La Gaceta industrial (1885-08-10 00:00:00), página 1

CUESTIONES SOBRE PATENTES.

EL CONVENIO INTERNACIONAL DE 1883.

A su tiempo dimos á conocer el convenio sobre propiedad industrial, que empezó á regir en Junio del año anterior, haciendo sobre él las observaciones y comentarios que nos sugirió el examen de dicho documento, y fijándonos especialmente en la influencia que su aplicación había de ejercer en la industria de nuestro país.

Puede establecerse, como regla general, que, en los tratos ó convenios entre naciones grandes y pequeñas, cualquiera que sea su objeto, estas últimas suelen salir casi siempre perjudicadas, ó como se dice vulgarmente, con las manos en la cabeza; y la experiencia va demostrando que el convenio sobre la propiedad industrial no será excepción de la regla.

Oportunamente hicimos observar que á España no le tenía cuenta entrar en el convenio, que ninguna ventaja le había de reportar, en cambio de los perjuicios que evidentemente había de acarrearse, y nos consta que esta es la opinión que prevalece hoy en las regiones oficiales, y sobre todo en el Conservatorio de Artes, cuyo coloso Director está dispuesto á poner en práctica cuantos medios legales le sugiere su celo en favor de la industria nacional, para que España deje de contar entre las naciones convividas.

Y qué mucho que así sea, cuando en Francia se ha levantado una verdadera cruzada contra el citado convenio, y particularísimamente contra el art. 5.º, en que se establece que la introducción por el privilegiado en el país en que se ha concedido el privilegio, de objetos fabricados en cualquiera de las naciones convividas, no llevará consigo la caducidad del privilegio. La ley francesa sobre patentes establecía y establece lo contrario, y como, por otra parte, en el convenio se dice que sus disposiciones no han de afectar á la legislación especial de cada país, en el caso de que se trata resulta una contradicción ó incompatibilidad que nosotros, sin embargo, creemos más aparente que real. Por eso nos hemos propuesto dilucidar este punto importantísimo, no tanto para intervenir en la cuestión francesa, sino para sacar las consecuencias que interesan á los industriales españoles.

Francia era y sigue siendo el único país cuya legislación prohíbe terminantemente la introducción por el privilegiado de objetos fabricados en otro país, bajo pena de caducidad del privilegio (art. 32 de la ley de 1844). Para nosotros es indudable que el art. 5.º del convenio internacional deroga dicha disposición, y así se desprende también de las discusiones habidas entre los delegados de los diversos países al establecer las bases del convenio, pues á fin de llegar á un acuerdo sobre este punto importante, consintieron todos en adicionar el art. 5.º con el párrafo siguiente:

«Sin embargo, el privilegiado quedará sometido á la obligación de explotar su patente con arreglo á las leyes del país en que introduzca los objetos privilegiados.»

En la energética campaña que se ha iniciado en Francia contra el art. 5.º del convenio internacional, como atentatorio á los intereses de la industria francesa, hemos observado que la cuestión principal parece haberse concentrado en lo que debe entenderse por la palabra explotar, habiendo quien cree que la explotación consiste únicamente en el hecho de la venta, y no en el de fabricación.

Esta interpretación de la palabra explotar, tratándose de un privilegio de industria, nos parece sencillamente absurda, y de tajo no prevalecerá, continuando la jurisprudencia establecida de considerar como explotación, en el sentido legal y en el caso de que se trata, no sólo la venta del produc-
to, sino la fabricación corriente en la medida que determinan los tribunales llamados á entender en el asunto.

Lo que hay de verdad, á nuestro juicio, en el fondo de este asunto, es que los franceses no encuentran defensa bastante en su legislación sobre patentes contra el art. 5.º del convenio, y temen, no sin fundamento, que su industria resulte grandemente perjudicada con la introducción de productos extranjeros, con los cuales no puedan competir en baratura.

Y si eso temen los franceses, ¿qué nos ha de suceder á nosotros, que ni de lejos ni de cerca podemos compararnos con ellos en materia de industria y de adelantos industriales? La legislación española sobre patentes no contiene, taxativamente al menos, disposición alguna que prohíba al privilegiado la introducción de productos similares fabricados en el extranjero; pero es evidente que si se hubiera presentado el caso de un propietario de una patente española que se hubiera limitado á introducir los productos privilegiados del extranjero para venderlos y no fabricarlos en España, es evidente, repetimos, que se hubiera declarado la caducidad de su patente.

Lo mismo, en nuestro concepto, debe hacerse hoy, pues si el art. 5.º permite al privilegiado la introducción de productos fabricados en el extranjero, sin perjuicio para su patente, lo cual no deja de ser una ganga para naciones atrasadas como la nuestra, el párrafo adicional á dicho artículo le obliga á explotar su privilegio con arreglo á las leyes del país,» y por fortuna nuestra legislación ofrece defensa bastante para atenuar, ya que no evitar del todo, los perjuicios que de otro modo traería para nuestra incipiente industria las tantas veces citado art. 5.º del convenio, que tanto preocupa á los franceses.

Nuestra ley vigente sobre patentes, no sólo establece la puesta en práctica dentro del plazo de dos años, sino que impone la pena de caducidad, cuando en la explotación de la industria privilegiada hay solución de continuidad que exceda de un año. Esta disposición, que en algún caso pudiera tal vez perjudicar á intereses legítimos, en el que nos ocupa puede ser muy eficaz contra los efectos del art. 5.º del convenio internacional, que no pueden menos de ser desastrosos para los países más atrasados en industria.

Para poner en evidencia esos efectos, bastará poner un ejemplo de lo que sucedería si no existiera en nuestra ley de patentes la disposición indicada, ó si dejara de aplicarse con todo el rigor que exigen las circunstancias.

Un inventor extranjero que tiene establecida la fabricación de un producto privilegiado en su propio país, no tendría más que pedir patente en España para impedir que otro cualquiera lo fabricara en el país, sin necesidad de que él lo fabricara tampoco; pues le bastaría establecer una factoría para inundar á España con los productos de la fábrica establecida en su país, en la seguridad de que nadie había de hacer la competencia.

La cosa es tan absurda, que no hemos vacilado en calificar de tal la interpretación dada por algunos á la palabra explotar, refiriéndola sólo á la venta y no á la fabricación del producto. Por fortuna para nuestra industria, no hay peligro de que se admita semejante interpretación, pues nos consta, por el contrario, que se sacará todo el partido posible de nuestra legislación para combatir los efectos del convenio, interin llega el caso de que España deje de figurar entre las naciones convividas, que es de lo que se trata; y no creemos pecar de indiscretos añadiendo que están muy adelantados los trabajos preliminares que han de servir de base para entablar las gestiones al efecto necesarias.