Gaceta médica (Madrid) (1849-02-28 00:00:00), página 8

años, ocho meses y tres días al tiempo de inscribirse: falleció el día 26 de diciembre de 1848.

La comisión provincial de Madrid publica este anuncio en cumplimiento de lo que se ordena en el artículo 179 de los estatutos, a fin de que si algún socio tuviese noticia contra los datos arriba expuestos por la reclamación, o contra el derecho que alega para el goce de la pensión, la comunique dentro del término de un mes desde la fecha de este anuncio al infrascrito secretario de la misma.—Madrid 16 de febrero de 1849.—El secretario, Máximo García López.

Condiciones á que quedan sujetos los socios que pasan al extranjero.

Circular.

En consecuencia de lo que previene el artículo 191 de los Estatutos, participó el socio número 4662 a la comisión provincial de Madrid, que por tiempo indeterminado pasaba á residir á Berlín, capital de Prusia, y considerando la central que esta circunstancia no es conforme con lo que se dice en el citado artículo, y que por consiguiente es un caso nuevo no previsto en los Estatutos, ni comprendido en las declaraciones hechas por la Junta de Apoderados en 23 de septiembre de 1842 respecto de los socios que viajan á Ultramar; acorde, en vista de lo expuesto por la Secretaría Coutaduría general, informado por la sección de gobierno que se remite en consulta el expediente á la misma Junta para que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129, se sirva resolver y declarar lo conveniente; á cuyo fin informó su Comisión de gobierno lo siguiente:

Esta Comisión ha examinado el expediente formado á consecuencia de un oficio del socio D. Santiago Palacios, en el cual anuncia su traslado de residencia á Berlín por tiempo indeterminado. Llegó pues el caso que indicó la Comisión dar su informe sobre el caso de socios que pasen á Ultramar, y preciso es tomar una determinación acerca de los que salgan del territorio español á los países que no están comprendidos en el acuerdo tomado entonces por la Junta. A primera vista, esta determinación parece muy sencilla; pues siendo absolutamente necesario residir dentro de nuestro territorio para cumplir con los deberes que imponen á los socios los Estatutos, hay muy poca duda que cuantos salgan de los dominios españoles se colocan en la imposibilidad de cumplir con estos deberes, y pierden, por lo tanto, el derecho ó derechos que les da el título de socio. Durísimo, sin embargo, sería el adoptar sin restricción alguna esta indisputable consecuencia, particularmente en la época actual, y más dura sería aún, si no se hiciese una muy notable distinción entre los que establecieren su residencia fuera del territorio español, y los que salieran de él temporalmente. Poca duda puede haber que los primeros privan voluntariamente á la Sociedad del derecho de hacerles desempeñar los cargos y demás deberes de socios, y colocándose de esta manera en la imposibilidad más absoluta de cumplir con las cargas, sería injusto á los demás socios y gravísimo á la Sociedad el que conservasen en tal situación el derecho á los beneficios.

No se hallan en el mismo caso los que salen temporalmente del territorio español, por razones tan obvias que no cree la Comisión necesario ni aun indicarlas; pero es indispensable, para evitar abusos de gran trascendencia, exigir de estos que den conocimiento de su ausencia cuando pase el tiempo que prudentemente puede calcularse ser preciso para un viaje científico, de negocios, de recreo, etc., y que necesiten una autorización para seguir siendo socios cuando se prolongue aquel tiempo más de lo regular. Fundada en estos principios la Comisión ha formulado las reglas que deben, en su dictamen, observarse en tales casos, dando un poder discrecional á la Central, absolutamente necesario tratándose de un asunto en que es posible sentar reglas generales que probablemente, cada caso de que se presenten ofrecerá diferentes circunstancias que los otros. Es pues, preciso ó adoptar con toda rigurosidad las consecuencias que acerca de los ausentes del reino se deducen directamente de los artículos de los Estatutos, lo cual, aunque en todos tiempos muy duro y en los actuales atrocesmente injusto, ó dejar á la central que examinando cada uno de los casos tome la determinación que aconsejen las circunstancias, debiendo, sin embargo, para conservar el espíritu de los Estatutos, necesitar la aprobación de la Junta de Apoderados cuando la resolución fuere negativa. De esta manera, en dictamen de la comisión, sin desatender los derechos sagrados de la Sociedad, se continúa mostrando la consideración que se ha llevado en ella siempre al extremo por los derechos y aun comodidad de los socios.

«Facil le será á la Junta conocer desde luego las razones de los pormenores que contienen las reglas propuestas por la comisión. En esta materia, mas que acaso en otra alguna, era preciso prevenir los abusos, y la comisión ha investigado cuidadosamente el modo de conseguirlo sin faltar á los principios generales arriba expuestos. La Junta decidirá si las precauciones que propone son bastantes, como ella cree, para lograr este objeto. En las sociedades de seguros y de la clase de la nuestra, que existen en las naciones extranjeras, los socios que salen del territorio nacional no pierden generalmente la cualidad de socios; pero quedan sujetos á condiciones onerosas, entre las cuales la principal es el aumento de cantidad en los pagos, tanto por razón del cambio que pueda haber en la probabilidad de vida, como por los abusos que puedan cometirse con facilidad en la verificación de los acontecimientos que ocurren á los socios, y otras causas. La comisión hubiera deseado introducir en su proyecto alguna regla á imitación de aquellas sociedades; pero la índole, y aun más, la organización de la nuestra, se resisten completamente á reglas de esta clase, que sólo producirían entre nosotros la especie de confusión que hace más fáciles de cometer los mismos abusos que se intenta remediar. Por esta razón y las anteriormente expuestas, la comisión se ha limitado á las determinaciones contenidas en el siguiente proyecto, que propone á la discusión de la Junta.

«Atendiendo á que los socios que salen á residir, ya sea temporal ó ya indeterminadamente, á puntos fuera de la península española, islas adyacentes ó posesiones españolas de África, se ponen en situación de no poder desempeñar los deberes que les imponen los Estatutos, y pierden por tanto los derechos de socio, según lo determinado en ellos mismos, y considerando la necesidad de evitar los abusos que se cometerían con facilidad si los socios pudieran gozar facultad amplia de residir por más ó menos tiempo fuera del territorio español sin conocimiento de la Sociedad, la Junta de Apoderados, en uso de la facultad que la concede el art. 129 de los Estatutos, ha acordado lo siguiente:

1.º Todo socio que resida más de cuatro meses fuera de los dominios españoles de Europa y África, perderá el derecho á la pensión, si no se pusiere en conocimiento de la Comisión Central, por medio de la Provincial á que pertenezca.

2.º Para residir seis meses fuera de los dominios españoles de Europa y África, no bastará ponerlo en conocimiento de la Comisión Central, pues será necesaria una autorización expresa de ésta, para poder prolongar la ausencia, sin perder los derechos de socio.

3.º La Central podrá conceder la autorización de que habla el artículo anterior, únicamente en el caso de que el socio no establezca su residencia fuera del territorio español, expresado en el mismo artículo. Cuando la ausencia sea temporal, aunque luese por tiempo inestimable, la Central podrá conceder la autorización por un tiempo que nunca pasará de seis meses; pero tendrá la facultad de renovar esta autorización siempre que lo crea justo.

4.º Los socios que hayan residido más de cuatro meses fuera de los dominios españoles, expresados en el art. 1.º, sin haberlo puesto en conocimiento de la Comisión Central, y los que hubieren residido más de seis meses fuera de los mismos dominios sin la autorización de que habla el art. 2.º quedarán suspensos de los derechos de socio, perdiendo todo derecho al goce de la pensión, desde el mismo día en que se cumplan respectivamente los cuatro ó seis meses, contados desde el de su salida del territorio español.

5.º Los socios que hubieren quedado suspendidos según lo dispuesto en el artículo anterior, podrán rehabilitarse siempre que se presentaren personalmente á la Comisión provincial á que pertenezcan dentro del término de tres meses, contados desde el día en que principió la suspensión, si siguiesen residiendo en los dominios españoles expresados en el art. 1.º, sujetándose á un reconocimiento facultativo, como lo ordene la Central en vista de la solicitud del Socio, informada por la provincial, entrando en el goce del derecho á la pensión, después que se le declare rehabilitado, y que haya pagado en la tesorería de la provincia, todos los dividendos con que hubiere debido contribuir á haber subsistido en España, y se cumplan seis meses desde el día y hora en que hizo dicho pago, conforme á lo dispuesto en el art. 67 de los Estatutos.

6.º Cuando la Central creyese no deber conceder la autorización de que se habla en el art. 2.º, ó la rehabilitación expresada en el 5.º, dara cuenta razonada á la Junta de Apoderados, la cual decidirá definitivamente si hay o no causa bastante para negar la autorización ó rehabilitación que se solicite.

7.º Pero si se pasaren los meses de ausencia y de término para la rehabilitación sin haberse presentado el socio á reclamarlo, será borrado de la lista de la Sociedad.

8.º Los socios ausentes, ya sea con conocimiento, ó ya con autorización de la Comisión Central, están sujetos, como los demás socios, á los pagos de dividendos del modo expresado en los Estatutos, quedando obligados á cumplir lo dispuesto en los mismos, acerca de los que no hubieren en el tiempo señalado sus respectivos pagos.

9.º Los socios que se hallaren accidentalmente fuera de los dominios españoles de Europa y África, tendrán seis meses de término para reclamar de la Central la autorización de que habla el art. 2.º, y pasado este término, que se contará desde el día en que se publique la presente determinación en el Boletín oficial de la Sociedad, será borrado de la lista de socios.

Este dictamen fue aprobado en todas sus partes por la junta de apoderados, y la Central ha acordado que, como en el se previene, se publique y circule para su puntual cumplimiento; todo lo que comunica á Vds. para su inteligencia y efectos expresados.

Dios guarde á Vds. muchos años. Madrid 7 de febrero de 1849.—José Ramón Villalba, Srto. general.—Sres. de la Comisión provincial de...