Gaceta médica catalana (1905-03-15 00:00:00), página 10

de toda suerte, ni los demás estigmas con que se marca la institución manicomial, digna de toda suerte de respetos y merecedora de la protección gubernativa.

«La observación sólo podrá ser consentida una vez» (art. 4.º), y el desgraciado que en España presente de nuevo síntomas de locura, hecho casi fatal en ciertas formas, lejos de ser sus procedentes y los documentos reunidos circunstancias que faciliten su ingreso, ha de ser objeto del «oportuno expediente judicial»; del inoportuno expediente, debiera decirse. Es decir, una repetición, una recaída, cuya gravedad, en todo caso, hasta el vulgo aprecia, se convierte para el loco en una adversidad imprevista: la ley le obliga á la formación de un expediente, nunca breve, antes de someterlo al tratamiento oportuno. Pero ¿es que se ha propuesto el legislador acabar con la posible curación de los orates, exigiendo al que sale victorioso, á pesar del Real decreto, una documentación penosa, de la cual es posible obtenga, con la declaración de locura, la incurabilidad de su dolencia? ¿Qué es esto?

¿Qué se ha pretendido hacer con esa llamada reclusión definitiva? ¿Es verdaderamente definitiva? A eso tiende el Real decreto.

Basta de perjuicios: uno solo, y son muchos, bastaría para calificar la obra gubernativa y para conceptuarla como nociva para el loco, su familia y el medio social en que evolucionan el enfermo y el precepto legal.

Es incompleto. Derivase por modo evidente de lo expuesto que este Real decretó, hecho, no lo pongo en duda, con la intención de proteger al loco, no lo protege, siendo, por tanto, deficiente. El loco es lo de menos: no se preocupa el legislador de que logre la curación ó se convierta en un incurable, colocado meses ó años en los últimos pel- daños de la degradación humana. El mismo procedimiento que con los criminales, con la irritante diferencia que éstos tienen pronto abierta la cárcel para ser admitidos y el loco llega tarde al manicomio: una vez dentro, el uno y el otro, lejos de ser corregidos, son empujados á la degeneración más acabada.

Esto en cuanto al conjunto. En los detalles se nota lamentables deficiencias.

No se marca plazo alguno para la presentación de documentos ni para la instrucción del «oportuno expediente judicial». No establece tarifa de honorarios para los que han de intervenir, y el hecho se puede prestar á abusos. No consigna que ciertos servicios deben ser gratuitos. No ampara siempre el Juez de instrucción al loco, y cuando interviene es la necesidad menos evidente. No determina taxativamente la forma de hacer la inspección ni toma garantía alguna para que esta inspección no sea una de tantas disposiciones, vivas en lo escrito, muertas en la práctica. No cuida de las quejas de los recluidos. No fija bien el concepto diferencial entre la retención indebida de un loco, hecha por la familia, por ejemplo, con fines tal vez pecaminosos, y la retención del que no es loco. No determina penalidad alguna para esa retención familiar, que ni siquiera se le ha ocurrido, obsesionado con la pretendida secuestación manicomial. No intenta prevenir los daños que surgen de la locura, que pueden ser muchos antes de la autoridad, que es el límite gubernativo.

Es usurpador. Pase la intervención del Subdelegado de Medicina, al fin médico, pero médico que no tiene derecho á fiscalizar los actos de los compañeros que certifiquen, derecho que no posee en ningún otro caso de la práctica médica. Pero lo que no debe tolerarse es esa atribución de funciones que se da al Alcalde para encerrar un loco en caso de urgencia, así como tampoco la precisión de su informe para