Gaceta médica catalana (1908-03-31 00:00:00), página 29

da, Loja, Alhama y Marbella, á un servidor suyo, Alonso Yáñez Fajardo, como recompensa de sus servicios en la guerra contra los moros. Además de los burdeles establecidos en dichas poblaciones, se le agregaron luego los de Vélez-Málaga, Almería, Almuñécar, Guadix, Baza y Granada, y recibió también autorización para fundar y explotar otros en diversos puntos del reino, sin que ninguna autoridad pudiera ponerle obstáculo al ejercicio de sus derechos. En Málaga los moros tuvieron mancebías ó casas de libertinaje en dos sitios diferentes: junto á la Alcaicería y frente á la Puerta de Antequera, y poco después de la reconquista las trasladó el citado Alonso Yáñez á la calle de las Doce Revueltas, en la cual se albergaban unas cien prostitutas.

Felipe II dió una pragmática, en 18 de febrero de 1575, para el buen gobierno de las mancebías, «mandando que á las mujeres que á ellas acudiesen se les diera botica, cama conveniente, buen alimento, prohibiendo que entrasen en dichas casas sin ser antes reconocidas por los facultativos, enterándose del buen estado de salud y principalmente si padeciesen bubas, siendo multado el facultativo que las admitiera en semejante estado». Al propio tiempo dicha pragmática, así como la promulgada por Felipe III en 3 de enero de 1611, iba encendizada á reprimir el excesivo lujo y los escándalos del libertinaje en las grandes villas.

La ley, impotente para reprimir dichos excesos, pasó de la severidad al rigor, y Felipe IV, el 10 de febrero de 1623, mandó no se tolerase ninguna casa pública donde las mujeres traficaran con sus cuerpos. Por inobediencia muchas mujeres fueron condenadas á galeras, pero no se extinguió el desorden público, acreciendo extraordinariamente la prostitución clandestina, por lo cual el devoto Carlos II el Hechizado se vió en la necesidad de tolerar de nuevo las mancebías.

Su sucesor Felipe V (siglo xviii) las volvió á prohibir, pero bajo el reinado de Fernando VI fueron nuevamente toleradas y sometidas á un régimen severo. En las postrimerías del siglo xviii, reconocida la ineffectiva de aquellas medidas de policía sanitaria contra la prostitución, ésta quedó abandonada á sí misma.

En el año 1822 las Cortes aprobaron un proyecto de salubridad pública, por el que se restablecieron los lenocinios, quedando la prostitución legalmente tolerada. Con motivo de la epidemia cólerica de 1865, el Ministerio de la Gobernación puso en vigor, en 5 noviembre de dicho año, un Reglamento que establece la Sección de Higiene especial en los Gobiernos civiles y regula una inspección médica de las rameras dos veces en semana.

En las leyes de la nación española no se ha establecido de derecho la prostitución, ni nuestro Código penal contiene artículo alguno dedicado particularmente á ese vicio social, aunque — claro es — no ha olvidado algunos relativos á los delitos contra el pudor y las buenas costumbres. Así es que las infelices notoriamente dedicadas al vicio no pueden regirse por las leyes generales, y están bajo la directa vigilancia de los gobernadores civiles, con arreglo á un reglamento aprobado por éstos y variable en cada provincia.

Las dueñas ó amas de lenocinios, las pupilas ó mujeres de burdel y las prostitutas libres, tienen que estar inscriptas en las secciones de Higiene especial de los Gobiernos civiles, en donde se les suministra una cartilla sanitaria, quedando sometidas á reconocimiento médico semanal ó bisemanal, á la hospitalización forzosa en caso de enfermedad venérea; y á la inspección de una policía especial. Para atender á los gastos de este servicio (1), que por regla general se halla muy descuidado en la parte sanitaria, todas tienen que contribuir con una cuota mensual, variable según la clase de inscripción.

Los fondos recaudados en este concepto y por multas, cartillas, ejemplares del reglamento, etc., suman cantidades de gran importancia en las grandes ciudades. Para los 520.000 habitantes de Madrid (censo de 1898), el año 1902 aparecían inscriptas en su sección de Higiene 1,500 mujeres; esto representa una prostituta por cada 346 habitantes, lo

(1) Excepto los gastos de hospitalización, costeados por las Diputaciones provinciales.