Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-05 00:00:00), página 13

impulsado por brutal ferocidad? ¿o debe ser el contrario, estudiar cuidadosamente el veredicto, para ver si esas palabras usadas por el jurado están ajustadas á la definición legal de las mismas?

Suponiendo un caso en que el jurado hubiese declarado al exponer los hechos que había mediado alevosía y el juez al estudiar el veredicto observara que de los hechos expuestos no podía deducirse la agravante legal de la alevosía, dentro de las fuentes de la definición que da el inciso 1º del art.º 19 del C. Penal en el acto surge la pregunta: ¿el juez debe pasar por lo que dice el jurado ó puede declarar en las sentencias que las apreciaciones del jurado son erróneas, puesto que no se ajustan á la ley?

Creo que en teoría no puede vacilarse en la solución.

Las declaraciones del jurado no pueden contener sino exposiciones de hechos; esa es su misión; declarar que ha mediado alevosía, prometedoría, delito frustrado o tentativa, etc., son declaraciones de derecho que salen de su estrecha acción.

Los jueces no son ni pueden ser un mecanismo automático que se limite á buscar en el Código la pena que corresponde imponer en atención á las declaraciones del jurado.

Como jueces, fieles cumplidores de las leyes, deben juzgar del veredicto expedido, estudiándolo impárticamente á la luz de su criterio jurídico para ver si existen en el extralimitaciones de las facultades que les están concedidas.

¿Cómo podemos atribuirnos este derecho, que es ante todo trabajo de parte del juez que se respeten las decisiones legales?

El ha formado parte del jurado, y ha contribuido á formular el veredicto; pero no se me diga que ha debido dejar á un lado su criterio legal, para juzgar de los hechos con el criterio de hombre, porque esto no es posible, porque nadie se desprende en un momento á voluntad de un criterio constituido lentamente por el estudio de las leyes y la lectura de los autores y consultores por la experiencia. El juez en el acto del jurado ha tenido que luchar con los demás jurados para que hicieran declaraciones que están en desacuerdo con la naturaleza de la institución, extralimiándose en sus funciones.

Ellos pueden declarar probados hechos que no lo estén ó viceversa, y en esto no están sujetos á los requisitos que para la prueba establece la ley procesal y en esto el juez debe seguirlos si piensa de la misma manera, tratando de desligarse si le es posible de su criterio jurídico, aceptando pruebas que la ley no admite, ó negándose valores aunque turciesen legalmente.

El jurado, pues, expone los hechos que á su juicio libre e independiente resultan probados en autos. Tiene libertad completa en la apreciación de la prueba: pero no le es dado hacer declaraciones de derecho.

Y precisamente esas declaraciones, que pueden dar motivo á divergencias de opinión con el juez de derecho relativas á la alevosía, al ensañamiento, la prevaricación, la legítima defensa, la violencia moral, etc., son todas ellas declaraciones de derecho, objeto de estudio en la ciencia de derecho penal y que no pueden ser resueltas de una plumada por jueces legos.

Por eso creo que en los casos en que, á pesar de las explicaciones que el juez de derecho haya dado á los jurados durante la discusión del veredicto acerca de su deber de inmiscuirse en el estudio de la materia de la esfera de los hechos, si el jurado se empeña en hacer tales declaraciones, debe darse al juez el derecho de discutir su valor legal en la sentencia y declarar que no han existido las circunstancias admitidas por el jurado, fundando su auto en disposiciones legales y en las doctrinas más recibidas.

El juez de derecho, obrando así, no se extralimitaría en nada al dejar de lado las apreciaciones del jurado, porque su misión debe ser la de aplicar la ley á las declaraciones de hechos del jurado y no sólo á sentarse á las suposiciones de atribución de ésto.

Tal es la solución que me parece más conveniente en el terreno de la teoría, porque está en concordancia con la naturaleza propia y misión especial de la institución del jurado y hace del juez un verdadero magistrado y no un mero engranaje automático.

Pero, antes de pasar adelante, debo resolver el punto, según nuestra ley positiva, que es lo que interesa por el momento.

El artículo 307 del C. Penal I. Criminal parece ser el que más la misma doctrina que me expuse más arriba cuando dice que: "en las sentencias definitivas deberán los jueces absolutos ó condenar á los procesados según el mérito de los autos, aplicando las leyes á los hechos comprobados ó declarados por el jurado".

Pero es el caso que entre los hechos sobre los cuales permite el Código pronunciarse á los jurados se incluyen luego una porción de cuestiones que son principalmente de derecho.

El art. 302 determina imperativamente que el jurado deberá pronunciarse, en primer término, sobre los hechos que acrediten la existencia del delito á que se refiere la acusación, y en segundo, sobre su autor y cómplices y la responsabilidad que sea imputable á cada uno de ellos.

El Código, pues, admite como cuestiones de hechos que puede resolver el jurado todas las relativas á la culpabilidad y á la responsabilidad del agente, en donde caben la declaración de la existencia de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes; en una palabra, casi todas las cuestiones más difíciles de la ciencia penal.

Así queda desnaturalizada la institución del jurado y se abre la puerta á la comisión de toda clase de disparates jurídicos, relegando al juez de derecho á un rol de automata que aplica ciegamente la disposición legal que corresponde á los hechos declarados por el jurado.

A esto deseaba llegar. Durante años y años hemos estado usando de la institución del jurado en una forma perjudicial á la sociedad, acumulando error sobre error y haciendo de los jueces de derecho esclavos sumisos de las decisiones de jueces legos.

Así, á cada paso tropezamos con veredictos y sentencias donde se toman las palabras del tecnocrático científico en un sentido enteramente extraño á la ciencia. Y si algún juez de derecho quisiera hacer obra de verdadero juez, se lo obligaría como una tarea inexpugnable el art. 302 que le da facultas á los jurados para hacer toda clase de declaraciones, bautizando con el nombre de hechos todo lo que se refiere á la responsabilidad de los procesados y su calidad de autores ó cómplices.

II.

Es consecuencia irremediable de lo dicho que cuando el jurado se mete á declarar el grado de culpabilidad del procesado, haciendo declaración de atenuaciones ó agravaciones, usando de los términos legales en un sentido erróneo, el juez de derecho no tiene más remedio que guardarse su ciencia y aceptar esos errores, aplicando la ley sin que le sea dado impugnarlos en la sentencia.

Esta es una de las fuentes de errores judiciales que han obstado hasta ahora á la científica y verdadera aplicación de las disposiciones de nuestro Código Penal, vigente desde hace más de cinco años.

El caso de la brutal ferocidad, de que habla el art. 320 en sustitución de uno de los errores más repetidos por el jurado. Usa de esas palabras en un sentido vulgar, ordinario, que no es ni puede ser el sentido legal de la disposición penal.

Cuando una declaración de esta especie se hace en el veredicto, el juez aplica inmediatamente la disposición de ese artículo y condena á muerte al procesado.

Pero, no es solamente el juez de derecho el que en tan graves errores; el juez de derecho tiene ocasión muchas veces de interpretar la ley á desmedro, y, sin embargo, se deja llevar por un extraño criterio que impulsa los actos del jurado.

¿En cuántos casos no se ha visto á los jueces fundar sus sentencias en la brutal ferocidad de que habla el art. citado, sólo porque se trataba de un espantoso delito?

No son los jurados únicamente los que erran: el error de los jueces es más inexcusable todavía, porque están obligados á conocer y á interpretar la ley.

No es fácil más difícil citar sentencias en las cuales el jurado declare simplemente que, dados los hechos admitidos, reconoce que en el hecho ha existido "ferocidad", y el juez se considera obligado por eso á hacer uso del art.º 320, inc.º 1º, que habla del "impulso de brutal ferocidad", y en consecuencia impone la pena capital.

Es muy corriente también que cuando median circunstancias agravantes de importancia, como la alevosía, la prometedoría, el propósito de robo ó los hurtos son cometidos por medio de inmundicia ó sumersión, nunca deja de agregar el juez el jurado la declaración de la terrible agravante de la brutal ferocidad.

Este proceder es, á mi juicio, completamente contrario á la letra y al espíritu de la ley, pues el solo impulso de brutal ferocidad es un caso enteramente distinto de las agravaciones citadas, que tiene sus caracteres propios y una significación jurídica especial.

José P. MASSERA.

(Conclusión.)

LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

(CAPÍTULO IV DE LA OBRA EN PRENSA EL PODER EJECUTIVO).

SUMARIO.—I. Casos en que puede ser necesaria la sustitución del Presidente.—II. Examen de los sistemas establecidos para esta sustitución en Chile, Colombia, México y el Uruguay.—III. Superioridad del adoptado en Estados Unidos.—IV. Condiciones requeridas para ser electo Vicepresidente de la República.

I. Múltiples causas pueden impulsar que el Presidente de la República dure todo el período para el cual se le nombró.

Causas permanentes y causas temporales hacen necesario la sustitución. Entre las primeras, se cuentan la muerte, la incapacidad física y legal sobrevenida ó la renuncia del cargo, y entre las segundas la enfermedad y la ausencia.