Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-08-10 00:00:00), página 16

criminal en rebeldía. La ley proveerá lo conveniente á este respecto.

Altas razones de utilidad militan en su apoyo.

Desde luego, la ley procede con sumo acierto al no paralizar los juicios criminales con los civiles y al no aplicar á aquéllos el procedimiento de éstos, porque los perjuicios que puede sufrir la sociedad, encargada de hacer observar la justicia, con la ocultación ó fuga de un delincuente, que ante ella es culpable, no pueden equipararse con los que resultarían de la violación de las obligaciones civiles, con lo que directamente se atacan los intereses particulares. La sociedad no puede subsistir sin el cumplimiento de los contratos, bien es verdad que le ocasionaría graves perjuicios la imposibilidad de aplicar las penas.

Es también una razón que viene en apoyo de la disposición contenida en el artículo que examinamos, la triste experiencia de este hecho: que los abusos de que son susceptibles los juicios civiles en rebeldía se multiplican inmensamente tratándose de juicios en rebeldía en materia penal. Supongamos, en efecto, que un juez pudiese absolver á una persona de la instancia sin absolverle de la causa criminal. Resultaría que el individuo tras una larga prisión de meses, quizás de años, podrá ser acusado una vez y otra, y otras, durante un tiempo indefinido, por la misma causa, y que inocente tal vez, se le afrentará toda su vida con el estigma del criminal.

Además, la absoluta necesidad de que una persona envuelta en una causa criminal manifieste las circunstancias del hecho cuya perpetración se le atribuye, es así mismo un argumento á favor de la disposición constitucional. Para juzgar de un hecho, y de un hecho criminoso sobre todo, es necesario conocer las causas que le han dado nacimiento, y los accidentes que lo han acompañado. Tal acción, criminal en un caso, es excusable; lícita y hasta plausible en otro. No pasa lo mismo con las obligaciones civiles, y esta razón, á falta de otras, justificaría pitámicente el precepto constitucional que examinamos.

Otro artículo de la Constitución, el 110, dispone: ¿Qué son prohibidos los juicios por comisión?

Por juicios por comisión entendemos, tanto aquellos para los que la autoridad constituye expresamente un tribunal especial á fin de juzgar un hecho ya cometido, como los que tienen lugar ante tribunales existentes con anterioridad que carecan de jurisdicción para conocer de ellos. Entre otros inconvenientes menos graves, estos juicios tienen el de hacer imposible la aplicación de la justicia. En efecto, autorizan para su formación al poder público, cuya presunción innata es siempre á elevarse, lo que equivale á depositar en manos de éstos medios de condenar ó absolver á un individuo con toda injusticia. Y esta es la principal causa que tuvieron nuestros constituyentes para prohibir terminantemente los juicios por comisión, expuestos siempre á parcialidades y abusos.

La prescripción contenida en este artículo lo constituye una preciosísima garantía, y su fundamento lo encontramos en dos principios igualmente respetables: la igualdad ante la ley y la independencia del Poder Judicial. La razón universal proclama su justicia, y la práctica constante de los pueblos libres, su gran sabiduría.

Entre nosotros no han sido raros los juicios ó comisiones militares, en los cuales se ha seguido un procedimiento análogo al anterior, nombrando la autoridad superior como tribunal competente para juzgar el delito cometido á militares designados expresamente con tal objeto y haciendo por consecuencia tabla rasa de una garantía acordada. Tenían lugar siempre que las faltas consistían en un ataque llevado á la institución militar, en una violación de la disciplina y, en épocas de turbulencias políticas, en un pretexto cualquiera.

(Continuará.)

CARLOS MARTÍNEZ VIGIL.

SOBRE EL MISMO TEMA

¿LA MERA CONVENCIÓN ANTICRÉDITICA ACUERDA UN DERECHO DE REFERENCIA PARA EL COBRO DEL CRÉDITO?

(Véase el número anterior.)

Vista en relación la necesidad de mejor derecho deducida por X. X., en los autos ejecutivos seguidos por J. y C. A. con A. y A. por cobro de pesos, venida en apelación desestimada por los jueces de 1.º y 2.º de la que se adhirieron los tercistas contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 2.º turno, correspondiente.

Considerando: que la anticrisis consiste en la entrega al acreedor de un bien raíz para que este se pague con sus frutos. Artículo 2329 del Código Civil—por lo que es evidente que el dueño de la cosa se desprendió del derecho á percibir esos frutos en favor del acreedor, pero no se cede el derecho legal y legítimo, que coloca, desde luego, al acreedor en el goce del derecho colateral.

Considerando: que el alcance del artículo 2329 del Código citado, no es otro sino que el acreedor anticrédito no tiene preferencia sobre el inmueble respecto de los demás acreedores, salvo el caso de hipoteca,—lo que en manera alguna afecta, tal disposición, lo que es, á que la ley no se refiere cuando la hipoteca no existe.

Considerando, que res-

pecto á la apelación de la parte de X. X., no procede la condenación en costas y costos que pretendía, pues la amparateza contraíble del pago materia de la cuestión.

Por estos fundamentos y los de la sentencia apelada, se confirma ésta y se la remite al f. 49. Devuélvase.

Vazquez.—Salcánach.—Fein.

Respetamos mucho la opinión de los señores Camaristas que suscriben el fallo que precede, pero como sobre el asunto que lo ha motivado, tenemos, á nuestro turno, convicciones profesionales muy arraigadas y definidas, observamos á ese fallo lo siguiente:

1.º Que en él no se toca para nada, quedando, por consiguiente, sin resolución, el punto principal discutido, á saber, que es inexplicable que el Tribunal reconozca como privilegiada para el pago la mera convención arithmética, particular y amistosa, cuando la ley sólo acuerda el propio privilegio, únicamente á la anticrisis judicial, que los autores conocen con el nombre de prenda prestaria. (Artículo 936 del Código de Procedimiento Civil.) Si la ley sólo declara privilegiada la anticrisis judicialmente establecida y después de cumplidas todas las formalidades previas exigidas en su caso, no tiene explicación el hecho de que los Jueces, cuya misión se reduce á aplicar la ley, entiendan que deban acordar la misma preferencia á la simple anticrisis convencional, que la ley ni manda, ni toma en cuenta para nada, y á la cual no concede ninguna preferencia.

2.º Que las circunstancias indicadas aparecen todavía más extrañas ante la disposición de la ley que prescribe que ello reconoce otras causas legítimas de preferencia en los pagos que las que fluyen de tener el acreedor la calidad de prendario, hipotecario ó privilegiado; Artículos 2313 y 2346 del Código Civil; no está incluida la anticrisis en ninguna de esas causas de preferencia, taxativamente enumeradas por la ley, es de maravillarse que los Jueces se declaren comprendida entre los créditos privilegiados, cuando la ley no la comprende entre ellos, y hasta empieza por negarle, clara y terminantemente, el carácter de un derecho real.

3.º Que la doctrina sentada por el Tribunal es peligrosísima, por que acuerda al individuo una atribución especial que hasta ahora sólo se había reservado al ministerio de la ley; la de crearse á sí mismo y con relación á terceros, preferencias y privilegios para el cobro de lo que se le adeuda verdadera ó falsamente.

ENRIQUE AZAROLA.