Revista de medicina y cirugía prácticas (1891-12-07 00:00:00), página 37

Viene á mi memoria, en este momento, lo que decía el Dr. Torres respecto á la cédula de Carlos IV, que demostró que aquel Rey tenía más interés por sus prohijados que por sus propios hijos, porque hizo la vacunación obligatoria en Filipinas, pero la dejó en libertad en la Metrópoli. Dejando á un lado el concepto humanitario que encierra el exponer á 27 niños á las contingencias de un viaje de siete meses por el Cabo de Buena Esperanza, con el fin de importar allí la vacuna, para que luego no se cumpliera la Ley, á pesar de su sanción penal, es el caso, que en 1803, á consecuencia de haber padecido la viruela una persona de la familia Real, mandó Carlos IV á los cirujanos de Cámara, que eran Gimbernet y Lacaba, no que vacunarán, sino que variolarán á toda la Real familia, y no pasó de ahí.

Realmente, si se ampliara lo que está mandado, no había necesidad de pedir la vacunación obligatoria, porque en el año 1848 se reconoció la necesidad de la vacunación, y en 1855 se dijo que las autoridades y subdelegados de Medicina y Cirugía, bajo su más estricta responsabilidad, harán que se vacunen todos los niños; lo que no podía ser más terminante ni más categórico, y aún se ha visto corroborado por varias Reales órdenes posteriores, como en 1866, en que se dispuso la vacunación y revacunación á toda prisa, en época de epidemia, á pesar de lo cual, aquí se han levantado voces autorizadas criticando ese proceder, áun cuando aquellas órdenes y otras más recientes no se darían sin oír la opinión del Consejo de Sanidad ó otra corporación ó personas competentes.

La ley de 1883, que murió en el Senado, no llegaba tampoco á instituir la vacunación obligatoria; copiaba en su título 3.º, cap. 2.º, art. 103, si no me es infiel la memoria, los artículos de la Ley de Sanidad de 1855, y los ampliaba encomendando al Ministerio de la Gobernación, de cuyo departamento dependían entonces los establecimientos penales, que hicieran vacunar á los dependientes de éstos, á los Ministerios de la Guerra y de Marina que hicieran vacunar á los que ingresaran y estuvieran en filas, al de Fomento para que procurara que se vacunara todo el mundo, y, por último, facultaba al Gobierno en general para que exigiera certificados de vacunación siempre que lo estimara conveniente. A pesar de todo esto, no se establece la sanción penal, y es porque no podrá hacerse efectiva más que en algún caso aislado que, lejos de ser ejemplar, demostraría su ineficacia.

Por lo demás, yo soy enemigo de las leyes preventivas y áun resultan serlo también los autores de la Ley de 1855 y del proyecto de 1883, porque dicen en uno de sus artículos que se considerarán como delitos ó faltas los cometidos en contra de lo establecido en esta Ley, y que tengan su sanción en el Código penal; pero en esto de las faltas ocurre una cosa peregrina que es preciso decirla, puesto que estamos entre médicos. Hay un farmacéutico que equivoca la dosificación ó da un medicamento en malas condiciones; y eso es un delito según el art. 346 del Código penal, y en su consecuencia sufre el farmacéutico seis meses de prisión ó paga 500 ó 600 pesetas de multa, y hay un droguero que hace eso mismo ó algo más, y entonces el criterio que se aplica á la resolución del caso es distinto, pues se supone que no ha habido usurpación de atribuciones ni de título, y se considera como una falta que no merece otro correctivo que una multa de 5 á 25 pesetas. Así se interpretan las faltas en el Código, y cosa parecida ocurriría con la vacunación.