Gaceta médica catalana (1904-04-15 00:00:00), página 3

pidiendo una certificación falsa, ya que incurren en responsabilidad, que es siempre de trascendencia no sólo por lo corporal de la pena y tener como conjunta otra pecuniaria, la multa, y además el pago de costas, sino por el descrédito en que caen á la vista de los demás compañeros y ante la pública opinión.

El artículo que comentamos ha sido parco en su texto. Su concordante en el Código de 1822 no sólo castigaba (1) á los facultativos que expedían aquella clase de certificaciones, sino que también imponía pena corporal y pecuniaria (2), aunque inferior en grado, á las correspondientes á aquéllos, á los que usaban á sabiendas de dichas certificaciones, y en casi igual sentido se expresa el Código penal francés (3).

Nosotros estamos más conformes con la disposición de la ley que extendía la responsabilidad penal así al médico que expide la certificación falsa como á la persona favorecida que la usa, tanto en el caso de que medien dádivas ó promesas, como en el de que ni unas ni otras existan, pues uno y otro, en nuestro sentir, deben caer bajo la acción de la justicia penal, si bien el médico en un grado superior, porque su intervención en el delito es más activa, más directa é inmediata y de carácter principal.

Más de un comentarista, al tratar del referido art. 323 del Código, ha hecho notar que es deficiente, por no comprender todos los casos que debiera, ya que se dan en ocasiones certificados falsos de buena salud, por facultativos, con determinados fines, ó de enfermedad ó lesión con finalidad distinta de la de eximirse de un servicio público, á la persona á favor de la que son dados ó expedidos.

Y en estos casos debiera ser también justiciable la expedición de dichos certificados por la falsedad que encierran, determinante siempre de una acción que debía estar penada por la ley.

Asimismo nuestro Código penal de 1870 no distingue casos, como lo hace el francés (4) y otros Códigos extranjeros, que agravan la penalidad del facultativo cuando percibe honorarios por la certificación falsa que expide, y esto con sobrado fundamento, por resultar su dolo en alto grado, tanto mayor, cuanto sea la cantidad exigida, como asilo tiene declarado lo Tribunal de casación francés, según si guarda ó no relación con el trabajo contenido en la certificación.

Integran, pues, en el delito que define y castiga el art. 323 del Código de que tratamos, la existencia de un médico ó un cirujano, esto es: persona que ostente el título académico correspondiente; de una certificación que se contraiga á enfermedad ó lesión de un tercero, y que este documento tenga por objeto eximirle de un servicio público, y cualquiera de estos tres requisitos que falte ya no resultará el delito referido; pue le determinar otro distinto, como el de intrusión, si el que se titula profesor no tiene este título, y otro diferente también si la certificación, aun no teniendo por finalidad eximir á una persona de un servicio público, cause perjuicio á un tercero.

Para que pueda estimarse falso el certificado á que se contrae el artículo 323 del Código mentado, no basta, según declaración del Tribunal Supremo (5), la simple congetura sujeta á error, y, por lo tanto, no susceptible de ser erigida en delito, sino que se precisa la justificación de que no existió la enfermedad de que se certifica por el facultativo.

(1) El Código de 1822 imponía al facultativo la pena de cuatro meses á dos años de presidio y multa de 10 á 40 ducados, y en el caso de que expidiera la certificación por soborno ó cohecho, lo declaraba privado de ejercer una reclusión de dos á seis años sin poder ejercer más su profesión (artículo 418 y 419).
(2) Por el art. 416 se imponía la pena de arresto de cuatro meses á un año á los sobornadores.
(3) Artículo 149.
(4) El Código penal francés en su art. 169 castiga al facultativo con la pena de prisión de dos á cinco años, y mediante dádivas ó promesas con la pena de extrañamiento.
(5) Sentencia de 25 de febrero de 1881.