Industria é invenciones (1899-12-16 00:00:00), página 4

Art. 5.º Queda prohibido á los menores de diez y seis años todo trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza ó dislocación en espectáculos públicos. Los directores de compañías, padres ó tutores de los menores que contravengan este artículo, serán penados conforme al 1.º de la ley de la protección de los niños de 1.º de Julio de 1873.

La prohibición contenida en el art. 2.º de esta ley para los menores de diez y seis años, es aplicable á cualquier clase de trabajo, aunque revista el carácter literario ó artístico ejecutado en espectáculo público.

Art. 6.º Las mujeres mayores de diez y seis años no podrán ser sometidas á trabajos cuya duración total diaria exceda de diez horas y que no se hallen interrumpidas por descansos de menos de dos horas en su totalidad, ni que tengan lugar de noche y en domingo y días festivos, salvo las excepciones contenidas en el artículo 7.º que sean perjudiciales al organismo femenino.

Art. 7.º Podrá autorizarse el trabajo nocturno de los jóvenes y menores de veintitres años y mayores de diez y seis:

1.º En las industrias que por razones técnicas exijan la continuidad de la producción.

2.º En las que suministren al público objetos de primera necesidad, cuya expedición deba verificarse por la mañana.

3.º En los trabajos de reconocida urgencia y cuya omisión lleve consigo irreparables ó graves perjuicios.

Los menores comprendidos en este artículo no podrán trabajar más de seis y ocho horas respectivamente, con descansos no inferiores en su totalidad á una hora.

Art. 8.º La autorización á que se refiere el artículo anterior se concederá por el Gobierno, sus delegados ó Autoridades á quienes competan estas funciones, con arreglo á los Reglamentos y disposiciones complementarias que se dicten para el cumplimiento de esta ley.

Art. 9.º Se concederán dos horas diarias, por lo menos, para adquirir la instrucción primaria y religiosa á los menores de catorce años que no la hubiesen recibido, siempre que haya escuela dentro de un radio de dos kilómetros del establecimiento en que trabajen.

Si la escuela estuviese á mayor distancia, será obligatorio para el establecimiento fabril que ocupe permanentemente en sus trabajos más de veinte niños el sostenimiento de una, pudiéndose deducir del salario de éstos la parte indispensable para la remuneración de la enseñanza.

Art. 10. No se permitirá el trabajo á las mujeres durante las cuatro semanas posteriores al alumbramiento.

Art. 11. No podrán ser admitidos en los establecimientos industriales y mercantiles los niños, jóvenes ó mujeres que no presenten certificación de estar vacunados y de no padecer ninguna enfermedad contagiosa.

Art. 12. Cuando el alojamiento de los obreros dependa en alguna manera de los dueños ó empresarios de los establecimientos industriales ó mercantiles, será absolutamente obligatorio el mantener una separación completa entre las personas de diferente sexo que no pertenezcan á una misma familia.

Art. 13. El Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad y Autoridades que estime conveniente, determinará los trabajos é industrias á que se refieren los artículos 4.º y 7.º de la presente ley.

Art. 14. Las infracciones de esta ley se castigarán con multa de 25 á 250 pesetas, exigible solamente á los patronos. En caso de reincidencia se impondrá en su límite máximo.

Art. 15. El Gobierno organizará los servicios de inspección para el cumplimiento de esta ley y dictará, en el término de seis meses, los Reglamentos necesarios para su ejecución.

Art. 16. Si sobre la aplicación y ejecución de esta ley se formalizara ante las Autoridades locales, por representación debidamente autorizada de Asociación legalmente constituida, ya sea de obreros ó de patronos ó mixta, instancia exponiendo los daños ó inconvenientes prácticos que se originen en algún caso, el Gobierno, oyendo á la Comisión de Reformas sociales, podrá decretar la suspensión, con las excepciones de aplicación de esta ley, en la localidad de donde proceda la reclamación, y exclusivamente para la industria á que ella se refiera.

Madrid, 30 de Noviembre de 1899. — El Ministro de la Gobernación, Eduardo Dato.

Á LAS CORTES

Inútil será encarecer la importancia del proyecto de ley que el Gobierno somete al estudio y resolución de los Cuerpos Colegiados. Después del descanso semanal, que restaura las fuerzas del obrero consumido durante seis días de trabajo intenso, y de la protección que la mayor edad y la debilidad del anciano han exigido del legislador en todos los países cultos, ningún aspecto de más vital interés ofrece la situación del obrero en la industria moderna que el que se relaciona con los accidentes á que constantemente se halla expuesto al utilizar los poderosos auxiliares que presta á la producción el no interrumpido adelanto de la Mecánica, la Física y la Química.

No era posible cerrar los ojos al espectáculo frecuente de seres humanos heridos, mutilados ó desechos por la fuerza incontrolable de las máquinas ó al poder expansivo y deletéreo de sustancias aun más potentes y peligrosas, sin la esperanza siquiera de que serían curadas sus lesiones, asegurada su incapacidad contra el hambre, y amparada, durante su triste y forzada oscuridad ó después de extinguida su vida, contra la indigencia le resultante de sus sufrimientos, esfuerzo en la legislación de casi todos los países cultos ha encontrado lugar muy importante la destinada á garantizar el operario y á su familia de las consecuencias producidas por los inevitables accidentes industriales que todas las disposiciones sobre la higiene y seguridad de los trabajadores no podrán impedir por completo. España, que es en materia de legislación social una triste excepción, no ha llegado aún á conseguir lo que ya disfrutan tantas naciones, y preciso será que atendamos cuanto antes á esta necesidad, tan hondamente sentida en nuestras clases obreras.

Las leyes de los países que pueden servirnos de modelo, y muy especialmente la promulgada en Francia en el pasado año, han resuelto prácticamente el problema jurídico que la responsabilidad en los accidentes producidos en ocasión del trabajo industrial entraña, y separándose de los principios y disposiciones insuficientes del derecho común, han considerado esos accidentes, salvo en los casos en que notoriamente sean debidos á un acto voluntario ó á negligencia inexcusable de la víctima ó resultado de fuerza mayor, como consecuencias naturales, hechos inherentes á la explotación industrial, y que como tales debían separarse del concepto general de ésta, y por el contrario, era forzoso mirar la reparación de los daños y perjuicios por ellos causados como unos de los gastos de producción, á cargo, naturalmente, del empresario ó patrono.

Este criterio práctico, nacido en gran parte de la imposibilidad de fijar en cada caso si la responsabilidad correspondía al patrono ó al operario, ó debía simplemente atribuirse á un hecho fortuito, no podía consagrarse en justicia ni aun en equidad el principio de que la reparación debida al obrero por todo accidente que le sobreviniese tenía que ser integral y por