Industria é invenciones (1899-11-11 00:00:00), página 6

hayan de comenzar sus funciones ó de empezar á regir su reforma, entendiéndose que si en ese plazo no reciben orden de suspensión, quedan aprobadas y pueden empezar á funcionar.

4.º Si dentro de ese término de un mes el Gobernador creyera que, por graves consideraciones de orden público, ó del régimen regular de las corporaciones, debía suspender el acuerdo, lo comunicará así al Ayuntamiento, y remitirá el expediente al Gobierno, avisándolo á la corporación, para que remita ella al Ministro de la Gobernación las razones y los documentos que justifiquen su proyecto, y el Gobierno, dentro del término de un mes, habrá de resolver sobre el asunto, y pasado ese término se entenderá concedida la autorización.

5.º Cuando el Gobierno acceda á la propuesta de la Diputación ó Ayuntamiento, se declarará así de Real orden; cuando la deniegue, se consignará la negativa en Real decreto, fundado y acordado en Consejo de Ministros, que se publicará necesariamente en la Gaceta.

6.º Podrán, asimismo, las Diputaciones y Ayuntamientos acordar la construcción de obras públicas de carácter provincial ó municipal, y asociarse con otras corporaciones de otras provincias que comprendan los territorios de las que se asocien para ese fin, formándose los proyectos y presupuestos por funcionarios técnicos que estén autorizados oficialmente para hacerlos, sin otras formalidades que las establecidas en los artículos tercero y cuarto; pero en ese caso el Gobernador de la provincia deberá oír al Ingeniero-Jefe de la misma sobre los proyectos que se le comuniquen y con vista de su informe, los pondrá en conocimiento del Ministerio de Fomento y de los de Guerra y Marina si pudieran afectar á la defensa de costas y fronteras, ó á la seguridad de establecimientos militares, y en todos estos casos el término para que resuelva el Gobierno, será de tres meses.

7.º La ordenación de pagos corresponderá al Presidente de la Diputación ó al Alcalde, ó á quienes hagan sus veces; pero no se realizará ningún pago sin que el Contador de la Diputación ó del Ayuntamiento, donde lo hubiere, ó en su defecto el Secretario, certifique la existencia de crédito en el presupuesto y su aplicación debida al gasto. Si se hiciera el pago sin ese requisito, será personalmente responsable de él quien le haya ordenado, y si certifique el Contador ó Secretario, pasará esa responsabilidad al Contador ó Secretario que haya certificado.

8.º Las deudas de las Diputaciones y de los Ayuntamientos podrán ser exigidos por los procedimientos ejecutivos; pero siempre que sea necesario constituir los bienes en administración, será el mismo Ayuntamiento el administrador y depositario, y quedando consentida ó firme la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos por un término que no excederá de un mes. Si dentro de él no ha arbitrado el Ayuntamiento recursos para satisfacer la deuda, ó no han obtenido quita ó espera del acreedor, podrá quedar suspendida de sus funciones la Corporación, y el Gobierno podrá nombrar una comisión ejecutiva entre los contribuyentes de la provincia ó del Municipio, presidida por persona designada libremente por el Gobierno, que formulará un convenio con los acreedores y regularizará la situación económica de la provincia ó del Municipio, sobre el cual habrá de recaer la resolución de la Diputación provincial si se trata de un Municipio, y la del Gobierno si se tratará de una Diputación provincial ó de un Ayuntamiento de capital de provincia; y una vez aprobado el convenio se procederá á nueva elección de la Diputación ó Ayuntamiento y cesará la comisión ejecutiva y su presidente en sus funciones.

Los créditos que estuvieran asegurados en prenda ó hipoteca no quedarán sujetos á los efectos de esos convenios.

9.º Las Diputaciones podrán hacer uso del crédito en la forma y condiciones que estimen conveniente, poniendo el contrato con todas sus condiciones en conocimiento del Gobernador de la provincia, qué en el preciso término de un mes habrá de presentar ó negar su aprobación consultando á la Diputación provincial respecto de los Municipios que no sean capitales de provincia, y al Gobierno si se tratará de Diputaciones provinciales ó de capitales de provincia. Si transcurriera el mes sin recaer aprobación ó desaprobación, se entenderá concedida la autorización.

10. Quedan suprimidas las Juntas municipales establecidas en el capítulo 55 del título 2.º de la ley municipal vigente, y los Ayuntamientos procederán por sí en todos los asuntos que la ley exigía la intervención ó aprobación de la Junta.

11. De los acuerdos de los Ayuntamientos ó Diputaciones que lastimen derechos civiles, conocerán los Jueces de primera instancia con apelación á la Audiencia territorial, pero ajustándose la tramitación á la señalada en el capítulo IV, título 2.º, libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil para los juicios verbales, admitiéndose contra el fallo de la Audiencia recurso de casación.

12. Todos los aprovechamientos de aguas para riegos ó abastecimientos de poblaciones ó usos industriales cuyo servicio afecte á una sola provincia se otorgarán por el Ingeniero-Jefe de la misma, después de oír á la Diputación provincial en el expediente y habrán de publicarse en el Boletín Oficial de la provincia, y no serán efectivos hasta quince días después de esa publicación. Los que se crean perjudicados por la concesión, la Diputación y los Ayuntamientos á quienes la concesión afecte, podrán interponer recurso ante el Ministerio de Fomento que lo tramitará con sujeción á la ley vigente de aguas.

13. Las Universidades oficiales con fondos ó bienes que adquieran por cualquier concepto, con subvenciones de las Diputaciones ó Ayuntamientos ó con las matrículas especiales de los alumnos que concurren á esas enseñanzas, podrán crear facultades nuevas, laboratorios ó asignaturas de ampliación, aumentar con asignaciones adicionales el sueldo de sus catedráticos ó designar para el desempeño de esas cátedras profesores nacionales ó extranjeros, instruyéndose para ello un expediente que se resolverá por el Ministerio de Fomento, en el que se acredite la efectividad de los recursos con que cuenten para esos nuevos establecimientos, debiendo recaer la resolución en término de un mes, y entendiéndose concedida si transcurriera ese término sin acuerdo del Ministerio.

14. Esas instituciones auxiliares de la enseñanza sostenida por el Estado, se regirán por una Junta administrativa que elegirá libremente el claustro de catedráticos de la Universidad en que se creen y que presidirá el Rector, y ella fijará los derechos de inscripción del alumno, los de examen, el sueldo y condiciones de elección de los profesores y los gastos de material, y una vez aprobada por el Gobierno la facultad ó la asignatura, sus certificaciones de estudio ó ti-