Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-20 00:00:00), página 15

cios en que puede estar interesada, defender la jurisdicción de los jueces y magistrados de la República siempre que sea reconducida, fijar las por la pronta y recta administración de justicia, pidiendo el remedio de los abusos y malas prácticas que notare, dictaminar en las contiendas de competencia, en los recursos de fuerza y en todo diligenciamiento de exhortos de autoridades extranjeras, intervenir en los juicios sobre el estado civil de las personas, en las causas relativas a los ausentes, a los menores y a los incapaces de cualquier género que sean. Estas son las funciones que nuestra ley consagra como incumbencia del Fiscal de lo Civil. Léanse, analicen- se, se verá cuánto cualquiera que no se obstine de que estas funciones no son funciones judiciales.

Más todavía. Hasta cierto punto hay cierta implicancia en ser nombrado por el Poder Judicial, en depender del Poder Judicial, y ejercer algunas de estas funciones que hemos enumerado.

No debe perdonarse de vista que el Ministerio Público en todas sus esferas nunca juzga, nunca falla, lo cual constituye la esencia del Poder Judicial. Sin que realmente lo haga en los casos, é lige lo conseja. Así, pues, las funciones del Ministerio Público no forman parte de la Administración de Justicia, como nuestras mismas leyes lo declaran, y no formando parte de la Administración de Justicia no deben ser nombrados por el Poder Judicial.

Ya es bastante resolver por analogía, que los jueces deben ser nombrados por el Poder Judicial, y si esto es bastante, ¿cuánto más no lo será extender esta analogía a funcionarios que le son de todo punto extranjeros?

Aun en el caso de que el artículo 81 ha- cer argumento de analogía, basado en la similitud entre algunas de las funciones de los jueces y otras de los representantes del Ministerio Público, estos argumentos de ana- logía no pueden llegar al extremo de violar la letra de la Constitución. El argumento más pobre de que trata la lógica es el argu- mento de analogía.

IV.

El P. E., según el artículo 81 de la Constitución, tiene la facultad de proveer los empleos civiles y militares.

Sustentándose en el fundamento de la división de los poderes concepto que informa todo nuestro Código Fundamental, el Poder Ejecutivo, en verdad, no puede nombrar los jueces ni los empleados de las Cámaras.

No puede negarse que la independencia de los poderes radica más bien en la función de los empleados que en la forma de su nombra- miento; empero, es imposible negar tam- bién que en la práctica alguna influencia tie- ne lo último en lo primero, y por consecuencia en la independencia de los poderes, que es el alma vertebral de la mayor parte de las naciones.

De este punto de vista, así como debe re- chazarse que el P. E. designe los jueces, de- be prohibirse que el Poder Judicial nombre los Fiscales, los representantes de los más al- tos intereses sociales, que hasta natural pa- rece debieran ser nombrados por el verdadero representante del Estado y de la Nación.

De lo dicho se desprende que la Constitu- ción no ha querido limitar la facultad de nombrar empleados, que al P. E. acuerda, sino en lo relativo a los empleos que for- man parte o directamente dependen de los otros dos poderes.

El Cuerpo Legislativo es el que tiene el derecho ó la misión constitucional de crear y suprimir empleos públicos, respetando no ob- tante la facultad de proveerlos que el Poder Ejecutivo posee.

Desde el momento que la Constitución gua- da silencio respecto de cuál es el Poder que debe nombrar los Fiscales y concede el Presi- dente de la República una facultad general de proveer los empleos civiles, no hay más que una conclusión rigurosa, en favor de la doc- trina aquí sostenida.

Vamos á deshacer una objeción que puede ocurrir.

El artículo 81 de la Constitución dice que el P. E. tiene la facultad de proveer los em- pleos civiles conforme á las leyes. Luego, po- dría pensarse, el Cuerpo Legislativo por medio de una ley puede disponer á su antojo que el P. E. provea á los empleos, cualquiera que esta ley crezca, ó lo prové con la vezión del Senado ó con cualquiera otra limitación semejante.

Esto quiere decir que las leyes pueden de- terminar las condiciones de los empleados á nombrarse, edad, nacionalidad, títulos, verbi- gracia, pero nada más; pero no, en manera alguna, que el nombramiento se verifique por otro poder que no sea el Ejecutivo, ni con más restricciones que las que la Constitución im- pone.

Supuesta la verdad de la doctrina en el presente artículo desarrollada, no puede menos de causar extrañeza que el Fiscal de lo Civil y los Fiscales del Crimen sean nombrados por el Poder Judicial, y más extrañeza aún que se pretenda quitar al P. E. el nombra- miento de los Agentes Fiscales, los cuales desempeñan en sus respectivos departamentos y en las causas de los Juzgados Departamen- tales las funciones de todos los Fiscales del Estado, incluso las de hacienda, que poseen un indiscutible carácter administrativo.

Nuevamente habrá probado síquiera somera- mente que no es ligera ni aventurada nues- tra doctrina.

José ESPALTER.

ESTUDIO SOBRE LAS PRESUNCIÓNES (Comentario de los artículos 1574 á 1579 del Código Civil)

(Continuación)

se deduce de la cosa juzgada y la que establece una excepción perentoria contra las deu- das de juego. Ya establecimos que la pre- sunción de la prescripción era absoluta; algu- nos autores franceses, como Dalloz, discuten sin embargo si en la prescripción adquisitiva de bienes muebles se da al poseedor de la cosa presunta una acción de posesión, ó si la acción de revindicación. Dalloz dice al efecto que la jurisprudencia admite generalmente, y pasar de la opinión de algunos auto- res, que la presunción del art. 2279 del Có- digo Napoleón, que hace que la posesión de un bien mueble equivalga á título, pueda ser combatida por la prueba contraria. Por la máxima de legislación citada En fait de men- bles possession veut dire la posession engendre instantáneamente en favor del poseedor de una cosa mobilis la presunción de propie- dad, la virtut de la cual se accede cuando la prescripción es rechazada. Pero la genera- lidad de los autores admite, sin embargo, la acción revindicatoria en los casos en que la cosa mueble haya sido perdida ó robada. El Código argentino sigue en esto á Aubri et Rau, y esta es sin duda la excepción á que se refiere Dalloz. Nuestro Código ya la esta- blece en el art. 1188 con respecto al que hurta la cosa, sus cómplices y encubridores, ha- biendo hecho, pues, aplicación de los princi- pios enseñados por los autores. La discusión se ha visto en Dalloz para tomar lugar en derecho francés para los casos citados de hurto ó pérdida de la cosa mueble, pues aun en ellos la posesión se prescribe por el tér- mino de 3 años. Es justo, pues, que los auto- res llenaran las lagunas del Código y trataran de impedir que la ley premiase á los usurpa- dores de la propiedad ajena. Pero nuestro le- gislador, rechazando por el art. 1188 del C. C. la prescripción para el caso de hurto, claro es que no da lugar á tal excepción, desde que denigra la prescripción, pudiendo entonce ser derogada en todo tiempo por la prueba contra- ria, la prescripción que asegura la posesión. En cuanto á la prescripción para prescri- bir, nunca puede ser absoluta, pues siempre da lugar á la acción revindicatoria. La prescrip- ción que nace de prescripción puede ser tam- bién relativa en el caso de la prescripción extintiva de menos de cuatro años, en el sen- tido de que la persona á quien se opone puede exigir que el oponente declare bajo ju- ramento que la deuda está realmente paga.

Hay otra clase de presunciones legales fue- ra de la prescripción, y en la que, sin ex- cluir toda prueba en contrario ni ad- mitirse en general, la recibe en ciertos y de- terminados casos. Como el artículo siguiente trae un ejemplo de ella trataré de explicarla al hacer su comentario.

Resumiendo: hay presunción legal absoluta cuando la ley anula ciertos actos o acuerda una excepción perentoria contra la demanda. Estos actos están vinculados para el legislador de una nullidad radical, como fallos de una condi- ciónencial en el fondo de su valor, y es, pues, clara la imposibilidad que resulta entonces de la presunción sino de la fuerza misma de las cosas. Tampoco lo son los que son nulos en la forma, porque las nulidades de forma re- sultan de hechos imperativos, contra los cuales no hay discusión posible. Los actos á que se refiere la ley no son otros que los que decla- ra nulos presumiendo que se han hecho en fraude de sus disposiciones. Hubiera podido sostenerse que no debía redactarse la prueba contraria, puesto que siempre es favorable jus- tificar la buena fé de la institución, minimando más el valor práctico que obrar con estricta justicia ha creado más sencillo rechazar esta prueba.

Lo mismo sucede en los casos en que acuerda una excepción perentoria para la de- manda, lo cual se aplica notablemente á la prescripción. Así, pues, siempre que se deseche una acción está interesado el bien público, y no será admitido á pretender que no había tenido intención de renunciar á un derecho sobre el que la generación sucedió durante treinta años. Estos dos clases de presunciones son por objeto hacer respetar los preceptos del derecho civil porque son simples interpretaciones de hechos ó voluntades. (La ley, como dice Portalis, ve un fraude y quiere evitarlo). Las demás presunciones no com- prendidas en los casos analizados son simples.

Art. 1578

"No es admisible la prueba contra las pres- sunciones absolutas de la ley.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de los casos especiales en que la misma ley haya reservado expresamente la prueba con- tra la presunción que produce una excepción perentoria.

Así, la presunción de paternidad del marí- do podrá ser atacada en las circunstancias