La Gaceta industrial (1886-07-10 00:00:00), página 2

el Sr. Lastres sobre esta cuestión importantísima, nos limitaremos á copiar los dos párrafos en que describe perfectamente lo que ocurre sobre el particular en Francia y en España.

«El industrial de la vecina República lleva su marca al tribunal de comercio, que está obligado á recibirlas todas, incluso las que contengan dibujos contrarios á la moral, sin resolver nada por anticipado, limitándose á exigir los documentos necesarios. Si se deposita una marca inmoral ó un dibujo prohibido, el greffier del tribunal de comercio da cuenta al procurador de la República para que deduzca la acción correspondiente contra la persona responsable. Si el asunto afecta sólo al interés privado, ya cuidará el particular, á quien se cause agravio, de acudir á los tribunales para impedir que prospere lo que sea contrario á sus derechos. De ese modo la Administración, cuando se encuentra en medio de intereses que luchan frente á un conflicto de ley, no prejuzga nada; entrega el problema íntegro á los tribunales, sirviendo el depósito únicamente para determinar la prioridad, que la justicia aprecia en el momento oportuno, á cuyo fin se hace constar la hora y hasta el minuto en que tiene lugar el registro, noticias que estima el tribunal al resolver la contienda.»

«No hay nada tan racional como la ley francesa, por la que nada garantiza el Gobierno, ni tampoco ordena el examen previo, que también puede producir las consecuencias terribles que voy á indicar. Un industrial acude al Conservatorio de Artes solicitando el depósito de una marca, y se encuentra con que el Director, persona respectabilísima, llena de buen deseo y propósito de acierto, halla semejanza entre la marca que se pretende y otra que ya está registrada. El Director, árbito único para resolver el problema, niega el depósito, pues aun cuando es cierto que se puede acudir en alzada ante el Ministro y á la vía contenciosa contra la Real orden que resuelva la alzada, todos sabemos que generalmente no consigue nada el industrial cuya marca se rechazó. Resulta, por tanto, y en definitiva, que el Director del Conservatorio viene á ser árbito único de admitir ó rechazar marcas, y en cambio, en los países donde el depósito no es más que declarativo, el problema se somete íntegro á los tribunales de justicia, que lo deciden después de examinar antecedentes, pronunciando un fallo, que es el que produce consecuencia, y no la resolución, que alguna vez puede ser arbitraria ó caprichosa del Director del Conservatorio, aun cuando éste sea un funcionario respectabilísimo, animado del mejor deseo y dotado de una inteligencia y rectitud que me complazco en reconocer en todos los que han desempeñado tan elevado cargo.»

Tan conformes estamos con las ideas expuestas por el señor Lastres en los párrafos copiados, que más de una vez las hemos sometido á la consideración de algunos de los Directores del Conservatorio de Artes, y nos hemos enterado con satisfacción de que, no sólo participaban de ellas, sino que estaban dispuestos á reformar, ó mejor todavía, que habían propuesto ya al Gobierno la reforma en ese sentido de la legislación sobre marcas de fábrica.

Urge, pues, volvemos á repetir, que esta reforma se lleve á cabo cuanto antes para descargar al Gobierno y á los Directores del Conservatorio de una grave responsabilidad ocasionada á errores ó injusticias, y evitar las dificultades y hasta conflictos internacionales que pueden producirse merced al Convenio de la Unión internacional de 1883, de que España forma parte.

Sabemos que el actual Ministro de Fomento, Sr. Montero Ríos, está animado de los mejores deseos en favor de esta y otras reformas que exige nuestra legislación industrial, y esperamos que esos deseos se conviertan en realidades antes de su anunciada salida del Ministerio.

Nosotros esperábamos que en las Conferencias de Roma se tratarían éstas y otras cuestiones, y que nuestros representantes harían presente la necesidad de resolverlas en el sentido indicado, su pena de salirse España de la Unión internacional; pero ni lo uno ni lo otro ha sucedido, pues, á instancia del delegado de los Países-Bajos, la Conferencia declaró que creía prematura la revisión del Convenio, limitándose á aprobar los tres artículos adicionales de que dimos cuenta en uno de los números anteriores (1).

Por no alargar demasiado este artículo haremos aquí punto ó, por mejor decir, suspendemos nuestras consideraciones sobre la importantísima cuestión de marcas de fábricas, pues tenemos necesidad de decir algo acerca de una irregularidad en la tramitación que establece la ley para la cesión de patentes, sobre la que nos ha llamado la atención el Director de nuestro apreciable colega Industria e invenciones, que da cuenta de ella en uno de sus últimos números.

Los artículos de la ley que á ellas se refieren son los 34 y 35, que dicen así:

«Art. 34. El registro de las cesiones y de todos los actos que envuelvan modificación del derecho, se realizará por la presentación y entrega en la secretaría del gobierno de la provincia respectiva de un testimonio auténtico del acto ó contrato de cesión ó modificación.

En este testimonio se anotará por el secretario la fecha y el folio de registro.

Art. 35. El gobernador civil de la provincia en que se haga el registro de la cesión, ó de cualquier otro acto ó contrato que envuelva modificación del derecho, remitirá al Director del Conservatorio de Artes, dentro de los cinco días siguientes al del registro, copia certificada por el secretario, y visada por el gobernador, del acto ó contrato de cesión ó modificación y de la diligencia que acredite haberse hecho el registro en la secretaría.»

Como se ve, la prescripción legal no puede ser más clara y terminante, á pesar de lo cual, en la secretaría del gobierno civil de Barcelona se ha exigido á un inventor, que había presentado y entregado el testimonio auténtico del contrato de cesión, el reintegro para la copia de dicho contrato, por considerar que la copia de dicho documento no se expedia en virtud de orden superior, sino á instancia de parte, lo cual no es cierto, porque el interesado no la pide, ni la firma, ni le interesa, ni sabe siquiera si se saca ó no.

La copia se saca porque así lo exige la ley (art. 35), y, por consiguiente, debe llevar el timbre de oficio, siendo ese el criterio que se ha seguido siempre en este punto.

Aunque el caso en sí no reviste gran importancia, la tiene, sin embargo, la diversidad de criterio en la apreciación ó interpretación de la ley, y por eso hemos creído conveniente llamar sobre él la atención, pues ya que aquélla sea deficiente y ocasionalmente á dudas en muchas ocasiones, conviene que éstas no se susciten cuando la prescripción legal es tan clara y terminante como la que hace relación al caso de que se trata.

José Alcover.

(1) Véase el núm. 10.