La Gaceta industrial (1882-05-10 00:00:00), página 10

bomba, cuyos diámetros de tubo varian desde 3 á 18 pulgadas inglesas, y de 100 á 6.000 litros la cantidad de agua que sacan por minuto.

Las bombas centrifugas son demasiado conocidas por sus inmensas ventajas cuando se trata de elevar grandes cantidades á alturas moderadas, que no excedan de 10 metros, para que haya necesidad de insistir en este punto.

CORRESPONDENCIA DE MIERES.
EL CANÓN MINERO.
Sr. Director de La Gaceta Industrial.

Muy señor mío: Aprovecho, para reanudar mis interrumpidas correspondencias, la ocasión que me proporciona el inteligente e infatigable colaborador de La Gaceta Industrial, Sr. J. G. H., con su artículo titulado «El Canón de superficie minera»; y aunque esta vez he de oponer puntos de vista muy distintos á los suyos, al fin coincidiremos en la misma aspiración, en el mismo deseo de que las explotaciones mineras adquieran en España el desarrollo que corresponde á la importancia geológica de los criaderos.

Pero la cuestión del canón de superficie debe ser apreciada en el doble concepto de los intereses de la industria y del Estado, y aquí empiezan nuestras divergencias, pues mientras el Sr. J. G. H., aun reconociendo que el recargo de 400 por 100, que hoy pesa sobre las concesiones mineras, es científicamente una obra mala, la aplaude sin reserva por encontrarla muy práctica, y sobre todo encaminada á atajar un mal intolerable, el acaparamiento minero; yo, que acepto el calificativo de mala para dicha obra considerada, no sólo científica sino legal y económicamente, entiendo que no basta que una ley sea práctica para que pueda ser aplaudida, y que ni á la corta ni á la larga podrá dar buenos resultados si destruye en principio los fundamentos de la propiedad minera, pone trabas al espíritu de investigación y de empresa, y ataca el precepto constitucional, repartiendo desproporcionalmente las cargas.

Y no otra cosa sucederá nunca, por más vueltas que le dé el Sr. J. G. H., mientras se proceda por el absurdo procedimiento de juzgar de la riqueza de las concesiones mineras tan solo en razón del terreno que ocupan.

No niego, Sr. Director, que exista el acaparamiento; pero si este es un mal, atájese en el origen modificando convenientemente la ley de minas, para que las concesiones se otorguen á quien ofrezca la garantía de explotarlas: lo que niego rotundamente es que el acaparamiento esté también en razón única de la superficie que pueda ocupar un concesionario, por la sencilla razón de que hay criaderos que exigen la ocupación de grandes superficies demarcadas para ser beneficiados económicamente, mientras que hay otros que sólo necesitan una superficie muy pequeña, aun pudiendo ser explotados en escala mayor; lo que niego es que pueda encontrarse fundamento para dejar sentado, como lo hace el Sr. J. G. H., que el recargo de 100 por 100 beneficia á los mineros más meritorios y perjudica á los menos dignos de los halagos del Estado, pues prescindiendo del acaparamiento que existe ó puede existir, lo mismo en las concesiones grandes que en las pequeñas, lo mismo en las minas metálicas que en las de carbon, el recargo beneficia grandemente á los mineros que han tenido la suerte de tropezar con un rico criadero, bien situado á la vez bajo el punto de vista del mercado, y esto es á expensas de duplicar, cuadruplicar ó sextuplicar la carga á los mineros que han tenido la desgracia de emplear su capital en la adquisición de minas pobres, y mucho más si estas minas, como sucede con las de carbón de Asturias, no pueden pasar, para ser beneficiadas convenientemente, sin la ocupación de grandes superficies.

De modo que la ley promulgada en 31 de Diciembre, aligeraba de tributo precisamente al que más puede, á expensas de los recargos que arroja sobre los que menos pueden; y si á esto se agrega que tiende á destruir una propiedad cuya perpetuidad ha sido garantida por leyes anteriores, y que además limita de un modo incomprendible los rendimientos para el Estado, que seguirán en lo sucesivo la escala decreciente de las superficies ocupadas, y no la creciente y racional de las riquezas creadas, fácil es comprender que no merecía la pena de haber suprimido el impuesto del 1 por 100, que al menos estaba basado en un principio más aceptable.

Resulta que la ley de 31 de Diciembre tiende directamente á destruir los admirables efectos conseguidos por las bases generales de 1868, á cuya sombra benéfica tanto se desarrolló la iniciativa particular y el afán de registrar é investigar minas que hoy, aunque llevan este nombre todas las concesiones otorgadas, y porque así se hace constar en los títulos, haya ó no mineral explotable, puede decirse que la gran mayoría de aquellas, no merecen en rigor los gastos de conservación, mientras que al Estado siempre le serán muy convenientes, porque contribuyen con la investigación y con el tributo á la prosperidad del país.

Aquella vaguedad de concepto se descubre también en el artículo á que vengo haciendo referencia, pues en él se prescinde de la posibilidad de laborear económicamente y utilizar las minas concedidas, y sólo se tiende á perseguir el acaparamiento en la persuasión de que este existe allí donde haya muchas hectáreas por explotar, sin detenerse en que estas sean pobres ó ricas, estén bien o mal situadas respecto de las vías de comunicación, ofrezcan ó no en el laboreo utilidades á sus propietarios. El interés público tendrá mucho que ganar con la aplicación de un riguroso y elevado impuesto, pues con este resultará el abandono de multitud de minas á disposición de manos más activas que las investiguen y exploiten. Pero no se piensa que este modo de apreciar las cosas, sobre no estar conforme con el criterio amplio y liberal establecido por las bases generales de 1868, fundamento legal de casi todas las concesiones existentes, produciría, elevado á la categoría de sistema, resultados fatales para la industria minera.

Según él, abandonadas las minas impro ductivas, incluso aquellas que habiendo sido compradas á los primitivos registradores á peso de oro no hubieran dado aun productos por causas independientes de la buena voluntad y de los intereses de sus explotadores, perseguídos éstos por el delito de acaparamiento cuando acaso ellos sean los primeros víctimas de la ingratitude de la naturaleza, ó lo que es peor aún, del atraso del país ó de su mala administración, y destruida la estabilidad de la propiedad minera con el menoscabo de los derechos adquiridos en pactos solemnes, bien pronto se perdería la confianza, faltaría estímulo para la investigación, y el capital se retractaría por no quedar á merced del Estado. Bien seguro estoy de que el Sr. J. G. H. dista mucho de defender tantos errores, pero á ellos conducirán fatalmente las medidas que aplaude sin reserva por la sola razón de encontrarlas muy prácticas.

En mi concepto, el temor de los acaparamientos es exagerado, pues bien á las claras está que el interés particular no ha de dejar impro ductivas las minas cuya explotación pueda reportar seguros beneficios, y esto es lo que precisamente su-