Industria é invenciones (1886-12-04 00:00:00), página 11

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICION

Señora: Para comprobar en muchos casos la existencia de ciertos delitos, descubrir sus autores, fijar su naturaleza y determinar su gravedad con un real sereno juicio que es un atributo necesario de la justa administración de justicia en el orden penal, es de todo punto indispensable un buen servicio químico forense, cuya rigurosa organización viene siendo objeto de la constante, bien que hasta ahora estéril, solicitud de todos los Gobiernos.

Y estos son los motivos precisos, cuando piden ser realizados con el preciso concurso de gastos dispensables, estríllanse en España por desidia, contra el invencible obstáculo de la creciente penuria del Erario público, cuyas múltiples ó inexcusables atenciones están en dolorosa desproporción con las necesidades de la nación. Y otra causa debiese achacar la actual deficiencia del indicado servicio, a las costosas necesidades subyugue siempre el Estado entre nosotros en la medida escasa de lo posible, nunca en la justa proporción de lo indispensable.

Desde el art. 35 de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1876, dispuso el Estado alzarse á los Profesores encargados del servicio médico legal con cargo al presupuesto extraordinario de este Ministerio, los derechos que las leyes arancelarias señalan, y los gastos de drogas, reactivos y aparatos que los mismos Profesores hubieren necesitado para los análisis, examinaciones y pruebas que les ordenase la penuria del Tesoro haciendo imposible el estricto cumplimiento de la expresada obligación. Constantemente la cifra de estos gastos ha absorbido y superado con notable y progresivo exceso el importe de las cantidades presupuestadas para el servicio, sin que hasta la fecha de la presente, ni el artículo 20 del Real decreto de 13 de Mayo de 1862, que prohíbe aliviar al Estado de una parte del grave peso de esta carga, hizo su responsabilidad subsidiaria, en cierto modo, por el hecho de limitarla al caso de insolencia de los reos y al de la declaración de oficio de las costas y gastos de la causa, como se dispuso en el artículo 29 del Real decreto de 1879 o gravoso en alto grado para la Hacienda los efectos de dicho art. 29, ni el decreto de 21 de Junio de 1873, declarando que los peritos que practicaren estas operaciones percibieran en adelante por sus gastos y derechos la módica suma de 5 pesos, que no se ha encontrado en el artículo ó ensayo que se le encomendase, pero reclama otras horas que no ni exigir que el Juez de instrucción le facilitara los medios materiales de laboratorio ó reactivos, como tampoco los auxiliares subalternos que para llenar su cometido pudieran necesitar. La creencia de la ley de 2 de Febrero de 1879, disponiendo que no se acordaran por los Tribunales ni se practicaran por los peritos más análisis químicos que los que sean absolutamente indispensables, recomendaba la fiscalización severa de estos gastos.

Prestamos, pues, y quedan todos los años sin remuneración alguna, posible señal de que en la ley la tienen solemnemente prometida, y que por modo eficazísimo además condicionan a la augusta acción de la justicia. Apenas si ha sido dado á los Gobiernos, mal aventados todos con esta poco decorosa situación, saldos en las cuentas de ejercicios cerrados, que el importe de estos dos últimos, que en 1880 importaban más de 8 millones de reales, por lo que esta autoría muestra de su buena voluntad, ya que no de la cabal solvencia del Erario, ha sido incompatible en ocasiones con los recursos del Tesoro. Con referencia por ejemplo, á los cinco últimos años económicos, los de 1882 á 1887 y 1884 á 85, fue imposible garantizar ni uno solo de los peritos antiguos; y ello, no obstante, en dicho quinquenio se pagaron, por una parte de las atroces atenciones del servicio químico-forense 232,910 pesetas, cuando sólo sumaban 163,000 las cantidades asignadas para estos gastos en aquellos cinco presupuestos, que sea á 14,729 pesetas.

Y esto, ó nada significa, ó demuestra con la eloquencia abrumadora de los hechos, que en tanto que la Hacienda pública no convalezca de su actual dolorosa postura, será en rigor insoluble el problema de la eficaz organización de este servicio tan útil, como de una vez no se prescinde del sistema ó forma de retirar la insuficiencia de la actuación de nuestro país á modo de invariable práctica interrumpida tan sólo por la atinada aunque incompleta reforma que inició en esta materia el Real decreto de 15 de Abril de 1872. Porque si estos gastos no se atienden sino á una exigua parte de los mismos costosos empleos y cargas que el Estado mucho más que lo que las leyes de Presupuestos calentaron que el Tesoro debía y podía pagar por ellos, es inútil, y sobre inútil peor, mantener su progresiva reducción por soñado interés de economías que no existen.

No se trata, pues, de otro que de los términos de la cuestión. Si es verdad, en efecto, que en el coste efectivo de estas importantísimas operaciones viene observándose un constante aumento, determinado sin duda por los adelantos incesantes de la ciencia, que si de un lado ensanchan los sombríos horizontes del crimen poniendo en sus manos nuevas armas, de otro multiplican y encarecen los cuantiosos medios de investigación que hoy aprovecha la Medicina legal en servicio de la justicia, no cabe en el propio tiempo que la sociedad, de día en día más interesada, de nivelar los gastos y los ingresos del Estado, no consentir los aumentos que sería menester en la actual dotación del servicio químico-forense para poder pagar como es debido los derechos arancelarios que constituyen la justa sobre prestada remuneración de la digna función humana, que hoy se desempeña con mayor acierto que positiva utilidad, el verdadero problema que para el Estado surge de la radical antinomia entre sus recursos y sus gastos en que la actual organización del indicado servicio viene resolverse, consistente en guardar en el concurso de indeterminada y fija la carga del Erario dentro de los estritos límites del presupuesto vigente.

Y no es tan sólo la expresada imperativa causa de un orden meramente fiscal la que aconseja reorganizar sobre otras bases el actual mecanismo económico del servicio de que trata; razones muy atendibles de buena administración imponen igualmente su reforma. Hoy en efecto, y a tenor de lo previsto en el artículo 356 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuyas prescripciones en este punto se dirigen naturalmente á servir los propios intereses de la justicia criminal en la forma en que los recursos se acumulan prácticamente en depósitos á cada fin de ejercicio de las distintas especialidades por Doctores ó Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Ciencias físico-químicas ó por Ingenieros que se hayan dedicado á la especialidad química, en virtud de los oportunos nombramientos hechos para cada caso por el Juez instructor de la Audiencia, ó del Servicio Forense. Conviene, en consecuencia que se cumpla estrictamente el indicado servicio sin la menor unidad de criterio científico; prenda segura de su acierto y eficacia; no siempre por el personal ni según el orden de preferencia que marca el citado artículo de la ley con materiales y medios científicos adecuados, pues que por lo general no disponen los laboratorios y farmacias particulares de los cuantiosos y complejos medios de investigación que hoy aprovecha la Medicina legal.

No es así, de cómo como la justicia pide ser servida por la ciencia. Hay abismos en el crimen que apenas si bastan á iluminar las más grandes luces que las ciencias físico-químicas y naturales aportan á la profunda investigación de sus misterios. Sondar éstos exige en ocasiones el delicado empleo del análisis químico ó la práctica de espectros ó el uso del micrográfico. No se puede verificá la más completa justicia criminal sin la combinación de los expuestos. Y sólo un personal decorosamente retribuido, consagrado á tan difíciles operaciones de continuo y por entero; que eduque y desarrolle sus especiales aptitudes con repetidas experiencias, y que tenga, por último, estabilidad, y con ella nota especial de confianza, como lo son los Doctores y Museos que se eruditan á investigar con fruto las causas, los agentes y los medios de la criminalidad, podrá coadyuvar eficazmente á la tutelar acción de la justicia.

Claro es que la vasta y costosa organización de un servicio médico legal así entendido no puede acogerse desde luego con los recursos delgados del presente régimen vigente, que sólo dispone para fines de análisis químicos y otras parecidas atenciones de la justicia criminal, harto modesta suma de 33,000 pesetas. Pero cuando sea notorio que con tan escasos elementos, que es imposible aumentar, haya luctu á frenar e instalar en cada Audiencia, como lo exige el derecho, la práctica ordinaria de este servicio, un laboratorio de Medicina legal, con dotación fija y decorosa para el personal y material de todos ellos, todavía es imaginable que sin rebar- antes, ás bien rehaciendo aquella, se puedan echar las bases de la indicada institución y el servicio de los Doctores y Museos que han de reconocer, y no pueda levantar enteramente la mal calculada carga del pago de unos derechos que siempre son mayores que sus fuerzas, y con positi- vo provecho de la recta administración de justicia, á quien importa mucho que las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos penales, se efectúen en el caso con la certitud de medios y el fijese de criterio científico que son sus mejores garantías. Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 11 de Julio de 1886. Señora: Á L. R. P. de V. M., Manuel Alonso Martínez.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crean tres laboratorios de Medicina legal, uno en la Capital de Madrid y otros dos que se establecerán en Barcelona y Sevilla respectivamente.

Art. 2º Las operaciones de análisis químico que, ya por falta de peritos, ya por la carencia de medios ó instrumentos necesarios al efecto no pudieran verificarse con arreglo á las disposiciones del cap. 7.º, título V, libro II de la ley de En-