Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-02-25 00:00:00), página 23

común de conservar la armonía en sus relaciones internacionales, alejando todo el motivo para que la paz sea turbada, constituye, más que un deber, una obligación para los Estados fronterizos de ajustar, clara y permanentemente, los límites de sus territorios.

Ninguna cuestión como ésta en Derecho Internacional ha originado más conflictos, ha hecho correr más sangre, ni logrado soluciones más injustas.

En ellas siempre han entrado en juego pasiones egoístas, intereses privados que se anteponen a los elevados principios de la justicia y el derecho.

Sin embargo, el derecho positivo ha marcado las reglas llamadas a solucionar estas controversias pacíficamente y que son hoy aceptadas por casi todas las naciones.

Donde la naturaleza se ha prestado para facilitar las divisiones de pueblos, que éstos y no aquéllos han querido demarcar, ha sido común adoptar como límites los naturales, fueron éstos montañas, mares o ríos.

En el primer caso, es de práctica, siempre que existan dudas, adoptar como límite una línea trazada en la dirección de las más altas cumbres, y en otros casos puede convenirse como límite el dirae aquarum, ó sea la línea que señala la separación de las aguas que caen de la montaña.

Cuando un Estado se halla limitado en algunos de sus vicios por el mar, su soberanía sobre este sólo debe ejercerse hasta donde las necesidades de la pesca ó de la defensa lo exijan; que es opinión casi común entre los internacionalistas no debe pasar más allá de tres ó cinco millas de la costa.

Los ríos, más bien que fronteras entre dos Estados, son lazos de unión, vías que sirven para estrechar las relaciones y borrar las distancias que la política traza entre dos pueblos.

Los corrientes de agua que bañan una y otra costa, arrastrando las arenas de ambas playas, colocan también las ideas de las poblaciones de las dos orillas, las une, las confunde en un mismo sentimiento, haciendo nacer la armonía y la comunidad de intereses entre los pueblos ribereños.

Pero siempre que una corriente de agua se interponga allí donde principian y terminan dos soberanías diferentes, debe adoptarse como regla general el talweg, ó sea la línea que limita la jurisdicción de uno y otro Estado.

Y para todos los casos dudosos, cuando los antecedentes históricos, los archivos oficiales, los documentos de toda índole no arrojen la luz necesaria para aclarar ante las partes la verdad obscurecida, deben los pueblos recurrir al fallo imparcial de un gobierno extraño, práctica que señala el más notable progreso en las costumbres de los pueblos, victoria saludable de los principios del derecho de gentes sobre la prepotencia de la fuerza bruta. Que la sienpreiva de los amantes de la justicia y el derecho circunde la frente de los que adopten ese sistema en la solución de sus conflictos.

ACCESIÓN.—REGLAS GENERALES

Como la propiedad privada, aun cuando no tan frecuente, el territorio de un Estado puede verse aumentado ó disminuido, ya sea por hundimientos, alejamientos del mar, por aluvión, etc. En todos estos casos se llamará acceso á todos aquellos ensanches que sufra el territorio de una manera natural.

Es regla unánimemente aconsejada la de conceder la soberanía de estos territorios así agregados al Estado al cual se incorporan.

Así, una posesión de tierra arrebatada por las aguas si es conducida á la opuesta orilla que es otro Estado, éste corresponderá ejercer sobre ella la soberanía, aun cuando la propiedad siga perteneciendo á los anteriores dueños. Y, en efecto, no de otra manera deberá ser pues no es admisible que se considere introducir una soberanía en los límites de la de otro Estado.

Las islas adyacentes á una costa, formadas en la desembocadura de los ríos ó elevadas del fondo de los mares, por la necesidad de la defensa, como una garantía de tranquilidad para el libre ejercicio de la soberanía, deben pertenecer al Estado que está próximo á ellas.

En cuanto á las islas que aparecen en alta mar, se estará á las reglas generales sobre la ocupación.

CESIÓN DE TERRITORIOS.—DISTINICIONES QUE DEBEN ESTABLECERSE. ¿ES NECESARIO EL ASIENTAMIENTO DE LAS POBLACIONES? EJEMPLOS.

Recordando la confusión existente hasta tiempos no muy distantes entre las ideas de propiedad y soberanía que hemos expuesto con alguna extensión no debe extrañarnos ver cómo los soberanos en estos entones disponían de sus territorios y poblaciones, siempre que sus intereses se lo aconsejaban, transfiriendo por tratados de cesión á otros Estados ó principales zonas extensas de sus dominios, siendo en ellos englobados como en tupida red todos sus habitantes, sin distinción de nacionalidades.

Considerado el Estado como patrimonio del príncipe, sus habitantes mirados como partes integrantes del suelo, el soberano disponía arbitrariamente de sus tierras y subditos en idénticas forma que hoy un hacendado cede ó vende un campo con la hacienda que en él pasta.

La sociedad dominada por las preocupaciones de la tradición, convencida por los sofismas de los juristas del origen divino de las monarquías y considerando á sus soberanos consagrados con el déos santo de la omnipotente deidad, miraba esos cambios de soberanía con marcada indiferencia; el mapa del mundo experimentaba las mutaciones bruscas de un damero de ajedrez, sin que los pueblos se creyeran autorizados á preguntar el nombre del nuevo amo.

Las contribuciones para satisfacer nuevas necesidades palaciegas, la presencia de oficiales invocando otra autoridad y las voces desconocidas que se escuchaban en sus ergástulas, eran los únicos indicios reveladores á las masas del cambio de nacionalidad sufrido y lo acababan incontinente como emanado de la más sagrada autoridad y cumpliendo el más religioso de los deberes.

La historia señala á cada paso estos ejemplos, cada vez más escasos á medida que el mundo ha ido progresando humanitariamente y el liberalismo triunfante ha ido cortando las alas á los absolutos soberanos de las vetustas monarquías.

Sin embargo, en épocas relativamente modernas, el Margrave de Brandeburgo aumentaba sus posesiones con varias ciudades compradas por dinero á su anterior soberano; en el siglo XIV Juan de Luxemburgo vendía en 150,000 florines la ciudad y el territorio de Luegues á Felipe de Valois, y era común que los papas, las reinas y príncipes tomaban posesión de esas tierras, de las cuales se retiraban con ciudades, países ó territorios poblados de seres humanos.

Un hombre destronado en una noche de fortuna, obtenía en la carpa los medios para adquirir territorios donde establecer un nuevo Estado, haciéndose soberano con el dinero más pronto que con la espada.

Como consecuencia de los grandes descubrimientos, con la adquisición de extensas zonas de territorio, hallaron los soberanos medios fáciles de arreglar sus finanzas, enajenando tierras, obtenidas por la conquista y pobladas por indígenas, quienes, mirados como animales, jamás se pensó en consultarles. Así han adquirido numerosos territorios Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc., en el siglo pasado y principios del actual; pero siempre que se obtenían de otro país civilizado, se exigía la celebración de tratados de acuerdo con el Derecho Internacional y procedían los contratantes como mandatarios de la sociedad y no como dueños absolutos de sus pueblos, señalando un marcado progreso con respecto á las prácticas antiguas.

Este es el proceso histórico de los hechos indicados á manera de preámbulo á la exposición de la teoría de la indivisibilidad é indivisibilidad de los territorios de un Estado como regla ó principio general.

En efecto, el territorio de un Estado debe considerarse, en principio, como inalienable e indivisible, formando una unidad comparable por analogía con un organismo al cual no le es permitido desprenderse de uno solo de sus miembros, sino cuando el conjunto lo exija como una necesidad suprema ó una utilidad evidente.

Estas enajenaciones ante el Derecho Internacional reciben el nombre de tratados de cesión, para cuya celebración, no sólo debe tenerse en cuenta la capacidad de las partes contratantes, sino las condiciones especiales del objeto del pacto y las formalidades á que debe someterse el tratado para su ratificación.

Desde luego, se pone en duda el derecho de la soberanía á ceder una parte del territorio sean cuales fueren las causas que motivasen esa cesión.

La soberanía, siendo indivisible por su naturaleza, debe ejercerse en todo el territorio sin restricción, y sólo el pueblo, fuente de donde emana, puede variar sus atribuciones. Por otra parte, Grocio agrega que las partes de un Estado al unirse han establecido un compromiso permanente y que nada puede legitimar la cesión de una parte, pues con ello se viola la base del pacto;