Revista nacional de literatura y ciencias sociales (1895-06-05 00:00:00), página 15

prescripciones de los artículos 114 y 139 de la Constitución de la República? ¿Cuál la pena eficaz que las leyes han aplicado al juez que, desoyendo los mandatos de su ministerio, ha faltado á sus deberes y violado las expresas órdenes de aquélla? ¿Cuál el artículo que la Constitución con tal objeto ha dictado?

Ninguno, como ninguna la garantía de esa prescripción, garantía que necesariamente requiere; y siendo así, no debemos extrañar su ineficacia. No determinando ninguna ley los casos en que la responsabilidad de los jueces podía hacerse efectiva, ni los tribunales que debían conocer de los juicios, ni los límites precisos dentro de los cuales podían extender su radio de acción, ni la forma en que habrían de llevarse á cabo, ni las franquicias y garantías acordadas, eran inevitables los atentados á la Constitución y á las leyes. En todas partes donde la justicia criminal está bien organizada, donde quiera que existe un procedimiento penal medianamente aceptable, las leyes aplican fuertes penas al magistrado que hace un uso ilícito de sus facultades. Se explica perfectamente por dicha razón que las disposiciones de este artículo hayan sido letalmente muertas. Su falta de sanción ha equivalido á su no existencia.

Todas las seguridades que á este respecto existían, antes de la sanción del Código Penal vigente, consistían en la del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, la de responsabilidad del magistrado ante la ley consagrada en principio por el artículo 116 de la Constitución y el recurso de queja del agravado, vanas palabras sin significación práctica alguna entre nosotros y de ningún valor positivo. Cierto es que el artículo citado del Código de Procedimiento dice que se puede comparecer en juicio “por el que indudablemente hubiera sido reducido á prisión, ó se le retuviese por la policía más de veinticuatro horas sin remitirlo al juez competente ó cuando éste no le hubiera “omado declaración dentro de ese término;” pero no es menos cierto que las garantías de responsabilidad del magistrado ante la ley y el recurso de queja, meramente nominales, han dado un carácter irrisorio á la cuestión, que consiste, no en conceder la facultad al damnificado de comparecer en juicio, sino en asegurar al que indudablemente hubiera sido reducido á prisión el amplio ejercicio de sus sagrados derechos y en darle una acción que pudiera hacerle efectiva contra quien quiera que violase el santuario de su libertad personal.

El Código Penal de la República, puesto en vigencia el 18 de julio de 1889, en su sección 3.a, que trata De los delitos contra la libertad individual, aplica penas de prisión ó multa al que, fuera de los casos previstos por la ley, arrestare, detuviere ó secuestrare á una persona, ó le privase de otro modo de su libertad; al funcionario público que ordenare ó ejecutare pesquisa contra una persona con abuso de sus funciones, ó prescindiendo de las condiciones ó formalidades de la ley; al funcionario público, de cualquier grado ó categoría, que, encargado de la custodia de la cárcel, recibiere en ésta alguna persona sin orden de la autoridad competente, ó que rehusare obedecer la orden de excarcelación expedida por la misma; al funcionario público que, teniendo conocimiento por razón de sus funciones de una detención ilegal, omite, retardare ó rehuse proceder según corresponda para hacerla cesar, ó al que no siendo competente, omitiere dar parte á la autoridad que deba proveer; y al mismo, de cualquier grado ó categoría, encargado de la custodia de la cárcel ó de la conducción de una persona arrestada, sus dependientes, ó cualquier otro empleado que por razón de sus funciones tenga autoridad sobre la misma persona, que cometerie con ella actos arbitrarios ó rigores no autorizados por los respectivos reglamentos. (1)

Proclamar la irresponsabilidad de los jueces bajo pretexto de la independencia de que deben gozar, sería incurrir en un error, y en un error grave. La independencia del Poder Judicial no puede consistir en otra cosa que en su separación, en lo posible, de los otros poderes públicos; mientras que su irresponsabilidad equivaldría al despotismo más desenfrenado. En un país de instituciones democráticas, los jueces, como empleados públicos que son, deben responder de los actos por ellos realizados.

Hemos dicho anteriormente que aunque la detención no es una pena, es una medida grave, por cuanto priva de su libertad personal á un individuo durante la sustanciación del juicio. A efecto de hacerla menos gravosa, sin que al mismo tiempo pierda su eficacia, la Constitución del Estado, así como leyes posteriores, permiten la excarcelación bajo fianza en aquellos delitos en que no haya de recaer pena corporal, fundándose en que, entre el peligro puramente hipotético que corre en este caso la seguridad pública y el peligro real de una detención injusta, debía optar por el menor, que es aquél. “En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena corporal, dice el artículo 139, se pondrá al acusado en libertad dando fianza según ley.” Y el artículo 56 de la ley de 15 de mayo de 1856, establece que “en los delitos en que por su naturaleza no haya de recaer pena corporal, serán puestos los acusados en libertad, en cualquier estado de la causa, dando fianza según ley ó prenda bastante. Esta disposición es preceptiva, y el juez que conozca de la causa deberá llenarla de oficio.” Dicha ley ha sido derogada por otras posteriores; pero no así el artículo 292 del Código de Instrucción Criminal, que la confirma y que, á pesar de haberse proyectado su reforma, se conserva en vigencia.

No falta quien haya encontrado esta prescripción falsa e ilegítima; mas, en nuestro sentir, ella es fundada, y absurda la pretensión de los que la censuran.

Desde luego, se ha objetado en contra de la caución que es injusta porque, en obsequio al dinero, transige temporalmente con una cosa tan sagrada como la libertad personal. Semejante argumento carece de valor. Ya observábamos al examinar el aforismo de Rossi que la detención es una fatal necesidad que es bueno limitar en cuanto lo permitan la seguridad y el orden público. Por tanto, si la caución realiza esta condición tan favorable á la libertad, prescindiendo de si es el dinero ó no lo que la presta, preciso es convenir en que es justa, legítima y conveniente.

Y, por otra parte, no es cierto que la canción ó fianza consista siempre en la obligación de entregar el fiador una suma de dinero. El artículo 204 del Código de Instrucción Criminal prescribe que “la fianza de que se trata en este título (que es el sexto) se limitará á la obligación de presentar al fiador, siempre que lo ordene el juez de la causa;” procedimiento vicioso que, haciendo efectiva la responsabilidad sobre otra persona que la que ha consumado el delito, está muy lejos de obedecer los principios de una buena legislación penal.

Se dice también que, al admitir la excarcelación bajo fianza, la ley consagra una desigualdad irritante; que por este medio podrán siempre salir de sus prisiones los ricos ó aquellos que cuenten con personas que les faciliten el dinero necesario, y que aquellos que se encuentran en opuesta condición permanecerán encarcelados por tanto tiempo como se le antojase al juez de la causa.

¿Qué responderemos á esto?

¿Qué reconocemos ser cierto el hecho de la desigualdad, pero que consideramos infundadas las conclusiones de que él se deducen. La fortuna, efectivamente, es una inevitable ventaja social, que en todos los órdenes de la vida proporciona mayor bienestar y comodidades. Así, pues, los que disponen de ella disfrutan en infinitud de casos de beneficios de que carecen los pobres. Es, además, una ventaja que está en la naturaleza de las cosas y que no perjudica á nadie, porque, con gozar los ricos de los beneficios que la ley les proporciona, no atacan ni empeoran la suerte del pobre, que es la misma en ambos casos.

El lado falco de este artículo no está ni en la injusticia de la caución de que habla, ni en la desigualdad que establece, ni en una transigencia absurda con la ventajosa posición social de los detenidos, ni en ninguna consideración de este género, sino en los peligros que deja subsistentes en el sentido de la detención arbitraria: deporable vacío en que pueden asilarse las autoridades para disculpar una conducta censurable.

Dos criterios, ambos vagos, y peligrosos por lo mismo para la libertad, tenemos en el asunto de la caución. Según la Constitución y el artículo transcrito de la ley del año 56, se puede proceder á la excarcelación bajo fianza siempre que no haya de resultar pena corporal, y el artículo precedente del Código de Instrucción Criminal agrega á esa circunstancia: aunque se trate de hechos graves. Pero, ¿qué son hechos graves? ¿Qué es pena corporal? He aquí lo que ni la Constitución ni la ley de 1856 definen.

Aunque nuestro Código Penal siguiendo las clasificaciones modernas, no establece, y opinamos no debió establecer, la división de las penas en corporales y no corporales, admitida por las antiguas leyes españolas, somos de sentir que en último resultado no hay ni puede haber sino dos clases de penas: corporales y pecuniarias, entendiendo que hay pena corporal siempre que se le detiene á un individuo, aun cuando sea por doce horas. Y como, por otra parte, delitos insignificantes pueden dar, y dan á menudo entre

(1) Artículo 152 y siguientes.