Gaceta médica catalana (1905-02-15 00:00:00), página 14

para mantenernos en la vanguardia, cayó en el olvido más completo, y no tuvo entonces ni ahora aplicación práctica (1). No gozó de más prestigio por haber sido restablecida en 1836. Nació muerta y fueron inútiles las tentativas hechas para resucitarla.

Se habló más tarde, en 1846, de fundar un establecimiento modelo, todavía no construido. Los que han sido llamados así, si de algo son modelo, lo son, sin duda de ningún género, de hechos no plausibles. Ni valen la pena de hacer su crítica.

Llegamos á 1849. La ley de 20 de junio es una ley fundamental en la organización de nuestra Beneficencia. En ella los establecimientos de beneficencia se dividen en públicos y particulares: los públicos son clasificados en generales, provinciales y municipales. Ni menciona siquiera los manicomios, pero la omisión queda subsanada tres años después en el Reglamento de 20 de junio de 1852, hecho para la ejecución de la ley. Según éste, el manicomio es un establecimiento público general (arts. 1.º y 2.º), entendiéndose por tales establecimientos «todos aquellos que exclusivamente se hallan destinados á satisfacer necesidades permanentes ó que reclaman una atención especial. A esta clase pertenecen los establecimientos de locos, sordo-mudos, ciegos, impedidos y decretípios» (art. 2.º). Determina que, por ahora, habrá seis casas de dementes (sic) (art. 5.º), pero se ha de fijar más tarde los puntos en que hayan de situarse, y que haya en ellos un departamento especial para pensionistas (art. 14).

Ha transcurrido más de medio siglo, y está por cumplir la ley cardinal de nuestra Beneficencia, como alguien la denominó.

Dejando aparte otros graves defectos, que no es pequeño el no haber sido cumplida en buena parte, ni trata de los manicomios privados, ni regula la existencia legal de los locos. Las casas de Maternidad, concediéndolas una preferencia que no es del caso discutir, merecen toda su atención y les dedica muchos artículos.

Los desgraciados locos siguen siendo preteridos por la Administración española. Se les ha puesto en el índice de los necesitados, pero de aquí no se pasa.

Sobre quien debe pagar las estancias en el hospital de dementes de Toledo (2); sobre la reunión de noticias para saber los manicomios existentes en cada provincia (3); sobre que se incluya en el presupuesto provincial el gasto que ocasionen los locos, aumentando los repartimientos que se haga á los pueblos (4); sobre el servicio de hospitalidad de los militares vesánicos (5); sobre que no se envíen locos desde las provincias al hospital general de la Corte, ó al especial de Santa Isabel de Leganés, porque no tiene cabida (6); sobre que el Erario satisfaga los gastos del traslado á los militares enfermos, cuya familia no pueda sufragarlos (7); sobre que las Diputaciones provinciales que carecen de manicomios, remitan los locos á los de Valladolid, Zaragoza, Valencia ó Toledo, ó bien instalen en los hospitales departamentos especiales (8); sobre revocación de un acuerdo de la Diputación provincial de Madrid, que quería excusarse de la admisión de locos en el hospital general (9); sobre que no sean conducidos los enfermos por la

(1) Véase la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo (11 de octubre de 1880). En uno de los contratos firmados se señala la siguiente cláusula: «...inútil negación».
(2) Real orden de 8 de mayo de 1816.
(3) Real orden de 2 de febrero y de 25 de marzo de 1816.
(4) Real orden de 1.º de abril de 1841.
(5) Real orden de 26 de febrero de 1821. Se prescribe en ella que el enfermo sea puesto en observación por seis meses en el hospital militar, cuyo tiempo pasado será declarado incurable.
(6) Real orden de 28 de enero de 1860.
(7) Real orden de 2 de octubre de 1865.
(8) Real orden de 27 de julio de 1870.
(9) Real orden de 23 de septiembre de 1871.