Industria é invenciones (1913-03-29 00:00:00), página 3

Para el pago de los derechos del título se concede un mes, también sin prórroga de ninguna clase.

Otra anomalía existe ya en la vigente ley, y se conserva en el anteproyecto; es el plazo de vencimiento de las prácticas. En la ley del año 1878, anualidades y prácticas vencían en el aniversario de la expedición del título. En la ley vigente el vencimiento de las anualidades pasó al último día del mes, quedando sin modificación el plazo para la práctica, y en el anteproyecto pasa lo mismo.

¿Qué inconveniente hay para el Estado en que el plazo para la práctica sea también a fin de mes, como en las anualidades, y en que tenga también los tres meses de prórroga con sus correspondientes multas?

En el anteproyecto se aumentan los gastos de un modo notable, y, no obstante, la Comisión que tan atenta ha estado a proporcionar este aumento, no ha querido imponer esa cuota voluntaria para los morosos, y eso que le debe constar que los recargos en las anualidades y quinquenios importan cada año cantidades considerables.

Es muy posible que los recargos que se pagarían voluntariamente en primeras anualidades, pagos de títulos y prácticas, compensarían con exceso las 5 pesetas por cada expediente, y las 250 pesetas por certificado que se imponen como gastos de secretaría.

NOMENCLÁTOR. — También el anteproyecto tiene su nomenclátor, con la circunstancia de que en este se ha alterado por completo el orden vigente. Parecía lo más natural seguir el mismo orden establecido y completarlo introduciendo las industrias y materias que la práctica hubiese aconsejado, pero ha dominado el criterio de adoptar otra clasificación nueva, y la práctica dirá si se adapta o no a nuestras necesidades, y a la organización que se trata de dar a las marcas registrándolas por grupos.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. — Continúa en la organización la misma trinidad de mando de la vigente ley, procedente ya de la ley del 1878: el Ministro, el Director general por delegación y el Jefe del Registro. Por unos artículos parece que el Jefe tiene las mismas atribuciones que sus colegas del extranjero, pero enseguida se echa de ver que no es cierto, pues está supeditado al Director, el que a su vez no es mas que un delegado del Ministro. Esta organización debe ser muy buena cuando dura tantos años y no se trata de modificarla, a pesar de que el art. 195 dice que el Registro de la Propiedad industrial funcionará con perfecta autonomía.

Para el público, el resultado final es que contra los acuerdos del Registro no hay más recurso que el contencioso administrativo, que es lo mismo que decir que no hay ninguno, pues contra el acuerdo de denegación de una marca o de otro expediente, no vale la pena de gastar unos cuantos miles de pesetas, resultando así que siempre salen triunfantes los acuerdos del Registro.

CONSEJO SUPERIOR. — Otra de las reformas, es la creación de un Consejo Superior de la Propiedad industrial, compuesto de representantes de los elementos industriales y mercantiles del país y de los elementos de autoridad y competencia, bajo la presidencia de un ex ministro, todo honorífico, todo gratuito. Es una organización muy hermosa, pero muy teórica. No confiamos en que dé resultados prácticos.

Según el art. 199, son funciones del Consejo, informar en los recursos de revisión, alzada y nulidad establecidos en esta ley y en cuantos expedientes envíe a su consulta la Dirección general; pero el vicepresidente del Congreso es el Director general, es secretario el del Registro, y el Jefe de éste es vocal nato, combinación que produce el mismo efecto que si los jueces de primera instancia interviniesen en los fallos de la Audiencia.

No sabemos qué recursos son los de revisión y de alzada en que ha de informar el Consejo Superior. En cuanto a la nulidad, comprende, según el art. 124, los dibujos y modelos que se hayan concedido en perjuicio de otro anteriormente registrado, y los que sean de uso común y corriente en el mercado, pero para estos casos queda también expedita la vía judicial, según el art. 172.

El Consejo Superior solo informa el recurso, y lo que falta saber es quien lo ha de resolver y qué procedimiento se ha de seguir.

Este Consejo Superior no es, pues, más que un órgano consultivo que informara sobre cuanto ha informado hasta ahora el Consejo de Estado y la Asesoría de Fomento.

RECURSOS CONTRA LOS ACUERDOS DEL REGISTRO. — No se establecen otros que los de nulidad de dibujos y modelos en los casos ya anotados, el contencioso administrativo y los tribunales ordinarios.

ACCIÓN DE LOS TRIBUNALES. — Pueden entablarse ante los tribunales, todos los casos de nulidad, algunos de caducidad y los de usurpación.

Continúa el mismo artículo, de que las reclamaciones civiles se ajustarán a la ley de Enjuiciamiento civil, y las criminales a la de procedimiento criminal con intervención del Ministerio público en los casos de nulidad y caducidad, rueda que, en la práctica, no ha dado ningún resultado favorable.

Pero hay que preguntar. ¿Está derogada la Real Orden de Gracia y Justicia de 20 de febrero de 1891?

En el procedimiento criminal se introducen notables modificaciones que hay que tener en cuenta.

Según el art. 57, en una usurpación de patente no se puede suspender la industria del usurpador, hasta que los Tribunales hayan hecho declaración en sentencia ejecutoria, y según el 58, los Tribunales exigirán a los litigantes la constitución de fianza. Estos dos artículos, combinados con la lentitud del procedimiento judicial, favorecen grandemente a los usurpadores, puesto que pueden continuar usurpando con toda libertad, y si el inventor es pobre, no podrá presar la fianza, y, por lo tanto, no podrá entablar la acción judicial.

DEROGACIÓN. — El anteproyecto no deroga ninguna de las disposiciones actuales; si existiendo en la ley un artículo de derogación como en la vigente, cada cual considera derogadas las disposiciones que le conviene ¿qué resultará no existiendo esta disposición?

OBSERVACIONES. — Entendemos que la Comisión no ha cumplido el mandato que recibió en la R. O. de 27 de septiembre de 1912 de «preparar hasta donde sea posible la especialización y la autonomía de esta clase de servicios de propiedad industrial» ni ha resuelto «la imperiosa necesidad de fijar una jurisdicción que dentro del plazo más breve posible, y en la forma menos gravosa para los contendientes, resuelva todos los litigios a los que derechos creados al amparo de la ley pueden dar lugar».

Como hemos dicho ya, entendemos que la Comisión no podía haber hecho más en el breve plazo que se ha concedido. También es muy corto el plazo de un mes señalado para la información, y deberá ampliarse, si