Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-03-05 00:00:00), página 13

Por otra parte, se dice con mucha generalidad, según he manifestado antes de ahora, que cada uno es dueño de cobrar la dársena de sus intereses y de su propio bien o en el mejor uso de la palabra. Al parecer, es este un elemento poderoso. Pero él pierde toda su vigor aparente, cuando se recuerda que por encima del interés privado y de los caprichos de la ignorancia se halla el interés general, que reclama la adopción de medidas tendientes á la defensa, y conservación del compuesto social, de la moralidad pública y de la fortuna privada, que en conjunto constituye la riqueza nacional.

Cada uno puede edificar su casa como mejor le parezca. Sin embargo, esta libertad de gustos está más limitada en todas partes. Así, por circunstancias de higiene, las leyes y los reglamentos intervienen en lo que se refiere á las disposiciones que deben tener las habitaciones en cuanto á su capacidad, aireación, etc. Por razones de seguridad, tampoco se edifica como se quiere.

También hay medidas encaminadas á satisfacer el sentido estético, como, por ejemplo, las que se refieren á las condiciones de apariencia bella de las edificaciones, su estructura, etc. Todas estas exigencias son limitaciones impuestas á la voluntad privada. En resumen, se protesta contra semejantes disposiciones. Únicamente se hace excepción á la regla universalmente admitida cuando se compromete el bienestar privado ó el de la comunidad en una contienda ante los jueces, provocada y sostenida casi siempre con propósito de lucro, cuando los litigantes contaban á personas inconscientes el cuidado y la defensa de sus bienes.

Consideraciones pues, de diversos órdenes jurídicos, sociales, de bienestar privado y general, conviene á asegurar la supresión de las disposiciones legislativas que establecen la libertad de defensa en las contiendas judiciales.

Demostradas, pues la necesidad y conveniencia de llevarse á cabo la supresión de la defensa libre, los legisladores están en el caso imprescindible de realizar la reforma de la ley vigente sin pérdida de tiempo.

A. MARTÍNEZ PÉrez.

SOBRE LA MISIÓN DEL PODER JUDICIAL

SUMARIO.—Generalidades sobre la naturaleza del Poder Judicial.—Innovación norteamericana: función política de este poder.—Objeción de los constitucionalistas franceses.—Falsedad de sus fundamentos.—A qué debe confiarse el derecho de no aplicar las leyes inconstitucionales.—Opinión del Dr. Justino Jiménez de Arceaga y Pérez.

Por la obscuridad de las leyes, la mala fe de los contratantes, á otras muchas causas, surgen conflictos entre los miembros de la sociedad; conflictos que serían interminables y en los que las partes carecerían de garantía para hacer valer sus derechos, si no hubiese un poder, es decir, una autoridad superior que los dirimiera.

Diluir los conflictos constatando de parte de quien está la razón, interpretando y haciendo aplicación de los preceptos legales, es la misión del Poder Judicial. Y es ésta tan evidente, que ninguna constitución libra enumerá cuáles son las funciones de este poder del Estado, lo que, como sabemos, no sucede con los otros dos poderes, cuyas funciones y atribuciones se hallan clara y precisamente determinadas.

Llama la atención de los constitucionalistas, desde algunos años á esta parte, el estudio de la naturaleza del Poder Judicial, debido á una innovación que el sistema representativo estricto trae consigo involucrada: constituyen esta innovación las funciones políticas atribuidas por primera vez en la Constitución de Estados Unidos al Poder Judicial, funciones que consisten en la facultad acordada á este poder de no aplicar las leyes inconstitucionales. En ninguna otra constitución, con excepción hecha de la de la República Argentina, que sigue á Estados Unidos, se consigna tal precepto, y los jueces están por consecuencia obligados á aplicar las leyes, sean ó no inconstitucionales.

En la gran República del Norte esta innovación tiene, aparte de otras razones en su apoyo, una explicación local. En efecto, efectúa la sociedad norteamericana, como se encuentra y termina en cuenta alguno de los miembros de la Asamblea Constituyente, dieron para introducir en la Constitución este precepto, la razón siguiente: constituidos los jueces en meros aplicadores de las leyes, sin poder interpretarlas, deberán concretarse á aplicarlas sin poderlas rechazar por inconstitucionales, lo que evidentemente dejaba el camino expedito á los otros poderes para dictar y sancionar toda clase de disposiciones inconstitucionales que así sucediera con el gobierno central que aunque hubiera que temerlo, se presentaría más de intereses generales que de otra cosa, y estaba por consecuencia menos expuesto á efectuarlo, sino con los gobiernos locales, que, mirando más por los intereses del Estado que por los de la Unión, no tendrían mucho escrúpulo en violar la Constitución e invadir la legítima esfera de acción del gobierno central, y alguna vez ésta la de los gobiernos locales. De aquí que, como todos los gobiernos, se hallaran garantizados los conflictos no tardarán en producirse, y fuesen, desde que no había autoridad que los dirimiera, interminables. Ahora bien, no sería posible que muchos conflictos se produjesen, pues peligraría, en último término, la estabilidad de la Unión. En mérito de lo expuesto por los constituyentes, la Asamblea dio á la Alta Corte de Justicia el derecho de no aplicar las leyes inconstitucionales. El primer Presidente, Marshall, cumplió perfectamente con este precepto, y por eso es dicho como entre los norteamericanos que si Washington dio constitución á los Estados Unidos, Marshall en cambio les dio la unión.

Milita, además de esta razón local, en apoyo de esta tesis, otra razón que puede hacerse extensiva al Derecho Constitucional en general. El Poder Legislativo no ejerce sus funciones por derecho propio, y, además de ejercerlas por delegación, sus funciones son limitadas. Si tienen un límite, si tienen un temor, no entra en contradicción, y de tal naturaleza que no contravengan á la Constitución, que es la ley de las leyes. El día que una ley, dictada por el Poder Legislativo, desconoce ó viole abiertamente la Constitución, se la considerará, no sólo nula, sino también como un atentado llevado á cabo, saliendo de la esfera de acción en que actúa, y ningún habitante del Estado estará obligado á cumplir sus preceptos. Ahora bien, el habitante del Estado, el simple ciudadano, que puede alcanzar la resistencia de la autoridad, la fuerza de la fuerza á cumplir lo prescripto atentatoriamente por el Poder Legislativo, y entonces no pasaría del campo de la teoría esa prohibición impuesta á las Cámaras legislativas de dictar leyes inconstitucionales. Es, pues, necesario alguien más fuerte que el simple ciudadano; es preciso, en una palabra, un organismo especial, dentro de esa combinación gigantesca que se llama el Estado, que tenga suficiente poder para que resista sin temor á que le obliguen por la fuerza. Y evidentemente que ese alguien no puede ser sino el Poder Judicial, es decir, el Poder del Estado que aplica, interpreta, edita, las leyes que hace más tarde el Poder Ejecutivo efectivas en lo que ordenan. He dejado la acertada solución que los norteamericanos, con el buen sentido que les es peculiar, han dado al gran problema de los conflictos entre los tres poderes del Estado. De este modo, cada uno de esos tres poderes tiene en sus manos algo de esa facultad moderadora que en la monarquía constitucional, daba el rey y en la república parlamentaria tiene en sus manos el presidente. Cuando el Poder Ejecutivo ó el Judicial se extralimitan en sus funciones, tiene el Poder Legislativo el juicio político en sus manos para volverlos á la esfera de acción de donde se habían salido; si el Poder Legislativo es el que viola por medio de una ley la Constitución, tiene el Ejecutivo el derecho de vetarla, y el Judicial luego el de no aplicarla. El gobierno democrático representativo estricto trae como lógica consecuencia esta separación entre los poderes del Estado y el más tierno esfuerzo moderador en cada uno de ellos de moderar las excesividades de los demás.

Los constitucionalistas franceses han pretendido que esa facultad moderadora de los desmanes del Poder Legislativo acordada al Poder Judicial, sería una fuente constante de conflictos. Si se da al Poder Judicial, dicen ellos, ese poder de declarar general y espontáneamente la inconstitucionalidad de una ley, el Legislativo, autor de ella, no querrá correr seguramente á ser entablado entre los dos poderes en una lucha en la que sin duda será vencido el Judicial por ser más débil. Esta objeción, cuya aparente realidad parece incontestable, es de fácil contestación. El error de los que hacen este argumento estriba en que precisamente no se procede como ellos se figuran, con estrépito, con rudiosas declaraciones que puedan llevar la armonía de los tres poderes á un terreno difícil y escabroso. El Juez, los Tribunales, ó la Alta Corte no declararán responsablemente, sino que hacen es señalamiento dar su opinión sobre un punto judicial en litigio y al sentenciador, que es constitucional ó no una ley, del mismo modo que declaran si es ó no procedente un recurso ó si se ha extinguido ó adquirido un derecho. Llegadas á las partes, cesan las sentencias de circular, y vuelto á la oficina el expediente, sólo queda recuerdo de la sentencia en la memoria de unos pocos. La sociedad, que no vive en las oficinas, ni está al corriente de las sentencias y de los pronunciamientos de los magistrados, no se ve afectada la declaración hecha en la sentencia dictada: y ésta por su parte sólo queda como precedente á ser usada en casos semejantes ó análogos. He aquí cómo sin ruido, sin esos conflictos señalados por los autores franceses, se hacen esas declaraciones que imponen tal vez la mayor de las garantías contra los avances del poder legislativo. A pesar de su bondad, no ha pasado este principio de la teoría sino en Estados Unidos, la República Argentina y dos países más similares. Si se refiere á su aplicación, dos pueden ser los sistemas á seguirse: 1º Confiar á la Alta Corte de Justicia nada más, como se dispone en las constituciones norteamericanas y argentina, el derecho de ha-