La Gaceta industrial (1883-07-25 00:00:00), página 11

Yo, digo, señoras Diputadas, que no he de entrar en este camino; acaso no se prestaria mi inteligencia á este género de ejercicios en que padece aquello que más queremos; pero si mi inteligencia se prestara, no se prestaría mi confianza de español, ni se prestaría mi corazón de amigo y de compañero.

Entro, pues, en el examen de las cuestiones aquí planteadas, y ante todo conviene que nos fijemos en una consideración que es importante y que ha de ser tranquilizadora para todo el mundo. Cuantos han impugnado este proyecto convienen en que sí las Compañías hubieran sido consultadas, si las compañías no hubieran mostrado sus peticiones en los términos de que dan testimonio todas las hojas diarias de esta corte y hasta los mismos Diarios de Sesiones, el proyecto no tendría dificultades.

Es ya un punto que debemos dejar establecido, porque en el fondo resulta que se mantiene la discusión, porque hay un interés que clama, que suele tener eco y resonancia en muchas partes; pero que una vez que esos clamores se acallan o que la supuesta lesión de ese interés resulte de algún modo justificada, los señores Diputados que impugnan el proyecto y cuantos le han combatido fuera de aquí se darán por satisfechos. Y yo demostraré que no hay agresión ilegítima, que no hay lesión en los derechos de las Compañías de ferrocarriles.

Ya se va huyendo de la discusión del derecho; ya se reconoce, y es importante este reconocimiento, que los derechos de las Compañías de ferrocarriles no son inconcisos, ni indiscutibles, si bien añade el que esto contesta que si se tratará sólo de cuestión de derecho, él en la duda de si el derecho asistía á las Compañías ó asistía al Estado, se pondría desde luego al lado del Estado.

Propósitos y manifestaciones que no deben ser tranquilizadoras para las Compañías de ferrocarriles, porque no teniendo yo absolutamente en este instante el menor interés de hacer en la cuestión que se debate su propia causa, he de decir que si a mí me hubiera asaltado la más pequeña duda de que violaba el derecho de las Compañías, no hubiera sometido á la aprobación de mis compañeros este proyecto ni le hubiera traído á la Cámara. Lo que he tenido por principal norma de conducta toda mi vida, el respeto al que me parece sacrosanto derecho de todos, no me habría permitido traer un proyecto que violara la propiedad de nadie, y no lo hubiera traído en la duda de si podía ó no cometer una violencia.

He traído este proyecto porque tengo convicción firmísima de que, no solo no lesiona ningún derecho, sino que tampoco contradice ninguna conveniencia, y como ya en la cuestión de derecho los mantenedores parecen declararse en derrota y echen sus observaciones á un punto que ha sido con lucidez expuesto y presentado por el Sr. Silvela, á ese punto me dirijo, pues es el único que aquí queda en pie y constituye la materia de contención ante vosotros.

El Sr. Silvela me demandaba una contestación clara respecto al problema que S. S. se sirvió plantear y que planteó en la otra Cámara con gran ecloquencia un dignísimo Senador de la minoría conservadora. Voy á dar á S. S. la contestación que desea; no he de reservarme nada, vengan después los argumentos que se quieran.

S. S. pretende que esta comprometido el Estado á ser titular ó dador subsidiario de los obligacionistas al lado de las Compañías. ¿No es este el argumento? S. S. lo pretende; porque el decreto de 29 de Diciembre de 1866 dice en su artículo 1.º, que aquella cantidad se cede para que las Compañías la destinen al pago de amortización e intereses de las obligaciones emitidas ó que en lo sucesivo puedan emitir. Con este motivo el Sr. Silvela, recordando palabras que dijo en la otra Cámara, ha pretendido inflijar una molestia á alguno de mis dignos compañeros de Gabinete; y á otra persona respetabilísima que en esta Cámara tiene asiento, recordando palabras que se pronunciaron en la discusión, no del decreto de 29 de Diciembre, que no fué discutido ni se me imputó, sino en la discusión del proyecto de ley que trajo el Sr. Alonso Martínez en 1866, que rectificó después la comisión, de acuerdo con el Sr. Canovas del Castillo y no llegó á ser ley.

El Sr. Silvela decía: pues si al señor Ministro de Fomento le pareció triste el ejemplo que se daba entonces y si este ejemplo lo daba el señor Marqués de la Vega de Armijo y otras respetables personas ¿cómo han de compartir estos señores la alegría que hoy siente el señor Ministro de Fomento al revocar aquel decreto? No, señores; estos argumentos no se pueden hacer sino olvidando supuestos importunísimos que el Sr. Silvela no está acostumbrado á olvidar en los debates.

Cuando en las Cortes se trataba de las autorizaciones pedidas por el señor Ministro de Hacienda y no por el de Fomento de entonces, las autorizaciones eran otras, eran muy distintas de las que comprende el decreto de 29 de Diciembre de 1866; después de todo, aquellas autorizaciones se pedían á las Cortes sin decir al país [con visible inexactitud que tiene su calificativo], sin decirle al país que no se necesitaba por parte del Tesoro de los recursos que se cedían a las Compañías; y en cambio en el decreto de 29 de Diciembre (y esto es lo que causa en mi tristeza, y no puede menos de causarla en el Sr. Silvela, para quien la inexactitud de los motivos nunca puede ser fundamento de las concesiones que hagan los Gobiernos), en el preámbulo de ese decreto se decía que el Gobierno podía hacer aquel regalo porque no lo necesitaba para la nivelación de los presupuestos, y aquel mismo Gobierno al año siguiente se veía obligado á proclamar que quedaba un déficit en el presupuesto de 1864, en el de 1865, en el de 1866, y que esperaba otro mayor del presupuesto que había de liquidarse después. Y porque reconoció todos estos déficits pedía una autorización para convertir la Deuda, y de aquella autorización pretendía obtener recursos con que saldar los descubiertos. Esta es mi tristeza, porque yo no concibo que cuando se hacen concesiones de esta clase se menester decir al país que se hacen porque hay de sobra recursos, cuando al propio tiempo se tiene la conciencia de que faltan los necesarios para atender á las mas penhorosas obligaciones.

Dejando á un lado este episodio, señores Diputados, he dicho que afrontaría resueltamente la cuestión y voy á hacerlo. ¿Qué quiere el Sr. Silvela? Que el art. 1.º diga terminantemente que el 10 por 100 de recargo sobre billetes de viajeros se destine con precisión al pago de la amortización e intereses de obligaciones emitidas ó que se emitan? ¿Quiere el Sr. Silvela que ese artículo diga que se destine perpetuamente? ¿Quiere S. S. que diga que se destine irrevocablemente? Pues todo eso le concedo al Sr. Silvela, y tengo la completa evidencia de que S. S. no ha de insistir en ese argumento, porque ¿qué pensaría el Sr. Silvela de la legitimidad de una concesión hecha por un apoderado suyo respecto de cosas á que no alcanzaran los poderes? ¿Por dónde entendería S. S. que el que tuviera poderes suyos para disponer de la renta de un año los tenía para disponer de la renta de 99? ¿Y qué importa que el apoderado de S. S. hubiese comprometido esa renta una, dos y cien veces, si lo había comprometido sin poder?

¿Y por dónde el tercero que contrató con esa persona, que otorgó lo que no podía otorgar, reclamaría el Sr. Silvela que cumpliese compromisos sin su conocimiento e ilícitamente contraídos?

Este es el problema, señores; y como no puede negar el señor Silvela que en 1865 como hoy y como siempre, los impuestos no existen si no han sido previamente votados por las Cortes, y como efectivamente lo que se cedió era un impuesto que existía en el momento de la cesión; pero que, para el año siguiente necesitaba la ratificación de las Cortes, he aquí por qué los obligacionistas no podían tener derecho á que se les respetara en el goce de aquello que ni para el Estado, según los preceptos terminantes de todas las Constituciones, es permanente, ni se puede prolongar de un año para otro, fuera del caso y de las condiciones á que atude la ley de Contabilidad. Que lo que no constituye un derecho para el Estado, ¿podría constituirlo para las Compañías, cualquiera que sean su importancia y sus protectores?

Pero no nos engollemos en estas profundidades; no quiero incurrir en aquellas censuras que magistralmente lanzaba el Sr. Bosch y Fustegueras, contra mí, acusándome de haber traído argumentos de efecto que S. S., con el tono doctoral que le ha sido tan propio en este debate, declaró que no tenían importancia alguna. No insistió en este género de argumentos que parecen al Sr. Bosch demasiado altos, y veo á la cuestión en los términos en que la ha planteado el Sr. Silvela.

Prescindiendo de los poderes del que cedió; ¿qué es lo que cedió? ¿Cómo se puede inferir de los términos de la cesión que ésta sea perpetua? Porque se había de destinar, dice el