Industria é invenciones (1886-08-07 00:00:00), página 10

ocupada produce la obra para cuya ejecución se hace la expropiación de esta parte. Las ocupaciones temporales, que causan daño a la propiedad mientras daños que la expropian, son como ella necesarias para la ejecución de los trabajos, no estaban suficientemente autorizadas, y antes por el contrario, aparecen entorpecidas por las disposiciones del mencionado reglamento hasta el punto de haber sido forzoso apelar en los "voceros" de la época a expresiones auténticas, que sin esto bien hubieran podido tenerse como derogadas, para vencer grandes obstáculos opuestos al legítimo interés de las obras en construcción. Las Reales órdenes de 19 de Septiembre de 1843 y 1º de Marzo de 1845, que no podían considerarse envenenadas por el reglamento de 1838, fueron sin embargo invocadas y aplicadas muchas veces.

Aunque el reglamento estaba aprobado por un Real decreto, una simple Real orden de 6 de Marzo de 1854 lo derogó o modificó radicalmente, en cuanto a la extracción de materiales, en el pliego de condiciones generales del 10 de Julio de 1861 estableció también reglas contrarias a las que aquél contenía, aunque sin derogarlas expresamente, dándose con esto inevitable ocasión a graves y numerosos conflictos.

Por otro lado, si atendiendo al texto de la ley de la Real orden de 8 de Agosto de 1860 se admitía que sólo era expropiable el fallo de los Tribunales, si se hubiera seguido las formas prescritas, bien pronto los abusos hicieron dictar la de 30 de Julio de 1863, en la que, sentándose por vez primera la buena doctrina, por más que no se ajustase a lo legislado, se reconoció que dicho fallo era respecto del fondo inmobiliario ante los Tribunales de lo Civil, en Real orden de 27 de Marzo de 1866 se establecían límites á la apreciación que podrá hacer el perito tercero. Finalmente, en el Real decreto de 14 de Julio de 1854 se admitía, aunque sólo para un determinado objeto, el racionamiento principal de la compensación de los daños con los productos de la parte del terreno que se expropia, y el reglamento, hubo un caso en que no pudo menos de reconocerse que en la expropiación podían vulnerarse y debían indemnizarse otros derechos que los del propietario.

Lo dicho, y muchas otras cosas pudieran agregarsele, es acabado de decir de la deficiencia de que adolecía aquella ley y el reglamento dictado para su ejecución.

A consecuencia de lo preceptuado en la Constitución de 1869, se dictó el decreto de 12 de Agosto del mismo año, confiando á las Autoridades judiciales la competencia para conocer de los expedientes de expropiación en el período de 60 días desde la parte Rendición tributo á los mismos principios; pero la medida no produjo efecto, porque ni se reformaba la legislación y procedimiento que tantas dificultades había suscitado, ni se dejaba á los Jueces moverse en su propia esfera, pues se les subía á las mismas reglas y trámites que se daban á los demás órganos, y así se dictó el Real decreto de 1863. Falta la esencia del procedimiento ante los Tribunales; el libre debate judicial y la amplia admisión y apreciación de las pruebas, sin que esta deficiencia pudiese ser suplida en segunda instancia, á pesar de que por Real orden de 3 de Julio de 1872 se declaró que el fallo de los Jueces no era ejecutivo.

No es, pues, de extrañar que apenas publicada la Constitución vigente (en cuyo art. 10 no se hace mención expresa de la Autoridad judicial) todas las que en recta interpretación deben derivarse de la misma (de ahí que se dicte el Real decreto de 3 de Febrero de 1877, derogando el de 12 de Agosto de 1869 y restableciendo la legislación anterior.

Los defectos que la experiencia había señalado en la legalidad restablecida, y la incertidumbre que producían tantos contradictorios castos por la jurisprudencia resuelto, á tenor de lo cursado y aún contrarias disposiciones, exigían pronto y eficaz remedio.

Para aplicarlo se promulgó la ley de 10 de Enero de 1879 y el reglamento de 13 de Junio de aquel año, que hoy rigen, y á los cuales sería injusto negarles el mérito de haber introducido en orden administrativo, lo que en el régimen anterior se hallaba en el ámbito de la Administración. Si se admite el principio en que se fundan aquellas disposiciones, y la materia se considera como de la exclusiva competencia de la Administración, no puede negarse el gran adelanto que la nueva ley representa. Más completa que la de 1860, dando mayor importancia á la tasación, fija el régimen de la expropiación y de la tasación y para determinar la finca expropiable antes de proceder á la tasación facilitando los convenios, reduciendo las funciones de los peritos á sus verdaderos límites, si bien estimando obligatoria su concurrencia y confiando á la Autoridad, á los tribunales, á fijar definitivamente el valor de lo expropiado, si bien con la garantía del recurso contencioso, ha mejorado considerablemente el procedimiento y evitado las anteriores dudas y contradicciones.

Una gran ventaja ha producido la innovación quizá más trascendental que la de la ley vigente. La de 1836 y todas sus disposiciones complementarias no permitían la ocupación de las fincas sin el pago previo á la ocupación. Tan sólo un vago precepto de la Real orden de 16 de Febrero de 1869 consentía, con infracción de la ley y reglamento, en algunos casos y ante la oposición fundada del propietario, la ocupación después de la consignación de la cantidad fijada por el tercero.

Fuera de los casos á que esta Real orden se refiere, daba lugar la ley y el reglamento á que, no pudiéndose ni debiéndose carecer en el procedimiento los medios de defensa al propietario y al expropiante, la mala fe ó la avaricia de ambos ó de uno de ellos prolongara así el expediente indefinidamente, ó siquiera por más tiempo que el preciso, y esto con grave perjuicio para el público. La ley de 1879 hizo frente á este malentendido. Despide el momento en que se consignan las aportaciones del propietario por la expropiación hecha su perito, se puede, depositando esa cantidad, ocupar la finca y proceder á la ejecución de las obras. Lástima que un error o una equivocación hayan alentado con una notoria injusticia el riesgo residenciado en la consignación para tal caso al propietario, no la renta que debía producirse el terreno, pagado ó en su equivalencia, el interés de la suma que en definitiva llegó á estimarse como justo precio, sino el interés producido por toda la cantidad consignada. Esto constituye un temor á la moralidad estímulo para exagerar la valoración parcial y prolongar así el expediente, levantando obstáculos de todas clases á su pronto término.

A pesar de las ventajas obtenidas por la ley de 1879, es conveniente y aun necesaria su reforma, como lo demuestra la experiencia de cada día y lo reclama la opinión pública, que se muestra general al que se halle justamente ponderados los derechos individuales del dueño y el interés social no menos legítimo cuando tiene como fundamento la necesidad ó siquiera la utilidad común.

Para satisfacer estos altos fines ha redactado el Ministro que se encarga el proyecto de ley que tiene el honor de someter á la deliberación de las Cortes.

Recogiendo los adelantos realizados en los Estados de Europa en los últimos 20 años sobre esta importante rama del derecho moderno, para plantear en España aquellos que se acercan al modo de ser de nuestra propiedad privada y de organización, en este sentido se ha dado á las necesidades del Poder; sin perder un solo momento se falsa la experiencia, y con la atención siempre fija en las dificultades observadas hasta ahora, para no dejarse arrastrar por las exigenencias de un individualismo obstinado e incompatible con las necesidades del desarrollo del hombre, se ha querido seducir por las magnificencias que un socialismo burocrático ha logrado realizar en algunas de las grandes capitales de Europa, el Ministro de Fomento ha condensado en este proyecto la forma en su opinión más adecuada para resolver la cuestión de acierto, y al amparo de la justicia, los riesgos conflictivos que surgen entre el interés individual y la utilidad colectiva.

No aspira á presentar á las Cortes una obra acabada y perfecta; pero la deficiencia de que adolezca ha de ser ciertamente superada por la intervención de los altos cuerpos á cuyo examen y discusión queda el proyecto sometido.

En él se comienza consagrando una vez más la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo el caso en que exija su trasformación la necesidad ó la utilidad común.

Se fija el concepto de esta utilidad, declarando que no es percibible por las autoridades públicas que no lo prescriban el Estatuto, sino también á las que puedan afectar directamente á la Provincia ó al Municipio, y aun á las que son construidas con el capital privado cuando se realice con su ejecución un servicio ó beneficio de interés público.

El Principio que se establece, puede ser más amplio: todas las obras, ya urbanas, ya rurales, aun aquellas que se construyan por necesidades de carácter industrial, como las de la minería, pueden ser objeto de la mencionada declaración, si real y efectivamente la obra proyectada ha de producir un beneficio público, útil para el público.

Esta utilidad ha de ser declarada por la máxima representación del Estado, de la Provincia ó del Municipio á quienes interese la ejecución de la obra que ha de satisfacerla. Así lo exige el principio desarmador que informa nuestra actual organización provincial y municipal, y que, por otra parte, nula es la autoridad de los particulares para disminuir los recursos que é n el proyecto se establecen para que la Administración central pueda corregir la lesión abusiva que por la declaración de una supuesta utilidad común trate de infundirse al legítimo interés privado.

El artículo adiciona una declaración para que el ciudadano pueda ser obligado á trasformar su fortuna. Será también indispensable que se haya declarado, después de oírle, la necesidad de su inmueble para la ejecución de la obra, y que antes de expropiarle se le haya entregado, ó siquiera puesto á su disposición el coste de que se le priva y de los perjuicios que por este se le causen.

Para hacer constar la primera de estas circunstancias, el proyecto establece á favor de la propiedad particular cuantas precauciones una prudente previsión puede aconsejar. Al respecto se podrá de manifestar el proyecto y planes de la obra, se le concederá un término para que después de haberlos examinado puedan alegar cuanto resulte suficiente para demostrar que la obra puede ejecutarse sin necesidad de que se le prive de su inmueble; á la comprobación del replano que se ordena podrá asistir, haciendo en el acto cuantas observaciones considere á su interés.

Y sólo después de todo esto reservará el Gobernador como representante de la Administración central, único competente en todo caso para hacer esta declaración, sobre la ne-