Gaceta médica catalana (1901-04-30 00:00:00), página 8

No sabemos, sin embargo, hasta qué punto sería útil en España un inspector con tantas facultades, sobre todo si el cargo fuese lucrativo; porque si en Inglaterra se exige, y es una verdad, los títulos y experiencia necesarios para desempeñar el cargo, aquí, el especial mecanismo político á que estamos acostumbrados, requiere casi siempre para el aspirante, mejor que conocimientos, cierto grado de amistad y especial ascendiente con el Ministro del ramo. Mejor acertada nos parecería la institución de la Junta inspectoría de que habla el proyecto que nos ocupa, siempre que á estas atribuciones reuniera la facultad ejecutiva de sus acuerdos, con la sola obligación de elevarlos al Ministro para su aprobación. Mientras en España subsista este prurito de centralización, mientras los organismos especiales no tengan la independencia funcional necesaria al desenvolvimiento de sus iniciativas y al fin para que fueron creados, no habrá manera de corregir el raquitismo que nos aniquila.

Vienen luego los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 8.º (capítulo segundo), que se refieren al ingreso en el Asilo de los locos delincuentes; y aquí hay que ver de que manera se van amontonando dificultades, únicamente para cumplir con las formalidades del rutinario expediente, primero y más formidable obstáculo con que en nuestro país tropieza todo lo útil y necesario. Siempre que un penado (se refiere á los que están cumpliendo condena) diere muestras de enagenciación mental, el Director de la cárcel ó penitenciaria, asesorado por el médico del Establecimiento, lo pondrá en conocimiento del ministerio Fiscal, quien instruirá el oportuno expediente (mejor diría inoportuno), en el que deben informar por lo menos cuatro médicos, dos forenses y dos mentalistas, y lo remitirá al Tribunal sentenciador, quien á su vez dispondrá, bien la permanencia del penado en el establecimiento donde se halle, si en él hubiere local y medios adecuados para el tratamiento y la enfermedad fuese de naturaleza transitoria ó inofensiva, bien la traslación al manicomio judicial con carácter definitivo ó de mera observación. De modo que para llegar á la orden de mera observación de un presunto loco, es necesario pasar por una interminable serie de requisitos, algunos de ellos imposibles de comprobar, porque no hay nadie capaz de afirmar á priori si una enfermedad mental que se inicia, será de carácter transitorio ó inofensivo; y si á esto se añaden los inconvenientes que resultan de las eternas disidencias entre clásicos y antropólogos ¡qué calvario no se le espera al pobre loco antes no puedan prestársele los auxilios que su estado requiere!

Pero no se crea que una vez decretada la traslación del penado al manicomio, pueda cumplirse la orden. Falta todavía una rueda más en el burocrático procedimiento. «El Tribunal sentenciador, acordada la traslación del penado al manicomio judicial, enviará testimonio al Ministro de Gracia y Justicia, el cual ordenará la conducción del mismo en la forma que fuere procedente.» (Artículo 8.º)

La ley inglesa, por decreto de 14 agosto de 1884, establece cierta diferencia de procedimientos según que el preso vuelto vesánico esté ó no condenado á muerte. En este caso el Secretario de gobernación dispone el traslado del preso al manicomio judicial en vista del certificado de dos médicos llamados á dar dictamen por los miembros del Comité de visita de la cárcel. Si la sentencia es de muerte, el Secretario de gobernación reproduce la investigación nombrando dos ó más médicos para que examinen nuevamente al preso y formulen el correspondiente dictamen.

Nunca hemos creído que la sencillez en los procedimientos perjudique en nada el esclarecimiento de la verdad. Se dirá tal vez que la excesiva parquedad en los procedimientos podría pecar de imprudente,