Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-02-25 00:00:00), página 22

siva, un juicio sin apelación. Y como las controversias y negaciones existen de hecho y revisten mil y mil formas de errores contrarios, en sus aplicaciones sociales, se infiere que dicha institución no sólo ha de dirimir las unas y condenar los otros, sino que además ha de ser una sociedad que profese en toda su pureza las doctrinas de su fundador.

Porque es evidente que el Cristianismo ha de existir en estado social, ó lo que es lo mismo ha de tener una existencia pública, como conviene á su naturaleza, sin que reciba su vida y su derecho á ella de la sociedad civil. El hombre es sociable en el orden religioso, como lo es en el orden natural, y es preciso que el Cristianismo esté organizado socialmente para responder á las necesidades de esta socialidad. Así es que todas las religiones conocidas han existido como sociedades públicas, y de otro modo no hubieran podido existir, siendo de notar que todas las religiones falsas fundaban su derecho como recibido de Dios y sostenían su independencia fingiendo tener comunicaciones directas con él. De modo que lo relativo á la religión ha sido siempre un terreno vedado á la autoridad e intervención civil. Pero donde ha ocurrido que el gobierno temporal ha tomado la dirección de los asuntos religiosos, la religión, esclava, absorbida en el Estado, ha concluido por degradarse, corromperse y desaparecer, pues no merece el nombre de religión un culto ceremonioso, meramente oficial.

Por último, la iglesia existe de hecho con vida propia, como una sociedad perfecta e independiente, cualesquiera que sean sus relaciones con el poder civil. Ella está apoyada sobre la libre sumisión de las conciencias y la unión estrecha de los corazones. Toda limitación que se intente poner al ejercicio de los derechos libres de la iglesia es una violencia, es un abuso de fuerza, es un atentado de lesa-conciencia y de lesa-religión. Por eso es un sofisma el de aquellos que afirman que la iglesia se ha sostenido por el concurso material ó moral que le han prestado los gobiernos.

La iglesia católica, dice el Cardenal Almendra, no conoce las columnas de Hércules; gira como el Sol alrededor del mundo, y tiene por meta los confines de la tierra. Y para que se vea el recelo que tienen á la religión aun sus más ardientes perseguidores, citaré un caso histórico.

Cuando Napoleón estaba en el apogeo de su poder, teniendo en su mano los destinos de la Europa, le envió el ministro Pitt, desde Londres, un diplomático llamado Marseria. Terminadas que fueron las presentaciones, Marseria dijo á su augusta compatriota: «—Mientras vos reconocéis á Roma, Roma os dominará; los sacerdotes decidirán vuestra suerte.»—Napoleón, que sentía muy en lo vivo que alguien pretendiese hacerle sombra, no se incompodó esta vez; vió que las cosas marchaban con orden regular, y tranquilamente respondió:—«Marseria, aquí hay dos autoridades, una enfrente de otra; para las cosas temporales tengo mi espada, y ésta basta á mi poder. Para las cosas del cielo está Roma, y Roma decidirá sin consultarme y tendrá razón.»—Pero, replicó Marseria, no seréis nunca plenamente soberano, ni aun temporalmente, hasta que no seáis cabeza de la iglesia. Lo que yo os propongo es que creáis una reforma en Francia, que vale tanto como decir una religión toda vuestra.—«Crear una religión! contestó Napoleón. Para crear una religión es necesario subir al Calvario, y el Calvario no entra en mis deseos.»

Si la iglesia es una sociedad natural, por que viene á satisfacer las necesidades morales de los hombres y brota naturalmente de su misma naturaleza, y si además es una sociedad perfecta e independiente, porque su fundador la dotó de todas aquellas facultades y de derechos necesarios para que se rígiese por sí misma, sin intervención de autoridades extrañas, creo que es perfecta persona jurídica ante el Derecho Internacional.

RAFAEL GALLINAL.

[Continuará]

La propiedad territorial en el Derecho Internacional

(Conferencia leída por su autor en el aula de Derecho Internacional Público de la Universidad).

(Continuación)

Antes de pasar á otro punto del Programa, deseo dar la opinión que me he formado respecto á la debatida e interesante cuestión de si una compañía particular podrá ó no ocupar territorios y adquirir derechos de soberanía sobre ellos.

Afirmativamente han respondido la mayoría de los autores, y hasta hoy así lo han reconocido los hombres de Estado. Pero, en realidad, unos y otros argumentan con la historia, escudan su doctrina tras larga lista de hechos favorables, desean los principios de justicia, como si el Derecho Internacional fuera sólo una exposición de hechos más ó menos atentatorios y no un conjunto de sanos principios jurídicos, que tiende constantemente á mantener el respeto en las relaciones de los Estados, como las aguas tienden á buscar su nivel natural.

Bluntschli y Charles Salomon, más acertadamente en mi humilde opinión, niegan a las compañías particulares semejante derecho.

Toda compañía, cualquiera que sea su índole ó importancia, no debe ser para el Derecho Internacional más que un simple particular, reconociéndose como nacionalidad la del lugar de su formación ó aquella que en sus estatutos se indique.

La comunidad internacional, formada por las personas jurídicas reconocidas como capaces para ser sujetos de relaciones internacionales, no puede reconocer derechos de soberanía sobre un territorio á particulares, ó á una asociación de éstos, incapaces de cumplir las obligaciones que de tal hecho resultan.

La calidad de personas en el Derecho de gentes no concede privilegios, sino únicamente en el caso que van á ellos apareja-

das obligaciones que requieren condiciones especiales para ser una garantía de su cumplimiento.

Por esa razón, sólo se concede la calidad de persona jurídica en el Derecho Internacional á los Estados.

Los particulares ó compañías, ocupando tierras no habitadas, adquirirán derechos de propiedad, pero no de soberanía. Y en ese caso incumbe al derecho privado establecer las reglas ó definir los títulos de esas adquisiciones.

¿Hasta dónde se extiende la autoridad de un soberano que ha ocupado una parte de un territorio?

La ocupación de un punto dado por un Estado lo autoriza á apropiarse toda la zona de tierra en donde su autoridad se haga sentir; hasta donde sus leyes ó órdenes ejerzan jurisdicción.

Este criterio, en armonía con la doctrina de la ocupación efectiva, es el que debe servir como norma de conducta á los Estados, para determinar la amplitud de derechos que la posesión de un punto de la tierra les otorga sobre los territorios vecinos.

Conservemos como mérito puramente histórico la tesis del período de los descubrimientos, por la cual se tomaba posesión, á nombre de los reyes europeos, de las tierras vírgenes de América.

Las controversias que puedan suscitarse sobre mejor derecho á un territorio pueden dilucidarse fácilmente á la luz de los principios de Derecho Internacional. Schiller ilmites fijos á la zona que da derecho á la posesión de un punto dado, es obscurecer la cuestión, es avivar el apetito insaciable de los Estados.

Así, se da por algunos como regla que la ocupación de una tierra en la desembocadura de un río confiere derecho á toda la cuenca regada por ese río y sus afluentes, por ser las vías que alimentan aquella zona. Pero, volviendo por pasiva la cuestión, los ocupantes de la fuente del río también pueden reclamar la misma zona regada por las aguas que allí nacen y que florecen á su costa.

Estados Unidos llevó á sus últimos extremos estos principios en el célebre y conocido conflicto del Oregon con Inglaterra, terminado por el tratado de 1846, por el cual las pretensiones norteamericanas fueron reducidas á los límites razonables, reconociéndose á los ingleses el derecho de libre navegación en el Colombia y á los subditos y compañía inglesa de Hudson los derechos adquiridos á varias posesiones.

Considero innecesario establecer reglas diferentes según se trate de tierras ocupadas en la costa del mar, en el interior de los continentes ó en las orillas de los ríos. Los mismos principios deben aplicarse á todos estos casos.

Demarcación de límites

REGLAS GENERALES

Los límites de la soberanía de un Estado terminan donde principian los del Estado vecino.

La necesidad de evitar los conflictos posibles entre ambas autoridades, el interés