Industria é invenciones (1905-11-11 00:00:00), página 9

resolviera sobre extremos que sólo pueden ser dilucidados y resueltos ante los Tribunales ordinarios.

»Y se conforma esta doctrina con el principio general de que la Administración no puede volver sobre sus actos cuando éstos causan estado y crear derechos a favor de los particulares. Sobradísimos medios da la ley al que pueda considerarse perjudicado por alguna concesión para anularla.

»En este sentido se interpreta erróneamente el apartado 6.º del art. 110 (1) de la vigente ley de propiedad industrial al entender que puede ser utilizado para que la Administración declare al instante de personas que tengan derecho al uso de marcas, modelos, dibujos, la caducidad de las ya registradas, cuando en la concesión de éstas se hubiera procedido con error; error que atribuye a los buenas intenciones de derecho no puede deshacer la Administración, siendo sólo los Tribunales ordinarios, en su caso, los competentes.

»No es, pues, el referido caso 6.º una causa más de caducidad, sino una forma de declarar la Administración la caducidad de las marcas cuando están éstas comprendidas en alguno de los números anteriores.

»La caducidad puede declararse de oficio por la Administración, dice el art. 110, cuando reúna los datos necesarios para acordarlo, y a instancia de personas interesadas puede añadirse, conforme a lo que dispone el apartado 6.º del artículo anterior, cuando se trata de aquellas causas de caducidad que no pueden ser conocidas directamente por la Administración.

»Como se ve, toda la confusión que pueda originar el precepto de cuya naturaleza se trata es, simplemente, debida a la falta de claridad del mismo en el artículo de la ley, y es indudable que dentro de una ordenación lógica su oportuna colocación debiera ser en el art. 110 y constituyendo un segundo caso dentro de ese artículo.

»En consideración, pues, á lo expuesto, esta Comisión permanente es de dictamen que, para evitar confusiones, debe dictarse una resolución de carácter general fijando como criterio, á que deberá atenerse la Administración en la aplicación del apartado 6.º del art. 109 de la ley de propiedad Industrial, el que queda expuesto en el cuerpo del presente dictamen, de conformidad con lo que informa el Registro de la Propiedad industrial y comercial.

»Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el presinserito dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone».

Disentimos por completo del criterio sentado por el Registro de la propiedad industrial y el Consejo de Estado, por lo cual nos permitimos hacer algunas observaciones.

Opina primero el Registro «que los cinco primeros casos no ofrecen dificultad en su aplicación», y se contradice después al decir que la Administración sólo puede cumplir el art. 110, ó sea caducar de oficio, en cuatro de los casos marcados en el art. 109: suponemos que éstos serán el 1.º, 2.º, 4.º y 5.º, pues más abajo halla dificultades en el 3.º. De aquellos dice que «con los datos que obran en los expedientes hay los bastantes para proponer la caducidad». Entendemos que esto sólo es cierto para los casos 1.º y 2.º, pero en el 4.º la caducidad está determinada por sentencia del Tribunal, y en el 5.º por la voluntad del interesado, datos que no obran en el expediente, ni dependen de la Administración, sino que se han de aportar al expediente, después de haberse hecho firme la sentencia del Tribunal, ó después de haberse manifestado la voluntad del interesado. En cambio en los casos 1.º y 2.º todos los datos dependen de la Administración y deben obrar en el expediente.

Los casos 3.º y 6.º se hallan exactamente en las mismas condiciones que el 4.º y el 5.º, es decir que para poder declarar la caducidad, es preciso aportar al expediente los datos que la determinan. Los casos 3.º y 6.º son completamente distintos entre sí, y no cabe la confusión que de ellos hacen el Registro y el Consejo de Estado. En el 3.º es causa de caducidad la falta de uso durante tres años, y en el 6.º el que un tercero tenga derecho á usar una marca, dibujo ó modelo registrado. En el caso 3.º no se fija quien puede pedir la caducidad, ó puede aportar al expediente los datos necesarios para declararla, y en el 6.º se determina que pueden pedirla «los que tengan derecho al uso de marcas, dibujos y modelos», de modo que para instar la caducidad, hay que empezar por probar que se tiene este derecho.

Tienen derecho al uso:
1.º Los que tienen registrada la marca, modelo ó dibujo.
2.º Según el art. 30, los que sin tener la marca registrada la han usado de buena fe sin interrupción durante tres años ó más.

Los modelos y dibujos son del dominio público cuando antes de la petición del registro se han reproducido en publicaciones, impresos ó en objetos puestos á la venta.

Estos dos grupos de personalidades están comprendidos en el caso 6.º del art. 109, pero las demandas de caducidad producidas por las comprendidas en el primer grupo, se hallan exactamente en las mismas condiciones que los casos 1.º y 2.º del art. 109, es decir, que la Administración tiene pleno conocimiento de todos los datos necesarios para determinar la caducidad, sin que tenga que aportarse ningún dato nuevo del exterior, y ya hemos visto que, en estas condiciones, opina el Registro y el Consejo de Estado que es factible caducar de oficio. Se trata, en efecto, de marcas registradas iguales ó parecidas á otras ya registradas anteriormente, y por lo tanto obran en el Registro todos los datos necesarios para subsanar el error cometido.

Las personas comprendidas en el 2.º grupo han de aportar al expediente los datos necesarios para probar que tienen derecho al uso y á pedir la caducidad de la marca, datos que no dependen de la Administración, como en los casos 4.º y 5.º del art. 109, y para estas personalidades y en estas condiciones, opina y propone el Consejo de Estado que «la caducidad puede declararse de oficio por la Administración».

Todo eso nos parece tan claro, que no llegamos á comprender que el Registro y el Consejo de Estado mezclen y confundan el caso 6.º con el 3.º y opinen que el caso 6.º no está bien redactado, y que debe ser una consecuencia del art. 110 ó del caso 3.º del artículo 109. Y añade el caso 6.º que «podrán pedir en todo tiempo la caducidad de las marcas, dibujos y modelos ya registrados, presentando al efecto las justificaciones convenientes». No es recta la interpretación de que estas justificaciones se hayan de presentar á los Tribunales, sino que está bien claro que se han de presentar al Registro, y tanto es así, que, sigue diciendo el caso 6.º, «si se suscitan cuestiones de propiedad ó posesión, el Ministro suspenderá el expediente administrativo y remitirá á las partes á los Tribunales», de modo que no queda duda ninguna de que se ha de incoar expediente administrativo para determinar la caducidad de las marcas comprendidas en el caso 6.º, y sólo en casos especiales se remitirá á las partes á los Tribunales.

La verdad es que, después de estudiado el informe, no se sabe cuál es el criterio que trata de imponer el Consejo de Estado. Por un lado opina el Registro que no ofrece dificultad ó que es factible caducar de oficio