La Gaceta industrial (1880-11-10 00:00:00), página 5

tas, mil contratas que declaradas malas por los hombres de negocios probos é inteligentes, y que enriquecen, sin embargo, á los contratistas, todo el mundo que no quiera cerrar los ojos á la verdad sabe lo que son, y el cómo y el por qué se hacen. Todos los hombres de negocios de España sabemos que se ha ganado mucho dinero vendiendo carbón al gobierno español á 72 reales, cuando costaba 140, y todos conocemos también el caso contrario de contratistas arruinados teniendo buenos precios, porque el Gobierno retrasaba indebidamente los pagos, y por otras causas de mala ley, ajenas al contratista.

Vea, pues, el señor ministro cómo es difícil que las Juntas económicas digan por qué no hay postores en las subastas de carbón nacional; las Juntas, si lo saben, no pueden decir reglamentariamente, como nosotros en nuestra independencia podemos hacerlo, que no hay postores porque los que pudieran presentarse temen que, contra lo acostumbrado, se les obligue á cumplir lo que pacten, y los precios y condiciones que el gobierno exige no son para aceptados, porque llevadas estas á rigor, el contratista se vería arruinado al poco tiempo. No llevadas las condiciones á rigor, lo mismo da un precio que otro, pues no es de como se haga el contrato, sino de como se cumpla, de lo que depende que el negocio sea de lucro ó de pérdida.

La misma lucha de los contratistas que compiten entre sí ayuda á la Administración, á hacer esos pliegos de condiciones imposibles para el que se proponga cumplirlos; y como esto no tendría otro correcivo, sino el que el Jefe supremo del departamento investigase las razones por las cuales hay quien acepte contratos sin utilidad ó en pérdida, y como para esta investigación ante todo se necesita entender bastante del negocio, para saber si una contrata realmente cumplida debe ofrecer ganancia ó pérdida, siempre resulta muy difícil para el ministro saber la verdad absoluta, que se le puede ocultar bajo la mejor apariencia.

El terreno es algo espinoso para que sigamos por él á gusto: detengámonos, pues, aquí repitiendo que no hay postores para el carbón español buena y simplemente, porque se teme que la marina se va á administrar demasiado bien en la época del contrato ofrecido. ¡Ah! si se creyera que se iba á administrar mal, ya sobrarían proposiciones por debajo del tipo que el Gobierno ofrece y por mucho menos también, contratos que saldrían por los bancos de Flandes como es natural suceda cuando á un ministro honrado no se le deja en libertad de elegir sus contratistas.

La marina española consume unas 30.000 toneladas de carbón anualmente, y pide el suministro por departamentos. Digase lo que se quiera por los preocupados, en España hay carbón bastante bueno para todos los servicios nacionales, y no existe absolutamente razón legítima alguna para que se admita en los suministros el carbón inglés por barato que sea; pues el español, tan luego como el Gobierno quiera, puede serlo al menos tanto, y en muchos casos más barato; pero por el modo de comprar que tiene la marina, resulta imposible que compre á precio natural.

El Gobierno, que manejándose bien, debiera comprar en las cuencas al menos en tan buenas condiciones como los mayores consumidores particulares, y quizás aún más ventajosamente, compra peor que nadie, ante todo, porque crea la necesidad artificiosa de que exista un intermediario entre el minero de carbón y el Estado. Sus contratos de suministro por departamentos y por plazos de tiempo largos, con depósitos de carbón por cuenta del contratista y con depósito de dinero en garantía de los contratos, agrava todo esto con una multitud de condiciones todas innecesarias para un contratista de buena fe, y todas insuficientes para el mañoso, son totalmente inaceptables para los mineros. Agreguese á esto lo mal que paga generalmente el Gobierno, cuando no se sacrifica mucha parte del valor en cobrar bien, y basta con todo esto para explicar no sólo la necesidad de un contratista intermedio, sino de uno que gane legítimamente ó ilegítimamente lo bastante para compensarlo todo.

Con algún conocimiento especial del negocio mismo podemos asegurar que no es posible, con las condiciones del Gobierno, venderle carbón ni español ni extranjero, sino con un aumento de ocho pesetas sobre el precio á que se le vendería el mismo carbón á los señores López ó al marqués de Campo; y aun para hacer la contrata en esas condiciones, con intención de cumplirla fielmente, es preciso que sea época bonanciblable, y en la que no sea probable que el Gobierno se atrase en los pagos. Si las ocho pesetas de utilidad no se ven claras por el camino derecho, se buscarán recursos para que la haya por mil caminos, todos contrarios al cumplimiento del pliego de condiciones; y de aquí que, cuando como ahora, se supone que este se va á cumplir, no se encuentra quien quiera surtir á la marina con la utilidad de 3 ó 4 pesetas por tonelada, que por término medio brindan los precios al contratista, porque se sabe que esto no es bastante para compensar los riesgos, el trabajo y las molestias de las contratas con el Estado, llevadas á cabo de buena fe. Si el Gobierno supiera modificar sus equivocados procedimientos, el Estado se ahorraría intrínsecas las 240.000 pesetas que paga de más por el carbón que consume, y que lo mismo las paga de más cuando esto se ve, que cuando esto queda invisible.

Las juntas económicas de los Departamentos no pueden poner tan clara esta cuestión, y tendrán, si la conocen á fondo, que dar muchos rodeos para venir á decir lo mismo. Nosotros preferimos presentarla descarnada, porque tenemos la seguridad de no equivocarnos y que sino inmediatamente al fin el decirla será útil para la marina y para la industria minera.

Si el gobierno quiere surtirse de carbón con las ventajas que puede, debe prescindir de hacer contratas largas, y limitarse á hacer compras de más ó menos importancia según las necesidades y los puertos. Debe comprar directamente á los mineros mismos como lo harían las empresas de navegación. Debe pagar puntualmente. Debe poner las compras y contratas á cargo de un oficial de marina ó ingeniero naval, que haga objeto de su especial atención el conocer nuestras cuencas carboníferas, sus carbones y su personal, y el cual tenga todos los datos y elementos con que contaría el encargado de hacer las compras para un particular. Además, ya sea en la Gaceta Oficial ó en el Boletín de la Marina, deben publicarse todas las operaciones que haga el Estado para proveer á la armada de carbones. Esto es, publicar las contratas con sus precios y condiciones, y dar á los mineros todas las ocasiones de que se sepa lo que el Gobierno hace y las necesidades que tiene de carbón, para que aquellos luchen entre sí. Igualmente debe dar el Gobierno la mayor publicidad á los resultados prácticos que se obtengan con los carbones que compre. Si ese servicio se pone á cargo del oficial de la armada ó del Ingeniero naval que se halle más preparado para el puesto, se tocarán resultados verdaderos: en vano querrá el Gobierno excusarse de basar el suministro de carbón en otra cosa que en la confianza; y puesto que en alguien ha de ponerla, nos parece mas razon que la ponga en oficiales de la armada, que no en esos contratistas intermedios entre los mi-