Industria é invenciones (1901-11-02 00:00:00), página 20

ción, se observa en él varias deficiencias y hasta contradicciones.

Art. 30. Cambia por completo el concepto de la naturaleza y efectos jurídicos de las marcas, pues dice que nadie podrá reivindicar su propiedad si no se halla en posesión del Certificado, siendo así que hasta ahora la propiedad de la marca se obtenía como la de los bienes muebles. ¿Por qué no ha seguido aquí el Ministro las tradiciones patrias en que pretende apoyar su obra en el preámbulo?

En virtud de este artículo, sólo tiene la propiedad de los dibujos y modelos el que los registra, no el que los inventa, con lo cual se legaliza un robo inaudito. No se hace distinción entre los dibujos conocidos y los dibujos ó modelos nuevos, de modo que desde el momento que se promulgue la ley, puede presentarse un fabricante registrando todos los dibujos conocidos y que actualmente son del dominio público, y en virtud de ese registro, puede prohibir y perseguir á todos los que usen ó hayan usado aquellos dibujos. Lo mismo puede pasar con los modelos; hay actualmente muchos modelos que son del dominio público y todos los usan indistintamente, sin que nadie pueda reivindicar su propiedad, pero desde el momento en que esté promulgada esta ley, puede un cualquiera registrar todos esos modelos ya conocidos é impedir que los competidores los usen en lo sucesivo durante veinte años, con lo cual se produciría un trastorno inaudito en la industria y en la producción, dando lugar á un gran número de quejas.

Art. 31. Limita las personas y entidades que pueden obtener certificado de marca, dibujo ó modelo, no incluyendo los artífices ni los sindicatos ó colectividades no mercantiles, citados para las marcas en los artículos 23 y 25.

En los dibujos y modelos no se hallan comprendidos los artífices ni los dibujantes, es decir, que están excluidos los dos elementos que más contribuyen á la invención en los modelos y dibujos industriales. Inútil es decir los gravísimos perjuicios que de esta disposición resultarán para las dos clases citadas. Este artículo es digno complemento de la doctrina sustentada en el anterior.

Del nombre comercial

Dice el Ministro en el preámbulo que, «es común la creencia de que nombre comercial y razón social, son dos expresiones equivalentes que en el fondo designan una misma cosa, sin entender que la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho; es el nombre de las personas que en conjunto explotan un establecimiento. En cambio el nombre comercial es el nombre del establecimiento mismo», y añade: «que surge de estas consideraciones una fundamental diferencia, cual es la de que la razón social debe someterse á las prescripciones del Código de Comercio, mientras que el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y conservarse indefinidamente, pues es la denominación del establecimiento conocida del público, para el que por lo general, la razón social es lo de menos».

Después de esto, nos dice en el art. 35: «que entiende por nombre comercial el nombre, razón social ó denominación bajo los cuales se da á conocer al público un establecimiento agrícola, fabril ó mercantil», de modo que, al redactar este artículo ha caído en la misma vulgaridad que tanto censuraba en el preám-

bulo, y ha cometido los mismos errores que dice que comete el vulgo, y reincide en el art. 36, cuando dice que se considera como nombre de un establecimiento, la razón ó firma social.

En el art. 38 sienta el mismo principio jurídico que en el 30, en virtud del cual sólo se adquiere la propiedad de la razón social y del nombre comercial por medio del registro, tirando por tierra las tradiciones patrias y los derechos que concede el Código de Comercio en el Registro mercantil.

Según el art. 40, puede desegirse el registro de una razón social por no distinguirse lo suficiente de otra ya registrada, sin que se establezca regla alguna para conocer esa distinción, quedando por completo el interesado á merced del empleado.

El registro del nombre del establecimiento, podría limitarse al término municipal en que radica y á aquéllos en que tiene sucursales.

De la duración y cuota de las patentes

Los artículos 49 y 50, son copia de los artículos 12 y 13 de la vigente ley, pero puesto que el Sr. Ministro se pone á reformar la ley, podrá haber aclarado el concepto ó las relaciones que han de existir entre las patentes de cinco y las de diez años, punto que queda completamente obscuro en la vigente ley. Hoy no se sabe qué derecho tiene el extranjero que pide una patente de invención por diez años, si antes otro ya ha establecido la industria en el país y ha pedido patente de cinco años ¿Quién tiene derecho preferente? Debería tenerlo el que haya establecido la industria, si se atiende á lo que se dispone en el art. 70.

En el art. 51 se establecen prórrogas para el pago de las anualidades y de las patentes, disposición que responde á una verdadera necesidad reclamada durante muchísimos años.

En el art. 52 se establece la novedad de que se pueden pagar las anualidades por adelantado con deducción de un interés, que será de 5, 10 y 20 por 100 respectivamente, por las patentes de cinco, diez y veinte años.

De la duración y cuota de las marcas, modelos y dibujos

Se fija en este capítulo en veinte años la duración máxima del registro de marca, dibujo ó modelo, pudiendo renovarse las marcas por los trámites prescritos para obtener el primer registro. No comprendemos por qué se han de cumplir todos estos trámites para la renovación, desde el momento en que figuran en el expediente todos los documentos necesarios; parece que deberíá bastar una instancia manifestando su voluntad de continuar el registro y el pago correspondiente del quinquenio.

Se establece el pago de cuotas por quinquenios para marcas, dibujos y modelos, que son respectivamente 10, 20, 30 y 40 pesetas.

Tramitación de los expedientes

Por el art. 58 se han de presentar los documentos en el Gobierno civil de la provincia, y en Madrid directamente en el Ministerio. En las naciones extranjeras se utiliza como más rápido y más seguro la entrega de los documentos en las oficinas de correos, por lo cual se economiza una operación, puesto que el Gobierno civil ha de mandar los documentos también por correo.