Industria é invenciones (1886-08-14 00:00:00), página 8

intelectual que se publica actualmente por el Ministerio de Fomento, refundiéndose en el de la propiedad intelectual e industrial que se crea por el presente decreto.

Art. 10. El Ministro de Fomento dictará las disposiciones oportunas para la organización y régimen interior de este servicio, sin aumentar para ello el presupuesto general de gastos del mismo departamento.

Art. 11. Quedan derogadas cuantas disposiciones legales puedan oponerse á la ejecución del presente decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En todos los números del Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial, y en lugar preferente, se publicarán por espacio de un año el presente decreto y el de la misma fecha dictando disposiciones para el mejor cumplimiento de la ley de patentes de invención de 30 de Julio de 1878, que se insertará en el número primero.

Dado en San Ildefonso á dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Eugenio Montero Ríos.

REAL DECRETO
fijando plazos por la tramitación de los expedientes de patentes

EXPOSICIÓN

Señora: Si es cierto que la garantía absoluta de la propiedad es uno de los fundamentos de la riqueza pública, no lo es menos que cuanto tienda á facilitar el cumplimiento de las leyes que amparan la propiedad industrial será un nuevo estímulo para los que dedican sus estudios y sus afanes á tan importante ramo de la riqueza pública.

El creciente desarrollo de los adelantos modernos y el número progresivo de Convenios internacionales que tienden á amparar recíprocamente el derecho de propiedad de los inventores obligan á los Gobiernos á velar por el mejor y más exacto cumplimiento de las leyes especiales sobre la materia, á subsanar las omisiones que la práctica ha hecho notar en ellas y á establecer modificaciones que sin alterar su espíritu permitan cumplirlas e interpretarlas con perfecta equidad y más seguro acierto.

La ley de 30 de Julio de 1878 para la concesión de patentes de invención sancionó sin duda alguna el derecho sobre la propiedad industrial, regida hasta entonces por disposiciones gubernativas insuficientes; pero esa misma ley ha encontrado en su aplicación dificultades de forma y interpretación que produciendo una serie de decretos y Reales órdenes aclaratorias han dado pretextos á ciertos abusos de tramitación que conviene al prestigio del Ministerio de Fomento hacer cesar en el acto y para siempre.

Los inconvenientes de una lenta tramitación, la falta de una debida y ordenada publicidad en cuantas operaciones se refieren al registro de las patentes de invención y marcas de fábrica en sus tres períodos de petición, concesión y caducidad, y la existencia de agentes intermedios que explotando la buena fe ó la apatía de los inventores fatigan y desacreditan con sus enojosas gestiones á la Administración, son males que necesitan inmediato remedio; y el Ministro que suscribe faltaría á un deber de conciencia si, conociendo estos males, no se apresurara á ponerlos el conveniente correctivo.

Cierta es que el último de estos abusos ha traspasado todas las fronteras y la conferencia internacional para la protección de la propiedad industrial que acababa de celebrarse en Roma ha patentizado con votos unánimes que solo en el registro internacional de marcas de fábrica los agentes aumentan en una proporción desmesurada los derechos exigidos por los Gobiernos. En Suiza los duplican; en Servia, Suecia, los Países Bajos, Noruega é Italia, los triplican; en Alemania y la Gran Bretaña, los cuadriplican; en España, Estados Unidos, Brasil y Portugal, cubren ocho veces la tarifa oficial; en Bélgica la hacen subir al décuple, y en Francia cobran los agentes 120 francos por un registro de marca de fábrica, cuando el Gobierno sólo exige 9.

Si no son de fácil remedio estos incalificables abusos por medio de un Real decreto, puesto que tienen origen, en parte, en Convenios internacionales, que no pueden derogarse ni alterarse sin mutuo acuerdo de las partes contratantes, en lo que sólo toca á nuestro país debe ser del Ministro que suscrite quitar el menor pretexto que disipe la existencia de tales agentes, reduciendo los medios para los que se defendan iniciativa del Estado no necesaria, sino estimulada en el cumplimiento de su deber por personas ajenas á la Administración pública.

Los artículos 20 y 21 de la citada ley dejan un vacío que puede prestarse á abusos, puesto que en ninguno de ellos se marca plazo para decretar las solicitudes de patentes de invención, ni se especifica la tramitación que dentro del Ministerio ha de seguirse.

Si á los plazos marcados oportunamente por la ley, y que en algún caso concreto pueden resultar excesivos, se agrega la facultad de demorar, con más ó menos causa justificada, el despacho de los expedientes, no determinando para el límite ni medida, resultará desgraciadamente que haya solicitudes de patentes de invención que tarde 10, 12 y algunas veces hasta 15 meses en ser decretadas, con grave perjuicio de los interesados que ven defraudadas sus esperanzas más legítimas, con lamentable desprestigio al propio tiempo de nuestros Centros directivos.

En el art. 29 de la ley de Patentes se previene que verificado el pago de derechos en el Conservatorio de Artes, el Director del mismo lo pondrá en conocimiento del Ministro de Fomento, y que éste expedirá inmediatamente la patente de invención, remitiéndola á aquel Centro.

El adverbio inmediatamente excluye toda dilación; pero es tan vago, que ni puede cumplirse con exactitud en su más genuina interpretación, ni impide que más perentorias circunstancias dilaten indefinidamente su cumplimiento.

Nótense también dos omisiones en la ley de gran trascendencia: la primera, no disponer que se publiquen en los periódicos oficiales las patentes de invención solicitadas y sí únicamente las concedidas. De publicarse también aquellas, como se verifica en la petición de concesión de marcas de fábrica, podrían reclamar contra las mismas cuantos con razón ó sin ella se creyeran perjudicados; conocerían los inventores el estado de tramitación de sus expedientes y se evitarían litigios tardíos y reclamaciones contra concesión de patentes, que quizá no llegarían á ser privilegiadas siendo anteriormente conocidas. Es la segunda, la falta de una disposición preceptiva sobre la inscripción en los periódicos oficiales, con la publicación de un mes de la relación detallada de los pagos de anualidades próximas á vencer, en el ejercicio del derecho de patentes de invención. Con este solo aviso sería con seguridad más escaso el número de patentes caducadas por falta de pago.

Algo ineficaz resulta la ley en cuantas disposiciones se refieren á la publicidad de los expedientes en sus tres períodos de petición, concesión y caducidad, pues ni cumplen las dependencias á quienes esto compete con la precisa remisión trimestral (plazo algo excesivo) á la Gaceta de Madrid, de las patentes concedidas ó caducadas, ni este período oficial suele insertarlas á su debido tiempo por sobra de materiales más perentorios unas veces y otras de desigual culpable otras, debido al mismo excesivo número de disposiciones con que todas las oficinas del Estado, Tribunales, Ayuntamientos, etc., acuden á aquella publicación.

Medio hay también de remediar fácilmente este último mal, el que será objeto de una simultánea disposición. Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra de proponer á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Dado en San Ildefonso á dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis.

SEÑORA: A L. R. P. de V. M., Eugenio Montero Ríos.

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por el Ministro de Fomento; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Terminados los plazos que señala el artículo 19 de la ley de Patentes de 30 de Julio de 1878 para que se subsanen por los interesados, ó sus representantes, los defectos que puedan existir en la documentación