Industria é invenciones (1912-10-05 00:00:00), página 1

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SUMARIO

Competencia ilícita. Jurisprudencia española (conclusión), por Gordiano Bolívar. — El tranvía eléctrico de San Sebastián a Tolosa. — Utilización del serrín para pavimentos. — Grupo motor de gas pobre para automóviles (ilustrado, figs. 27 y 28), por C. P. — Las tuberías de plomo y el agua potable. — La cocina eléctrica. — REVISTA DE LA ELECTRICIDAD: La electricidad en el canal de Panamá. — Transporte de energía a 140,000 voltios. — NOTICIAS VARIAS: Restauración de los billetes de Banco. — Nueva aplicación del papel. — REGISTRO DE MARCAS: Marcas solicitadas. — Dibujos de marcas solicitadas. — En suspensión por falta de cláis y pruebas. — Marcas concedidas. — Marcas renovadas. — Marcas caducadas.

Competencia ilícita
Jurisprudencia española
(Fin, continuación de la pág. 132)

Según el art. 131, se entiende por competencia ilícita toda tentativa a aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley.

No es necesario, en consecuencia, que la propiedad esté inscrita en el registro, ni que haya recaído una concesión administrativa, sino que basta que esté al amparo de la ley.

El art. 1.º de la ley concede el derecho a perseguir la competencia ilícita; para ejercer ese derecho no exige el cumplimiento de requisitos administrativos determinados, y dice el art. 1.º del Reglamento, que la falsa indicación de procedencia y la competencia ilícita pueden perseguirse sin necesidad de llenar previamente formalidades administrativas de ninguna clase.

En consecuencia, no se puede aceptar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al interpretar el art. 131 en el sentido de que sólo hay competencia ilícita cuando sobre los productos exista derecho de propiedad conocido y registrado a favor de tercero, pues de lo contrario, lejos de encaminarse el precepto legal al fomento de la industria, constituiría una traba para su progreso y desenvolvimiento.

Según el art. 132, se consideran como hechos constitutivos de competencia ilícita:

a) La imitación de las muestras o rótulos de los escaparates, fachadas, adornos o cualquier otro que pueda originar una confusión con otro establecimiento de igual clase, contiguo o muy cercano.

b) La imitación de los embalajes, usados por una casa competidora, en forma tal que induzca a confusión.

c) Escoger, como razón social, un lema en el que esté incluido el nombre de una localidad conocida por la existencia de un reputado establecimiento, con objeto de aprovecharse ilícitamente de su nombradía.

d) Propalar a sabiendas falsas aserciones contra un rival, con objeto de quitarle su clientela.

e) Publicar anuncios, reclamos o artículos de periódico, que tiendan a depreciar la calidad de los productos de un contrincante.

f) Anunciarse de un modo general y contrario a la realidad de los hechos, como depositario de un producto nacional o extranjero.

g) El empleo, sin la competente autorización, de indicaciones o términos tales, como «preparado según la fórmula de...» o con arreglo al procedimiento de fábrica de...» a no ser que la fórmula o el procedimiento pertenezcan al dominio público.

En ninguno de los párrafos del art. 132 hay materia registrable, y, por lo tanto, las disposiciones sobre competencia ilícita serían letra muerta, si fuese necesario el registro previo, como parece que intenta sostener el Tribunal Supremo.

Además, en el tercer Considerando, dice que el registro de la marca «confiere la propiedad de la expresada marca», lo cual no es verdad, pues la propiedad de las marcas no se adquiere con el registro, sino que está equiparada a la de los bienes muebles, y el registro es sólo una presunción de propiedad.

Si como se afirma en el tercer Considerando, el registro de una marca concede el pleno derecho a impedir que nadie la suplante, falsifique o imite para aprovechar el crédito que en el mercado hubiere adquirido por la bondad de sus productos» es lógico deducir que también concede el derecho de impedir que otro deprecie indebidamente estos productos, pues esta depreciación no tiene otra finalidad que el descuento de la marca que los distingue.

En los hechos que han motivado la sentencia, hay, pues, una concesión administrativa, que es el registro de una marca, tan íntimamente ligada con los productos que distingue, que no es posible la concesión administrativa sin la enumeración de los productos que ha de distinguir, y en la esfera comercial, el crédito o descrédito de los productos repercute inmediatamente en la marca misma; los anuncios publicados por el Sr. Llopis no tienen otro fin que la depreciación de la marca de la casa competidora.

No resulta, por lo tanto, acertada la doctrina sustentada, considerando desligados la marca y los productos que distingue, pues, si bien éstos están sometidos a las vicisitudes propias de la concurrencia y al aprecio que merezcan en la estimación de los demás, las fluctuaciones de esta estimación constituyen el mayor o menor crédito de la marca, como representante que es de los productos que distingue.

Si es cierto que la marca «no transmite propiedad alguna», es un signo de propiedad reconocido por la ley, pues el párrafo 4.º del art. 136, prohibe que se levanten las marcas del productor sin expreso consentimiento de éste.

Pueden existir productos sin marca, pero no se concibe la existencia de la marca sin producto, y se hallan tan íntimamente ligados, que el descrédito de la marca arroja los productos del mercado.