Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-03-20 00:00:00), página 15

¡Cuántas consideraciones histórico-filosóficas dimanan del conjunto de sus disposiciones!

ALBERTO A. MARQUEZ.

(Continuación).

APUNTES DE DERECHO CONSTITUCIONAL

LIBERTAD PERSONAL
(Continuación)

II.

SUMARIO.—La libertad de locomoción, como parte integrante de la libertad personal—Artículo 147 de la Constitución—Situación de este artículo constitucional como excepción contra el régimen colonial—También comprende la libertad de locomoción en el interior del país—Limitaciones abusivas de esta libertad—El pasaporte—Abolición del pasaporte por ley de 1857—Regulación de los viajes sobre vagos—Cómo debe considerarse la vagancia—Impugnación de nuestras disposiciones legales sobre este punto (1)—Limitaciones de la libertad de locomoción prescritas por las necesidades de la salud pública—Justificación de las leyes sanitarias.

Ya hemos dicho que la libertad civil requiere extensas y firmes garantías. Entre los derechos que abarca desempeña un alto papel la libertad de locomoción.

Nuestra Constitución garantiza de una manera especialísimo este derecho personal; verdad es que circunstancias especiales dieron nacimiento. Ella dice en su artículo 147 que “es libre la entrada de todo individuo en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus propiedades, observando las leyes de veda, y salvo perjuicio de tercero; y se asemeja en esto a la de Bolivia, modelo del fraude en la libertad según la gráfica expresión del comentador español Don Alberdi, que declara libre el tránsito, “siempre que no se viola el derecho de tercero, la salud o la policía”. Prescindiendo de la forma absurda en que sanctiona el derecho, ella no mira la cuestión sino en un solo aspecto, por cuanto no da la facultad de viajar dentro del país mismo. Sin embargo, no fue el propósito de nuestros constituyentes privarnos de tal derecho; antes bien, puede asegurarse que no lo establecieron por consenso general necesario, desde que no había existido, ni existía a la sazón, la necesidad de facilitar el tránsito de los habitantes de la facultad de viajar dentro de la República. Con todo, a fin de evitar ulteriores daños a la libertad hubiera sido conveniente consignarlo.

A principios del siglo, bajo el imperio del exclusivista régimen colonial, eran prohibidas entre nosotros la inmigración y emigración. Impedíase que todo extranjero entrase al país, porque se veía o pretendía ver en ello un mal inmenso para la fe religiosa; y prohibía- se asimismo, dada la menor dificultad, entrar en el extranjero, que los colonos de nuestro territorio, para seguir las doctrinas económicas de la época, la emigración era un obstáculo á la riqueza por la disminución de la población y retiro consiguiente de los capitales, siendo Cádiz la única ciudad con la que era permitido mantener relaciones de comercio. Se olvidaban, al proceder así, de que la inmigración es un precioso veneno de riqueza nacional, y que era desconocer el derecho de locomoción de las personas el impidiérselas que franqueasen el territorio que poblaban. Pocos años después, cuando estas colonias conquistaron su independencia, ambas restricciones desaparecieron: un criterio más racional, así como un conocimiento menos imperfecto de la ciencia política, habían enseñado á los hombres públicos de entonces que era conveniente de un alto grado de civilización la inmigración exterior, y que por encima de las dudosas utilidades que las autoridades pudieran reportar de la permanencia obligatoria de los individuos, levantándose los derechos personales, la ventaja más precisa de los miembros de la sociedad, que debían asegurar y garantizar. Nuestros constituyentes tomaron la doctrina de la ley que en su época existía, y esta es la razón histórica del artículo constitucional que examinamos.

Dos excepciones se encuentran sobre, según algunos autores, el derecho de locomoción: el pasaporte y las limitaciones prescriptas por las necesidades de la salud pública.

El pasaporte consiste en una autorización ó permiso por escrito concedido por la autoridad á una persona para su libre y seguro tránsito de un lugar á otro. “El precaucionar que, en casos dados, puede producir y ha producido ciertamente muy buenos efectos, es por lo general ineffecto y pone trabas al comercio á la libre tránsito” (2). Ineficaz, porque la autoridad no puede tener conocimiento claro de todas las personas que con su marcha atacan los derechos de otro, ni es difícil suplantar un salvoconducto, ni puede exigirsele á todos los viajeros sin distinción ninguna, ni los prófugos transitan por el camino real y posan en las poblaciones al frente de la autoridad; es una traba, por cuanto exige un gasto inútil, pasos de más, y produce una pérdida de tiempo irreparable tal vez, haciendo depender la partida del viajero de un documento que, en muchas ocasiones, está en el momento en que se ha menester.” (1) Por otra parte, una policía de seguridad bien organizada suple con ventajas los oficios del pasaporte.

Con fecha 28 de mayo de 1857 quedó abolido el uso del pasaporte para transitar por el territorio de la República, que en esta época, como consecuencia de la vaguedad de los términos en que la Constitución garantizaba este derecho y de las frecuentes contiendas políticas, parecía hallarse desactualizado. Debe entendiéndose, decir que la libertad de locomoción entre nosotros.

La prohibición de salir de un paraje determinado ó de entrar en él en casos de enfermedades contagiosas, así como las otras limitaciones de la libertad de locomoción prescritas por las necesidades de la salud pública, se justifican cumplidamente. Si el Estado, como órgano general de la sociedad, tiene deberes que cumplir con respecto á ella, en ciertos momentos debe actuar en los límites requeridos por la justicia. Ha de subordinar los intereses que Bentham llama simiosferos al bien de la colectividad, y hacer por la especie, por el todo, lo que no hace ni debe hacer por las individualidades que componen este todo; y á él, como encargado de proveer á las necesidades que por su naturaleza no pueden ser satisfechas por medio de la iniciativa privada, compete adoptar las precauciones necesarias y medidas conducentes á prevenir y combatir los males sociales. El cumplimiento de los deberes respecto de nosotros mismos depende de nosotros, pero debemos realizarlo en tanto no afecte el interés supremo de la sociedad; que cuando éste peligra, el derecho individual sólo nece que ceder su puesto. Dejando á un lado individualidades, la ley, como la ciencia, sólo ha de preocuparse de lo general: la especie.

Siendo, pues, como es cierto, que las epidemias en multitud de casos reocurren por origen la existencia de un solo atacado del mal, y que la infracción de las disposiciones sanitarias ó de las reglas higiénicas acordadas en tiempo de peste, verificada por uno solo de los miembros de la comunidad, puede acarrear fatales consecuencias para toda ella, la ley de- be exigir el cumplimiento de tales disposicio- nes y reglas. Y hasta en el domicilio de los libres ingleses, en cuya última casa, como decía Lord Chatham, “peneje la lluvia, penetra el viento, no puede el Rey!” puede hoy ser el funcionario encargado de velar por la salud pública. Hay dos principios en pugna que tienen que ceder parte de sus fa- rios á fin de favorecer la utilidad general, que es el derecho.

La Constitución, en su art. 11, inciso 2º, prohíbe la vagancia bajo pena de suspensión de la ciudadanía.

“No encuentra justa esta prescripción cons- titucional, dice el sabio constitucionalista doctor Aréchaga, que está subordinada naturalmente á la cuestión, tan debatida, sobre si la vagancia debe ó no ser castigada, ó considé- rada como un delito. Por mi parte, entiendo que los poderes públicos no tienen derecho de perseguir la vagancia, porque, aun cuando entraña una inmoralidad, no importando un ataque al derecho ajeno, no puede de ningún mo- do considerarse como un delito. Aunque parezca una paradoja, entiendo que todo indivi- duo tiene el derecho de ser vagante.”

“Por otra parte, la causa de suspensión de la ciudadanía ofrece en la práctica graves peligros y pone en manos de los partidos po- líticos escrupulosos en la adopción de los medios de triunfar en las elecciones, uno bastante eficaz para excluir ilegítimamente de la lucha electoral á sus adversarios, atribuyéndoles esa tacha denigrante.” (1)

Estando en desacuerdo con estas ideas, va- mos á proceder á su refutación á medida de nuestras facultades.

Pero, antes de ello, ¿qué es ser vagante?

“Vago” dice Barcia, es el hombre sin oficio y mal entendido.” (2)

Rossi agrega que cuando la ley persigue á alguien por vago, no lo hace por imputarle tal ó cual crimen; se le reprocha no tener un domicilio, una profesión, ó un oficio, que hace las veces de fidel. El hombre que tenga un domicilio ó, aunque no lo tenga, posea una profesión ó oficio, y que no se ocupe en nada, será un perezoso, un haragán, pero no un va- gante. (3)

Respondiendo á las objeciones formuladas, diremos que es, sin duda alguna, una conse- cuencia lógica y hasta necesaria de la teoría del filósofo alemán la admisión de derechos morales, y no seremos nosotros, ciertamente, quienes censuraremos la conducta de sus parti- darios cuando admiten la doctrina con todas sus conclusiones y son consecuentes con los principios sentados. Parlémonos, entendiéndolo que nuestros constituyentes tuvieron motivos más que fundados para declarar suspensos por esta causa los derechos políticos. Si las cau- sidades que se exigen á un votante no impiden siquiera la notoria vagancia, que son los términos empleados por la Constitución; si las leyes conceden á los vagos derechos políticos en razón de que no atacan libertad ajena, de- bían también dar el derecho á las mujeres, á los niños, á cuantos en una palabra no puden