El Genio médico-quirúrgico (1875-02-22 00:00:00), página 12

SECCION VARIA.

NADIE SE ACUERDA DE NOSOTROS.

Confiados en que también á la clase médica la correspondería algo del arreglo que en pos de sí ha traído la restauración, habíamos permanecido silenciosos esperando con calma que nos llegara el turno; pero desgraciadamente nos hemos equivocado, y creemos oportuno romper el silencio siquiera no obtengamos más resultado que el que llegue á conocimiento del ministro de la Gobernación (por si lo ignora), que el reglamento de partidos médicos del 11 de Marzo de 1868 fue derogado y sustituido por otro, verdadero aborto del Gobierno republicano: ya cuando vió este la luz (24 de Octubre de 1873), fué juzgado en las columnas de EL GENIO de la manera que se merecía, por cuya razón nos limitaremos hoy á decir que la derogación de él es de absoluta necesidad, pues es altamente atentatorio á los derechos de la clase médica, por no señalarla en el más que deberes que cumplir.

Al censurar tan ágrimente el reglamento republicano, no es porque proceda de los hombres que profesan éstas ideas, pues los médicos, con muy ligerísimas excepciones, hacemos abstracción de la política y á todos los gobiernos censuramos ó aplaudimos siempre que las medidas que tomen con la clase les hagan acreedores al aplauso ó á la censura: se censura el reglamento, se censuraron los decretos sobre nuevos reconocimientos de quintas, se consumió el último cuadro de exenciones, y esto mismo hubiera hecho la clase médica con cualquiera otro Gobierno que hubiera regido los destinos del país y que tales medidas hubiera tomado.

Fundado el ministro republicano en el espíritu descentralizador de la Constitución del Estado, en las concesiones que los artículos 37 y 99 de ella hacía á los municipios como igualmente en las que les otorga la ley municipal de 20 de Agosto de 1870, hace pasar á mejor vida el reglamento de 1868 que, dicho sea de paso, era regular; y nos regala uno por el cual se dan facultades amplias á los municipios para que proveyan, separen y doten á los médicos titulares, lo cual equivale á tanto como á hacer de los médicos un empleado sujeto á las tan frecuentes varaciones de municipios; por cuya razón ha habido titulares que tan luego como han tomado posesión de su cargo, han sido destituidos por el municipio entrante sin más razón para ello que la de las facultades que les revistió la precitada ley municipal. ¿Y qué diremos de las dotaciones de estas plazas donde las hay? Rubor nos causa el decirlo, y por nosotros pueden hacerlo los Boletines oficiales y periódicos profesionales, en cuya sección de anuncios se lean titulares vacantes, con 25 ó 50 pesetas anuales, con la condición de ser los aspirantes licenciados ó doctoras: pero dejemos esta cuestión material, que es de la que por regla general hace menos caso la clase, y examinemos si el ministro republicano estuvo en lo justo al dar atribuciones á los municipios para que estos exclusivamente hagan el nombramiento de los titulares.

Creamos que es una de las medidas que más lastiman á la clase, por la sencillísima razón de carecer de conocimientos médicos las corporaciones municipales, no pudiéndolos guiar para la provisión de las plazas más norte que su capricho unas veces, las recomendaciones otras, y algunas las rebajas que se prestan á hacer algunos médicos que no habiendo hecho su carrera sometidos á un riguroso plan de enseñanza con sujeción á la asistencia diaria á clase y con un determinado número de años, no saben ni pueden apreciar las penalidades y dispandos que cuesta adquirir el título: por lo tanto, no siendo competentes en la materia estas corporaciones para el examen de los expedientes que cada profesor presenta para demostrar y acreditar sus conocimientos y servicios, así académicos como prácticos, es lógico deducir lo inconveniente de tal medida y la necesidad de volver á los procedimientos antiguos para la provisión de las plazas; pues á ninguno se le ocurriría autorizar, por ejemplo, á que un tribunal civil cualquiera examinase un expediente que presentara un militar que se creyera con derecho para aspirar á tal ó cual empleo.

Como nuestro objeto no es otro que el de que el tal reglamento sea derogado, aquí terminamos sin aducir más razones en apoyo de nuestra opinión: estamos en la seguridad de que una vez leído el reglamento por el nuevo ministro de la Gobernación, comprenderá la justicia que nos asiste y se ocupará de arreglar otro que asegure más los derechos profesionales, á lo cual es tan acreedora una clase que por su elevada misión en la sociedad, es digna de mejor suerte, más respeto y más consideración.

Santo Domingo de Silos, Febrero de 1875.

EVARISTO PEREZ.