Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-20 00:00:00), página 11

remate y la escrituración al comprador, se produce la apertura judicial de la testamenteria probatoria hasta entonces resultantes de los antecedentes y documentación exhibida con ese motivo que el acervo total quedaba reducido á la mitad ó tercera parte de su valor bruto.

En presencia de ese dato desconocido hasta entonces, el rematante resiste la consumación del contrato observando que, faltando la cosa cierta sobre que descansaba su oferta, no existía consentimiento obligatorio, pues era evidente el error padecido al ofertar por la cosa hipotecada—la cuota proindivisa—que se suponía hasta entonces libre y sin las responsabilidades que desembocaba el juicio testamentario recientemente incoado.

Conferido traslado al ejecutante, manifestó que no existía tal falta de cosa cierta, ni de consentimiento por consiguiente, y sin entrar en una demostración imposible, concluyó pugnando por la consumación del contrato, de acuerdo con la disposición del artº. 918 del C. de Procedimiento.

Proveído de conformidad ese petitorio, recurrió en apelación el rematante solicitando ante el Superior que se admitiera el informe de los obreros para tratarse de recurso simplemente en relación.

En ese acto, pues, se probó ó intentó probar, por lo menos, que si en general la resolución fundada en el artº. 918 del C. de Procedimiento ya citado era explicable y justa en la especialidad del caso sub judice, no se edificó lo mismo, pudiendo afirmarse que era hasta incusa:

1.º Porque por el hecho de tratarse de una proindivisión de 20 ó 30 años hacía suponer la ausencia de un acervo libre de toda responsabilidad; suposición que desaparecía en presencia de los manuscritos del Albaicín al iniciar el juicio participativo.

2.º Que con esa misma presunción de la ausencia de toda responsabilidad concurre el hecho de habérse afectado ya esa misma parte de herencia con anterioridad á la que se ejecutaba actualmente, habiéndose chancado por el mismo dador.

3.º Que si la misma hipoteca de una cuota proindivisa era contingente o relativa, pudo llegar el caso hasta de desaparecer, según el artículo 204 del C. Civil, desde que entrase en la sijura del cajón bienes inmateriales de esa relación jurídica, no podía decirse correctamente que hubiese aquí verdadera venta de casa, desde que faltaba la certidumbre, que es un requisito interno indispensable (Artº. 1638 del C. Civil).

4.º Que por consiguiente, en la ejecución de un crédito en esas condiciones, más que la venta de una cosa vaprosa y esencialmente resolutoria—cuando no está precedida de la iniciativa del juez de división en que se pruebe el derecho del participante al importe del acervo y sus rendas y cargos debe entenderse que se enajena el crédito ejecutado con todas las garantías y modalidades que favorecen al acreedor, colocado, por su hipoteca, en el lugar y grado del deudor. Así sí, como en el caso concreto, el acreedor tenía la garantía del terreno, esa garantía pasaba al rematante, mientras, liquidado el acervo, se podía conocer su verdadera fuerza con toda exactitud.

5.º Que esa conclusión era tanto más aceptable cuanto que la fórmula jurídica de la venta supone necesariamente cosa cierta y liquida que no hay ni puede haberla en un acervo proindiviso, para cuyas acciones ó participaciones se reserva la fórmula de la cesión de derechos hereditarios, que supone siempre un estado de proindivisión (Artºs. 1741 y 1742).

b) ¿Que desconoce la fuerza eficiente de esta premisa por el hecho de que en vez de atemperarse la fórmula de la cesión se adoptase alternativamente la de la venta ó la de la hipoteca, se subvirtió las nociones más claras del derecho dando lugar á conflictos de la mayor gravedad; pues es sabido que mientras el acreedor hipotecario ni el vendedor quedan sujetos á las responsabilidades del dador ó vendedor fuera del caso de comprar cosa ajena, ó con título de origen vicioso, y cuya mala fué pueda serle impugnable (Artº. 668 del C. Civil), el cessionario, que no hace otra cosa que ocupar el lugar y grado de su cedente, es posible que las mismas sanciones de los propios lugares que aquél concurra únicamente tiene las acciones consagradas por el artº. 1742 del C. Civil.

Pasando á la segunda cuestión diremos que ella revista una doble faz, porque más que en nuestro concepto su resolución final sea una y única.

En un juicio universal de testamentaria se presentó la mayoría de los herefueros por medio de su procurador y abogado indicando y ratificando lo que se hubieran otra hiedra celebrado las trámites del caso. Decretado así por el Juez de la causa, recibió el heredero todas las notificaciones firmando con su cónyuge todas las diligencias y tramitaciones del juicio, presentando escritos, etc., etc., terminándose al fin el procedimiento por la liquidación del acervo reducido á dinero.

En esa situación, con el fundamento de que los trabajos profesionales del abogado y de representación del procurador habían aprovechado á la referida heredad, se aprobaron los honorarios ordinarios que ella contribuía á pagar en la liquidación.

Habiéndose hecho lugar al pedido, observó la señora que ese auto era injusto, razón por la cual debía revocarse y, caso omiso, conseguirse apelación ante el Superior Tribunal.

Fundábase esa oposición:

a) En que ni ella ni su esposo habían inscrito al mandatario ni confiado su causa al abogado, pues por el contrario constaba de autos que no sólo habían firmado todos los actos ordinarios ó de notificación sino que los escritos, presentados con separación de los de sus coherederos, eran redactados y al- guno de puño y letra de su abogado, que nombraban.

b) Que, por consiguiente, si estaba dispuesta á concursar á las planillas, tasación, venta en remate, cuenta de liquidación á prorrata por ser tales prestaciones de carácter común, resistía, empero, al pago del abogado y del procurador, porque ni había vinculado la obligación ni firmado el acta de su parte del procurador y uno de un abogado ó de representación, representación que no había confiado al segundo, pues como se ha dicho, había intervenido personalmente en el juicio.

c) Que, lejos de serle útil esos trabajos, le habían sido contrarios y hostiles, pues hasta rebaldadas lo fueron acusadas por aquéllos.

d) Que en presencia de esos datos de hecho y consideraciones legales, ni siquiera podía verse aquí el caus contraído de la gestión oficial, que en el peor de los casos no obliga sino al pago de honorarios (Artº. 1253 del C. Civil).

Sensible es agregar en conclusión que, no obstante estas alegaciones que no pudieron levantar los reclamantes, el magistrado, haciendo suyas las de éstos, que no pudieron ser más vagas e impropias, sostuvo su resolución, concediendo el recurso para ante el Tribunal, de cuyo conocimiento pendía actualmente.

La segunda faz de esta cuestión se produjo en la forma siguiente, no menos curiosa sin duda.

Iniciada una testamentaria, cuya prehistórica, por un general de la República, obtuvo este señor la misión en posesión de los pretensos bienes hereditarios, en forma sumaria, sin citación ni audiencia, no obstante la disposición terminante de los artºs. 633 y 1014, que suprimen el interdicto de adquirir la posesión.

De acuerdo con ese auto se notificó á los arrendatarios de los campos de que son dueños tres abogados de este foro, que en lo sucesivo tuvieran por tal propietario el citado general.

En esa situación presentó uno de los letrados al Juez respectivo haciéndole notar el error y la sorpresa palecida, y pidiendo que repusiese el auto y que volviesen las cosas al statu quo que tenían.

Así las cosas, vuelvo á la carga el intrépido general, esgrimiendo la única arma posible: la acción de reinvindicación, que dirige, naturalmente contra los tres regalos.

Acogido á razon sigue la causa por sus trámites inicial hasta que, en el objeto de simplificar los procedimientos, se ordena el nombramiento de procurador común que contienen dos de los demandados y rechaza el tercero, consiguiendo la revocación del auto relativo.

Representados, pues, por un solo y único mandatario los dos primeros, una de dos ó alternaban en la confesión de los escritos defensas orales y preparación de la prueba, ó se encargaba cualquiera de ellos de la defensa total, evitando gastos y consumiendo la unidad indispensable en trabajos de esa índole.

Ofreciéndose uno de esos dos letrados para la tarea, razones de delicadeza, las mismas consideraciones que ligeramente hemos enunciado, aconsejaron la aceptación condicional de aquellos ofrecimientos con tanto más motivo cuanto que la cosa, el plan de defensa, la ritualidad del juicio, todo, en una palabra, era práctico.

No se sometía, ni podía suponerse razonable ni deversemente que tales ofertas hubieran de encerrarse la orígen puesto de una exigencia pecuniaria, entre colegas de profesión obligados á defenderse en causa propia.

Y sin embargo lluvía, como decía el novelista del cuento.

Terminada la causa se presenta muy campeante el galateo defensor reclamando los honorarios del trabajo, para que se ofreciera con reiteración, bien que hoy en obsequio de sus colegas, según se infería de su actitud, afirmando que en un encuentro casual en la calle se le cometiera la ardua tarea que, de todos modos, habría tenido que desempeñar en causa propia.

¿Es legítima, es racional, es siquiera decente la actitud de ese letrado?

No, decididamente. No es legítima porque ofertado el trabajo, desaparece la razón del vínculo. No lo es porque aun desapareciendo el dato de la oferta es una falsedad inculpable lo del encuentro en la calle pública, donde, según su afirmación suelta y calculada, le fue confiada la dirección (Artº 1508 del C. Civil).

No es racional porque se trata de personas que, por sí mismas, podían defendirse sin ayuda de vacío, como que el defendido, como el defensor, hace de la profesión su ejor-