La Correspondencia médica de Filipinas (1894-01-01 00:00:00), página 3

Jefes de provincia no pondrán obstáculo alguno al cumplimiento de lo interesado por el Juez, con excepción de los casos de epidemia u otro análogo de carácter general, observando lo prevenido en la Real orden de 20 de Marzo de 1892.

Art. 19. En los casos de ausencia o enfermedad de los forenses, el Subdelegado de Sanidad designará á la Autoridad los Profesores Médicos que puedan sustituirles.

Art. 20. El Médico forense está obligado a practicar todo acto ó diligencia propios de su profesión, con el celo, esmero y prontitud que exija la naturaleza del caso y requiera la administración de justicia.

Art. 21. Cuando en algún caso, además de la intervención del Médico forense, el Juez estime necesaria la cooperación de uno ó más Facultativos, hará el oportuno nombramiento entre los Profesores Médicos que ejerzan en la localidad. Lo establecido en este artículo tendrá también lugar en caso grave en que el Médico forense crea necesaria la cooperación, y el Juez lo estime oportuno.

Art. 22. El médico titular, en sus funciones de forense, saldrá de la cabecera ó pueblo en que resida cuando sean necesarios sus servicios ó se constituya en cualquier pueblo la Autoridad judicial ó provincial, ó el Juez así lo disponga, según se previene en el art. 18.

Art. 23. Siempre que sea compatible con la buena administración de justicia, el juez podrá conceder prudencialmente un término al Médico forense para que preste sus declaraciones, evague los informes y consultas y redacte otros documentos que sean necesarios, permitiéndole asimismo designar las horas que tenga por más oportunas para practicar las autopsias y exhumaciones.

Art. 24. En los casos de envenenamientos, heridas u otra lesión cualquiera, quedará el Médico forense encargado de la asistencia facultativa del paciente, siempre que sea en la capital, á no ser que éste ó su familia prefiera la de uno ó más Profesores de su elección, en cuyo caso conservará aquél la inspección y vigilancia que le incumbe para llenar el correspondiente servicio médico forense.

Art. 25. Si el paciente ó su familia hiciesen la elección del Profesor ó Profesores de que habla el artículo anterior y el Médico forense no estuviese conforme con el tratamiento ó plan curativo empleado, se reunirán para ponerse de acuerdo, y si no lo consiguiesen, dará parte de todo al Juez de primera instancia respectivo á los efectos que en justicia procedan. El Juez, cuando tal discordia resultase, designará mayor número de Profesores para que manifiesten su parecer, y consignados todos los datos necesarios, se tendrán presentes para cuando en su día haya de fallarse la causa.

Art. 26. Las disposiciones de los dos artículos anteriores son aplicables cuando el paciente se halle ó ingrese en la cárcel, hospital u otro establecimiento y sea asistido por los Facultativos del mismo.

Art. 27. En los demás pueblos que no sean la capital, los Facultativos residentes en ellos estarán obligados á prestar los servicios pro-

pios del Médico forense hasta tanto que éste intervenga, en consonancia con lo dispuesto en los arts. 22, 43 y 44 del Reglamento de Medicina y Cirugía de 3 de Enero de 1844, vigente en el Archipiélago.

Art. 28. En los juicios verbales sobre faltas y en los hechos que el Código penal califica de tales, en que sea necesaria la intervención facultativa, prestará el servicio oportuno en la capital el Médico forense. En los demás pueblos de la provincia se valdrán los Jueces de paz de los Facultativos en ellos establecidos ó de los que hagan sus veces.

Art. 29. Cuando haya sospechas de envenenamiento y en los demás casos en que sea necesario el auxilio de un perito químico, podrá el Juez recurrir á uno ó más Doctores ó Licenciados en Farmacia que tengan establecido laboratorio ó cuenten con los medios suficientes y propios para practicar el correspondiente análisis. El Médico forense, asista ó no al acto, suministrará al Farmacéutico encargado del análisis los datos ó noticias que crea necesarios ó convenientes para llevarlo á cabo.

Art. 30. Si en la localidad no pudiera practicarse aquella operación, por falta de Profesores competentes, ó medios con que efectuarla, ó por cualquiera otro motivo, se verificará en el punto más inmediato que sea posible. En todo caso expresarán los Profesores el procedimiento empleado en el análisis.

Art. 31. Para que tenga efecto lo dispuesto en el artículo anterior, las sustancias ó objetos que hayan de analizarse, serán convenientemente recogidas y colocadas por el médico forense, para que, precintadas y selladas por el juzgado, puedan ser remitidas á su destino.

Art. 32. Los médicos forenses y demás profesores que prestan sus servicios con el carácter de auxiliares de la administración de justicia, anotarán al pie de las diligencias ó escritos correspondientes los derechos que cada uno devengue, los que percibirán siempre con arreglo al adjunto arancel.

Art. 33. Los derechos que se devenguen en el caso establecido por el art. 28 serán la mitad de los señalados en el arancel al respecto servicio.

Art. 34. Con arreglo á lo que prescribe el art. 9.º de la ley orgánica de Sanidad vigente, y en analogía con lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento de médicos forenses de la Península, de 13 de mayo de 1862, los Profesores encargados del servicio médico legal percibirán siempre los derechos que por las leyes arancelarias se les señalan, así como los gastos de drogas, reactivos y aparatos que necesiten y viajes que se les ordene, pues si la parte condenada al pago fuera insolvente, se satisfarán por el Estado con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto de Gracia y Justicia. Esto mismo tendrá lugar cuando las costas y gastos se declaren de oficio.

Art. 35. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan al cumplimiento del presente reglamento.

Madrid 7 de Agosto de 1894.—Aprobado por S. M.—Becerra.