Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-08-10 00:00:00), página 14

No acompañaré á mi adversario en su disertación retrospectiva, por que me impondría una tarea imitil, cuyo único resultado sería hacerles perder lastimosamente el tiempo á los magistrados encargados de resolver en tercera instancia este malhadado asunto.

La cuestión discutida es clara y no admite controversia, á no ser la que provoca el adversario remontándose entre las brumas del pasado á ignotas regiones para arrancar de allí y traer, como por los caballos, principios y doctrinas absurdas que jamás han sido sustentadas por nadie.

Al joven abogado de mi parte, que guarda aún la leche jurídica en los labios, no le cupo el honor de dar las sabias lecciones del viejo maestro, ilustre codificador oriental; pero tiene la firme convicción de que su distinguido adversario el Dr. A. atribuye al Dr. Narvaja doctrinas y opiniones que nunca sustentó y que por otra parte están en abierta contradicción con la obra magna de codificación nacional que el sabio maestro ha realizado.

En esta emergencia me inclino á creer, Excmo. señor, que el Dr. A. al exhumar de los empolvados archivos del pasado las doctrinas que atribuye al eminentíssimo codificador, ha equivocado de legajo, y en vez de presentarnos hoy las opiniones del viejo maestro nos exhibe las suyas propias, que quizá haya defendido sin éxito allá en los buenos tiempos en que era estudiante de derecho civil.

Me concretaré ahora á la cuestión.

Ante todo, debo protestar contra la maldiosa intención que encierran las insinuaciones que solapadamente hace el adversario en el escrito en traslado calificando el contrato de anticresis celebrado por mi parte con el señor A. A. de combinación original e ingeniosa, y otras lindezas por el estilo.

Ataque de frente ¡señor adversario! y no utilice armas de mala ley, que sólo pueden ser empleadas para rebajar la noble y augusta misión de la defensa.

Hecha esta pequeña digresión en salvaguardia de la honorabilidad de mis mandantes, pasaré al tema discutido.

Trátase, Excmo. señor, de un contrato de anticresis celebrado por escritura pública el 29 de julio de 1893 y registrado el 2 de agosto del mismo año, según resulta de autos. Mis representantes hallábamos, de acuerdo con lo pactado en aquel convenio, en el goce pacífico e indiscutido de su derecho, percibiendo los frutos que se le habían entregado para hacer efectivo el cobro de su crédito. Pero he ahí que por aquello de que cuando menos piensa el cazador salta la liebre, los señores Z. y Cía. dieron un buen día (que lo fué el 12 de diciembre de 1893) en la treta de oponerse á que mis representados percibieran los frutos cedidos por la anticresis, y de golpe y zumbido, sin calarse siquiera las gafas, el adversario quiso hacer suya la presa, y solicitó y obtuvo embargo de los alquileres que producía la finca anticrética, todo para garantizar (asombrosa V. E.) un crédito de SETENTA PESOS (2), que motivaba la ejecución seguida ante el juzgado de Comercio de 1.er turno.

Pero ya sonará la hora de la reparación; y entonces veremos si los señores Z. y Cía. andarán tan listos como antes!

Mi parte, como era natural y lógico, se limitó á presentar la escritura de anticresis, creyendo que con ella desistiría el adversario de su atrevío la aventura; pero todos los cálculos de la lógica y del buen sentido se estrellaron con el inaudito empecinamiento de los señores Z. y Cía., quienes aumentaron sus frutos y sus furibundas arremetidas con la misma voracidad entereza con que lo hiciera un día contra molinos de viento aquel célebre caballero andante cuya gloria inmancible llenó los anales de la literatura española.

Deducida la tercera, la cuestión suscitada se reducirá á lo siguiente: ¿Pueden ser embargados por un acreedor simple los frutos que produce el inmueble dado en anticresis por escritura pública, debidamente registrada?

El adversario dice que sí; yo sostengo que no. He ahí la cuestión.

Veamos quién dice la verdad.

El artículo 2323 del Código Civil establece textualmente: «La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa rara, para que se pague con sus frutos; y el artículo siguiente dispone que: «La anticresis no produce efecto si no consta por escritura pública».

Ahora bien, Excmo. señor, cual puede haber sido el propósito del legislador al establecer una excepción al principio general que rige en materia de contratos extinguiendo para la anticresis la escritura pública? V. E. sabe perfectamente que para las partes contratantes el documento privado reconocido tiene el mismo valor y la misma fuerza que la escritura pública, según lo preceptúa el art. 1555 del Código Civil.

Si el legislador ha exigido la escritura pública para la validez del contrato de anticresis, es precisamente porque tiene fuerza y puede ser invocado contra terceros cuando reúna las formalidades de la escritura pública y de la inscripción en el registro respectivo.

Esto iluye natural y lógicamente de las disposiciones legales transcritas.

Si el legislador no hubiera querido darle alcance contra terceros á la anticresis, no habría tenido razón para salir del principio general del art. 1555 del Código Civil. Para ser invocado y para que tuviera fuerza simplemente entre los contratantes, bastaría el documento simple QUE PARA ELLOS TIENE LA MISMA FUERZA QUE LA ESCRITURA PUBLICA.

Esta opinión no es improvisada. V. E. podrá verla confirmada por todos los autores de jurisprudencia.

Escribe, p. ej., en la página 173 de su Diccionario de Jurisprudencia, dice textualmente: la anticresis puede celebrarse de palabra ó por escrito, entre presentes ó por cartas como la prenda. Sin embargo, para que surta efectos contra terceras personas es necesario que conste de un modo auténtico.

Esto ha dicho uno de los más distinguidos autores de Jurisprudencia; pero el adversario no le atribuye importancia á esa opinión, porque ni siquiera la tiene en cuenta; á no ser que se haya limitado á tomar nota de ella entre los apuntes de cartera para discutirla el día del juicio final.

Todas las divagaciones del Capítulo II del escrito en traslado fluctúan como cabos sueltos al rededor del art. 2318 del Código Civil (edic. ant.), ó sea el art. 2320 de la última edición oficial.

Y ese artículo dice: «El acreedor no se hace dueño del inmueble por la sola falta de pago; ni tendrá preferencia en él (en el inmueble) sobre los otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere, etc.»

De ahí saca el adversario sus consecuencias para llegar á establecer que la anticresis no puede perjudicar á los acreedores simples y que el acreedor anticrético no tiene mas derechos que los que crea la hipoteca, si la hubiere.

Pero analicemos con criterio sereno y libre de toda preocupación el artículo transcrito.

Comprende esa disposición legal dos casos: uno, el de que exista solamente la anticresis y otro, el de que exista también el contrato accesorio de hipoteca.

En este último caso el acreedor no se hace dueño del inmueble por la sola falta de pago; pero tendrá en eliminable la preferencia que le otorga el contrato accesorio de hipoteca.

Es claro; si la anticresis no grava el inmueble, simultáneamente los frutos que produce, es preciso que exista hipoteca para que puedan invocarse derechos sobre el bien raíz.

El adversario no lo entiende, y argumenta de este modo: si el acreedor anticrético no tiene prelación sobre el inmueble, que es lo principal, no la tiene tampoco sobre los frutos, que es lo accesorio.

Para llegar á esta conclusión, ha necesitado el contrario evocar tantos recuerdos y poner en tortura á nuestros más distinguidos civiltistas.

¿Será capaz de atribuirle también al Dr. Narvaja esa opinión?

En el primer caso, que es el de que no exista hipoteca, el acreedor no tendrá (dice la ley) preferencia en el inmueble pero la tendrá indiscutiblemente sobre los frutos.

Para comprenderlo, basta tener en cuenta que por la anticresis el deudor no se desprende del inmueble sino de sus frutos. El acreedor se hace dueño de los frutos, y por eso puede alegar su preferencia sólo en cuanto á ellos, si algún acreedor simple pretende estorbarle el ejercicio de su legítimo e indiscutible derecho.

Que no exista hipoteca, no quiere decir que no exista ó que no pueda existir anticresis.

Esto es evidente; es axiomático.

Pero el adversario ha dicho con voz de trueno y ademán imponente: no hay preferencia sobre el inmueble, luego no la hay sobre los frutos.

He dicho ya que la anticresis es un contrato que grava los frutos, y he demostrado que el acreedor se hace dueño de ellos desde la celebración del convenio.

No creo que sean necesarios mayores argumentos para llevar al ánimo de V. E. la