Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-04-15 00:00:00), página 16

nero alguno de duda, que el problema, como problema técnico y como problema administrativo, se halla preñado de interrogaciones y necesitadísimo de ilustración: posibilidad de adaptar los cultivos nuevos al régimen de los ríos, casi todos de primavera; determinación de las zonas regables cuyos pobladores se hallan dispuestos ya, de presente, á recibir el riego, y las que no están en igual caso; inconvenientes del sistema de proyectos aislados, sin relación total á las respectivas cuencas hidrográficas; orden de prelación que convenga seguir en la ejecución de tales obras; pantanos reguladores y de alimentación de los canales; combinación de éstos con el catastro parcelario, con instituciones de crédito que hagan posible la transformación de la agricultura extensiva en intensiva, y con un plan de colonización interior tal como se ha impuesto con las canalizaciones en la América del Norte; derecho que pueda asistir al constructor, sea éste el Estado ó una empresa privada, á expropiar las tierras cuyos dueños no puedan ó no quieran regalarlas; si es preferible al percibo de un cánón anual la participación en el aumento de valor del suelo, satisfecha de una vez en especie, ó sea en tierra, de la que ha de ser beneficiada por el riego; en tal hipótesis, área proporcional en que habría de consistir esa participación, y sistema de colonización que podría adoptarse para ella, como para los terrenos comunales y de dominio público á que alcance el riego; condiciones técnicas de la construcción de diques de pantanos, para prevenir, en lo posible, su rotura, relativamente tan frecuente, por descomposición química de los morteros; y así por igual tener cién otras cuestiones, cuya solución previa es indispensable para que el poder público pueda aplicar caudales de la nación á tan costosa necesidad, con la certeza de que no han de resultar improductivos.

Por una ley de 1849 se estatuyó que los capitales que se invirtieran en riegos nuevos, estarían exentos de toda contribución por término de diez años. Este beneficio se amplió á un tiempo indefinido por la ley de Aguas de 1866. La ley de 11 de Julio de 1865 distribuyó los cien millones que se habían destinado de la desamortización en 1861 á fomento de riegos, ofreciendo las dos terceras partes en anticipos ó préstamos á los propietarios que intentaran obras para regar sus tierras, y el tercio restante en subvenciones á las empresas de construcción de canales y pantanos. La ley de 20 de Febrero de 1870 dió en ese camino, más que un paso de gigante, un verdadero salto, concediendo á las empresas constructoras el importe del aumento de contribución que se obtuviese por consecuencia del riego hasta completar la suma de 150 pesetas por cada hectárea, y tres años más el aumento íntegro á título de indemnización del interés correspondiente á los capitales durante la construcción; lo cual representaba, por término medio, las dos terceras partes del presupuesto de las obras, si bien cobrado después de terminadas éstas, en un período de diez á quince años. La ley de 27 de Julio de 1883, dió un nuevo avance, otorgando á los concesionarios, cuando éstos fuesen Sindicatos de regantes, una subvención directa, que podía ascender hasta al 50 por 100 de las obras del canal ó pantano, con más un anticipo en concepto de préstamo con interés al 3 por 100 para apertura de brazales y acequias secundarias y preparación de tierras; y tratándose de empresas concesionarias, á un 40 por 100 del coste presupuesto del canal ó pantano y acequias principales, pagadero en su parte mayor á medida de la construcción de las obras, y el resto, con nombre de premio, á medida que se acreditara el empleo del agua en el riego. Pues bien; todo ha sido inútil para el efecto que con tales leyes se perseguía, no habiendo resultado la última de la serie, con sus tentadoras promesas de subvención, menos ineficaz que la primera, con sus modestas exenciones tributarias; lo cual acreditó el modo más palmario que no se conoce aún el camino derecho, y que no existe razón para admitir á priori que produciría mejor resultado, aun dando por supuesto que sea justa y admisible en buenos principios, la reforma aconsejada por algunos en el sentido de englobar el «premio» de la ley de 1883 con la «subvención», para que se abone lo mismo que ésta á medida de la construcción de las obras, ó de asegurar un interés fijo á los capitales privados que se inviertan en la construcción, sistema ensayado ya sin éxito por Inglaterra en su vasta colonia de Asia. Bastaría recordar, por ejemplo, que los terratenientes de la zona del