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ción, porque los enfermos sucumben por la generalización del tumor, antes de que el foco de la recidiva se haya ulcerado.

En resumen, dejando aparte los sarcomas de mieloplaxos, los endoteliomas y los tumores epiteliales por inclusión dentaria, los tumores malignos de los huesos reclaman operaciones amplias, á distancia del punto afecto. En los sarcomas todavía limitados se verificará la amputación en el segmento situado por encima del ocupado por la neoplasia. En los tumores recidivados ó que han llegado á un período adelantado, que están á punto de ulcerarse y en que existen dolores ó la caquexia, se practicará también la operación á título paliativo en una forma que variará según los casos, á juicio del cirujano. Hasta cuando existen signos de generalización, puede estar indicada la amputación, si con ella ha de desaparecer un foco de fetidez y de septicemia, cuya supresión reclama el enfermo. La intervención está absolutamente contra-indicada cuando no puede practicarse por fuera de los límites de la parte afecta.

(Continuará).

Varia

SOBRE COLEGIACIÓN FORZOSA

DICTÁMENES Y PARECERES

INFORME DE LA REAL ACADEMIA DE MADRID

EXCMO. SR.:

El fundamento legal que se invoca en el Real Decreto de 12 de Abril de 1898, que ordena la colegiación obligatoria de los médicos y farmacéuticos, arranca del art. 80 de la ley de Sanidad, el cual preceptúa que con el objeto de prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometan los profesores en el ejercicio de sus respectivas facultades, regularizar en ciertos casos sus honorarios, reprimir todos los abusos profesionales á que se pueda dar margen en la práctica, y á fin de establecer una severa moral médica, se organizará en la capital de cada provincia un Jurado médico de calificación, cuyas atribuciones, deberes, cualidades y número de los individuos que le compongan se detallarán en un reglamento que publicará el Gobierno oyendo al Consejo de Sanidad.

En efecto: el Gobierno tuvo por conveniente, después de cuarenta y tres años de la promulgación de la ley, decretar en 12 de Abril de 1898 la organización de los Jurados bajo la forma de colegiación obligatoria de los médicos y de los farmacéuticos; siendo de notar
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INFORME DE LA REAL ACADEMIA DE BARCELONA

EXCMO. SR.:

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, honrada por Real orden de 20 de Noviembre próximo pasado invitándola á informar á V. E. acerca de «si es conveniente para las clases médicas mantener el principio de la colegiación obligatoria, privando del ejercicio de la profesión al que no esté inscrito en algún Colegio, ó responde mejor á las aspiraciones de la clase médica que la colegiación sea voluntaria», agradece vivamente que se le haya dado ocasión para expresar su criterio en asunto tan debatido y tan importante.

El problema parece arduo á primera vista; pero un estudio sereno del mismo basta para disipar pronto todas las dificultades y llevar el ánimo á una solución clara y correcta.

La cuestión es la siguiente. ¿Ha de bastar para el ejercicio de las Ciencias médicas el haber probado la suficiencia científica ante los tribunales universitarios y adaptar la conducta profesional á lo que prescriben las leyes generales de la Nación, ó se requiere, además, que los aludidos profesores queden incluidos en un organismo corporativo que establezca una disciplina interna para dicho ejercicio? Si lo segundo, ¿qué fines ha de proponerse el reglamento profesional? ¿Proteger los intereses sociales en frente de médicos y farmacéuticos? ¿Cuidar de los intereses materiales de éstos en frente del Estado y de los particulares? ¿O defender á los médicos y farmacéuticos de sí mismos, es decir, de sus propios compañeros?

Nadie afirma que, hoy por hoy, exista motivo alguno para creer que las leyes que el Estado ha dictado para la seguridad y defensa sociales sean insuficientes cuando de médicos y farmacéuticos se trata. Porque si bien es justo que en algún respecto queden estos especialmente obligados, como, por ejemplo, en los asuntos de salud pública, leyes existen que á ellos en particular se refieren y que, sin carácter de excepción, señalan á todos sus deberes como médicos ó como ciudadanos. Tal vez en este punto existan deficiencias; pero es evidente que, en todo caso, debieran ser subsanadas modificando ó ampliando las leyes actuales; en manera alguna por medio de reglamentaciones internas, que resultarían de seguro ineficaces. Puede, pues, adelantarse que en este concepto la colegiación obligatoria no ha venido á satisfacer una necesidad social ó de gobierno.

¿Ha de servir para proteger los intereses materiales y morales de las clases médicas? Los primeros están protegidos por las leyes, y si se creyera que necesitan mejores garantías, también en la ley general debieran ser consignadas, no en un reglamento profesional que por su carácter interno sólo á los médicos puede obligar. Ciento que el Estado no siempre es justo en el pago de trabajos y sacrifi-
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cios; que con frecuencia deja de ser solícito en hacer que sean respetados los derechos que un título profesional concede. Pero si el Estado es ingrato ó rehacio, ¿cabe esperar que los Colegios obligatorios de él nacidos, y que habrán de funcionar cohibidos por su protección, sean más capaces de moverle que una Asociación libre que podrá siempre con más desembarazo invocar la ley y pedir su cumplimiento?

Tampoco los derechos profesionales con relación al público han de quedar mejor defendidos por la colegiación obligatoria, y si en su Reglamento se ha creído encontrar una nueva garantía de los mismos, bien examinado resulta que es puramente ilusoria. Léese, en efecto, en el Real decreto de 12 de Abril del año pasado que uno de los objetos de los Colegios habrá de ser «amparar los intereses de la salud pública, persiguiendo las intrusiones». Ya que se considera que las intrusiones atentan á los intereses de la salud pública, deber del Estado es perseguirlas y castigarlas conforme previenen las leyes. Conceder á las clases médicas atribuciones policíacas, encargándoles la persecución de los que invaden su campo profesional, si es una distinción, no pertenece seguramente al número de las que suelen calificarse de honrosas. Y nada vale disfrazar el concepto, fingiendo que tal acción inquisitiva irá dirigida á fin tan noble como el de amparar los intereses de la salud pública: la opinión suspicaz ha de ver en ella más bien un móvil egoísta, luchando por un provecho material y de competencia, que un impulso desinteresado en favor de los que sufren y son explotados por charlatanes y curanderos.

Entienden algunos que es también ventajosa la autorización para emitir sellos de coste no insignificante que habrán de acompañar á toda certificación médica, destinándose su importe á subvenir á los gastos de los Colegios. Aun aceptando que éstos representaran una institución útil, el hecho de hacer que el público pague un tributo verdaderamente oneroso para sostenerlos, no resulta en verdad conforme á la generosidad de que en todas ocasiones han dado pruebas las clases médicas; y se requiere ser muy optimista para esperar que tan donoso arbitrio ha de contribuir á nuestro prestigio ante la opinión, lo cual es precisamente uno de los objetivos que, según sus partidarios, ha de alcanzar la colegiación obligatoria.

Aparte lo indicado, y refiriéndonos ya solamente á los intereses morales, á la consideración social que la profesión médica merece, ¿qué motivo hay para creer que una asociación obligatoria que pueda ostentar la marca oficial, ha de alcanzarla más sincera que una asociación libre que fíe su prestigio solamente en el trabajo perseverante, en la estimación mutua, en la dignificación de los que la constituyen?

¿Qué autoridad, por alta que sea, ha de ser capaz de imponer respeto á los que por sí mismos no lo consignan?

Pero, dícese, si el Estado imponiendo una disciplina severísima pudiera lograr que todos los titulados fuesen dignos y probos, la opinión no tardaría en premiar tales méritos.
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De esta idea que constituye, sin duda, la clave de la argumentación de los partidarios de la colegiación obligatoria, se derivan dos afirmaciones. Primera, que hay médicos y farmacéuticos que no se hallan á la altura de su misión y que, con su deficiente moralidad, perjudican á la clase entera; y segunda, que regimentando las profesiones médicas, y rectificadas ó eliminadas las excepciones, quedaría plenamente dignificada la totalidad, obteniéndose entonces la conquista de la opinión. Lograrse, al propio tiempo, que la rivalidad y emulación, natural entre comprofesores, revistiera caracteres de suavidad y elevación desconocidas en otras profesiones liberales y aun en toda clase de negocios humanos.

Tales razonamientos dejan comprender que el fin esencial que ha de esperarse de la colegiación obligatoria es la protección de los médicos y farmacéuticos contra sí mismos; esto es, la defensa del prestigio de todos, comprometido por la incorrección de algunos. Efectivamente, en el mentado Real decreto, al hablar de la misión de los Colegios, se lee: «Proponer que se reglamente de modo equitativo el ejercicio de la profesión en todos sus aspectos, impidiendo que tenga lugar con ofensa de los buenos principios de la moral y del decoro profesionales; defender los intereses de la clase médica, procurando en su beneficio las consideraciones que merece por la importancia y nobleza de sus fines; favorecer las relaciones de buena amistad y consideración que deben mediar entre los colegiados.»

Permita V. E. que antes de seguir adelante, esta Real Academia que estima como el propio el honor de la clase médica, proteste respetuosamente de la suposición que envuelven las transcritas palabras, cuya lectura induce á sospechar que antes de la publicación del mencionado Real decreto, nuestra profesión venía á ser algo como industria de judíos. Hombres son los médicos, y como tales sujetos á imperfección y pecado: nadie ha pretendido nunca que fueran mirados como ángeles. Pero es doloroso que haya quien considere que para que nuestra profesión se ejerza con equidad y sin ofensa de los principios de la moral y del decoro, es preciso someter á los médicos á un régimen especial. No son por naturaleza mejores que el resto de los hombres ni pueden sustraerse á las duras de la lucha por la existencia, pero el espectáculo diario del sufrimiento y de la muerte les acerca tal vez al verdadero concepto del mundo y de la vida, y las ambiciones se acallan, los sentimientos se elevan y los altruismos dominan. Al lado del que sufre, á la cabecera del que muere, el más duro de corazón se ablanda, el más egoísta tiene destellos generosos. Un médico que no estuviera dispuesto á cambiar la más valiosa recompensa por la satisfacción íntima de salvar al que le ha llamado en su auxilio, y á pesar de su esfuerzo va hundiéndose y se pierde, constituiría un increíble fenómeno. En las tristezas más hondas del hogar, en las más espan- tables calamidades públicas, en el fragor del combate ó en el silencio de la ciudad apestada, nunca desertó el médico de su puesto que,
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porque es de abnegación y de sacrificio, él lo considera sencillamente su puesto de honor. Las palabras que suscribió el antecesor de V. E. constituyen una ofensa que las clases médicas no han recibido nunca.

Pero, aun siendo verdadero tanto mal, ¿lo remediaría la colegiación obligatoria?

Para juzgarlo sería preciso establecer qué defectos se trata de combatir, y deducir de ello si la corrección que se propone es adecuada y promete ser eficaz. Antes de fijar las penas conviene definir los delitos, y en el Real decreto á que nos referimos no se encuentran datos para fundar tal juicio.

Es cierto que recorriendo su articulado se leen algunas disposiciones prohibiendo actos concretos, como el establecimiento de consultas médicas en las oficinas de farmacia, los convenios entre médicos y farmacéuticos para el suministro de medicamentos, y otras referentes á las asociaciones ó empresas para la asistencia facultativa. Las primeras y otras parecidas debieran en todo caso figurar en la ley de Sanidad, en la cual encontrarían de seguro mejor garantía de cumplimiento. En cuanto á las últimas, es muy dudoso que sean legales las limitaciones que se establecen, pues si tales empresas son licitas —y deben de serlo cuando no se prohiben— no hay derecho ni motivo para intervenir en ellas y fijar, por ejemplo, la proporción que ha de existir entre el número de médicos y el de asociados ó inscritos. Tal limitación, dirigida al médico, haciéndole responsable de su transgresión, constituye un atentado sin precedente á su libertad de trabajar cuanto pueda, y, además, una injusticia, porque se le pena por un hecho, un detalle administrativo que tal vez desconoce. Dirigida al director ó propietario de la empresa, resultará inútil é irrisoria una disposición contenida en un reglamento profesional que, no siendo médico, en manera alguna puede obligarle.

Aparte de los hechos referidos, se habla cien y cien veces de decoro, de dignidad y de moral profesionales sin que sea posible adivinar la intención del legislador al estampar tales palabras. De lo cual resulta que los llamados por el reglamento á vigilar, juzgar y castigar á los médicos, gozarán de facultades absolutamente discrecionales; tendrán en su mano la honra y los intereses de todos sus compañeros. Este hecho evidente basta por sí solo para afirmar que el reglamento de la colegiación obligatoria atenta no sólo á la verdadera dignidad profesional, sino hasta á la dignidad humana.

Se objetará que también el Código penal establece y castiga los atentados contra el pudor y la moral sin que nadie haya creído preciso que se enumeraran todos los actos ilícitos que pueden en dicha denominación ser comprendidos, pues ha de bastar en todo caso el buen sentido para discernirlos. Pero en nuestro Reglamento no se trata de actos contra la moral neta y corriente, como los que caen dentro de la acción del Código, y cuya calificación es accesible á toda conciencia honrada, sino de actos contra la moral y el decoro
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profesionales, mucho más íntimos y sutiles, y sujetos por lo tanto á grandes diferencias de apreciación, según el grado de delicadeza de los juzgadores. Por otra parte, si bien es razonable suponer que éstos procederán con la mayor imparcialidad, no es ofensivo expresar el temor de que tal suposición no resulte constantemente certera, tratándose de hombres que es posible que estén influídos por rivalidades de profesión ó por prejuicios de doctrina. Y en momentos de exaltación de los espíritus, no infrecuentes por desgracia, en que las opiniones se dividen y se forman bandos opuestos, el que posea el poder absoluto que concede el Reglamento, ¿cómo lo empleará? ¿No es de temer en tales casos el entronización de una nueva forma del odiado caciquismo?

Pero aun aceptando que el juicio de ciertos actos profesionales ha de ser siempre fácil, uniforme y desapasionado, ¿no es utópico esperar que por medio de una asociación obligatoria, bajo una jurisdicción moral impuesta, ha de lograrse que las Ciencias médicas se practiquen siempre como un sacerdocio ejemplar? ¿Es que se cree posible lograr que una ley de Estado convierta á todos los médicos sin excepción, ya que no en santos, al menos en virtuosos, de la propia manera que nuestros abuelos quisieron que, por precepto constitucional, todos los españoles fueran justos y benéficos? Nunca han de alcanzarlo las leyes humanas. Las virtudes surgen á impulsos de estímulos más altos ó quedan por siempre dormidas. Del miedo á la pena puede nacer la hipocresía, jamás nace la virtud. El médico perfecto ha de ser el vir bonus en toda la extensión de la palabra: aplicado, diligente, probo, honesto, caritativo, dispuesto á sacrificar sus intereses, su salud y hasta su vida por la de sus semejantes. Pero el Estado no puede tener la pretensión de que todos ni la mayor parte alcancen esta plenitud moral; ha de contentarse con que lleguen á la talla legal, esto es, que demuestren aptitud científica, paguen sus tributos y no cometan actos prohibidos por las leyes. Aparte de estas condiciones, debe quedar libre, completamente libre, sin tasa ni menoscabo alguno. La ciencia y la habilidad del médico son suyas, absolutamente suyas, tanto como su hacienda, y es libre de darlas ó de venderlas á quien quiera y al precio que quiera. Si con ellas no se vale para hacer todo el bien posible á sus semejantes, Dios podrá demandárselo; al Estado sólo le toca cuidar de que no las emplee en daño de sus ciudadanos, y para esto basta que defina y castigue lo que es delito; no necesita reglamentar el decoro ni imponer las virtudes profesionales.

En resumen: la colegiación obligatoria de las clases médicas constituye un bochorno, porque supone un estado de inmoralidad profesional que no existe, y es ociosa porque en caso de que existiera, sería incapaz de corregir.

En cambio, la colegiación voluntaria tiene todas las ventajas de la asociación sin los inconvenientes de la obligatoria. Asociarse los compañeros que cultivan una misma Ciencia, que tienen las mismas
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aspiraciones de progreso científico y de perfeccionamiento moral, dispuestos á unir todas sus energías y á ceder cada uno una parte de su libertad para constituir una fuerza uniforme que les lleve á la meta de sus ideales, constituye un acto realmente hermoso; es la práctica de un derecho, un honor; no un deber, no una coacción.

Cuando tales asociaciones voluntarias responden á un objeto realmente útil y bueno, los que discrepan se eliminan ó son eliminados, pero la masa sigue su camino á través de los obstáculos. Si lo contrario, tras breve explosión, se fragmentan y sus elementos van á acrecer la masa de otras asociaciones cuya órbita sea más conforme á las leyes de la gravitación social. Pueden morir, pero no como las uniones forzosas, vivir con vilipendio por llevar en su seno, bajo la delgada hoja de un Real decreto que ordena paz y compañerismo, una lucha enconada de móviles opuestos, sin resultante alguna, y estéril por lo tanto para producir nada bueno.

Por lo mismo que pueden llegar á ser una fuerza social inteligente y poderosa, las asociaciones profesionales merecen ser fomentadas y protegidas por el Estado, no sólo escuchándolas en aquellas cuestiones en que puedan aportar datos provechosos al bien común, sino concediéndoles personalidad jurídica que les permita llegar á constituir una entidad que, aun sin carácter oficial, sea poderosa para invocar el cumplimiento de las leyes y los legítimos derechos profesionales.

En todo lo que precede, esta Real Academia se ha referido casi siempre indistintamente á todas las profesiones médicas. La Medicina y la Farmacia están unidas por estrechísimo parentesco en cuanto se refiere á sus fundamentos científicos y á su carácter moral, y por esto pueden considerarse aplicables á ambas los mismos razonamientos con respecto á la colegiación obligatoria. Esta no ha de constituir en una ni en otra una garantía de la salud pública, ni una defensa contra las intrusiones, ni un medio de fomentar el perfeccionamiento moral. Para las dos ha de bastar el cumplimiento estricto de las leyes.

Pero hay que tener presente una diferencia no insignificante. En la práctica de la Medicina se ha de ver sólo al individuo; el médico lo es todo; en la práctica de la Farmacia, el farmacéutico es el factor esencial pero no el único. Hay además lo que, antiguamente, cuando se llamaba Botica, formaba parte casi integrante del farmacéutico, y que hoy, gracias á los adelantos de las Ciencias naturales y químicas, y debido al cambio de costumbres, constituye un establecimiento mercantil de índole especialísima, para cuyo funcionamiento convendrían tal vez algunos preceptos que no pudieron adivinar los autores de la ley de Sanidad todavía vigente.

Tales preceptos deberían ser comprendidos en la nueva ó formar un cuerpo aparte á manera de ordenanzas para el ejercicio de la Farmacia, cuyo cumplimiento podría encargarse á una representación de la clase farmacéutica misma, pero sin que esto implicara en manera alguna la existencia de una colegiación obligatoria que en ningún caso ha de resultar necesaria.
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Por los razonamientos que preceden, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona entiende que ha de contestar á V. E. de una manera terminante:

1.º La colegiación obligatoria de las clases médicas es innecesaria para garantizar los intereses sociales referentes á la salud pública.

2.º Es igualmente inútil para la protección de los intereses y derechos profesionales de las mismas.

3.º No ha de esperarse que fomente el perfeccionamiento moral de los médicos y farmacéuticos; antes al contrario, hay motivos para temer que habría de producir honda perturbación entre ellos, por constituir una coacción y un menoscabo de su libertad profesional hasta ahora siempre respetada.

4.º Sería, en cambio, muy conveniente á las clases médicas que el Estado fomentara las asociaciones profesionales voluntarias, concediéndoles, mediante ciertos requisitos, personalidad y derechos que hicieran posible la defensa de los intereses materiales y morales de sus respectivas profesiones.

Otra opinión importante, por ser de un abogado tan perito y concienzudo como como el Sr. Pi Margall, y publicada en el Nuevo Régimen, es la siguiente:
«La colegiación médica produce no menos ruido que el impuesto sobre la fabricación de alcoholes. La quieren unos voluntaria, otros forzosa.
»Forzosa se la hizo por Real Decreto de 12 de Abril de 1898, y voluntaria se la hace hoy en el proyecto de ley de Sanidad que en el Congreso se discute. La lucha arrecia hoy más que nunca.
»Nuestra opinión no puede sobre este punto ser dudosa. Liberales convencidos, sólo por el criterio de la libertad resolvemos estas cuestiones. Aceptamos la colegiación voluntaria: rechazamos la obligatoria.
»Voluntarios son los gremios de artes y oficios; voluntarios los temidos sindicatos mercantiles é industriales; voluntarias las asociaciones del trabajo contra el capital y las del capital contra el trabajo; voluntarias las Ligas de productores; voluntarias todas las sociedades.
»Cuando vivíamos bajo un régimen de autoridad era lógico que los gremios fuesen forzosos; porque vivimos ahora bajo un régimen de libertad son y han de ser voluntarios y libres. Colegiación y agremiación son sinónimos: una y otra deben regirse por las mismas leyes.
»Se invoca en pro de la colegiación forzosa la de los abogados. ¿Es tampoco justa? Por el título que el Estado les expide, al fin de la carrera, les da el derecho de abogar ante todos los tribunales del Reino. ¿Es racional que los que habitan en Madrid no puedan abogar en Sevilla sin allí agremiarse? ¿Lo es que, los que hayan se-