El Genio médico-quirúrgico (1867-04-30 00:00:00), página 8

multiplicados aparatos balnearios conocidos. Y tercero. Las condiciones higiénicas del sitio donde se ubica el manantial, á las que está sujeto el enfermo durante la temporada. ¿Seguirá creyendo todavía el Sr. Mante que es una manía que ya pica en enfermedad, la que nos hace sostener las condiciones especiales de las aguas minerales sobre las del opio, táraro emético o arsenicaleas?

Pero el Sr. Mante, que á más de sus profundos conocimientos médicos, posee en alto grado los administrativos, insistirá desde este último punto en la necesidad de la reforma liberal que propone. Y aquí sí que es fuente nuestro adversario. ¡Con qué atisbo se burla de la legislación balnearia vigente! ¡Con cuánta energía vuelve el Sr. Mante por los fueros de la propiedad hallados en el Reglamento de 1834! ¡Cómo se entiende! ¿Cómo quéderecho el Estado se atreve á declarar de servicio público los establecimientos de baños? ¿Con qué derecho faculta á los directores de fuentes medicinales para intervenir en el nombramiento de los bañeros, y en la custodia de las aguas, y en la higiene del balneario? ¿Cuanto mejor y con mayor acierto no haría esto mismo el propietario ó un quidom convertido en administrador ó arrendatario, ó simplemente una especie de ama de gobierno, que en algunos establecimientos suele desempeñar las funciones del propietario? Tiene razón el Sr. Mante: Nada fuera la tiranía de los directores de baños.

Ciertamente que es difícil tratar en serio esta parte de la cuestión. Si los establecimientos termales son ó no un servicio público, y si en ellos debe ó no debe intervenir el Gobierno, dígalo en primer lugar la indiscutible utilidad pública de los manantiales, y en segundo la protección que les presta el Estado, facilitando los medios de transporte á los mismos en la construcción de carreteras, ferro-carriles, etc. ¿Se quiere lo mas y se realiza lo menos? El Sr. Mante, que es tan entendido en materias sociales y administrativas, no habrá puesto en olvido una verdad absoluta, incontroversible: la de que nadie es dueño de privar á la sociedad, ni aun á título de propiedad, de los elementos generales de vida y de salud que produce la tierra. Un labrador, un comerciante no pueden, por ejemplo, encerrarse indefinidamente en sus graneros el sustento necesario, indispensable de un pueblo; podrán fijar á placer suyo, y esto con restricciones, el cambio de los artículos de consumo, pero no podrán hacer jamás que se mueran de hambre una población entera. El propietario de un establecimiento público, fonda, café, taberna, etc., no puede cerrar sus puertas á la inspección fiscal en lo que respecta á la higiene y á la moralidad comercial. Por cuestión de ornato público tiene el Estado amplia facultad para desposeer, previa indemnización, del todo ó parte de la propiedad urbana á sus poseedores, y para otros objetos de utilidad hace lo mismo con los dueños de propiedades rurales. El explotador de una mina está amparado por las leyes para tomar al propietario, de grado ó por fuerza, el terreno que hayan menester sus operaciones, precediendo también retribución oportunamente. Las empresas de caminos de hierro espropiaban, garantizadas por la ley, las zonas del territorio por donde han de tender esas cintas conductoras de la civilización de los pueblos. En todo la utilidad pública, el servicio público, respetando en lo posible á la propiedad particular, se sobreponen á ella sin embargo. ¿Y quiere el señor Mante negar á las fuentes de salud lo que se concede sin oposición por parte de una sola escuela liberal al oratorio público y á la explotación del hierro ó del estado? Nosotros creemos firmemente que si la conveniencia pública, la alta conveniencia pública, hiciese necesario, como algunos suponen equivocadamente, que el Estado poseyera y administrara por sí todas las fuentes minerales, existiría en el mismo el derecho de espropiar á los poseedores de aquellas, mediante como es lógico, todas las fórmulas legales y todas las retribuciones justas que se deben al derecho sagrado de la propiedad individual. No estamos conformes con la teoría que sostiene aquella extraña absorción, aunque veamos que en otros países da buenos resultados, y por consiguiente no creemos deber insistir en nuestro parecer respecto de la posibilidad legal de la absorción.

Pero después de todo, ¿es cierto que, como dice el Sr. Mante, los propietarios de establecimientos de baños estén privados por completo del goce de las prerrogativas que les da ipso facto el derecho de propiedad? ¿Es cierto que las direcciones de balnearios son atentatorios de aquellos derechos? El Sr. Mante se extraña desde luego que por el artículo 51 del Reglamento de 3 de febrero de 1834 se reconozca á los propietarios de establecimientos de baños y de aguas minerales su dominio, y en esto prueba, perdónenos nuestro contendiente, que desconoce hasta la estructura de nuestra legislación, supuesto que en toda ella el Estado comienza reconociendo, no otorgando, los derechos propios allí donde los hay por la ley tradicional. Pero el artículo 51 de aquella disposición legislativa, no sólo reconoce el dueño de fuentes minerales su dominio, sino que todas las prerrogativas inherentes á la propiedad, menos una, que está vedada perpetuamente á todas las propiedades por leyes escritas, así como por la ley natural: el abuso de los derechos en perjuicio de tercero, en perjuicio del público. «Los dueños de establecimientos de aguas y baños minerales, dice el expresado artículo 51, tendrán como hasta aquí el dominio de ellos, y el goce de todas las prerrogativas que les corresponden por el derecho de propiedad; pero esto no les autoriza para abusar de la administración ó uso de las aguas consideradas como remedio, ni para disponer de ellas en perjuicio del público.» Así como no se permite al propietario que use de una casa ruinosa, ni al dueño de terrenos que mantenga focos de infección en las