Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-06-10 00:00:00), página 15

tipo. Establece el arbitraje como cláusula de derecho público; lo aplica a todos los litigios durante 30 años; determina la composición del tribunal y fija la sanción. Es el arbitraje permanente general y obligatorio. La cláusula compromisoria obliga a los Estados como todos los tratados que firman; pero ella no podrá derogar las reglas esenciales del derecho de gentes. Por extenso que sea el arbitraje, hay litigios a los cuales no se puede aplicar obligatoriamente. Cuando se trata de la independencia, de la integridad de una nación, todos los tratados del mundo no podrían forzar a esta nación á aceptarla. En derecho público, lo mismo que en derecho privado, hay objetos sobre los cuales no es lícito comprometer; están fuera del arbitraje general como del arbitraje especial. Hecho esta reserva hay que esperar que los tratados de arbitraje permanente sean durables y eficaces, que comiencen y abran la era del estado jurídico entre los pueblos. El porvenir de la guerra se parece al del duelo: en muchos pueblos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, en Suiza no existe casi sino en estado de recuerdo ó de excepción.

EMILIO A. BERRO.

(Continuación)

TRATADOS

La Constitución italiana en su artículo quinto del Estatuto cuarto de marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho dice así: Solo al rey corresponde el poder ejecutivo. Este es el Jefe Supremo del Estado: manda todas las fuerzas de mar y tierra; declara la guerra; celebra tratados de paz, de alianza, de comercio y otros, dando de ello cuenta á las Cámaras tan pronto como los intereses del Estado lo permitan y acompañando las comunicaciones oportunas. Los tratados que impongan alguna carga á la hacienda, ó alguna variación de territorio, sólo tendrán efecto después de haber obtenido el consentimiento de las Cámaras.

La Constitución francesa de 1848 se expresa así: «El Presidente de la República negocia y ratifica los tratados; pero ninguno será definitivo hasta haber sido aprobado por la asamblea nacional.

La de los Estados Unidos dispone que el Presidente puede celebrar tratados; pero con la previa aprobación del Senado, siendo necesario para esto el voto de las dos terceras partes de los senadores. La constitución alemana del 77 dispone que: el emperador es el que celebra, en nombre del Imperio, alianzas y tratados con las naciones extranjeras; pero si los tratados se refieren á objetos que según el artículo 4 pertenecen á la esfera de la legislación del Imperio, es necesario para su conclusión el asentimiento del Consejo federal y la aprobación del Reichstag para su validez.»

Según el artículo 54 de la Constitución española, pertenece al rey dirigir las negociaciones políticas y comerciales con las potencias extranjeras, y el 65 agrega que debe el rey hallarse necesariamente autorizado por una ley especial para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulan subsidio á las potencias extranjeras, y todos aquellos que puedan obligar individualmente á los españoles. Por último, la Constitución de la República en su art. 81 confiere al Presidente el derecho de iniciar tratados con conocimiento del Senado; pero su conclusión según el art. 17 corresponde á la asamblea general.

Como vemos, pues, las diferencias que existen en estas Constituciones para la celebración de los tratados son debidas á la manera como en esos Estados está repartida la soberanía. Si este derecho está radicado exclusivamente en el Poder Ejecutivo, es él el único que podrá obligar al Estado; si por el contrario está ese derecho repartido con el Poder Legislativo, se necesitará la concurrencia de ambos para que el tratado se considere perfecto. Por otra parte, averiguar á qué poder del Estado le incumbe legalmente el derecho de tratar, es cuestión que pertenece al Derecho Constitucional y no á esta materia. Diré sin embargo de paso que creo acertada la disposición de nuestra Constitución al establecer que es por su carácter al Poder Ejecutivo á quien corresponde iniciar los tratados, y al Legislativo, por su organización, el ratificarlos. Pasemos ahora á examinar el segundo de los requisitos exigidos para la validez de un tratado, es decir, el consentimiento. Si bien es cierto que como principio general, tanto en los contratos como en los tratados, la falta de consentimiento es causa de nulidad, en la práctica, en cambio, se deduce de estos dos clases de convenciones consecuencias diversas que nos demuestra Ortolan en las siguientes palabras: «Aunque los principios generales, dice este autor, que rigen á los tratados y contratos sean los mismos, los Estados, grandes agrupaciones colectivas, son, sin duda, más numerosas que los particulares, simples individuos en su naturaleza, en su modo de evolución y de actividad, en sus intereses y en las cosas que forman el objeto de esos intereses; para que pueda sacarse de esas reglas generales las mismas consecuencias de detalle y de aplicación, tanto res seco de una como de otra de esas convenciones. Así, aunque sea verdad que tanto las convenciones internacionales como las particulares, no son valideras sino en cuanto ha habido verdadero consentimiento, lo que concierne á la violencia, los manejos fraudulentos ó los errores sustanciales capaces de viciar el consentimiento, toma respecto á las naciones, un carácter separado y merece en la práctica una determinación particular apropiada á la naturaleza de las naciones y á su manera de querer obrar. Como vemos, pues, por las palabras de Ortolan hay algunas diferencias con respecto al consentimiento entre las consecuencias derivadas del contrato y las que deducen de los tratados, siendo erróneo por tanto sentar una perfecta igualdad entre esas convenciones como lo hace Phillimore, cuando al hablar de este punto nos dice que: «Así como es indispensable el libre y reciproco consentimiento para la validez de un contrato entre los individuos, así lo es también para la validez de un tratado entre dos ó más Estados. No debemos, como ya lo he dicho, tomar en absoluto las palabras de este tratadista, porque en la práctica son necesariamente distintas las reglas que rigen á los contratos y tratados. En efecto, exigen las leyes civiles la nulidad de los pactos en los cuales hubiera intervenido la fuerza ó violencia en los individuos, porque se considera que esas personas carecían del libre consentimiento y fueron por consiguiente obligadas á suscribir un contrato que sería necesariamente nulo desde que le falta su condición esencial. ¿Pasa esto de idéntica manera en los tratados? No, y la prueba de ello la tenemos en que se consideran válidas las obligaciones celebradas por los Estados aun cuando haya sido uno de estos Estados obligado á firmar el tratado bajo el imperio de la fuerza armada del enemigo. La razón de esto es sencilla. Hoy que los Tribunales de arbitraje efectivos no pueden existir dados los caracteres que distinguen á los individuos de los diversos Estados, no tienen éstos otro medio para hacer reconocer sus derechos que la fuerza, y, como único, es este medio legítimo, pues de lo contrario el pueblo que para reparar una ofensa se hubiera valido de la guerra sabiendo que los tratados que celebraba no tendrían valor ninguno desde que les faltaba el libre consentimiento, sólo considerarían vengada la ofensa con la sumisión total ó parcial del Estado ofensor, y, como dice Bluntschi, los conflictos entre las naciones serían eternos y la paz no estaría nunca asegurada.

Día llegará, sin embargo, en que el arbitraje será un hecho, y entonces, así como los tribunales de Justicia suprimirán para siempre la razón del más fuerte en las contiendas personales, de la misma manera los tribunales de arbitraje resolverán y fallarán con arreglo á la Justicia y al derecho en las luchas internacionales, y será entonces también, como lo es hoy en los contratos, causa de nulidad la falta del consentimiento en los tratados.

Tres son los vicios de que puede adolecer el consentimiento: el error, el dolo y la violencia. Por lo que respecta á los dos primeros, es indiscutible, y en eso están de acuerdo todos los tratadistas, que siendo estos evidentes debe ser necesariamente declarada la nulidad del tratado, y que sería, por lo tanto, inútil el exigir su cumplimiento.

En cuanto á la violencia, como constituye otra pregunta del programa á que me ajusto, deberá, siguiendo el orden establecido por aquél, tratarla más adelante; pero creo útil y oportuno ocuparme de ella á continuación de los otros vicios del consentimiento, siendo este, por lo tanto el sitio que debe correspondérsele.

De la violencia —Establecen en general todos los Códigos que en las obligaciones entre particulares cuando se obra impulsado por el temor de un mal grave e inminente (violencia moral) ó obedeciendo á una fuerza física irresistible (violencia física), podrá pedirse en tales condiciones la nulidad del