La Gaceta industrial (1887-08-25 00:00:00), página 1

PROPIEDAD INDUSTRIAL (1).

Ofrecimos en el número anterior decir algo de la Memoria que sobre la Unión internacional para la protección de dicha propiedad y el Boletín del Ministerio de Fomento ha publicado el Director de este último, D. Luis Mariano de Larra, y vamos á cumplir nuestra promesa exponiendo sencillamente las observaciones que su lectura nos ha sugerido, y consignando de paso que no hemos encontrado quien satisfaciera nuestra curiosidad por saber si la citada Memoria tiene carácter oficial, y ha sido publicada por cuenta y orden del Ministerio de Fomento.

Desvanecer los errores cometidos por la mayor parte de los que se han ocupado de La Unión internacional y del Boletín de la propiedad industrial, es el objeto que se ha propuesto el autor de la Memoria; y al efecto, reprodujo el texto del Convenio firmado en París el 20 de Marzo de 1883, que conocen ya nuestros lectores (2), haciendo á seguida algunas observaciones sobre lo que es y lo que significa dicho Convenio, los compromisos legales y morales contraídos por las naciones convenidas, «y muy particularmente lo que á España se refiere.»

Empieza el Sr. Larra su tarea declarándose partidario de un Código general y único de la propiedad industrial; y después de afirmar que la industria moderna es cosmopolita y no reconoce fronteras ni distancias, pregunta: «¿Por qué han de encerrarse egoístamente en ellas las leyes que tienden á amparar y proteger su propiedad legítima?» Dejando á un lado por el momento la cuestión del Código general y único, «que no es obra de un día ni de una nación,» como dice muy bien el Sr. Larra, trataremos de contestar á su pregunta examinando algunas de las disposiciones del Convenio, de las cuales resulta, á nuestro juicio, que en este, como en otros asuntos internacionales, el pez grande se come al chico.

En los varios artículos que hemos dedicado al citado documento, hemos tratado de demostrar los inconvenientes ó desventajas que ofrecen y esta ocasionando á nuestra atrasada industria algunas de las disposiciones convenidas; y como no es cosa de repetir aquí lo que más extensamente hemos dicho antes de ahora, nos limitaremos á recordar algo de lo expuesto respecto al art. 5.º del Convenio y á la disposición 5.a del Protocolo final.

Dice el art. 5.º: «La introducción por el privilegiado en el país en donde se ha expedido la patente, de objetos fabricados en uno u otro de los estados de la Unión, no llevará consigo la caducidad.»

¿Se ha hecho cargo el Sr. Larra de todo el alcance de este artículo? Por si así no fuera, nos permitimos hacerle observar que significa sencillamente que un fabricante extranjero, perteneciente á uno de los países de la Unión, puede monopolizar en España la fabricación y venta de su objeto privilegiado, SIN NECESIDAD DE FABRICARLO EN NUESTRO PAÍS. Y ¿es ese el espíritu de nuestra ley, ni de ninguna otra de patentes de invención? Todo lo contrario: la base, el fundamento, el verdadero objeto de una ley de patentes es, ante todo y sobre todo, facilitar el establecimiento de nuevas industrias en el país, y por eso la nuestra, como todas, la primera condición que exige para conceder una patente es que el producto ó objeto privilegiado se fabrique en el país, y no se concibe que pueda ser de otra manera.

Pues bien; el artículo del Convenio que estamos examinando mina por su base el fundamento de nuestra ley de patentes, contribuyendo á impedir el establecimiento de nuevas industrias en el país, y ofreciendo facilidades para que el pez grande se coma al chico, según hemos dicho antes, y vamos ahora á demostrar por medio de un ejemplo.

Supongamos que un industrial belga ó inglés tiene patente en su país para fabricar un objeto cualquiera, una bomba ó lo que sea, y veamos la situación del mismo antes y después del Convenio. Antes, para tener la exclusiva en España, tenía que fabricar aquí sus bombas privilegiadas, creando con ello una nueva industria en el país; ahora, después del Convenio, no necesita ese requisito: de manera que no sólo ha dejado de crear una nueva industria en el país, sino que ha hecho muy difícil ó imposible que la nueva industria llegue á crearse, pues al industrial extranjero de un país mucho más adelantado en industria que el nuestro, le tiene más cuenta fabricar en su propio país, donde cuenta con más y mejores elementos, y casi siempre con un gran talier para fabricar el objeto privilegiado en las mejores condiciones. Y no se diga que el mismo derecho ó privilegio que el fabricante inglés ó belga en España tiene el industrial español en Inglaterra y Bélgica, porque eso sería una verdadera patotcha que sólo probaría la supina ignorancia de quien tal dijera, respecto al estado de la industria en los diversos países.

Vea, pues, el Sr. Larra cómo puede ser conveniente, y lo es en el caso presente, encerrarse egoístamente dentro de las fronteras de un país las leyes que tienden á amparar y proteger su propiedad legítima. Y tan bien como nosotros debe saber dicho señor, que no es sólo nuestro país, que, en materia de industria, apenas se llama Pedro, como se dice vulgarmente, el que resulta perjudicado con el artículo del Convenio que nos ocupa, sino que se cree en el mismo caso una nación tan adelantada como Francia, cuyo delegado en la Conferencia internacional de Roma llevaba la misión de combatir dicho artículo que, según nuestras noticias, defendió á capa y espada el delegado belga. Y esto debe saberlo mejor que nosotros el Sr. Larra, que fué el delegado español en la citada Conferencia.

En obsequio á la brevedad, suprimimos lo mucho que podríamos decir todavía sobre este artículo, y diremos también muy pocas palabras respecto á la disposición 4.a del protocolo final, que dice así:

«4.a El parágrafo 4.a del art. 6.º (1) debe entenderse en el sentido de que ninguna marca de fábrica ó de comercio pueda ser excluida de la protección en uno de los estados de la Unión por el solo hecho de que no satisfaga, bajo el punto de vista de los signos que la componen, á las condiciones de la legislación de este estado, con tal que satisfaga, sobre este punto, á la legislación del país de origen, y haya sido en este último país objeto de un depósito regular.»

Lo cual quiere decir que un extranjero puede obtener en España una marca de fábrica ó de comercio que se niega á un español, cuando los signos que la componen no satisfagan á las condiciones de la legislación de nuestro país.

Y no se trata de un caso que puede ocurrir, sino que los

(1) Escripto fuera de Madrid, no pudo publicarse este artículo en el número anterior, y lo damos en el presente, á pesar de haberse resuelto durante este intervalo una de las principales cuestiones en el tratado, con la creación de una Dirección especial de Patentes, Marcas e Industria, por el Real decreto de 30 de Julio, que insertamos en otro lugar de este número.—A.

(2) Véase el núm. 18 (pág. 278) de 1884.