El Genio médico-quirúrgico (1867-04-30 00:00:00), página 9

cercanías de lugares habitados, ni al industrial que emplee dentro de las poblaciones materias muy inflamables, ni a nadie que dispare armas de fuego allí donde el proyecto, o aun la misma detonación, puedan ser fuentes; así también está prohibido, entiéndalo bien el Sr. Manté, como remedio el libre uso de las aguas de su propiedad. Y si esta prescripción no existiese en la ley, sería necesario pedirla, a fin de que guardase unidad con todo el derecho público de España.

Pero hay más: el propietario de una fuente medicinal no tiene derecho tampoco, ni puede tenerlo, para usar de ella, en cualquier forma que sea, hasta el punto de regarla o destruirla. ¿Cómo el Sr. Manté de buena fe, que aun en el caso de que desapareciese el artículo 52 del Reglamento de 1834, que trata de la conservación de las fuentes minerales, aun en el caso de que se planteara la libertad que encomia y cacareaba nuestro adversario, ¿quedaría el dueño de un establecimiento balneario con facultad bastante para utilizar de una manera arbitraria sus aguas, para aplicarlas a otros usos diversos de los que por sus condiciones reclamaran? El Sr. Manté tan radical, a lo que parece, en filosofía y en administración, si llegase a tener la representación del Estado, concentraría en que por respeto al derecho absoluto de propiedad, se cerraran en un día por los propietarios todas las termas, ¡que decimos todas! una sola de las de España, con gravísimo detrimento, no ya de la salud del Estado, sino de la del individuo, que significa menos? ¿Quitaría de los códigos, de la legislación general del país, las relaciones armoniosas de la utilidad pública con la particular y exclusiva de cada uno? Hacía muchos desaciertos vemos inclinado a nuestro antagonista, pero no hacía uno de tal naturaleza, preciso es confesarlo. Y si es necesaria la intervención del Gobierno en el servicio público de las aguas minerales, ¿a quién mejor que a un director facultativo pudiese encomendar el primer escalón de aquella? ¿Quién con más independencia y mayores conocimientos que un médico-director, puede vigilar por la higiene balnearia, por la conservación de las fuentes, por el orden en la administración, que el mismo dispone, de las aguas? ¿Sería oportuno que los que inmediatamente han de cumplir y hacer cumplir las prescripciones facultativas dependieran y obedeciesen en la parte médica al propietario, y no al director? ¿Sería lógico que los encargados, también inmediatos, de administrar las aguas, no estuvieran en posesión directa de las mismas, y si un cualquiera en nombre del dueño, sobre el cual no tiene autoridad prescriptiva en la parte médica el director? El Sr. Manté, que censura el Reglamento de 1834 porque en él se determina que los bañeros tengan en su poder la llave de los baños (artículo 60), ¿quiere tal vez que dispongan de ella personas que no están bajo la directa inspección y a las inmediatas órdenes de la que administra las aguas? Aparte de la ridiculez de esta misma observación, preguntaríamos á nuestro contendiente si sería más honroso para el propietario de unos baños conservar en su poder la llave de ellos, y obedecer, por decirlo así, servilmente las órdenes insignificantes del facultativo.

Sobre la segunda parte del artículo 54 del Reglamento hace hincapié nuestro opositor, increpándonos porque no le copiamos en el escrito á que contestó en 8 del corriente. Vamos ahora á satisfacer los deseos del Sr. Manté: dice así aquel artículo: «Los administradores y arrendatarios de los establecimientos de baños y aguas minerales, tendrán en ellas la intervención y facultades que sus dueños les concedieren, para cuidar de su conservación y cobrar de los concurrentes los derechos que están señalados por cada baño, estufa ó chorro que tomaron, y los que les corresponden por razón de hospedaje, alimentos, camas y demás utensilios; todo con arreglo á los precios de arancel; que la justicia ó autoridad del territorio (si no fuere la propietaria del establecimiento) formará cada año al comenzar la temporada, señalando, con acuerdo del director, los derechos que correspondan á los beneficios por el trabajo de administrar los baños y demás servicios que prestasen á los enfermos.» ¿Está ya contento el Sr. Manté? Pues pasemos ahora á decirle que se halla en un crasisimo error al suponer vigente la parte de aquel artículo que se refiere á los aranceles de baños y hospedería. Fuera de que su formación estaba entregada precisamente á las justicias del territorio en que radicaban las fuentes minerales, y solo voluntariamente á la autoridad propietaria del establecimiento, encontrarse derogada la parte de artículo que la establece por la ley que puso en vigor, dos ó tres años después de la publicación del Reglamento, otra ley de 8 de junio de 1813, cuyo artículo 8.º abolía la tasa. Y si todavía algún director de baños pone su firma al pie de las tarifas que forman los dueños, y únicamente los dueños de los balnearios, condescendencia suya y no obligación será; habrásele pedido acaso el propietario á fin de autorizar la tabla ó arancel, y este favor le debe. Deslizándose anduvo por esta vez en sus recuerdos administrativos el Sr. Manté, que ni siquiera trajo á su memoria leyes tan importantes como las hechas por las Cortes de Cádiz, reproducidas en su mayor parte con el último cambio de sistema político en España.

Tampoco es cierto, como asegura el Sr. Manté, que al propietario de baños se retengan sus escasos productos para obras reclamadas por el director y no ejecutadas. ¿En qué parte de la legislación encuentra nuestro contendedor semejante desatino? ¡Acaso en el artículo 53 del Reglamento, que facilita á los directores con auxilio de las autoridades civiles, para disponer las obras necesarias á la reparación de las termas, sin que, á pesar de su urgencia, puedan ser obligados los propietarios á invertir tan sólo un diez por ciento de los productos anuales de sus establecimientos? ¿Y cuándo se verifica esto? ¿Cuándo se ha verificado? ¿Sabe el