Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-20 00:00:00), página 14

no citó las partes para oír sentencia definitiva." La enumeración que hace el artículo no es taxativa, como lo expresa su inciso final; pero por sus mismos términos, para que haya nulidad fuera de los casos enumerados tiene que estar expresamente determinada en la ley y hay alguna disposición en el Código de Procedimiento Civil que diga que el juez debe citar á las partes para oír sentencia interlocutoria?

Entonces, se preguntará qué objeto tiene el citado artículo 729; si habrá sido puesto al acaso, ó será una contradicción en que ha incurrido el legislador.

Creemos que no ocurre ni una cosa ni la otra, y que por el contrario tiene una doble explicación en la letra y en el espíritu de la ley:

El artículo 639 dispone que: "Cuando de las sentencias de los Jueces Letrados proceda el recurso de apelación para el Tribunal Superior en causas que no excedan de mil pesos, se otorgará sólo en relación con remisión de los autos."

Ahora bien: se sabe que toda sentencia definitiva es apelable libremente, y en consecuencia la parte que se considera agraviada por la sentencia de que recurre puede usar del derecho de defensa, amparándose, ante el Superior; sin embargo, la ley ha hecho excepción en los asuntos de menor cuantía, cuando el recurso de apelación se concede para ante el Superior Tribunal, de las sentencias dictadas por los Jueces Letrados en causas que no excedan de mil pesos. Probablemente, el legislador impuso esa restricción al derecho de defensa atendiendo á las múltiples tareas que tienen los Tribunales Superiores y á la poca importancia de muchos pleitos en que intervienen los Jueces Letrados, como los de Comercio, que comienzan en todos los que exceden de veinte pesos; á pesar de lo dicho, la ley ha querido equilibrar en lo posible la posición de todos los que recurren á la justicia en demanda de un derecho, y previene la reparación de un agravio y tratando de conciliar la buena administración de justicia con el derecho individual, dictó la disposición que comentamos, por la cual la parte agravada tiene el recurso de informar in voce, recurso que en estas circunstancias tiene mucho valor.

Además, existe otra razón que justifica el artículo en estudio. Hay algunas sentencias que, aunque interlocutorias por su naturaleza, son definitivas por sus efectos. Tales son las que revisten particularmente para el reo una excepción perentoria, la de prescripción, por ejemplo. En este caso debe darse comunicación á las partes para que puedan pedir que se abra nueva instancia ante el Superior, pues la sentencia que decide de la procedencia de la excepción perentoria opuesta imposibilitará la prosecución de la demanda principal.

Esta explicación está corroborada por el artículo 730 que autoriza al apelante para pedir que el recurso se declare libre y al Juez ó Tribunal para acceder á la pretensión.

El espíritu de la ley está claro; el se manifiesta en el estudio que sobre éste se ha realizado en el artículo IV del informe presentado al Poder Ejecutivo por la Comisión revisora del Proyecto de Código de Procedimiento Civil, hoy vigente, que dice textualmente así: "Procurando siempre la Comisión la aceleración de los pleitos, ha simplificado la actuación de los juicios y de los incidentes á articulaciones que se suscitan, y que muchas veces son un arbitrio de los litigantes faltos de derecho y de buena fe; y así en aquéllas como en los juicios cuya naturaleza requiere una tramitación abreviada, las apelaciones no se conceden sino en relación, para que el superior la resuelva, sin más escaños ni pruebas, que es lo que en el foro se llama fallar por expediente.

Resulta, pues, de la letra y del espíritu de la ley que toda apelación en relación debe ser fallada directamente, sin audiencias ni aun notificación de las partes en cuanto no vencido el término del emplazamiento, con las solas excepciones que dejamos señaladas porque son las que la ley señala; y que todas las prácticas en contrario que en los tribunales se siguen son opuestas á la ley que indica la ritualidad á seguirse en los juicios y carecen por completo de justificación en un país como el nuestro, que no se rige por el derecho consuetudinario, sino por el derecho escrito.

Hay que demostrar otro error en que se incurre, y es creer que nadie se pierde con hacer saber á los interesados que los autos están en poder del Superior. El juicio se sigue en un departamento de campaña, una de las partes tiene interés en denunciar la resolución del asunto, con no comparecer ni constituir apoderado logra su objeto, porque para notificarle es necesario librar extractos á los Jueces departamentales, viéndose el hecho curioso de que la tramitación de un sencillo incidente tarda más tiempo en resolverse y es más onerosa que el juicio principal.

Un ejemplo de los muchos que se producen en esta ocasión nos testifica. Fíjese un juicio posesorio contra la familia S. en el Departamento de Rivera; el Juez cita á los parientes á comparendo, y en este los sucesores S piden al Juez que desee la demanda por no estar en forma, y para el caso denegado, que se les conceda el recurso de apelación. El Juez no hace lugar á la pretensión de los herederos S, y les concede la apelación en relación, emplazando á los litigantes para que comparezcan ante el Superior dentro de veinticuatro días. Aplicuese el ejemplo.

Como lo dicho creemos haber probado, contra la jurisprudencia de nuestros Tribunales, que el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable al caso propuesto.

JUAN GADEA.

NOMBRAMIENTO DE LOS FISCALES

I.

En virtud de la disposición establecida en el artículo 81 de la Constitución del Uruguay, el P. E. es el poder que tiene la facultad de proveer todos los cargos del Ministerio Público.

Como esta aservación y la doctrina que entraña son relativamente novedosas, á juicio de muchos ha de parecer ligera y aventurada. No obstante abrigamos la convicción de atraer la comprensión de nosotros, si es que se hallan animados de buena fe.

II.

Si recorriéramos las legislaciones de muchos países que van á la vanguardia de la civilización, encontraríamos que no sólo se ha establecido en ellas que los cargos del Ministerio Público son de nombramiento del P. E., sino que asimismo se ha establecido lo sean los cargos judiciales. Pero nos desentenderemos por completo de toda parte histórica, para ceñirnos estrictamente á la faz doctrinaria y en particular á la far constitucional del asunto planteado.

No creemos que sea adecuado para la independencia de Poder Judicial el disponer que los jueces y magistrados sean nombrados por el P. E. El Poder Judicial es por su misma naturaleza un poder débil, y por su misma naturaleza debe constituir, si se permite la frase, algo así como una clase dentro de la sociedad política.

Es así que la Constitución de la República no ha determinado en ninguno de sus artículos que los jueces sean nombrados por la Alta Corte de Justicia; pero desde el punto que ha dispuesto que á los miembros de la Alta Corte les nombre el Poder Legislativo y á los Tribunales la Alta Corte con venia del Senado, ha dispuesto por analogía que á los jueces les nombre también la Alta Corte ó el Tribunal que haga sus veces, sin venia de ningún género á fuer de empleados subalternos.

Pero lo que mejor revela esta intención de los constituyentes es aquel rechazo que sufrió en el seno de nuestra primera asamblea el proyecto por el cual se proponía que el P. E. velara sobre la conducta funcional de los empleados judiciales y sobre la ejecución de las sentencias de los Tribunales, cuyo rechazo trajo como consecuencia el precepto constitucional que encomienda á la Alta Corte de Justicia la superintendencia directa, correcional, consultiva y económica sobre todos los Tribunales y juzgados de la nación.

Y si parece indudable que á los jueces de primera instancia no les debe nombrar el P. E., ¿sucedrá lo mismo respecto de los Fiscales y representantes del Ministerio Público? Véanse.

III.

Se denomina Ministerio Público ó Fiscal una magistratura particular que tiene por objeto proteger por el interés del Estado y de la sociedad en cada Tribunal.

El Ministerio Público ejerce funciones tan múltiples como los intereses á que debe servir dentro de la órbita de sus atribuciones especiales.

Por lo pronto debe distinguirse la esfera civil de la criminal, y en la primera es menester distinguir los asuntos civiles de orden general de los otros asuntos en que tienen interés la Administración y el Fisco como persona jurídica, capaz por tanto de derechos y obligaciones civiles.

En primer lugar vamos á desembarazarnos de lo más sencillo.

Los fiscales de Gobierno y Hacienda, que actúan como funcionarios de orden gubernativo, como asesores del Poder Ejecutivo y como representantes de los intereses fiscales, son empleados de nombramiento del P. E. Porque en efecto, ¿qué tienen que ver sus funciones con las funciones judiciales? Esta materia no requiere desarrollos de ningún género, ni da lugar á debate alguno.

Los representantes del Ministerio Público en el orden criminal no desempeñan tampoco funciones judiciales: son verdaderos acusadores por ministerio de ley. ¿Por qué motivo entonces les ha de nombrar el Poder Judicial? ¿Qué nos sirve de nada por ver el Ministerio Público propiamente tal, si lo que se encarna entre nosotros es el Fiscal de lo Civil y los Agentes respectivos.

Al Ministerio Público, representado por el Fiscal de lo Civil, corresponde representar y defender la causa pública en todos los nego-