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las enfermedades venéreas hace inútil la visita médica y la vigilancia sanitaria absolutamente ineficaz. En segundo lugar, también hemos demostrado, siendo un hecho notorio, incontestado e incontestable, que la policía de las costumbres no llega ni llegará nunca a meter mano a la verdadera prostitución y que, felizmente, tampoco llegará a meter mano sobre esta gran masa de mujeres que, a mi modo de ver, no deben contarse en el rango de las prostitutas.

La institución de casas públicas, casas de compromiso, cuarteles, es sólo el nombre lo que las distingue, el caso es el mismo.

Desde luego, cuando se habrá instituido el acuartelamiento, es de suponer que en los mismos no habrá un personal más considerable que el que hay hoy día.

El querer acuartelar la prostitución es una idea disparatada; por de pronto ¿dónde se instalarían los cuarteles para ellas (seamos modestos), las cincuenta mil prostitutas de París, de las cuales la policía ha podido coger de un 10 a 20 por 100? ¿Para las cuarenta mil prostitutas de Berlín, que la policía sólo puede retener unas cinco mil, sobre su pretendida vigilancia? Estas pretensiones son irrisorias ¿Y quién iría a estos establecimientos? Durante el primer mes, admitiendo que las cincuenta mil de París o las cuarenta mil verdaderas de Berlín sean acuarteladas a la vez, un nuevo desorden se produciría en su marcha. Después de este lapso de tiempo, cada una de ellas tendrá sus uniones o «lios», los cuarteles serán abandonados y su personal se verá obligado a buscar fortuna en otra parte. En fin, estamos seguros y ningún médico lo contradecirá y todo el mundo está conteste: hace falta señalar que, la casi totalidad de las prostitutas acuarteladas, son sifílicas y bienorragicas. Si una de éstas ha pasado tres años en estos establecimientos sin haber sido contagiada es por un milagro.

Durante estos tres primeros años, el médico no podrá, en ningún momento, tomar la responsabilidad de garantizar que ellas no transmitirán la sífilis, pues para impedir la propagación de ella tendremos que recluir a esas mujeres durante tres años. Por lo que hace referencia a la bienorragia, es bien seguro que las mujeres de casas públicas están contagiadas y que si no la tienen en potencia, la tienen latente, por lo cual no puede declararse a ninguna de estas mujeres sana. Puesto que el período infeccioso de la sífilis es secreto, la carrera de la mayor parte de estas pobres mujeres desgraciadas es igualmente secreta. Los excesos de toda naturaleza poco propia a excitar los deseos de aquellos que pueden pagar las visitas de estas casas. Pasan por estas tabernas, frecuentadas por los marinos en las zahurdas de tercera o cuarta clase, para diseminar la bienorragia o morir víctimas del alcoholismo y de las consecuencias de la sífilis. Vamos a suponer que la mujer esté realmente buena. En los cuarteles dichas mujeres no pueden escoger, deben aceptar a todos los visitantes. Es así que ellas tienen sus relaciones sexuales con diez, veinte, treinta y ¡horrible sentencia! los días de fiesta hasta cincuenta individuos en
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veinticuatro horas. El buen sentido nos dice que cuando mayor es el número de contactos, más acrecen las probabilidades de infección. Y en realidad, un tercio de las mujeres acuarteladas, si ellas no logran escapar o marcharse a otra población, están constantemente en el hospital o en la prisión.

¿Ahora, dónde son las garantías o digamos más indirectamente, las probabilidades de evitar el contagio en una casa pública? Sólo podemos citar un caso y aún ofrece muy débiles seguridades. Existen, en efecto, casas de lujo que los clientes sólo son recibidos a condición de desembolsar de 20 a 100 pesetas y de pagar una botella de champagne de 30 a 50 pesetas, etc. Los dueños de estos establecimientos sólo aceptan la mercancía más joven y la más fresca. Un médico está anexo a la casa y visita al personal cada mañana; la menor indisposición, la más ligera solución de continuidad, bastan para poner a la persona sospechosa en observación.

Cuando esta reconocida como enferma, se la separa completamente: todo debe sacrificarse al interés de la clientela.

¿Dónde irán a parar estas mujeres? puede ya suponerse: van a engrasar la prostitución clandestina, y si llegan a escapar de la policía es natural que vayan propagando su enfermedad. De este modo, vemos que es posible que en estas casas de lujo haya alguna probabilidad de escapar a la infección. Mas ¿es digno del Estado, de las autoridades públicas, el permitir estos establecimientos bajo esta finalidad? Estas casas de lujo que desde el punto de vista son las más inmorales y las casas de cuarta categoría, pobladas de mujeres pobres, ofrecen, quizá, alguna garantía contra la sífilis; pero, en todo caso, ninguna contra la blenorragia. Por otro lado, de una manera general, las casas públicas de todo género, en la forma con que se practica la prostitución, la más peligrosa para los clientes, son absolutamente fatales por la salud pública y moral de su personal. ¡He aquí las ventajas que ofrecen las casas públicas! Mas no quiero terminar sin decir antes algunas palabras sobre los grandes peligros que resultan de la existencia de las casas públicas para las ciudades donde ellas existen: 1.º Es bien notorio que en las grandes urbes estos establecimientos son los centros de todas las perversiones sexuales; pero ¿es que las cuatrocientas mujeres acuarteladas en París, corresponden a alguna necesidad para una población de cuatro millones de habitantes? Ciertamente que no. Son sólo los pervertidos sexuales los que les dan el «derecho de existencia». 2.º Es también notorio que, en las pequeñas poblaciones, las casas públicas son centro de contaminación por todo el distrito. Los hombres casados van a buscar los placeres, y las consecuencias resuelvan dentro de la familia. 3.º Es notorio que los jóvenes, los estudiantes de las Facultades, frecuentan y dan preferencia a estos establecimientos, así mismo que los estudiantes sus fuerzas. Si se pregunta a los jóvenes estudiantes dónde se han contaminado, contestarán que durante una juerga han «visitado» una o alguna de estas casas.
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La reglamentación ha fracasado absolutamente. El acuartelamiento es una forma degenerada de la reglamentación. Desde el punto de vista sanitario, una mujer de casa pública recibe, por término medio, diez visitantes por día; es en absoluto más peligrosa que una mujer libre, que tiene sólo negocio con dos o tres.

Moralmente hablando, la casa pública es la forma más terrible de la reglamentación; es causa de la ruina física y moral de estas mujeres; es una provocación para los hombres ofreciéndoles ocasión y es un seductor atractivo para los jóvenes. En ninguna parte las casas públicas han logrado hacer desaparecer la prostitución de la calle ni disminuir, en lo más mínimo, las enfermedades venéreas. La reglamentación y, sobre todo, la forma desastrosa del acuartelamiento, provocan, en todos sitios, un aumento de la prostitución clandestina. Para dar una idea de las casas públicas y su ineficacia de limpiar las calles de prostitutas, basta dar una cifra citando las siguientes de París como «villa mundial» y Stuttgart como pequeña capital. En París hay siete mil mujeres inscritas; la cifra mínima de prostitutas es de cuarenta a cincuenta mil. En 1903, para tres millones ochocientos mil habitantes había cuarenta y siete casas públicas con trescientas setenta y nueve mujeres. Por otra parte, el Dr. Verchère calcula el número de prostitutas menores de edad, enfermas, errantes diariamente en las calles, a catorce mil. Las casas públicas existen, la reglamentación está en vigor, no faltan autoridades médicas y, según Fournier, el diez y siete o veinte por ciento de la población de París es sífilítica.

La villa de Stuttgart, que cuenta con 170,000 habitantes, tenía en 1904, 27 mujeres inscritas; de ellas el 100 por 100 han estado enfermas y en el hospital; en contra de ésto hay que se han detenido 400 mujeres en las calles. Verdaderamente, hace falta ser filósofo y filántropo para creer de buena fe con aquellos que luchan en favor de una institución cuyos resultados, bochornosos e irrisorios, no son otros que los ya expuestos. Haría falta hablar también, más detenidamente, de la cuestión ética y moral: bastaría sólo los resultados sanitarios. Sin exagerar, puede decirse que la reglamentación bajo todas sus formas y, sobre todo, el acuartelamiento, son el mejor sistema de propagación de las enfermedades venéreas.

1.º La primera medida a tomar para entorpecer el azote que amenaza la salud de las naciones, es el de abolir el sistema de reglamentación bajo todas sus formas.

2.º La segunda medida es hacer obligatoria la declaración de todos los casos de enfermedades venéreas, tal como lo vemos aplicado en otras enfermedades infecciosas. La policía no entrará en acción sino para obrar contra aquellos que son bastantes desprovistos de conciencia para exponer a otro al peligro de la contaminación.

Estas, junto con otras conclusiones que añadiré al concluir, la crítica del Real Decreto del 28 de septiembre, son las que el Estado dictará para combatir la prostitución.
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«Ministerio de la Gobernación:
Real orden de 28 de septiembre de 1910, dictando diversas y transcendenciales disposiciones relativas a la prostitución.
La confusión de las esferas propias de la moral y el derecho, pudo hacer en tiempos pasados que se consideraran como delitos el de la mujer dedicada a la prostitución, por el que se le impusieron los más terribles castigos, y el cuidar sólo en la época moderna de las consecuencias de la prostitución, debilitante y envilecedora para las razas, explica que se reglamentara ese vicio social de la manera que lo hizo Francia en 1826, y se copió en España en 1865, que ha prevalecido casi hasta nuestros días en todos los países y que hace de la mujer que vende su cuerpo clase aparte, para la que no hay respeto en la sociedad, ni garantías en los códigos, obligada a inscribirse para toda su vida en un padrón del que sólo se elimina concurriendo circunstancias verdaderamente excepcionales.
Contra esta reglamentación, sostenida a prettexto de evitar enfermedades, mantener el orden y la decencia en las calles y defender las menores de edad, trabaja, desde 1879, la Federación abolicionista internacional, en campaña constante, que tuvo sus precedentes en la labor de una insignie escritora española, y es esa reglamentación la que ha merecido a comisiones técnicas que estudiaron el problema, los más duros calificativos y ha hecho decir a un ilustre Presidente del Consejo de Ministros francés en 1906: que el Ministerio del Interior era el encargado de asegurarla como remedio implacable e inmoral de un estado de cosas que no pueden decirse haciendo espiar a las mujeres los vicios del hombre; pero llenando la misión con perfecta inutilidad, a pesar de que utiliza prácticas contrarias a las leyes y a los principios mismos de todo gobierno humano. Contra los países reglamentarios se ha pronunciado también la Asociación Internacional para reprimir y evitar la trata de blancas, afirmando, casi unánimemente, que tropiezan en sus gestiones con el amparo oficial que se presta al proxeneta dentro de cada nación.
Al cuarto Congreso, que aquella entidad celebrará en Madrid en 24 de octubre próximo, se trae a estudio una vez más este tema, al que se concede gran importancia, según se ha visto en la conferencia preparatoria del mismo, que ha tenido lugar en Viena, y por el esfuerzo de aquella Asociación se ha conseguido, a raíz del Congreso de París, la reforma casi universal de las leyes, en el sentido que fue reformado nuestro Código penal en 21 de julio de 1904, esto es, para declarar a la mujer mayor de edad, dueña de prostituir su persona; pero impidiendo que sea reclutada para habitar en casas de prostitución y castigando a los que en ello intervengan, así como a cuantos cooperen o protejan públicamente la prostitución de otras, participando de los beneficios de este tráfico o haciendo de él modo de vivir, hechos terminantes que no permiten la existencia de las llamadas casas de lenocinio, que proporcionan ingresos prohibidos por la ley.
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Forzoso es reconocer que no está la realidad de las cosas en armonía con esa reforma, que se ha tratado de completar con otras disposiciones, orientadas todas en sentido francamente abolicionista, entre las cuales merece anotarse la que ha entregado lógicamente este servicio, llamado de higiene, a las Inspecciones provinciales de Sanidad y los daños de que se acusaba a la reglamentación, continúan manifiestos, y en cambio, la salud pública ha quedado, según acusan las estadísticas, punto menos que indefensa, con graves perjuicios que son objetos de continuas reclamaciones.

Tal situación no puede ni debe prolongarse, y aunque no por ello se ha de retroceder en el camino emprendido por todas las naciones civilizadas, es indispensable establecer la obligación bajo fuertes sanciones del reconocimiento facultativo gratuito, frecuente y cuidadoso por personal adecuado, nombrado oficialmente, y que debe alcanzar a todas las mujeres dedicadas al tráfico de la prostitución y a todos los lugares en que se efectúen actos de ese tráfico, facilitándose, además, los medios profilácticos y de curación, sin excepciones ninguna y sin hacer de aquellas desgraciadas clase aparte; porque no ha de olvidarse ni un momento el respecto que la mujer merece y se ha de procurar elevar lo posible su posición y dignidad, seguros de que así renacera en ella la conciencia del deber que pueda redimirla, y es la firme garantía de que cumplirá las prescripciones sanitarias que se le impongan. Con ello podrá defenderse mejor la salud pública y podrá evitarse que se piense en la vuelta a los antiguos padrones clasificados que imponían a la mujer inscrita aquella a modo de pena infamante perpetua que no tendrá justificación posible, hoy que quiere limitarse en todos los códigos la condena a perpetuidad, aún por los delitos más horrendos.

Fundado en estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Se establece un servicio de Higiene de la Prostitución, destinada a la defensa de la salud pública en lo relativo a dicho vicio social, cuyos daños precisa evitar, con separación y sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar conforme a las leyes.

2.º El expresado servicio establecido para prevenir y tratar las enfermedades originadas por el tráfico de la prostitución, no podrá dar motivo a exacciones ni al establecimiento de registros especiales en que se inscriban las mujeres que aquel tráfico se dediquen.

3.º El citado servicio funcionará en todas las capitales de provincia y poblaciones de importancia al cuidado de las respectivas juntas provinciales y municipales de sanidad, bajo la presidencia y dirección de los gobernadores civiles, siendo jefe inmediato del referido servicio en la capital el Inspector provincial de Sanidad, y en las demás localidades donde esté el servicio establecido, el Inspector municipal, los cuales tendrán a sus órdenes el número de médicos y dependientes que
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se estime necesario, nombrados por el Ministerio de la Gobernación, con arreglo a las condiciones que se fijarán previamente por dicho Centro, y con intervención del Inspector general de Sanidad interior, del que, en definitiva, dependerá cuanto con el servicio de higiene se relacione. De las Juntas provinciales y municipales forman parte a estos efectos un médico militar y un jefe de ejército que mande fuerza, si las hubiere.

4.º Al cuerpo de médicos higienistas quedarán adscritos, desde luego, los actuales que hayan obtenido sus plazas por oposición o concurso, en la forma que se determina en la correspondiente Institución complementaria.

5.º El servicio de higiene se prestará, gratuitamente, en Dispensarios consultas, que se establecerán con este objeto en cada localidad, provistos de los elementos científicos precisos, y en ellos se expedirán certificados talonarios con el nombre, edad, vecindad y estado de salud de la interesada, llevándose los libros de historia clínica indispensables con carácter reservado, salvo para la autoridad, a la cual se dará a conocer inmediatamente la situación de enfermedad contagiosa de las mujeres reconocidas, al objeto de hacer efectiva la sanción procedente, si no obstante habersele prohibido, continuara dedicada a la prostitución antes de su completo restablecimiento.

6.º Queda prohibido en absoluto el ejercicio de la prostitución a toda mujer que no esté provista de certificado acreditando no padecer enfermedad contagiosa, expedido en fecha no anterior en tres días.

7.º Los lugares en que se verifiquen actos de prostitución estarán provistos de cuantos medios profilácticos se determinen, siendo de ello responsables los que aparezcan como inquilinos de los mismos, y en su defecto, los dueños de los edificios, a cuyo efecto habrán de sujetarse, tanto los locales como aquellos medios, a reconocimiento semanal. Dichos lugares no podrán servir de habitación a persona menor de 40 años.

8.º Las mujeres que utilizaran para la prostitución propia su mismo domicilio, están sujetas a las prescripciones higiénicas del artículo anterior y no podrán tener en su compañía persona menor de 40 años, salvo sus hijos, hasta los 5 años de edad, utilizándose en este último caso los procedimientos legales.

9.º Bajo ningún pretexto se consentirá la vida en común de las mujeres dedicadas a la prostitución en las casas que tengan locales destinados a este tráfico.

10. No se permitirá este tráfico a las menores de 25 años, sin el consentimiento expreso de sus representantes legales, exigiendo a éstos, en cada caso, las responsabilidades en que incurran, y siendo recluidas inmediatamente las menores de edad dedicadas a la prostitución, hasta que se adopte, respecto a ellas, resolución definitiva con arreglo a las leyes.

11. En ningún caso podrá efectuarse actos de tráfico o relacionados con él con escándalo, ofensa de la moral y buenas
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costumbres, perjuicio manifiesto de tercero o en establecimientos abiertos al público con otros fines.

12. Los reconocimientos de las mujeres dedicadas a la prostitución que el cuerpo de Médicos higienistas efectúe fuera de los dispensarios-consultas, serán retribuidos, haciéndose constar la retribución en el certificado que se expida e ingresándose las cantidades que por ello percibieren en las respectivas Cajas de las Juntas de Sanidad provinciales o municipales, para ser distribuidas entre los médicos de dicho Cuerpo afectos a las mismas. El reconocimiento en los lugares dedicados a la prostitución serán también retribuidos en igual forma; pero su producto ingresará en las Juntas de Sanidad para atender a los gastos de hospitalización de las enfermas pobres.

13. Como auxiliar del cuerpo facultativo y a sus órdenes cuanto afecte al cumplimiento de esta Real orden, tendrá atribuciones, la policía gubernativa, de la que se destinará un agente especial para este cometido por distrito de los que esté dividido el término municipal, cuyos agentes formarán en Madrid y Barcelona, cuerpo separado del general de Vigilancia y Seguridad.

14. Las faltas contra lo prescrito en las disposiciones anteriores, serán castigadas por los inspectores de Sanidad con multa no menor de 25 pesetas ni mayor de 500 por cada vez, y caso de insolencia se pondrá el hecho en conocimiento del Gobernador, que acordará la detención del insolvente en la forma establecida por las disposiciones vigentes.

15. Dentro del término de un mes se pondrá en vigor la correspondiente instrucción complementaria de la presente disposición fijando las plantillas del personal y condiciones que el mismo ha de reunir y los de los Dispensario-consultas, así como la tarifas del servicio retribuido y las prescripciones higiénicas y demás necesario para el mejor cumplimiento de la misma.

16. Las disposiciones anteriores no serán obstáculo para que continúen funcionando, como hasta aquí, las organizaciones especiales del servicio de que se trata que están autorizadas por excepción en algunas localidades.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. D. G. a V. S. muchos años, Madrid 28 septiembre de 1910. — MERINO.»

Por lo dicho en páginas anteriores, basta para formarnos concepto de esta Real orden, que modifica en poco los reglamentos anteriores. Como decimos anteriormente, con sólo una Real orden es imposible modificar la prostitución dada la manera de como está hoy día arraigada o mejor consolidada en una forma tal que si no se ataca en sus causas, no se modificará en lo más mínimo. En esta Real orden no corresponde el preámbulo al articulado.

Lo mejor de la misma es que prohíbe la inscripción de las mujeres en el gobierno civil ni en ningún registro; pero las
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establece ya con los certificados que expedirán los médicos; claro está que vale más que estén en manos de éstos que no de aquéllos. Restablece el cuerpo de médicos higienistas con el carácter de médicos de dispensario, que se han de crear por de pronto; el propio ex ministro de la Gobernación manifestó que no estaba incluida en el presupuesto la cantidad destinada a los mismos. El artículo 6.º no lo cumplirá ninguna prostituta enferma, pues ninguna de ellas querrá que le expidan un certificado de que está enferma, para no poderse dedicar al tráfico de la prostitución, y se irá a curar en cualquier otra parte que no sea los dispensarios; las que están saunas no hay necesidad de que cumplan el artículo 6.º. Los certificados pasarán de mano en mano, como pasaban las cartillas, pues en éstas ni siquiera había la fotografía; he aquí la inutilidad de expedir los certificados. En el artículo 7.º establece las casas de mancebía de hecho, suprimidas de derecho en el artículo 9.º Dice en el artículo 7.º «Los lugares que se verifiquen actos de prostitución ¿Cómo, cuándo, en qué horas? Esta sería una casa de rendez-vous, o de compromiso; pero ¿qué horas señala para los actos de prostitución? ni servirá de habitación a persona menor de 40 años; ésta sería la verdadera ama como hasta el presente continuarán encubiertas estas casas en la misma forma, prueba de ello es que aun existen, sino que serán desconocidas para la policía y el cuerpo médico y continuarán siendo conocidas por el público que concurre a las mismas; ojalá no fuera así, pues las casas públicas son la explotación más inicua que se hace de las pobres desgraciadas sumidas en estos lupanares, que vienen obligadas por las amas a cohabitar con los seres más abyectos de la sociedad, no teniendo ni siquiera la mitad ni la cuarta parte que los visitadores clientes pagan a las dueñas. Si ellas de por sí no se separasen no esperamos qué Real orden las haga separar; acaso sí tenga la utilidad de poder amparar a las que se deseen separar; pero dudo de ello. Los demás artículos no establecen nada nuevo; lo malo de ello es que es reglamentado.

Claro está que si pudiera suprimirse las mancebias sería una manera indirecta de perseguir la prostitución y beneficiaríamos las prostitutas en el sentido de su mejora económica y moral. Así es que hemos de reconocer, si no nos queremos volver críticones en vez de críticos, y combatir por sistema todo lo que hagan nuestros gobernantes, la buena intención o la oportunidad de un Congreso de trata de blancas.

Que esta Real orden suprime de derecho: 1.º La inscripción de las prostitutas por la policía. 2.º Supresión de las mancebias; 3.º la de la policía de Sanidad o de las costumbres aunque esto último es un gran adelanto por estar a las órdenes del cuerpo de Sanidad; un sólo policía por distrito que, por mucho que haga, no hará nada; esto será mucho mejor.

De todos modos es de desear que se cumpla esta Real orden en sus partes que no que continúe imperando el régimen de tolerancia que hoy día existe; de esta manera podrá verse lo