Gaceta médica catalana (1905-02-15 00:00:00), página 13

Dos palabras nada más, si estos datos no han de ser interminables, sobre otras varias naciones. Aceptan la resolución judicial, previa la petición de persona autorizada y de un certificado suscrito por dos médicos, algunos Estados de la República Norteamericana (1) y Holanda; no interviene la autoridad, como no sea en los casos de oficio, en Rumanía, cuyos preceptos son casi análogos á los de Francia, México (2), República Argentina (3), Guatemala y Chile; el procedimiento más sencillo es el que siguen Grecia y Costa Rica: basta con acreditar el padecimiento mental.

De lo expuesto se deduce que no reina armonía entre los varios Estados, y se deduce también el buen concepto en que se tiene á los médicos, cuyo fallo, sea emitido por uno sólo, lo sea por dos, causa efecto terapéutico y legal. Los más suspicaces en este terreno hacen intervenir la autoridad judicial, de cuyo hecho no sólo no protestamos, sino que la veríamos con gusto, especialmente si se abreviaran los trámites hasta reducirlos á horas, y si esto no era factible, había de aceptarse la reclusión provisional en tanto se instruye el expediente oportuno.

Hablemos de España. A muchos pueblos ha llevado sus leyes en otras materias, y las ideas consignadas en sus Códigos han inspirado los Códigos de otras naciones. Mas en el caso presente no merece el calificativo de mentora, ni son acreedoras las prescripciones legales españolas á que se las imite en modo alguno; antes bien, si nuestra historia es pobre, nuestro presente es malo; ¡qué malo! pésimo. Procuraré demostrar nuestra deficiencia, por no decir una palabra más expresiva y más dura.

Las Cortes extraordinarias de 1821 comenzaron tarde, sí, pero en suma comenzaron á abrir el nuevo camino. La Administración pública se preocupa, por vez primera, de los desventurados locos. Antes de esta fecha apenas si había algo que merezca la pena de ser recordado. La ley procesal, es cierto, hablaba ya de la incapacidad con motivo de locura, pero se encaminaba en otro sentido, el estrictamente jurídico, y sólo por incidencia mencionaba la reclusión, y no en verdad con fin médico.

Esas Cortes, en 27 de diciembre de 1821, acordaron una ley (llamada también decreto de las Cortes), que fué sancionada en 27 de enero y 6 de febrero del año siguiente. El art. 40 pone á los locos bajo la dirección y vigilancia de las Juntas municipales de Beneficencia (4); el artículo 107 ordena que los hospitales de locos estén siempre separados de los demás, y el 119, el mas capital para nuestro asunto, dice: «Habrá casas públicas destinadas á recoger y curar los locos de toda especie, las cuales podrán ser comunes á dos ó más provincias, según su población, distancias ó recursos y aún según el número ordinario de locos en ellas; todo á juicio del Gobierno». Los restantes, hasta el 126 inclusive, se refieren á la instalación, régimen interior, potestad de establecer manicomios particulares, admisión de enfermos, etc.; admisión, que como otras particularidades, había de ser objeto de un Reglamento especial, que todavía, á los ochenta años, no ha sido redactado como secuela de esta notable ley de Beneficencia española.

Esta ley, que pudo habernos conservado el enviable puesto que nos concediera la caridad con sus primitivos manicomios, y en la que hay consignados importantes y útiles preceptos aptos, de haberse cumplido,

(1) La última ley es la de Nueva York: fué promulgada en 1896 y revisada en 1898.
(2) La certificación debe ser suscrita por dos médicos.
(3) La certificación no debe darse de más de 48 horas. Si el ingreso es de oficio, basta el testimonio médico.
(4) Art. 40. Los objetos que han de estar bajo la dirección y vigilancia de las Juntas municipales de Beneficencia, son las Casas de maternidad, las de socorro, los hospitales de enfermos, convalecientes y locos, y la hospitalidad y socorros domiciliarios.