Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-10-16 00:00:00), página 11

ciones tutelares del Estado. ¿Se puede aplicar la descentralización á todo ésto? No podemos olvidar que este problema del regionalismo arranca del error en que incurríó la Revolución francesa al sustituir arbitrariamente las antiguas regiones por los nuevos departamentos, «desgarrando cuerpos vivos», como decía Burke. De aquí que se hable de las provincias y de los municipios como de medios de administrar y de gobernar, lo cual no es cierto. No se puede comparar un partido judicial ó un distrito minero con un municipio, una provincia ó una región: los primeros son medios para administrar, y se crean ó se cambian, según convenga para el cumplimiento de ese fin; los segundos son personas sociales que el Estado no crea, sino que reconoce su existencia real. Si dijeran al Sr. Sanz y Escartín que se iba á suprimir la provincia de Navarra, agregándola por partes á Huesca, Zaragoza, Soria, Álava y Guipúzcoa, me contestaría que esto sería una enormidad, que sería desgarrar un cuerpo vivo.

Pues bien; entiendo que lo propio del Estado no debe descentralizarse en el sentido de conferirlo á los municipios y á las regiones; pero sí en el sentido de dar á la administración, siempre que sea posible, una organización social y corporativa, en vez de la unitaria y burocrática que hoy tiene; y en cuanto á materias que como la enseñanza y la beneficencia corren á cargo del Estado por motivos de la función tutelar de éste, por eso mismo no cabe que se dejen á la provincia ni al municipio.

Viene luego el Derecho civil. Todo el mundo reconoce que el derecho de la personalidad es cosa común, nacional, como que se trata de los derechos del hombre—según los llamó con buen acuerdo la Revolución francesa,—y por eso no es dudoso que su declaración y defensa corresponden al Estado y no á la región ni al municipio.

Otras ramas del Derecho civil son, según las circunstancias y según su índole, comunas ó regionales: así, en Suiza, lo mismo que en Alemania, se reconoció desde el primer momento la necesidad de que fuese común el derecho de obligaciones, porque es igual en todas partes; y el mismo principio y por idéntica razón aceptaron en cuanto al mercantil. Después ha llegado Alemania á formar un Código civil, y Suiza lo está intentando.

Los Estados Unidos sienten ya los inconvenientes de no tener un Derecho Nacional, y según Burgess, si no se estableció la unidad de Códigos en la Constitución, fué porque de hecho las trece colonias tenían uno común, el common law de Inglaterra.

En España existe un derecho común (Penal, Mercantil, Procesal, leyes de minas, de aguas, hipotecaria, etc.); otro que con razón empieza á ser llamado general, y otro foral; sin que por ésto resulte, como á primera vista parece, dividida en dos regiones de igual condición, puesto que en la una, que comprende cuarenta provincias, hay unidad sin variedad, mientras que en la otra, que comprende nueve con cuatro legislaciones distintas, hay variedad sin unidad.

En nuestro país, la unidad social hay quien la pone en duda, pero la consecuencia de este supuesto, la política, no. En cambio, no se puede desconocer que existe la variedad social atendiendo á las razas, dialectos, costumbres de las distintas regiones; pero no siempre hay necesidad de una diferencia jurídica que responda á la diferencia social, como lo demuestra el hecho de regirse Guipúzcoa y Álava por el Derecho general, á diferencia de Vizcaya. Creo que el Código civil hubiera podido dar un paso en el camino de la unidad, estableciendo un derecho de obligaciones común, y me parece bien la idea de los apéndices forales; porque es preciso conocer esos elementos de variedad para reducirlos en su día á unidad; creo también que la solución del problema consistiría en gran parte en consignar en el Código principios comunes, pero dejando ancho margen á la costumbre, para que, mediante ella, aquéllos se desenvuelvan y adapten á las condiciones de cada comarca; y creo, por últi-