Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-07-25 00:00:00), página 13

siendo la resolución de V. E. evidentemente infundada y en oposición abierta con las más claras disposiciones de nuestro derecho Civil y Procesal, no parece dudoso que los ilustrados Magistrados encargados de pronunciarse sobre los recursos que he interpuesto, han de hacerlo en el sentido de restablecer los fueros de la Ley desconocidos por V. E., en un fallo que no resiste a ningún examen serio y que no me explico sino por estos dos motivos: ó porque V. E. no ha comprendido la verdadera naturaleza del punto subjudice, en sí misma y en sus relaciones con nuestro derecho positivo, ó por falta de un estudio detenido de los principios que informan la contienda.

I

Veamos ante todo, Exmo. Señor, lo que era para nuestro antiguo derecho el contrato de anticrésis, es decir, para el derecho que rigió entre nosotros desde el primero de Enero de 1860, según lo previsto por la Ley de 4 de Agosto de 1868, hasta el 29 de Septiembre de 1893, según lo prescripto por la Ley de esa fecha, que mandó observar las reformas introducidas por la Comisión de Abogados en algunos de los Títulos del Código Civil.

Para nuestro antiguo derecho, la anticrésis era un contrato por el que se entregaba al acreedor una cosa raíz para que se pagase con sus frutos, debiendo constar la convención por escritura pública; pero el acreedor anticrético no adquiría ningún derecho real sobre la cosa que se le entregaba, ni valía la anticrésis contra los derechos reales, ni en perjuicio de los arrendamientos constituidos anteriormente en la finca, con la única salvedad de que los que posteriormente sucediesen al dueño de la cosa dada ya en anticrésis, en el dominio de ella, estaban obligados a respetar el derecho constituido a favor del acreedor anticrético.

Otro de los principios fundamentales de este contrato era que el acreedor no se hacía dueño del inmueble por la sola falta de pago, ni tenía preferencia en el sobre los otros acreedores, sino que le daba el contrato accesorio de hipoteca si la hubiere. La Ley establecía, además, que toda estipulación en contrario era nula. Los artículos 2312, 2313, 2315 y 2318 del antiguo Código Civil, confirman plenamente mis afirmaciones.

Esto establecido, no era dudoso que el acreedor anticrético, que lo fuera simplemente y sin contrato de hipoteca, no tenía privilegios ni preferencias de ninguna clase sobre los demás acreedores de su deudor, por la sencilla razón de que nuestro derecho no miraba al acreedor anticrético con la misma benevolencia que al acreedor hipotecario ó prenario.

La razón que daba el propio autor de nuestro Código Civil, Dr. Narvaja, en la cátedra que regentaba, para justificar el sistema que había adoptado en materia de contrato de anticrésis, era que si á este contrato se le reconocía, sin limitaciones prudentes, todo el desenvolvimiento de que es susceptible un derecho real, fácil sería, al dolo y al fraude, conquistar posiciones in-

expugnables, porque nada más posible, para un deudor de mala fe, que ponerse á cuestas de las legítimas exigencias de sus acreedores, simulando ó haciendo la farsa de entregar á otro acreedor, real ó supuesto, las rentas ó los frutos de sus propiedades, ó de las propiedades de su cónyuge, para llamarse, en seguida, insolvente y no pagar á nadie; que es precisamente, Excmo. Señor, por otra parte, el caso típico del deudor A.

No es un misterio en nuestro foro, ni lo ha sido nunca, que el contrato de anticrésis no confiere privilegios á un acreedor sobre otro acreedor, salvo si existe el contrato accesorio de hipoteca. Los Letrados que sucedieron al Dr. Narvaja en la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad, Doctores Vigil y Terra, así lo enseñaron siempre, abonando las ideas del viejo maestro, y estaba reservado al joven abogado Doctor B, que aun guarda la leche jurídica en los labios, interpretar erróneamente el Código y colocarse en el polo opuesto, desde el punto de vista de esa interpretación, al de su propio autor y de los profesores que lo reemplazaron en el aula.

Que el art. 2318 del Código Civil derogado, se refiere á los frutos ó ventas que produce el inmueble dado en anticrésis es algo que está fuera de toda discusión, porque como lo he demostrado en mi escrito de f. 33, la prohibición al privilegio y á la preferencia, establecida en ese artículo, no puede tener otro alcance que el de referirse á los mencionados frutos ó ventas, desde que legisló para el contrato de anticrésis de acuerdo con la definición de ese pacto, y no sobre la nuda propiedad de la cosa, respecto de la cual no hay para qué hablar en un título del Código que sólo tiene atingencia y legisló sobre los frutos y las ventas que dan las cosas inmuebles.

Por eso he dicho, antes de ahora, que la prohibición á establecer la preferencia, no tiene atingencia con el dominio del inmueble, sino únicamente con lo que produce.

II

El Código Civil reformado, que mandó regir la ley de 29 de Septiembre de 1893, no ha alterado en nada, Excmo. Señor, las bases constitutivas del contrato de anticrésis, consignadas en el Título XVI del libro IV del antiguo Código.

El hecho es perfectamente cierto y está en la conciencia de todas las personas versadas en el conocimiento de la legislación nacional, con la sola y única excepción de que el Código novísimo ha modificado ligeramente el art. 2318 del antiguo, en su parte final, para colocarlo en armonía con el Código de Procedimiento Civil. Como verán y lo observarán desde luego los señores magistrados del Tribunal de Apelaciones de 1.º turno, ante quienes me he alzado, aquella notificación, si algo prueba, es en favor de la doctrina que sustento, porque en mi concepto el art. 2329 del Código Civil reformado es decisivo en favor de los derechos e intereses de mis representados.

Es sabido, que la comisión redactora del Código de Procedimiento Civil creyó atem- perar un tanto el absolutismo del artículo 2318 del antiguo Código Civil, que prohibía, en todo caso, que se reconociera preferencia alguna al acreedor anticrético sobre los otros acreedores del deudor común, estableciendo en el art. 914 del Código de Procedimiento Civil, que el acreedor del deudor ejecutado, que no optase por la adjudicación definitiva de la cosa, podrá solicitar que se le entregue en anticrésis, y disponiendo, en seguida, art. 936 del Código citado, que en ese caso de anticrésis, el acreedor tenía preferencia para ser pagado con el inmueble, vale decir, con sus frutos ó ventas, sin perjuicio de que con los primeros que el inmueble recaudase, se abone la planilla de costas. Art. 935.

Tiene, pues, V. E., que el Código de Procedimiento Civil, mantuvo, en general, el sistema del antiguo Código, en cuanto era hostil á toda preferencia ó privilegio en favor del acreedor anticrético, limitándose á duplicar la posición del acreedor anticrético, cuando lo tuviera, no por una simple convención pasada entre deudor y acreedor, como acontece en el caso de A. A. con X X., sino mediante el antecedente de una ejecución judicial en forma, lo que es muy distinto.

Reclamo, por un momento, la ilustrada atención de los miembros del Tribunal de Apelaciones de 1.º turno, abrigando, como abriga, la persuasión de que van á convenirse inmediatamente de que X X., están muy distantes del único caso de preferencia que podrían alegar por nuestras leyes, en su calidad de acreedores anticréticos, para cobrarse con prelación á los demás acreedores del ejecutado A. A.

El art. 2329 del Código Civil vigente, veda todo privilegio y toda preferencia en favor del acreedor anticrético, no embarcante la preferencia que pudiese reivindicar en presencia de un contrato accesorio de hipoteca, de conformidad con lo dispuesto por las leyes en favor del acreedor hipotecario. El art. 2329 dice que toda estipulación en contrario es nula, lo que equivale á consignar que la preferencia ó el privilegio que un deudor conceda á su acreedor anticrético, no tiene efecto legal, salvo, agrega, lo dispuesto por el Código de Procedimiento para el caso de ejecución.

Ahora bien, Excmo. Señor. Para que la ley procesal reconozca una preferencia ó un privilegio al acreedor anticrético se requiere: 1.º que haya seguido un juicio ejecutivo 2.º Que por exceder las dos terceras partes del precio de tasación de la cosa ejecutada al crédito redamado, su interés y costas y costos del juicio, la adjudicación de que habla el art. 932 del Código de Procedimiento Civil, no sea obligatoria—3.º que el acreedor ejecutante opre por que se le entregue el bien raíz ejecutado con anticrésis, con las obligaciones correlativas. Artículos 934 y 935, ya citados.

Puedo asegurar á V. E. sin temor de ser desmentido, que X X. no se encuentran comprendidos en el caso de excepción de que se habla al final del artículo 2329 del Código Civil, y para cuyo caso de excepción legislan los arts. 934 y 935 del de Procedimientos.