La Gaceta industrial (1885-03-25 00:00:00), página 1

CUESTIONES SOBRE PATENTES.

LA PUESTA EN PRÁCTICA.

Conocidas son las dificultades que ofrece el legislar en materia de patentes ó privilegios de industria, y una prueba de ello es la frecuencia con que se modifican, completan ó reúnen las leyes de privilegios en los diversos países, y muy especialmente en aquellos en que la industria ha adquirido mayor desarrollo.

La práctica de todos los días pone de manifiesto las deficiencias de la legislación, y las infinitas cuestiones que se presentan con frecuencia y se resuelven por los tribunales, jurados ó comités especiales, crean una jurisprudencia industrial que en determinados casos suple la deficiencia de la ley, aclarando puntos oscuros ó de aplicación dudosos.

El estado incipiente de nuestra industria es causa de que no se produzcan aquí sino muy rara vez esta clase de cuestiones, y de que, cuando se presentan, ocurran dudas muy justificadas sobre la manera de resolverlas, originándose con frecuencia perjuicios de consideración por falta de una jurisprudencia establecida á que poder atenerse, ya que la ley no puede prever, ni mucho menos resolver de plano, todos los casos especiales que puedan presentarse.

Una de las cuestiones más ocasionadas á esta clase de dificultades, y que ofrece mayor número de casos difíciles de resolver de una manera equitativa, es, á no dudarlo, la de la puesta en práctica de las patentes, consignada en nuestra ley vigente, y en la mayoría de las que rigen en los demás países.

Como alguna vez hemos tenido ocasión de apreciar esas dificultades, y muy recientemente en un caso especialísimo por varias circunstancias que no hacen al caso, creemos de verdadera utilidad para los industriales llamar su atención sobre un punto de tanto interés, examinándolo con arreglo á nuestro criterio, y tratando de poner en claro, si es posible, lo que la ley no precisa ni acaso puede precisar, aun admitiendo que fuese conveniente precisarlo.

Para proceder con método, partiendo de una base fija, empezaremos por transcribir las prescripciones legales sobre la cuestión de que se trata, comprendidas todas en el título VII de nuestra ley vigente, que dice así:

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PRIVILEGIO.

Art. 38. El poseedor de una patente de invención ó de un certificado de adición está obligado á acreditar ante el Director del Conservatorio de Artes, y dentro del término de dos años, contados desde la fecha de la patente ó del certificado, que se ha puesto en práctica en los dominios españoles estableciendo una nueva industria en el país.

El plazo de dos años dentro del cual ha de acreditarse esta práctica, sólo podrá prorrogarse en virtud de una ley por justa causa y por un plazo que no podrá pasar de seis meses.

Art. 39. El Director del Conservatorio de Artes por sí, ó por medio de un Ingeniero industrial ó de persona competente delegada al efecto, se asegurará del hecho, practicando las diligencias menos gravosas que conceptúe necesarias, y con tal objeto podrá solicitar la cooperación de cualesquiera autoridades ó corporaciones, y éstas deberán prestársela del modo más eficaz con su influencia y con todos los medios de que al efecto puedan disponer.

Art. 40. Cuando el Director del Conservatorio de Artes considere que el expediente está suficientemente ilustrado, lo remitirá con informe al Ministro de Fomento para la resolución que proceda.

Art. 41. Los gastos que ocasionen las diligencias necesarias para asegurarse de que el objeto de la patente ó del certificado de adición se ha puesto en práctica, estableciendo una nueva industria en el país, serán de cuenta del interesado, quien no estará obligado á satisfacerlos sin que sean aprobados por el Director del Conservatorio de Artes.

Art. 42. El Director del Conservatorio de Artes, dispondrá que el Secretario del mismo anote en el Registro de toma de razón de patentes, la resolución que recaiga en los expedientes de práctica, y comunicará esta resolución al Gobernador de la provincia respectiva.»

Antes de entrar en el examen de lo que establece nuestra legislación para la puesta en práctica de una patente, parecerá oportuno y hasta necesario, detenernos un momento en considerar cuál ha podido ser el objeto del legislador al establecer esta condición que, dicho sea de paso, creemos acertada, aunque, como diremos luego, no estemos del todo conformes en la manera de entenderla y de aplicarla.

No parece aventurado asegurar que la idea del legislador, al establecer la condición de la puesta en práctica para la validez de una patente, tuvo ante todo contribuir á la creación de nuevas industrias en el país, y como consecuencia, evitar los perjuicios que podrían irrogarse, si los inventores se limitaran á pedir y obtener una patente para impedir, sin hacer nada por su parte, que un tercero viniera á crear una industria que ellos no hubieran sabido ó no hubieran podido crear.

En este concepto, creemos equitativa la condición de la puesta en práctica de las patentes, y dada la necesidad de fijar un plazo para ella, creemos suficiente el de dos años que señala la ley vigente, pero atenuando un tanto su rigor en ciertos y determinados casos, de que luego nos haremos cargo.

Ante todo, y como cuestión de principio, adoptaríamos el consignado en la legislación de otros países sobre la cuestión de que se trata, de no ser el Gobierno quien declarara la caducidad por haber transcurrido el plazo que marca la ley, confiando esta misión á un tercero á quien pudiera perjudicar la falta de cumplimiento de la ley en este punto.

Nos explicaremos. Transcurridos los dos años que fija la ley para la puesta en práctica de una patente, la declaración de caducidad sólo procedería á instancia de tercero que la pidiera, y aun en ese caso consideraríamos equitativo que se concediera al inventor un nuevo, aunque breve plazo, para cumplir con la prescripción legal, pasado el cual, sin haberlo hecho, se declararía caducada su patente. Fuera de ese caso, no vemos razón fundada para declarar la caducidad, pues á nadie puede perjudicar la continuación de la validez de la patente, cuya caducidad, además de los perjuicios que puede traer al inventor, sin beneficio para nadie, perjudica de hecho al Tesoro, que deja de percibir el importe de las anualidades ulteriores de la patente.

Llamamos sobre este particular, que es de grandísima importancia, la atención de nuestro respetable amigo el dignísimo Director del Conservatorio de Artes, D. Francisco de P. Márquez, para que lo tenga presente cuando llegue el momento de reformar la ley actual de patentes, introduciendo en ella las modificaciones que la práctica haya demostrado ser justas y hasta necesarias.

Pasemos ahora á hacernos cargo de otras modificaciones que podríamos llamar de procedimiento, puesto que no implican alteración alguna en el texto ó letra de la ley, y se refieren únicamente á la manera de interpretarla.

El párrafo primero del art. 38 dice que el poseedor de una patente deberá demostrar que la ha puesto en práctica, estableciendo una nueva industria en el país. Lo primero que se ocurre preguntar es lo que debe entenderse en ese caso por