Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-11-16 00:00:00), página 17

fundamental la «asamblea de parroquia» (parish meeting), formada por todos los vecinos, varones ó hembras, que tienen voto en las elecciones generales ó parlamentarias. Es lo que en algunas provincias españolas se denomina concejo, reunión ó junta de vecinos, y constituye el sistema de gobierno llamado democracia directa. Los lugares que cuentan más de 300 almas han de tener, además del concejo ó junta general del vecindario, un ayuntamiento (parish council), de elección popular. Donde el número de habitantes no llega á 300, es potestativo en ellos tener ó no ayuntamiento; si deciden pasarle sin él, la junta de concejo asume las facultades que en otro caso corresponderían al ayuntamiento, además de las suyas propias.

Una de las atribuciones del ayuntamiento (ó del concejo, cuando éste hace sus veces), es la adquisición, en pleno dominio ó á censo, de tierras de pasto para aprovechamiento común de los ganados de todo el vecindario, y de tierras de cultivo para formar suertes y darlas en arriendo á los braceros. Una segunda facultad que les compete consiste en adquirir tierras, no ya á título de compra, sino en arrendamiento, por el tiempo que le parezca, no siendo menor de catorce años ni mayor de treinta y cinco, para dividirlas así mismo en suertes y subarrendárlas á los braceros.

Cuando el Ayuntamiento no consigue hacer la adquisición en condiciones aceptables por convenio amistoso con el propietario (ora se trate de compra, ó de arriendo), se instruye expediente de expropiación por causa de utilidad pública, que resuelve la Diputación provincial (County Council, Consejo del Condado), previa una información pública en la localidad. La ley recomienda á los Ayuntamientos que no expropien á un mismo dueño una tierra demasiado extensa ó cuya privatización haya de irrogarle demasiados perjuicios. La decisión del Consejo ó Diputación tiene fuerza de ley si las partes interesadas, Ayuntamiento y particular expropiado, se alistan á ella. Pero así el uno como el otro pueden apelarla ante el Ministerio ó Dirección general de Administración local (Local government board), quien ha de proceder á una nueva información local, pública también. Su resolución es definitiva y ejecutoria si confirma la del inferior; en otro caso, ha de ser sometida al Parlamento.

Para ejecutar la expropiación, se nombra un árbitro por voto de ambas partes, y caso de discordia, por el Ministerio ó Dirección central, á fin de que determine el precio y demás condiciones de la venta ó del arriendo y sus incidencias. Está prohibida (lo mismo que en las informaciones) la intervención de peritos y de abogados, en evitación de gastos.

Una vez en poder del Ayuntamiento el terreno comprado ó arrendado, puede ejecutar en él los trabajos necesarios de preparación, drenaje (en España sería riego), cercas, división, caminos, etc. Seguidamente ha de formar el reglamento ó ordenanzas para la administración de los allotments (que aprueba el Ministerio ó Dirección central), imprimirlo periódicamente y dar gratis un ejemplar á todo vecino que lo pida. El Ayuntamiento, ha de anunciar las reglas y las condiciones de la concesión, situación de las parcelas ó suertes disponibles, personas que tendrán derecho á obtenerlas, condiciones en que será forzoso cultivarlas, cantidad que rentará cada una, etc. La ley recomienda que se evite toda preferencia injusta. El Ayuntamiento ha de llevar un registro de concesionarios.

Cuando el Ayuntamiento ha comprado ó tomado en arriendo la tierra mediante expropiación forzosa, sólo puede conceder á cada bracero cuatro acres de prado, ó tres acres de prado más uno de tierra de cultivo. (El acre equivale á 40 áreas). Es la extensión legal máxima del allotment.

No se permite levantar en las suertes ó allotments sino construcciones ligeras y transitorias, tales como invernaderos, gallineros, pocilgas, barracas para recoger los aperos, etc.; Los concesionarios no pueden subarrendar.

Una vez adjudicada la suerte, si el que la