Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-02-10 00:00:00), página 12

tis communione societatis». Y en Vattel: «Las naciones ó Estados son cuerpos políticos ó sociedades de hombres que procuran su bienestar y ventaja común reuniendo sus fuerzas».

Estas dos definiciones, que se pueden reducir á una sola, porque la segunda es como la traducción de la primera; parecen falsas. Wheaton la critica con perfecta razón, argumentando que si la nación no es más que la asociación de individuos que se han reunido para su común ventaja y prosperidad, la de negociantes ingleses que se constituyó con aprobación de la Corona para comerciar con la India, todas las modernas constituciones con aquel fin, las tribus que se entregan al pillaje, y la de los ladrones y piratas, tendrían que respetarse como naciones, lo que es un absurdo.

Me parece que la verdadera definición se encuentra en Fiore, quien dice: «Definir las personas legítimas y jurídicas de la sociedad internacional: Toda asociación libre de cierto número de gentes congregadas en vida común por propia voluntad, expresa o tácita, en un territorio habitado por ellas permanentemente, las cuales manifiesten el constante y sincero deseo de su unión social por la comunidad de costumbres, de instituciones, de cultura, y con un gobierno autónomo, apto para mantener el orden interior y las relaciones exteriores con los demás gobiernos.»

Siendo, como es, una de las más nobles prerrogativas del hombre la libertad, esta libertad debe manifestarse en una asociación de individuos que se proponen llevar vida común en un mismo territorio, sujetándose á un mismo gobierno, y sin ella no podrán manifestar el deseo de permanecer en una unión social.

En cuanto al número de personas necesario para constituir una persona jurídica, no se puede señalar. Persona jurídica es nuestra República con sus 800,000 habitantes y también lo es el Brasil con sus millones; pero el número debe hallarse en relación con el gobierno autónomo que forme, el cual debe ser apto para mantener el orden interior y las relaciones exteriores con los demás Estados.

Ese número de individuos manifiestan el deseo de su unión social por la comunidad de costumbres, es decir, por el conjunto de buenas ó malas cualidades, inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de un hombre ó de un pueblo. La costumbre procede de la autonomía, en cuya virtud los Estados, corporaciones y hombres libres encuentran en sus relaciones habituales las mismas reglas de conducta, reglas que formulan después por medio de estatutos obligatorios.

Estos son los caracteres indispensables que se le exigen á una agrupación política para constituir un Estado, y una vez adquiridos, es persona jurídica, es decir, tiene los derechos de autonomía, independencia, conservación, libre desenvolvimiento, igualdad, dominio y jurisdicción. De estos derechos fundamentales son manifestaciones especiales los derechos de regular con tratados el mutuo comercio de los pueblos, el de hacerse respetar por medio de agentes diplomáticos y el de proteger á sus propios ciudadanos en el exterior.

Los pueblos orientales sufren una limitación en su soberanía, á causa de que los cónsules extranjeros en muchos casos se han convertido en jueces, dirimiendo las contiendas que se suscitan entre los ciudadanos del país cuya representación invisten.

La práctica europea respecto de esos pueblos es reclamar concesiones, concesiones que han conseguido argumentando para sostener esa intervención que ellos hacían las veces de tutores y que los europeos que llegaban á esos pueblos necesitaban su protección. De esa manera recuerdan derechos, dictaron leyes e hicieron obligatorios los tratados celebrados en su nombre por la potencia absorbente.

Para darse cuenta de ese proceder, basta recordar que Turquía, p. ej., tenía sobre Túnez el poder de designar las personas que habían de gobernarlo. Esta sumisión duró hasta que la colonia francesa que habitaba en aquella tierra se acrecentó mucho trazando sobre el valle de Medjerda un ferrocarril; y su gobierno, con el mismo pretexto de protección, se colocó frente á Turquía disputándole su protectorado.

La discusión que se produjo, después de esta actitud, casi dió lugar á un casus bell; pero como Turquía cedió, el general francés Bréart celebró un tratado con Mahomet-el-Sadoc, por el que se estableció que Francia enviaría un ministro residente, que sería también encargado de las relaciones exteriores del Bey, y que los tribunales franceses tendrían jurisdicción hasta entre los indígenas.

Pregunta el programa: ¿Desde qué momento debe considerarse una agrupación como personalidad independiente?

Todas las definiciones que se han dado de la independencia la hacen tan semejante á la libertad, que permiten considerarlas como idénticas y calificar de sinónimos perfectos estas dos palabras. Y, en efecto, ambas proceden igualmente de una idea de libre albedrío, de ese poder de hacer y no hacer que se ha dado á cada hombre. ¿Pero se dirá por esto que las leves diferencias que separan la independencia de la libertad no dan á ésta un carácter enteramente distinto y una fisonomía particular que es muy importante señalar? La libertad es el poder de hacer y no hacer; pero hay en la independencia algo de más reflexivo, de menos instintivo; hay una idea de voluntad, unida á una idea de poder. No hay, pues, pleonasmó, como podría suponerse, en decir de un individuo que es libre e independiente. Una vez establecida esta distinción, podremos aplicarla lo mismo á las naciones que á los particulares. Un pueblo es algunas veces independiente por sí mismo, aunque se le haya quitado la libertad por medio de alguna opresión que está dispuesto á sacudir. Para los pueblos, la independencia es la fuerza nacional; regirse como les parezca, elegir la clase de gobierno que crean mejor y hacer respetar su nacionalidad.

Ahora bien, el Derecho Internacional no entra á indagar por qué medios se ha producido la independencia en un pueblo, desde el momento en que ese pueblo ha sacudido el yugo que le hacía sufrir su metrópoli, rompiendo sus vinculaciones antiguas, tiene el ejercicio de su soberanía y el derecho de pedir á las otras naciones su reconocimiento.

Nuestra República es independiente desde el 18 de julio de 1825.

En 1828 se firmó la convención preliminar de Paz entre el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Emperador del Brasil, reconociéndola. Lo mismo hizo el rey de Francia el 10 de diciembre de 1830. En los años 1839, 1852 y 1856 celebramos tratados de amistad, comercio y navegación con Inglaterra, Bélgica, Italia y los Estados del Zollverein.

Recién el 16 de julio de 1870 pudimos celebrar un tratado, con España, de reconocimiento, paz y amistad.

El 4 de julio de 1776 la América del Norte se declaró independiente de la Gran Bretaña, formando una confederación para su defensa mutua. Francia reconoció abiertamente su independencia en 1778, firmando dos tratados con los Estados Unidos de América: el primero de amistad y comercio; el segundo, como dice Martens, de alianza defensiva eventual. La Inglaterra se quejó de ese proceder, y después de muchas discusiones, Francia respondió citando el ejemplo de la reina Isabel, que reconoció la independencia de los Países Bajos, sublevados contra España en el siglo XVI. La corte de Francia trató de establecer sin que su declaración á la corte de Londres estuviera fundada en el hecho incontestable de que los americanos se hallaban en posesión de su independencia cuando los tratados de alianza y comercio fueron concluidos, y que, según los principios igualmente incontestables del derecho público, ese hecho era suficiente para justificar al rey de haber firmado sus compromisos, sin examinar la cuestión de la legalidad de esta independencia. Bastaba que el gobierno inglés hubiese cesado de tratar como répèdes á los sublevados; que observase para con ellos las reglas ordinarias de la guerra, reconocidas entre las naciones civilizadas; que tropas inglesas hubieran capitulado con las de los Estados Unidos; que sus capitulaciones hubiesen sido respetadas, y que el gobierno inglés hubiese reconocido la autoridad de la República, enviando comisarios para tratar de la paz con el Congreso. Pero que no le tocaba á Francia discurrir si tenía ó no el derecho de abjurar la soberanía de la Inglaterra, si la posesión de su independencia era legal ó no; que ni el derecho de gentes, ni los tratados, ni la moralidad, ni la policía imponían al rey la obligación de hacerse el guardián de la fidelidad de los subditos ingleses á su soberano; que bastaba á la justificación de Francia que las colonias, que por su población y la extensión de su territorio formaban una nación considerable, hubiesen establecido su independencia, no sólo por una declaración solemne, sino también de hecho, y que ellas la hubiesen mantenido contra todos los esfuerzos de la Inglaterra.

Según la doctrina de los presidentes norteamericanos y de los gabinetes de