Gaceta médica catalana (1900-07-15 00:00:00), página 18

competencia, extendió su vigilancia á las escuelas, cuarteles, fábricas, prisiones, industrias, epidemias y epizootias; autorizábase por esta ley un Reglamento, publicado por el Consejo de Estado en 13 de enero de 1885 y completado por un decreto del 26 de febrero siguiente, que creaba ante todo un Dispensario exclusivamente destinado á las mujeres sometidas á la policía por el hecho de prostitución reconocida ó presumida, sin que ningún término de la ley del 27 de octubre de 1884 designase la prostitución: todas las mujeres en casa ó espacéadas serán sometidas á una doble visita semanal obligatoria que debe efectuarse desde ahora en adelante en el local especial y no en las casas ó en el domicilio privado; una cuota de 2 francos era exigida por la visita; toda mujer enferma era detenida é internada en el hospital cantonal.

Por último, en 26 de septiembre de 1888, el Gran Consejo, á propuesta del Consejo de Estado, estableció una ley penal concerniente á los delitos y contravenciones á la moral pública, en virtud de la cual, toda provocación en un lugar público, todo escándalo de orden obsceno, eran castigados con detenciones de varios días á un mes y con una multa máxima de 50 francos. Todo dueño de casas de prostitución clandestina era castigado con una prisión máxima de 30 días y una multa máxima de 500 francos. Todo pro xeneta era privado de todos sus derechos políticos y parcialmente de los civiles (art. 12 del C. P.).

La existencia de las casas públicas se encontraba así confirmada una vez más, aunque en esta fecha el legislador ginebrino, en su comentario á la ley, añadió, á petición del Consejero de Estado Dunaut, que la ley del 26 de septiembre no daba, á pesar de su silencio, ninguna sanción legal al género de prostitución actualmente tolerado, y que bajo el régimen supresivo de la casa, este género de prostitución se convertiría en clandestino. Este lenguaje oficial no era inútil en presencia del movimiento de opinión provocado por este conjunto de medidas y avivado por sangrientos escándalos directamente nacidos de la preponderancia definitiva concedida á las casas.

A pesar de las reservas que esta declaración parecía sobreentender, el número de casas llegaba sólo en la ciudad de Ginebra á 19, y desde los primeros meses de 1888, el Consejo municipal de la misma, á propuesta de su Consejo administrativo, contrataba con un industrial especial un arrendamiento, por el cual alquilaba (al precio anual de 3,000 francos) un inmueble perteneciente al Municipio para ejercer el comercio ad hoc. Los dueños de casa, una vez en posesión del monopolio, no tuvieron traba alguna y sus varias exacciones se multiplicaban. En este mismo año, 1888, en el mes de junio, con algunos días de intervalo, dos desgraciadas internas se suicidaron, tirándose por la ventana para escapar á los más abominables tratamientos: niñas de 15 años, una francesita del departamento de la Mancha, entre otras, fracasada después de una serie de ventas franco-suizas, fueron secuestradas. Un publicista de buen corazón y de ánimo resuelto, Carlos Ochsenbein, abría una información privada sobre estos hechos, denunciando los resultados en una serie de folletos eloquentes y precisos. Al mismo tiempo que él, un grupo de hombres eminentes, legistas, médicos, publicistas, profesores de Universidades, mujeres de lo más selecto: Carlos Secrétan, correspondiente del Instituto de Francia; Luis Bridel, Profesor en la Universidad de Ginebra; H. Monod, Dr. Ladame, Ed. Fatio, E. Picot, A. Audeoud, E. Poulin, A. de Meuron, L. Wuarin, F. Naef, H. Rochrich, etc., y las señoritas E. de Morsin, H. de Gingins, M. Goegg, E. Audeoud-Monod, E. Capt. Golay, multiplicaban las sesiones públicas, las conferencias, y tomaban, por último, la iniciativa de una petición constitucional, que, en algunas semanas, reunió cerca de 22,000 firmas; con el Código penal en la mano, reclamaban el cierre de las casas.

Ante esta agitación, el Gobierno ginebrino debió conmoverse (junio-octubre de 1888). Este mismo año, fétil en acontecimientos, el Consejo de Estado nombró una Comisión de información de 45 miembros encargados de hacer un estudio completo de la reglamentación. Esta Comisión había sido imparcialmente compuesta por Dunaut, Director del Departamento de Justicia y Policía; sus miembros pertenecían por parte igual á los dos grupos antagonistas. El Consejo de Estado se comprometía á legislar sobre la demanda de los peticionarios cuando la Comisión diese una conclusión á sus trabajos.