Industria é invenciones (1884-09-06 00:00:00), página 6

lidad, sin perjuicio de conservar la copia por escrito en la forma que se haya recibido del telégrafo á disposición del interesado durante 48 horas.

El servicio telegráfico que se menciona se efectuará por cuenta y riesgo de los abonados sin responsabilidad alguna para la administración.

También podrán los abonados expedir despachos por teléfono desde su domicilio á la estación central ó sucursales para ser conducidos á otro domicilio particular dentro del radio de la red urbana, en cuyo caso devengarán estos despachos una tasa de 25 céntimos por copia y conducción, no excediendo de 30 palabras, con el aumento de otro tanto por cada 30 palabras más ó fracción de ellas.

Art. 42. La Administración entregará á cada abonado, y pondrá á disposición del público en todas las estaciones telefónicas, una lista completa de todos los abonados de la red y de las redes que puedan estar en comunicación directa con su hijo por hilos telefónicos especiales.

Estas listas se publicarán mensualmente.

Aviso de policía é incendios.

Art. 43. Todo abonado, cualquiera que sea el servicio que hubiera elegido, puede pedir en caso de urgencia á la estación central, y á cualquier hora del día ó de la noche, el auxilio de la policía ó servicio de incendios, cuyo aviso se comunicará inmediatamente á la dependencia respectiva.

La forma de estos avisos será la siguiente: Policía, ur- gente, ó Incendio, urgente.

Las estaciones centrales ó de servicio público recibirán y trasmitirán gratis dichos avisos y las órdenes referentes al mismo asunto cuando sean suscritas por los agentes de la Autoridad. También podrán estos hacer uso de la estación de un abonado cualquiera para este servicio, previo su consentimiento.

Art. 14. La Administración cuidará de la conservación de las líneas y estaciones de los abonados; pero esto se- rán responsables de los desperfectos que sufran los aparatos por causas accidentales que no puedan atribuirse al uso racional de los mismos.

(Marcar, dibujos y modelos industriales en Ultramar.)

La Gazeta del 28 de Agosto ha venido á llenar un vacío que dificultaba en gran manera nuestras relaciones industriales y comerciales con las provincias ultramarinas y el desarrollo del comercio y de la industria en las pro- vincias mismas. Faltaba en Ultramar, como falta en la Península, ó mejor faltaba en España, pues no compren- demos que en esta materia deba haber legislación dis- tinta para la Península y las posesiones ultramarinas, una buena ley sobre marcas de fábrica y de comercio, que viniese á derogar el sin número de reales decretos por que se ha de regir la concesión de los certificados de marcas y faltaba una ley que garantizase la propiedad de los dibujos y modelos industriales.

En materia de marcas rige en la Península el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 y algunos otros que se dictaron más tarde á medida que lo reclamaban las di- ficultades prácticas. Para uniformar las disposiciones que regían en la concesión de las marcas, se presentó un proyecto de ley al Congreso, y éste después de aprobado lo remitió al Senado con fecha 16 de Junio de 1877, de donde no ha salido todavía, á pesar de que su aprobación era una necesidad para el comercio y la industria patrias. Más tarde se publicaron el Real decreto de 8 de Marzo de 1880 y la Real orden de 31 de Marzo de 1882 relativas á las marcas de Ultramar y con fecha 1.º de Febrero de 1883 se presentó á las Cortes por el Ministro de Ultramar un proyecto de ley sobre propiedad de marcas de fábrica de comercio, de agricultura, de ganadería y de dibujos y modelos industriales, que también fue aprobado por las Cortes y remitido al Senado, que no ha llegado á discu- tirlo. Era la primera vez que se trataba de legislar sobre dibujos y modelos industriales, y eso que España viene obligada á garantizar la propiedad de los que proceden de las naciones con quienes tiene tratados establecidos. El Real decreto de 21 de Agosto del corriente año, es este mismo proyecto con muy ligeras variaciones, y en él se da mucha más latitud á la palabra marca que en el pro- yecto de ley de 1877, no se exige el documento que acre- dite la calidad de fabricantes, impuesto por la Real orden de 30 de Noviembre de 1865, fija tan solo en 15 años la vida de una marca, que hasta ahora no estaba limitada por disposición ninguna, señala los procedimientos que han de seguir los de la Península para registrar sus mar- cas en Ultramar y viceversa y fija el plazo de 90 días para que todos los comerciantes, fabricantes, agricultores ó industriales que las vengan disfrutando legalmente, pre- senten dos ejemplares de sus respectivos diseños en las Reales Sociedades Económicas bajo la multa de 15 á 45 pesos y pena de caducidad.

De modo que en Ultramar tenemos una ley que garan- tiza la propiedad de los dibujos y modelos industriales y en la Península no, y además la ley de marcas es mucho más amplia, más favorable para el industrial y fija mejor sus derechos.

En cambio no fija plazo ninguno á los fabricantes de la Península para registrar sus marcas, dibujos ó modelos industriales en Ultramar, hallándose por lo tanto con re- lacion á nuestras provincias hermanas en peores condi- ciones que con el extranjero, pues por el convenio para la protección de la propiedad industrial se concede á los españoles tres meses para registrar sus marcas y modelos en el extranjero y un mes más para los países de Ultramar: por lo tanto, obrando con verdadera justicia, debería re- servarse á los de la Península sus derechos durante cuatro meses. También se da la circunstancia de que estos no pueden presentar sus marcas en el Ministerio de Ultramar (no hablamos de dibujos ni modelos porque eso no es po- sible de ningún modo) hasta que ha obtenido el correspon- diente certificado en España y como que las descripciones de las marcas se publican en la Gazeta y el expediente es largo, podría suceder muy bien que mientras se tra- mita en España, se presentase en Ultramar una solicitud de registro de la misma marca, y en rigor correspondería á este último el derecho en contra del peninsular.

No comprendemos que á los de la península que quie- ran garantizar sus derechos en Ultramar, se les exija un testimonio legalizado del título de propiedad, pues parece que deberá bastar un certificado expedido por la admini- stración misma, sin que tuviese que meterse en este asunto ningun notario.

Nada se habla tampoco de títulos duplicados; sucede con muchísima frecuencia que los títulos originales se destruyen por incendio ó extravíos y no hay en España medio de reponerlo. Lo más natural es que el Gobierno expida todos cuantos títulos se soliciten como copias del original, haciendo pagar una cuota por cada título.

De todos modos, splaudimos al Ministro de Ultramar que ha sabido dar á sus provincias una legislación com- pleta sobre marcas, y mucho más porque garantiza la propiedad de los dibujos y modelos industriales. Falta ahora que el Ministro de Fomento presente un Real de- creto análogo para la Península é islas adyacentes, en