Gaceta médica (Madrid) (1848-03-10 00:00:00), página 6

ve, con la obligación de asistir á todos los vecinos sin distinción de pobres ni acomodados. Si los bienes de propios y los arbitrios sufragan el pago de la asignación, los vecinos no contribuyen particularmente; pero si aquellos no bastan ó se carece de ellos, se suple el déficit por un reparto vecinal que suele ser en granos, al cual quedan todos sujetos por iguales partes, lo mismo el rico que el pobre, sirviendo de ley el voto de la mayoría. De aquí resulta el inconveniente de hacerse repartos injustos y exacciones de que la Administración pública tiene conocimiento, puesto que no figuran en presupuestos ni cuentas, á pretexto de no pagar-se de los fondos del Común de aquél un foco ó manantial de quejas y reclamaciones; de aquí en fin disputas intrincadas, nacidas de la anomalía de unos contratos, que ni pueden llamarse privados ni públicos ó administrativos, y que frecuentemente ponen en conflicto á la autoridad que ha de resolverlas. Los facultativos, abusando de la superioridad de sus lucros, y buscando el desquite de estas quejas, imponen condiciones duras e inadmisibles, llegando á arrancar escrituras vitales á o largo tiempo, con las que se crean garantidos para descuidar el cumplimiento de sus deberes; contraíen obligaciones con mas pueblos de los que pueden asistir, y les imponen una verdadera carga, que procura perpetuar, buscando el apoyo de las personas poderosas y entrometiéndose en el gobierno de los pueblos.

Tal sistema es insostenible después de publicada la ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos. Por ella deben cesar esas juntas y concejos de los vecinos de un pueblo para negocios de interes común. Una vez hecha la elección de concejales, solo al alcalde y ayuntamiento compete obrar en el circulo de sus atribuciones, sin que estas se les coarten en manera alguna por los vecinos, a quienes sin embargo queda el derecho de reclamar á la autoridad superior contra los acuerdos en que se crean perjudicados.

Por otra parte, el servicio que prestan los facultativos, si bien puede considerarse privado respecto á los individuos, es en su esencia público, que interesa á toda la sociedad.

La autoridad administrativa tiene el deber de que la salud pública sea atendida, y que no haya un rincon de la provincia donde la humanidad doliente no halle el socorro de los facultativos. Esto no se conseguirá ciertamente, si de alguna manera no se obliga á los habitantes á contribuir para que los facultativos cumplan de los que tan dignamente se dedican á tan noble y útil profesión.

El Consejo de Castilla guiado de estos mismos principios consignó en los reglamentos de propios de algunos pueblos la cuota con que debían dotarse las plazas de médicos y cirujanos que asistiesen á todos los vecinos, incluso los pobres de solemnidad; pero como las visitas de los tiempos han disminuido considerablemente el patrimonio de los pueblos, son raros aquellos en que continúa su observancia, y la necesidad de apelar al medio supletorio de repartos vecinales ha dado ocasión á las diversas prácticas, viéndose á hacerse imposible la regular organización de este servicio, si por más tiempo continua la anarquía que los intereses y afeciones encontrados han introducido en los pueblos.

A fin pues de evitar los males que de aquí se originan, usando de las facultades que se me conceden por el párrafo 10 del art. 5º de la ley de 2 de abril de 1845, y de las que me competen como director superior del ramo de Sanidad en virtud de lo dispuesto por el art. 13 del real decreto de 23 de marzo último, oido el Consejo y Junta de Sanidad ordeno y mando:

Artículo 1.º En los pueblos donde existan facultativos titulares, competentemente dotados de fondos del comun, por sola la asistencia de los pobres de solemnidad, se observará estrictamente lo previsto por real orden de 21 de marzo de 1946, y en su consecuencia no podrá obligarse á los vecinos acomodados á contratarse con aquellos, quedando en completa libertad de hacerlo con los que tueren de su agrado y merezcan su confianza.

Art. 2.º En los demás pueblos, donde por necesidad y por costumbre la dotación de los facultativos se satisfaga en común, ya provenía del fondo de propios y arbitrios, ya en su defecto de repartos vecinales de cualquiera especie, en metálico y en frutos, por la asistencia á todos los vecinos, sin distinción de pobres ni acomodados, continuará en observancia la indicada costumbre, pero sujetándose á las reglas que se establecen por los siguientes artículos.

Art. 3.º Conforme á lo dispuesto por el párrafo 2.º del art. 79 de la ley municipal, la provisión de estas plazas en uno y otro caso se hará por los ayuntamientos, asociados de igual número de mayores contribuyentes, cesando toda intervención directa de los demas vecinos.

Art. 4.º Las vacantes se pondrán en conocimiento de la Junta provincial de Sanidad, acompañando nota de la dotación señalada al facultativo; y se publicará en la Gaceta del gobierno y Boletín oficial de la provincia, para que por término de un mes ó más si fuere necesario, puedan concursar aspirantes, conforme á lo previsto por real orden de 8 de agosto de 1832.

Art. 5.º Las solicitudes se dirigirán á la misma Junta, y esta señalará el día en que debe verificarse la oposición, que tendrá lugar en la forma prevista en el art. 18 de la real cédula de 15 de enero de 1831.

Art. 6.º Publicada la oposición, la Junta hará la conveniente propuesta de los sujetos que hubiesen obtenido mejor censura, y la remitirá al ayuntamiento para que elija al que fuere de su agrado, dando cuenta á este gobierno político, y espidiendo al agradado el nombramiento ó título, en virtud del cual el elegido no podrá ser destituido de su cargo sin motivo suficiente y justificado, conforme á lo dispuesto por la real cédula citada

Art. 7.º Sin embargo, cuando al facultativo convenga trasladarse á otro punto ó dejar la plaza que desempeñé, avisará al ayuntamiento con dos meses de anticipación, para que pueda proveerse de otro.

Art. 8.º Como para conseguir el objeto de conciliar la economía de los vecinos con la decorosa subsistencia de los facultativos, sea de todo punto necesaria la asociación de dos ó más pueblos que separados no podrían sobrellevar esta carga, la provincia se dividirá en distritos ó partidos médicos que consten de 300 á 600 vecinos en esta forma: serán de entrada los que tengan de 300 á 400 vecinos; de ascenso los que consten de 400 á 500, y de término los que lleguen á 600.

Art. 9.º En cada uno de estos distritos habrá un médico, el cual residirá en el pueblo que como más centro se designe por cabeza; sin que pueda exceder de legua y media la distancia que haya al último de los agregados. La elección en este caso se hará por el ayuntamiento de la cabecera y un individuo de cada uno de dichos pueblos.

Art. 10. Estos mismos distritos se subdividirán en secciones ó partidos de cirugía, constando los de entrada de 100, 150 vecinos; los de ascenso de 150 á 200, y los de término de 200 á 250. En cada uno de ellos habrá un cirujano, a no ser que el médico reúna también esta profesión, en cuyo caso tendrá lugar lo dispuesto por el artículo 12 del capítulo 18 de la real cédula de 15 de enero de 1834

Art. 11. Para cada distrito médico habrá una botica si fuese posible; y cuando no, se procurará colocarlas de manera que cada una pueda servir á dos ó mas distritos.

Art. 12. La dotación de médico no podrá bajar de 6,000 rs. anuales en los distritos menores ó de entrada; 8,000 en los de ascenso, y 9,000 en los de término; y será satisfecha por todos los pueblos del distrito en proporción á su vecindario; pero el pueblo cabecera pagará una cuarta parte más que los otros, respectivamente en razón á la mas pronta y esmerada asistencia de que disfruta.

Art. 13. La dotación del cirujano no podrá bajar de 3,000, 3,500 y 4,000 rs. respectivamente, y será satisfecha por todos los pueblos de la sección, bajo las mismas condiciones.

Art. 14. La de los farmacéuticos se arreglará según la estension del servicio que presten, conforme á lo que establece el art. 10; pero donde aquel se estienda á un solo distrito no podrá bajar de igual cantidad á la señalada al médico, entendiéndose que en este servicio no se comprende el de la veterinaria. Sin embargo, cuando un distrito ó partido pretenda que forme parte del contrato la asistencia á la veterinaria, se aumentará una quinta parte ó sea un 20 por 100 á la dotación señalada por la medicina racional.

Art. 15. Estas dotaciones se consideran gasto preciso y obligatorio, y como tal figurará en los presupuestos y cuentas municipales, pagándose con todas las otras obligaciones de los fondos del comun, y en su defecto por reparto de supletorio, según se dispone por el art. 101 de la ley municipal.

Art. 16. Las indicadas dotaciones serán satisfechas á los interesados por trimestres vencidos sin dar lugar á reclamaciones.

Art. 17. Cuando en algún distrito, mediante la conformidad del facultativo y aprobación de este gobierno político, se acuerde que el pago se verifique en frutos al tiempo de la recolección, la dotación del facultativo se aumentará un 10 por 100, como indemnización de los perjuicios que por ello se le hagan.