Revista nacional (Madrid. 1899) (1899-09-01 00:00:00), página 16

los organismos administrativos: mientras éstos no desaparezcan, España y su Hacienda seguirán como antes.

Hay una rueda en la máquina administrativa que puede y debe desaparecer, porque no sirve más que de tapadera de caciques, amparo de gobernadores, instrumento político de los Gobiernos, escuela que arroja á la vida pública superiores caciques y políticos mediocres, siendo además explotadora de los pueblos que no son capitales de provincia. Llamaré á esta rueda por su propio nombre: ¡diputación provincial! ¿Para qué sirven las Diputaciones? Mucho se ganaría con suprimirlas, sin que se perdiese nada en descentralización, porque en las condiciones en que hoy se encuentran aquellos organismos, más bien tienden á sujetar los pueblos al poder central.

Vivimos en una sociedad en que hay parias é ilotas. Los Ayuntamientos, en sus relaciones con el Gobierno, con la Hacienda y con las Diputaciones, no tienen derechos; todo son deberes. Son el último mono, y naturalmente, siempre resulta que se ahogan. Sin discusión tienen que pagar los caprichosos contingentes provinciales; la Hacienda les cobra y no les paga; item más: ¡ay del Ayuntamiento que, obrando bien y legalmente, no subvenciona á alguno de los empleados de la Delegación! porque se le pone el veto en todos los servicios y tiene que sostener rudas luchas y vivir en constante zozobra. Los gobernadores civiles tratan generalmente, no siempre, á concejales y alcaldes peor que al último subalterno. ¡Cuán necesario es convertir en persona á quien hoy no es más que cosa! Los Ayuntamientos pueden y deben servir de base para la regeneración nacional. Ellos son los encargados de hacer los amillaramientos, el reparto de las contribuciones territorial, urbana, pecuaria e industrial, los repartos y cobranzas de cédulas personales; ellos son los responsables á la Hacienda del cupo de consumos. Todos los servicios del Estado los hacen los Ayuntamientos:

...Qtórgueseles la autonomía; obligueseles á concertarse con la Hacienda, exigiéndoles como minimum lo que por concepto de Rústica, Urbana, Industrial, Pecuaria y Consumos vienen pagando los pueblos en la actualidad; exijáseles también que no puedan excederse de los tipos señalados hoy para recaudar esos impuestos, y que los repartos se hagan equitativamente entre todas las riquezas, siendo ellos los encargados de la cobranza y los obligados á ingresar por dozavas partes, por mensualidades vencidas, en una Caja Central, el importe del concierto. Con ésto se economiza el Estado los gastos de cobranza y muchos empleados, quedando completamente garantida la Hacienda y simplificada la contabilidad, reforma muy necesaria; desaparece al propio tiempo la ocultación de la riqueza (enfermedad imposible de curar con los médicos que hoy asisten al enfermo): todos los vecinos estarían interesados en que no hubiese ocultación; y sin necesidad de costosos y no siempre fidedignos catastros, toda la riqueza tributaria. ¡Hay necesidad para ésto de reformar las Juntas repartidoras! Fácil es reformarlas. Se necesita crear un tribunal especial que resuelva las reclamaciones de los contribuyentes. No será difícil ni muy costoso crearlo.

Me parece que los pueblos, suprimidas las Diputaciones provinciales, no tendrían inconveniente en pagar al Estado durante un determinado número de años, como compensación de que éste se hiciera cargo de algunas de las obligaciones de las Diputaciones, de cuya administración pudiera cargarse el Gobierno civil sin aumento de personal. Con el que hoy tiene, trabajando algo más, sería suficiente.

Con la economía ó ingreso que resultaría de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, creo que se ganaba mucho para la nivelación de los Presupuestos, sin gravar en nada á los contribuyentes, sin recurrir á nuevos impuestos.

Habiendo desaparecido las Diputaciones provinciales, quedando en cuadro las Delegaciones de Hacienda, autónomos y concertados con el Estado los Municipios, queda-