Gaceta médica catalana (1905-02-28 00:00:00), página 12

Parécesme que huelga toda esta última tramitación. La enfermedad, bien comprobada y diagnosticada, en el momento del ingreso, no ha menester nuevas comprobaciones, certificados y autos. Las familias pobres han de sufrir con este nuevo expediente y han de esquilmar sus escasos recursos, perdiendo tiempo, jornales, quizás viajando, etc., para llegar, en resumen, á que el Juez falle en asuntos que no entiende y en que ha de estar á lo que digan los médicos.

Bueno que intervenga en casos en que sea necesaria la determinación de responsabilidad ó de capacidad, en armonía con lo preceptuado en los Códigos correspondientes, mas no debe intervenir en que el padecimiento dure más ó menos, como no lo hace en los enfermos que residen en otros hospitales ó sanatorios, y cuya situación mental puede ser peor que la del mismo loco.

Su intervención no se ha de repugnar en caso alguno, pero ni debe abusarse de ella ni hacerla obligada sistemáticamente fuera de su esfera: el Juez castiga, pero no previene. Esta intervención, en tanto no haya delito ó se haya de esclarecer si existe, debe ser puramente gubernativa, policíaca. Así lo exige la naturaleza del hecho y así lo demanda, siquiera por caridad, la lentitud de los procedimientos judiciales, no comparigable en modo alguno con las perentorias y urgentes necesidades de un enfermo.

Otros aspectos del Real decreto comprobarían el defecto de que le acuso: es complicado. Con lo dicho hay de sobras para convencerse de la inutilidad y de lo contraproducente de esta complicación. Además de ser complicado, este carácter no lleva á parte buena y no debe ser aceptado.

En buena lógica el legislador, si pretende y quiere, cual es su misión, hacer el bien para todos, no debe de llenar de obstáculos el camino, antes bien debe amparar á todos en su derecho, y no hay derecho más indiscutible, más grande y más humano que el derecho que tiene el enfermo á recobrar su salud, á no ser perjudicado, cuando menos. El Real decreto bordea, si es que no cae dentro del campo, los crímenes de lesa humanidad, de humanidad enferma, de humanidad enferma de locura.

Para demostrar mi tesis he tomado el ejemplo más sencillo: ingreso de un pudiente en un manicomio particular. Espanta pensar en los numerosos casos en que se trata de pobres que solicitan el auxilio de la nación para que los acojá en los establecimientos de beneficencia generales, provinciales y municipales. Ya no son días, ni semanas de espera: son meses, años en ocasiones. La demencia ó la muerte, más compasivas que el Estado, zanján la cuestión por modo inapelable. Cuando la resolución burocrática llega, llega tarde, demasiado tarde. Callo las consideraciones de índole moral y social que se abocan á mis labios. Un solo concepto: la complicación de ese R. D. es, además, cruel.

Es erróneo. No repugnaría que las disposiciones legales se convirtieran en medios de enseñanza; pero si no pido que sean libros de texto cuando menos para el vulgo, no debe permitirse que se conviertan en fuente de errores para todos, peritos y profanos. El Real decreto es una de las malas fuentes.

Acoge la equivocada idea expresada con la palabra demente, repudiándola sinónima de loco: la demencia es, sin duda, una forma vesánica, pero es la etapa final de varias locuras, aquella etapa en que se perdió para siempre, sin remisión, la mente, demente, como se llama decapitado, al que perdió la cabeza por separación, hecho definitivo y sin componenda posible. En cambio, no todos los locos son dementes en el momento de ser examinados, y tal vez no lo sean nunca por años que vivan.