Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-10-25 00:00:00), página 13

por medio de la difusión de las luces; y creando escuelas se acercaba al ideal de las legítimas aspiraciones de ciudadano y de gobernante.

Los nobilísimos sentimientos que lo inspiraron se desprenden de la simple lectura del preámbulo de dicho decreto, el cual dice así:

«La educación del hombre es el germe creador de la prosperidad de las naciones y de la felicidad de los Pueblos, porque en ella reside el saber, que da las buenas instituciones, y la virtud, que las consolida y arraiga en las costumbres. El cuidado de su desarrollo, de su aplicación y de su tendencia, no puede ser, pues, la obra de la especulación, de las creencias individuales, ó de los intereses de seca. Esa atribución es exclusiva de los gobiernos. Mandatarios únicos de los Pueblos que representan, es á ellos á quienes esta confiado el depósito sagrado de los dogmas y principios que basan la existencia de la sociedad á que pertenecen: de ellos solos es la responsabilidad, y ellos son, por consiguiente, los que tienen el forzoso deber de apoderarse de los sentimientos, de las ideas, de los instintos y aun de las impresiones del hombre desde que nace, para vaciarlo en las condiciones y exigencias de su asociación; de otro modo no puede existir el civismo,—esa armonía social, sin la que no hay orden, tranquilidad, fuerza, ni vida para los Estados. En este concepto, y decidido el Gobierno á formar de ese cuadro el primero á que contraerá sus conatos, después del de la salvación y seguridad de la República, ha acordado y decreta:

Artículo 1.º Créase un Instituto de Instrucción Pública cuyas atribuciones serán:
1.º Promover, difundir, uniformar, sistematizar y metodizar la educación pública, y con especialidad la enseñanza primaria. 2.º Autorizar ó negar la apertura ó continuación de todo establecimiento de educación. 3.º Reglamentar las condiciones de su existencia. 4.º Examinar las obras ó doctrinas que sirvan de tema al estudio de las ciencias morales. 5.º Inspeccionar el orden económico de los citados establecimientos, y corregir sus abusos. 6.º Vigilar cuidadosamente la observancia del más perfecto acuerdo, entre la enseñanza y las creencias políticas y religiosas que sirven de base á la organización social de la República. 7.º Proponer, en fin, al Gobierno todas las mejoras de que sea susceptible la educación pública.»

El Ministro de Gobierno era el Presidente nato del Instituto.

Por ese mismo decreto se nombraban miembros de él á los señores Francisco Araúcho, Andrés Lamas, Florentino Castellanos, José Luis de la Peña, Fermín Ferreira y Artigas, Enrique Muñoz, Cándido Joaquín, Esteban Echeverría, Juan Manuel Buesnes Irigoyen y José María Muñoz.

Con fecha 26 de febrero de 1847, el Gobierno dictó un decreto reglamentando la educación del Estado y privada.

En su art. 1.º prescribía que mientras no existiesen establecimientos de educación pública, los privados que se hallaban establecidos, ó que se estableciesen en cualquier punto del territorio de la República, para individuos de uno y otro sexo, quedaban sujetos á la obligación de instruir gratis y con arreglo á sus respectivos programas, á tantos niños ó jóvenes que el Gobierno eligiera, cuantos correspondiesen á uno sobre cada diez de los cursantes en los diferentes ramos de enseñanza.

Á esos alumnos les costeaba el Estado los textos y demás objetos necesarios para su instrucción, y les estaba prohibido á los establecimientos de educación fundados ó á crearse, funcionar sin antes manifestar al Instituto su conformidad con dicha obligación.

El art. 6.º del referido decreto daba derecho á ser agraciados por el Gobierno:
1.º A los hijos huérfanos de padre y madre, que hubiesen muerto en servicio de la República.
2.º A los de madre viuda, y de padre muerto del mismo modo.
3.º A los niños ó jóvenes que se hiciesen notables por la precocidad y desarrollo de sus facultades intelectuales.

Sin embargo, esos beneficios del Estado sólo correspondían á los absolutamente pobres, y terminados sus estudios, los favorecidos tenían la obligación de enseñar gratis en cualquier establecimiento á que se les destinase para ese fin, de acuerdo con las disposiciones del Instituto.

Como compensación á la buena conducta y aptitudes de los alumnos que hubieran terminado su educación primaria ó secundaria, de un modo satisfactorio, el Gobierno los tomaba bajo su amparo para la continuación de sus estudios, ó para sus respectivas colocaciones en empleos, industria ó artes á que quisieran dedicarse, de conformidad con el art. 11 de su decreto.

En la Constitución provisoria del Instituto de I. Pública se estableció que éste tenía por objeto PERMANENTE, mejorar, uniformar y dirigir la enseñanza primaria; y como TRANSITORIO, hasta que se erigiese la Universidad, mandada crear por Ley de 8 de junio de 1833, la Inspección de la enseñanza secundaria y científica establecidas por la misma Ley.

Según dicha Constitución, que con fecha 13 de marzo de 1848 fue aprobada por el Gobierno, correspondía al Instituto, como cuerpo encargado de la Instrucción Primaria:
1.º Determinar las materias que debían corresponder la enseñanza primaria en las escuelas públicas; prescribir los métodos y textos que hubieran de seguirse en ellas; dictar los Reglamentos que estimara convenientes para su gobierno y disciplina.
2.º Inspeccionar las escuelas privadas, con el fin único de que no se enseñase en ellas nada que fuera contrario á la moral ó á los principios constitucionales de la República.
3.º Dictaminar las condiciones á que debían sujetarse los establecimientos privados para que valiese, como de escuela pública, la instrucción recibida en ellos.
4.º Determinar las calidades que debían reunir los que aspirasen al título de preceptores públicos, ó maestros, y las pruebas con que habían de acreditarse;—recibir esas pruebas y expedir los títulos correspondientes á los que hubiesen merecido su aprobación.
5.º Velar sobre el cumplimiento de las disposiciones que adoptase, instruyendo de ellas á las Juntas Económico-Administrativas, á los fines que señala el art. 126 de la Constitución del Estado.
6.º Proteger y fomentar los establecimientos de enseñanza, y solicitar para ello, de las autoridades competentes, las medidas y auxilios que estime necesario.

Al Instituto, como cuerpo supletorio de la Universidad, correspondía:
1.º La inspección general de la enseñanza SECUNDARIA Y CIENTÍFICA, establecida por la ley de 8 de junio de 1833 y reglamento de estudios aprobado por las Honorables Cámaras de 30 de junio de 1837.
2.º Determinar las condiciones á que debían sujetarse, para que valiesen como curso público, los estudios secundarios y científicos que se hicieran en establecimientos particulares.
3.º Conceder ó negar habilitación, para el mismo efecto, á tales establecimientos, tomando en el primer caso todas las garantías que juzgare necesarias.
4.º Velar sobre el cumplimiento de los Reglamentos vigentes, y de las disposiciones que dictase en ejercicio de las anteriores atribuciones.

En igual fecha sancionóse un reglamento provisorio de instrucción primaria. (1)

En su artículo 5.º, se establecía que en toda escuela pública de enseñanza inferior debía necesariamente enseñarse: 1.º doctrina cristiana y principios de moral; 2.º lectura; 3.º escritura; 4.º las cuatro reglas fundamentales de la aritmética, sobre números abstractos y denominados; 5.º nociones sobre la gramática del idioma patrio; 6.º idea general de la geografía de la República.

En las de enseñanza primaria superior, d-bía perfeccionarse la lectura y escritura; ampliarse el estudio de todas las otras materias designadas en el art. 5.º y el de moral con nociones sobre los derechos y deberes del ciudadano, agregando además: 1.º el dibujo lineal y nociones de geometría con sus aplicaciones más usuales; 2.º ideas de cosmografía y geografía general; 3.º noticias sobre la Historia de la República, y principios de la Constitución del Estado, reducidos á la división de los tres altos Poderes y sus atribuciones.

La enseñanza privada fue declarada libre, quedando, sin embargo, sujeta á la inspección del Instituto,—según lo dispuesto por el art. 9.º,—con el fin único, decía, de que no se enseñase en esos establecimientos nada contrario á la moral, ó á los principios constitucionales de la República.

Para obtener título de maestro de instrucción primaria inferior ó superior se requería:
1.º Tener cumplidos 18 años de edad.
2.º Acreditar moralidad de costumbres por dos certificaciones firmadas, expedidas por personas caracterizadas; y
3.º La aprobación del Instituto de instrucción pública, en un examen sobre las materias que comprende el grado de enseñanza del título pretendido.

Los maestros de instrucción primaria pública estaban exentos de todo servicio militar.

(1) También el Instituto dictó un acuerdo con fecha 19 de marzo de 1848 sobre la instrucción secundaria y divulgativa.