Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-08-25 00:00:00), página 15

alguno, pero que ahora me preocupan bastante. El hecho se ha repetido cuatro días consecutivos, y recién ahora conoció toda su trascendencia.

Es el caso que desde el día 28 de Noviembre hasta la fecha, vengo encontrando á aquella señorita María Ferrara que conoci en casa de Enrique Vetrara y de que ya le tenía oportunidad de hablar aquí mismo, días atrás. Esto, como se comprende no tiene nada de particular, pues es lo más común en estos días de verano encontrar á cuanta conocida tiene uno en la fielha ciudad de San Felipe y Santiago pasean- do por las calles 25 de Mayo, Sarandi y 18 de Junio; lo que tiene ¡¡muchó de particular, y digno de ser anotado, es el «dragoneo de ojito» que hemos empezado.

(Continuará.)

Apuntes de Derecho Constitucional

LIBERTAD PERSONAL

(Continuación)

Estos juicios militares, idénticos á los juicios por comisión de que acabamos de hablar, son el más poderoso y detestable instrumento de opresión, por la manera arbitraria e inconstitucional con que á su formación se procede, y debieron prohibirse por las mismas razones que aquéllos, esto es, por la parcialidad observada y los abusos cometidos por los jueces ad hoc que de ellos conocían. Bajo cualquier forma que se presenten y de de cualquier punto de vista que se consideren, son institucio- nes sanguiarias cuyos actos no se dife- rencian de los de los criminales sino por las formalidades de que los rodean y la impu- nidad de los que los constituyen. Los po- deres eclesiásticos jugaban también en nuestro país de los delitos cometidos por los hombres del clero, eliminando la acción de la justicia civil.

A fin de señalar los límites en que am- bas instituciones, el militarismo y la iglesia, debían actuar, de la esfera dentro de la cual podían moverse, el Gobierno nacio- nal, con fecha 6 de marzo de 1838, dictó una ley declarando abolido en las causas civiles y criminales el fuero personal, su- jeto á la jurisdicción eclesiástica el cono- cimiento de las causas que pudiesen aca- ber al círculo, á la jurisdicción militar la averiguación y castigo de los delitos que sólo fuesen tales cometidos por un militar, dentro ó fuera de los cuarteles, en marcha, en campaña ó en actos del servicio, y obli- gando á los jueces de los individuos que por esta ley quedaban sin fuero á dar aviso inmediatamente al jefe respectivo del reo.

IX

SUMARIO: OTRAS CONDICIONES DEL ENJUICIA- MIENTO CRIMINAL—ABOLICIÓN DE LAS PESQUI- SAS SECRETAS—ARTÍCULO 225 DE LA CONSTITU-

CION.—¿LA ACCIÓN POPULAR ESTÁ ABOLI DA POR ESTE ARTÍCULO?—INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL—POR QUÉ UN PUEBLO COMO LA INGLA- TEERRA PUEDE PASAR SIN ÉLLA Y NO LOS PUEBLOS NUEVOS Y DESPOBADOS DE LA AMERICA—GA- RANTÍAS DE LA PUBLICIDAD DEL JUICIO PENAL— ASISTENCIA DEL DEFENSOR DEL REO EN LA FOR- MACIÓN DEL SEMARIO—PROCEDER INCONSTITU- TUCIONAL DE NUESTROS MAGISTRADOS EN ESTA MATERIA.

Otra de las condiciones del enjuiciamien- to criminal prescritas por la Constitución de la República es la del artículo 115: «Todo juicio criminal empezará por acusa- ción de parte ó del acusador público, que- dando abolidas las pesquisas secretas.»

Al examinar si, según los preceptos cons- titucionales, la detención es difícil entre nosotros, y en los párrafos dedicados al comento de esta cuestión, ya hemos habla- do algo del artículo 114, que dice: «En cualquiera de los casos del artículo ante-rior, el juez bajo la más seria responsabili- dad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumá- rio e imanigará á los testigos á presencia del acusado y de su defensor, quien asistirá igualmente á la declaración y confesión de su protegido.»

Procedemos al análisis de estos artículos. El jurisconsulto holandés Meyer distingue dos clases de procedimientos penales: en- juiciamiento inquisitorial y enjuiciamiento acusatorio.

El antiguo procedimiento germánico, dice este autor, tanto en materia civil como en criminal, era de la mayor publicidad. Los alegatos estaban abiertos á todos los ciudadanos, que tenían no solamente el de- recho de asistir á ellos, sino que concurren como jueces al examen del acusador, del acusado y de los testigos. Los juramentos de estos últimos en favor del acusado, las diferentes pruebas que suplían la acusación ó la defensa, eran públicos por su naturale- za. A cualquiera le era permitido asistir á ellos; lo que es que cada vasallo presentaba su opinión. El examen se hacía en presencia de todo el tribunal, y aquellos que no eran excluidos como profanos, tenían el derecho de concurrir al juicio de la cau- sa, en la instrucción de la cual habían esta- to presentes. (*) Este procedimiento, que es llamado acusatorio por dicho autor, se observa en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de instituciones libres.

Consiste el enjuiciamiento inquisitorial, cuyo nombre toma por el fin que se propo- ne y el tribunal al que es debida la invoca- ción, y que ha penetrado fatimadamente las instituciones del continente europeo, parti- cularmente las alemanas, en la instrucción de un extenso juicio sumario previo al ple- nario, que comienza cuando ha sido termi- nado aquél; y como tal es opuesto al pro- cedimiento por acusación. Semejante siste- ma de juicios penales es negatorio de la libertad individual, porque manteniendo distanciados de ellos al reo y á su defensor, hace que el juez forme opinión antes de ha- ber oído al acusado, quien casi nunca puede destruir con las pruebas que suministra las conclusiones que resultan del vastísimo sumario instruido en su ausencia.

El procedimiento secreto, producto de la intolerancia y del fanatismo, como dice Me- yer, fué desconocido de los antiguos pue- blos; no ha podido penetrar hasta hoy en algunos países de Europa en que el ciuda- dano goza de libertad individual, y desapa- recerá á medida que los pueblos adquieran la soberanía que se les ha arrebatado. Es falso de toda falsedad y contrario á las pre- rogativas más caras del ciudadano. Y si semejante institución, dice Meyer, tu- viese alguna utilidad, desaparecería ante esta sola consideración: que la libertad in- dividual, la ventaja más preciada de la so- ciedad, no permite estas formalidades, estos actos de vigilancia y de supremacía. Las leyes existen en beneficio de la sociedad y de los miembros que la componen; no éstos en beneficio de aquélla. Nuestra Constitu- ción no autoriza la aplicación de este siste- ma penal, que á pesar de ello se ha practi- cado. En el artículo 114 que hemos copia- do dice: el sumario empezará examinando el juez á los testigos á presencia del acusado y de su defensor, quien asistirá igualmente á la declaración y confesión de su protegido.

La publicidad es la más precisa, la más eficaz de las garantías que la justicia puede otorgar, y debe extenderse á toda especie de juicios. Sin embargo, en algunos pleitos de familia, en causas de estupro, incesto, violación y otras semejantes, conviene limi- tar la publicidad, que, á decir de Lastarría, «debe considerarse como el alma de la jus- ticia.» (1)

Consecuencia inmediata y lógica del ab- surdo régimen de las pesquisas secretas es la delación, medio inmoral y corruptor á que han recurrido siempre los tiranos. La abolición de las pesquisas secretas no im- plica ni con mucho la anulación de la ac- ción popular, como lo demuestra palpable- mente Inglaterra, en donde este procedi- miento todo lo absorbe.

Al comentar estos artículos, debemos re- solver dos cuestiones íntimamente enlaza- das con el 115, que son: 1.º Si es consti- tucional el artículo 189 del Código de In- strucción Criminal, que prescribe que el mi- nisterio público, desempeñado por el Fiscal del Crimen ó Agentes Fiscales, correspon- de promover las acciones emanadas de los delitos indicados en el artículo 3.º, intervi- niendo en la sustanciación de los juicios co- mo parte jurídica por la sociedad que re- presenta» y 2.º si la Constitución autoriza á cualquier individuo de la sociedad á enta- blar juicios penales, vale decir, si ella per- mitió la acción popular.

1.º En cuanto al primer punto, opina- mosque es inconstitucional dicha disposi- ción, que niega á los ofendidos el de- recho de iniciar por sí mismos un juicio en los casos de que trata. Se ha dicho que «la sociedad delega, en su representante el mi- nisterio público, el ejercicio de todas las acciones que le corresponden contra los que agreden sus derechos,» y que «no po-