Revista nacional (Madrid. 1899) (1900-02-01 00:00:00), página 13

pios. Desde 1869, por el contrario, la ficción jurídica generadora de los estados de derecho en las nuevas leyes provinciales y municipales es que, en lugar del Estado ó del Gobierno central, el cuerpo electoral del respectivo municipio y provincia figure como dueño y regidor de los intereses locales.

La apariencia de los dos principios no puede ser más antitética; pero en la realidad, bajo la ficción legal de que el cuerpo electoral de la provincia y del municipio es el que administra y rige los intereses locales, la administración continúa llevándose en este período lo mismo que antes de 1869; resultando ahora, por el contrario, más bien agravados, pues durante el período anterior ofrecía todos los vicios y corruptelas de hecho la Administración, desenvuelta sobre la base del Estado centralizado, creador, organizador y rector omnipotente de todos los organismos de la vida local. Y es que entre la base jurídica del cuerpo electoral, considerado como soberano para regir los intereses locales del municipio y de la provincia, y la base de derecho público de una soberanía de Estado, regida también por la soberanía parlamentaria del cuerpo electoral, las necesidades de la existencia y de la seguridad del Estado, mantenida por entre las fórmulas del parlamentarismo, en la realidad se ha impuesto una especie de transacción corruptora, que se mantiene y perpetúa como necesidad de existencia mientras municipio y provincia no dejen de ser factores primordiales y decisivos en las operaciones de los comicios generadores del Parlamento. El poder central envía á las provincias al gobernador, sobre el supuesto de la ficción jurídica de no ser más que un agente para funciones meramente fiscalizadoras de orden público, y representar la suprema garantía de gobierno contra las extralimitaciones legales y el amparo de justicia contra todos los desafueros de los dominadores de la tierra, en medio de la conflagración de las pasiones locales. Pero en realidad, la preocupación principal que se impone á este gobernador, representante del poder central, consiste en cuidar, ante todo, de ser garantía del reclutamiento y contenido de las mayorías parlamentarias. Por tanto, nada puede ser para el gobernador asunto de más preferente desvelo como vivir identificado con los organizadores, amos y caudillos dominadores del sufragio, accediendo á sus demandas, sometiéndose á sus exigencias, haciéndose solidario de todas sus pasiones individuales y colectivas, hasta en los asuntos más nimios, públicos ó privados, de la vida local. Por esta connivencia y complicidad del gobernador y de los poderosos del lugar, institutivamente confabulados, por razón de oficio, para la dominación del cuerpo electoral, se ha producido, no sólo en usos y costumbres de vida pública, sino también en resoluciones oficiales de carácter general, la jurisprudencia más contradictoria del mismo principio generador en que se pretendió informar la legislación provincial y municipal y el derecho público del Reino.

Es, por ejemplo, bien patente que, según el espíritu y letra de nuestras actuales leyes Municipal y Provincial, la autonomía del municipio aparece establecida en términos que á las veces pudieran considerarse hasta excesivos. El criterio de la más extremada descentralización nada tendría que pedir en punto á atribuciones propias y exclusivas de los ayuntamientos, sobre los que el título III de nuestra ley Municipal declara ser atribución y jurisdicción exclusiva del Ayuntamiento; pero, sin embargo, de hecho, el gobernador continúa siendo gestor y árbitro omnipotente de todos los intereses municipales, y esta ingeneria absorbente es requerida por los propios dominadores del lugar; y para satisfacción de estas connivencias y complicidades, los recursos de alzada han tomado una amplitud inconciliable con la ley. Así, Reales órdenes como la de 26 de Mayo de 1880 y la de 4 de Marzo de 1893, sentando doctrinas y prácticas de intrusión del poder central á que no se atrevieron los Gobiernos antes de 1869, tienen hoy más autoridad y eficacia práctica que los propios preceptos de la ley Munici-