Gaceta médica catalana (1904-06-30 00:00:00), página 4

acción ejecutada y que consiste en la suspensión del cargo por tiempo de un mes y un día á cuatro años y represión pública. Disposición es esta cuya infracción se repite con frecuencia, sin que se aplique á ella la sanción penal del Código. Y es debido esto á que no hay interés en perseguir el delito de que tratamos, ó que no es fácil la prueba de su ejecución, ya que en la mayoría de los casos son sólo dos personas las que lo conocen, esto es: el que da el regalo y el que lo recibe, ó porque la misma repetición de casos hace que se estime como licita y admisible acción definida y penada en el Código.

Mas lo cierto es que la admisión por el funcionario de regalos que se le presenten en consideración á su oficio, determina un delito que no debe cometerse, y cuantos le cometan se exponen á ser castigados con penas que pueden hacerles desmerecer en el concepto público.

Tal como está redactado nuestro Código en lo relativo al delito de cohecho, es por demás difícil su averiguación y castigo.

Algunos tratadistas entienden que en esta clase de delitos debiera castigarse al sobornante cuando el sobornado no acepta la promesa ó dádiva, y sólo al sobornado cuando éste las acepta.

De ese modo sería más fácil el descubrimiento del delito y el consiguiente castigo del culpable.

Aun cuando el delito de cohecho suele ejecutarse interviniendo solamente el sobornante y el sobornado, á veces interviene un tercero autorizado por el sobornado, y en este caso alcanza también á aquél la responsabilidad criminal.

Mas si, como en ocasiones acontece, tal intermediario no recibe autorización del Médico ó perito, y por sí ofrece el servicio resultante del cohecho, recibiendo para sí la dádiva, entonces el delito imputable al supuesto intermediario será distinto del de cohecho.

Casos hemos visto en bastante número en que, individuos suponiéndose en relación con Médicos, han ofrecido que éstos prestarían ciertos informes mediante cantidades que recibirían aquéllos como intermediarios para entregarlas á dichos facultativos, agentes en absoluto á la acción criminal ejecutada; y en estos casos han sido condenados aquellos supuestos intermediarios como culpables del delito de estafa.

Si bien se estudia el caso, no es sólo el delito de estafa el perseguible, sino otro delito el que determina la falsa imputación al perito inocente del cohecho supuesto, y que debía castigarse porque también se comete realmente.

No tenemos noticia de que se haya castigado en ningún caso tal falsa imputación, pero entendemos que debiera serlo, para que así no quede impune el delito que determina, pues si el perito Médico es considerado como funcionario público por la ley, dada la naturaleza de las funciones que le encomienda cerca de los Tribunales, y el mismo Código penal en sus disposiciones agrava la responsabilidad del Médico cuando delinque en el ejercicio de aquéllas, la misma ley debe ampararle en el perfecto derecho que tiene á que su nombre se respete y no se mancille impunemente por el calumniador, que suponiendo imaginaria atribución de aquél, trata de estafar ó estafa á un tercero, ofreciendo lo que no está en su mano dar ni hacer, á cuyo calumniador debe serle impuesta la pena correspondiente al delito ejecutado. Es, pues, obvio que el facultativo ha de resistir en todas las ocasiones la aceptación de toda promesa ó dádiva por faltar á su deber, denunciando á cuantos se le acerquen haciéndole proposiciones deshonrosas encaminadas á la ejecución de un delito, á fin de que los Tribunales puedan imponer la pena á que se hayan hecho acreedores los culpables.

Y ya que tratamos del delito de falso testimonio mediante cohecho que pueden cometer los peritos con sus informes, no podemos resistir