Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-07-10 00:00:00), página 15

mismo alcanzan al caso del juicio singular que al juicio universal de concurso, y es evidente, porque ni en ella se dice que se interpreta tal ó cual artículo, ni se contiene, en fin, la más ligera distinción. Y es sabido que donde la Ley no distingue á nadie le es dado distinguir.

Resulta, pues, que los tres grandes argumentos con que se pretende defender la sanción del Senado, que desgraciadamente prevaleció en la Honorable Asamblea General, se reducen á cero.

A) Por que ni es una novedad que en los casos de antidad, falsedad, etc. se siga el procedimiento de investigación que estatuye en general el artículo 365 del Código de Procedimientos.

B) Porque ni es una novedad, tampoco, ni una extralimitación por parte del Cuerpo Legislativo, que interpretando una ley, siquiera constitucional, vaya contra su texto expreso ó implícito.

C) Por que ni es correcto, en fin, ni harmónico con los preceptos de la ciencia jurídica, establecer un distingo en la ley cuando no está expresamente consagrado.

Reconozcamos, aunque con pena, que en este caso ha sido peor la enmienda que el soneto.

Mucho más grave es, y más intenso, el mal ó el perjuicio de la ley interpretativa de 1895 que la ley interpretada de 1865.

¡He ahí un adelanto cangrejuno!

Agítase de un largo año á esta parte en nuestro mundo forense, la cuestión de saber si los empleados civiles y militares, y pensionistas pasivos de ambos fueros, pueden legalmente vender ó afectar sus sueldos más allá de la tercera parte que el artículo 885 del Código de Procedimientos declara inembargable por acción ejecutiva.

Que, en esas no es ni puede ser cuestión para quien interprete correctamente la legislación patria, lo dicen de consumo nuestros cuerpos legales que lejos de proscibir tales actos llegan hasta permitir la venta de las cosas ajenas y de las que sólo existan en expectativa —y la opinión de los más reputados miembros de nuestro foro interpretando esa misma legislación y apoyándose en los datos de la extranjería y en las doctrinas universalmente aceptadas de los maestros de más nota.

Y bien: á pesar de los pesares, resulta que llevada esa cuestión á los tribunales superiores de apelación, la solución contraria no se ha hecho esperar.

Aceptándose una simultitud absoluta entre el embargo y el apremio violento que enama de un tercero, acreedor implacable quizá, y el acto expontáneo y suyo del señor de ese sueldo, y partiendo ex-catedra de que tales actos jurídicos son usurarios e inmorales y quitan al empleado (suplase cuando es activo) todo estímulo en el cumplimiento de su deber, se han declarado nulos y sin ningún valor.

Como se comprende, de premisa tan amplia á declarar que un abogado no puede vender sus libros, un médico sus instrumentos (siquiera sea para renovarlos) un labrador sus aperos ó animales de labranza y cualquiera padre familias sus muebles de uso, no hay más que un paso.

He ahí pues, la flor de los argumentos: el argumento ad absurdum.

Y por más que parezca imposible, se creerá que es esa la doctrina que prima, desgraciadamente, sino en los juzgados inferiores por uno de esos vice-versas inexplicables, al menos en los tribunales superiores de apelación?

Pues así es la verdad, por desconsoladora que parezca.

Algo de imitación hay en todo eso, sin duda, del Decreto del Poder Ejecutivo de Septiembre de 1894 que sin negar el derecho á la enajenación limitá á la tercera parte la toma de razón de esas mismas enajenaciones.

Los argumentos, ya que no lo dispositivo, pues aquel poder no negó ni puso en cuestión ese derecho sagrado, se parecen como una gota de agua á otra.

Agreguemos todavía que el poder administrador, advertido de su error, sin duda, y de la desesperante situación en que colaba á los scato-favorcidos, primeras víctimas de la irregularidad en el servicio del presupuesto, como que, in primis et ante omnia como dicen los curiales, están los acreedores hipotecarios sui generis de la renta de Aduana, volvió indirectamente sobre sus pasos, creando los certificados de Tesorería, víctimas inocentes de la conciencia gerundiana de algunos pautas conscriptos.

E per si mutuus.

Y, sin embargo, el Tribunal ó los tribunales, cuesta decirlo, siguen impertérritos en sus opiniones, pudiendo asegurarse que apenas sí, con el auxilio de conjueces, han fallado el punto en sentido legal, en número impar, pero sin llegar á tres. ¡Uno, uno solito, forma el caso que conocemos!

No hay para qué decir que semejantes precedentes, ya que entre nosotros no existe felizmente Jurisprudencia obligatoria.—Artículo 12, Código Civil—han dado por resultado llenar nuestros Juzgados Departamentales y Civiles de un número infinito de concursos voluntarios.

Apenas, en efecto, si hay quien resista á concursarse si tiene uno, dos ó diez meses vendidos. Ese cursus desde general á furriel y desde jefe de oficina á aspirante ó supernumerario, tiene, por ejemplo, un par de embargos, diez ó veinte acreedores y las enajenaciones consabidas. Si no las tiene, la improvisa para el efecto, lo que es sumamente fácil.

Pues bien. A reglón seguido busca un agente de negocios judiciales especial por que hoy ya existe esa especialidad, y en menos de lo que se persigue un cura loco, que diría Ricardo Palma, improvisa el estado correspondiente, formula una exposición tiernísima de las causas determinantes y con un escrito éche que se reproduzca en todos los casos, apeduja el concurso.

Resultado: que con la doctrina de la nullidad de enajenación de los sueldos, y á favor de la prescripción legal que en caso de concurso hace desaparecer el privilegio emergente del primer embargante, en el juicio singular ejecutivo se nivele á todos sus acreedores ya sea por compra, que serían de dominio en otro caso, ya sea por embargo por simples obligaciones personales; y después de cubiertas las prestaciones de las costas y costos del concurso —que sólo insumen cuatro ó cinco años de la tercera parte, distribuida en porciones homeopáticas,—deja al fin esa misma tercera parte, ya libre para cubrirse por prorroga mensual, los varios cientos y miles de pesos que obtuviera de los candorosos que habían confiado en su buena fe y en una correcta aplicación de los principios legales.

Ahí es nada; porque á todo eso se agrega que una renuncia calificada, una destitución, y aún la pérdida muerte, que dijo el poeta, suele dar por resultado una liquidación todavía más rápida, por eliminación completa de la única fuente de recursos.

Convengámonos, pues, que más que en la supuesta usura en un negocio de competencia ilimitada, que más que en la falta de estímulo única razón valadera—y eso á medias para las clases pasivas,—la inmoralidad está en el abuso, hoy extensidísimo, de ese recurso supremo.

¿No podrían los Tribunales evitar esas consecuencias funestas y desdorosas; fuentes para el acreedor que ejerce una industria lícita, permitida y justa, patenteada por la ley, y desdorosa para los que olvidando sus deberes y su delicadeza no hesitan en compensar al industrioso agente de negocios judiciales fastuosamente quizá, á truque de burlar á los que le han auxiliado con su dinero á salir de trances verdaderamente apurados y angustiosos, fiados en su honorabilidad y buena fe?

No cabe duda. El Tribunal ó los tribunales tienen el remedio á su alcance: meditar concienzudamente sobre las consecuencias de esta situación alarmante y perjudicial á los empleados de buena fe y aplicar sin contumplación los principios que rigen la materia.

No es nulo sino que la ley declara tal.

Las nulidades son de interpretación estricta y no pueden por analogía extenderse de un caso á otro.

Así lo entiende nuestro foro con fundamentos tan incombustibles como los que han aducido los señores doctores Ramírez (don José Pedro y don Gonzalo) y don Pablo De María, en consultas luminosas, recientemente publicadas en la prensa periódica; así lo entiende el señor Ministro doctor Fein que firma discurre esos fallos, y con ellos los señores doctores don Luis Piñeiro del Campo—catedrático de nuestra Facultad, como el doctor De María—y el señor Diputado Campistegui. Agreguemos que entre los señores Jueces Departamentales y de lo Civil, no hay uno que discrepe de esta doctrina.

El medio, pues, es bien fácil y puede adoptarse aún en la hipótesis que los señores Carlistas no reaccionen de esas sus opiniones que tan justamente combatimos.

Dese á las tercerías excluyentes de los compradores la ritualidad ordinaria que quiere el artículo 942, supuesto que ellas se inicien al conocer el concurso, que no tiene término del encargado; considéreseles como tal juicio ordinario, dentro del universal del concurso, ya que por otra parte no está indicado como pieza incidental ó filial del mismo concurso.—artículo 1040—y si, en la hora del fallo, no existiesen los tres votos conform