Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-10-31 00:00:00), página 4

proporción habrán de restringirse los recursos con que hasta aquí ha contado y aumentarse los de los organismos locales, de donde resultaría menor la suma impuesta y recaudada por el Estado, y mayor la impuesta y recaudada por Ayuntamientos y Diputaciones.

Y cabe, en segundo lugar, hacer lo que ordenaba la Constitución de 1812, según la cual las Cortes debían aprobar el repartimiento de la contribución directa entre las provincias, á cada una de las cuales se asignaba el cupo correspondiente á su riqueza (art. 344). Era atribución de las Diputaciones «intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido á las provincias» (artículo 335), y estaba á cargo de los Ayuntamientos «hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones y remitirlas á la Tesorería respectiva» (art. 321). Pero para que este sistema pudiera plantearse con eficacia, sería preciso cambiar sustancialmente una de las bases de las contribuciones directas. Hoy se fundan éstas en la fijación de un tanto por ciento conforme al sistema proporcional, progresional ó progresivo; pero siempre tomando en cuenta exclusivamente el quantum de la riqueza, y considerando, por lo demás, al contribuyente como un ser abstracto. De aquí resulta que, aun cuando las Constituciones digan y repitan que todos los ciudadanos están obligados á contribuir para los gastos del Estado en proporción de sus haberes ó facultades, no se cumple en la práctica, porque se toma en cuenta el haber bruto de cada uno, ó se miden por él esas facultades, siendo la consecuencia que se considere que dos ciudadanos deben contribuir con la misma cantidad porque tienen el mismo capital ó la misma renta, y, sin embargo, salta á la vista que bien puede suceder que el sacrificio impuesto á ambos sea muy diferente, si acaece, por ejemplo, que el uno es soltero, está sano y robusto y es muy apto para el trabajo, y el otro es casado, está impedido y cargado de hijos menores de edad.

Ahora bien; este inconveniente no cabe obviarlo con el sistema actual, porque es absolutamente imposible que una ley especifique todas las circunstancias que deberían tenerse en cuenta, y menos todavía fijar la suma que en virtud de ellas debiera aumentarse ó disminuirse á cada cual.

Pero eso es posible con el otro sistema, porque para distribuir el cupo entre las provincias, no es menester atender á esas circunstancias, ni tampoco al hacerse la distribución entre los Ayuntamientos; pero puede y debe tomarse en consideración al hacerse la distribución por el Ayuntamiento entre los individuos ó contribuyentes, puesto que dentro de la ciudad, pueblo, lugar ó aldea, ya cabe tener en cuenta todas esas circunstancias que son de todos conocidas y que pueden ser alegadas, justificadas y apreciadas.

En resumen; en mi juicio, el sistema que hoy rige para las provincias Vascongadas y Navarra debe mantenerse para aquella región; pero no es posible extenderlo al resto de España. El tomar á su cargo las Diputaciones provinciales la recaudación de éstos ó aquéllos impuestos, sobre que la cosa resultaría de escasa trascendencia, vendrían á resultar aquéllas más dependientes aún de lo que lo están del Estado central. Pensar en la reforma expuesta en las líneas precedentes, es en estos momentos un sueño. Finalmente, parécesme lo único debido y posible abordar de una vez el problema de la descentralización ó del regionalismo, y deducir de su solución las consecuencias que necesariamente habrán de derivarse en relación al orden financiero.

GUMERSINDO DE AZCARATE.