Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-10-16 00:00:00), página 9

la forma republicana, quedando en todo lo demás en completa libertad; Suiza exige tres condiciones; la Constitución alemana no impone cosa alguna, y así resulta una confederación de monarquías, principados, ducados y ciudades libres. En cambio en la de Venezuela, llamándose federal, se señalan treinta y seis cosas que no pueden hacer los Estados.

Con este motivo recuerdo lo que dice el Sr. Sánchez de Toca en una nota puesta en el libro que acaba de publicar sobre El poder naval en España, con cuyo contenido estoy conforme, pero no con la consecuencia que deduce, citando al profesor norte-americano Burgess, para el cual no hay más soberanía que la del Estado central ó federal, por lo que nunca da el nombre de Estados á los particulares que forman la unión, y rechaza la propiedad del término autonómico, porque implicaría la facultad de darse uno, á sí propio, su ley de vida: y es exacto; pero de ahí lo único que se desprende es que el vocablo adecuado sería el de autarquía, que expresa la facultad de regirse y gobernarse á sí mismo, dentro de la ley. Con esto se comprende la razón que tiene Burgess para decir que en el porvenir será cada vez mayor la unidad legislativa y mayor la autonomía administrativa, cosas que no son incompatibles.

Ahora bien; según la doctrina del señor Pi Margall, municipios y regiones deben establecer su propia constitución, y por eso rechaza que deba haber una ley provincial y municipal, á lo cual asentiría por mi parte, siendo esa ley lo que en nuestro país es, pero no en el sentido de implicar la absoluta abstención de normas jurídicas declaradas por el Estado. Y la razón es obvia. No cabe personalidad más visible y manifiesta ni más independiente que la del individuo, y sin embargo, su ley de vida la forman los derechos que se consagran y garantizan en la Constitución. Pues de igual modo, y con más razón aún, la Constitución ó una ley han de consignar la ley de vida de las personas sociales, y entre ellas, la de los municipios y regiones. Lo que importa luego es reconocer, en cuanto á éstas y aquéllos, la facultad de determinarse por sí, de regir su vida, su autarquía, como se reconoce respecto de los individuos.

Pero aun entendido el federalismo político en el sentido que vengo refutando, no implicaría cosa alguna incompatible con la unidad de la patria y del Estado, como lo muestra la organización del Imperio alemán: basta, para que aquélla exista, que la soberanía radique en el todo, en la nación, sin compartirla con las regiones. En cambio, es incompatible con esa unidad el federalismo basado en el pacto, porque implica la facultad de separación, que trataron de utilizar los Estados del Sur de la República norte-americana, invocando una doctrina cuya condenación entraña el hecho de poderse reformar las Constituciones federales por mayoría de votos, puesto que, de ser aquélla fundada, deberá exigirse la unanimidad.

Nada arguye en contrario el hecho de declararse en las más de las Constituciones que lo que llaman los escritores norte-americanos residuary power, es decir, las facultades que no se atribuyen expresamente al Estado central ó á las regiones, corresponden á éstas, porque eso es consecuencia llena de que existiendo las regiones antes que el todo, formado mediante su unión, aquello de que no se desprendían para constituir el Estado había de continuar residiendo en ellas. Por eso, cuando la federación arranca de un Estado constituido, sucede lo contrario, como acontece con el Canadá, y habría acontecido con Irlanda si hubiese prosperado la reforma de Gladstone.

No cabe ya que asuste la idea del federalismo, pues si antes se tenía por una peculiaridad de los Estados Unidos y de Suiza, hoy se ha extendido en América, no sólo á las más de las Repúblicas sudamericanas, sino al Canadá, colonia de una Monarquía, y en Europa se ha establecido en Alemania.

La palabra regionalismo se empleó por primera vez en España, si no estoy equivocado, en 1885, por uno de los comisionados