La Gaceta industrial (1888-01-25 00:00:00), página 1

PROPIEDAD INDUSTRIAL.

UN CASO GRAVE SOBRE LA PRÁCTICA DE UNA PATENTE.

Nuestro apreciable colega Industria e Invenções ha reproducido y comentado el suelo que publicamos en el número del 25 de Diciembre sobre un caso que llamamos y seguimos creyendo grave sobre puesta en práctica de una patente; y estando en un todo conformes con su manera de apreciarlo, creemos oportuno reproducirle á nuestra vez las consecuencias que deduce, sin perjuicio de ampliarlas, poniendo, como suele decirse, los puntos sobre las ies, á fin de que, por nuestra parte, quede el caso perfectamente dilucidado.

A los hechos por nosotros apuntados agrega el ilustrado colega otros dos, que por cierto no tienen nada de graves, para demostrar que hasta lo más nimio quiere el señor Director de patentes que se haga por conducto del Gobernador, lo cual no aplaudimos ni censuramos, por más que no somos partidarios de trámites inútiles que podrían y, á nuestro juicio, debieran suprimirse. Citamos el caso únicamente para hacer resaltar el contraste que resulta con el que motiva estas líneas, según veremos luego, pues antes conviene que nuestros lectores se enteren de las consecuencias que saca el colega, y son las siguientes:

«1.a El propietario de una patente que dentro del plazo marcado en el art. 38 se ha dirigido al señor Gobernador de la provincia para justificar que estaba puesto en práctica el objeto de la misma, no ha hecho más que ajustarse rigurosamente á la tramitación impuesta por el señor Director de patentes, y, por lo tanto, merece un aplauso y no un castigo.

»2.a El señor Gobernador de la provincia, que al recibir la instancia del interesado ha nombrado por sí y ante sí, sin texto legal en que apoyarse, un delegado para justificar la práctica, llevando á cabo la diligencia y levantando un acta de la misma, ha cometido una arbitrariedad y ha usurpado atribuciones que la ley concede exclusivamente al Director de patentes, hechos condenados por las leyes españolas.

»3.a Los empleados dependientes del señor Gobernador que han intervenido en el asunto y tienen obligación de conocer la ley de patentes, han fallado también por no haber hecho presente al señor Gobernador las disposiciones de la ley, hecho que suponemos que debe ser condenado por los reglamentos interiores de las oficinas.

»4.a A tenor del art. 40, el señor Director de patentes no debe proponer al Ministro la caducidad de una patente hasta que el expediente esté suficientemente ilustrado, y no puede considerar que está suficientemente ilustrado un expediente, del que resulta que la patente no está puesta en práctica y se le presentan certificados expedidos por autoridades administrativas en que se justifica que sí; debía, por lo tanto, ordenar la revisión del expediente, y denunciar á quien corresponda las faltas que cada cual haya cometido.

»5.a El señor Director de patentes que propone la caducidad de una patente porque el interesado al solicitar la puesta en práctica se había dirigido al Gobernador de la provincia en vez de hacerlo á la Dirección, y por otro lado, exige en la tramitación de los demás asuntos la intervención del Gobernador y el cumplimiento de detalles de que se podría prescindir, da lugar á que el público se solace en comentarios quizás no muy favorables á su autoridad y á la rectitud de sus actos, que nos complacemos en reconocer y en aplaudir.

»6.a El párrafo 3.a del art. 46 dice en absoluto que caducarán las patentes cuando no se hayan puesto en práctica en el plazo marcado en el art. 38, y no hay ningún artículo que autorice la declaración de caducidad porque el interesado al solicitar la puesta en práctica se ha dirigido al Gobernador de su provincia, en vez de hacerlo al Director del Conservatorio.

»7.a Al confirmar el señor Director su acuerdo declarando caducada la patente de que se trata, hace pagar á su propietario las faltas de la Administración, acto contrario al espíritu de todas las leyes y al espíritu y letra de la Real orden de 6 de Diciembre de 1878.

»Por nuestra parte, aconsejaríamos al propietario de la patente que contra la resolución definitiva del Ministro utilice el recurso contencioso administrativo para ante el Consejo de Estado, para lo cual tiene un plazo de treinta días, que se ha de empezar á contar aquél en que reciba del señor Gobernador de su provincia el traslado de la Real orden en que se declara la caducidad.

Conformes con lo que dice el colega, nosotros hemos aconsejado, sin embargo, al interesado que desde luego se dirija al Ministro de Fomento, siempre por conducto del Gobernador, exponiéndole el caso, interín recibe la Real orden que ha de trasladarle el Gobernador, según el colega, aunque no estamos seguros de ello en el caso presente, declarando la caducidad de su patente por no haber solicitado á tiempo la puesta en práctica.

Y como el Gobernador es el primero á quien consta lo contrario, pues no sólo recibió á tiempo la solicitud, sino que se apresuró á resolverla, nombrando delegado para la puesta en práctica, no dejará de ser curioso por lo menos el hecho de una misma autoridad que firma dos comunicaciones sobre una cuestión de hecho, en una de las cuales se dice precisamente lo contrario de la otra.

El caso nos parece tan extraordinario que todavía queremos creer en la posibilidad de un arreglo, que debe ser fácil y sencillo, y nada perdería, á nuestro juicio, la Administración procurando arreglar de puertas adentro una falta que en ningún caso ni por ningún concepto es imputable al interesado. Comprendemos que la Dirección de patentes se niegue á admitir como buena la puesta en práctica ordenada por el Gobernador, con extralimitación manifiesta de sus atribuciones; pero no llegaremos á comprender jamás la justicia de la declaración de caducidad de una patente por no haberse solicitado á tiempo la puesta en práctica, cuando consta todo lo contrario y lo certifica la misma autoridad competente que la ha recibido.

Porque para nosotros es tan claro y tan evidente que la solicitud de puesta en práctica puede y debe dirigirse al Gobernador, que nos costó trabajo volver de nuestra sorpresa al oír al Director de patentes, cuando fuimos á contarle el caso, que la caducidad estaba bien declarada, con arreglo al artículo 39 de la ley de patentes, por haberse dirigido el interesado al Gobernador de la provincia en vez de hacerlo á la Dirección de su cargo.

Y la sorpresa subió de punto al ver confirmada esta opinión por uno de los más antiguos e inteligentes oficiales de dicho Centro llamado al efecto, citando además en su apoyo el art. 38, que, lo mismo que el 39, no dicen ni resuelven nada respecto al caso de que se trata, basta, á nuestro juicio, para convencernos de ello, fijarse en el contenido de dichos dos artículos, que es como sigue:

«art. 38. El poseedor de una patente de invención ó de un certificado de adición está obligado á acreditar, ante el Director del Conservatorio de Artes y dentro del término de dos años, contados desde la fecha de la patente ó del certificado, que se ha puesto en práctica en los dominios españoles, estableciendo una nueva industria en el país.»