La Gaceta industrial (1883-05-10 00:00:00), página 11

y equidad en la aplicación de las facultades que reciban, se crearán las redes nacionales de teléfonos más ó menos completas en el plazo y al paso que convenga á los intereses generales.

Es un error asimilar las redes telefónicas á los ferro-carriles para fundar en esa semejanza las concesiones á larga fecha. Los teléfonos no necesitan de esta garantía para crearse, porque son esencialmente móviles en todas sus principales partes, y porque el perjuicio de un traslado, siempre poco probable, es de escasísima importancia; además hay que suponer que un traslado no podrá ordenarse nunca, sino con fundamento equitativo; y como éste puede sólo existir en rarísimos casos, es bien corto el riesgo que corre nadie al establecer una línea, de que se le haga retirar ó cambiar, si, como es natural, todo se basa en no crear monopolios ni preferencias.

Tan luego como se preseinda de comparar el telégrafo y el teléfono entre sí, se decidirá por si misma la cuestión de si deben ó no subsistir aquellos. Nosotros creemos sólo posible el que subsistan; pero nos guardaremos bien de creerlo ni seguro ni probable; tanto puede perfeccionarse el telégrafo automático impresor, y el automático trasmisor, que sea posible que subsistan los telégrafos y los teléfonos; pero es más seguro que si irremisiblemente hubiera de quedar sólo uno de los dos, sería el teléfono, y no el telégrafo, el que triunfaría en la comparación, saltándose del teléfono á la carta.

El Gobierno español, que ha sido bastante torpe queriendo traernos el teléfono de un modo determinado á su capricho, ó mejor dicho, ajustado á los intereses de un monopolizador, nos ha dejado hasta ahora sin industria telefónica; y no conocemos un solo acto por medio del cual haya demostrado nuestro oficialismo, que se ha apercibido en lo más mínimo de que se trata de una gran industria, y de una gran partida para el presupuesto de ingresos, más grande y más segura que las cédulas de vecindad ó el antipático impuesto de la sal. No creemos, ni por un momento, que el Gobierno debe intentar hacer ingresos de los teléfonos, ni por la construcción ó la explotación de los mismos por cuenta del Estado, y mucho menos bajo la absurda forma de percibir un tanto sobre los abonos á las redes, sin tener en cuenta que estas redes solo son un modo, y no el único, de usar los teléfonos; por nuestra parte estamos persuadidos de que no es ni el único ni el más importante, y que los teléfonos particulares separados de la red, serán infinitamente más numerosos al cabo de algún tiempo de no existir obstáculo alguno para emplearlos. El Estado puede imponer un derecho de 20 pesetas por receptor y otras 20 por trasmisor, obligando á todo el que tenga teléfono en su casa á tener al exterior del edificio una señal determinada, cual se tiene la placa de los seguros de incendio, que indique, bajo la responsabilidad del inquilino, el número de teléfonos en cada piso de la casa. Este sencillo sistema de indemnizarse el Estado por el pronto, de lo que el teléfono no haga perder de ingresos al telégrafo, en muy pocos años constituiría una pingüe y siempre creciente partida del presupuesto de ingresos. No necesitaría de declaraciones vejatorias, ni de sindicós, ni repartidores; el padrón se formaría sin concurrencia de nadie; sería impersonal ordinariamente, y las ocultaciones serían de tal modo escandalosas, que nadie las osaría, pues todos tendrían, como si dijeramos, que dar cuenta á sus amigos y conocidos que defraudaban al Estado, por el hecho de no estar de acuerdo las señales de la casa con una realidad imposible de ocultar cada cual á sus relaciones respecto á las comunicaciones telefónicas que empleara en su domicilio ó establecimiento.

Quien sepa que aún no llegan á 50.000 el número de abonados á las redes telefónicas en los Estados Unidos, que equivalen á 400.000 aparatos contribuyentes, podrá suponer que era una obcecación el esperar una entrada pingüe en España como producto del impuesto de 20 pesetas propuesto por nosotros; pero si se tiene en cuenta la diferencia que hay del teléfono á pequeña, y el de á larga distancia es el todo, pronto entra el convencimiento de que, si es difícil fijar cifra alguna, es fácil ver que el rendimiento de ese impuesto será muy superior inmediatamente á lo que produce hoy neto el servicio telegráfico hecho por el Estado.

El punto industrial de la cuestión de teléfonos y telégrafos es altamente favorable á aquéllos. Las líneas no se contarán por centenares de miles de kilómetros, sino por millones, y la fabricación de tuberías y de alambres para sus cables tomará un desarrollo extraordinario. La misma necesidad de multiplicarlas y la de abaratarlas influirá en agrandar la industria del material telefónico de todas especies, y tendremos un elemento más de vida y prosperidad para la minería y la metalurgia.

El lado económico de no poner obstáculos al uso del teléfono á grandes distancias, al par que el de las cortas, no es menos favorable á ese criterio; la marcha de las fábricas y de las explotaciones agrícolas se facilitará singularmente de mil maneras, y no hay nada como hacer fácil el trabajo para que se trabaje más, mejor y con más fruto. En España todo el trabajo está horriblemente dificultado por trabas absurdas e inútiles, y el resultado es el natural: se trabaja poco y mal.

Inventado el teléfono á distancia ilimitada para dentro de España, nuestro Gobierno no puede ya pensar en que sea ley en toda regla el embrion, al cual quiere ajustar el derecho, y cometerá una torpezza del calibre de la pasada si se pone á esperar la pauta que le den otros países para utilizar los nuevos inventos: casi de seguro iría mal guiado. Entre, pues, de lleno en las nuevas ideas espontáneamente, y sin buscar mentores en las empresas especuladoras nacionales ó extranjeras, pida á las Cortes lo preciso para obrar con la actividad que el caso exige y con la libertad indispensable, antes de que se cierran los Cuerpos Colegiadores y nos veamos de nuevo detenidos; sacudase el Gobierno, que bien puede hacerlo, el ridículo que por su culpa pesa sobre España en la cuestión telefónica, y dé para honra y provecho de todos una lección á los demás países de tratar esta cuestión con toda la previsión que exige, y que sólo puede ocultarse por un velo de formalismo que más ó menos daña á las naciones europeas casi sin excepción.

La base de todo lo que hay que hacer estriba en esto:
1.º Tienen más importancia los teléfonos que los telégrafos.
2.º No se parecen absolutamente en nada en cuanto á la forma de explotación que admiten los unos y los otros.
3.º La libertad de acción más absoluta es la única manera de que el desarrollo sea tan rápido y tan completo como convenga. 4.º En España, el Estado, lejos de perjudicar sus ingresos por dar esa libertad, puede hacer de los teléfonos una de sus entradas más pingües y de administración más científica y sencilla. 5.º La acción del Estado en los teléfonos sería funesta para su desarrollo natural, y lo haría imposible, porque es una industria demasiado vasta, demasiado variada y demasiado progresiva para admitir pautas fijas ni en el conjunto ni en ninguna de sus partes.

J. G. H.