Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-07-10 00:00:00), página 16

mes para sentencias de esa índole, intégrese el Tribunal con arreglo á la ley.

Así se ha hecho en uno de ellos, el único de resolución favorable que conocemos, en los tribunales colegiados y con la sola base del señor Ministro doctor Fein, —cuyas opiniones no han podido ser más correctas, y cuya actitud tampoco más digna de aplauso— se solucionó el conflicto del modo más satisfactorio y legal.

Esa sentencia recientemente publicada y en la que hicieron mayoría el citado señor Ministro y los señores congresos doctor Piñeyro del Campo y Campistegui, establece los únicos y genuinos fundamentos en tan interesante materia.

Antonio E. Vigil.

APUNTES DE DERECHO CONSTITUCIONAL
LIBERTAD PERSONAL

(Continuación)

Nuestra ley de habes corpus, promulgada el 6 de julio de 1874, respondiendo á las objeciones que hemos formulado contra el artículo 113 de la Constitución del Estado, que trata de los modos de arrestar á una persona, prescribe que los jefes políticos y sus comisarios sólo podrán aprehender á los ciudadanos y habitantes de la República en el caso de in flagranti delito, entendiéndose existir delincuencia in flagranti, como ya dejamos dicho, no sólo cuando se sorprende al delincuente en el acto de cometer el crimen, sino también cuando existe notoriedad sobre la persona de su autor ó autores. A los efectos del mismo artículo 113, declara competentes para dictar el auto de arresto, cuando sólo existe simple prueba, desde los tribunales de apelaciones hasta los tenientes -alcaldes, y dice que se entenderá por simple prueba la deposición de un solo testigo, la confesión extrajudicial del presunto criminal y las vehementes presunciones ó indicios.

Si el funcionario aprehensor, añade, no fuera el juez competente para juzgar al presunto reo, le tomará declaración á este como á los testigos que las circunstancias indiquen dentro de las veinticuatro horas, dentro de las cuales se pasará á reo, con la sumaria indagatoria que hubiese instruido, al juez competente para sustanciar y definir la causa.

Interpretando el artículo 114, que también hemos examinado, prescribe que cuando el delito se hubiere cometido en campaña, y por su naturaleza corresponderá su conocimiento al Juez del Crimen. La remisión deberá hacerse para la formación del sumario dentro de veinticuatro horas, al Alcalde Ordinario (hoy Juez Letrado) de la jurisdicción respectiva, y que en el caso de que por larga distancia no fuere posible verificar la remisión, cumplirá el jefe político ó comisario aprehensor con consignar la orden por escrito en las diligencias instruidas.

Toda persona arrestada por la policía, agrega, ó arrestada por más de veinticuatro horas sin ser remitida al juez competente, podrá reclamar por sí ó cualquiera en su nombre á cualquier juez tribunal, que la haga comparecer á fin de hacerse conocer el hecho criminoso que se le imputa; la autoridad que ha detenido su prisión y la orden origin al con que se ha procedido á aprehenderla. Establece, pues, para tales casos la acción popular:

Dice asimismo dicha ley que si faltasen los requisitos establecidos para la aprehensión, el juez invocado por el supuesto reo ó por otra persona en su nombre, lo pondrá inmediatamente en libertad; pero que si resultare existir orden legal de autoridad competente, el juez invocado se limitará á pasarle al juez á quien corresponda el conocimiento y decisión de la causa si hubieren transcurrido veinticinco horas desde su arresto y no se hubiese cumplido con esa prescripción constitucional, disponiendo que si el juez invocado no procediese en dichos términos y plazos, contraerá las mismas responsabilidades civiles y criminales que el que hubiese decretado la prisión indebida ó retenido al reo en su poder por más de veinticinco horas. Por último, considera existir ataque á la seguridad individual cuando la autoridad pública va contra tales disposiciones y reglas, y dictamina que el funcionario público que tal atentado cometiere, además de las responsabilidades civiles que contrae para con los damnificados, incurrirá en la pena de suspensión de su empleo por tres meses en el primer caso, y en la de destitución en el de reincidencia.

Según se ve, el objeto de la ley que examinamos era tutelar y garantizar la seguridad personal lo más ampliamente.

Encontramos, en conjunto, fundadas sus disposiciones, que no son en conclusión sino una copia un poco bastardada del habes corpus inglés, cuyos efectos entre nosotros, sin embargo, no podían ser los mismos que en Inglaterra, donde los magistrados judiciales cumplen estrictamente con sus deberes y son los primeros defensores y constituyen las más grandes garantías de la libertad personal.

Con todo, consideramos absurdo el artículo 8.º, que, en el caso de que por la larga distancia entre el lugar en que se ha arrestado al supuesto reo y la residencia del juez de la causa, no fuere posible verificar la remisión de aquél, da un poder sumamente peligroso á los comisarios seccionales al autorizarlo á "consignar la orden de remisión por escrito en las diligencias instruidas."

Opinamos también que no es, que no puede ser suficientemente eficaz la pena de tres meses de suspensión del empleo en el primer caso de prisión injusta, y la de destitución ocurríndose en reincidencia. El Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, un jefe político, quedan facultados así para hacer aprehender por este medio por un comisario seccional, injustamente, á ciudadanos del campo, suspendiendo al empleado por mera fórmula y, si es posible, recompensando con liberalidad sus exacciones. Aparentando una justicia estricta, tienen también dichas autoridades, en caso de reincidencia, el recurso de separar de su destino al empleado que ha servido de instrumento para la comisión de falta tan grave, y proporcionarle, tal vez, otro de más elevada garrapata. La pena, á nuestro juicio —como quiera que el objeto de toda pena ha de ser evitar la repetición del hecho criminoso y moralizar ó intimidar con su ejemplo á los que pudieran más tarde consumarlo— debe ser á un tiempo personal y pecuniaria, como nos lo enseñan las prácticas de Inglaterra y Estados Unidos.

Y es obvio que debe ser así.

La historia nos refiere un hecho que demuestra bien á las claras la ineficacia de las penas pecuniarias, cuando sólo ellas se aplican, hecho que el ingenio popular ha presentado, desfigurándolo, bajo otra forma. El jurisconsulto romano Neracio, conocedor de que tal era la pena de ciertas injurias de hecho, acompañado de un esclavo suyo recorre un día las calles de Roma dando de bofetadas á diestro y á siniestro á cuantos individuos hallaba á su paso. En seguida echaba mano á su talgo, tomaba una cantidad y decía al agredido entregándosele: "Alto ahí! no se altere usted; aquí tiene la multa de la ley." Si la burla fue motivada ó no, no queremos saberlo. Lo que nos refiere la historia es que la ley se derogó.

Es asimismo censurable la ley de habes corpus del año 74 porque hace de la aprehensión una facultad policial; no menciona la acción popular para la aprehensión de los delincuentes, y por consecuencia no facilita el arresto como debiera. No prescribiendo nada sobre la fianza obligatoria, remite en este importante punto á la Constitución y leyes anteriores. Por último, dentro de ella las detenciones pueden ser fáciles, en oposición á la fórmula de Rossi, y las garantías que dá son insuficientes. Como quiera que sea, constituye un gran paso en el camino de la libertad, y sus tendencias liberales la hacían digna del más sincero aplauso.

Según dejamos dicho, con fecha 9 de julio de 1877 el Dictador Latorre derogó esa ley con otra, curiosa en extremo por sus fundamentos ó considerandos, decreto-ley que entregó ministradas al capricho del tirano las libertades individuales.

Dice él:

MINISTERIO DE GOBIERNO.

Montevideo, julio 9 de 1877.

Considerando que la ley de julio de 1874, que prescribe la forma en que debe procederse á la aprehensión de los criminales y habitantes, y de responsabilidad de los agentes de policía, en la práctica ofrece trabas á la marcha regular y moralizadora de la administración.

Considerando que el respeto á la vida y á la propiedad que el Gobierno Provisional á costa de grandes sacrificios y de una labor constante ha conseguido cimentar en el país, vendrá á ser ilusorio si los tribunales aplicasen en los casos ocurrentes las prescripciones de la citada ley.

Considerando que aún en la época normal en que aquella fue promulgada se presentó el escándalo de que su estricta aplicación sólo servía para atentar á los criminales, con menosprecio de la justicia y de los mismos tribunales encargados de administrarla;

Y considerando que lo conveniente á la República son leyes que prevengan y castiguen á los que atenten á la vida y á la propiedad de sus habitantes,

El Gobernador Provisional, en consejo de ministros, acuerda y decreta:
Art. 1.º Derógase la ley de 6 de julio de 1874.
Art. 2.º Comuníquese, etc.
Están demás los comentarios de este decreto-ley.
CARLOS MARTÍNEZ VIGIL.