La Gaceta industrial (1882-04-10 00:00:00), página 1

REDES TELEFÓNICAS.—PROYECTO DE LEY.

Son muchas las personas que caen en el error, que es más de lamentar en España que en otros países, de creer que lo que se hace despacio se hace bien, y muy pocos los que están en el secreto de que esa tendencia más frecuente en nuestro país que en otros, a diferir y a posponer, lejos de representar una manera de madurar ideas son en realidad manifestaciones de la desidia y la pereza; y que ese tiempo que se supone empleado en la incubación de un proyecto, es simplemente tiempo perdido, y en ninguna forma aprovechado.

Bueno prueba de la razón con que combatimos sin cesar eso que se llama en la administración pública meditar con calma, madurar, ver venir, prudencia y otros adornos pabelleros, con que se engalana el perjudicial vicio de diferir, es el proyecto de ley que para el uso del teléfono en España se ha leído al Senado. El proyecto viene tarde, al menos de tres años; pero no por eso es bueno; lejos de serlo lo encontramos tan malo que apenas se nos ocurre como podría ser peor. Tiene todos los defectos que son inherentes al desconocimiento del presente y del futuro de la cosa misma sobre que se legisla: tiene los vicios propios del atraso de la ciencia sociológica peculiar á los hombres públicos de nuestro país; y por último, presenta ese aburde, que nosotros llamamos repelente, de oficialismo, en que los hombres de gobierno creen que no puede ni debe haber nada, sobre todo si es nuevo, en que no se mezcle directamente la administración pública, y de que no saque partido ya para hacer ingresos al por mayor, ó ya para hacerlos aunque sea al por menor, en una forma en que resulte la administración autorizada á crear más empleados públicos mal pagados, sin que pueda decirse que se grava el presupuesto general, porque junto con la creación de esos puestos y esos destinos innecesarios, se crean ingresos para ellos, sin tener en cuenta que jamás se obtienen tales ingresos, sino á costa de hacer un inmenso daño, coartando manifestaciones legítimas de la actividad.

Efectivamente, el proyecto de ley para las llamadas redes telefónicas, inspirado en el criterio más estrecho que es posible aplicar á cada extremo que abraza, puede decirse que trata del teléfono, no como una conquista de la ciencia para bien y disfrute de la humanidad, sino como si se tratara de un arma de fuego peligrosa, o de una materia explosiva terrible, cuyo uso fuera preciso someter á reglas muy severas y á vigilancia muy activa de parte del Estado para evitar que su empleo produzca mayores males que bienes. El vicio de legislar y el vicio de reglamentar de nuestros gobiernos resalta de tal modo patente en el espíritu y en la redacción de la ley presentada sobre teléfonos, que á nosotros más nos admira ya el que haya ministro á quien se le ocurra proponer á las Cortes que decreten semejantes imposiciones oficialistas, que nos admirará luego ver el que, una vez propuestas, se acepten por éstas; porque después de todo, si hay un ministro de la Gobernación que lo proponga, es sólo una cordialidad casi necesaria el que haya un cuerpo electivo que considere aceptable lo que se le pide que apruebe.

Con la lectura de la exposición basta para saber el género de ley que se trata de crear sobre teléfonos. Esta dice que el ministro se propone partir de aquellos fundamentos legales que más en armonía se hallen con nuestras costumbres públicas, con nuestra legislación y nuestras prácticas administrativas; pero como nuestras costumbres públicas son poco dignas de perpetuarse, como nuestra legislación es tan atrasada y como nuestras prácticas administrativas son tan pésimas, no ve mos la base del argumento para poner de acuerdo con todo esto el establecimiento del derecho de ejercicio de una industria nueva.

Si nosotros entendemos lo que aplicado á este caso quiere decir nuestras costumbres públicas, debemos entender que el uso del teléfono será aquí, como tantas otras cosas semejantes, un asunto de influencias; que será preciso andar de ceca en meca, y buscar relaciones y recomendaciones, y visitar á los gobernadores y á los ingenieros, y poner en movimiento á los diputados para llevar á término un expediente de teléfono, que al cabo, con todo esto puede costar más de lo que valga, y los hombres serios de negocios perderán el bollo por el coscorron, y las redes telefónicas caerán en manos de intrigantes influyentes. Si es á esto á lo que se llama nuestras costumbres públicas, mientras más pronto se corrijan, mejor; y no vemos por qué no se había de romper con ellas. Ponerse de acuerdo con nuestra legislación, suponemos que quiere decir que se considere servicio público el teléfono, y que haya concesionarios y subastas, ó concurso á estilo del del Noroeste, y que informe medio mundo en un expediente de teléfono, y que haya su escritura pública y todo lo que se llama aquí formalidades legales, que en estas industrias más podían llamarse calamidades legales, de las cuales razones y motivos habría de sobra para aprovechar la ocasión de librarnos en las cuestiones telefónicas.

Por último, no creemos que deba sentir gran gratitud el país hacia el señor Ministro de la Gobernación por su propósito de poner de acuerdo su ley de redes telefónicas con nuestras prácticas administrativas. Si nosotros entendemos esto, ya sabemos lo que quiere decir: que se tarde un plazo ilimitado en terminar un expediente de concesión; que corra cien oficinas, en cada una de las cuales haya cien razones para detenerlo y descarrilarlo, á menos que no sea expediente movido por persona de la especial predilección de algún alto personaje ó algún alto empleado; y por último, en nuestras prácticas administrativas entra el que las cartas no lleguen, ó el que los telegramas lleguen después que las cartas, y el pretender hacer del correo y del telegrafo renta del Estado. ¿Se quiere también hacer productivo el teléfono para el Estado?

¡Qué deslizadilla idea!

Bien pudiera regalárselo á cualquier otro país esa armonía de la ley de redes telefónicas con las prácticas administrativas, deplorando que en vez de esas bases para hacer la ley, el señor Ministro no diga á las Cortes la verdad. Esta es, que siendo el teléfono, por su índole y por el interés que debe tener España en que se propague, absolutamente incompatible con nuestras costumbres públicas, con nuestra legislación y con nuestras prácticas administrativas, es preciso que las Cortes acepten la ley verdaderamente liberal que dábiera haberse propuesto al legislar sobre el teléfono en España.

Decimos que el proyecto de ley tiene todos los defectos debidos á desconocer la cosa misma sobre que se legisla, y vamos á probarlo. Nada hay ya hoy más absurdo que suponer que la utilidad del teléfono se reduce á establecer las comunicaciones dentro de cada población. Lo cierto es todo lo contrario; ya hoy están conocidos los medios de trasmitir la palabra hablada á centenares de kilómetros, y es evidente que al legislar sobre esto debe tenerse en cuenta la probabilidad de que en breve, perfeccionándose aún más el instrumento ó los medios accesorios, no haya límite dentro del país á las distancias á que se puedan establecer las comunicaciones telefónicas.

No se concibe, pues, tal torpeza como la de no tener en cuenta para nada los teléfonos á grandes distancias al esta-