La Gaceta industrial (1889-06-10 00:00:00), página 12

gresos y en el Senado, y, por último, retirado en 20 de Mayo de 1877, presentando el Gobierno un nuevo proyecto de ley.

En el mismo año formó la Comisión hidrológica otro proyecto distinto, presentándose al Senado en 25 de Mayo de 1879 y al Congreso en 22 de Enero de 1881, y fue ley en 10 de Abril de 1882. ¡A LOS TREINTA Y SIETE AÑOS DE EMPEZAR A LEGISLAR SOBRE EL ASUNTO! ¿Qué mar de fondo causaba tal marejada, cuando una nación tan poderosa como la Francia tropieza con tales obstáculos? Pronto lo veremos después de consignar los principales datos en que nos habremos de fundar para hallar muy natural cuanto ha ocurrido.

Según los preciosos datos que nos suministra la Memoria del Sr. Piccioli, el coste de las obras de repoblación ó encrespamiento ejecutadas por cuenta del Estado, ha sido por hectárea: 317 francos en los Alpes; 490 en Cevennes y mesa central, y de 216 en los Pirineos.

Los ejecutados por el Estado en propiedad particular costó por término medio y hectárea 408 francos, y los voluntarios salieron á los particulares á 423 francos hectárea, advirtiendo que casi la mitad fué por subvención. Ya está explicado todo.

Si las circunstancias obligan á un país á dictar una ley brutal por necesidad, podrá hacerse cumplir á fuerza de constancia y sin reparar en los sacrificios que impone; pero un particular no está en este caso, y con sobradísima razón se sublevará contra toda disposición que le imponga sacrificios hasta el punto de hacerle titular entre conservar ó no la propiedad de su finca. Verdaderamente que los grandes males exigen grandes remedios; pero tales pueden ser éstos, que casi se igualen en sus efectos con aquéllos por las perturbaciones que acarrean; en cuyo caso, la oposición más formidable será la consecuencia inmediata de toda disposición que vaya acompañada de grandes alteraciones en la vida normal de los pueblos. La facilidad en la propagación de todo procedimiento encaminado á remediar cualquier fatal contingencia, está en armonía con la relación que exista entre el daño probable y el sacrificio que impone la aplicación de tal remedio. Un pararrayos, supongamos, que costara, por ejemplo, 500 pesetas. Si se trata de una finca que ha costado 40.000, y el dueño, atendiendo á lo mucho que salva y á lo poco que relativamente le cuesta el remedio, lo aplica sin vacilar. Se trata, por el contrario, de un barranco que ha costado 400 pesetas; y si obligamos al dueño á que pierda su finca si no establece el pararrayo, lo probable será que, víctima de tan ínfimo despojo, se resigne á perderla, porque si tiene disponibles las 300 pesetas, las empleará con ventaja en otra finca mejor.

El antidoto preventivo de la viruela, ó sea la vacunación, es bien sencillo, y, sin embargo, duele el ver pinchar á un hijo; pero como se tiene en cuenta el peligro que evita y lo tolerable del remedio, se resigna uno á llevar á su hijo á que le pinchen. Figúrenmos por un momento que la operación de la vacuna consistiera en desollar la espalda al niño: por más que la operación se practicara á la perfección, no existiendo el menor peligro de muerte, ¿se vacunaría con la profusión que se hace? Tal vez así se consiguiera á fuerza del mayor rigor y de dádivas, considerándolo como de utilidad pública; pero ¿cuál serían las consecuencias de la aplicación de esa brutal ley por necesidad? La lucha más horrorosa entre los agentes de la autoridad y las madres, las que, sordas á las prudentes admoniciones de aquéllos, sólo tendrían ante su vista el horroroso espectáculo de la espalda de sus hijos en carne viva. Esas mismas madres, que con tal desesperación defenderían á sus hijos del escalpelo oficial, resig-

nadas, aunque aterradas por el dolor, entregan sus hijos al médico para que los desuelle con la aplicación de una cantarida, porque, en este caso, la amenaza de muerte por los efectos del mal hace que el mismo desuello sea relativamente mucho menos repugnante que si se tratará de aplicarlo á la vacunación, la que á su vez evita hasta la muerte, pero de un modo menos tangible y próximo. Pues bien: todos sabemos cuántos años ha costado el que se generalice la vacunación, y todavía hay que recurrir á imponerla á posar de su sencillez y de su baratura, pues se vacuna gratis á los pobres; pero ¿qué sería si en vez de la sencillísima operación consistiera en el citado desuello? No hay que molestarle mucho buscando tal cuadro, porque le tenemos bien á la vista con la pretendida aplicación de la repoblación de montes para librar á las naciones de las avenidas. Hay que desollar á unos propietarios para beneficiar á otros, porque desuello es el despojar á un dueño de su finca si no gasta en repoblarla más de lo que vale; lo cual no es exagerado, porque cualquiera que anuncie la compra de yermos pagándolos á más de 100 pesetas la hectárea, pronto conseguirá vaciar sus arcas, por muy repletas que se hallen. Si es de la mayor urgencia el librar al país de las avenidas, no es menos urgente el librar á los propietarios de las actuales leyes encaminadas á remediar aquéllas.

Ahora nos explicamos perfectamente por qué una nación como la Francia, que cuenta con tantos elementos de todo género, haya pasado tantos años sin poderse entender con los propietarios, sino recurriendo al medio más extremo, que consiste en dar al asunto el carácter de obligatorio, pretextando la utilidad pública, aun á costa de dejar tan mal parado el derecho de propiedad. Comprendemos igualmente las amarguras que habrá pasado el Gobierno francés, acosado de una parte por las continuas lamentaciones de las víctimas de las inundaciones, y de otra, encontrándose con las manos atadas al considerar el violentísimo remedio que los hombres de ciencia ponían á su disposición para evitar tan mañas desdichas; viéndose, para emplearlo, en la triste necesidad de atropellar al propietario y causar enormes dispensados que la nación no podía soportar á medida de las exigencias. ¿Y todo para qué? Para entrar en un ruinoso y largísimo período, sin esperanza siquiera de verse libres por completo de los estragos de las avenidas, según van atestiguando los hechos con tan elocuentes pruebas. ¿Puede verse nada más inquisitorial que mezclarse el Estado hasta en la administración de las fincas particulares? Por lo visto ya estamos entrando de lleno en el antiguo tiempo de las manos muerlas, en razón á que, como la mayor parte de los propietarios han de preferir por necesidad perder su finca o ponerla en las condiciones que le impone el Estado, éste tiene que irse haciendo dueño del territorio; luego ya tenemos las manos muerlas en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Puede verse nada más despótico que reglamentar y hasta prohibir el pastoreo en los yermos, cuando en la generalidad de los casos es el único fruto que da? Ya sabemos que vale más un terreno bien poblado de monte ó encrespado, que un yermo pobre; pero si el dueño de este último con él vive, y no está en disposición ni de privarse de lo que producen los pastos ni de soportar los enormes gastos de la mejora, es horrible el despojarle de su finca por la sola y única razón de no ser más rico para efectuar lo que el Estado le impone, pretextando la utilidad pública. Si para hacer más llevadero el despojo se piensa en la justa indemnización, no hay nación, por desahogada que se encuentre, capaz de soportar tan enorme carga.

La causa única que motiva la difícilísima situación de las