Revista nacional (Madrid. 1899) (1900-01-01 00:00:00), página 5

blico y al del Municipio un ingreso de 172 millones de pesetas.

En cambio de todos estos ingresos positivos y como única compensación, ofrecerán los alcoholeros industriales, á razón de 25 pesetas el hectolitro como impuesto á la fabricación, en 200.000 que pueden calcularse al consumo interior, un ingreso al Tesoro de 5 millones de pesetas, descontando la producción alcoholera-vínica, que no existiría víctima de la ruinosa competencia, y los alcoholeros destinados al encabezamiento de vinos, que están exentos del impuesto.

¿Pueden ser jamás legítimas y atendibles estas ruinosas compensaciones á la Hacienda pública, para de tal manera involucrar los términos del problema y amenazar de muerte á la agricultura patria y al Tesoro español?

No es posible suponerlo, ni menos aceptarlo; y porque así lo entiende esta Cámara Agrícola, eleva su voz en demanda de justicia, aportando cuantas pruebas ha manifestado antes y expone hoy, retando á esos industriales que mienten su amor á la patria, para que con nosotros discutan y á nuestras razones opongan las suyas.

Siendo, en fin, tan grave la amenaza, como brevísimos los momentos que aprovechar en nuestra legítima defensa; esta Cámara Agrícola, representada en una Comisión de su seno, estará en Madrid el día 29 del presente mes, para recabar en favor de su causa el voto de los verdaderos Representantes del país en Cortes, vendiendo, si es preciso, tan cara como merecida la vida de nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.—El Presidente, Juan Guillén Molina.—El Secretario general, José Bernál-quirós Bernal.

CÓMO DEBEN ORGANIZARSE

la intervención de los gastos del Estado y la censura de sus cuentas

La censura de las cuentas del Estado y la intervención de los actos de la administración económica no sirven hoy para garantizar debidamente los intereses públicos, por que están reducidas á procurar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias sobre formalidades externas de los actos y de los documentos, y más que la limitación de los gastos, la bondad de la gestión y la economía para el Tesoro.

Para el cumplimiento de estos fines, es preciso; dar garantías de independencia á los organismos fiscales; admitir en el Supremo, llamado á desempeñar las funciones que hoy tiene el ineficaz Tribunal de Cuentas del Reino, participación del elemento productor y contribuyente interesado en la legítima inversión de los caudales públicos, que persiga é impida los gastos innecesarios, aunque se revistan de las formalidades extrínsecas reglamentarias, y lleve la acción fiscal á todos los grados de la administración económica, procurando la completa realización de los ingresos y evitando que se dé aplicación indebida á los créditos; é impedir la identificación corporativa del interventor con el intervenido y la subordinación de aquél á éste, afirmando, en cambio, y robusteciendo la relación de dependencia de la intervención de todos los servicios con los centros superiores de índole fiscal.

A este efecto, deben adoptarse las siguientes reformas:

1.º Organización de la entidad suprema fiscal, para la contabilidad, con participación directa en ella del país productor y contribuyente, haciendo aplicación á esta materia del principio á que responden el jurado y las juntas municipales.

2.º La intervención general de la Ad-