La Gaceta industrial (1877-12-10 00:00:00), página 1

NO MÁS DERECHO DE PUERTAS

SOBRE LOS CARBONES PARA LA INDUSTRIA.

Nunca para el bien es tarde: hé aquí la primera reflexión que se nos ha ocurrido al tener noticia de la Real orden que insertamos al pie de estas líneas, declarando ilegal el monstruoso derecho de ocho pesetas por tonelada, impuesto y exigido por el Ayuntamiento de Madrid sin estar autorizado para ello.

El ministro de la Gobernación ha hecho justicia al fin á los industriales madrileños que, en esta ocasión, han dado pruebas, y por ello les felicitamos, de una constancia y una energía para hacer valer sus derechos, que con frecuencia hemos echado de menos al tratarse de otras cuestiones no menos interesantes para la industria que la del impuesto sobre los carbones.

Triste cosa es, y da menguada idea de nuestra administración, tener que luchar á brazo partido para obtener justicia, y que el fabricante se vea obligado á desatender su industria perdiendo el tiempo en las oficinas y antecámaras de los ministerios para conseguir que se cumpla la ley; pero en tales tiempos vivimos, y hasta tal punto son desatendidos en las regiones oficiales los intereses de la industria, que se considera como un triunfo lo que en otros países no se concebiría siquiera que llegara á ser cuestión, y en todo caso sería resuelta con justicia por la propia iniciativa del Gobierno.

Si en todos los asuntos que afectan á la industria procedieran los industriales con la decisión y unidad de miras que lo han hecho los de Madrid en la cuestión del derecho ilegalmente impuesto á los carbones, no tardarían en desaparecer muchos de los obstáculos con que tropieza á todas horas en este país de la nómina, el que tiene valor suficiente, pues valor se necesita, para dedicar á la industria su capital, su inteligencia ó su trabajo.

Imiten los industriales de provincias que se encuentran en situación análoga á los de Madrid, la conducta de estos en el asunto del impuesto sobre carbones, y suya será la culpa si, por falta de la decisión y energía que han mostrado estos últimos, no consiguen que desaparezca un gravamen que, como dice la Real orden, no puede legalmente sostenerse.

Y no deben parar en eso sus gestiones; sino que deben reclamar además la devolución de las cantidades pagadas desde el día en que á los ayuntamientos se les antojó imponer semejante derecho, y hasta exigir la responsabilidad que marca la ley para las exacciones ilegales de los impuestos. Declarado ilegal el de los carbones, queda franco el camino para entablar esas reclamaciones, y esperamos que los industriales de Madrid no se mostraran menos energicos y decididos que han estado para pedir la supresión del impuesto, abolido por la Real orden de 27 de Noviembre, cuyo contenido es como sigue:

«Gobierno civil de la provincia de Madrid.—El Excmo. señor ministro de la Gobernación, por Real orden comunicada en 27 del actual, me dice lo que sigue:

Excmo. señor: Visto el recurso interpuesto ante la diputación provincial por varios fabricantes de esta población, quedándose de haber establecido la junta municipal de esta corte un impuesto de 8 pesetas en cada 1.000 kilogramos de carbón mineral que se introduzca para la industria, cuyo recurso elevó V. E. á este ministerio por haber declarado la diputación que carece de competencia para resolverlo; visto lo expuesto por los recurrentes en defensa de su derecho y lo informado por el presidente del Ayuntamiento sosteniendo la legalidad de aquel acuerdo; y considerando que por una disposición del Gobierno, dictada de conformidad con el Consejo de ministros en 16 de Octubre de 1874, quedó exento del pago de derechos de consumos el carbón de piedra que se empleara en aparatos ó máquinas movidos por el vapor, el que se dedique á la fundición de cualquiera clase de minerales y el que las empresas de ferro-carriles invirtieran en las máquinas de arrastre y en los talleres de construcción y recomposición del material;

Considerando que el carbón mineral no sólo fué eliminado de las tarifas generales del impuesto de consumos, sino que en las aprobadas por S. M. en 8 de Mayo de 1875 y en 24 de Julio de 1876, y en la adicional de 14 de Julio último, quedó también exceptuado del pago de derechos para el Tesoro público el carbón vegetal que se aplicase á la industria;

Considerando que cuando por insuficiencia de los recargos máximos sobre la contribución de inmuebles, la industria y la de consumos, se solicitasen otros impuestos municipales sobre especies ó arbitrios no comprendidos en la tarifa, deben ser oídas precisamente las administraciones económicas, dictándose la resolución correspondiente, previa la conformidad del ministerio de Hacienda, según lo prescrito en el artículo 12 de la Instrucción general para la administración y cobranza del impuesto de consumos de 24 de Julio de 1876;

Considerando que si bien por el párrafo 5.º, artículo 7.º de la ley de presupuestos de 1876, se autorizó á los municipios para adicionar á la tarifa general de consumos nuevas especies, también se les ordenó solicitasen en tal caso la aprobación del ministerio de la Gobernación, el cual deberá resolver, previo informe del ministerio de Hacienda;

Considerando que por el párrafo 4.º, disposición 9.ª, artículo 1.º de la ley de 16 de Diciembre de 1876, confirmado por el párrafo 3.º, artículo 136 de la ley municipal de 2 de Octubre último, los Ayuntamientos de poblaciones mayores de 200.000 habitantes, si reunieran el repartimiento general, podrán acudir á otros impuestos, recargos ó arbitrios siempre que obtengan la aprobación del Gobierno, previo informe del consejo de Estado;

Considerando que según el párrafo 5.º, disposición 9.ª, artículo 1.º de la citada ley de 16 de Diciembre, confirmado por el art. 153 de la ley de 2 de Octubre último, las dudas y reclamaciones sobre recargos ó arbitrios municipales serán resueltas por el ministerio de la Gobernación, oyendo al de Hacienda y al Consejo de Estado cuando lo estime oportuno;

Considerando que en el caso de crearse facultada la Junta municipal de esta corte para establecer el impuesto de que se trata, no puede dispensarse el Ayuntamiento de solicitar la necesaria autorización del Gobierno, previos los trámites que la ley requiere; y

Considerando que por carecer de esta aprobación el acuerdo impugnado no puede legalmente sostenerse, S. M. el Rey (q. d. g.), se ha servido declarar improcedente la exacción del referido impuesto.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Lo que traslado á V. para su conocimiento y demás efectos; significándole que con esta fecha doy conocimiento de la preinscriba Real orden al Excmo. Ayuntamiento de esta corte.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1877.—P. D. Luciano Marín.—Sr. D. Francisco Prieto, representante de los fabricantes de Madrid.»

Después de leído este documento, cualquiera creería terminada la cuestión de carbones, quedando reducida nuestra tarea á facilitar á los industriales de Madrid por el satisfactorio resultado de sus gestiones, y al Gobierno de S. M. por haber dado una prueba, en esta ocasión, de que no le son indiferentes los sufrimientos de nuestra pobre y abatida industria. Pues sepan los que tal crean, que no han contado con la huéspeda, como suele decirse, y la huéspeda, en el caso presente, es el Ayuntamiento de esta villa y corte, que parece se ha propuesto acabar con la poca industria que tenemos en Madrid.

No de otro modo se explica que cuando el Gobierno declare abolido un impuesto, que no podía legalmente sostenerse, se le ocurra á la citada corporación la peregrina idea de gravar con un impuesto mayor al que con razón se llama epán negro de la industria.

Por increíble que esto parezca, es lo cierto que en el momento mismo de cesar la exacción del monstruoso impuesto