Gaceta médica (Madrid) (1851-02-28 00:00:00), página 7

mentos heroicos sin receta; y dispuesta y llevada á efecto por la junta la instrucción de las diligencias comprobatorias, creyó por el resultado de ellas que el asunto era de la competencia de los juzgados, y las remitió al de primera instancia referido: que comenzado por este el proceso, acudió Mozos al expresado gobernador escindiendo á que reclamara el conocimiento del asunto, como así lo verificó después de haber pedido y recibido un informe del juez; mas persistiendo este en que el caso estaba comprendido en los artículos que expresó del Código penal, y en que por este se hallaba derogada toda disposición anterior en que el gobernador pudiese fundar su competencia, formalizó esta autoridad la de que se trataba.

Visto el art. 15 y los de su referencia, ley 8, título 13, libro 8.º de la Novísima Recopilación, que prohibe á los farmacéuticos despachar medicina alguna sin que les sea pedida por receta de médico ó de cirujano, según las facultades de estos profesores, y encarga á la junta superior gubernativa de farmacia, cuide de que así se ejecute y exija á los contraventores las multas penales que estén en condiciones de sufrir el castigo de éstas á las sanciones ficiales el conocimiento del asunto cuando tuviese noticia de que podía resultar o había resultado daño á la salud ó vida de alguna persona:

Visto el art. 3.º, capítulo 29 de la real cédula de 10 de diciembre de 1828 que, invocando y aplicando las disposiciones de leyes recopiladas, castiga el ejercicio sin el competente título de la profesión de médico-cirujano, médico y cirujano sangrador, con la multa de cincuenta ducados por la primera vez, doble por la segunda con destierro del pueblo de su residencia, de Madrid y siete días reales diez leguas en contorno, y doscientos ducados á la tercera, destinándolos á uno de los presidios de África ó de América, bastando para la imposición de estas penas que las justicias sean sabedores de semejantes sucesos, ya de oficio, ya a requerimiento de parte, sin sujetar la prueba á forma de juicio por ser comunmente las referidas infracciones de notoriedad pública.

Vista la orden del Regente del reino de 25 de agosto de 1812, que comete á los gobernadores y demás autoridades del mismo orden el cumplimiento de las disposiciones vigentes contra los intrusos en cualquiera de los tres ramos de la ciencia de curar, hasta donde alcancen sus atribuciones gubernativas, previniéndoles que en el caso de que las partes en que incurran las contravenciones de los términos de estas atribuciones, los entreguen á los tribunales ordinarios después de haber recibido la correspondiente indagación sumaria:

Vista la real orden de 23 de noviembre de 1845, que para evitar las competencias entre autoridades dependientes del ministerio de la Gobernación, á que daba margen la imposición de penas á los intrusos en las facultades de medicina y cirugía, dispuso que la aplicación de los castigos de que trata el art. 3.º, capítulo 29 de la real cédula de 10 de diciembre de 1828 correspondiese á la autoridad de los gobernadores hasta el límite que les señala el párrafo 3.º, artículo 3.º de la ley de 2 de abril de 1843, debiendo, con arreglo al párrafo 4.º, art. 4.º de la misma ley, pasar á los tribunales ordinarios el tanto de culpa que resulte contra los intrusos, cuando la pena haya de imponerseles esceda de dicho límite;

Vista la real orden de 17 de febrero de 1846, que dispone entre otras cosas que cuando la multa haya de imponerse á los intrusos en las facultades de medicina y cirugía, con arreglo á la real cédula de 10 de diciembre de 1828, deba escender de mil reales, se pase á los tribunales el tanto de culpa que resulte, no solamente para la imposición de la pena, sino también para la información del proceso:

Visto el art. 483, párrafo cuarto del Código penal, que impone de cinco á quince días de arresto ó una multa de cinco á quince duros al que ejerza sin título actos de una profesión que lo exija:

Visto el art. 496, párrafo 2.º del mismo Código, según los cuales el administrador debe deshacer medicamentos en virtud de recetas que no se hallen debidamente autorizadas, debe ser castigado con una multa de cinco á quince duros.

Visto el art. 505 del propio Código, que declara no hallarse excluidas ni limitadas por las disposiciones del libro de las faltas á que corresponden los dos artículos que se acaban de citar) las atribuciones que por las leyes de 8 de enero, 2 de abril de 1845, y cualesquiera otras especiales, competan á los agentes de la administración para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represión les esté encomendada por las mismas leyes:

Visto el art. 3.º, párrafo primero del real decreto de 4 de junio de 1847, que exceptúa de la prohibición de provocar competencia los gobernadores en las causas criminales todos los casos de delito o falta, cuyo castigo esté reservado por la ley á los funcionarios de la administración:

Visto el art. 24 del real decreto de 17 de marzo de 1817, según el cual los subdelegados de medicina y cirugía, y los de farmacia y veterinaria continúan en el ejercicio de las atribuciones que les están señaladas por reglamentos y reales órdenes, pero bajo la dependencia inmediata del gobernador político de los distritos de la capital de cada provincia y su partido, y del presidente de la respectiva junta subalterna los que residen en los demás partidos, entendiéndose directamente con estas autoridades en todos los casos:

Visto el art. 25 siguiente, que comete á los vocales facultativos de las juntas de partido los cargos respectivos de subdelegados de medicina y cirugía y de farmacia en el territorio de dicho partido:

Visto el art. 50 del reglamento mandado guardar interinamente por real orden de 26 de marzo referido, que concede á dichos vocales facultativos en el expresado carácter de subdelegados de medicina y farmacia, el derecho de reclamar del presidente, como autoridad superior civil, la represión y castigo de las infracciones de las leyes, reglamentos y disposiciones gubernativas acerca del ejercicio de la ciencia de curar ó de la venta de medicamentos, debiendo este obrar inmediatamente en uso de sus atribuciones, sin consultar á la junta cuando no lo creyere preciso, ya para resolver alguna duda, ó ya con cualquier otro objeto:

Visto el art. 51 siguiente, según el cual los mismos subdelegados pueden pedir á las juntas, en su carácter de vocales, que se examinen en los hechos acerca de las infracciones de que habla el artículo anterior, en cuyo caso la comisión nombrada para informar sobre las pruebas que ha de hacer cuantas investigaciones sean necesarias para dar toda la claridad posible al asunto, á fin de presentar á la junta en su informe una exposición razonada, y si se puede, documentos del hecho ó hechos que constituyan el fundamento de la queja del subdelegado; discutiendo la junta si se han tomado ó no por la comisión todos los medios de ilustrar los hechos, y en la afirmativa si este hecho ó hechos constituyen una infracción, dando en todo caso su parecer razonado, en vista del cual el presidente ha de cuidar en los casos de infracción manifiesta de que se ponga en ejecución lo prescripto por las leyes, ordenanzas, reglamentos ó disposiciones gubernativas vigentes sobre esta clase de infracciones:

Vista la disposición 6.ª de la real orden de 16 de abril de 1847, que encarga á los gobernadores, hoy gobernadores de provincia, prevengan á los subdelegados de medicina y cirugía y farmacia persigan sin contemplación y sin descanso á los intrusos, para cuyo efecto deben dichos gobernadores, como superiores de salud en la provincia y primera autoridad gubernativa de la misma, prestarles eficazmente y sin demora todos cuantos auxilios demanden y sean necesarios:

Consistente el 1.º que los hechos que puedan ser objeto de represión en el presente caso se reduzcan á haber ejecutado el ilícito actos de médico ó cirujano, y haber desempeñado con este motivo, y de consiguiente sin la autorización debida, sus medicamentos, acíos previstos en los artículos citados del Código penal 483, párrafo 4.º y 486, párrafo 6.º

2.º Que la represión de estos abusos está cometida á la administración por la ley recopilada y la real cédula que se han citado; y así ha venido entendiéndose y aplicándose respecto del caso de esta última, en virtud de la orden de 25 de agosto de 1842 y las reales orden de 23 de noviembre de 1843 y 17 de febrero de 1846 igualmente citadas.

3.º Que este conocimiento gubernativo se halla admitido y sancionado por el art. 505 del Código penal que se ha citado.

4.º Que por lo mismo el caso presente es el de excepción, de que habla el real decreto de 4 de junio de 1847 en el artículo y párrafo que se han citado; y la junta de sanitad del partido de Madrid, así como se ajustó en la formación de las diligencias á lo que previenen el real decreto de 17 y el reglamento de 26 de marzo de 1847 en los artículos que se han citado, no pudo remitir tales diligencias sino al gobierno de la provincia, ya porque así se deduce de la ley y de las disposiciones, como también porque á esa autoridad está encargada la adopción de los medios á que no alcance la junta para estas represiones, según la otra real orden también citada de 16 de abril de 1847:

Oído el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la administración.

Dado en Palacio á 29 de enero de 1851.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de la Gobernación del Reino.—Fermín Ariela.

CRONICA.

El 22 del actual se celebró con toda solemnidad la inauguración de la Academia del Cuerpo de Sanidad militar en el distrito de Madrid. Concurrieron las autoridades militares de la plaza, muchos de los más distinguidos generales, y honraron el acto el señor director general del Cuerpo D. Manuel Codorniú, el señor director honorario vicedirector D. Nicolás García Briz, comisiones de la Academia de Medicina de Madrid y de otras corporaciones científicas, y muchas más personas notables y facultativos de todas clases. Empezó la sesión leyendo el gefe del distrito señor D. Pedro Alonso Valencia un notable discurso, lleno de datos estadísticos sumamente interesantes, y que revelan un impropio y minucioso trabajo, y á continuación leyó otro el señor director general manifestando la importancia de las academias y haciendo una larga reseña de los servicios prestados á España en todas ocasiones por el Cuerpo de Sanidad militar. Este último discurso, aunque breve, como no podía menos de serlo, contenía observaciones muy oportunas y datos y advertencias que deberían aprovechar las au-