La Gaceta industrial (1884-09-25 00:00:00), página 2

España, Francia, Guatemala, Italia, Países-Bajos, Portugal, Salvador, Servia y Suiza para la protección de la propiedad industrial, los plenipotenciarios que lo firman han convenido lo que sigue:

1.º Las palabras Propiedad industrial deben ser entendidas en su acepción más lata, es decir, que no solamente son aplicables a los productos de la industria propiamente dicha, sino también a los productos de la agricultura (vinos, granos, ganados, etc.), y a los productos minerales objeto de comercio (aguas minerales, etc.)

2.º Bajo la denominación de Patentes de invención, están comprendidas las diversas clases de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los Estados contratantes, tales como patentes de importación, de perfeccionamientos, etc.

3.º Queda entendido que la disposición final del art. 9.º del Convenio no modifica la legislación de ninguno de los Estados contratantes en lo que concierne al procedimiento á seguir ante los tribunales, y la competencia de estos tribunales.

4.º El parágrafo 1.º del art. 6.º debe entenderse en el sentido que ninguna marca de fábrica ó de comercio podrá ser excluida de la protección en uno de los Estados de la Unión por el mero hecho de que no satisfaga, por los signos ó dibujos que la componen, á las condiciones de la legislación de dicho Estado, con tal que esté con arreglo á la legislación del país de origen, y que haya sido en este último país objeto de un depósito regular. Salvo esta excepción, que sólo se refiere á la forma de la marca, y bajo reserva de las disposiciones de los demás artículos del Convenio, la legislación interior de cada uno de los Estados tendrá su aplicación.

Para evitar toda falsa interpretación, queda entendido que el uso de los escudos ó armas públicas, y de las decoraciones puede ser considerado como contrarió al orden público, en el sentido del párrafo final del art. 6.º

5.º La organización del servicio especial de la propiedad industrial mencionada en el art. 12 comprenderá, en lo posible, la publicación en cada Estado de un periódico oficial.

6.º Los gastos comunes de la Oficina internacional instituida por el art. 43, no podrán en ningún caso exceder por año de una suma total que represente, por término medio, 2.000 francos por cada Estado contratante.

Para determinar la parte con que ha de contribuir cada uno de los Estados á la suma total de gastos, los Estados contratantes y los que se adhirieren ulteriormente á la Unión, serán clasificados en seis clases, contribuyendo cada uno en la proporción de un cierto número de unidades á saber:

    1.ª clase
    25 unidades.
    6.ª clase
    10 unidades.

    2.ª clase
    20
    5.ª clase
    5

    3.ª clase
    15
    6.ª clase
    3

Estos coeficientes serán multiplicados por el número de los Estados de cada clase, y la suma de los productos así obtenidos será el número de unidades por el que el gasto total debe ser dividido. El cociente dará el importe de la unidad de gasto.

Los Estados contratantes son clasificados como sigue para la repartición de gastos:

1.ª clase... Francia, Italia.
2.ª clase... España.
3.ª clase... Bélgica, Brasil, Portugal, Suiza.
4.ª clase... Países-Bajos.
5.ª clase... Servia.
6.ª clase... Guatemala, Salvador.

La Administración suiza vigilará los gastos de la Oficina internacional, hará los adelantos necesarios y establecerá la cuenta anual, comunicándola á las demás Administraciones.

La Oficina internacional centralizará los informes de toda clase relativos á la protección de la propiedad industrial, y les reunirá en una estadística general, que será distribuida á todas las Administraciones. Hará los estudios de utilidad común que interesen á la Unión y redactará, en vista de los documentos que pondrán á su disposición las diversas Administraciones, una hoja periódica, en francés, sobre las cuestiones concernientes al objeto de la Unión.

Los números de esta hoja, lo mismo que todos los documentos publicados por la oficina internacional, serán repartidos entre las Administraciones de los Estados de la Unión, en proporción del número de unidades contributivas antes mencionadas. Los ejemplares y documentos suplementarios que sean reclamados, ya por las Administraciones, ó por las Sociedades ó particulares, serán pagados aparte.

La oficina internacional deberá estar siempre á la disposición de los miembros de la Unión para suministrarles, en las cuestiones relativas al servicio internacional de la propiedad industrial, todas las noticias y datos que puedan necesitar.

La Administración del país en que ha de celebrarse la próxima conferencia debe preparar, con el consejo de la oficina internacional, los trabajos de dicha conferencia.

El Director de la Oficina internacional asistirá á las sesiones de las conferencias, y tomará parte en las discusiones sin voz deliberativa, y hará, si es necesario, un informe anual que será comunicado á todos los miembros de la Unión.

El idioma oficial de la Oficina internacional será el francés.

7.º El presente protocolo de clausura que será ratificado al mismo tiempo que el Convenio, será considerado como parte integrante del mismo, y tendrá la misma fuerza y duración.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios abajo firmados, han hecho el siguiente protocolo:

Firmado:
Reyens—Villeneuve.—Duque de Fernán-Núñez.—P. Challemel-Lacour.—Ch. Herisson.—Ch. Jagerschmidt.—Crisanto Medina.—Reissman.

Firmado:
Baron de Zuijlen de Nievelt.—José de Silva Méndez Leal.—F. D'Azevedo.—I.M. Torres-Caicedo.—Lunia M. Marimonitch.—Lardy.—J. Weibel.

El cambio de ratificaciones se ha hecho en Paris el 6 de Julio de 1884.

Certificado por el Secretario general del Ministerio de Negocios extranjeros.—Barón Lambertmont.

Ahora que nuestros lectores conocen el texto oficial del Convenio, creemos necesario hacer resaltar los puntos nuevos más importantes que introduce en la legislación actual, fijándonos especialmente en la que hoy rige en España.

Es el primero, y de mayor interés, el derecho de prioridad que se concede á los inventores por espacio de seis meses, para que dentro de dicho plazo puedan solicitar patente de invención en cualquiera de los Estados contratantes. Esta equitativa disposición, á la vez que realiza un acto de justicia, viene á llenar un vacío, y á poner fin á un verdadero desbarajuste creado por deficiencia de nuestra legislación en una cuestión de tanta trascendencia.

La ley de 1878 vigente, nada dice sobre el particular, y si algo se desprende de ella es que las patentes extranjeras no pueden concederse más que por diez años. Nuestros lectores pueden ver, sin embargo, en las listas de patentes que damos en todos los números, que todas, ó casi todas las extranjeras se piden por veinte años, y por ese tiempo se conceden, á pesar de que, con arreglo á la ley, sólo deberían concederse por diez años, según acabamos de indicar. Y no es que critiquemos esa manera de proceder, que está en oposición con lo que la ley prescribe; aplaudimos, por el contrario, que haya desaparecido, gracias al Convenio, un estado de cosas en extremo perjudicial para los verdaderos inventores. Ya saben éstos, pues, que en lo sucesivo tienen seis meses para pedir patente en cualquiera de los Estados convenidos, sin que durante ese tiempo pueda hacerlo nadie, como hasta aquí ha podido suceder.

Otro punto importante que resuelve el Convenio, se refiere exclusivamente á Francia, única nación que mantenía la prohibición de introducir los productos privilegiados, fabricados en el extranjero. Esta cuestión la ha tratado con sumo acierto el conocido ingeniero francés, Mr. Ch. Thirion, en un artículo dedicado á examinar el convenio bajo todos sus aspectos, y del que tomamos los siguientes párrafos, en los cuales hace además la historia de los diversos trámites por que ha pasado dicho Convenio internacional antes de llegar