El Genio médico-quirúrgico (1875-07-31 00:00:00), página 4

artículo dejar probado, que no sólo no incumbe ya á los Subdelegados la denuncia de los delitos, sino que tampoco es de su atribución de denunciar las faltas cometidas en el ejercicio de las profesiones médicas. En apoyo de lo opinado en contra por algunos publicistas, declaramos ante todo, que podría traerse á cuenta un dictamen del Consejo Real, dado con motivo de una consulta del gobernador de las Baleares, que elevó al Gobierno en 1854, y lo resuelto favorablemente en sentido de la administración en varias competencias entabladas entre el juez ordinario y la autoridad gubernativa. Mas no obstante estos precedentes, cuyo valor disminuye en presencia de otros del mismo género que los son contrarios, nosotros disentimos completamente de la opinión de los publicistas aludidos. En apoyo de nuestro criterio, no hemos de invocar el artículo 91 de la Constitución de 1869 que dice: «Los tribunales no aplicarán los reglamentos generales, provinciales y locales sino en tanto que estén conformes con las leyes;» tampoco el párrafo 4.º del art. 91 de la Constitución de 1869, tomado de las Constituciones anteriores, ni la ley de enjuiciamiento civil, ni las leyes provinciales y municipales de 1870, ni las competencias que han sido resueltas en pró de los tribunales de justicia por el Consejo real ó el Consejo de Estado; expondremos únicamente algunas consideraciones, tomando por punto de partida la real orden de 7 de Enero de 1847.

Aplicando los gobernadores esta disposición en primera instancia para castigar las faltas que nos ocupan, es indudable que se vendría á autorizar un principio en contradicción palmaria con el que ha prevalecido en todos los Códigos penales de Europa, puesto que la reincidencia de una falta habría que considerarla necesariamente en concepto de circunstancia atenuante en vez de agravante, que es como se considera por razones obvias. Que no media en este criterio extravío ninguno, ni menos exageración ó error, lo inferirán nuestros lectores del siguiente paralelo. Hemos visto que la real orden citada manda á los gobernadores que impongan á los intrusos 50 ducados de multa, y caso de reincidencia, que remitan el tanto de culpa á los tribunales de justicia. Ahora bien; los tribunales tienen demarcada por el art. 591, párrafo primero del Código penal, la graduación de la pena para esta falta, puesto que el texto del artículo y párrafo citados, dice así:

«Art. 591. Serán castigados con la pena de 5 á 25 pesetas de multa:
1.º Los que ejercieren sin título actos de una profesión que lo exija.

De manera, que, aun aplicando el máximo de pena al reincidente, el castigo habrá de quedar necesariamente muy por bajo en el tribunal de justicia al que le impusiera por la primera falta la acción gubernativa. El absurdo que resulta en materia criminal de estas dos disposiciones, está al alcance del más topo. Nos abstendremos por tanto de comentarla. Y no se diga que la disparidad chocante que resalta entre el precepto gubernativo y el artículo del Código salvarla pueda, al dictar la sentencia, el criterio prudente del juez, porque el juez no puede ni debe, sin caer en gravísima responsabilidad, sustituir al texto de la ley su juicio, ni mucho menos aplicar la Real Cédula de 10 de Diciembre de 1828 ó su reglamento, que se hallan derogados; cuando más podría fundar en la especie de contradicción legal que resulta de la comparación entre sí de los dos preceptos, pues para ello le dá autorización el mismo Código penal, una consulta, que hasta hoy ignoramos se haya hecho por juez ninguno. A decir verdad, es lo probable que no haya ocurrido en la práctica un caso de reincidencia punible para dar ocasión á la consulta, porque, ó mucho nos equivocamos, ó la potestad jurídica y por ende los gobernadores, se guían más de lo justo por las ideas de los comentadores en materia criminal. Las que apunta D. José González Serrano al comentar el párrafo 1.º del art. 591, merecen conocerse. Dice el malogrado prosecutor de la obra del ilustre jurisconsulto Sr. Pacheco: «Aunque no podemos aplaudir de manera alguna que se apoye y se preste ayuda, al charlatanismo, nos parece que es casi imposible impedir que se ejerzan ciertas profesiones aunque no se tenga título suficiente para ello. ¿Cómo es posible castigar al médico ó no médico extranjero que llamado por el paciente viene á hacer una cura á España? ¿Cómo impedir que un hombre científico dé consejos de abogado, y aun ejerza esta profesión en los actos que no son judiciales? En realidad todos son médicos y todos son abogados. ¿Hay un enfermo en una casa? Pues no existe amigo ni vecino que no dé su parecer sobre la enfermedad y proponga un remedio casero ó no casero. Se dirá que no comprende el artículo estos casos, sino aquellos en que se usurpa el nombre de una profesión y se ejerce habitualmente. A pesar de esto será muy difícil, como lo ha sido siempre, impedir el ejercicio de profesiones á las personas estimadas del público. En otra ocasión hemos defendido las leyes y costumbres de los Estados Unidos. Allí no hay títulos para abogados, médicos ni arquitectos, y sin embargo es forzoso respetar la