Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1896-07-25 00:00:00), página 16

hecho adquirir á una de las partes contratantes, por su naturaleza ó por su objeto, un derecho perfecto, porque entonces el tratado posterior será considerado como no existente, desde que la cosa que es objeto de él no pertenece al Estado que contrata.

Con esto he terminado el estudio de las condiciones indispensables para la validez de los tratados. Tócame examinar ahora la siguiente pregunta: ¿los beligerantes y los Estados semi-soberanos tienen el derecho de tratar? El Derecho Internacional, al estudiar las personas jurídicas, sienta como base que en sus relaciones no debe para nada tenerse en cuenta la forma de gobierno de los Estados, bastando para que éstos puedan obligarse válidamente el que exista un gobierno regular que se haga responsable de sus actos. Ahora bien, casos hay en que, convulsionado un país por la guerra civil, hace ésta poner en duda su gobierno regular; surge entonces la cuestión si ese Estado que se halla en un caso excepcional tiene ó no el derecho de tratar.

Grotio opina en este punto que después de algún tiempo que una nación está en guerra civil, debe considerarse á ésta como si formara dos Estados; Vattel manifiesta de la misma manera que cuando las leyes de la sociedad política se rompen o suspenden por lo menos entre el soberano y su pueblo, pueden considerarse como dos potencias distintas, y puesto que una y otra son independientes de toda autoridad extraña, nadie tiene el derecho de juzgarlas.

Halleck cree que la personalidad política del Estado continúa la misma mientras no se destruya su identidad, fraccionándose su existencia como sociedad separada y distinta. Según este autor, pues, los que toman parte en la guerra civil pueden ser reconocidos como beligerantes por los Estados neutrales, pero éstos no pueden considerar á las facciones como si formaran dos Estados distintos.

Análoga á ésta es también la opinión de Calvo. Por mi parte creo que no puede considerarse como un Estado el partido que por medio de la guerra civil haya llegado á formar un gobierno mientras no sea éste reconocido por las demás naciones, y no sea por lo tanto considerada persona ante el Derecho Internacional. Todo dependerá, pues, de que sea reconocido el partido revolucionario como beligerante, y lo será cuando constituya una autoridad que ejecute actos de Estado que puedan contrabalancear á los del Gobierno regular ya existente.

El otro punto, el de si los Estados semi-soberanos tienen el derecho de tratar, ya casi lo hemos resuelto al hablar del consentimiento. Añadiré únicamente que todo depende de las leyes que sobre él particular haya dictado el Estado bajo cuya dependencia esté el vasallo. Así, mientras los Estados confederados germánicos podían celebrar tratados de alianza y de comercio, los de la Confederación Helvética, según el pacto federal de 1815, carecen de ese derecho que sólo reside en la dieta. La constitución de los Estados Unidos prohíbe también á sus Estados confederados concluir tratados sin el consentimiento del Congreso federal.

En cuanto al Estado soberano, el asunto que interesa es el de averiguar hasta qué punto el semi-soberano ó vasallo puede contraer obligaciones que sea capaz de cumplirlas.

De la ratificación de los tratados en general—Hemos visto ya que no es el soberano del Estado quien generalmente inicia y concluye los tratados, sino enviados diplomáticos de éste, acreditados en países extranjeros con plenos poderes para negociar. Ahora bien, se pregunta si debe considerarse perfecto el tratado celebrado por ese enviado diplomático, ó si, por el contrario, se necesita la ratificación del soberano para que pueda considerarse válido y que obigue al Estado internacionalmente.

Partidarios de la primera opinión son Grotio, Vattel y Martens, y natural es que así sean desde que consideran estos autores iguales los derechos y obligaciones del mandatario con los que tiene un delegado del Estado, aplicándole á éstos actos de éstas mismas reglas que las de aquél, deduciendo de aquí que como las obligaciones que el mandatario contrae dentro de los límites conferidos obligan al mandante, de la misma manera obligará al Estado los actos ejecutados por sus representantes en el extranjero. Más claramente expone estas ideas Martens en las siguientes palabras: «Lo que promete un mandatario, ministro, dentro de los límites del poder que se le ha conferido, y en cuya virtud ha entrado la nación extranjera en negociaciones con él, es obligatorio para el Estado que lo autoriza, aun cuando se haya separado de las instrucciones secretas que se le hubiere sido dado al efecto. El derecho de gentes universal no exige á este propósito una ratificación particular.» Contrarios á esta opinión hay autores de nota que, como Schmalz, Pinheiro Ferreira, Wheaton, Calvo y Fiore, han rebatido con argumentos incontestables las conclusiones de Martens. «Bastará, dice Wheaton, la reflexión más insignificante para mostrar cuán grande es la diferencia que existe entre el poder dado por los soberanos á sus ministros para negociar tratados relativos á intereses nacionales, vastos y complicados por sí mismos, y el otorgado por un individuo á un agente mandatario para tratar con otro en su nombre sobre asuntos ó negocios particulares. Los actos de los ministros públicos se han considerado desde tiempos muy remotos como sujetos á ratificación.» Y Calvo, de la misma manera establece que: «la misión que para negociar tratados se confiere á los ministros públicos no admite comparación con un contrato de mandato, ni se puede tampoco regir por las mismas leyes: el mandatario puede abusar de sus poderes sin compromiso alguno para el Estado, mientras que si el ministro público abusare de ellos podrá acarrear gravísimos peligros.» ¿Cómo, pues, pregunta este autor, se han de aplicar á los tratados las antiguas leyes romanas sobre el mandato? Esta es la doctrina que á mi modo de ver debe aceptarse, y en manera alguna aquella que, equiparando á los ministros diplomáticos con los mandatarios, saca como consecuencia de esa igualdad que no existe, conclusiones falsas y peligrosas en la práctica; en ningún caso, pues, considero ultimado y perfecto un tratado al que falte la ratificación del soberano, aun cuando haya sido efectuado por plenipotenciarios con poderes para negociar y dentro de las instrucciones recibidas, porque creo que siendo el derecho de tratar, como ya lo hemos establecido, un atributo de la soberanía, sólo al encargado de ella, al Jefe de la nación es á quien pude considerarse capaz para obligarse, á nombre del Estado; y si éste, para facilitar las negociaciones internacionales, se ve en la necesidad de nombrar agentes diplomáticos, no están éstos, desde que no se les ha delegado la soberanía, autorizados en manera alguna para concluir tratados por cuenta propia y sin la ratificación del soberano. Este punto fué objeto de un largo debate en la Cámara Francesa, al decidir si el tratado firmado por Mr. Saint-Hilaire en Londres el 29 de diciembre de 1841, referente al derecho de visita, era ó no obligatorio para la Francia, á pesar de no haber sido ratificado, ni haber hecho al subscribir el tratado reserva de la ratificación. Monsieur Guizot, que era entonces Ministro de Negocios Extranjeros, se expresó con las siguientes palabras: «Sólo se dice, un debate en Europa entre el rey de Prusia y el de Holanda sobre la ratificación de un tratado. Hablase sostenido que no podía negarse esta ratificación sino cuando el agente encargado había traspasado esos poderes, y se le desautorizaba. Siendo completamente desinteresado en la cuestión, había yo rechazado esta doctrina y apoyado al rey de Holanda, que también la impugnaba. Sostuve que el derecho de ratificación no era una simple fórmula, sino un derecho real y verdadero; que ningún tratado podía considerarse concluso definitivamente hasta después de ratificado, y que, si entre la conclusión y la ratificación ocurren hechos graves, nuevos y evidentes, que cambian las relaciones de dos potencias y las circunstancias en que se había estipulado el convenio, la negativa á la ratificación era un perfecto derecho.» Y después agrega: «Nosotros, pues, estamos en nuestro derecho en cuanto al tratado de 1841, rehusando su ratificación: nada se ha hecho, nada se ha consumado.» Esta es la doctrina que en el Derecho Internacional ha prevalecido, y que por otra parte sólo tiene importancia su solución para los gobiernos absolutos, en que reside exclusivamente el derecho de tratar en el soberano, con exclusión de todo otro poder público. Porque en los Estados en que el poder legislativo autoriza ó rechaza el tratado iniciado por el Ejecutivo, la cuestión desaparece.

ARTURO PUIG.

(Continuado.)