Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-10-16 00:00:00), página 21

solo presupuesto, y haciendo un sacrificio superior á las fuerzas del país; pero, en cambio, no podemos aceptar, á fuer de españoles amantes en primer término de nuestra nacionalidad, que se nos condene á seguir inermes, sin medios de rechazar la agresión de fuera, y expuestos siempre al golpe de mano de cualquier nación codiciosa y á la vergüenza de una nueva desmembración de nuestro territorio.

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No podemos aceptar tampoco que se despoje á las Clases pasivas del Estado, así civiles como militares, de los derechos que legalmente poseen.

Para regenerar (ya que es esta la palabra de moda) nuestra administración y reconstituir nuestra patria, lo primero de todo es inspirarse en un criterio de severa justicia. No se consigue esto atropellando derechos ab irato, bajo el prettexto de que se realizan economías, sino respetando lo legalmente constituido y reformando para el porvenir aquello que la experiencia demande.

El derecho reconocido á los retirados, jubilados y pensionistas es una propiedad tan legítima, tan respetable, como nuestras fábricas, nuestras fincas y nuestros establecimientos. Nadie puede desposeernos de éstos, ni nadie puede tampoco, sin cometer una expoliación, arrebatar á aquellos los derechos que las leyes les han reconocido.

Las obligaciones de Clases pasivas constituyen una verdadera carga de justicia, ya que el Estado, en un momento de penuria, se apoderó de los cuantiosos fondos de los Montepíos, contrayendo el sagrado compromiso de atender con los recursos del Tesoro público al pago de las pensiones que señalaban los Reglamentos. Para dejar de cumplir este compromiso de honor y de conciencia, sólo había un medio: restablecer los antiguos Montepíos, reintegrándoles las importantes sumas de que se incautó la Hacienda.

Ciento que esta obligación resulta ya abrumadora para el presupuesto del Estado, y que se hace preciso estudiar la manera de reducir su importe. Hágase en buen hora, límítense los abusos que existan, formúlese una ley general de clases pasivas igual para todos, sin preferencias injustas de cuerpos ni categorías, y, sobre todo, ayúdese eficazmente por el Estado la creación de Montepíos particulares, que los mismos interesados dirijan y administren, único medio de que el Tesoro pueda ir aligerándose de tan pesada carga sin lastimar derechos dignos del mayor respeto. Pero no se olvide que, para realizar esto último, se hace preciso suprimir ó aminar al menos el impuesto sobre sueldos que, con el ilustre hacendista Camacho, consideramos antieconómico y contraproducente.

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Como las Cámaras de Comercio y la Liga Nacional de Productores, como la opinión entera y el país todo, consideramos necesaria una revolución económica y una transformación radicalísima en todos los organismos públicos y hasta en nuestra manera de ser y de desenvolvernos como nación.

Precisa fijar la atención, no sólo en lo que se gasta, sino en qué y cómo se invierte, ya que el verdadero secreto de la ciencia económica moderna consiste en que, contribuyendo más el país, pague menos el individuo.

Pero no ha de perderse de vista que, así como de nada servirá al particular acumular riquezas si no construye muros y puertas para custodiarlas, las naciones, para dedicarse con tranquilidad al trabajo y al progreso de sus industrias, necesitan Ejército y Marina bien organizados, que mantengan el orden en el interior y las hagan respetables y consideradas en el exterior.

San Fernando, 2 de Septiembre de 1899.
Presidente, José Ruiz Rodríguez.—Vicepresidente, José Castillo Sánchez.—Vocales, Manuel Ruiz Pérez, Bernardo Gutiérrez Otero, José Ruiz Alcántara, Benito Reynares, Emilio de la Flor.—Contador, Manuel Caramé Fernández.—Secretario, Eugenio Espósito.