El Genio médico-quirúrgico (1869-06-30 00:00:00), página 3

No ya sólo por proceder del nuevo ministro de Gracia y Justicia, Sr. de Herrera, sino por la alta importancia y mérito que encierra social y administrativamente considerada, trasladamos á El Genio la siguiente circular, pues á tales documentos debe dárselas la mayor publicidad posible para que todo el mundo los conozca.

Héla aquí:

CIRCULAR.

Las circunstancias en que por la honrosa designación de S. A. el regente del reino se encarga el que suscribe de este departamento ministerial, acogense dirigir á V. S. algunas observaciones sobre los sagrados objetos confiados al poder judicial por la Constitución. La recientemente decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes y solemnemente promulgada en 6 del actual consigna por primera vez en nuestra patria los derechos, libertades y garantías naturales e imprescindibles del ciudadano, sin los cuales no pueden existir una vida digna, una sociedad culta y progresiva, ni puede aspirarse á la prosperidad y grandeza de la nación.

La seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la propiedad, el sufragio, las libertades de imprenta, de reunión y asociación, el derecho de petición, la libertad de cultos, la de enseñanza, la de industria ó profesión, la de tránsito y establecimiento dentro y fuera del reino: he aquí el rico caudal que á la dignidad y libertad natural del hombre reconoce la ley fundamental.

Pues bien: los tribunales son los que están encargados de su custodia por la aplicación de las leyes comunes en los juicios civiles y criminales. Toda medida preventiva que pudiera menoscabarla queda absolutamente prohibida, y los tribunales son los que en el ejercicio de su altísimo poder han de respetarlos y hacerlos respetar.

Pero es preciso tener muy en cuenta que la prohibición de medidas preventivas hace doblemente necesaria la represión legal, sin la que los derechos individuales podrían tener una existencia verdadera en la armónica combinación de los de todos los ciudadanos, ni subsistiría la sociedad perturbada por el constante choque de las pasiones y entregada á la anarquía. Los tribunales, pues, deben velar cuidadosamente por la rigurosa aplicación de las leyes, que no permiten vulnerar el derecho, el legítimo interés, la honra de ningún ciudadano, ni menospreciar la autoridad pública, ni alterar la paz y el orden social, en cuyo solo seno vive la libertad verdadera á la sombra de los derechos individuales falsamente entendidos y más ó menos deliberadamente estremados en su ejercicio.

La propiedad, consagración del trabajo, base de la familia y de la sociedad, es uno de los derechos por cuyo respeto debe mirar más especialmente la administración de justicia. Funebres y antisociales doctrinas se han propagado acerca de él entre el pueblo, á favor de su atraso intelectual, producto acumulado de tres siglos de doble ó triple despotismo, y con el halago de un interés profundamente falso, porque ataca y destruye la propiedad, se ataca y destruye el orden social, fuera del cual no puede vivir ni el pobre ni el rico.

La menor agresión al derecho de propiedad, aunque se funde en inadmisibles distinciones de propiedad individual y colectiva, legítima e ilegítima, debe ser severamente castigada. La garantía consiste en el religioso respeto de la posesión, manifestación y antemural á la propiedad. Cualquiera que pretenda derechos sobre la cosa poseída por otro, abierta tiene la puerta de los tribunales; pero en tanto que estos no hayan declarado la justicia de su demanda, que el poseedor no haya sido oído y vencido en el correspondiente juicio, la acción individual, la colectiva, la administrativa de los ayuntamientos y otras corporaciones populares, como la del Estado, no pueden barrer el sagrado escudo de la posesión sin quedar sujeto quien quiera que tal haga á la inexorable aplicación de la ley penal.

La Constitución ha establecido también la forma de gobierno por que ha de regirse la nación española, la monarquía; y al nombrar regente del reino las Cortes han realizado aquella institución en el modo posible y constitucional, hasta que las mismas Cortes elijan el monarca que ha de ser cimiento de la nueva y popular dinastía. Quedan, por consiguiente, proscritas en este punto todas las aspiraciones inconciliables con la solución adoptada en la ley fundamental: y cualquier acto contrario á ella, sea en sentido republicano, sea el absolutista ó falsamente llamado legitimista, porque no hay más legalidad en esto que la establecida por la soberanía nacional, debe ser reprimido sin debilidad ni contemplaciones.

La propaganda leal y pacífica para el porvenir, para hacer triunfar las opiniones por el conducto del sufragio universal y de las facultades de las Cortes, según la Constitución, al abrigo está de los derechos individuales que la misma sanciona: pero no se funda este procedimiento con los actos contrarios al poder ya establecido y que no pueden menos de calificarse de actos de revelión ó sedición severamente penados en el Código criminal.

El gobierno confía en la Ilustración, en el celo, en la enteriza y en la severa imparcialidad de la magistratura para esperar que las anteriores prevenciones serán exactamente observadas; y seguro en su conciencia de marchar por el camino que le dictan sus altos deberes, lo está también de que su conducta merecerá la aprobación de todos los buenos ciudadanos. La magistratura, elevada por la nueva Constitución al lugar que le corresponde por la organización