Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-10-25 00:00:00), página 15

INHUMACIÓN

I.—REGISTRO DE ESTADO CIVIL.—(LEY DE 1º DE FEBRERO DE 1879)

Art. 54. En las secciones urbanas, ningún cadáver podrá ser sepultado sin que se acredite por la persona que corre con las diligencias de sepultura, haberse hecho el asiento respectivo en el libro de Registro Civil.

Art. 56. En las secciones rurales, cuando por las distancias no fuese posible exigir el asiento previo, el jefe de la Oficina de Cementerios tomará el nombre de la persona encargada de dar sepultura al muerto, previniéndole que debe hacer la anotación dentro de diez días, bajo pena de la ley.

Art. 57. Si el fallecimiento tuviese lugar en despoblado donde no hubiere cementerio, el jefe principal del establecimiento debe hacer la anotación en el Registro respectivo dentro de diez días, siendo él directamente responsable por la omisión.

Art. 58. El asiento, además de las declaraciones mencionadas en el art. 10 (1) que fuése posible obtener, deberá establecer:

1.º El día, hora y lugar del fallecimiento.
2.º El nombre, sexo, apellido, edad, profesión, nacionalidad y domicilio del fallecido.
3.º Los nombres, domicilio, nacionalidad y profesión de los hijos, padres y cónyuges, y a falta de éstos, de los más próximos parientes del muerto, si fuesen conocidos.
4.º El nombre del cónyuge, si el muerto hubiese sido casado ó viudo.
5.º La enfermedad ó causa de la muerte, siendo conocida.

Art. 60. Si apareciese el cadáver de alguna persona, cuya identidad no sea posible recono- cer, el asiento de defunción deberá contener:
1.º El lugar donde fué hallado el cadáver.
2.º Su estado.
3.º Su sexo y la edad que representa.
4.º El vestido que llevaba y cualesquiera otras circunstancias ó indicios que se encontra- sen.

En el caso que más tarde se reconozca la identidad del muerto, se completará el asiento escribiéndose al margen los esclarecimientos ob- tenidos.

Art. 61. Cuando el Juez de Paz sospeche que la muerte fuese violenta, dará parte á la autoridad judicial competente, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda á la averiguación, conforme á derecho.

REGLAMENTO DE LA LEY DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

Art. 18. Sólo en los certificados médicos ó de los Tenientes Alcaldes y demás autoridades su- periores, debe constar la enfermedad ó causa de la muerte, sin mencionar esas circunstancias en las actas.

La entrega de dichos certificados se anotará simplemente en el margen del Registro dicen- do: Remiten el certificado médico ó del Teniente Alcalde.

CÓDIGO PENAL

Art. 412. Será castigado con multa de cuatro á cuarenta pesos ó prisión equivalente:

1.º El que infrinjere los reglamentos rela- tivos á inhumación.

En el reglamento para los Cementerios del departamento de Montevideo hay disposiciones muy buenas referentes á impedir se violen los más fundamentales preceptos de la Higiene pú- blica, impidiendo ciertos espectáculos desagra- dables, reglamentando los depósitos, dispone- do ciertas medidas piadosas en las traslaciones, etc. El Consejo de Higiene exige se extiendan por los métodos certificados de defunción de las personas que han asistido, siempre que no me- die entre la última visita y aquella más de 24 horas, tratándose de una enfermedad aguda, y siete días, si fuese crónica. Establece además que podrán no darse certificados, si en ese inte- rior hubiese intervenido en la asistencia una per- sona sin título, y que no deberá darse dicho cer- tificado si la persona ha fallecido sin asistencia médica, ó asistida por persona no autorizada.

Crítica.—El objeto de la ley al estable- cer estas disposiciones ha sido: 1.º dejar constancia en el libro demográfico de la población, del estado civil del muerto; 2.º impedir que se entierre á una persona viva; y 3.º evitar que se oculten delitos, y que ba- jo la apariencia de una muerte natural, se esconda realmente un caso de muerte vio- lenta. Se le exige al médico que diga si ha muerto á consecuencia de tal ó cual cosa. El certificado médico, pues, tiene importan- cia; el certificado en sí, para asegurarse de que está realmente muerta esa persona y evitar el que se le inhumé en vida; y el conocimiento de la causa de la muerte, para que se conozca cuál es el motivo que la ha producido, impidiendo la ocultación de ver- daderos crímenes. ¿Son, por consiguiente, admisibles estas dos últimas conjuras? Sí. Los casos de inhumaciones de personas vi- vas han sido muy frecuentes. Se citan mu- chos ejemplos, y esto es tanto mas hacedo- rero cuanto que es fácil equivocarse por haber estados parecidos á la muerte. Se ha escrito mucho sobre ello, llegando á preo- cuparse seriamente la atención pública en los siglos anteriores, pues llegó el caso de enterrarse á un individuo tres veces. Fre- cuentemente se han llevado al cementerio personas que después han vuelto á la vida: el caso de aquel niño, al cual creyéndose muerto y puesto en el depósito, al otro día se le encontró sentado en el cajón, jugando con la corona de azucenas que le habían col- locado en el ataúd, es un ejemplo edificante al respecto. Llegó á tal extremo el temor de que se inhumasen personas vivas, que en Alemania se establecieron las casas mor- torias en los cementerios, las cuales eran como las antecas de éstos. Se deposita- ban los muertos y sólo se inhumaban cuando los cadáveres entraban en putrefacción, adoptándose el sistema de poner entre las manos cruzadas del cadáver el tirador de una campanilla, para que, al menor movi- miento del real ó supuesto muerto, sonase en el cuarto del celador. También los ca- sos de ocultación de crímenes han sobrepasa- do lo que pudiera creerse. ¿Cuántos críme- nes quedan impunes!

No es tan fácil enterrar vivos como el mundo se imagina. La posibilidad de ello está corregida entre nosotros con el plazo de 24 horas, que como mínimo se ordena para la inhumación, y decimos como mínimo, porque no se violara la ley aunque se le conservase más tiempo, con tal que no hubiera llegado á la putrefacción.

En cuanto á la segunda eventualidad (ocultación de crímenes) es fácil que se pro- duzca, porque nuestras disposiciones legis- lativas ni se cumplen, ni son bastante bue- nas para evitar la ocultación. En efecto, los certificados expedidos por los médicos no llenan el objeto para que han sido esta- blecidos. Por regla general los médicos se expiden desde su casa sin ir á ver el muerto y examinarlo, limitándose simplemente á preguntar al que va en busca del certificado cual es la causa de la muerte; y según esto dan su dictamen.

Por varias razones se explica esta con- ducta de los médicos: 1.º porque estos sa- ben más ó menos la causa de la muerte; 2.º para evitar que la familia ponga en un aprieto al médico, á quien creen siempre que tiene la salud en la mano, echándole la culpa de la muerte cuando el enfermo no salva; y con esta base llegan hasta insultar- lo y á veces hasta la agresión. En clase se citó por el catedrático del aula el caso de un doliente que esperaba la llegada del mé- dico con un cuchillo, con intenciones de asesinarlo; 3.º por otra parte, ¿qué necesi- dad tiene de ir á pasar un mal rato á la casa mortuoria? En efecto, á nadie le gusta ver cosas tristes; si alguna vez las ve es porque no tiene mas remedio; 4.º porque, aun ven- do á la casa, no se puede dar un certificado prolífico, sabio, sino tratándose de esas enfermidades crónicas, que datan de mucho tiempo atrás y que por esta circunstancia ha habido tiempo de estudiarlas, y 5.º por- que en los casos comunes no son esos mo- mentos los más propios para proceder á un reconocimiento detenido en presencia de la familia, etc. Hasta puede suceder—el caso es muy posible—que se certifique una cosa por otra, ya por complacencias con la fami- lia, ya por no violar el secreto profesional, ya, en fin, porque no ha sido posible hacer un reconocimiento detenido y preciso; y en este último caso, encubrirse un verdadero delito, ciertos envenenamientos difíciles de reconocer, etc. Por lo demás, la misión del médico clínico no es descubrir crímenes.

Estos son los inconvenientes. El medio de salvarlos es sencillo. Se cometaría la expe- dición de certificados de defunción á los médicos forenses, haciendo, por lo tanto, que ésta fuera una función pública, en vez de obligar al médico clínico á ello, máxime cuando la misión de éste es curar y no an- dar averiguando si hay ó no tal delito ocu- tado, fuera de que no recibe por ello remune- ración ni exoneración de derechos. Efecti- vamente, ¿por qué razón y con qué derecho ha de disponer el Estado del médico sin re- munera su trabajo, cuando le recarga de impuestos? El médico dirá que él no es es- clavo del Estado, y no irá sino solamente obligado. Si los criminales supieran todos