Se resuelven en definitiva por Reales órdenes que expedirá el ministro de Fomento.

Art. 48. Del mismo ministerio dependerá el cuerpo de ingenieros y auxiliares de minas y las comisiones científicas para estudios geológicos y números dentro y fuera del territorio nacional.

Art. 49. Habrá una junta superior facultativa de minería, compuesta de los inspectores generales de primera y segunda clase del cuerpo de ingenieros de minas, á la que oirá el Gobierno y la dirección general del ramo cuando lo crea oportuno, y además en los casos que marcan los reglamentos, y estará facultada para proponer al Gobierno cuanto crea conveniente á los intereses de la industria minera.

Bajo la inspección de esta junta habrá para la enseñanza de la minería una Escuela de ingenieros de minas, y en los distritos mineros de mayor importancia Escuelas prácticas de catapaces en el número que el Gobierno designe.

Art. 50. Los gobernadores de provincia instruirán los expedientes e informarán sobre los asuntos de minas en los casos que previene esta ley ó señalen los reglamentos, y se entenderán directamente con los ingenieros jefes de minas para el despacho de todos los acuntos del ramo.

Art. 51. Acerca de toda Real orden en que se otorgue nique ó anule alguna concesión minera cabe el recurso contencioso administrativo para ante el Consejo de Estado, el que también entenderá en el mismo concepto en todas las resoluciones gubernativas que se susciten entre los concesionarios y la administración.

El término para entablar este recurso será el de 30 días, contados desde la fecha en que hubiere sido notificada la resolución.

Art. 52. Conocerán los tribunales ordinarios de todas las cuestiones que sobre las minas, escuelas, terrenos, sociedades ó galerías y olíquidas de beneficio se promovieren entre partes sobre propiedad, participación y deudas, así como los delitos comunes que se cometieren en los mismos establecimientos y sus dependencias.

La intervención de los tribunales ordinarios no entorpecerá la tramitación administrativa de los expedientes ni la marcha de las labores. En las demandas contra establecimientos mineros por deudas podrá decretarse el embargo de todo ó parte de los productos, y también, según los casos, la ejecución y venta de los mismos establecimientos; pero sin que el procedimiento judicial inferga perjuicio al laboreo, fortificación, desagüe y ventilación de las minas demandadas ni de las colindantes. El gobernador de la provincia ejercerá su vigilancia en el mismo sentido.

Art. 53. Los tribunales competentes para entender en las causas de fraude contra los intereses de la Hacienda pública lo serán igualmente para conocer de las de defraudación en el pago de impuestos de minas, y en la circulación de minerales y metales sin la correspondiente guía.

Art. 54. Para los efectos de los embargos judiciales, se considerarán como bienes inmuebles las caballerizas aplicadas al transporte interior al desagüe y á la extracción de minerales, y todos los aparatos, herramientas y útiles destinados á la explotación.

Son bienes inmuebles los minerales extraídos, los minerales en almacén que no se hayan aplicado al laboreo, y las acciones de las sociedades ó empresas mineras.

Art. 55. Toda los interesados en expedientes para la explotación de las sustancias minerales de las dos secciones, los terceros opositores, los concesionarios de minas y los explotadores de las demás sustancias, los dueños del terreno de la superficie y cualesquiera otra personas que se crean perjudicadas por la explotación minera y el beneficio de minerales, tienen dere-