Industria é invenciones (1886-05-01 00:00:00), página 9

añadieron detalles á las tarjetas que las diferenciaban é im- pedían se confundieran con las láminas de la indicada obra:
Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Mateo de Alcocer no pertenecer ya á la Sala el Sr. Benito y Avila:
Como resulta también que se ha cometido la infracción de la propiedad intelectual conforme dispone el art. 74 de ley de 10 de Ene- ro de 1879, cuando se reproducen obras ajenas sin permiso de su autor, incurriendo por ello en la sanción penal que se- nala el artículo 552 con relación al 550 del Código, siempre que se conformidad al art. 45 de aquella ley no aparezca pro- bable la inexistencia de derecho propio.
Considerando que como consignado en la sentencia de cuya ca- sación se trata que el procesado Palacios recibió de otra persona las 10 láminas correspondientes á la obra ilustrada La vida de las flores, con encargo de que el litógrafo las reprodujese en tamaño mayor, y que consta que dicha persona pudiese un conocimiento el origen y procedencia de dichas láminas, debió creer fundadamente que habían para el objeto venido á poder de ella de una manera legítima, y bajo tal supuesto, al obrar aquél como obró, haciendo por vía de muestra 10,000 ejemplares, y cuando no se los quiso recibir, se hallaba en derecho de hacerlo para que no perdi- garse de su trabajo y gastos, no delinquir, porque no de- linque el que justifica que sin conciencia y voluntariedad ha cometido un hecho de otro modo penable;
Y considerando que lo expuesto hasta aquí sirve de funda- mento al juicio de que la Sala generalmente al dictar su fallo o pronunciarlo ha incurrido en el error de derecho, in- fringiendo los artículos citados y demás de igual carácter que apoyan la presentación hecha á nombre de D. Julian Palacios;
Por lo que se debamos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuso por dicho Palacios contra la sentencia dictada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, la cual casamos y anulamos devuélvase el depósito al recurrente; y libres á dicha Sala certificación de esta sentencia y de la que á con- tinuación se dice en los efectos correspondientes.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga- zeta de Madrid se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Emilio Bravo.—Lu- chino Boada.—Rafael Alcaraz y Ramos.—Patricio González.— Antonio Ubach.—Eduardo Martínez del Campo—Mateo de Alcocer.
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Mateo de Alcocer, Magistrado del Tri- bunal Supremo, celebrando audiencia pública su Sala segun- da en el día hoy, de que certifico como Secretario relator de ella.
Madrid 15 de Febrero de 1883.—Licenciado José María Pan- toja.

EXPOSICION

SEÑORA: Los esfuerzos que en los últimos siglos ha venido haciendo España para desarrollar su vida económica se su- tetrarán hasta ahora en la falta de una organización sufi- ciente para dar fórmula á este deseo de encontrar tan diver- sar en el campo de la Industria y la Industria al campo de los demás intereses de la vida humana, y quizás con mayor ne- cesidad que algunos de ellos, no están suficientemente am- parados con la asilada actividad del individuo, y necesitan adquirir por medio de la labor asociada, estos organismos, con los cuales se entienden, y comprendiendo los es- fuerzos de todos sin mengua de la libertad de cada uno, pue- dan obtenerse pronto y eficaces beneficios para el desarrollo y engrandecimiento de aquellos generales intereses. No de- otro modo, ni por distintos procedimientos, han conseguido hoy en día los Estados de Europa, ni de América, ni de su comer- cio las naciones que en esto nos preceden, y no tampoco se consiguió en los siglos medios dar una existencia segura y suficiente para las necesidades de la época al trabajo y á la producción sino por medio de los Gremios, de las Bolsas y de las Ligas.
Valemos aquellos moldes en los albores de la vida mo- derna, y necesitando además las energías de la actividad económica causas más anchas por donde dirigirse, ha llega- do el momento que desde hace mucho tiempo se siente en España de iniciar la organización de los intereses de la vida co- mos entre las diferentes instituciones que requieren la cooperatorización del gobierno, y que este irá desarrollando suce- sivamente, una de las primeras que se propone introducir en las realidades de la vida nacional es la institución que se co- noce con el nombre de Cámaras de Comercio.
Para que el Gobierno, en el uso de Fondo no complíamente este parecimiento ha invitado á propios proyectos que den for- ma práctica á la idea á los principales centros mercantiles y manufactureros de la Nación, entre los cuales cabe el honor de una espontánea iniciativa al Circulo Mercantil de Madrid y á la Presidencia de la República de Chile; y aunque hasta la fecha no haya respondido de todos al llamado, se expli- ca en esta inercia por la falta de confianza en el interés que por su absorbente calor de la política militante hasta ahora se había demostrado para atender á las necesidades del comercio y de la industria. A reserva de tener en cuenta lo que en el porvenir expongan, y de aprovechar las leccio- nes de la experiencia, es conveniente autorizar desde luego, siquiera como ensayo, la creación de las expresadas Cáma- ras por medio de una disposición administrativa más amplia y más prontamente, y favorable que una ley, respetando el ca- racter de estabilidad que ésta proporciona para la organiza- ción definitiva que á las Cámaras habrá de darse cuando las lecciones del tiempo y los resultados de este ensayo pue- dan acreditarse como garantías de acierto para la redac- ción de un proyecto de ley de tanta y tan trascendental im- portancia.
Desde muy antiguo ha venido en España promoviendo el acrecentamiento del comercio y de la industria por medio de Juntas Corporativas oficiales de España con los princi- pios dominantes en cada una. Los Consejos marítimos y terrestres autorizados oficialmente desde 1283 para entender en asuntos del orden judicial y del administrativo, que fun- cionaron en Mallorca desde 1343, en Barcelona desde 1347 después en Gerona, San Felin de Guixols, Tortosa, Tarrago- na, y más tarde en el Reino de Castilla, en el año 1367, de la Contratación, institución utilísima que fundada en Burgos se propagó á otros puntos del Reino y del extranjero, y ejerció decisiva influencia en el descu- brimiento y conquista de apartados territorios, facilitando recursos para realizar estas empresas; la Junta de Comercio fue en 1674 por resolución del Consejo de Estado, el consejo ge- neral del Reino, y en cuyos años finos hubo de agregarse más adelante cuanto hacía relación á moneda y minas, denomin-ándose desde entonces Junta general de Comercio, Moneda y Minas; el Consejo y las Juntas provinciales de Agricultura, Hacienda y Comercio, posteriores á la guerra de la Independencia, la principal misión de eruditos, las consultas que el Gobierno tuviera por conveniente encomendarles, y que andando los tiempos dieron origen á los actuales Consejos superior y pro- vinciales de Agricultura, Industria y Comercio, así como otras Juntas de índole semejante, modificadas y reconstitui- das en distintas épocas, pero todas teniendo en común el cuidado con que los Poderes públicos han protegido en otros tiempos en España los intereses del comercio y de la indus- tria, logrando en las épocas de su florecimiento comercial y de su expansión que sus instituciones sirvieran de enseñanza provecho- sa á otras naciones.
Inutil sería dar hoy nueva vida á las antiguas corporacio- nes que registra la historia mercantil española, pues aunque el fin de todas ellas era fomentar el comercio y la industria, los medios de conseguirlo han variado notablemente, efecto de los avances prodigiosos técnicos administrativos, que no consenten al Poder central desprenderse de la gestión de los negocios que directamente interesan al Estado, ni ceder varias rentas públicas que ahora percibe y de que antes aquellas disponían. Poca es lo útil también que puede to- marse de las atribuciones para hacer figurar en los que se encaren á las Cámaras de Comercio, se trata, porque pug- naría con el criterio expansivo de la época y con nuestro ac- tual régimen constitucional y parlamentario.
El Consejo superior y los provinciales de Agricultura, In- dustria y Comercio, cuyos buenos servicios á la Administración son notables, no dudan pueden ser útiles, así por su organización como por su cometido, como genuina representación de los comerciantes e industriales, ni mucho menos dejar satisfechas sus legítimas aspiraciones.
Pero si en nuestro propio país nada hay que pueda utili- zar el ejemplo de la institución que se trata de crear, en cambio Francia, Italia y otros sus Cámaras de Comercio un ejemplo que á lo menos por ahora seguirse con pro- vecho. Creadas á mediados del siglo xviii se han ido propa- gando por las demás naciones, que ya tocan sus ventajas; y hay razones para que España no las acepte y no tome un sentido de la época, sino que importar lo bueno que en ellas encuentre cuide de amoldarlo á los usos, cos- tumbras y leyes generales del país.
Sin perder, pues, de vista esta institución de la nación ve- cina, el Ministro que suscribe cree que debe autorizarse el creación de Cámaras oficiales del Comercio, de la In- dustria, y de la Navegación en las plazas de mayor importan- cia en estos ramos de la riqueza pública, dividiéndolas en dos secciones para el Comercio y la Industria, ó en tres allí donde la importancia de la navegación lo reclame.
Los que á estas industrias se dedican, notorio es que al acceder á la ciudadanía, se hallan en posesión de sus pe- culiares fines sin intervención alguna del Estado. Pero si es- tas asociaciones han de tener carácter oficial y sus actos no han de ser meramente privados, y los poderes públicos han de tener que contar con su concurso, será preciso que su or- ganización se adecúe á bases que ciertamente no coartan ni un modo de manejo de los fondos de empréstitos de que podrían gozar como asociaciones libres y privadas.
Alejada de estas Cámaras la política, y dedicadas pura y exclusivamente á velar por los intereses locales y generales del comercio, de la industria y de la navegación, y de encu- rar su acción en el sentido crear nuevos ramos de producción y de tráfico, á uniformar las normas y prácticas mercantiles á ilus- trar con su consejo á las autoridades y al Gobierno, á pro- mover y dirigir exposiciones que señalen el camino de las reformas y progresos convenientes; en una palabra á poner