Industria é invenciones (1886-07-03 00:00:00), página 12

cesivos algunas cuestiones dudosas, y abandonoando en parte el procedimiento de detallar y abonar por separado todas las operaciones de la ejecución de la obra. Así se llegó al sistema actual definido en el pliego de condiciones generales de 10 de Julio de 1861, y en los mismos para la redacción de los proyectos de carreteras aprobados por Real Orden del 12 de Febrero de 1878. En él se ha reducido á cinco grupos la clasificación de los terrenos antes limitada; se ha declarado inalterable el precio de los terraplenes, y salvo en lo relativo al transporte de la piedra y el ladrillo, que se pagan con arreglo á los dos tercios de los puntos de procedencia, también tienen hoy precio invariable el tabique, el ladrillo, y el tapial que ejerce el contratista. El daño en verdad se ha amoldado, pero no se ha conseguido hacerlo desaparecer.

Con este objeto el Ministro que suscribe se propone modificar el viejo sistema de contratación, no reemplazándolo por el de tantas cosas, rara vez distinto, sino que dirigirá un cambio repentino en la marcha de la Administración, origen de perturbaciones y embarazo en el desarrollo de las obras públicas, que la prudencia aconseja evitar, siní conservando el principio que rige actualmente de abonar al contratista lo que éste construya como resultado de su trabajo, pero asignando precios fijos y a cada clase de obra un precio variable, cualesquiera que sean la naturaleza de los terrenos y las distancias de donde procedan ó adonde se conduzcan los materiales, y dejando al contratista en libertad de adquirir los medios donde mejor le convenga, y de organizar los trabajos conforme á su propio interés y no á los propios de la Administración. En un artículo de la ley de contratos se ha tanto alzado la totalidad de la obra, se establece ese precio alzado á invariable para cada una de las unidades de diversa especie que la componen, y se abonan á esos precios las que en realidad ejecutan el contratista. De este modo se evita que el contrato cuente apenas del interés individual, cortado de raíz el mayor número de las reclamaciones y de más dudosa resolución, simplificándose al propio tiempo la inspección del Gobierno, y haciéndola más eficaz, pues ha de limitarse á examinar si la obra cumplida se corresponde con la ejecución y las especificaciones estipuladas, y á exigirla después de terminada. En suma, el sistema, conservando las principales ventajas del de tanto alzado, tiene mucha más flexibilidad que éste y puede servir para llegar á él sin perturbaciones en la marcha de una parte importante de la Administración.

En todo caso debe el Ministro que suscribe hacer notar que no se trata de que se cambie el procedimiento existente en España para la contratación de las obras públicas. Es lo ordinario practicado por las Empresas y por el Gobierno mismo en aquellas obras que por los usos a que se les destina reciben el nombre de reconstrucciones civiles; y en realidad no es la reforma otra cosa que la aplicación rigurosa y en toda la extensión de lo que se ha venido practicando en los actuales formularios de los proyectos de carreteras. Por eso precisamente el nuevo pliego de condiciones generales del presente decreto puede servir también para las contratas que se verifiquen por el sistema hoy vigente con solo agregar en el pliego de condiciones facultativos un artículo referente á la clasificación de los terrenos y á lo que se dé de los trasportes.

Pero la modificación más profunda que el nuevo sistema de contratación introduce en la construcción de las obras es la que hace al replanteo antes mencionado. Hasta el presente, una vez aprobado el proyecto de la obra, anunciaba el Gobierno la adjudicación en público remate, y después de celebrado el contrato procedía al replanteo y á la expropiación de los terrenos. Entonces aparecían las deficiencias y los errores del proyecto, y en ellos las dilaciones y entorpecimientos de la marcha de los trabajos, las reclamaciones del contratista y la necesidad de practicar sustituciones adicionales que alargaban el plazo de terminación y elevaban el coste calculado de la obra. Con semejante sistema es imposible una buena Administración, porque el Gobierno necesita conocer con antelación con la certeza suficiente el destino de la línea, racionales son los importes de las obras que comprende; siendo todas estas consideraciones de tal gravedad, que bastarían para imponer el replanteo previo aun en las contratas que se celebren dentro del sistema hoy en vigor.

En el que se propone en el presente decreto, los defectos ó errores del proyecto no pueden tener tantas graves consecuencias, porque hay comprometido el único contratado por la Administración, y ésta se halla en completa libertad de corregir y perfeccionar el proyecto en el tiempo y forma que estime ser más conveniente, anunciando y contratando la ejecución de la obra cuando se ha de haber definido y señalado en el terreno, y ha valorado el importe que aprecia.

De otra reforma, si bien menos importante que la del replanteo previo, debe hacerse también especial mención. Los casos de fuerza mayor, tal como se hallan definidos en el pliego de condiciones de 1861 y en el reglamento de 17 de Julio de 1854, son objeto de muchas reclamaciones y de interminables expedientes que, sobre todo, se prolongan ante la Administración y detienen el progreso de las obras, no pudiéndose resolver por regla general con seguridad de acierto. Hay que precisar la magnitud e importancia de un suceso pasajero que no suele dejar más señales visibles de su existencia que los daños que ocasiona, y hay que precisarlo varios meses después que ha ocurrido y mediante la declaración de testigos, que si bien pueden ser competentes para conocer los hechos, no lo son de ordinario para apreciar sus circunstancias, y justamente en ellas se funda en la mayoría de los casos la declaración de fuerza mayor. Sabido es, por otro lado, que comúnmente se efectúan los informes públicos en informaciones de esta clase, si están en oposición á los privados, y la experiencia del servicio lo demuestra, siendo raro el expediente en que de aquella información no resulte acreditada la procedencia de la reclamación del contratista.

La complicación de tales situaciones, trasciende en la realidad de la administración, si se hace depender la declaración de fuerza mayor, no tanto de la magnitud ó entidad del suceso como de su naturaleza. De este modo se reduce considerablemente el número de expedientes y se evita la necesidad de la información, porque se trata de casos de pública notoriedad y se conocen con circunstancias obvias, hasta la misma entidad. Cierta que así podrán quedar á cargo del contratista perjuicios que en la actualidad sufraga la Administración; pero esta es la parte aleatoria del contrato, y los que acuden á la notación de la obra, y en el caso de que, si bien las condiciones en que se ejecuta la obra los precios de sus diversas unidades y la partida de gastos imprevistos del presupuesto son suficientes para afrontar aquella eventualidad.

Se propone asimismo una importante novedad que el Ministro que suscribe ha tenido ya la satisfacción de introducir en el pliego de condiciones generales, y que se hizo en el de la obra de la construcción civil del edificio para las Escuelas de Minas. Es el seguro de la vida de los obreros que por cuenta del contratista hayan de trabajar en la obra subastada.

Esta novedad, ya conocida y planteadá en algunas de las naciones más adelantadas del mundo, la exigen trascendentales consideraciones de carácter social, hoy más que nunca dignas de ser atendidas por todo Gobierno previsor, y la imponen asimismo los deberes que á la Administración incumben para dispensar las clases de seguros, y una prudente policía que sin alterar el derecho de los demás, las ampare coadyuvando á la eficacia del derecho que también individualmente asiste á los que á ellas pertenecen.

Por último, se han introducido también algunas otras ligera alteraciones, contenidas en órdenes hoy vigentes, dictadas ya para aclarar conceptos dudosos, ya para establecer tarifas y precios cuya necesidad había demostrado la práctica.

Aparte de todas estas variaciones, se ha respetado el orden de exposición del pliego de 1861, y se han conservado cuantas disposiciones contienen compatibles con el nuevo sistema á fin de no alterar, sino en lo que es absolutamente indispensable, lo que se ha venido haciendo cerca de 35 años en la contratación de las obras públicas, y que no es más que la ampliación del que se aprobó en el año 1846.

Fundado en las anteriores consideraciones, y de acuerdo en todo lo esencial con lo informado por la Junta consultiva de los Cabildos y Pueblos, el Ministro que suscribe tiene á la hora de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Pliego general de condiciones para la contratación de las obras públicas.

Madrid 11 de Junio de 1883.—SEÑORA: A. L. R. P. de V. M. Eugenio Montero Rios.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º. Se aprueba el siguiente pliego de condiciones generales para la contratación de las obras públicas.

Art. 2.º. Sus disposiciones comenzarán á observarse en las contratas que desde la fecha de este decreto hayan de celebrarse por la Administración.

Art. 3.º. Queda derogado para las nuevas contratas el pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas de 10 de Julio de 1861, y todas las demás disposiciones que estén en contradicción con el pliego que se aprueba por este decreto.

Dado en Palacio á once de Junio de mil ochocientos ochenta y seis.—MARIA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Eugenio Montero Rios.

Pliego de condiciones generales para la contratación de las obras públicas.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.º. Pueden ser contratistas de obras públicas los españoles y extranjeros que se hallen en posesión de sus derechos civiles, con arreglo á las leyes de su respectiva nación, y las Sociedades Comerciales legales y constituidas ó reconocidas en España. Quedan exceptuados:

1.º Los que se hallen procesados criminalmente si hubiese recaído contra ellos auto de prisión.

2.º Los que estuviesen fallidos, ó en suspensión de pagos, ó con sus bienes intervenidos.