La Gaceta industrial (1883-07-25 00:00:00), página 12

Sr. Silvela, a la amortización y pago de intereses de las obligaciones de ferro-carriles.

Señores Diputados, el Sr. Silvela conoce bien todas estas cosas, y no puede ignorar que al Gobierno se le habían presentado todo género de soluciones por las Compañías; que había diversidad de opiniones entre las mismas Compañías; que unas querían que estas cantidades se destinaran a la amortización de las obligaciones; otras al pago de la Deuda flotante, y alguna propóna, que el auxilio se dedicara a la construcción de determinadas obras.

Y cuando estas cuestiones estaban planteadas, ¿quién puede maravillarse de que al traducir con cierta libertad y no literalmente la segunda autorización del proyecto presentado al Congreso en el decreto de 29 de Diciembre se optara por una de las varias fórmulas por las mismas Compañías presentadas y se dijera que esta cantidad debía destinarse en primer término á pagar a los obligacionistas reconociendo que este era el preferente deber de las Compañías, porque sobre el crédito hipotecario de los obligacionistas no podía prevalecer el crédito quinero-fiscal o escriturario de los acreedores por Deuda flotante? ¿Qué tenía esto de particular?

Pero en definitiva yo voy á dirigirte una pregunta al señor Silvela. ¿Se pudo pensar entonces que este 10 por 100 iba á ser garantía de las obligaciones que emitieran las Compañías que con posterioridad se creasen? ¿Hay algo en el decreto que lo indique? Yo invito al Sr. Silvela á que lo diga y conteste con la misma claridad que yo estoy respondiendo á su interrumpido. Ni una sola palabra, señores Diputados.

El fundamento del decreto es la triste situación de las Compañías existentes, el propósito de sacarlas á flote, la noble intención de salvar la crisis financiera, otras consideraciones, en fin, relacionadas con las entidades existentes entonces, y que nada tienen que ver con las entidades futuras. ¿Con qué derecho, señores Diputados, pretenderán los que, usando de la libertad que daba la ley de Obras públicas del año 1868, han obtenido las concesiones y emprendidos los trabajos con libertad de tarifas, con sus concesiones á perpetuidad; con qué derecho, digo, podrán sostener estas Compañías que para ellas se hizo la cesión del 10 por 100?

Y respecto de aquellas Compañías que han venido á las Cámaras pidiendo por leyes especiales que se les otorgaran caminos de hierro sin subvención directa ni indirecta, y obteniéndolas de esta manera, es claro que sólo por modo de obrepción y subrepción han podido apoderarse del apoyo y ofrecerle en garantía á sus obligacionistas? En cuanto á las Compañías anteriores, ¿por ventura sus concesiones implican alguna obligación por parte del Estado? ¿Es que sus naturales ingresos, aquellos con arreglo á los cuales se hicieron las emisiones de obligaciones anteriores al año 1866, pueden pretender este aumento de renta obtenido á costa de uno de los ingresos del presupuesto?

No; los obligacionistas que recibieron sus obligaciones en 1867 y en 1865, cuando entre los ingresos de la Compañía no estaba el 10 por 100, carecen de todo derecho á quejarse de que este 10 por 100 desaparezca. Y entonces, ¿á qué queda reducido el problema? ¿Cuál es la importancia de la cuestión, según el criterio del Sr. Silvela? La cuestión sólo puede afectar á los tenedores de las emisiones hechas por las Compañías existentes en 1866 después de 4.º de Enero de 1867, y para la construcción de líneas no concedidas después de 38 de Diciembre de 1866. ¿Y cuántos y quiénes son estos? ¿Lo sabe S. S.?

Aun para ello distan mucho de tener fundamento de ninguna clase los argumentos empleados por el Sr. Silvela. ¿Por qué? Porque el Estado no garantiza nunca el interés del capital empleado en los ferro-carriles. El Sr. Silvela, que conoce nuestra historia tan bien como nuestro derecho, que sabe que hicimos una revolución con el deseo, entre otros, de concluir con la garantía del interés, que había escandalizado á España, ¿cómo prelade que después de dar las subvenciones directas, seamos responsables ante terceros de las deudas que hayan contraído las Compañías?

Lo que pasa en esto, señores Diputados, es de todos perfectamente conocido. La emisión de obligaciones se hace con ciertas reglas marcadas en las leyes, reglas que señalan por límites capital realizado en acciones del cual se deducen las obligaciones emitidas y los gastos naturales de la explotación.

Sé ha añadido, es verdad, que debe cuidar la Administración de que las obligaciones sean amortizadas con los productos naturales del camino.

Pero yo digo al Sr. Silvela y al Congreso que si la doctrina en que se fundan los impugnadores del proyecto fuese cierta, la cuestión sería mucho más grave, porque no solamente podrá suprimir el 10 por 100, que en mi concepto legítimamente se exige hoy por las Compañías, sino que responderíamos de toda alteración pequeña o grande en los rendimientos de los caminos, estaríamos obligados á asegurar á los terceros acreedores los rendimientos tales y como se hubiesen calculado al hacer la emisión, ni un centimo menos; en fin, señores Diputados, después de la revolución de 1864 que se propuso entre otras cosas librar á España de la obligación desconocida y abrumadora con que amenazaban las concesiones de ciertas líneas ferreas; después de eso, no solo tendríamos que pagar los auxilios y subvenciones que hemos acordado, sino que además estaríamos expuestos á las reclamaciones de terceros acreedores cada vez que en uso de nuestra soberana modificásemos las tarifas de Aduanas, y por consiguiente los precios totales que llevan consigo los trasportes, cada vez que estableciésemos una prima á favor de determinados generos que hubiera de salir por un lado de la nación en vez de salir por otro; cada vez, en fin, que de cualquier manera directa ó indirecta alterásemos la situación existente en el momento en que las compañías hicieron sus emisiones. ¿Es esto posible? Pues si no lo es, convénzase S. S. de que los cálculos de rendimientos más o menos probables hechos al autorizar la emisión en obligaciones, no son ni pueden ser la fianza u obligación subsidiaria de que el Estado deba responder en ningún caso.

¿Y cómo ha de serlo, señores Diputados! La operación que la Administración hace para autorizar la admisión de obligaciones es la siguiente: se trata de una línea en construcción, que entonces es cuando principalmente se requiere el auxilio de los capitales. ¿Cómo puede calcular la Administración exactamente los productos del camino? ¿Acaso porque los calcule en 16, 6 en 20 ó en 30.000 pesetas, se puede sostener que queda ligado para con los terceros á garantizar constantemente esas sumas? No; como se trata de rendimientos siempre eventuales, no se hacen sino cálculos eventuales también; cálculos que la Administración forma. ¿Sabéis cómo?

Pues los forma sobre los datos mismos de las Compañías porque no han llegado aún los recursos del Tesoro hasta permitir que tengamos una contabilidad, mejor dicho, una estadística al lado de la contabilidad, de la estadística de las Compañías.

¡Estaría, pues, servido el Estado si de esta suerte se obligase! Es contra todos los principios y doctrinas de derecho, derivar una obligación de un computo vago, hecho sobre datos que dan las compañías; á tanto equivale, sin embargo, la doctrina del Sr. Silvela!

No digo más de la cuestión de derecho en el único punto en que esta cuestión ha sido examinada, y voy á ocuparme ahora de la cuestión de crédito.

También el Sr. Silvela tuvo en este punto una de sus acertadas gracias; también se permitió, arrastrado por la propensión que en S. S. es natural, y que en cierta ocasión nos dijo que cultivaba con esmero, ir hacia peligrosos abismos. Pues no piensa el Sr. Silvela que una tontería es peor que un crimen. Y una candidez peor que una injusticia. (El Sr. Silvela: Fue una cita histórica.)

Sr. Silvela, S. S. no necesitaba de la cita histórica; pero cuando la trajo para obtener su efecto debió saber á que extremos le conduciría la cita histórica, y entre otras cosas, debió recordar que esa moral que aparecía condenada con una sonrisa indefinible de S. S., le había dado ocasión para uno de sus triunfos oratorios, cuando la Vimpelo desde ese mismo banco, creyendo con notable injusticia que podría entreverse en las palabras del adversario suyo con quien contienda.

¿Cómo le ha de parecer al Sr. Silvela, que muchas veces afecta un espíritu escéptico y un positivismo glacial, que jamás inspiran las determinaciones de su voluntad, que es peor ser tonto que criminal y peor que ser injusto ser inocente, cuando S. S. ha llamado aquí contra quien creyó su señoría, sin motivo ni fundamento alguno, que se quejaba de una torpeza y no se habría quejado de una acusación de injusticia?

¿Y por qué le parece á S. S. candida y por consiguiente peor que injusta la determinación que discutimos? Porque, en su concepto, esta determinación ataca al crédito y pone espanto en aquel mundo en que se forma la opinión de los