Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-07-25 00:00:00), página 15

Apuntes de Derecho Constitucional

LIBERTAD PERSONAL
(Continuación)

VII
GARANTÍAS INDIVIDUALES EN EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA SOCIAL—PRINCIPIO FUNDAMENTAL, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN: ABSOLUTA NECESIDAD DE UN JUICIO PARA CASTIGAR A UN INDIVIDUO—NI EL PODER EJECUTIVO NI EL PODER LEGISLATIVO PUEDEN OBRAR EN CONTRADICCIÓN CON ESE ARTÍCULO—ATENTADOS DE ESTAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO—ARRESTOS ADMINISTRATIVOS—INDIVIDUO PUESTO FUERA DE LA LEY POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA—LO QUE SE ENTIENDE POR PONER FUERA DE LA LEY—LOS BILLS «OF ATTAINDER» EN LAS INSTITUCIONES DE ORIGEN ANGLO-SAJÓN—TRATO MORAL Y MATERIAL QUE DEBE DARSE A LOS ACUSADOS DURANTE LA DETENCIÓN Y EL JUICIO PENAL—ARTÍCULOS 111 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN—ABSOLUTA INTERPRETACIÓN DADA POR ALGUNOS AL ARTÍCULO 138.

El artículo 136 de nuestro código político dice: “Ninguno puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.”

Las garantías que este artículo concede á los habitantes del país, existen sólo en el frente del Poder Judicial, é surten efecto para con todos los demás poderes públicos? Nos inclinamos á esto último, porque si así no fuera, la Constitución habría incurrido en el error de otorgar garantías por un lado para descomponerlas por el otro, y porque la manera terminante y explícita en que está concebida excluye esa distinción por demás sutil. Disponiendo la absoluta necesidad de un juicio para castigar á un individuo, si al Estado Oriental, como al de Massachusetts “lo gobernaban las leyes y no los hombres,” ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni la autoridad policial, podrían obrar en contradicción con él. Esto es, sin embargo, lo que acaece entre nosotros, en que ambos poderes, como la policía, se toman atribuciones que están muy lejos de tener con arreglo á la Constitución.

En las Instituciones de origen anglo-sajón existe una especie de leyes ad hoc, aplicadas en épocas de turbulencias políticas, que llevan el nombre de bills of attainder, leyes cuyo fin es negar las garantías á un ciudadano y que facilitan á toda persona para darle muerte; medio injusto, ilegal, arbitrario y negatorio de la libertad individual, que constituye un parche en la legislación inglesa. Nuestra historia no está exenta de estos abusos; antes al contrario, puede afirmarse que los estados sud-americanos son los que en mayor escala los han practicado, y nuestra Asamblea Legislativa, en diferentes periodos de la historia nacional, ha cometido estos actos lesivos del derecho y puesto fuera de la ley á algunos ciudadanos.

Pueblo conservador por excelencia el inglés, no ha podido desprenderse á veces de los antiguos hábitos á adoptar los nuevos. Así se explica que, en medio á una legislación penal liberal y sabia, conserve instituciones que, como los bills of attainder análogos á la muerte de civil de los antiguos, no tienen razón de ser una vez desaparecidas las causas que les dieron nacimiento; y por esta razón los norte-americanos consagraron positivamente en el artículo 3º, sección 2ª, de su Constitución, que ningún ciudadano podrá ser acusado en virtud de bills of attainder. Con ellos, la libertad, la propiedad, la vida, todos los derechos del hombre quedan anulados ante la fuerza arbitaria de la autoridad prepotente, que armada de todos los poderes, hace de estos derechos un mito y del ciudadano un esclavo.

Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones ó confesiones sobre hecho propio, y prohibido que sean tratados en ellas como reos. «En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí sólo para asegurar á los acusados.» (Artículos 111 y 138 de la Constitución de la República).

Estas disposiciones son las que nuestra Constitución consagra al trato moral y material que debe darse á los acusados durante la detención y sustanciación del juicio.

Dividiremos el comentario del primer artículo en dos partes.

1.º En cuanto á la primera, estamos en un todo de acuerdo con ellos. Los juramentos de los acusados sobre hecho propio, cuya importancia ni valor legal jamás hemos alcanzado, deben rehacerse no sólo por que son un poderoso estímulo para el perjuicio, puesto que los criminales en su interés de librarse de las penas de la ley jamás dirán la verdad por su exigencia, sino porque además no añaden ningún valor á la declaración de un inocente, porque constituyen un instrumento de opresión para los espíritus débiles, porque son un compañero irrepelible de los sistemas de penalidad opresores y tiránicos, y porque en todo caso pueden en conflicto, según lo ha dicho Escrèche, el interés privado con la religión y la moral. Como manifestábamos al examinar la fórmula de Rossi, la detención ni causa pena ni debe ser impuesta como tal: es una garantía social, una medida de orden y de intereses públicos.

El artículo que comentamos saca su origen de la creación del procedimiento penal observado en la época del coloniaje, semejante en un todo al que aún se practica en algunas naciones burocráticas y gobiernos policiales de Europa y América. Bajo el imperio de este régimen, los jueces empleaban la fuerza para con los acusados y testigos y sometíanlas á preguntas capciosas, cuyo efecto natural y lógico era declarar culpable á todo detenido, criminal ó inocente. ¿Qué importancia, qué valor legal podían tener declaraciones arrancadas con amenazas, estrategemas y violencias á un hombre cuyo anormal estado de ánimo le impide medir el peso de las palabras que pronuncia? Ninguna, absolutamente ninguna. Toda declaración acto ó juramento hechos por el acusado á este respecto, con la intención de disculparse ó con cualquier otro propósito, no pueden tomarse en consideración y es de todo punto inútil fijar la atención en ellos.

Por estas y otras razones de menor cuantía nuestra constitución prohibe con toda justicia los juramentos y las declaraciones ó confesiones sobre hecho propio, siempre llenos de engaños y embustes. Con el uso de semejante práctica, no son raros los casos en que los encausados declaran ser autores de delitos que han distado de cometer, lo cual se explica por el estado de espíritu en que se hallan en tales circunstancias y por la considerable desventaja que para ellos existe por el solo hecho de ser acusados. Es altamente inmoral y contrario á la misma naturaleza humana pretender que una persona preste una declaración que le sea contraria y de la que le pueda resultar una pena, ya sea ésta corporal, correccional ó de delito leve, según la antigua división que de ellos hacía el Código de Instrucción criminal. Esto basta decir, ya á Béranger á principios del siglo: «Nosotros (los franceses) nos hemos contentado con colocar un magnífico frontispicio ante las ruinas del despótismo; un monumento engañoso cuyo aspecto seduce, pero que hace estremecer de horror cuando se penetra en su recinto. Bajo apariencias liberales, con palabra pomposas de juris, debates públicos, independencia judicial, libertad individual, somos empujados al retroceso que nos lleva á abusar de todas estas cosas, y al menosprecio de todos los derechos; usamos una vara de hielo en vez del báculo de la justicia.» (1).

2.º La razón que justifica la segunda parte del artículo 111 fácil es de adivinar también. Prohibiendo que los acusados sean tratados en sus declaraciones ó confesiones como reos, consagra el principio generalmente admitido, y aconsejado por la razón misma, de que el hombre debe ser considerado inocente hasta tanto el proceso ó la ley pongan en evidencia su culpabilidad. En el acusado ha de residir el deber de probar la existencia del delito, y no en el acusado el de evidenciar su inocencia. En teoría se reconoce casi unánimemente este principio de sana justicia, que tan respetables derechos ampara y tan sagrados intereses protege, aunque por desgracia no pasa lo mismo en la práctica. Sólo pueblos atrasados ó depravados desde el punto de vista político pueden sancionar lo contrario. Con todo, es evidente la propiedad del sustantivo reos usado al final de esta disposición. Reos, empleando esta palabra en el sentido estricto en que de ordinario se usa, son los que están sometidos á un proceso criminal, no los que purgan sus delitos sentenciados; y á estos últimos evidentemente alude la Constitución.

Estos parecen ser los fundamentos de la prescripción contenida en el artículo 111.

Al segundo artículo, el 138, se le ha solido dar por algunos una interpretación absurda. Fundándose en que dice que las cárceles servirán, no para mortificar sino para asegurar á los acusados, arguyese que

(1) Justicia criminal en Francia. Cita-lo por Léber.