Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-08-10 00:00:00), página 15

convicción del derecho que asiste á mis mandantes.

Pero si V. E. lo creyese útil, podrá consultar la opinión de los tratadistas, y entre ellos á Mouron, el cual establece en su notable obra de Derecho Civil: «Si los frutos no fueran realmente afectados al pago de la deuda; si ellos quedaran en manos del acreedor á la libre disposición del deudor; si respecto á los otros acreedores la condición del anticresis fuera la misma que si faltara la anticresis, ¿qué seguridad habrá?»
Sería negar la anticresis y eliminar de nuestra legislación el título XVI del Código Civil. ¿Para qué legislar sobre un contrato inútil y sin efectos? ¿Dónde está la protección á la seguridad que el deudor ha querido otorgar á su acreedor, si no ha cambiado de situación, si no adquirió otro derecho que el del acreedor quiquografario? ¿Dejaría en tal caso de estar á la buena fe el deudor?
No, Excmo. Señor. Es preciso convenir que si el acreedor anticresíaco tiene preferencia en los frutos sobre los demás acreedores, la anticresis es un contrato inútil, que para nadie sirve. Elimínesele en tal caso del Código Civil, y nada se habrá perdido.
Pero hay otro argumento más poderoso, que el adversario entiende á su modo, aplicando siempre su lógica.
La inscripción obligatoria del contrato de anticresis qué significación tiene?
El artículo 13 de la ley de 19 de diciembre de 1890, que creó el registro, dice: «Del mismo modo y dentro del mismo plazo deberán registrarse en él todos los contratos de anticresis, todos los gravámenes capellánicos de cualquier naturaleza, que existan preconstruidos en fincas urbanas ó fundos rústicos, sin cuyo requisito no surtirá efecto respecto de terceros, en caso de enajenación forzosa ó voluntaria de la propiedad, ni perjudicará los gravámenes hipotecarios que sobre ellos se constituyan.»
¿Tiene ó no alcance contra terceros el contrato de anticresis debidamente registrado con las formalidades de la ley?
Si puede invocarse la anticresis registrada contra un acreedor hipotecario, cómo afirmar que no puede serlo contra un acreedor simple?
Por otra parte, ¿qué objeto, qué fin tiene la inscripción? Hacer pública la existencia del contrato; y si no tuviera fuerza contra terceros, ¿para qué inscribirlo? ¿Para qué hacerlo público?
Es cuestión de buen sentido.
Ponga el letrado contrario el caso sub judice á la consideración de la hueste estudiantil, que á menudo se reúne en la antecasa de la Secretaría de la Universidad, para convertirla en campo de Agramante de las discusiones jurídicas, y haga luego el habitual derroche de su gallarda elocuencia; trate allí de convencer al auditorio de que la anticresis no atribuye al acreedor más derechos que los que corresponden al acreedor simple ó quiquografario; y ya vera ese letrado como altaléntame le darán ¡palos! y le condenarán en costas y costos.
Para no cansar por más tiempo la atención de V. E., doy aquí por reproducido mi escrito de apelación contra el auto de 1.ª instancia; y espero con razón sobrada que la otra sala del Tribunal resolverá definitiva este asunto en la forma indicada en el exordio de este escrito.
Por tanto:
A V. E. suplico que, habiendo por evocado el traslado conferido, se sirva proveer lo que corresponde pues será justicia, etc.
J. BLENGIO ROCCA.
Nota: El auto transcripto en el número 10 de esta REVISTA ha sido confirmado en tercera instancia.

Apuntes de Derecho Constitucional

LIBERTAD PERSONAL (Continuación)

Relativamente á que con semejantes severidades no se mejora la moralidad del preso, manifestaremos que esto no es cierto sino dentro de restringidos límites, y que si así no fuera, y se demostrase por medio de hechos la inutilidad de esas medidas, no sería de desearse el mejoramiento del culpable al precio de la perversion moral de la sociedad. A un hombre vicioso y criminal por nacimiento no se le reforma seguramente con consejos, son necesarias todas las severidades de la ley, que son un motivo poderoso, para hacerlo cambiar, y si ni con uno ni otro medio se logra el objeto apetecido, acepte el que más beneficios positivos presta y adopte un criterio racional y conforme á la naturaleza humana, que consiste en concertar las cosas de tal suerte que la ley se muestre conciliadora y suave con los inocentes, y con los criminales rigurosa y severa. En ningún caso ha de castigar á quien no merece penal, ni en caso alguno tampoco imponer crueles ni inusitados castigos á un culpable (i), porque todo rigor excesivo, sobre ser innecesario, no conduce á nada. La justicia cumple su sagrado deber tratando de reformar, más que los individuos criminales, las malas tendencias de la sociedad cuyos intereses está encargada de tutelar y defender. Aparte de esto, tóngase presente que no legislamos sino comentamos, y que, atendiendo á la letra y espíritu de la disposición constitucional, no cabe más solución que la propuesta.
Lo que, á juicio nuestro, no ha contribuido poco para la admisión de ese criterio que combatimos, es la impropiedad del término cárceles que en este artículo se emplea, y como nuestra Constitución usa promiscuamente estas palabras, sin parar mientes en su significado preciso, opinan algunos que deben ser interpretadas en un sentido de lato, á fin de que la protección que ella acuerda alcance tanto á los detenidos y arrestados como á los presos.
Combatida esta opinión con razones que creemos atendibles, réstanos decir sobre el punto en debate: que las cárceles no han de consistir en calabozos estrechos y mal- sanos y mazmorras inmundas, ni ser instrumentos de opresión y tiranía, en donde peligren á un tiempo la salud y la vida de los condenados á prisión. Nada más digno de censura bajo el primer concepto que las casamatas de los españoles en el Callao, y bajo el segundo, la famosa Basílica, entre cuyos muros gimió tantas víctimas del despotismo de los reyes.

VIII.

CONDICIÓN DEL ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PRESCRITO POR LA CONSTITUCIÓN—PROHIBICIÓN DE JUGAR CAUSA ALGUNA FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA—ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN—ES LA CONSECUENCIA DE NUESTRA EMANCIPACIÓN—PROHIBICIÓN DEL JUICIO CRIMINAL EN REBELDÍA—ARTÍCULO 112—ALTAS RA- ZONES DE ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL—PROHIBICIÓN DE LOS JUICIOS POR COMISIÓN—ARTÍCULO 110—EXAMES Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL—JUICIOS MILITARES—SON EL MÁS PODEROSO Y DETESTABLE INSTRUMENTO DE OPRESIÓN—IMPORTAN- TES REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY DE 6 DE MARZO DE 1858.

Pasando á estudiar las condiciones del enjuiciamiento criminal prescripto por la Constitución del Estado, veamos una de las disposiciones que de ello tratan:
Artículo 109: «Ninguna causa, sea de la naturaleza que fuere, podrá juzgarse ya fuera del territorio de la República. La ley proveerá lo conveniente á este objeto.»
Esta manifestación de que ninguna cau- sa podrá juzgarse fuera del país, tiene su explicación histórica.
Durante el régimen colonial, el fallo de última instancia en la mayor parte de los juicios, y especialmente en los criminales, procedía de los tribunales de España. Era ésta una prescripción de observancia práctica, que descansaba en el espíritu monopolizador y centralista que á los españoles an- maba y en la superioridad inuestionable de los jueces de aquella nación.
Más tarde, en la época en que se sancio- nó la Constitución, tal procedimiento no existía ya: había desaparecido desde los primeros albores de la independencia. Sin embargo, nuestros constituyentes creyeron de utilidad la disposición que dejamos transcripta, declarando sometido á los tri- bunales nacionales el conocimiento de todas las causas que se hubieran iniciado en el país. Esta declaración puede decirse que es el signo de nuestro colonataje, la señal de nuestra independencia; no existe en Consti- tución alguna, pudiéndose agregar que no tenía razón de ser después de nuestra eman- cipación política y que el artículo que la establece desaparecerá en la reforma próxi- ma de nuestra carta fundamental.
El artículo 112, que pasamos á examinar, dice: «Queda igualmente vedado el juicio