Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-04-20 00:00:00), página 12

cicio habitual, ó, como dice la ley, su modo de vivir honesto como lo hace el otro colega que se alzó del auto que ordenó el nombramiento del procurador común y que se defendió con la misma, si no con mayor sigilosidad, tino y acierto que el reclamante de honorarios que nos ocupa.

No es siquiera docente ni decoroso, porque es sabido que entre colegas de profesión no caben ni se estilan esas exigencias, ni diremos ya en asuntos personales ó e interes comunit, pero ni siquiera tratándose de pleitos de tercera persona, que una enfermedad, un viaje inesperado o cualquier otro suceso imprevisto impida dar cuenta.

Es posible que sea este el primer caso ocurrido en nuestros Tribunales y aun en los extranjeros, pues no es fácil encontrarle semejante ni en la doctrina de los autores ni en las revistas y colecciones forenses de Francia, España, Inglaterra, etc., que corren en manos de todos los abogados que estiman y merecen justamente esa investidura sagrada por algo más que el panem lucrum.

Ni siquiera en la relación jurídica de la gestión de negocios ajenos como sentencia desproporcionada (Art. 1296 del C. Civil al fin).

No está eximible á la falta ni la originalidad de esa gloria, reservada á su autor por tan insólito procedimiento.

Ni siquiera es posible ver una causa atenuante en la ignorancia relativa ni en las represalias á que se supone obedecer por una condenación judicial en asuntos en que el supuesto deudor ha intervenido como conyuge ó como abogado ignorando que pudiera posponer su deber á recomendaciones y visitas ó advinar el alcance de convenios privados entre abogados y clientes.

¿Cuánta nobleza y altura!

Pues bien, si la tercera cuestión, no menos fácil en su solución teórica, aunque, eso sí, mucho menos ingrata en sí y en los móviles que la informan.

Estableciendo el núm. 1 del art.º 1561 del C. Civil que la fecha de un instrumento privado no se contará, respecto de tercero, sino desde el día de su exhibición en juicio ó en cualquier repartición pública cuando quedase allí archivado, se ha resuelto, en más de un caso, que la sola exhibición ó presentación al efecto del registro ó toma de razón en esas reparticiones públicas, da inicio al plazo de 3 días para el efecto de darle fecha certificada.

Como, desgraciadamente, ninguna de esas resoluciones ha ido hasta los Tribunales Superiores de Apelación, no nos es dado conocer la opinión autorizada de sus miembros.

Consignando, pues, la nuestra con la brevedad que permiten estos pequeños apuntes, debemos decir que nos parecen poco ajustadas al espíritu y letra de la ley las resoluciones referidas.

Es frecuente entre nosotros la enajenación de sueldos, créditos contra el Estado, etc., por medio de documentos privados con el sin ostentación de Escritura, sin el solo efecto de autenticar la firma. Para dar fecha cierta á esos instrumentos, en previsión del estilismo, lo más posible; para que de ese acto de novación tenga conocimiento el Fisco, deudor, y que el consumado el contrato (Art.º 743 y 1792 del C. Civil), se presenta á la habilitación respectiva ó á la Tesorería y Contaduría General, donde se asienta literal ó sumariamente en los libros respectivos, devolviéndose, debidamente anotado, al nuevo acreedor.

¿Puede, pues, decirse que esa transcripción en el asiento sumario no surte el efecto previsto por el art.º 1561 citado?

No, sin duda:

1.º Porque archivo por archivo, al efecto de obtener la convicción de la realidad del cambio operado, es imperativo que se remita, según resuelve el original que se devuelva anotado, ó de su copia literal, el sumario. Desde que la ley no distingue, á nadie le es dado distinguir.

2.º Porque, fijándonos en la finalidad ó en el espíritu de la disposición, es evidente que lo que ha querido el legislador es evitar la improvisación del documento, en daño de tercero, por una misticitud; ó de una antipatía imposible desde que, recurriendo á la repartición pública, se tiene la prueba de la seriedad y legalidad del acto por la transcripción ó anotación que allí ha quedado bajo la fe y la salvaguardia del empleado ó empleados respectivos.

Concurre á demostrar la exactitud de esta observación la misma disposición que nos ocupa cuando se refiere á los actos ó contratos que exhiben en juicio sin que queden glosados, ó si se quiere archivados, en el expediente. La sola exhibición les da fecha cierta contra tercero, por más que esa presentación sea tan fugaz y momentánea como la que se hace al justificar personería con un mandato general, ó presentando otro instrumento en efecto similar, en cuyos casos se pide simultáneamente la devolución con simple nota, ó dejando testimonio, que no es otra cosa que la transcripción.

¿Por qué razón, por otra parte, ha de ser más respetable, prestigiosa ni fidelíssima la presentación en un Juzgado de Paz, por ejemplo, ó la transcripción en los Registros de Ventas, Hipotecas y Locaciones, que la de una repartición pública como la Contaduría, la Tesorería, las Mesas Pagadoras, etc.?

No se comprende.

Hay, pues, una verdadera conveniencia pública, habrá de nobleza y altura, pues, en reaccionar sobre un error, sobre una corruptela que perjudicando derechos muy atendibles no favorece más que la mala fe de ergotistas temerarios, desconociendo sin género de duda el espíritu y la letra de la ley.

Antonio E. Vigil.

La misión del jurado y de los jueces de derecho

Algunas reflexiones acerca de la brutal ferocidad (ART. 920, INC. 1º DEL C. PENAL)

(Continuación)

III.

Jueces y jurados emplean las voces brutal ferocidad en su sentido vulgar.

Brutal significa lo que es propio de los brutos, concerniente, relativo ó análogo á ellos, que los imita, ó se parece á ellos.

Ferocidad es sinónimo de inhumanidad, de crueldad propia de las fieras, y también significa atrocidad, exceso, demasia, enormidad considerable.

Por lo tanto, las palabras brutal ferocidad se toman ordinariamente como sinónimos de atroz, inhumano, bestial, y en un crimen se dirá que ha existido brutal ferocidad cuando presente manifestaciones horripilantes, ó sea repugnante en sumo grado. Se dirá que hay brutal ferocidad en el homicidio por premeditación, el propósito de robo por medio, variadamente feroz que el hombre humano quite la vida á otro por conseguir una miserable suma de dinero. Se admitirá la brutal ferocidad en el homicidio cometido por medio de inundación ó incendio, porque lleva un sello de repugnante tranquilidad ante el sufrimiento, que probablemente se encontraría en todo homicidio alevoso, porque la truculencia es propia de la brutalidad de las fieras; en el homicidio con ensañamiento, porque nada más inherente á la calidad de bruto que la crueldad inútil, ciega, bestial del que goza con los sufrimientos de su víctima.

La brutal ferocidad en esta acepción es un carácter común á casi todos los homicidios calificados; no es un carácter especial de determinados homicidios.

Este es el criterio que priva hoy entre nuestros jueces y jueces en materia de brutal ferocidad. Tiene por base una observación exterior y superficial del delito, salvo el caso del homicidio por precio. Si el estudio de los caracteres extrínsecos del delito resulta que ha habido lujo de ferocidad por parte del delinquente, queda decidido el punto; se declara que hubo brutal ferocidad; los jueces hacen inmediata aplicación del art. 320 del C. Penal, y desaparece otro hombre de la faz de la tierra.

Recordemos ahora lo que dice el art. 320:

"Se aplicará la pena de muerte, si el delito fuere cometido:—1.º Por el solo impulso de brutal ferocidad.—2.º Por precio ó promesa remuneratoria.—3.º Por medio de incendio, inundación, sumersión ú otro de los hechos previstos en el título sexto de este libro. (Destrucción de puentes, explosión de minas, descarrilamiento de ferrocarriles, etc.)"—4.º Como medio para ejecutar uno de los delitos previstos en las secciones I y II del título XI (hurtos y robos) en el acto de cometerlo ó inmediatamente después, para transportar la cosa sustraída, procurarse la impunidad, ó por no haber podido realizar el fin inicial."

Una primera observación sale á la vista, después de la lectura de este artículo. Son casos diferentes los enumerados en él, porque no puede concebirse que el legislador se repita en un mismo artículo, ó que sea redundante. El concepto legal de la brutal ferocidad debemos admitirlo á primera vista, por lo tanto, como un caso especial de agravación que no está incluido en los demás que prevé el artículo 320.

Identicas razones militan para reconocer que no debe confundirse esa agravante con la alevosía, la premeditación, el envenenamiento y el parricidio, casos que la ley penal prevé especialmente en el art. 319 y que castiga con pena de penitenciaria de veinticuatro á veinticinco años.

Con estas ligeras observaciones ya podemos afirmar que la brutal ferocidad no es un carácter general á la mayoría de los homicidios calificados, como resulta de la acepción vulgar anteriormente explicada.

Esta opinión se fortifica si reflexionamos un instante sobre los términos que la ley emplea: "Cometido por el solo impulso de brutal ferocidad."

Se trata del impulso del crimen, del móvil determinante, no de las manifestaciones externas del delito. Se refiere al agente, al crimen subjetivo, no al hecho externo, al crimen objetivo.

No es, pues, el estudio directo de las manifestaciones del hecho material lo que deberá dar el conocimiento de esta especial agravación, aun cuando presente caracteres feroces brutales en el sentido vulgar de estas palabras. Su estudio será alcanzado por el análisis de los motivos determinantes del delito; procederá de una observación psicológica del agente.