Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-04-25 00:00:00), página 13

que el gobierno al cual se une ese nuevo pedazo de tierra, queda responsable de su cumplimiento.

Ahora, con respecto a los bienes de uso público, hay que hacer un distingo. Si esos bienes nacionales fuesen construidos en beneficio de todo el país, como penitenciarias, manicomios, etc., entonces es necesario dar al Estado que se priva de ellos una indemnización, relacionada con la pérdida que sufre. Si son bienes de exclusivo uso del territorio desmembrado, sigue adherido á él, por ejemplo: Iglesias, Asilos, etc.

Los bienes comunes se podrán dividir, según Bluntschli, en proporción al número de habitantes, y según Fiore como la denda pública.

Si en lugar de ser anexiones son desmembraciones las que se efectúan, para el pueblo recién nacido, no tienen influencia ninguna los tratados antiguos. ¿Qué obligaciones nos hemos impuesto nosotros, por ejemplo, para cumplir las cláusulas de los tratados celebrados entre España y otras potencias europeas? Ninguna. Hemos roto, con los lazos que á ella nos unía, por la independencia, y son nulos con respecto á nosotros los convenios celebrados por una potencia á la cual ya no pertenecemos.

Pero si una nación se divide en varias independientes, todas ó alguna debe cumplir los compromisos contraídos. Desde que la división se ha realizado, dice Calvo, el Estado cesa de ser lo que era antes; su soberanía se ha fraccionado como su individualidad y su carácter; en otros términos, el centro común que le servía de órgano y de representante exterior ya no existe. La consecuencia lógica de estos principios que han recibido la consagración del derecho convencional y de un gran número de sentencias judiciales, es que las obligaciones que pesaban sobre el antiguo Estado se transfieren, á menos de estipulaciones contrarias, á los Estados nuevos. Según Kant, cuando un Estado se divide en dos, sin establecer por disposiciones especiales el reparto de sus obligaciones, la carga se debe soportar por partes iguales.

Sin embargo, Bluntschli, Fiore, Hallerck y el mismo Calvo, sostienen que si la división es de tal naturaleza que ninguno de los nuevos Estados pueda considerarse como continuación del anterior, es de estricta justicia que no cargen con gravámenes ni beneficios nacidos de un contrato celebrado por un Estado que murió sin sucesión.

Es evidente que un Estado al cual se haya unido un trozo de otro, modifica sus fronteras, extendiéndolas, hasta los límites del nuevo territorio. En este caso, me parece que se deberían ratificar los límites, porque, como dice Fiore, nunca deberán considerarse excesivas la exactitud, precisión y claridad en esta clase de operaciones.

DE LA IDENTIDAD DE LAS NACIONALIDADES

Las ideas modernas han hecho prevalecer como el ideal de los pueblos la democracia.

Pero esos mismos pueblos, sintiéndose impotentes para dictar leyes á las cuales se someterían á iniciar tratados con naciones extranjeras, se han visto en la necesidad de delegar esas funciones en individuos aptos, investidos de poderes suficientes, para llevar á la práctica aquellas y éstos. Ahora bien, esos ciudadanos no son propietarios de aquellos intereses, sino delegados, y por lo tanto pueden cumplir tratados con naciones extrañas, gravando ó favoreciendo al país que dirigen.

Los gobernantes que se suceden en el gobierno de la cosa pública, aun cuando las cláusulas de los tratados sean verdaderos gravámenes para la nación como el obligado es el Estado, heredan los compromisos contraídos por sus antecesores. Es perfectamente lógico, que podrán proponer, modificar las cláusulas ó rescindirlas, con los gobiernos que son parte en estos tratados; pero declararlas nulas es imposible.

Y si esto no fuera así, ¿qué gobierno se atrevería á stipular tratados, especialmente en nuestras repúblicas, si los mismos hombres que los iniciaron tuvieran que cumplirlos?

La personalidad continúa idéntica, aun cuando se sucedan los gobernantes, tanto si una monarquía se convierte en republica, como si á un reino se le da distinta organización. Cuando estalló en Francia la lucha tombe que por algunos llamada gran Revolución, surgió infinito cambio, y á pesar de eso continuó siendo idéntica.

La solidaridad de los gobiernos, como lo muestra la historia, es un principio universalmente aceptado. La República Francesa respetó las convenciones de Napoleón III; y los Borbones y los Estuardos consideraron válidos los tratados concluidos por Cromwell, y aun cuando los gobiernos no sean constitucionales, los que los suceden son responsables.

En los tratados de paz de 1814 y 15 las potencias aliadas aplicaron este principio contra Francia. Lo mismo sucedió en las negociaciones entre los Estados Unidos norteamericanos, Francia, Holanda y el reino de Nápoles, con motivo de las presas y confiscaciones hechas á consecuencia de los decretos dados por Napoleón I en Berlín y Milán. La responsabilidad del gobierno por estas presas y confiscaciones ha sido terminantemente reconocida en el tratado entre Francia y los Estados Unidos de 1831 y por el gobierno tradicional del antiguo reino de Nápoles, con motivo de las confiscaciones de bienes que había decretado el gobierno de Murat.

Si esto sucede en gobiernos inconstitucionales, no pasa lo mismo con los revolucionarios que no han llegado á tener una existencia real. En confirmación de lo dicho, puede citar el empréstito levantado por el príncipe D. Miguel de Portugal. D. Pedro I, emperador del Brasil y al mismo tiempo heredero de la corona de Portugal, renunció en 1826 sus derechos sobre este reino, en favor de dona María, su hija mayor, nombrando regente á su hermano D. Miguel, que juró fidelidad á la Constitución y á la reina. Pero, viéndolo la fe jurada, el infante derrocó, poco tiempo después, á la soberana, obligándola á refugiarse en Francia e Inglaterra, con lo que mereció protestas de la mayor parte de los ministros extranjeros residentes en Lisboa, sacando los escudos del frente de sus legaciones y exigiendo sus pasaportes.

D. Pedro, al pretender socorrer á su hija, dio comienzo á una guerra civil. Para sostenerla D. Miguel levantó un empréstito, pero D. Pedro, desde las Azores, advirtió al mundo que la corona de Portugal no reconocería deuda alguna, contraída por el usurpador.

La guerra concluyó con la toma de Lisboa por las fuerzas de doña María, que fundándose en las declaraciones de su padre se negó á reconocer á los acreedores del empréstito.

Esta conducta ha merecido la aprobación de Calvo y Jacquemin; y Odilon Barrot dice: después de la lucha entre dos gobiernos, obligar al vencedor á reconocer los empréstitos levantados por su adversario, para satisfacer los gastos de la lucha y asegurarse la victoria, sería introducir en el derecho de gentes un principio que ninguna autoridad ha consagrado.

Se comprende que esto no puede extenderse hasta los impuestos que el gobierno revolucionario haya cobrado á los habitantes de una región determinada, porque la ocupación de ciertos derechos de soberanía que no puede desconocer el gobierno no que alcance á sofocar la revolución; y si pretendiera volver á hacer efectivas las contribuciones percibidas por el revolucionario, cometería una iniquidad contra hombres que no tienen fuerzas suficientes para negarse á entregar esas cuotas.

RAFAEL GALLINAL.

(Concluirá).

La propiedad territorial en el Derecho Internacional

(Conferencia leída por su autor en el aula de Derecho Internacional Público de la Universidad).

(Continuación)

La soberanía de un Estado ejerce sobre los individuos una autoridad limitada, como lo hemos indicado en el curso de nuestro trabajo; ella somete á las leyes de policía á todos los que habitan su territorio, pero no alcanza su autoridad hasta poder disponer de sus personas como de cosas. Luego jamás podrá ser materia de un tratado el destino de los habitantes de un territorio cedido.

La subsistencia de prácticas bárbaras ha podido legitimar la imposición de abandonar su nacionalidad á poblaciones vincadas, de hacerlas extranjeras contra su voluntad y sus sentimientos. El Estado vencido debe ceder sus derechos á la soberanía sobre aquel territorio, hacer renuncia de sus derechos de dominio y jurisdicción, concretarse á lo que la ley lo autoriza, y nada más.

Es en estos casos que el Derecho de gentes aconseja y las naciones en general han aceptado la inserción en los tratados de ce-