Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-05-10 00:00:00), página 14

guiente obligarse válidamente con otras naciones; si, por el contrario, el Estado protector se ha reservado ese derecho negándose lo al protegido no será entonces ese Estado soberano ante el Derecho Internacional, y sólo al protector le corresponderá celebrar los tratados que se refieran al protegido.

Resuelta ya esta cuestión, veamos ahora si tienen o no capacidad para contratar los Estados que forman una confederación. A este respecto creo fundadas las siguientes observaciones de Fiore. ¿Es necesario tener en cuenta, dice este autor, si la personalidad internacional pertenece o no por completo a la Unión o si conserva cada Estado la suya con el mismo título que aquélla. Si hubiere como sucede en ciertos Estados federativos dos soberanías y dos personalidades, la del Estado central y la de los particulares, ejercidas con el mismo título y cada cual en los límites de su competencia, según se trate de asuntos de interés común o de interés especial, en tal caso deberá admitirse una doble capacidad dentro de los límites fijados por la ley constitucional. Podrá suceder, sin embargo, que la capacidad de cada Estado no sea integrada por sí misma, sino que deba ser completada por el poder central, en el caso que, según el pacto constitucional, se haya atribuido a dicho poder central la competencia especial de vigilar y autorizar a los Estados confederados para concluir tratados. Estableceremos, pues, para concluir que todo Estado que actúe el Derecho Internacional sea una persona deberá considerarse capaz, y que en los Estados compuestos, tanto los Estados particulares, cuanto el general que resulta de su unión, deben considerarse también capaces para tratar internacionalmente dentro de los límites establecidos por el pacto constitucional. Sentado esto, vemos que sólo a las personas que representen al Estado les corresponde el derecho de celebrar tratados, desde que éste como entidad política no puede en manera alguna verificarlo; la verdadera cuestión está, pues, en saber quiénes son esas personas que pueden á nombre del Estado contraer obligaciones que reúnan para ser válidas las condiciones exigidas por el Derecho Internacional. Siendo, como he dicho anteriormente, un atributo derivado de la soberanía el derecho de celebrar tratados, natural y obvio es que serán capaces para contratar válidamente á nombre de esa entidad política, todas aquellas personas á quienes esté confiado el poder soberano. En efecto, en las monarquías absolutas es el rey á quien corresponde ese derecho, porque en él es en quien está radicado el poder soberano, pero en las monarquías representativas, si bien ese derecho corresponde también al jefe de la nación, es necesario en algunos casos para que los tratados obliguen al Estado, que vayan firmados por un ministro responsable ó que hayan sido aprobados y ratificados por las Cámaras legislativas. En las repúblicas es al poder Ejecutivo á quien corresponde celebrar tratados, pero necesitan para su validez la aprobación de una ó de las dos ramas del poder legislativo. Todo depende, pues, de lo que disponga la Constitución del Estado en este punto, en unas es necesaria la aprobación de las Cámaras para la validez de los tratados; en otras se limita esa aprobación á los contratos que traen alguna carga ó la cesión de una parte del territorio, y otras Constituciones, por fin, exigen solamente la comunicación para el conocimiento de éste á las Cámaras sin que dependa la existencia del tratado de la aprobación ó reprobación de ellas. Veamos lo que disponen al particular las Constituciones de varios países conocidos.

ARTURO PUIG.

[Continuar]

MEDIOS DE PREVENIR LA GUERRA

Conferencia leída en el aula de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República

[Continuación]

El tribunal empezó sus trabajos en 1871. Los hechos relativos a cada navío debían ser apreciados de antemano. Cada árbitro debía opinar por escrito y podía modificar su opinión hasta la decisión definitiva, la cual debía ser con expresión de motivos. Después del examen de los hechos, el tribunal juzgará la suma que el Estado responsable esté condondeado á pagar. Al fin de largas sesiones y de un estudio mesurado de la cuestión, dictaron su sentencia; ésta se dividía en dos partes: la primera comprendía la exposición de los principios, según las tres reglas del primitivo compromiso; la segunda distinguía tres grupos de naves y reglamentaba los puntos controvertidos que les concernía. Después de extenderse en una larga serie de consideraciones, condenaban á Inglaterra á pagar de una vez á los Estados Unidos la suma de quince millones y medio de pesos oro. Sólo cuatro árbitros firmaron la sentencia: el conde Sclopis, Jacobo Staempfli, el barón de Yatayuba y Carlos Adams. Alejandro Cochrane negó su firma, pero presentó una voluminosa memoria, al fin de la cual aconsejaba al pueblo inglés que cumpliera la sentencia, con la sumisión y respeto debidos á la decisión de un tribunal cuyo fallo había consentido libremente en aceptar. En mayo de 1879 la Cámara de los Comunes votó una indemnización de £ 3.200.000 para ser pagadas á los Estados Unidos por el asunto del «Alabama».

Este caso célebre de arbitraje ha merecido una insistencia particular en esta conferencia, por la gran repercusión que sus conclusiones aportaron al derecho marítimo y á las obligaciones de los neutros por el claramente definidas. Quedará por largo tiempo como un recuerdo honroso para ambos países y como un ejemplo digno de imitación para los demás Estados.

Ese arbitraje especial estimuló el celo de los amigos de la paz y mostró que dos naciones poderosas podían ser bastante dueñas de sí mismas, bastante razonables, en una palabra, bastante civilizadas para preferir el arbitraje al recurso de las armas.

Las tres reglas del tratado compromisorio de que hemos hablado marcaban claramente á primera vista la condenación de Inglaterra, de una manera casi inevitable. Ella, pues, tuvo un gran mérito en aceptar un compromiso cuyo resultado debía serle desfavorable. Ella practicó la doctrina del interés bien entendido, dejando á un lado la vanidad nacional. En honor suyo debemos decirlo.

En la evolución contemporánea se perciben dos géneros de movimientos contrarios que la caracterizan: el movimiento de acercar á los pueblos elevándolos progresivamente á un nivel de civilización superior, y el movimiento de alejarlos por rivalidades nacionales. El arbitraje es un instrumento de paz, que trata de dificultar los alejamientos; su objeto es trazar las dificultades entre naciones de otra manera que por la fuerza; su fin inmediato, su objeto indirecto es hacer de la paz el estado normal y de costumbre de los Estados. M. Goldsmith ha presentado un célebre proyecto de procedimiento arbitral al Instituto Internacional de Ginebra, perfecta y minuciosamente comentado, el cual ha sido votado por gran mayoría. El proyecto se divide en cinco partes: Conclusión del compromiso; formación del tribunal arbitral; procedimiento ante ese tribunal; sentencia arbitral y recursos contra la sentencia.

En ese proyecto no se ha descuidado ninguna precaución para el éxito formal y digno del procedimiento. Todo está previsto, á fin de dificultar las argucias de la apreciación, arma de fuerza para las naciones mal intencionadas. Es un progreso evidente el ver que el quimérico plan de la paz perpetua de otros tiempos, impuesta, puede decirse, porque se miraba como enemigos á los que no entraban en él, hoy se ocupan de planes de paz, por medio de arbitrajes especiales, para cada caso, á fin de hacer más imparcial el árbitro, elegido por el mutuo convenio de los litigantes y que el uso frecuente de ese procedimiento lo introduzca en el rodaje de la práctica internacional. La utilidad de esos proyectos especiales, por otra parte, es contingente y relativa hoy en día. Los redactores de los compromisos pueden servirse unos y otros de cada obra para completar y revisar sus proyectos; pero lo que debe dirigirse es el deseo del acuerdo, la confianza recíproca de los Estados y el buen sentido de los gobernantes con el apoyo decidido de los gobernados.

Esa es la condición para que el arbitraje sea un hecho.

EMILIO A. BERRO.

(Continuar)

Conferencia sobre la neutralidad

II

Los Estados de vasta extensión territorial nunca han sido tan avanzados como las nacionalidades reducidas, en la propagación de los anhelos liberales. Ni es en las áridas estepas de Rusia, ni es en las regiones de la China, ni es entre las interminables sel-