Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-20 00:00:00), página 16

particulares de los arts. 192 y siguientes.
Las simples presunciones legales podrán siempre ser destruidas por una prueba contraria."

Al hacer la distinción del artículo anterior, de presunciones absolutas y presunciones simples, ya establecimos, al definir la primera, que era la que no admitía prueba alguna en contrario. Pero añade el artículo: "esta disposición se entiende sin perjuicio de los casos especiales en que la ley misma haya reservado expresamente la prueba contra la presunción que produce una excepción personal." Tal es el caso de la tercera clase, de presunciones negativas que no hacen referencia con Laurenti al comentario del artículo anterior, es decir, las presunciones que siendo absolutas admiten en ciertos y determinados casos establecidos por la ley la prueba en contrario. Tal es el ejemplo del Código. La presunción de paternidad del marido, que en regla general no permite discutir la filiación de los hijos nacidos de su mujer, puede, sin embargo, en ciertas y determinadas circunstancias de que habla el Código, ser destruida por la prueba contraria. Tales son también las presunciones de mediación de parejas, curos o zanjas divisorias, que la ley permite sea combatida cuando hay título ó señal en contrario.

(Continúa.)
JAVIER MENDÍVIL.

APUNTES DE DERECHO CONSTITUCIONAL
LIBERTAD PERSONAL
(Continuación)

III.
Limitaciones de la libertad personal en virtud de las relaciones civiles entre el marido y la mujer; entre los padres y los hijos; entre el tutor y su pupilo; entre los interdictos y los guardadores, etc. Principios generales a este respecto.—Imposibilidad de que una constitución política abrace estas materias fuera de casos muy determinados.—Abolición de las relaciones entre el señor y sus esclavos.—Ley dictada por la Sala Representativa el 7 de septiembre de 1855.—Artículo 131 de la Constitución.—Ley de 15 de diciembre de 1842.

Independientemente de las ya anotadas, ha recibido limitaciones de distinto orden la libertad personal, limitaciones que, según ve- remos, proceden de las relaciones civiles, de las exigencias de la justicia social y de la defensa de la nación.

En el orden civil existen algunas que no nos corresponde examinar detenidamente, establecidas en virtud de las relaciones entre el marido y la mujer, entre los padres y sus hijos, entre el tutor y su pupilo, entre los interdictos y los guardadores, etc. Según nuestras leyes, la mujer casada no divorciada sigue el domicilio del marido, mientras éste reside en la República; el menor no emancipado, permanece así como el mayor á quien se ha nombrado curador, sin tener otros derechos que el de sus padres anteriores, curadores; los hijos que no hayan cumplido 23 años siendo varones, y 23 siendo mujeres, necesitan para casarse consentimiento expreso de su padre ó de su madre legítimos, ó a falta de ambos, del ascendiente ó descendientes en grado más próximo; la mujer casada debe obediencia á su marido y no puede adquirir por título oneroso ó lucrativo sin la venia de él; los hijos menores están sometidos á la patria potestad de sus padres, etc.

He ahí varias por vía de ejemplo. Su razón de ser estriba en su misma naturaleza, que podemos llamar mixta. Afectan al interés público y al privado conjuntamente, más bien que á uno ó otro por separado; son, en una palabra, materias de orden público.

Si los objetos de las constituciones políticas son la declaración de los derechos y deberes del ciudadano, la forma de gobierno de la nación y la organización de los poderes públicos, claro es que no entra ni puede entrar en sus planes cuando se refiera á las relaciones civiles de los miembros de la nación, porque las constituciones no deben ser abra- madas bajo el peso de prescripciones regla- mentarias, sino, como lo demuestran la de Estados Unidos y las de la Francia re- publicana, imperial y monárquica, ser mode- los de ejecución y conclusión. Un buen código fundamental debe limitarse á establecer los principios cardinales que sirven de sostén á la organización política de la nación, á ga- rantizar y tutelar de una manera amplia y expresa todas las libertades individuales, aunque opinamos que en estas materias, y espe- cialmente en la última, la constitución de un país libre, culto y civilizado debe ser tan ex- plicita como posible sea. Esto es lo que la experiencia de las naciones adelantadas acon- seja ser mejor y lo que legitiman los benéficos efectos que produce.

La constitución y el código civil de un pueblo no han de hallarse en oposición; antes al revés, los dos deben prestarse mutuo y constante apoyo, y cuando así no acontece, sobreviene el caos por la peligrosa desviación que se entabla. Una constitución para ser respec- tada ha de tener su más firme garantía en las leyes civiles, y éstas á su vez deben ser la expresión de las necesidades y hábitos so- ciales. Empero, no puede extender aquélla su radio de acción hasta llegar á detalles insignificantes e inmiscuirse en cuestiones que caen bajo el dominio de las leyes orgánicas.

Y si sensiblemente es que una constitución política invada la jurisdicción del código civil, se suministra en cuestión que le son extrañas, es ignominiosa que, como en las del Perú, Bolivia y otros pueblos sud-americ- anos, abunden en bellas declaraciones, reco- nozcan principios inviolables, concedan am- plias libertades y franquicias.... pero res- tringidos en su uso por las leyes, por los reglamentos de policía y hasta por la voluntad caprichosa de los despóticos. En este sentido, "la Constitución de Bolivia es peor que la Constitución dictatorial del Paraguay, porque es menos franca; promete todas las liberta- des, pero retiene el poder de suprimirlas. Es una magnífica obra de teatro, que os ofrece la libertad; la tomáis, pero tenéis que escalarla, y halláis cadenas en lugar de libe- ral!" (1)

Siendo el estudio de las relaciones civiles, como desde luego se echa de ver, punto que no cae bajo el dominio del derecho constitucio- nal, nos detendremos únicamente á decir algo de las que existían entre señor y es- clavo.

La ley dictada en nuestro país con fecha 7 de septiembre de 1825 sobre esclavitud de- claraba: "Libertad de vientos, para evitar la monstruosa inconsecuencia que resultaría de que, en los mismos pueblos en que se proclaman y sostienen los derechos del hom-

bre, continuase sujetos á la bárbara condi- ción de esclavos los hijos de éstos... Ella dice que serán libres sin excepción de origen todos los que nacieran desde esta fecha en adelante, y que queda prohibido el tráfico de esclavos de país extranjero. A pesar de esto la esclavitud continuó en el mismo pie: no se cumple la disposición legal, sino que esclavos eran los negros traficados como los nacidos de esclavas. Nuestras constituyentes lo establecieron asimismo en el artículo 131 de una manera expresa, lo cual no impidió que continúara aún la esclavitud hasta fines del año 1842, en que, conocedor el Gobierno de la República de los planes tramados por Oribe y Rozas, decretó con fecha 12 de diciembre la abolición de la esclavitud y dió libertad á todos los esclavos, con el principal objeto de proporcionar legiones al ejército nacional. Lo mismo hizo Oribe en el Cerro. Desconocerlo quien lo ignora, es en Monsavilliches. Aclareba poco tiempo después la libertad de todos los esclavos comprendidos en el terri- torio sometido á su imperio. El resultado, sin embargo, no fué ventajoso para los negros. Cambiaron de forma de esclavitud, y em- peoraron de condiciones. A la esclavitud civil, que les era llevadora, porque siempre se les trató con consideraciones, sucedió la esclavi- tud militar, mil veces peor. Fueron la carne de cañón de la guerra de nueve años, y la mayor parte de los supervivientes tuvieron á dar sus servicios en los campos del Paraguay. La disposición constitucional que comentamos dice: "En el territorio del Estado nadie nacerá ya esclavo; queda prohibido para siempre su tráfico e introducción en la República."

(Continuará.)
CARLOS MARTÍNEZ VIGIL.

SUELTOS

Luis Cardoso Carvalho tiene en preparación un libro que, como lo indica su nombre, "Monografiás penitenciarias", versará sobre estudios penales.

Julio Magariños Rocca ha coleccionado sus trabajos literarios y discursos insertos en la prensa diaria, y formará con ellos un tomo que denominará "Juventud."

También se ocupa en dar las últimas correccio- nes á una novela psicológica, cuyo nombre es "El Oso."

Han prometido su concurso intelectual á esta Revista las personas cuyos nombres van en seguida, en la sección de Ciencias sociales los doctores Juan H. Schaffner, Cornelio Vi- llagran, Juan María Lago y Dalmir M. Tito, y en la literatura el señor Ricardo Sánchez.

Teniendo por editora á la casa de Lejouane acaba de aparecer en Buenos Aires en un volumen de 700 páginas "La locura en la historia," última obra del Dr. José M. Ramos Mejía.

Carlos Boires ha publicada "Filosofía de la esperanza" "El pesimismo práctico," obra interesante impresa en el establecimiento de Juan A. Alsina y que será continuada por su autor con dos volúmenes más: "Pessimismo psicológico" y "Pessimismo fundamental."

(1) Alberdi, OBRAS COMPLETAS. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Ar- gentina.