Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-10-16 00:00:00), página 2

brar conciertos con dichos acreedores, rebajando el interés de toda clase de valores del Estado proporcionalmente al que hoy deven-gan y teniendo muy en cuenta las condiciones de la emisión, cuya reforma es necesaria, no ya sólo por la crítica situación que atraviesa España, sino porque la reditución del papel español excede al de otras naciones más ricas, y no hay razón que abone esa diferencia, siempre que las deudas todas se garanticen en firme.

Deben suspenderse temporalmente, hasta que el Tesoro de la nación se normalice, las amortizaciones de toda clase de valores amortizables.

Tratar de conseguir por todos los medios posibles una declaración cierta de la riqueza, hoy oculta, sobre todo en superficie de terreno, que es donde realmente existe la mayor ocultación.

Es de necesidad la formación de nuevas cartillas evaluatorias, sobre la base del verdadero tipo medio de las especies durante el quinquenio, formulando con datos ciertos la cuenta de gastos y productos para que la resultante sea cierta y pueda imponerse sobre ella la tributación, no accediendo, como hasta ahora, á las pretensiones injustificadas de la Hacienda, que tengan por origen el origen y conceptos de las cartillas por conseguir mayor rendimiento para el Tesoro y por éndem mayor impuesto para el contribuyente.

Estudio detenido de los contratos que hoy tiene la Hacienda española, para poder con conocimiento de causa, hacer las reformas que sean convenientes al Erario de la nación.

Supresión de los diversos centros que solamente sirven para justificar la creación y conservación de destinos, extensiva en absoluto al sinnúmero de sueldos extraordinarios y gratificaciones sin cuento, que pesan sobre el Tesoro español y que ya constituye un vicio, que se va arraigando en las esferas oficiales, á medida que se va arruinando el contribuyente.

Una vez dictadas las oportunas medidas legislativas para la reconstitución de la Hacienda pública, deben promulgarse otras para conseguir la mayor garantía posible en la Administración de Justicia.

Al efecto se impone una absoluta separación entre la política y los Tribunales.

Separación de las carreras judicial y fiscal, á las que tan sólo podrá entrarse previa oposición ante Tribunales imparciales é idóneos, y que formen sus propuestas con verdadera independencia.

La responsabilidad judicial debe ser una verdad y no un mito, como lo es en la actualidad en la mayor parte de los casos.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil en concordancia con el Código civil.

Es de necesidad llevar á cabo igualmente la reforma de que há tiempo se viene hablando del Código penal con arreglo á los adelantos de la ciencia y á las necesidades actuales, poniéndolo en armonía con la Ley de procedimiento criminal y con la del Jurado, la cual á su vez debe modificarse en sentido algo más restrictivo en cuanto á las personas que tienen derecho á formar parte del Tribunal del Jurado y reformarse, enmendando los defectos que se vienen notando en la práctica, principalmente en lo que hace referencia á la apreciación de las circunstancias agravantes, atenuantes y eximientes que concurren en un delito.

Organización de Tribunales de Justicia bajo las bases de supresión de las Audiencias territoriales y provinciales, y creación en su lugar de Tribunales municipales y de partido, ambos colegiados, que habrán de conocer de todos los asuntos civiles y criminales, según su respectiva importancia; los municipales con apelación á los de partido, y éstos en única instancia en cuanto á los asuntos de su exclusiva competencia.

Establecimiento de Tribunales mercantiles con jurisdicción propia.

Procurar por todos los medios posibles se obtenga una buena, pronta, eficaz y económica administración de justicia, suprimiendo, no tan sólo organismos innecesarios que hoy existen, sino también infinidad de diligencias que no conducen á otro objeto que á causar.