La Gaceta industrial (1883-10-10 00:00:00), página 5

de más desesperado y más absurdo, era imposible descubrir lo bueno de lo malo, lo cierto de lo fingido. Llegó un momento de crisis, todos los valores fueron despreciados, y el desprestigio alcanzó lo mismo a explotaciones importantes y formales, que tenían una base real, segura, evidente, que a las sociedades de minas que sólo tenían como materia explotable la necesidad de sus accionistas, el denuncio de mala fé, y el terror que inspiraban á los colindantes con la amenaza de sus malas artes.

Después de la catástrofe fué cuando la Administración pública cayó en la cuenta de que el decreto de 1825 era deficiente para regir una producción de la importancia que había adquirido la industria minera, y bajo la presión de la opinión pública, que pedía indignada remedio eficaz á tanto abuso, se promulgó la ley de 4 de Abril de 1849.

Dictada para rectificar una legislación defectuosa, la ley de 1849 acudió á remediar la necesidad del momento. Clasificó los productos, regularizó la forma y principios bajo que debía hacerse la petición de pertenencias, determinó bien el registro, suprimió el denuncio, aumentó el tamaño de las concesiones, impuso reglas para el pueblo y metódico, sancionándolas, las disposiciones de la ley. El articulado tenía un orden lógico, y sus cláusulas están unidas por un enlace natural, constituyendo un todo sólido como obra bien meditada.

Pero si este juicio favorable nos merece la forma de la ley, no podemos decir otro tanto de su fondo. Presenta nada más que el cambio natural ocurrido en el orden político. Ya no habla el rey absoluto que en 1825 decía ser suyas todas las minas.

Se suaviza la forma, diciendo que el Estado es dueño de las sustancias mineras. Ya no es el rey el que da ó quita lo que considera suyo, es el Gobierno el que se encarga de hacer que se laboren, que se pueblen las minas. El Gobierno no las concede y el Gobierno las arrebata, dejando á la envídia y á la mala fé portillo suficiente para tener en constante inquietud á los dueños de sus precarias concesiones.

En una palabra, de una á otra ley, se pasa del absolutismo al socialismo administrativo. El rey en 1825 y el Estado en 1849, confiesan su incapacidad para explotar las minas, y llaman en su auxilio á la actividad individual, porque reconocen en esta la única, la verdadera fuerza creadora. Pero en una y otra ley, la actividad individual se halla entrabada y sin poder desplegar sus grandes facultades. Falta la seguridad, falta la perpetuidad de la propiedad, falta sobre todo dignificar el trabajo del hombre, base de toda producción y elemento primero de toda riqueza, sagrado como la personalidad humana, de cuya actividad es el fruto.

La ley de 1849 es producto del doctrinarismo burocrático. Nada de grande hay en ella. Nada prevé en ella los grandes móviles del hombre. Nada que estimele el espíritu de empresa, de asociación. Vé un mal, acude á remediarlo en el exterior sin extirpar las causas, y sus disposiciones anodinas son un calentón de efecto pasajero.

Para justificar estas afirmaciones diremos que en el período que rigió la ley de 1849, el número de litigios suscitados por sus disposiciones fue considerable. Que los expedientes, verdadera langosta de los negocios industriales, se multiplicaron extraordinariamente. Que el gobierno civil (Jefatura política) fué el terreno que forzosamente habían de reconocer los mineros antes, después y durante sus trabajos. La intervención del Estado ganó en importancia todo lo que perdía la explotación del suelo.

Pero la actividad individual venció los nuevos obstáculos. Este elemento tan despreciado por el Rey absoluto como por el legislador doctrinario, siguió incansable su faena y el desarrollo dado á la producción minera constituyó unos intereses de tal importancia, que pudieron influir para obtener en 1859 la publicación de una nueva ley. ¡Un período de solos diez años bastó para inutilizar la obra de 1849! Esto basta para juzgarla, y cuenta que en la forma se creyó irreprochable en el momento de su promulgación.

Aleccionada la Administración pública por la multitud de expedientes surgidos de la oscuridad anterior en la legislación minera; ilustrada la opinión por la experiencia de esta industria y reconocida universalmente la necesidad de que la ley ampare al minero de buena fé, la ley de 6 de Julio de 1859 mejoró considerablemente las condiciones generales de la minería.

Había que dejar un campo más amplio para ejercer desahogadamente la iniciativa privada, y se nota en todos los artículos de la ley de 1859 el deseo de estimular la explotación de minas por los que realmente constituyen verdaderos explotantes.

No varían los principios generales de la ley. La propiedad de las sustancias mineras es del Estado. El Gobierno concede la disposición de ellas, exactamente como en la ley de 1849 concedía el beneficio, siendo esta concesión precaria del uso de la cosa, no la propiedad de la cosa misma, la que concedía el Gobierno.

Las concesiones se hacían por tiempo ilimitado (art. 39 de 1859 y art. 6.º de 1849), es cierto; pero sujeta á las condiciones de la ley, que aunque no amparaban completamente al concesionario, eran mucho más favorables en 1859 que en 1849.

Se concedió cierta más holgura para la explotación de sustancias de la primera sección. Aumentase el tamaño de la pertenencia minera en la diferencia de unidad de la vara al metro. Se dió mayor extensión á las perlenencias de hierro, carbón, sosa y sal gemma, que la requieren por su naturaleza. A fin de poder constituir grandes explotaciones, se estableció la concesión de grupos ó colos mineros de extensión ilimitada, y se dió la facultad de adquirir cualquier número de pertenencias mineras.

La ley de 1859 estableció dos medios para obtener la concesión de perlenencias mineras, que son la investigación y el registro. Dada la intervención del Gobierno en los asuntos de minas y exigida la existencia de mineral como condición precisa para la demarcación, lo más que dentro de este principio podía concederse era la investigación previa por el solicitante. Nosotros dudamos de la eficacia de la intervención del Gobierno en los asuntos mineros e industriales, y la experiencia está con nosotros, porque tanto la ley de 1849, como la de 1859, exigen la existencia del mineral puesto al descubierto antes de la concesión, y desde 1849 á 1868 se han concedido millares y millares de minas, de las que apenas la décima parte podían tener el mineral al descubierto, ni en el cortísimo plazo de cuatro meses (art. 30 de 1859), se puede presentar mineral al descubierto en la inmensa mayoría de las explotaciones. Esta disposición es absurda; recuérdese sino el gran número de empresas mineras que pasan años y años gastando importantes capitales en labores de investigación y reconocimiento, sin poder presentar mineral al descubierto, y se comprenderá que en muchas ocasiones la condición citada ha debido impedir la explotación en vez de facilitarla.

La condición de pueble de las minas, ha sido una de las