Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-12-16 00:00:00), página 9

zón alguna para que forzosamente haya de ir unido al de Justicia.

Lo relativo á ésta debe correr á cargo del Presidente del Tribunal Supremo ó de su Fiscal, afirmando de una vez la independencia del Poder judicial y sacando de esta declaración, entre otras consecuencias, la de que al lado del banco azul, donde se sientan en el Parlamento los Ministros, representantes del Poder ejecutivo, se sentarían dichos Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo, para contestar á las preguntas e interpelaciones que hoy se dirigen al Ministro de Gracia y Justicia.

Respecto á establecimientos penales, Registros de la propiedad, Notariado, etc., sin invocar ninguna teoría, aplico estrictamente el texto de la Constitución vigente, la cual declara que la única función de los Tribunales es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; de lo cual saco yo éstas dos consecuencias: la primera, que tratándose de ejecutar lo juzgado, nada tendría de particular, y sería la cosa más natural, que los Establecimientos penales dependiesen del Presidente del Tribunal Supremo; y la segunda, que si es verdad el principio enunciado en aquel artículo de la Constitución, lo característico del Poder judicial es la contienda, es que el asunto sea contencioso, pues sin contienda no hay juicio; por tanto, que mientras no haya perturbación de derecho, sea en el orden civil ó en el criminal, los tribunales no tienen que entender; siendo la consecuencia que los actos de jurisdicción voluntaria, y en igual caso se encuentra cuanto se refiere al Registro de la propiedad, al Notariado, al Registro civil, al Registro mercantil, etc., no competen al Poder judicial, constituyen función propia del Poder ejecutivo. Todo eso que se ha llamado función preventiva, debe quedar á cargo de un Ministerio, siendo el de la Gobernación el más indicado.

Esto permitiría llevar á cabo otra reforma, relacionando el problema tan discutido de la justicia municipal con esas funciones de los Registros civil, mercantil y de la propiedad, Notariado, y en general, con todo lo relativo á la jurisdicción voluntaria.

Partiendo de la idea de que es preciso disminuir el número de funcionarios, y que los que queden tengan más competencia, en vez de la actual división, que asigna un Registro de la propiedad á un distrito extenso, una Notaría á un distrito menor, un Juzgado municipal á cada ayuntamiento, etc., podría practicarse una división por distritos menores que los actuales de partido, con mayor ó menor relación con los ayuntamientos ó municipalidades, según las condiciones especiales de cada provincia y de cada comarca, y poner en cada uno de tales distritos un funcionario que desempeñase todas esas funciones. Esta reforma valdría la pena de acometerla, aunque no fuese más que para resolver el problema de la justicia municipal.

Todos sabemos cómo marcha ahora este servicio; que los jueces municipales son nombrados por los diputados, y dicho se está que por los diputados ministeriales. Siempre que se busca manera de remediar ese y otros graves inconvenientes del régimen actual, se tropieza con la dificultad de que habría que darles carácter técnico, que vale tanto como decir que sería preciso imponer nuevas cargas al contribuyente; pero esta dificultad se obviaría unificando todos aquellos servicios en cabeza de un mismo funcionario, dentro de los distritos cortos á que acabó de referirse; y de igual modo, haciendo del cargo de juez municipal el primer grado de la carrera judicial.

Por lo demás, y aparte todo eso, yo me inclino á pensar que la organización de los tribunales y su procedimiento están pidiendo dos grandes reformas, á saber: establecer la única instancia, y como consecuencia, la transformación de los servicios encomendados á los juzgados de instrucción; y constituir una sola audiencia para lo civil y para la criminal en cada provincia (aunque con Salas distintas), suprimiendo las Audiencias territoriales, que si no desaparecen es por la misma razón que disuade al Ministro de hacer economías en la Subsecretaría y le induce á sustituirlas por otras hechas en Establecimientos penales y en la Dirección de los