Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-05-25 00:00:00), página 15

de soberanía, que resultan de la conveniencia general de estrechar los vínculos de amistad y confraternidad de los Estados, de la utilidad común de extender las relaciones comerciales entre los pueblos, como medio práctico de unificar los intereses de la humanidad, para conquistar nuevos progresos para la civilización y que constituyen casi una necesidad para la vida pacífica de las naciones, no son consideradas como servidumbres en la verdadera acepción de la palabra.

La servidumbre debe constituirse por acto especial; jamás debe presumirse, y sería peligroso querer aplicar en estos casos las mismas reglas del derecho civil.

Las consecuencias de reducir el derecho del propietario nunca pueden asumir la gravedad de introducir dentro de la jurisdicción de un Estado otra soberanía extranjera.

Por eso, á medida que la idea de la unidad de los Estados progresa, paralelamente con el adelanto del principio de independencia de los pueblos y el reconocimiento de sus personalidades, no por las fuerzas que posean sino por los derechos que justifiquen, las servidumbres van desapareciendo, concretándose á actos de mera tolerancia que en nada atentan contra su dignidad de Estados libres e independientes.

Estas servidumbres se establecen por medio de tratados, y pueden ser negativas ó positivas, según obliguen á un Estado á no ejercer su soberanía en determinado sentido, ó á consentir dentro de su territorio actos de otros soberanos.

LA PRESCRIPCIÓN

Debates interesantes se han iniciado ha tiempo entre los internacionalistas respecto á si debe ó no ser considerada la prescripción como un medio de adquisición de la soberanía en el derecho de gentes.

No median las mismas consideraciones que en derecho civil para justificar esta institución entre las naciones; pero razones de otro orden, y estableciendo otras reglas que para la propiedad privada, aconsejan sea admitida la prescripción en derecho de gentes.

Se puede admitir que la desaparición de las condiciones esenciales para adquirir la posesión ó soberanía de un territorio, hacen perder esa posesión ó soberanía.

Si un Estado posee respecto de un territorio nullius el corpus y el animus que confieren la soberanía, y después pierde respecto de él una y otra condición, hay conveniencia y justicia en considerar perdido todo derecho á aquél.

Si tal cosa no sucediera; si el tiempo no pudiera legitimar los actos de violencia realizados en épocas lejanas; si el trascurso de varias generaciones en posesión pacífica y tranquila de un territorio no constituyera un derecho para el ocupante, el mundo viviría en perpetuo litigio; pocos pueblos estarían libres de no tener que responder á reivindicaciones más ó menos remotas; la paz tan reclamada sería una utopía.

Ahora bien, la dificultad consiste en reglamentar esa institución, en señalar reglas fijas para su ejercicio.

No podrá considerarse causa para la prescripción de derechos una interrupción momentánea de la soberanía en un territorio.

El tiempo necesario para marcar cuándo se prescinden los derechos de un Estado y cuando principian los de otro, es el escollo insalvable hasta el presente para los tratadistas.

El congreso de Berlín no marcó reglas fijas ni señaló plazo ninguno.

Así es que á este respecto hay diversidad de opiniones, y en general se aconseja deben someterse á juicios arbitrales estas cuestiones, por la naturaleza misma del asunto.

Si cual el viajero que alcanza á la cima de su ascensión y arroja una mirada para apreciar la distancia recorrida, nos es permitido, llegados al final de nuestro pobre trabajo, dirigir nuestra vista hacia ese período embrionario del derecho internacional que hemos bosquejado ligeramente; si nos detenemos á medir el espacio existente entre las formas rudimentarias de la ocupación con que se revestía en un pasado no muy lejano, y las sancionadas por el congreso de Berlín en 1884; si nuestra mente aprecia el abismo entre el traspaso brutal y salvaje de territorios y pueblos enteros al dominio de otros soberanos, con el sistema actual, que consagra el respeto á la personalidad humana y escuda el derecho de los débiles; si un balance nos es dado verificar entre aquellas prácticas atentatorias todas á los principios de justicia, y las que actualmente rigen se ven ineluctables sólo contra lo que es inicuo e injusto; sin duda alguna nuestro espíritu se confortará ante cuadros tan sublime; nuestra voz debe elevarse para reconocer el progreso inmenso alcanzado por el Derecho Internacional, y nuestra inteligencia creerá percibir los brillantes resplandores de un porvenir próximo, que ostentarán en el frontispicio de los códigos internacionales, como una verdad universal: que la independencia de los pueblos existe, no por el derecho de la fuerza, sino por la fuerza del derecho.

ARTURO RAMOS SUÁREZ.

De las personas en Derecho Internacional
Conferencia leída en el salón de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República
(Conclusion)

IGUALDAD

Los Estados que gozan de soberanía son naturalmente iguales.

Vattel dice que las naciones son como otros tantos individuos que se deben la mutua consideración y tienen las mismas obligaciones e iguales derechos. Uno de los principios del derecho público generalmente reconocido, dice sir Scott, es la igualdad e independencia perfecta de los distintos Estados.

Todo Estado, siendo persona jurídica tiene este derecho incontestable; frente de él podrá haber otros Estados con los mismos derechos y gozando las mismas prerrogativas, pero superiores no puede haber; porque entonces resultaría opresión del fuerte hacia el débil, del hecho sobre el derecho, y el principio de la igualdad que admiten todos los publicistas y que reconocen los pueblos modernos, sería una mentira.

Una nación no puede ejecutar su voluntad en naciones extrañas, sujetándolas á un homenaje deprimente de su dignidad; porque los pueblos han conquistado su independencia á costa de sacrificios sin cuento, empujados por el patriotismo y buscando la muerte en los campos de batalla por defender su libertad pisoteada.

Si esto es evidente, no lo es menos también que no todos los Estados son aptos en igual grado para cumplir sus destinos; hojeando la historia podemos ver que, según los tiempos, las naciones descuellan unas sobre otras, por su marcha hacia grandes progresos. Estas naciones, colocadas por la naturaleza de los hechos, en un rango superior á las otras, son acreedoras á títulos, que las demás no pueden gozar.

La menor ó mayor actividad de cada pueblo, las condiciones históricas en que este mismo pueblo se encuentra, la misma diversidad de las necesidades, todo influye para que se establezcan como desigualdades de hechos, accidentales ó permanentes, que son efecto de la libertad y deben ser respetadas. A este propósito dice con mucha razón Romagnosi: la igualdad de derechos es la igual protección de las desigualdades naturales.

Suiza quiso ejercitar el derecho de enarbolar la bandera marítima, por la justa razón de que éste es uno de los derechos de la soberanía; pero el goce de ciertos derechos necesita de determinadas condiciones exteriores que se hallan fuera del sujeto á que pertenece el derecho; ¿cómo podría enarbolar la bandera marítima la Suiza, cuyos límites no baña el mar, sino que se encuentra circundada por montañas? Uno de los derechos más importantes de la potencia marítima es el de concluir tratados de comercio y de navegación, y éstos no pueden concluirse con un Estado, como la Suiza, que, no teniendo fronteras marítimas, no puede establecer un tratamiento recíproco.

Se puede establecer con Fiore la siguiente regla: Aunque en abstracto todos los Estados tienen derechos iguales, el goce de ciertos derechos que supone un conjunto de circunstancias de hecho, puede negarse á aquellos que carecen por completo de dichas circunstancias necesarias para el ejercicio del derecho.

También la cultura de las naciones, puede establecer ciertas distinciones. Los pueblos bárbaros, habituados á la desorganización, no pueden pretender las consideraciones que se guardan entre sí las naciones civilizadas. Anteriormente dije, que los deberes internacionales son recíprocos, y qué reciprocidad se puede esperar de un Estado como la China, que hasta el tratado de Nankín, concluido en 1842, consideraba como sus tributarios á todos los soberanos de Europa, y los denominaba bárbaros? Con razón, pues, no admiten los Estados de Europa la completa igualdad de derecho con los Estados de África, excepto las colonias inglesas y alemanas, ni con los Estados de Asia excepto la Sibéria y el Indostán.