Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-06-05 00:00:00), página 14

natural — para aquellos tiempos — que se le hiciera sentir el peso de la enemistad que le profesaba aquél, despojándolo de los terrenos que legítimamente le pertenecían (artículos 12 y 13 del Reglamento).

La ligera exposición histórica que acabamos de hacer nos suministra los elementos que caracterizaban á las personas llamadas por el Reglamento puebros americanos: todos aquellos individuos, nacidos en una u otra banda del Río de la Plata, que obraban, en política, siguiendo las inspiraciones del gobierno de Buenos Aires, ó que manifestaban abiertamente sus simpatías por los procederes centralizadores de ese gobierno para con la Provincia Oriental (los que no se avenían con los ideales de Artigas).

Quizás cause extrañeza que en nuestra definición de americano hagamos caso omiso de los demás individuos nacidos en otras partes de América; pero si se tiene en cuenta que en la época de que nos ocupamos las dificultades de las comunicaciones entre las distintas partes de ella obstaban en mucho á que en una localidad determinada de ésta se congregasen individuos oriundos de las diferentes partes de que se compone ese continente (exceptión hecha de Buenos Aires, Montevideo y Brasil), se comprenderá fácilmente que en Montevideo escaseaban los ecuatorianos, venezolanos, etc., para no primar más elementos americanos que los del Río de la Plata y los del Brasil. Así es que, propiamente, al hablar el Reglamento de americanos se debe entender que se refería á los individuos nacidos en una u otra banda del Río de la Plata; pues á los brasileños entonces se les denominaba portugueses.

Creenos excusado entrar en más consideraciones, para demostrar la exactitud de nuestra definición, que se impone, si se tiene también en cuenta que si actualmente, con las facilidades de comunicación entre las distintas partes de América, la existencia en la República de mexicanos, ecuatorianos, peruanos, etc., es tan insignificante —y, en algunos casos, nula— que ante la estadística no representan sus factores respectivos, relativamente al monte total de la población, cantidades dignas de aprecio, aritméticamente, para señalar proporcionalidades, ¿qué rian aquellas existencias de americanos en la época que estudiamos, cuando las dificultades de comunicación entre algunas partes de América eran muchas veces superiores á las que por entonces existían con el continente europeo?

Y si queda demostrado que en la época de Artigas se podía asegurar, por regla general, que fuera de los individuos oriundos del Río de la Plata y del Brasil no existían más americanos, fácilmente se deduce que los que eran propietarios —y á los que se refiere el Reglamento— eran los nacidos en la Provincia Oriental ó en alguna de las argentinas; pues, como ya hemos dicho, á los individuos procedentes del Brasil se les llama siempre portugueses, y hasta se les consideraba como no afiliados á la causa americana, por el hecho de ser su forma de gobierno monárquica aceptada por ellos como la mejor para regir los destinos de su país; lo cual dándose profundamente con los móviles y tendencias republicanas de las provincias del Río de la Plata, tenía que dar lugar á que á aquellos se les llamase siempre portugueses, como queriendo indicar que, no obstante ser nacidos en América, el respeto á las tradiciones monárquicas de la madre patria los colocaba en un campo político distinto al que actuaban los demás americanos que luchaban para hacer prácticas las ideas democráticas.

Iguales razonamientos podríamos hacer para demostrar que en la época de que nos estamos ocupando, los europeos que vivían en la Provincia Oriental eran en su totalidad españoles, cuya demostración fácilmente surgiría al considearse en les fueron los elementos de color ión, mismos como se efectuó ésta, etc.—por todo lo cual es obvio que la hagamos.

La expresión malos europeos, usada por el Reglamento debese así entender que más bien se refería á los españoles que, abogando por su rey y por su causa, contribuyeran con sus personas y con sus caudales á hacer más viva la oposición que los patriotas encontraron al independizar las colonias de la metrópoli; —expresión, por otra parte, en extremo inapropiada, pues al contrariar los españoles los propósitos de los patiotas, no hacían nada más que seguir los impulsos y creencias que la conciencia les dictaba de las naciones y deberes para con su rey y para con su patria, y á no haberles dado ódios, era cuando precisamente se habrían hecho mercededores del mote aquél.

La institución de Juez de propiedades extranjeras que creó Rodríguez Peña, siendo gobernador intendente de la Provincia, obedeciendo á la amplitudidad que se habían acrecentado los españoles que hicieron armas contra los patriotas, y que se les hizo sentir con el secuestro de sus propiedades, —con más el espíritu latente de aversión al godo, en la época que nos ocupa, heredado por los patriotas de los antepasados que pugnaron por la libertad de las colonias y aumentado por los rigores que la metrópoli usaba con éstos,—nos da la clave para explicarnos la autorización que acuerda el reglamento, para disponer de los terrenos de los malos europeos.

Como un ejemplo de apropiación de terrenos de propiedad de europeos, consentida por el Reglamento, podemos citar (1) la practicada con una parte de los pertenecientes á los sucesores de don José de Villanueva y Pico, entonces residentes en Buenos Aires.

El referido Villar teva y Pico, que había venido de España con Alzúbar, se presentó en 1850 á la Gobernación del Río de la Plata, ejercida entonces por el Teniente General don José de Andonegui, solicitando en compro los campos que, situados en la Provincia Oriental, ubicaban entre los arroyos Solís Chico, Solís Grande y Pan de Azúcar, desde sus respectivas nacientes hasta su confluencia en el Río de la Plata. Dándole curso á dicha solic

Río de la Plata, tenfa que dar lugar á que á aquellos se les llamase siempre portugueses, como queriendo indicar que, no obstante ser nacidos en América, el respeto á las tradiciones monárquicas de la madre patria los colocaba en un campo político distinto al que actuaban los demás americanos que luchaban para hacer prácticas las ideas democráticas.

Iguales razonamientos podríamos hacer para demostrar que en la época de que nos estamos ocupando, los europeos que vivían en la Provincia Oriental eran en su totalidad españoles, cuya demostración fácilmente surgiría al considearse en les fueron los elementos de color ión, mismos como se efectuó ésta, etc.—por todo lo cual es obvio que la hagamos.

La expresión malos europeos, usada por el Reglamento debese así entender que más bien se refería á los españoles que, abogando por su rey y por su causa, contribuyeran con sus personas y con sus caudales á hacer más viva la oposición que los patriotas encontraron al independizar las colonias de la metrópoli; —expresión, por otra parte, en extremo inapropiada, pues al contrariar los españoles los propósitos de los patiotas, no hacían nada más que seguir los impulsos y creencias que la conciencia les dictaba de las naciones y deberes para con su rey y para con su patria, y á no haberles dado ódios, era cuando precisamente se habrían hecho mercededores del mote aquél.

La institución de Juez de propiedades extranjeras que creó Rodríguez Peña, siendo gobernador intendente de la Provincia, obedeciendo á la amplitudidad que se habían acrecentado los españoles que hicieron armas contra los patriotas, y que se les hizo sentir con el secuestro de sus propiedades, —con más el espíritu latente de aversión al godo, en la época que nos ocupa, heredado por los patriotas de los antepasados que pugnaron por la libertad de las colonias y aumentado por los rigores que la metrópoli usaba con éstos,—nos da la clave para explicarnos la autorización que acuerda el reglamento, para disponer de los terrenos de los malos europeos.

Como un ejemplo de apropiación de terrenos de propiedad de europeos, consentida por el Reglamento, podemos citar (1) la practicada con una parte de los pertenecientes á los sucesores de don José de Villanueva y Pico, entonces residentes en Buenos Aires.

El referido Villar teva y Pico, que había venido de España con Alzúbar, se presentó en 1850 á la Gobernación del Río de la Plata, ejercida entonces por el Teniente General don José de Andonegui, solicitando en compro los campos que, situados en la Provincia Oriental, ubicaban entre los arroyos Solís Chico, Solís Grande y Pan de Azúcar, desde sus respectivas nacientes hasta su confluencia en el Río de la Plata. Dándole curso á dicha solic

ciudad, sucedió que en Septiembre 1.º de 1752 se le expidió el título, el cual fue confirmado por real cédula en Aranjuez á 30 de Abril de 1754 (1).

(Concluirá).

ALBERTO A. MÁRQUEZ.

APUNTES DE DERECHO CONSTITUCIONAL

LIBERTAD PERSONAL
(Continuación)

VI.

Examen de la segunda parte de la regla formulada por Rossi con relación á las disposiciones de nuestra Constitución y de las leyes orgánicas.

Si la detención de que hablamos según los preceptos de la Constitución —Obligación de juez ante la presentación del acusado, sea cual fuere el modo de su arresto— Artículo 114 de la Constitución Nacional.

Excursión sobre la excarcelación bajo fianza — Artículo 139 de la Constitución Nacional y 50 de la ley de 15 de mayo de 1856 — Lo que debe entenderse por pena corporal al clasificar los delitos que exigen el beneficio de la fianza — Consideraciones teóricas sobre la excarcelación bajo fianza — Excepción de la Constitución — Pensamiento que la Constitución deja subsistente en el sentido de la detención arbitraria — ¿Cómo se garantiza que los arrestados serán sometidos á su juez competente? ¿Qué normas las prescripciones de los artículos 114 y 139 de la Constitución de la República? — El habeas corpus inglés y español — Sus prescripciones — Su importancia como salvaguardia de la libertad personal — Nuestra ley del habeas corpus promulgada el 6 de julio de 1874 — Y su artículo 11, que dice: «ley de 6 de julio de 1874 — Examen y crítica de este derecho-ley y de sus fundamentos ó consideraciones.

Pasemos á observar ahora, examinando la segunda parte de la regla formulada por Rossi, si la detención es difícil según los preceptos de la Constitución.

"En cualquiera de los casos del artículo anterior (Ningún ciudadano puede ser preso sino en flagrante delito, ó habiendo simplemente una prueba de él, y por orden escrita de juez competente), dice el artículo 114, el juez, bajo la mas seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario examinando á los testigos á presencia del acusado y de su defensor, quien asistirá igualmente á la declaración y confesión de su protegido."

Por el artículo transcrito, que prescribe la necesidad de que un juicio pronto subsiga á toda detención preventiva, se dificulta ésta, pues se señala como plazo máximo para dar comienzo al sumario y tomar el juez conocimiento del hecho de la prisión, el preciso y perentorio de cuarenta y ocho horas, sea cual fuere el motivo de ella. Pero, por mucho que en teoría este artículo dificulte la detención, en la práctica se ha prestado á incalificables abusos por parte de los funcionarios encargados de la administración de justicia; y esto por una razón bien sencilla.

¿Cuál ha sido la disposición que ha garantido el sometimiento de los arrestados á su juez competente y la observancia de las