La Gaceta industrial (1883-08-10 00:00:00), página 6

quedarán sujetos á los efectos de las rebajas sucesivas que se les ha de aplicar según lo preceptuado en la ley de 6 de Julio de 1882, en cuanto hace referencia á la aplicación de la base 5.º

Art. 4.º Se suprimen para todas las mercancías expresadas en el art. 1.º los derechos consulares establecidos por Real orden de 18 de Octubre de 1876 en sustitución de los fijados en los arts. 48, 49, 50 y 51 de las tarifas consulares de 15 de Julio de 1874 que por aquella disposición quedaron anulados.

Art. 5.º El impuesto de navegación por la carga y descarga de los carbones de cok en el comercio con el extranjero se fija en 35 céntimos de peseta por tonelada de 4.000 kilogramos, y en 40 céntimos de peseta en el comercio de cabotaje por igual unidad, para los carbones, cok y mineral de hierro.

Art. 6.º Los derechos señalados á las mercaderías expresadas en el art. 1.º se exigirán sobre el peso bruto, excepto el fósforo, la lana peinada y cardada y la horra de seda torcida, que pagarán por el peso neto.

Los envases vacíos para los ácidos, así los de vidrio huecos común u ordinario, de vidrio oscuro ó barro (partida décima), como los cestos de enea para la colocación de aquellos (partida 186), pagarán los 400 kilogramos 20 céntimos de peseta.

A los cueros y pieles sin curtir salados, se rebajará el derecho fijado en esta ley en la proporción de 60 por 100 á los que se llaman salados húmedos, y 30 por 100 á los salados secos.

Art. 7.º Las rebajas que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 de la ley de presupuestos para 1878 á 1879 vienen disfrutando el algodón en rama, los cueros y las pieles sin curtir y el anil, procedentes directamente de puntos extranjeros de fuera de España, serán en lo sucesivo de una peseta para el algodón y los cueros y pieles sin curtir, y de 3 pesetas para el anil, por cada 400 kilogramos.

Art. 8.º Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5.º y 7.º, continuarán exigiéndose los derechos que hoy perciben las Corporaciones y Juntas de puertos de los de Pasejos, Barcelona, Tarragona, Sevilla, Valencia, Santander, Palma, Gijón, Málaga, Cartagena, Huelva, Coruña, Almería y Bilbao.

Durante el presente año de 1883, el Ministro de Hacienda, oyendo á las Corporaciones y Juntas de puertos interesados, tendrá el derecho de revisar los arbitrios y recargos que le han sido otorgados, á fin de compensarlos ó ponerlos en armonía con las disposiciones de esta ley, con los intereses generales de la industria y el comercio, y con los especiales de cada puerto.

El resultado de esta revisión no podrá sin embargo, alterar la suma total percibida por las Juntas de puerto y Corporaciones, como término medio de los tres últimos años, ni la forma de percepción directa la que hoy les está reconocida.

Art. 9.º El Ministro de Hacienda dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Por tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintitres de Julio de mil ochocientos ochenta y tres.—Yo el Rey.—El Ministro de Hacienda, Justo Pelayo Cuesta.

D. Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España; á todos los que la presente vieren y entiendieren; sabed; que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El canon anual por hectárea en las concesiones para la explotación de sustancias minerales será de 40 pesetas en las minas de piedras preciosas y criaderos de sustancias metalíferas, exceptuando los de hierro, comprendidos en la tercera sección de las que establece las bases generales para la legislación de minas de 29 de Diciembre de 1868, y 4 pesetas en las minas de hierro, sustancias combustibles, escoriales, terrenos metalíferos y demás sustancias de la segunda y tercera sección.

Art. 2.º La riqueza minera pagará por impuesto el uno por 100 de su producto bruto. Se entiende por producto bruto de una mina el valor íntegro y sin deducción alguna por gastos que tenga el mineral extraído.

Art. 3.º La percepción del impuesto se verificará con arreglo á las siguientes bases:

Primera. La Administración, en vista de las relaciones de producción presentadas por los particulares, de las estadísticas mineras, de los informes de los ingenieros Jefes de minas de las provincias y de los antecedentes y datos que estime oportunos, fijará con la debida anticipación la cantidad que debe abonarse por cada pertenencia minera.

Segunda. Si esta cantidad excede de la que corresponde por impuesto según la relación presentada por el particular, éste podrá reclamar al Ministro de Hacienda, contra cuya resolución no se dará recurso alguno. El particular que en el plazo marcado no presente la relación de productos, tendrá que pasar por la cantidad que la Administración fije, sin derecho á reclamación alguna.

Tercera. La Administración podrá celebrar conciertos con los contribuyentes para la recaudación del cupo que corresponda á cada provincia. Si las condiciones de la producción del terreno u otras circunstancias lo aconsejan, se dividirá la provincia en dos ó más centros mineros, celebrándose separadamente los conciertos con los contribuyentes de cada uno de ellos.

Cuarta. El cupo de la provincia ó centro minero se fijará de común acuerdo entre la Administración y los contribuyentes, calculándose por la suma de las cuotas parciales de cada pertenencia, con una rebaja que no exceda del 20 por 100.

Quinta. Si no pudiera realizarse el concierto, la Administración recaudará directamente de cada contribuyente el cupo que le corresponda según la regla primera, ó arrendará la recaudación total de cada provincia ó centro minero; en este caso el precio del arrendamiento no podrá ser menor del fijado para el concierto con los contribuyentes. Si la Administración opta por el sistema de arrendamiento, podrá hacer éste extensivo á la recaudación del canon por superficie.

Artículo 4.º El Gobierno dictará los reglamentos e instrucciones necesarios para la aplicación de esta ley.

Por tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y tres.—Yo el Rey.—El Ministro de Hacienda, Justo Pelayo Cuesta.