Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1897-08-10 00:00:00), página 13

ciencia, reconoce principios que son la base característica de ella, y su fundamento; y teniendo en cuenta que nace del Derecho Político General, sus principios fundamentales habrá que buscarlos en la fuente de donde él procede, en el Derecho Político.

Para el estudio de los principios fundamentales del Derecho Administrativo y sus consecuencias en las diferentes esferas donde se desarrolla su actividad, es necesario, ante todo, tener un criterio de apreciación sobre el origen y la naturaleza del Estado y el fin que éste está llamado á desempeñar, ó, lo que es lo mismo, cuál es la misión del Estado en la sociedad; si son legítimas todas aquellas atribuciones que día á día y universalmente se manifiestan.

En cuanto á la necesidad del estudio del origen del Estado, dice el señor Catedrático Dr. Peña: «Hay sin duda gran interés científico en la investigación del origen del Estado, trayendo á contribución el vastísimo arsenal histórico de nuestros días, no para construir una sociología empírica, sino para sorprender en toda su primitiva naturalidad la revelación de necesidades sociales y de funciones políticas con que se caracteriza, á través de los tiempos, la evolución de las sociedades en sus períodos de progreso, de crisis, de decadencia, de reacción hacia nuevas estructuras, nuevas fuerzas y nuevas combinaciones.»

Aristóteles sentaba ya en la antigüedad su doctrina sobre el origen de la sociedad, como un hecho natural, instintivo del hombre de las primeras edades. Ella, contemporánea del hombre, supone, aunque en rudimentos, la existencia del poder centralizador del Estado, como factor indispensable del mantenimiento del agregado social, de la cohesión en las partes agrupadas, cuyo factor, dotado de una funcionalidad progresiva, ó como la llama Spencer fuerza directiva, da origen al Estado moderno.

Pero si el gobierno es contemporáneo de la sociedad, es cierto también que está sometido á un desarrollo gradual; las funciones de simple seguridad, simples en las primeras épocas, se van extendiendo hasta la complejidad de las funciones de los gobiernos de nuestros días, marcando con este desarrollo el paso tardío, pero seguro de la civilización.

Dividido está el campo de los tratadistas sobre la determinación de cuál es la misión que el Estado está llamado á desempeñar en la sociedad; de si el conjunto de funciones contenidas en las constituciones políticas de los pueblos se justifican ante el Derecho,—en una palabra, de cuál es el fin del Estado.

Desde el socialismo radical, que á mi juicio, exageradamente pretende sustituir la actividad é iniciativa del individuo por la iniciativa y actividad del Estado, en bien de todos, según él, y asignándole un sin fin de direcciones donde forzosamente tenga que desenvolverse, hasta el individualismo radical, que sólo reconoce en el Estado la simple misión de garantizar el orden en el seno de la sociedad armonizando los derechos del uno con los derechos del otro, en una palabra, el estado-policía, todos se disputan la buena solución.

Todos están contestes en que la misión primera del Estado es la garantía del orden, y no pueden menos de reconocer que sin orden no puede haber sociedad, pues el hombre ve en ella el bienestar, el libre campo para el ejercicio de su derecho, en cuanto no esté en pugna con el de sus semejantes; es en ella donde puede desenvolverse completando su desarrollo tanto físico como psíquico; pero donde no hay orden la sociedad es el peor de los males; mejor el aislamiento, pues en la soledad el hombre sólo lucha con la naturaleza teniendo aquí amplio medio de libre acción, aunque esté en lucha diaria con ella,—en la sociedad sin orden la lucha se duplica, el hombre tiene que luchar con el hombre y además con la naturaleza.

El ideal en esta materia es el Estado-policía, el Estado garantizando el orden.

La práctica enseña que el desarrollo de la vida social no es sólo en una dirección fija, determinada; la vida social no es sólo vida jurídica, —como dice Bluntschli (cita del Dr. Peña), la vida social es vida jurídica y también económica,— y vemos á todos los países estar más ó menos lejos del ideal, pero muy lejos de alcanzarlo, pues la intervención del Estado se hace necesaria en lo relativo á la vida económica, pues sin esta intervención el estancamiento, principio de la aniquilación completa, se haría sentir bien pronto.

Y si no veamos lo que pasa; cuanto más nuevo es un país, más necesita de la ayuda del Estado. ¿Qué sería sin ella de la economía nacional? ¿Estaría en manos del individuo que, impotente, se vería abogado por el esfuerzo de los más viejos, de los más poderosos.

Pero á medida que el desarrollo de la vida económica adquiere marcas proporciones, el Estado debe ir reduciendo su intervención, procurando siempre la tendencia al ideal. Esto es lo que pasa en algunas naciones de gran poder económico, como Inglaterra y Estados Unidos, que han empeorado por un marcado protectionismo y hoy libre cambistas, el Estado no tiene ingeniería en muchas de las cuestiones económicas, como en los demás países. Y no otra cosa que el desarrollo económico es lo que permite hacer que se pase de un régimen á otro; é Inglaterra tan lo ha reconocido así, que en su territorio es libre cambista, pero á sus colonias, débiles aún, las tiene bajo el régimen protector.

En fin, la solución en cuanto á los fines del Estado, depende: 1.º Cuando se encara la cuestión teóricamente, y 2.º cuando se la trata en la práctica, cuando la necesidad obliga á proceder de distinta manera que con los principios, cuando la actividad no se manifiesta por la impotencia del individuo; entonces es el Estado, que cuenta con medios más poderosos de acción, al que compete proteger el desenvolvimiento de la economía nacional, ya por medio de derechos protectores aduaneros, ya por medio de leyes especiales de expropiación para obras ó servicios de utilidad pública,—aunque todos estos desbordes ultrapasan el fin ideal, el fin primero, y algunas veces estén en oposición con él.

En sociología, pues, se tiene razón al considerar sólo policía y administrador de los bienes comunes al Estado, porque en Derecho Natural se buscan principios, teorías, ideales, mientras que las ciencias prácticas, adaptación de principios á las necesidades.

Donde quiera que exista gestión de intereses, aplicación de recursos ó medios, habrá administración. Así es que podemos decir sin temor de equivocarnos, que hay administración pública y privada, general y local, municipal, comunal, etc., según bajo el punto de vista que se la considere.

La Administración es, pues, inherente á una persona ó entidad, y se desenvuelve según su constitución dentro de límites fijos que proveen sobre las necesidades.

Los límites están fijados por la constitución política y son adaptables á las formas de gobierno de cada país; por la Constitución que á diferentes agregados les da unidad y coordinación.

Pero según las leyes de adaptación, la Constitución de los países debe adaptarse á su idiosincrasia, porque la ley fundamental y en general las demás leyes, en la mayoría de los casos, son el espejo fiel de las costumbres, con tendencias más ó menos grandes de perfeccionamiento, de adelanto, de civilización. Y sino, que la ley no se adapte á la costumbre, que el desarrollo de la Administración no esté en armonía con la ley, y sucederá lo que sucede entre nosotros, y lo hace notar el doctor Peña: «nos encontramos con una Constitución escrita que contiene algunas declaraciones vagas sobre el gobierno y administración interior de los departamentos y con una verdadera organización municipal en Montevideo, que es sin duda obra de la necesidad, conquista del tiempo consagrada ya por la costumbre y en parte por la ley de una manera incontestable.» Y agrega el mismo doctor Peña: «La Constitución escrita no siempre rige de una manera igual y estricta la vida administrativa del Estado, porque la Administración por sus órganos y por su acción sólo conserva y perfecciona en el organismo político y constitucional todo lo que es compatible con los hábitos, los recursos, la capacidad y los ideales del pueblo.»

Nuestra Constitución, pues, para el adelanto de nuestro país de sesenta y siete años á esta parte, no está toda ella en consonancia con las necesidades del presente, no contiene ella los principios más nuevos de Administración política, necesita reforma, reforma adaptable á las nuevas faces de la administración; pero no es el tiempo de aconsejarla; hoy muy al contrario, cumplámosla como el principio más puro que ha podido conservarse incólume aun en medio de la vorágine más espantosa; cumplámosla tal como está, aunque se tenga que violentar el presente, hasta el día de las grandes reivindicaciones, hasta el día en que los ciudadanos, en derredor de la gloriosa bandera azul y blanca que hoy flamea en las cucullas salpicadas por la sangre de los caídos de una y otra parte,