La Gaceta industrial (1885-05-10 00:00:00), página 1

CUESTIONES SOBRE PATENTES.

LA PUESTA EN PRACTICA.

III (1).

Demostrada en nuestro anterior artículo la necesidad de modificar el precepto legal, se pena de no poder darle cumplimiento sin graves inconvenientes para los inventores, y suponiendo, pues no estamos seguros de ello, que la modificación necesita el concurso de los Cuerpos Colegiados, mientras llega el momento de que así se haga, no queda otro medio para salvar la dificultad que el de dar al precepto legal una interpretación más en armonía con los intereses legítimos de la industria y de los inventores, según dijimos también al terminar el artículo ya citado.

Si se tratara de modificar la ley vigente, conservando la obligación de la puesta en práctica, y aun el plazo de dos años que para ello establece, la primera modificación que defendieranmos sería la de no hacer improrrogable ese plazo, concediendo, por el contrario, otros nuevos hasta por un año más, cuando hubiere para ello justa causa, á juicio del Director del Conservatorio de Artes, de cuya decisión podría apelarse ante el Ministro de Fomento. Pediríamos, sobre todo, la supresión de la frase «establecimiento de una nueva industria», y si no encontráramos otra con que sustituirla, preferiríamos suprimirla en absoluto, dejando también al criterio del Director del Conservatorio la fijación de las condiciones á llenar en cada caso para considerar puesta en práctica una patente. Y subrayamos la frase en cada caso, porque son de tal manera distintos los que en la práctica se presentan, que tenemos por absolutamente imposible la aplicación de una misma regla ó procedimiento para todos, sin que de ello resulten flagrantes injusticias, cuando no imposibilidad material de hacerlo en condiciones equitativas.

Un ejemplo cualquiera bastará para poner en evidencia los inconvenientes de semejante aplicación; y ya que en los artículos anteriores hemos tomado el caso del inventor de una prensa, caso sencillo que, sin embargo, puede ser objeto de dudas, según vimos al tratarse de la puesta en práctica, seguiremos considerando ese mismo caso, comparándolo, por ejemplo, con el de un sistema de tranvía eléctrico, por cables, etc., ó de un nuevo tipo de locomotora ó de buque, o con otros mil inventos que podríamos citar, sin más que tener á la vista un registro de patentes de cualquier país.

Supongamos ahora que para la puesta en práctica de una patente se exige siempre la condición, razonable ciertamente, de que el objeto privilegiado ha de ser construido en España: ¿qué resultará en el caso citado de un nuevo sistema de tranvía? ¿Se exigirá al inventor la condición de construirlo en el país? Basta, á nuestro juicio, indicar la idea para dejar demostrada la imposibilidad práctica de realizarla en la inmensa mayoría de los casos, no sólo en lo que se refiere á su construcción en el país, sino á la construcción misma, en donde quiera que sea.

¿Qué es, pues, lo que debe ó puede exigirse en ese caso al inventor para declarar puesta en práctica su patente? Difícil es contestar á esta pregunta de una manera precisa y categórica, y si no previéramos los gravísimos inconvenientes que en España, sobre todo, había de ofrecer el examen previo, establecido con verdadero rigor en Alemania, algo más atenuado en los Estados Unidos, y que en lo relativo á la novedad establece también, en cierto modo, la reciente ley inglesa, optaríamos por el examen previo sin vacilar para ca-

sos como el citado, en que razonablemente no puede exigirse al inventor la construcción del objeto de su patente en España ó fuera de ella.

Como habrán observado aquellos de nuestros lectores que hayan prestado su atención á lo que llevamos dicho en nuestros artículos sobre la puesta en practica de las patentes, la consecuencia principal é inmediata que de todo ello se deduce, es la dificultad de legislar en materia de privilegios de industria sin lastimar intereses tan respetables como legítimos, ora sea por abandono ó lenidad, ó por exceso de rigor de la ley, estableciendo para todos los casos lo que, siendo justísimo en algunos, podría constituir en otros una irritante injusticia que es preciso evitar á toda costa.

De esa consecuencia sacamos nosotros otra muy importante, y es la conveniencia de que el legislador sea muy sobrio al preceptuar sobre materia de privilegios, y más todavía sobre puntos tan difíciles como el que nos ocupa, y la necesidad de modificar la ley de vez en cuando con arreglo á lo que la práctica haya demostrado que debe ser objeto de modificación. Establezcanse en buen hora ciertas condiciones que la ley no puede menos de fijar, pero dando al mismo tiempo amplias facultades al encargado de interpretarla para resolver casos dudosos, que no pueden menos de ocurrir, con arreglo á su criterio, apelable siempre ante la superioridad, ó ante un tribunal especial nombrado ad hoc, que resuelvan sin apelación después de oír al interesado.

Si fuéramos llamados para emitir nuestra opinión sobre la puesta en práctica de las patentes, condición que creemos debe mantenerse en nuestra legislación, he aquí cómo la formularíamos:

1.º Como plazo para llenar esta formalidad, aceptaríamos el de dos años que fija nuestra ley vigente, pero prorrogable por uno más, con motivo justificado, y hasta por otros dos en casos extraordinarios.

2.º Exigiríamos que el objeto de la patente fuera construido en España y con materiales españoles, siempre que eso fuera posible, pues casos hay en que no lo son ninguna de las dos condiciones.

3.º Suprimiendo la condición de «establecer una nueva industria» estableceríamos la caducidad en los casos en que el poseedor de la patente deje de explotarla por espacio de dos años, según lo disponía nuestra antigua ley de privilegios, derogada por la vigente.

4.º La caducidad en todos los casos relativos á la puesta en práctica, no se declararía nunca de oficio, sino á petición de un tercero, y oyeo siempre al poseedor de la patente.

He aquí, en esencia, los puntos que, á nuestro juicio, deberían servir de base para establecer las condiciones legales de la puesta en practica de una patente; pero como existe una ley que sólo puede modificarse mediante el concurso de los Cuerpos Colegiados, y que no debe modificarse sino después de un estudio concienzudo y minucioso de los diversos puntos que abarca la legislación sobre privilegios de industria, para resolverlas en armonía con los intereses que ha de amparar, mientras subsista la ley actual es necesario actuarla, atenuando su rigor por medio de una interpretación benevolente de los preceptos que, ó no hay medio de aplicar en absoluto, ó no es posible hacerlo en sentido restrictivo sin lastimar injustamente los intereses legítimos de los verdaderos inventores.

Ese será el objeto del próximo artículo, con que nos proponemos terminar la serie de los que hemos dedicado á la cuestión de la puesta en práctica de las patentes.

José Alcover.

(1) Véase el número 7.