Industria é invenciones (1886-08-07 00:00:00), página 11

cesidad especial de la expropiación de cada finca para la construcción de la obra proyectada.

Y a esta conclusión de decir que en el proyecto no se amparará la expropiación urbana por zonas, tan en boga actualmente en Francia, Belgica e Italia. Es verdad que mercé a este sistema de expropiación pudieron llevarse á cabo las maravillosas obras que embellecen las grandes ciudades de estas naciones, como también en sustitutos especiales de carreteras, puentes de lejanas poblaciones, y abriendo muchas vías donde antes no existían sino estrechos, tortuosos e insalubres callesjones.

Pero no es el criterio de la utilidad, ó mejor dicho de la comodidad y aun de la juicio, el que debe exclusivamente resaltar los derechos de la Administración en su conflicto con los no menos legítimos del particular. La verdad es que por el sistema de expropiación por zonas, la Administración, no solamente atiende á la necesidad ó utilidad común, sino que lleva á cabo un lucrativo negocio que consiste en construir la obra pública con la garantía que obtiene de la remisión del terreno expropiado en el necesario para la obra. Y no es lícito imponer al propietario los perjuicios de la expropiación para que á su costa realice pingües beneficios pecuniarios el común.

En el proyecto se reconoce al poseedor el derecho al cobro, no sólo del justo precio del inmueble, sino también de la indemnización de los perjuicios que sufra. Todos, absolutamente todos deben serlo abonados, aun aquellos que consistan en la motivada afectación que tuviera á la finca de que va á ser privado. No hay, pues, razón para que además se le abonen otros perjuicios, ni para que se le dé derecho á cobrar de tales perjuicios. Pero la hay para que, cuando solamente se le expropie de una parte de la finca, y por la obra de aumentar el valor del resto que conserve, se deduzca del total de perjuicios calculados la cantidad en que se rije el beneficio que ha de recibir.

Planteada viva y dando hincapié á la cuestión de si los colonos ó inquilinos, especialmente en los arrendamientos para establecimientos mercantiles ó industriales, han de ser directamente indemnizados por el expropiante, cuando por consecuencia de las obras de construcción su campo ó locales en el que habían ejercido su labor, resulte inútil. Ninguna de nuestras leyes generales de expropiación ha tenido en cuenta este derecho. La de 1879 sólo admitía la intervención de los colonos cuando hubiese, al principiar la ejecución de las obras, unos términos fijados en el artículo 24 de la Ley de 1879 de Tolosa, sin embargo, en caso singular (el de la Puerta del Sol), en que fueron indemnizados los industriales que tuvieron que desocupar sus tiendas. Es, pues, forzoso abordar este importante problema, con criterios diversos y aun contradictorios resulte en las legislaciones extranjeras.

La ley Hipotecaria ha venido á establecer por medio de la inscripción una diferencia sustancial entre unos y otros arrendamientos.

Aquellos que se inscriben son títulos de un derecho verdaderamente real que consagra el arrendatario, aunque la finca expropiada sea entregada á un tercero; mientras que los derechos del arrendatario, cuyo contrato no se ha inscrito en el Registro, conservan su antigua naturaleza exclusivamente personal para no ser eficaces contra el tercer adquirente.

Esta exquisita legislación no puede menos de ser la base á que la ley de expropiación se atenga; el expropiante, al encontrarse con un derecho que tiene obligación de respetar, debe indemnizarlo. Si ese derecho no está inscrito, no es el quien tiene de respetarlo, y por esto no recae sobre él la obligación de indemnizar á aquél á quien tal derecho corresponda.

Podrá el dueño tener que hacer esta indemnización al colonó ó al inquilino, y aun cabrá discutir si esa indemnización debe serle abonada por el expropiante en concepto de daños y perjuicios; sobre este punto resolverá el Juez.

Mas el derecho que por este concepto no existe relaciones de derecho entre el arrendatario y el propietario.

Y por lo que hace especialmente al arrendamiento de locales para establecimientos mercantiles ó industriales, la indemnización no sería sino por el crédito de que gozara el establecimiento suprimido. Pero tengan presente que ese crédito no es sino el resultado de circunstancias, de la situación y circunstancias del local expropiado, y el crédito personal del comerciante ó industrial que lo ocupean. La expropiación destruye el primero de estos elementos que corresponde al propietario y por el que será indemnizado; pero al segundo, y por el que al establecimiento que el comerciante ó industrial abra en otro sitio.

Y, en fin, podrá ser deficiente la legislación sobre arrendamientos e inquilinatos; será conveniente, y aun necesario, dar á los colonos ó inquilinos mayores derechos; pero esta necesidad no debe ser decretada por el proyecto, sino partir del derecho constituido, y éste para el objeto es el que se halla establecido y definido en la ley Hipotecaria vigente.

¿Y quiénes son los que han de ser reputados parte legítima para tener derecho á intervenir en el expediente de expropiación? O lo que á esto equivale: ¿á quiénes deberá indemnizar el expropiante?

Ni la ley de 1856 ni la de 1879 desconocieron, ni desconocen podían, que á la par que los derechos del dueño ó del poseedor, hay otros que están adheridos á la cosa, ya como cargas y deudos. Y la ley de 1879, en su artículo 37, dispone que deben ser tenidos en cuenta al llevarse á cabo la expropiación de la finca con ellos gravada. Pero considerándolos representados suficientemente por el dueño, sólo eran tenidos en cuenta cuando el último se llegaba á liquidar el precio. Esto era olvidar una grave injusticia, que causaba el caos de inmediatas reclamaciones. Verdad es que la expropiación equivale en su esencia á una compraventa, y que en esta clase de contratos sólo interviene como vendedor el propietario ó poseedor. Pero al enajenarse el inmueble por la venta voluntaria, se trata de un caso en que se mantienen suscribiendo, en general, pues á aquellos á quienes ésta corresponde derecho á intervenir en un contrato cuyos efectos no han de alcanzarse.

Mas la expropiación forzosa lo alcanza todo: el inmueble y las cargas reales á que está afecto. El expropiante adquiere el derecho de la plenitud del dominio, ya para destruirlas, ya para trasformar su sustancia. Todos aquellos á quienes correspondan los derechos que del pleno dominio son como segregación ó desprendimiento deben intervenir en la expropiación con el mismo título que el poseedor.

De aquí la necesidad de la medida en la ley, de que el consistorio, oído por su persona á cargo poseedor de un predio dominante goza de servidumbres, el acreedor hipotecario, el arrendatario con título inscrito, intervengan en la expropiación y puedan, ó defender la conservación de sus derechos, ó reclamar que se les indemnice de su valor.

El estudio de este asunto ha dado de muy diversas índole las cuestiones que han de resolverse.

Hay que declarar (cuando ya no lo hubiese hecho una ley) si la obra proyectada es de necesidad ó utilidad pública. Después también es indispensable saber si para construir la obra es necesario expropiar la finca. Y, en fin, hay que pronunciarse á su justa remuneración, pago, así como al de los perjuicios que en la expropiación se causen.

La competencia de la Administración para resolver las dos primeras cuestiones es notoria. Ocioso sería demostrarlo, ya que la misma ley lo ha previsto.

Sin embargo, como el perito del expediente que tenga por objeto declarar la necesidad de la expropiación del inmueble podrán intervenir cuantos por sus derechos sobre el mismo han de ser indemnizados, no es la Administración, sino la Autoridad Judicial, la que debe ser competente para conocer de los recursos que los particulares interpongan contra la resolución administrativa, admitiéndoles parte legítima ó rechazándoles del expediente. Los únicos fundamentos de esta personalidad no pueden menos de ser de derecho civil. Y cuando la resolución de este asunto lleve en su seno sentencias de cuestión de derecho, puesto que para no admitir no puede ser parte legítima á lo que la pretensión es indispensable fundar la resolución en que no le pertenece la posesión ó el dominio del inmueble, ó no tiene sobre él un derecho real por cuya pérdida deba ser indemnizado.

Por la misma razón no puede dejar de reconocerse como para la misma finalidad, y sólo para ese cometido, los Tribunales ordinarios, á cuyo amparo la Constitución del Estado ha puesto los derechos civiles del ciudadano. El respeto que merece la propiedad privada, la garantía de la justicia que el Estado debe siempre concederla la independencia resolutiva de las funciones de Poder y los fundamentos necesarios de la autoridad de este encargo, no se pone en peligro por abusivas invasiones, exigen que la integridad de la fortuna del ciudadano no quede á merced de la Administración, invasora del amparo, sino que la justicia puede ofrecerle, ante consideraciones tan superiores de derecho, las garantías, las dilaciones y los gastos que esto puede ocasionar, aparte de que medios hay y se procura aplicarlos en este proyecto para hacer menores ó quizás suprimir por completo estas dificultades e inconvenientes.

Precisamente con este fin se establece que pueda sustanciarse en un solo expediente el justiprecio y pago de todos los inmuebles y derechos reales que radiquen en un partido judicial, y se crea un procedimiento para la primera y segunda instancia breve y sumario, pero que no por eso dejará de ofrecer suficientes garantías á las partes; y se ordena que la sentencia que se dicte podrá cumplirse respecto á cada uno de los inmuebles y derechos que se traten, aunque esté pendiente de recursos que tengan por objeto la expropiación de los demás; y en fin, con el reglamento deberá publicarse un formulario en que se supriman las consuetudinaria innecesaria ritualidades de la curia para reducir la transacción á indispensables y concisas diligencias.

Las más prudentes y usufructuosas invasiones que se introducen en el proyecto se refieren á la manera de hacer el justiprecio y pago del valor del inmueble y de los perjuicios.

Cuando son particulares el expropiante y el expropiado, y el inmueble posee los principales poderes que sustentan el derecho, el proyecto autoriza á favorecer el compromiso libremente hecho entre ambas partes, y del cual no puede resultar para la Administración más que el grande y notorio beneficio de la economía del tiempo, que en otro caso hubiera de emplearse para fijar por un procedimiento contencioso la cantidad que habría de recibir el expropiado.

Mas cuando esto no sucede, ó cuando los interesados no