El Genio médico-quirúrgico (1872-07-31 00:00:00), página 7

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada impuesto por el ayuntamiento de esa ciudad contra un acuerdo de la comisión provincial sobre destitución de los médicos titulares de la capital, aquel alto Cuerpo, en plano, ha emitido el siguiente dictamen:

Excmo señor: Con real orden del 7 del corriente se ha remitido á consulta del Consejo el recurso de alzada interpuesto por el ayuntamiento de Salamanca contra un acuerdo de aquella comisión provincial sobre destitución de los médicos titulares de dicha ciudad.

En la sesión celebrada por la municipalidad el 19 de Febrero último expusieron algunos que habían recibido reiteradas quejas contra los facultativos, don Alejandro Caballero y D. Policarpo de la Gándara, por lo cual propusieron su destitución que, acordada en el acto, fué confirmada después en virtud de las atribuciones que el art. 73 de la ley de 20 de Agosto de 1870 concede á los ayuntamientos. De estos acuerdos se alzaron los interesados para ante la comisión provincial, invocando en su apoyo el art. 70 de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855, el 33 del reglamento de partidos médicos de 11 de Marzo de 1868 y la real orden de 25 de Noviembre de 1871. La comisión provincial, ateniéndose á estas prescripciones y á lo dispuesto en la segunda parte del art. 73 de la ley municipal, revocó el acuerdo del ayuntamiento, previniéndole que repusiera inmediatamente en sus cargos á los titulares separados, y con tal motivo rectificó este al gobernador manifestando que no existía escritura alguna, como equivocadamente se suponía, y que era de su exclusiva atribución la destitución y nombramiento de los médicos titulares, así como la de todos los demás empleados pagados de sus fondos, por lo cual solicitaba la revocación del fallo de la comisión provincial. El gobernador, en vista del art. 165 de la ley municipal y el párrafo tercero del art. 9º de la ley provincial, ordenó al ayuntamiento que, sin perjuicio de utilizar los recursos que viera conveniente, diéra posesión á los titulares Caballero y Gándara, según lo acordó la comisión provincial, dejando sin efecto el nombramiento hecho en favor de los que le han sustituido; pero como el alcalde no diese cumplimiento á dicha orden, resolvió el gobernador pasara al Juzgado los antecedentes del asunto para que exigiera la correspondiente responsabilidad por desobediencia á sus órdenes y á los acuerdos de la comisión provincial, habiendo interpuesto el ayuntamiento contra la resolución de dicha comisión el recurso de alzada que motiva este informe.

Como se ve, todo el razonamiento empleado por el ayuntamiento en apoyo de su acuerdo, se funda en que el art. 73 de la ley municipal declara de su exclusiva atribución el nombramiento y separación de todos los empleados y dependientes pagados de los fondos municipales que sean necesarios para la realización de los servicios que están á su cargo; pero á poco que se reflexione se comprende que los facultativos titulares no pueden bajo ningún concepto considerarse como empleados ni dependientes asalariados del ayuntamiento, pues que sus relaciones con la corporación nacen de un contrato que sólo puede ser anulado en la forma y con los requisitos al efecto establecidos en las disposiciones vigentes. Esto sentado, es indudable que la ley municipal, ni explícitamente, ni explícitamente ha derogado las prescripciones que respecto del particular contienen la ley de sanidad en sus artículos 70 y 71 para que no puedan ser anuladas las escrituras de los médicos sino por mutuo convenio de éstos y de las municipalidades, ó por causa legítima probada por medio del oportuno expediente, previo el fallo de la diputación provincial, y para que si el ayuntamiento ó el facultativo se creyesen agraviados por la resolución tomada por la diputación puedan recurrir al tribunal contencioso dentro de los 30 días siguientes al en que se les notifique el acuerdo, así como tampoco el art. 33 del reglamento de partidos médicos en cuanto prescribe que ningún facultativo titular sea separado de su destino sin causa justificada, prévia formación de expediente. Estas formalidades y requisitos no se han cumplido en el presente caso; y en este concepto, cualesquiera que fuesen las quejas producidas contra los citados facultativos, no han podido ser separados de sus plazas con arreglo á las precisadas disposiciones.

Aun admitiendo que no mediasa escritura de contrato ó obligación, como la municipalidad manifiesta, y aun en el supuesto de que por esta razón pudiera prescindirse de la formación del expediente para separar á los expresados facultativos, no por eso habrá de deducirse de semejante hecho que los acuerdos tomados por el ayuntamiento llamando á otro internamente hayan sido precedentes y arreglados á la ley, puesto que mientras tales plazas no fuesen provistas con los requisitos legales, á tenor de lo mandado en el art. 73 de la ley municipal, y no entrasen los nombrados á ejercer sus funciones, no cabía la separación de los que se hallaban en ejercicio.

Fundado el ayuntamiento en los artículos 72 y 164 de la referida ley municipal, sostiene que por recesar en asuntos de su competencia es inmediatamente ejecutivo su acuerdo, no pudiendo ser suspendido aun cuando en su forma se infrinja alguna disposición legal; pero ha de tenerse en cuenta que el segundo párrafo del mismo art. 72 autoriza en este caso el recurso de alzada para ante la comisión provincial, y que esta con arreglo al 164 debe resolver sobre el fondo del asunto, cuyo acuerdo es ejecutivo á tenor del siguiente art. 163, sin perjuicio de los recursos que procedan; disposiciones todas ellas que de un modo claro hacen ver que, desde el momento en que la comisión provincial resolvió dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento, debió este abstenerse de llevar á cabo la separación y sustitución de los dos facultati-