Gaceta médica catalana (1899-10-31 00:00:00), página 12

ciertas profesiones, poseen determinados conocimientos necesarios».
Y añade: «¿Es esto utópico? En todo caso, no por el sistema en sí mismo, puesto que con él medran otros países —Inglaterra, por ejemplo— sino por lo brusco de la transición. Pero, si no solución aplicable de momento, ha de ser, al menos, el ideal hacia el que deben dirigirse nuestros esfuerzos. El primer paso, el medio más ex- pedito de convertir las actuales fábricas de títulos en Escuelas de Medicina, sería decretar desde luego la Autonomía de las Universi- dades».

Y continúa diciendo:
«La autonomía de las Universidades no sería, sin embargo, medida suficiente para levantarnos de nuestra postración. El remedio sería lento y su eficacia insegura si no se acompañara de otros que hos- tigando el instinto de conservación de esos organismos, les obligara á ir adelante ó desaparecer, á adaptarse ó morir, y por modo alguno podemos fiar nuestra regeneración á suceso tan problemático. En todos los órdenes de la actividad humana es evidente el principio industrial de que la concurrencia es origen de perfección, corolario á su vez de aquel otro, darwiniano, de indudable verdad, de que si la lucha es causa de la desaparición de las especies débiles, conduce, en cambio, á la evolución progresiva de las más resistentes».

«Además, si es discutible para muchos el que el Estado tenga el deber de la Enseñanza, nadie sostiene que tenga el derecho de su mo- nopolio. Puede exigir, en todo caso, una determinada suma de co- nocimientos para dar el exact profesional; puede reservarse la cola- ción de grados (1), pero nada más. Es preciso y justo desestancar la Ciencia, es preciso establecer la Libertad de enseñanza».

Y explicando lo que debe entenderse por ella, añade que ..... «La libertad de enseñanza es, sencillamente, el derecho de todos á ense- ñar, ó mejor, el derecho de todos á aprender las materias que pue- den exigirse para reconocer la aptitud profesional, allí donde juzgue que le serán mejor enseñadas. Esta libertad existe en España sólo de palabra.

En efecto, las vigentes leyes de Instrucción pública hablan de alumnos libres, pero éstos resultan, prácticamente, más esclavos que el resto. Por incomprensible absurdo, ellos que no utilizan nada de la costosa organización oficial, vienen obligados á pagar más eleva- dos derechos que los alumnos universitarios. El Estado asoma la oreja en este convertir su célebre deber en contribución».

«Algo ha de costarle ser libre; pero lo que más que absurdo es iniciarlo, es que después de llamarle así, después de consignar su de- recho á emanciparse de la enseñanza oficial, se le obligue á venir á probar su suficiencia en cada asignatura ante un Jurado compuesto de catedráticos, ¿Quién, que conozca la manera, á veces inconsciente, con que todo profesor se encarna y aferra á sus doctrinas, á su me- todo y á sus ideas, creerá que pueda él ofrecer garantías de impar- cialidad para juzgar á un alumno que ha comenzado por pecar inten- tando escapar de su tutela? ¿Por qué llamarle libre si se le ha de someter al mismo método, al mismo programa, al mismo profesor, de los cuales quiso huir?»

(1) Este es, sin duda, el único punto que puede prestarse á controversia, en su principio y en sus detalles. Toda la dificultad reside en el doble objetivo que persiguen cuando se declara el es- tudio de una materia á ser adquirida gratuitamente y el derecho profesional. Respecto al primero, el Estado debe manifestarse completamente ajeno á respecto al segundo, tiene derecho á intervenir mientras no exista libertad de profesión. El disentimiento empieza cuando se trata de la forma de esta intervención en los países en que hay enseñanza del Estado, pues mientras unos pretenden que debe dársele en el cuerpo docente oficial, otros replican que esto equivale á des- truir el principio de la libertad de enseñanza, lo cual es evidente. Lo más equitativo parece que los alumnos todos sufran un Examen de Estado ante un Jurado completamente neutral.