Industria é invenciones (1898-05-21 00:00:00), página 6

fija qué marcas se pueden registrar y cuáles se exceptúan del registro; dice así:

«Podrán los fabricantes adoptar para los productos de sus fábricas el distintivo que tuviere por conveniente, exceptuando únicamente:

Primero. Las armas reales y las insignias y condecoraciones españolas, á no estar competentemente autorizados al efecto.

Segundo. Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de existencia.»

Esta disposición está vigente en todas sus partes, y no hay ninguna otra que la derogue ó modifique.

La marca del expediente n.º 6,322 no está comprendida en ninguno de los casos de excepción; luego no podía denegarse.

En 30 de Noviembre de 1865, se dictó una Real orden disponiendo que con la solicitud de registro de marca, se presente el correspondiente documento que acredite la calidad de fabricante, y que en el Gobierno de provincia no se dé curso á ninguna solicitud que no contenga este documento.

La Real orden de 29 de Septiembre de 1880, dispone que se expidan certificados de marcas de comercio, y aunque en ella no se impone la obligación de acreditar la calidad de comerciante, se ha hecho así por analogía.

Este requisito se ha cumplido en el expediente número 6,322, pues de lo contrario, ni en el Gobierno se hubiera dado curso á la solicitud, ni el Jefe del Negociado hubiera decretado la tramitación del expediente.

Sobre cuál es la clase de documento necesario para acreditar la calidad de comerciante y de fabricante, ha habido muchos criterios en el Negociado. Se empezó por exigir en el Gobierno civil la presentación del correspondiente recibo de la contribución, retirándolo el interesado, porque es para él un justificante del pago, y por lo tanto, documento de muchísimo interés, y también se presentaron certificados expedidos por las Administraciones de Hacienda ó por los secretarios de las alcaldías, pero de unos cuantos años á esta parte, se exige que se presente, y que se una al expediente, el último recibo de la contribución, privando así al interesado de un documento que puede hacerle muchísima falta por ser un comprobante de caja.

En todos los expedientes basta que el empleado del Gobierno civil de la provincia certifique la presentación de la cédula y del recibo de contribución correspondiente, y tratándose de marcas, hace fe en el Negociado la certificación de haber presentado la cédula y no la hace la del recibo de la contribución.

Un comerciante ó un fabricante nuevo no puede presentar más que el duplicado del alta; pero no vale y hay que presentar el recibo de la contribución; ¿y de qué sirven estos documentos en el expediente?

De todos modos, el acreditar la calidad de fabricante ó de comerciante, es un detalle de mera tramitación que no puede dar lugar á la denegación de la marca. Pero se da la circunstancia de que no tenemos reglamento que determine todos los trámites á que se ha de ajustar el registro de una marca, por lo cual nos parece que en todo aquello en que sea deficiente la legislación especial de marcas, debe regir la general, y en este caso debería apelarse al Reglamento de procedimiento administrativo del mismo Ministerio de Fomento, cuyo art. 57 dispone que preparada la resolución de un expediente, y antes de extender el dictamen, debe comunicarse su estado al interesado para que alegue y presente en el Ministerio los documentos y justificaciones que considere pertinentes, que es precisamente lo que se ha hecho con los expedientes núms. 6,294 y 6,304, en los que se han concedido las marcas con la condición de justificar la calidad de fabricante.

¿Por qué no se ha cumplido esta disposición con el expediente núm. 6,322 tal como se ha hecho con los expedientes núms. 6,294 y 6,304?

Nos resistimos á creer que sea cierto lo que se nos ha dicho de que el Sr. Jefe del Negociado considera que los industriales que tributan por la tarifa 5.a, sección 2.a, no tienen derecho á registrar marcas porque esta sección lleva el epígrafe Industrias en ambulancia, y son comerciantes muy pequeños para que puedan registrar marcas. Pero por si fuese cierto, vamos á estudiar la cuestión desde este punto de vista.

El Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, concede el derecho de registrar marcas á los fabricantes, sin hacer distinción entre grandes y pequeños. Este derecho se hizo extensivo á los comerciantes por la Real orden de 29 de Septiembre de 1880, en la que tampoco se hace distinción alguna entre los grandes y los pequeños comerciantes, y como que donde la ley no distingue no cabe distinguir, resulta que todos, grandes y pequeños, tienen derecho á registrar marcas.

Sólo nos falta analizar si los que tributan por la tarifa 5.a, sección 2.a, son ó no son comerciantes.

El Reglamento para la imposición, administración y cobranza de la contribución industrial y de comercio, divide la tarifa 5.a en dos secciones, comprendiendo la sección 1.a, industrias de ejercicio fijo, y la 2.a, industrias en ambulancia, y llama industriales sin distinción de ninguna clase, á todos cuantos tributan por la indicada tarifa, como califica también de industrias los conceptos comprendidos en las tarifas 1.a, 3.a y 4.a, y llama industriales á cuantos tributan por estas tarifas. Se ve, pues, que entre los que tributan por una y otra tarifa, no se establece más diferencia que la de pagar una cuota mayor ó menor, pero á todos los titula industriales y todos ejercen una industria.

Si consideramos la cuestión desde el punto de vista de la cuantía de la cuota anual que han de pagar, vemos que las cuotas de la tarifa 5.a, sección 2.a, varían entre 270 pesetas como máximo, y 8 pesetas como mínimo. En cambio, en la tarifa 3.a, hay muchas cuotas inferiores á 8 pesetas, y hay industrias en las que ya se tiene derecho á registrar marca, pagando una cuota anual de 150 pesetas. Luego, si se concede el derecho de registrar marcas á los que tributan por la tarifa 3.a y no se concede á los que tributan por la 5.a, resulta la anomalía de que se da más derechos á los que pagan menos.

Si recurrimos al Código de comercio, vemos que son actos constitutivos de comercio la compra-venta y la permuta, sin que se fije la cuantía del valor de las operaciones, siendo, por lo tanto, tan acto de comercio la compra-venta que sólo importa unos cuantos céntimos, como aquella en que se giran millones.

Si acudimos al Diccionario de la lengua, hallamos que comerciante es el que comercia, y que por comerciar se entiende negociar y tratar comprando y vendiendo ó permutando géneros.

Vemos, pues, que no existe ninguna disposición por la cual se fije que para merecer la calificación de comerciante, se haya de pagar por la tarifa 1.a ó la 3.a ó la 5.a. No cabe, pues, distinción entre los grandes comerciantes y los pequeños, y mucho más desde el