Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-03-20 00:00:00), página 13

sidente, los ministros pueden ser colaboradores del Congreso, y por tanto, el derecho de que estamos estriba en otras consideraciones.

El Poder Ejecutivo, en el desempeño de sus tareas de administración y gobierno, adquiere abundantes y preciosos datos sobre la situación y las necesidades morales y materiales del país, y por ministerio de la interpretación pueden las Cámaras utilizarlos para llevar a cabo con acierto reformas en la legislación.

Es también ante el Poder Legislativo que hace efectiva la responsabilidad política del Presidente de la República y los ministros de Estado, y como una exigencia de buen acierto en sus funciones de tribunal político, tiene el Parlamento la facultad de llamar a los ministros á su sala y recogerles los informes que necesite.

Interpeticiones de otro género no tienen objeto alguno en las naciones de gobierno presidencial, como el Uruguay. Por el contrario, han sido siempre fuente de males.

Los interpeticiones á la moda europea, que concluyen con una orden del día de censura ó complicación, no conducen á otro resultado que á dotar al Cuerpo Legislativo de una armada política de perniciosas acción, de funestas consecuencias.

Producen conflictos y tiranías de relaciones entre los dos poderes.

En el caso de pedir el Presidente á la presión de la Cámara, hace un abandono de sus facultades constitucionales, y en el caso de seguir por la misma línea de conducta que se le ha combatido, inflama el espíritu de oposición y desprestigia al Congreso.

Es indudable que hay implicancia en la condición de la Cámara que censura y la de la que acusa, y sobre todo, de la que juzga.

¿Qué importa sino un prejuicio que desaparece la conducta del Poder Ejecutivo?

Las interpeticiones están en el Poder Ejecutivo, para avanzar, pero en el camino del atentado en lugar de contenerlo, porque se hacen presumir que cualquier abuso de autoridad sólo ocasionará debates violentos y apasionados en las Cámaras. Desde que se elige la vía de la censura, ha de abandonarse la de la acusación personal.

Se ha observado que si bien con interpeticiones vehementes y votos de censura cargados no consiguen las Cámaras la destitución de los ministros, es una barrera que se levanta en el camino de malos, supuesto que un juicio político contra el Poder Ejecutivo ó los encargados del despacho, es un paso muy difícil y hasta imposible en donde el Jefe del Estado se abroquela detrás del ejercicio permanente. No hay otro remedio que aceptar que la censura parlamentaria.

Mas, con el criterio de un positivismo desmentido siempre, no se estudian teoría de derecho.

No se adoptan en los pueblos prácticas inconstitucionales en razón de que pueden resultar ventajosas, porque, en último resultado, la máxima de que el fin justifica los medios es una mentira, aun del punto de vista de la acomodaticia moral de la utilidad.

La Constitución del Uruguay dice en su artículo 53, que cada una de las Cámaras tiene la facultad de llamar á su recinto á los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles y recibir los informes que estime convenientes.

Con razón exclama el doctor Aréchaga: ¡venga el más hábil soñista y trate de demostrar que pedir y recibir informes quiere decir criticar y censurar los actos de los ministros, que han de perder miserablemente su tiempo, porque todos sus esfuerzos de lógica se estrellarán contra la precisión y la claridad del precepto constitucional!

Recorriendo los argumentos aducidos en el debate que tuvo lugar en las celebradas Cámaras uruguayas de 1873 no es posible encontrar ninguno de orden constitucional bastante para autorizar á las Cámaras á formular interpeticiones de censura contra el Poder Ejecutivo.

El debate de la referencia no versó sobre el alcance del artículo arriba citado, ni dilucidó precisamente el derecho de interpelación, sino la cuestión análoga de si el Cuerpo Legislativo, por cualesquiera medios, le es dado aprobar ó censurar los actos del Gobierno.

Demostrando que el Cuerpo Legislativo no tiene tal derecho, se ha definido clara aunque indirectamente el alcance de la interpelación parlamentaria admitida por la ley fundamen-

Paseemos en revisión los argumentos principales de aquella controversia memorable.

Teniendo el Congreso, expresó el doctor Bustamante, el deber de acusar y condenar los actos atentatorios del Poder Ejecutivo; ¿cómo no ha de estar autorizado para corregirlos por medios conciliadores antes de provocar el conflicto de un juicio político? Hasta en los juicios entre particulares ha dicho la Corte Constitucional, que antes de exaltar la acción, previo á su iniciación, pues no otra cosa importa el requisito de la conciliación.

Salta á la vista, la falta de analogía de casos, y como el argumento es de analogía, falla por su fundamento mismo.

La Constitución ha ordenado el requisito de la conciliación para evitar los juicios de interés privado, pero no ha mandado ni ha prohibido que se ensayan medios conciliatorios si se hallan afectados intereses de orden pública.

Tratándose de un hecho público cualquiera, de un hecho de orden público, se deben hacer efectivas inmediatamente las responsabilidades del caso. Cuando haya lugar al juicio político, como cuando hay margen á una acción penal, la conciliación no procede porque no hay forma de solucionar el conflicto, ni por transacción ni por desistimiento, por lo que el juicio que no sea la estricta aplicación de las leyes.

Otro argumento más expuso el doctor Bustamante. Quien puede lo más puede lo menos; por consiguiente, la Cámara, que puede acusar, puede con mayor razón desaprobárs y censurar.

También es falso este syllogismo á fortiori. El acusador público tiene la misión de deducir acción contra los actos criminales; sin embargo, no puede limitarse á desaprobarse ó censurarse ni á acusar á los autores. Y en el caso de las infracciones constitucionales cometidas por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes, que es entonces el acusador público, no puede hacer en su esfera lo que no haría en la suya el Fiscal del Crimen.

Si la conducta del Poder Ejecutivo da margen á responsabilidad, debe iniciarse el juicio político, y no habiéndolo causa bastante para el juicio político, á la Cámara le es forzoso callar.

Puede agregarse lo que dijo en el debate contestable el doctor Herrera y Obes. Como hechos materiales será más acusor que adver- tor; pero como facultades constitucionales, ninguna es mayor que la otra; todas las facultades constitucionales son iguales.

Se sostuvo todavía que, si bien la facultad de hacer advertencias y formular votos de censura no está expresamente establecida en la Constitución, lo está de un modo implícito, porque las Cámaras, como los demás Poderes públicos, poseen no sólo las facultades expresamente establecidas, sino todas las necesarias para su cumplimiento acabado.

Pero, como lo nota el doctor Aréchaga, para que este argumento sea aplicable es preciso demostrar que, para que la Cámara ejerza su facultad de acusar, debe tener como medida indispensable la de advertir y censurar.

Se halla evidentemente probado que en lugar de complementarse las dos facultades referidas, se oponen y desvirtúan. Tan es así, que los más acérrimos partidarios de la censura parlamentaria la quieren á título de facultad sucesión de la acusación política. ¿No es una pena acaso el argumento de que las Cámaras, en virtud de la interpelación por que se pregunta ¿Y cómo va á ser razonable que se aplicarán dos penas á un mismo delito?

Conecéase la facultad de advertir y censurar, y no se hará sino proporcionar al Parlamento un pretexto para descargar su conciencia, sin cumplir su deber constitucional.

Sobre el tumulto de consideraciones aducidas en favor de este derecho, se destaca la que pertenece al doctor Herrera.

Artículo 59 de la Constitución. La Comisión Permanente tiene la facultad de hacer advertencias al Poder Ejecutivo para la fiel observancia de la Constitución y las leyes. Y si la Comisión Permanente, que es una corporación delegada de la Asamblea, puede hacer observaciones sin llegar al extremo del juicio político, no se ve por qué no se da poder hacerlas á la Cámara, cuyos poderes son mayores y cuya representación es más grande.

A argumento tal, de vista aparente y natural, se responde fácilmente.

La Comisión Permanente no es una mera delegación de la Asamblea Legislativa, sino una institución especial, con facultades propias, y en su esfera tan respetable como las demás de la Constitución. Ahora bien; si la Comisión Permanente puede hacer observaciones al Poder Ejecutivo que legalmente porque esta facultad le ha sido conferida, y si el Cuerpo Legislativo no puede hacerlas, es lamentablemente porque ningún precepto constitucional le concede, de una manera expresa ni implícito, semejante derecho.

Hay también una razón doctrinaria que da cuenta de esta diferencia de funciones.

Es conveniente que la Comisión Permanente no obre con ligereza y no convenga sin necesidad á la Asamblea al efecto de formalizar asunto tan grave como el cumplimiento del Poder Ejecutivo; y por esto se ha dispuesto que ésta se advierta sus inconvenientes hasta que dos veces.

De ahí que resulte distinto el sentido de la facultad de advertir en la Comisión Permanente de la misma en el Cuerpo Legislativo.

Las advertencias de la Comisión Permanente desatendidas por el Poder Ejecutivo no producen más efecto, como ha dicho el doctor Herrera y Obes que determinar la reunión de la Asamblea, la cual puede fallar el conflicto en favor del Poder Ejecutivo.

Durante sesenta años la Cámara de Representantes del Uruguay, sin sospechar siquiera que seguía una vieja práctica parlamentaria y que salía fuera de la órbita de sus atribuciones constitucionales, ha hecho constante uso de la facultad de llamar á su sala á los ministros de Estado para publicar sus actos y emitir contra estos votos de censura.

Revista en la pasada legislatura se puso en tela de juicio la cuestión concreta del derecho de interpelación, sentándose al parecer la verdade-