Gaceta médica catalana (1901-04-30 00:00:00), página 6

sesiones celebradas en los días 14, 16, 17, 18 y 19 enero de 1889 y que fué redactado de conformidad con lo que el Senado acordó en 20 febrero siguiente».

Y á pesar de tanta luz, quedó el proyecto durmiendo el sueño de los justos hasta que fué desenterrado por el Sr. Capdepont en abril de 1894 y presentado nuevamente ante la Cámara de Senadores... y esto, es todo. El proyecto renovó su modorra que se prolongará probablemente hasta Dios sabe cuando. Y cuenta que se afirma en el repetido preámbulo, como uno de los capitales fundamentos que justifican la necesidad del manicomicio judicial, que «actualmente existen en las cárceles y en los presidios bastantes locos en anómala, perturbadora y poco caritativa situación, sin haber manera de recluirlos en un establecimiento acomodado á esas condiciones». No dijera más un encarnizado adversario del clasicismo histórico.

El proyecto, considerado en general, es tan deficiente, que no hay manera de hacer posible su realización, y así lo van demostrando los hechos. El artículo primero de su parte dispositiva dice que «para asegurar la acción tutelar, custodia y tratamiento que corresponden al Estado respecto de los que padeciendo de perturbación mental y habiendo infringido las leyes penales son objeto de la presente ley, se instituirán manicomios de seguridad y observación dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia». Pero aquí hemos de repetir la pregunta anteriormente formulada: ¿dónde, cuándo y quién es el encargado de instituirlos? Porque todos los demás artículos del proyecto se refieren ya á los locos delincuentes, como presuponiendo el asilo instituido. El artículo primero es el único que se dedica á la construcción de los asilos y aunque los coloca bajo la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia, no dice de donde han de salir los fondos á dicha construcción destinados, ni señala la entidad á quien debe encomendarse.

Siquiera las disposiciones de la ley inglesa sobre este punto hubiesen merecido la preferente atención de nuestros legisladores, ya que ésta parece haber sido el patrón en que se calcó la nuestra. El Real decreto de 1845 para la creación de un Asilo Central para locos delincuentes en Irlanda, ordena que los comisionados de obras públicas formen un sindicato «con el fin de comprar ó proveer, según después quedará expresado, edificios, terrenos, locales ó heredades que sean necesarios para el referido Asilo central» (párrafo I); y aun cuando estos comisionados tienen como superiores gerárquicos los comisionados del Tesoro de S. M. de quienes reciben los fondos necesarios y á quienes deben rendir cuentas de sus gestiones e inversión de las cantidades recibidas, gozan, no obstante, del carácter de personalidad jurídica, puesto que deben formar una corporación con el nombre de «Comisionados de Obras públicas de Irlanda» á quien está encomendada la construcción, mejoras, mantenimiento y mueblaje del Asilo, pueden nombrar cualquier arquitecto ó agrimensor para que dé dictamen sobre el coste de las obras y prepare los planos y detalles necesarios (párrafo V), y tienen, por fin, la facultad de citar y ser citados, entender en todos los pleitos que se promuevan dentro de sus atribuciones y defenderse y ser defendidos ante todos los Juzgados y ante todos los Tribunales (párrafos II y VII).

Estas disposiciones revelan el genio verdaderamente práctico de la raza anglo-sajona. Allí empieza por crearse una corporación con atribuciones propias y con entera independencia en su esfera de acción, sin que jamás pueda verse perturbado su funcionalismo por posibles contingencias de la política, y sólo sujeta á los comisionados del Tesoro de S. M. para la aprobación de sus resoluciones, es decir: con sólo los lazos indispensables para mantener el justo eslabonamiento entre