Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-08-10 00:00:00), página 5

EXPLICACIÓN

—¿Cómo considera V. el contexto de esta undécima sección de la Constitución?
—Como una declaración de derechos y garantías con relación á los habitantes, y una determinación de límites con relación á la acción y autoridad del Estado respecto de aquéllos.
—¿Cuáles son, en resumen, los derechos garantizados en esa sección?
—Los derechos naturales ó individuales que reunidos y garantizados por la ley constituyen lo que se llama libertad civil, y que se resumen en el derecho que tiene todo hombre en sociedad á ser protegido, como dice el artículo 130, en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad y propiedad.
—¿A qué título puede privarse á un hombre del goce de estos derechos?
—De la vida, honor y libertad puede ser privado en pena ó castigo de delito cometido y plenamente comprobado de la seguridad, por motivos políticos (art. 143), y de la propiedad, á título de expropiación y por causa de utilidad pública, mediante indemnización previa.
—¿En qué consiste la igualdad civil?
—En que la ley sea una para todos indistintamente, y esto es lo que se consigna en el artículo 132 al decirse que los hombres son iguales ante la ley. Esa igualdad es la única justa y verdadera, pues no lo son tales la natural y la social.
—El principio consignado en el artículo 134 sobre que los habitantes del Estado pueden hacer todo aquello que no les está prohibido por la ley, es extensivo á los poderes públicos? En otros términos, ¿pueden éstos, como cualquier individuo, hacer toda aquello que no les está prohibido por la Constitución?
—No, señor. Los poderes públicos, como que su acción se extiende taxativamente á una cierta categoría de actos determinados, y no tiene imperio alguno sobre aquellos que no afectan al derecho de terceros, no pueden más que aquello para que están autorizados por la determinación de sus atribuciones ó que es indispensable para poner en ejercicio esas atribuciones; es decir, sólo pueden hacer lo que la Constitución los facultó á hacer expressa ó implícitamente. De suerte que el silencio de la Constitución ó de la ley conforme á ella, en punto á libertad de acción, es favorable á la libertad del individuo, y contrario á la libertad de los poderes públicos. Así, una regla muy sabia de interpretación constitucional quiere que en caso de duda sobre si una libertad, derecho ó prerrogativa pertenece al individuo ó al poder político, la duda se resuelve en pro de la libertad individual, como que el objeto primordial de la asociación civil no es otro que la protección y garantía de esa libertad.
—¿Podría V. citar algún antecedente práctico en apoyo de esa doctrina?
—Sí señor. La Constitución de los Estados Unidos, después de hacer la enumeración de ciertos derechos individuales, dice que esa enumeración no podrá alegarse para negar ó desvirtuar otros derechos retenidos por el pueblo, y más lejos añade que los poderes no delegados por la Constitución á los Estados Unidos (es decir, al Gobierno) ni negados por ella á los Estados, están reservados á éstos respectivamente ó al pueblo. Los poderes públicos, pues, pueden todo aquello que la Constitución les permite, y nada más; los individuos, todo aquello que la ley no les prohíbe.
—El artículo 143 es limitativo de la parte del 81 que autoriza la adopción de medidas prontas de seguridad?
—Es limitativo en cuanto reduce á la simple aprehensión de los delincuentes las medidas preventivas que le es dado tomar al Ejecutivo, porque no habiendo delito alguno más grave que el de traición á la patria, claro es que ningún otro delincuente ó acusado puede ser tratado con mayor dureza; pero el caso supuesto por este artículo difiere del supuesto por el 81, pues el 81 provee para los casos imprevistos, y el de ahora se trata, para los casos previstos. Si, pues, el Poder Ejecutivo prevé la trai- ción ó conspiración que se trama, es deber suyo, antes de proceder contra los delin- cuentes, solicitar la suspensión de la segur- idad individual, só pena de proceder arbi- trariamente si así no lo hiciere.
—¿Cómo debe entenderse esta cláusula: como no se oponga el bien público ó el de los ciudadanos, empleada en el artículo 149?
—El bien aquí ha de tomarse por el inte- rés según la moral y el derecho, y no en un sentido egoísta ó antisocial. Así, por ejem- plo, el perjuicio que un establecimiento in- dustrial cualquiera pueda hacer por medio de la concurrencia á sus similares ya esta- blecidos, no se opone ni al bien público ni al de los ciudadanos que el artículo de que nos ocupamos ha querido salvaguardar, y antes bien es un beneficio público. Si nues- tros Constituyentes hubieran encarado ese perjuicio del interés individual como contraria al bien público ó al de los ciudadanos, el artículo constitucional sería contra- dictorio ó carecería de todo sentido, y muy lejos de consagrar la libertad de trabajo, cultivo, industria ó comercio, la habría en realidad suprimido, ó habría despojado de ella á los más en beneficio de los menos, consagrando así el más odioso monopolio.
—De que la Constitución consagra el prin- cipio de la libertad de comercio, ¿qué se sigue?
—Síguese lógicamente, entre otras co- sas, que toda tarifa protectora, y en general todo impuesto, gabela ó derecho que no revista un carácter exclusivamente fiscal, que no tenga por objeto único y preciso proveer de rentas al Estado para que pue- da subvenir á los gastos públicos, es una transgresión de la Constitución.
—Pero nuestras tarifas aduaneras ¿no han te- nido siempre, más ó menos, el doble carácter de fiscales y protectoras?
—Si señor; ese es el hecho; mas el hecho no es la medida del derecho ni tiene la vir- tud de suprimirlo; por el contrario, son los hechos los que deben ajustarse al derecho, como que éste es una emanación de la jus- ticia y de la razón eterna, y aquél obra tan sólo de la razón falible, de la injusticia y de las pasiones de los hombres.
En la cuestión que nos ocupa, como en tantas otras, los malos precedentes, los he- chos ocurridos y producidos sólo prueban la necesidad de vulgarizar juntamente con el estudio de las ciencias políticas el de nuestra propia ley fundamental, de asegurarle á ésta el respeto que les es debido, de romper para siempre con ciertas ideas que han hecho ya su tiempo en los pueblos li- bres y civilizados y con una falsa ciencia que en realidad no es otra cosa que el em- pirismo y la rutina bajo otro nombre, y de la cual somos deudores á la educación colo- nal y al contacto de una población extra- ña, más atrasada todavía, políticamente ha- blando, que nuestra población nacional. La función de legislar exigía en las personas llamadas á ejercerla, aparte de otras condi- ciones y cualidades, conocimientos generales en materia de ciencia social y sabido es que los hombres entendidos en ella jamás han constituido el elemento predominante en nuestras Asambleas.
—¿Puede el Estado abrir establecimientos co- merciales, industriales ó fabriles?
—No señor: no lo puede, porque su mis- sión es otra que comerciar y lucrar, y su función propia y peculiar difiere esencial- mente de la de cada particular. Por la mis- ma razón no puede ser banquero ni fundar establecimientos de crédito en concurrencia con los particulares. Así es que la Constitución no autoriza la creación de un banco de Estado, y si sólo la de bancos particulares, con exclusión expresa de aquél, como tex- tualmente se determina y declara en las ac- tas de las sesiones de la Asamblea Consti- tuyente, impresas y publicadas en 1870 (página 85).
—¿Qué es, pues, la misión de esa institución social conocida con el nombre de Estado?
—Aplicar y desenvolver el derecho en el seno de la sociedad.

Sección XII
DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTIGUAS, PUBLICACIÓN Y JURAMENTO, INTERPRETACIÓN Y REFORMA DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN.

CAPITULO I
148. Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa ó indirectamente no se opongan á esta Constitución, ni á los decretos y leyes que expida el Cuer- po Legislativo.

CAPITULO II
149. La presente Constitución será so- lenmente publicada y jurada en todo el territorio del Estado, después de satisfecho el artículo séptimo de la Convención Preliminar de Paz, celebrado entre la República Argentina y el Gobierno del Brasil.
150. Ninguno podrá ejercer empleo polí- tico, civil ni militar, sin prestar juramento especial de observarla y sostenerla.
151. El que atentare ó preste medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada, publicada y jurada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación.