Industria é invenciones (1884-08-30 00:00:00), página 5

sin resultado aceptable el que se verificó el 27 de Octubre del mismo año. Por otra parte, el fundado temor de con- fiar á la industria privada tan poderoso medio de seguri- dad y de gobierno, así como entregarse á la gestión parti- cular el monopolio del servicio que bien explotado por la Administración habrá de ser una renta más para el Tesoro, y principalmente el informe que el Consejo de Estado en pleno emitió en su razonado dictámen de 16 de Mayo de 1883 afirmando que, dada la índole de este servi- cio y su analogía con el telegráfico, acaso hubiera conveni- do que la Administración lo plantearse por su cuenta, y que solo debe admitirse la concesión á particulares en el caso de que el estado del Tesoro no constituyese otro medio, y por fin, la urgencia con que el público y los intereses generales del país reclaman el uso de este portentoso medio de co- municación, deciden al Ministro que suscribe á proponer á V. M. el inmediato planteoamiento de este servicio por cuenta del Estado, sin lesionar derechos adquiridos, ni prohibir al interés individual la construcción de algunas pequeñas líneas particulares donde no llega la red del Estado.

Casi todas las Administraciones de Europa, aun aque- llas que se rigen por leyes más liberales y autonómicas, como la República Helvética, por ejemplo, han creído preferible que el Estado se encargue de establecer y ex- plotar la telefonía pública, y las naciones en que se ha entregado el servicio parcial ó totalmente á Empresas particulares, reconocen hoy su error y procuran recupe- rar sus derechos aun á costa de grandes sacrificios.

La pequeña red oficial establecida en Madrid por la Di- rección general de Correos y Telégrafos para enlazar las principales oficinas del Estado, llevada á cabo sin más re- curso que los exiguos que han podido facilitar las mis- mas dependencias y la buena voluntad del Cuerpo de Te- légrafos, funciona con la mayor regularidad y precisión. En Barcelona, por el contrario, donde se ha autorizado con arreglo al expresado decreto de 16 de Agosto de 1882 la instalación de gran número de líneas particulares, existe ya entre ellas tal desorden y confusión, que las Autoridades de aquella localidad vienen desde hace al- gun tiempo informando que consideran peligroso que se continúe concediendo tales permisos; y á mismo tiempo el comercio y el público demandan por la intervención del Es- tado que se les fije un régimen regulador del servicio.

En vista de lo dicho hecha la Dirección general encu- mendó á la Junta consultiva de Telégrafos que volviera á ocuparse del asunto; y habiéndolo hecho detenidamente, esta Corporación opina que la explotación de la telefonía por el Estado, no sólo es ventajosa bajo el punto de vista de la seguridad y conveniencia públicas, sino que puede realizarse sin sacrificio alguno por parte del Tesoro y lle- gar á ser un nuevo recurso de ingresos; pues aun reduciendo algo las cuotas de suscripción, relativamente á las que se exigen en otras naciones, se pueden cubrir con exceso los gastos de instalación y explotación, y alcanzar al segundo año una renta considerable comparada con el gasto que el servicio exige.

Sólo una pequeña dificultad ofrece para realizarlo en la forma que se expresa, y es, á saber: que como las cuotas de suscripción, según lo que previene la ley general de Contabilidad, deben ingresar en el Tesoro, no es posible aplicarlas directamente á los gastos de material y perso- nal que debe prever el cobro de aquellas. Pero queda obviada esta dificultad proveyéndolo el Ministro de Hacien- da á éste de la Gobernación de las cantidades necesarias al efecto en la forma que preceptúa la ley de 25 de Junio de 1880.

El crédito supletorio necesario para este fin no resulta ser otra cosa más que un anticipo de fondos reintegra- ble á corto plazo y con seguro beneficio para la Adminis- tración por medio de las cuotas que los abonados deben satisfacer.

Apoyado en estas consideraciones, el Ministro que sus-cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 9 de Agosto de 1884.—Señor: A. L. R. P. de Vuestra Majestad.—Francisco Romero y Robledo.

REAL DECRETO.

Atendiendo á lo propuesto por el Ministro de la Gober- nación, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en declarar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de la Gobernación para establecer y explotar el servicio telefónico en las pobla- ciones que se crea conveniente, valiéndose para ello de los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos.

Art. 2.º Para el establecimiento de una red telefónica precederá un estudio en el que se determinen las estacio- nes centrales y las líneas que hayan de unirlas. Estas cen- trales serán para servicio del público y para establecer la comunicación entre las estaciones que se concedan á los particulares en la forma que preceptúe el reglamento de este servicio.

Art. 3.º Se concederán estaciones telefónicas á los Ayuntamientos que no la tengan telegráfica, pero á con- dición de que comuniquen directamente con una de las estaciones telefónicas ó telegráficas del Estado. Estas es- taciones municipales percibirán una tasa por cada te- légrafo, que se fijará en cada caso, la cual no dispensará del pago de la que corresponda al Estado cuando estos telégrafos hayan de continuar su curso por las líneas telegráficas.

Art. 4.º Las corporaciones y particulares que deseen tener una o más estaciones telefónicas dentro de la red del Estado deberán solicitarlo de la Dirección general de Corre- os y Telégrafos en la forma que prevega el reglamento.

Art. 5.º El Ministro de la Gobernación se reserva el derecho de negar la concesión de líneas ó estaciones cuando las considere perjudiciales á los intereses públi- cos ó á la seguridad del Estado.

Art. 6.º Solamente podrán concederse autorizaciones para establecer líneas telefónicas particulares en las poblaciones donde no exista red telefónica del Estado, mientras éste no las construya, á condición de que tales líneas sean para unir dependencias de un mismo dueño, y reservándose el Gobierno el derecho de intervenirlas.

Si las dependencias que se pretendan unir telefónica- mente correspondieran á diferentes términos municipa- les, se incoará el oportuno expediente, que se someterá á la superior aprobación del Gobierno, quien otorgará ó negará la concesión según lo que resulte.

Art. 7.º El Gobierno se reserva el derecho de suspender el servicio de una estación, de una línea, de una red de parte de ella, y de suprimir las comunicaciones que crezcan excesivamente por razones de seguridad ó de orden público, por falta de pago en las cuotas ó por hacer uso indebido del teléfono.

Art. 8.º Queda prohibido trasmitir, por las líneas tele- fónicas, noticias contrarias á la seguridad del Estado, al orden público, á las leyes y á la moral.

Art. 9.º El que estableciese alguna línea telefónica ó transmitiese comunicaciones por medio de aparatos ó má- quinas de cualquier clase sin estar debidamente autori- zado para ello, incurrirá en la pena que determine la le- gislación penal vigente.

Art. 10. La Administración adoptará las disposiciones convenientes para el mejor desempeño del servicio tele- fónico, pero no acepta responsabilidad alguna por este concepto.

Art. 11. Los particulares á quienes el Gobierno haya hecho concesiones para establecimiento de líneas del uso privado y los abonados á las redes telefónicas del Es- tado quedará obligados á estar á pasar por las varia- ciones que para la mejor organización de este servicio pue- dan introducirse en lo sucesivo con respecto á lo que se establece en el presente decreto.

Art. 12. Los concesionarios de las actuales líneas te- léfonicas serán invitados á unir sus estaciones á la red general que se establezca, ingresando como abonados en la forma que marque el reglamento. Los que no acepten esta invitación y deseen continuar sirviéndose del te- léfono en la forma que actualmente lo hacen, quedan sujetos á la inspección que les impuso el reglamento de 25 de Septiembre de 1882 y con arreglo al cual obtuvieron dicha concesión.

Art. 13. El importe de las cuotas de los abonados, así como el valor de los despachos, conferencias y demás servicio, se satisfará precisamente en sellos de Correos y Telégrafos.

Art. 14. Queda derogado el decreto de 16 de Agosto de 1882 relativo á este servicio y cualquiera otra disposi- ción que se oponga á la presente, declarándose caduca- das las concesiones hechas en virtud de aquél que no estén ya en disposición de funcionar á la publicación de este decreto.