La Gaceta industrial (1883-10-25 00:00:00), página 5

por la mitad de dicha suma podrá obtenerse por cuatro años, además de las facilidades para el pago de los años sucesivos.

No hablamos de otras modificaciones relativas á licencias obligatorias, derecho del Gobierno á usar de las patentes, mediante el pago de lo que se convenga, en lugar del uso libre que establece la ley actual, contravenciones, etc., pues para ello sería preciso reproducir casi toda la nueva ley; pero si debemos fijarnos en la documentación para pedir una patente, y en la tramitación á seguir para obtener la protección provisional.

A la demanda ha de acompañar una especificación ó Memoria, que puede ser provisional ó definitiva, en la que se describa claramente el invento. Esta Memoria es sometida á un examinador que se encarga de informar si el invento está con arreglo á la ley y á la moral, y si no hay otra demanda en la oficina de privilegios para un invento análogo; pero este examen se limita á eso sólo, sin preocuparse de si anteriormente se han concedido privilegios por inventos iguales ó parecidos.

La protección provisional da derecho al inventor de publicar y utilizar su invento, sin que nadie pueda atacar su derecho antes de la publicación de la especificación ó Memoria definitiva. La protección provisional se concede por quince meses; pero la definitiva con dibujos, si son necesarios, debe ser entregada á los nueve meses de presentada la provisional; y si la especificación definitiva no es aceptada por el examinador á los tres meses, no se concede la patente. Si la Memoria definitiva es aceptada, la oficina de patentes lo anuncia; y desde aquel momento, Memoria y dibujos están á disposición del público para su examen.

Cualquiera puede hacer oposición á la concesión de una patente, dentro de los dos meses siguientes á la publicación de la Memoria definitiva, fundándose para ello: 1.º, en que el privilegiado no es el verdadero y primer inventor, sino que ha tomado la invención del que se opone; 2.º, en que la invención ha sido ya privilegiada en el país; y 3.º, en que haya una demanda ya hecha para la misma invención en la oficina de patentes. Son nulas las oposiciones que no estén fundadas en alguno de los tres casos citados.

Si no se presenta oposición, ó es desechada la que se presente, la concesión de la patente será definitiva y será provista en seguida del gran sello, empezando á contarse la duración de cuatro años desde el día en que se hizo la demanda.

Como observarán nuestros lectores, aunque la nueva ley inglesa de patentes es una modificación importante de la antigua en favor de los inventores, no por eso resulta tan sencilla y clara como fuera de desear, por lo cual repetimos que es casi imposible obtener una patente en Inglaterra sin valerse de los agentes especiales.

EXPOSICIÓN MINERA.

CUESTIONES ECONÓMICAS (1).

IV.

Hemos indicado muy someramente, en nuestro artículo anterior, las ventajas prácticas que la industria minera había obtenido desde la publicación del decreto-ley de 1868; y para formar de él un juicio favorable en el más alto grado, bastaría la experiencia de quince años que lleva la aplicación de sus principios, y el brillante estado que merced á ellos presenta hoy la explotación de minas ostentando su desarrollo en la Exposición del Retiro.

Pero no podemos menos de llamar la atención de nuestros lectores sobre la rectitud y el acierto del legislador, sobre la sana doctrina económica en el decreto sustentada, sobre la sencillez de sus disposiciones, y especialmente sobre la habilidad prodigiosa con que se abordan y resuelven los más árduos problemas de la economía y del derecho, en cláusulas breves, de clara redacción y de sobria severidad.

En efecto, el legislador de 1868 encontraba vencido ya y desautorizado el principio regalista; pero ocupado el campo por la doctrina de que la propiedad de las minas es del dominio público representado por el Estado, y á la sombra de este principio socialista se había creado una riqueza importunísima que la ley debe amparar, porque esta riqueza es el fruto del trabajo, origen de la verdadera propiedad y semilla única del bienestar de los pueblos y de los individuos.

Conciliador en extremo el decreto-ley de 1868, no solamente establece el respeto á lo entonces existente, sino que contemporizando con el dominio del Estado sobre la masa subterránea, tiende á que este dominio pase á ser de la propiedad privada, confiando plenamente en la facultad creadora del trabajo del hombre y en el esfuerzo maravilloso de la actividad individual. Ceder el dominio del Estado, y llamar al interés privado al campo de la producción; encontrar en pleno ejercicio el socialismo administrativo y utilizarlo sin violencia y sin trastornos para estimular el interés personal en beneficio de la riqueza pública, es una evolución en pro de las buenas doctrinas, que revela un conocimiento profundo de las cuestiones sociales y una habilidad exquisita en el arte de gobernar, por lo cual jamás será bastante aplaudido el decreto de 1868.

El mencionado decreto, con acertadísima moderación, limita las funciones del Estado á lo puramente administrativo, apartándole en absoluto de una intervención antieconómica en las explotaciones privadas, intervención que las anteriores leyes extendían á las investigaciones, calicatas, condiciones técnicas y aun las económicas. Simplificando así las funciones del Gobierno y facilitando los trámites de concesión, se ha conseguido el doble objeto de que la Administración pública no venga á envolverse en las malas artes que el interés privado puede ejercer algunas veces, y de que tampoco esa Administración, animada de un celo indiscreto ó de unas facultades sobrado amplias, venga á ser una rémora para el explotante de buena fé. Hay un deslinde bien preciso entre las atribuciones del Gobierno, circunscribidas á las funciones que le son propias, y los derechos que acompañan á la propiedad particular.

No es menor razón de elogio la que encontramos en el respeto á la propiedad que el decreto de 1868 establece en todas sus disposiciones. El artículo 49 bastaba por sí solo para merecer el más cumplido elogio, al establecer la perpetuidad de las concesiones; y al equiparar así la propiedad minera con la propiedad territorial, se han borrado los límites que en derecho estricto separaban la propiedad minera de toda otra especie de bienes. La concesión de las minas equivale ahora á la adquisición á censo, completando y robusteciendo esta adquisición el final del artículo citado, en el cual se establece que la Administración no podrá privar á su dueño del terreno concedido, sea cual fuere el grado en que lo explote.»

Nunca se estimará en todo lo que vale la reconciliación que con los sanos principios de derecho y de economía política encierran estas dos solas líneas. Al dejar al minero en