Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-07-25 00:00:00), página 14

X. X. no son acreedores anticréticos de A. A. por haber adquirido ese carácter en la sentencia de un juicio ejecutivo; son sus acreedores anticréticos, por su propia voluntad y de común acuerdo con su deudor, con el que convinieron, particular y amigablemente, en concursir á la escribanía de Dn. L. R. á objeto de otorgar la escritura testimonada á f. 1 y siguientes, en la que, por sí y ante sí, y de la noche á la mañana, X. X. se hacen la ilusión de crearse á su favor un privilegio sobre los demás acreedores del deudor, beneficiándose á sí mismos y recibiendo de manos de A. A. los frutos de los bienes dotables de su esposa, como sus acreedores anticréticos, combinación original e ingeniosa que coloca al deudor común en una situación espléndida, poniéndolo á cubierto de toda ejecución y de toda persecución judicial, porque mediante el plan ideado, los acreedores de A. A. no pueden entablar ninguna acción contra el bien que produce la venta, en virtud de su calidad de bien dotal y no pueden, tampoco, embargar sus fondos porque A. A. ha tenido buen cuidado de crear desde la altura de su omnipotencia, un privilegio y una preferencia en favor de X. X.!!

Pero ese privilegio y esa preferencia, nada valen ni significan ante las prescripciones de la Ley, desde que, en primer término, el acreedor anticrético no lo tiene, por las disposiciones generales, y en segundo los terceristas no se hallan colocados en la situación excepcional que exige el art. 936 del Código de Procedimiento, para apartarse de las reglas del derecho común.

Pero hay más todavía, Excmo. señor. La ley ha legislado cuidadosamente, atenta á la trascendental gravedad del asunto, sobre lo que debe entenderse por privilegio y por preferencia en las relaciones de derecho. El código Civil de la República dedica los títulos XVIII y XIX del Libro IV al examen y reglas de tan delicada cuestión. La Ley Oriental entiende por privilegio un favor especial con que mira ciertos créditos personales en concurso de acreedores, sin que por eso pasen en caso alguno contra terceros poseedores. La Ley Nacional estatuye que los bienes todos del deudor exceptuándose los no embargables, son la garantía común de sus acreedores, y que el precio de ellos se distribuye entre éstos á prorata, á no ser que haya causa de preferencia, y las únicas que la Ley reconoce, son la prenda, la hipoteca y los privilegios. Artículos 2342 y 2346 del Código Civil.

No se necesita más para desconocer el imaginario derecho de que se dice asistido X. X. El colitigante no es un acreedor prendario, ni hipotecario ni está comprendido en ninguno de los casos de privilegio enumerados desde el artículo 2343 en adelante y no obstante, se dice acreedor privilegiado para el pago.

No pudiendo probar con la Ley en la mano, que tiene realmente la preferencia que invoca, se constituye á sí mismo un privilegio mitológico con el contrato de anticrétis que ha exhibido, como si estuviese autorizado para proceder de esa manera, como si fueran los individuos y no la Ley la que determinase el privilegio, y como si pudiera ser preferido á los demás, el acreedor anticrético, cuando la ley no lo contempla ni lo admite ni como acreedor privilegiado ni como acreedor preferido, ni siquiera lo mantiene para nada fuera del caso de excepción del art.º 926 del Código de Procedimiento Civil.

El contendor ha aludido en su escrito de f. 26 á la inscripción hecha en el registro correspondiente, del contrato de anticrétis de f. 1, pretendiendo probar con ese antecedente, la legitimidad de la preferencia que reclama.

Nada mas inexacto, Excmo. señor, que la consecuencia que extrae el contendor de la premisa sentada.

El art. 13 de la Ley de 19 de Diciembre de 1890, conservado por la Ley de 24 de Marzo de 1892, que fundó el Banco Hipotecario de la República, establece que las inscripciones de los contratos anticréticos sólo se refieren á los casos de encargación forzosa ó voluntaria de la propiedad á los gravámenes hipotecarios ó se constituyen sobre fincas ó fondos; pero ni las leyes de Diciembre de 1890 y Marzo de 1892, ni el decreto reglamentario de la primera de 15 de Junio de 1892, consignaron el principio absurdo de que la inscripción de un contrato de anticrétis concede un privilegio al acreedor anticrético, en concursó á fuera de concursó, sobre los restantes acreedores del deudor. Lo único que se ha tenido en vista con la institución del registro, es impedir que un comprador condorcio adquiera una finca, ó de dinero sobre ella, cuyos frutos ó rentas estuvieran ya adjudicados á un tercero, en un contrato de anticrétis, quedando así barajada la buena fe del adquirente o prestamista, que en el caso propuesto se hallarian colocados en la triste situación de haber comprado ó facilitado dinero sobre una cosa cuyas rentas estaban afectadas á otro, ó que el comprador de un fondo se encontrase con la sorpresa de haberse enajenado los arrendamientos que reditara, á terceros extraños, como ha sucedido más de una vez. Para evitar esos fraudes y prevenir esos dolos, se ha constituido el «Registro de Locaciones, de Anticrétis y de Capellanías» pero no se ha creado, para otorgar una prelación en el pago que no tiene, por las leyes del país, el acreedor anticrético por simple convención.

En el primer considerando de la sentencia que recurso se afirma que por la anticrétis se dá al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. En el segundo considerando, se establece que otorgada la escritura de anticrétis, los frutos pertenecen al acreedor que los ha obtenido por el contrato respectivo, y en el tercero y último, se constata que el contrato anticrético produce efectos desde que resulta de instrumento público debidamente inscrito.

Pero de todo esto, no se sigue la consecuencia de que el acreedor anticrético, en el caso en que aparece serlo X. X. disfrute legalmente de una prelación, de un privilegio, de una preferencia, para el pago. Ya sabemos que la anticrétis es lo que dice el primer considerando, ya sabemos que en la anticrétis los frutos pertenecen al acreedor anticrético, no es un misterio para nadie que el contrato produzca sus efectos desde que consta de instrumento público registrado.

Pero Exmo Señor, todo eso es completamente ageno al punto fundamental de la cuestión. Ese punto, el nudo del debate, está en probar que por el hecho de ser acreedor anticrético por una escritura pública anotada en el Registro, se está en la circunstancia de alargar preferencia sobre los demás acreedores del deudor, y que basta la susodicha escritura pública, para colocar al acreedor en el caso del art. 936 del Código de P. Civil, aunque carezca de las otras condiciones requeridas por la ley para hacer valer la preferencia.

En la sentencia que apelo no se ha tocado para nada el punto principal de la cuestión. Los jueces que la suscriben, cumpliendo con su deber, desde que se producen sobre intereses de otros, han debido demostrar, no que por el contrato de anticrétis se entregan los frutos de una cosa raíz á determinada persona, no que desde la entrega, los frutos le pertenezcan, no que el pacto produce efectos desde que consta de instrumento público, por que todas estas cosas lo saben y lo conocen los estudiantes de los primeros años de jurisprudencia; lo que han debido demostrar, es que X. X., aunque no se encuentran en el caso del art. 936 del Código de P. Civil, tienen una preferencia para el pago sobre los demás acreedores de A. A., por el contrato de anticrétis, ó que la anticrétis constituida por mera convención, entre deudor y acreedor, concede la prelación que reivindican para sí los terceristas.

Nada de esto aborda el fallo recurrido por mi dejando sin solución los extremos más importantes de la litis. Parece que los señores Ministros del Tribunal de 2.º Turno, huyendo de las dificultades, hubieran querido resolverlas.

He concluido, por mi parte. Excmo. señor No sé qué presentimiento íntimo me acompaña y que persuasión profunda me asiste de que he sustentado la buena doctrina en mi escrito de f. 33 y en el presente.

A la conocida competencia profesional y alta rectitud del Superior Tribunal de Apelaciones que va á fallar definitivamente este juicio, tocará decidir, sí, como lo creo, la suerte me ha deparado la misión de defender la ley y su verdadera interpretación en esta demanda.

Por tanto: á V. E. pido que habiéndome por presentado en tiempo y forma, se sirva concederme los recursos que dejo interpuestos. Será justicia.

ENRIQUE AZAROLA.