La Gaceta industrial (1886-07-10 00:00:00), página 1

LEGISLACIÓN INDUSTRIAL.

MARCAS DE FÁBRICA Y CESIÓN DE PATENTES.

Aguardando á conocer en detalle las resoluciones adoptadas en la Conferencia internacional de Roma, pues las más importantes las dimos ya á conocer oportunamente, hemos dejado de dar cuenta á nuestros lectores de un interesante folleto titulado La propiedad industrial y las marcas de fábrica, que ha tenido la atención de remitirnos su autor el distinguido abogado Sr. Lastres, uno de los pocos que en España se dedican al estudio de las cuestiones referentes á la propiedad industrial.

La marca de fábrica, como signo de propiedad, y la concurrencia deslizal á que se presta la deficiencia de nuestra legislación y la falta de jurisprudencia establecida sobre este punto, es el objeto especial del citado folleto, que vamos á examinar ligera ymente para establecer y fundar nuestro criterio, conforme en este punto con el del autor, que demuestra estar muy al corriente de lo que ocurre en esta materia, así en España como en el extranjero, caso raro entre abogados españoles.

Dos puntos ó cuestiones capitales, á cual más graves, se presentan desde luego al examinar la legislación española sobre marcas de fábrica:

1.º La deficiencia en la definición de la marca, que el señor Lastres califica de pequeña y raquítica y nosotros llamamos incompleta, pues en ella no se comprende la cifra como marca; lo cual, gracias al Convenio internacional de 1883, crea un conflicto gravísimo, de consecuencias desastrosas para el industrial español, como veremos luego.

2.º El carácter hasta cierto punto atributivo de propiedad, que da al depósito ó registro de una marca, en vez de ser simplemente declarativo, sin garantía ni, por consiguiente, responsabilidad para el Gobierno, condición de consecuencias más graves, si cabe, que el primero de los dos puntos que vamos á examinar, para hacer resaltar la urgentísima necesidad de modificar nuestra deficiente y defectuosa legislación sobre marcas de fábrica.

«Es un principio aceptado por todos, dice con razón el señor Lastres, que en materia de Convenios internacionales no se puede nunca conceder al extranjero nada más que lo que tenga el nacional; el máximo de concesiones á que puede llegar-se en un Tratado, es á igualar al extranjero con el regímen español. España no puede hacer otra cosa en favor del extranjero que ponerle en las mismas condiciones en que está el español.

Pues bien; tratándose de las marcas de fábrica, se ha llegado al extremo de conceder al extranjero lo que el español no tiene, y así ocurre, por ejemplo, que como nuestro decreto de 1850 no admite como marca de fábrica la cifra, que la mayor parte de las leyes extranjeras aceptan, sucede que un fabricante extranjero comparece con sus títulos de propiedad de la marca cifra, y el Conservatorio de Artes de Madrid no tiene más remedio que admitirselos, en virtud del Convenio internacional de 1883, en que ha entrado España; resultando que, gracias á dicho Convenio, el fabricante extranjero ha podido sostener como marca la cifra o iniciales de su nombre y apellido, mientras eso mismo se niega al comerciante español, diciéndole que ni la cifra, ni las iniciales, ni el nombre son marcas.»

No es necesario, ciertamente, insistir en este punto para hacer comprender toda su gravedad, y los perjuicios que este estado de cosas, á la vez absurdo y de una injusticia irritante, ocasiona al industrial español, colocándole, en su propio país, en una situación desventajosísima respecto al extranjero. Urge, por tanto, modificar la legislación española sobre marcas de fábrica, amoldándola á la de los demás países que forman parte de la Unión, á fin de hacer desaparecer ese punto negro cuya gravedad salta á la vista. Para ello no hay más que aceptar la misma definición que establecen las leyes de los países citados, llamando marca á «todo signo que sirva para distinguir un objeto, producto ó fabricación determinada, ya sea el nombre, cifra, dibujo, etc.» en una palabra, todo lo que conduzca á distinguir un objeto cualquiera de los demás con los cuales pueda confundirse.

Nos consta que en el Conservatorio de Artes existen trabajos hechos en ese sentido, que sólo esperan una ocasión que no llega nunca, de convertirse en leyes, porque las discusiones político-bizantinas á que se dedican de preferencia nuestros Cuerpos Colegiados, no dejan tiempo para ocuparse en los asuntos que verdaderamente interesan al país. Y en prueba de ello, citaremos el hecho, verdaderamente escandaloso, de estar aguardando hace años á que le llegue el turno en el Senado, un proyecto de ley sobre marcas de fábrica, formulado por una comisión nombrada ad hoc, y compuesta de personas competentes; proyecto que hoy probablemente habrá necesidad de modificar con arreglo al nuevo estado de cosas creado por el Convenio internacional de 1883, celebrado mucho después de la presentación del citado proyecto á los Cuerpos colegiados.

Y es lo singular del caso, que el vacío que lamentamos en la legislación peninsular no existe ya en la de nuestras posesiones ultramarinas, pues el Real decreto de 22 de Agosto de 1884, expedido por el Ministerio de Ultramar, lo llena en gran parte, modificando la definición de la marca que da el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, que constituye toda la legislación vigente en la Península sobre marcas de fábrica.

Pasemos ya al segundo punto, tanto ó acaso más grave todavía que el que acabamos de examinar, por la responsabilidad material que resulta ó puede resultar para el Gobierno, y la moral en que pueden incurrir, con la mejor buena fe, los Directores del Conservatorio de Artes.

El depósito ó registro de una marca, ¿debe ser atributivo ó simplemente declarativo de propiedad?

He aquí una cuestión que trata magistralmente en su folleto el Sr. Lastres, presentándola con toda la claridad necesaria para que á nadie quede duda acerca de la conveniencia de modificar también en este punto nuestra legislación, dando al depósito de la marca el carácter declarativo en vez del atributivo de propiedad que hoy tiene, hasta cierto punto, como antes se ha dicho. Sólo en los Estados Unidos tiene este último carácter, existiendo al efecto un riguroso examen previo, que el señor Lastres califica, y lo es en efecto, de verdadero pleito entre la Administración y el interesado.

En todos los demás países de Europa y América el depósito de la marca sólo tiene el carácter declarativo de propiedad, y es tanto más de extrañar que no suceda lo mismo en España, cuya legislación sobre patentes tiene ese mismo carácter, sin examen previo de ningún genro, estableciendo además la condición de hacer constar, como en Francia, que aquéllas se conceden sin garantía del Gobierno. ¿Por qué, pues, en la legislación sobre marcas no hemos de seguir el ejemplo de Francia como lo hemos seguido en la de patentes?

Ya que no podemos reproducir lo mucho y bueno que dice