El Genio médico-quirúrgico (1878-04-15 00:00:00), página 11

SECCION OFICIAL.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN.

Por la sección de gobernación del Consejo de Estado se ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Salvador Valdeolmillos contra un acuerdo de la comisión provincial de Palencia sobre abono de honorarios por razón de visitas hechas á enfermos pobres de Torquemada.

Resulta que el interesado aceptó en 6 de Mayo de 1863 la plaza de médico titular del indicado pueblo, la cual con arreglo al contrato sirvió hasta 1869 con la dotación anual de 100 escudos y la obligación de asistir á 50 familias pobres según parece que se anunció en el Boletín oficial, ó 55 según resulta de la lista que obra en el expediente. En este se hace mérito de haber reclamado varias veces el interesado que se le aumentase el número de familias clasificadas como pobres, y al propio tiempo la dotación, y de haber sido denegadas sus solicitudes por los diversos ayuntamientos que se sucedieron en la citada época.

Terminado el tiempo del contrato recurrió Valdeolmillos al gobernador de la provincia con fecha 28 de Enero de 1870, manifestando que si bien su obligación estaba circunscrita á la asistencia de los 50 pobres expresados en la relación que se le entregó, era lo cierto que ninguna de las Corporaciones municipales que se sucedieron habían cumplido con exactitud las prescripciones de la ley de Sanidad de 1855 y de los reglamentos de partidos médicos de Noviembre de 1864 y de Marzo de 1863, porque constando la población de más de 700 vecinos, debió reputarse como partido de primera clase, clasificando como pobres á 200 familias, y señalando en su consecuencia al médico la dotación de 4.000 rs., que esta falta le había ocasionado tener que visitar á un número más crecido de pobres que reclamaron su asistencia; que fueseido el contrato era justo se le abonaran las asistencias devengadas desde que aquella principió á regir hasta su terminación, á cuyo efecto presentaba unidas las cuentas y las declaraciones de los individuos que reclamaron la asistencia, según las cuales fueron 2.211 las visitas, y su importe el de 11.151 pesetas; solicitando en vista de todo ello que dicha autoridad mandara unir al expediente lista de los enfermos que fueron socorridos con medicamentos de la beneficencia desde 1863 á 63, y que pasara después todo á la diputación para que dispusiese de dicha cantidad.

La diputación provincial, previo informe del ayuntamiento, no sin que el interesado dejase de protestar de este trámite y del dictamen emitido, desestimó en 10 de Agosto de 1876 la reclamación de D. Salvador Valdeolmillos, reservándole su derecho para que reclamase de los particulares los honorarios de sus visitas; fundó este acuerdo en que Valdeolmillos no estaba autorizado para declarar qué vecinos debían ser considerados pobres, ni para visitar en tal concepto más que á los comprendidos en la lista que le entregó el ayuntamiento, y que si asistió á los individuos que dice, lo hizo de cuenta propia: que á la mayor parte de los sujetos que incluye en sus listas les ha cobrado sus derechos entablando al efecto juicios verbales; y por último, que el contrato estuvo en vigor desde 1863 á 69, y que con arreglo á él se le pagó lo estipulado.

Contra esta resolución ha interpuesto el interesado recurso de alzada para ante el Gobierno insistiendo en que los diversos ayuntamientos que han funcionado no tuvieron en cuenta al hacer el contrato la ley de Sanidad ni el reglamento de partidos médicos para designar el número de familias pobres y fijar la dotación del facultativo: que habiendo autorizado la junta de beneficencia, de la cual eran vocales el alcalde y dos regidores del ayuntamiento, la asistencia facultativa y las receñas, debía satisfacer la municipalidad los honorarios de las visitas en concepto de servicio extraordinario prestado á pobres excedentes de los 50 á que estaba obligado, á expensas de los mismos fondos con que se pagó al farmacéutico.

Como se ve, el recurso de que queda hecho mérito se funda esencialmente en haber tenido que asistir el interesado á un número más crecido de pobres que el fijado en la lista que el ayuntamiento le entregó, irrogándole con ello un perjuicio en los derechos y obligaciones estipuladas en su contrato. Esto sentado, dedúcese desde luego que nada compete decir al Gobierno en este asunto, puesto que según el párrafo primero del art. 81 de la ley de 25 de Setiembre de 1863, compete á los tribunales contencioso-administrativos el conocimiento y fallo de las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos celebrados con la administración para toda especie de servicios y obras públicas del estado, provinciales y municipales.

El ayuntamiento de Torquemada contrató con Valdeolmillos la asistencia facultativa durante seis años bajo ciertas bases que el interesado aceptó, y si estas no han sido fielmente cumplidas, ó bien ofrece duda su verdadera inteligencia, ó el contrato en su origen fué vicioso, en cualquiera de estos casos deberá el interesado hacer valer sus reclamaciones en la vía contenciosa y no en la gubernativa, que no era la procedente.

Por este motivo; no entraría la sección á examinar como lo hace la comisión provincial, si las papeletas presentadas por el reclamante se hallan escritas de una misma letra, y algunas sin firma ni se fijará tampoco en la circunstancia de reconoce, cerse en ellas personalmente deudores los que recibieron la asistencia facultativa de Valdeolmillos; ni tampoco se hará cargo del acuerdo de la junta municipal de beneficencia de 13 de Junio de 1863, disponiendo que los enfermos que excediesen de