Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-04-10 00:00:00), página 26

Banco de España.

66. Derogación de la facultad concedida por las Cortes al Banco de España para aumentar la circulación fiduciaria hasta 2.500 millones; en términos de que no pueda hacer nuevas emisiones de billetes sin que aumente las reservas en oro en proporción de lo emitido.

67. Que el Banco de España, como institución del Estado que es propiamente, contribuya por todos los medios que estén á su alcance, v. gr., aligerando su cartera, á normalizar la circulación monetaria y fiduciaria y los cambios con el extranjero.

Administración pública y leyes orgánicas.

68. Mantenimiento del statu quo en materia de derechos individuales, sufragio universal, Parlamento y demás que constituye legalidad común á toda Europa.

69. Consulta de las providencias y resoluciones más trascendentales que el Gobierno tenga en estudio, á las representaciones vivas del país (Cámaras, Círculos, Sindicatos, Ayuntamientos, Universidades, etc.).

70. Desarrollo del principio admitido ya en nuestra legislación electoral vigente, en cuanto á representación por clases ó por colectividades, haciéndola necesaria ó preceptiva y dándole mayor latitud; y simplificación del procedimiento para la constitución de los colegios especiales.

71. Autonomía de los servicios técnicos, Instrucción pública, Correos y Telégrafos, Montes, Obras públicas, Seguros del Estado en su día, etc., haciendo de ellos otros tantos centros independientes, sustraídos á la influencia perturbadora de los cambios políticos y del caciquismo. Renuncia á crear Ministerios nuevos.

72. Supresión radical de las Direcciones generales; y reorganización de los Ministerios que queden, por Secciones ó Negociados autónomos, es decir con facultades propias, y por tanto, directamente responsables de sus actos ante los Tribunales, con fianza para multas, con derecho de nombrarse sus auxiliares ó subalternos, y sin superior jerárquico más que para las reclamaciones y recursos; especie de juzgados administrativos, sujetos á una disciplina calzada sobre la militar y á un régimen interior igual al de los actuales tribunales de justicia.

73. Supresión de las Diputaciones provinciales, que no han cumplido ninguno de los fines para que fueron creadas y son causa ú ocasion de muchos y muy graves males; y su sustitución por organismos más amplios.

74. Abolición del criterio de uniformidad y de tutela en cuanto á las Municipalidades. Sustitución de la ley Municipal vigente por otra breve, de líneas generales muy amplias, que remita el pormenor de la vida pública de las localidades á sus respectivas Ordenanzas.

La administración local debe hallarse separada en absoluto de todo lo que sea política general de la nación. Los Alcaldes, sin excepción, deben ser elegidos por los Ayuntamientos.

75. Debe simplificarse la organización del poder judicial y sus procedimientos (vid. n. 34).

76. La cualidad de senador ó de diputado, sea provincial ó á Cortes, no debe conferir derecho alguno especial para el desempeño de cargos públicos retribuidos, quedando con las mismas aptitudes legales que cualquier otro español.

Ejército.

77. El Ejército español debe ser organizado con estricta sujeción á las más apremiantes necesidades defensivas de la nación y á los recursos financieros que el país contribuyente pueda destinar á este servicio.

78. En tiempo de paz, debe aquél comprenderse exclusivamente del contingente de mozos útiles que hayan cumplido veinte años, sin derecho á redención ni sustitución. Dichos mozos deben permanecer un año en banderas, recibiendo la instrucción militar.

79. En el presupuesto de Guerra se establecerá la debida separación entre el gasto del Ejército propiamente dicho—el necesario para el mantenimiento del orden interior y la defensa de las fronteras,—y la carga de justicia amortizable representada por el excedente de oficialidad.

80. Amortización rápida de ese excedente, hasta que quede totalmente extinguido; y cierre simultáneo de las Academias militares para