El Genio médico-quirúrgico (1875-06-22 00:00:00), página 10

invoca la inmunidad de sus fueros, juzga preciso el negociado investigar la legalidad con que se elude el pago de tal obligación. Examina, en consecuencia, diferentes disposiciones para deducir que no carece de fundamento lo alegado por la Diputación foral; pero como por otra parte reputa incontestable el derecho del reclamante, fué de parecer que debía consultarse al Consejo pleno sobre el modo y forma de satisfacer los emolumentos pedidos.

Para el Consejo es asimismo de estricta justicia el abono de los sueldos devengados y no satisfechos á D. Francisco Sastre como médico-director de los baños de Alzoia.

Su derecho procede del título en propiedad expedido á su favor, mediante público certámen y de las asignaciones que los diversos reglamentos han señalado á los facultativos que se hallan al frente de los establecimientos balnearios.

Desde el primer reglamento, dado en 28 de Mayo de 1817, hasta el vigente, publicado en 12 de Mayo de 1874, se ha creído necesario remunerar con dotación fija, independientemente de los honorarios que satisfacen los banistas, el servicio sanitario que prestan los profesores que se dedican con especialidad al estudio, conservación y usos de las aguas medicinales.

El decreto de 15 de Marzo de 1869, que dictó reglas provisionales para el régimen de tales establecimientos, suprimió, como se ha dicho, la dotación de 8.000 reales que de antiguo venían disfrutando los médicos-directores, reservándose el gobierno señalar ejerta subvención, que más tarde fijó la junta consultiva de sanidad en 2.000 pesetas, á los directores en propiedad, en aquellos puntos donde no concurren más de 500 bañistas.

Juzgose, sin duda, llegado el caso de retirar la protección directa del Gobierno en los establecimientos que por razón de la mayor y más conocida eficacia de sus aguas, y de la facilidad de sus comunicaciones atrajen un número crecido de bañistas, y en los cuales los emolumentos libres y los sujetos á tarifa retribuyen sobradamente el trabajo y los conocimientos científicos en los titulares que se hallan al frente.

De corta duración fué, sin embargo, la medida, pues por decreto de 27 de Octubre de 1870 se dispuso que los directores en propiedad continuasen gozando de los derechos adquiridos hasta entonces; y por la real orden prometida de 31 de Julio de 1872 se hizo responsable á las diputaciones de los sueldos de que se hallaban en desembolso varios médicos-directores de baños.

La sección de Gobernación y Fomento de este Consejo, en su extenso y razonado informe de 20 de Enero de 1874, aceptado en todas sus partes por la orden de 7 de Febrero siguiente, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por el Gobierno y la fuerza legal de los reglamentos de baños y aguas minerales, especialmente del expedido en 3 de Febrero de 1834, mandado observar por el artículo 97 de la vigente ley de sanidad, fué de parecer que la subvención que habían de satisfacer las diputaciones á los médicos-directores debía consistir en 2.000 pesetas anuales; y que D. Francisco Sastre y D. Benito Crespo tenían derecho á la referida suma, no sólo después de la orden de rehabilitación del sueldo, sino durante el período que medió desde la suspensión y el restablecimiento del mismo.

Quedó desde entonces declarado el derecho del recurrente; y como de la última resolución ministerial no aparezca interpuesto recurso alguno por la vía contenciosa, una vez trascurrido el término legal para ejercitarla, debe entenderse consentida dicha orden, y tenerse por firme y obligatoria.

Algunas diputaciones siguieron, no obstante, considerándose desligadas de la obligación de pagar los sueldos de los médicos-directores, dando al decreto de Marzo de 1869 más fuerza y extensión de la que en realidad tuvo: de aquí las diferentes reclamaciones interpuestas por este y otros interesados, resuelta todas en sentido de ser de cuenta de las corporaciones provinciales el pago de atención tan preferente.

En efecto, siempre se ha estimado esta carga provincial; y sin que el Consejo, se detenga á examinar las razones que pudieran consejar la adopción de otro sistema, dado el carácter general de esa clase de establecimientos, puesto que no se trata de constituir nuevo derecho, se limitará á afirmar que, con arreglo al constituido, se halla fuera de duda que sobre las diputaciones pesa tal obligación.

Basta para ello consultar los distintos reglamentos dados en la materia, y especialmente la ley vigente provincial, para convencerse de esta aseveración.

Al enumerar el art. 79 de la última las partidas necesarias que deben contener precisamente los presupuestos provinciales, señala en primer lugar, entre otras, las que exijan los servicios de los «Establecimientos provinciales de beneficencia, sanidad e instrucción».

Ahora bien: á ningún otro establecimiento pudo referirse la ley sino á los baños y aguas minerales, puesto que los demás servicios sanitarios de puertos y lazaretos, que dependen, como aquellos, del ministerio del digno cargo de V. E., tienen la consideración de servicios generales, y el personal y material de los mismos se halla comprendido en los presupuestos generales del Estado.

Resulta, por tanto, que de antiguo se halla consignada en las leyes orgánicas y reglamentos especiales del ramo esta obligación como privativa de las provincias, y que mientras otra cosa no dispongan las Cortes ó el Poder ejecutivo, investido de facultades extraordinarias, no puede prescindirse de hacer pesar sobre los presupuestos provinciales obligación tan atendible.

La Diputación foral de Guipúzcoa, autorizada, como la de las otras provincias Vascongadas, por el art. 2.º del decreto de 25 de Enero de 1871 para