La Gaceta industrial (1877-01-25 00:00:00), página 3

Para no citar más que pocos ejemplos, ¿con qué derecho pueden rectificar las empresas las guías y talones á la llegada de la mercancía, así como el precio del porte, cuando la diferencia es á su favor, y negar la rectificación en caso contrario, achacándolo á falta de la báscula que pesó la expedición? ¿Con qué derecho reclaman derechos de almacenaje por mercancías llegadas (porque así convino á la empresa) antes de los días marcados en la tarifa que se conviene aplicar al hacer el envío, mientras las compañías pretenden no abonar perjuicios por retrasos que no pasen de quince días?

¿Con qué derecho, sobre todo, pretenden las empresas fijar su domicilio en un punto marcado por los Estatutos para sus operaciones financieras exclusivamente, haciendo así poco menos que imposible toda clase de reclamaciones para el público?

Larga sería la lista de preguntas que en este orden de ideas pudieran formularse. No sería tan fácil su contestación; y el remedio de los males que acusan habría de examinarse con un detenimiento que no puede dedicarle el disputado que suscribe. Los inconvenientes ó males indicados no sería justo atribuirlos exclusivamente á la extremada docilidad ó incuria del público, y sería imprudente también pedir en todos los casos su remedio al poder legislativo.

Habremos de confesar que el público las más veces está desarmado ante las compañías, y que por esa ú otra causa inherente á nuestro carácter y á la manera de ser de nuestras empresas, ni hace valer su derecho por los medios legales, ni acude siquiera á la publicidad, que tantas faltas corrige. Debiera el público emplear estos medios, y para que fuesen más eficaces, formar en todos los grandes centros, como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Bilbao, etc., etc., ligas de comerciantes, análogas á las establecidas en algunos puntos del extranjero con excelentes resultados, que fuesen eco de sus reclamaciones y las sostuvieran en todos los terrenos en nombre y por cuenta de la colectividad de los asociados.

Leyes, reglamentos, Reales órdenes, decretos no faltan para la mayoría de los casos; lo que hay es que no se cumplen, y debe ser de la Administración cumplirlas; del Gobierno exigir una estrecha responsabilidad á quien no los cumple.

Pues si no faltan leyes ni reglamentos ¿qué es lo que falta? No es difícil adivinarlo, y como nosotros no tenemos la obligación de usar el cometido del autor del voto particular que, al cabo, es un documento parlamentario, ahorramos ese trabajo á nuestros lectores, diciendo con todas sus letras: lo que falta es administración; lo que falta es gobierno. Por eso la intervención de éste en la parte administrativa, es, como dice muy bien el autor del voto, perfectamente ilusoria, y la responsabilidad de las empresas una palabra vacía.

¿Y cómo no ha de serlo si, aparte la circunstancia que dejamos apuntada, han encontrado estas el gran recurso de constituir sus consejos de administración con los titulados personajes políticos de todos los matices conocidos, que no son pocos, para formar con ellos una especie de valla ante la cual se estrellan las quejas y reclamaciones del público? Y hé aquí otra de las infinitas ventajas que debe el país á lo que se llama política entre nosotros, y no es más que una caña para, contra lo que dice el refrán, pescar truchas á bragas enjutas. (1)

Pero sigamos dando cuenta de lo que dice el voto particular:

«Las quejas que al servicio de mercancías se refieren son de dos clases: la primera es relativa á las tarifas, la segunda al modo de efectuar los trasportes.

«Las concesiones otorgadas llevan en sí la obligación de trasportar las mercancías por un tanto kilométrico que en ningún caso puede ser excedido; este precio es vario según la clase de mercancía para cada concesión, y la clasificación adoptada distinta en las diferentes concesiones.

«La ley de 55 concede á las empresas la facultad de hacer los trasportes por un precio menor que el fijado en las tarifas, previas ciertas formalidades. Habiéndose formado las líneas por diferentes concesiones, no faltaba alguna que dentro de su red tenía varias tarifas, hasta que en 1863 mandaron las Cortes que procediesen á unificarlas. No todas han cumplido esta disposición.

«Las tarifas aprobadas eran provisionales y estaban sujetas á revisión dentro de determinados plazos y condiciones; unas continúan siendo provisionales, otras son ya definitivas y sujetas sólo á ser revisadas cada cinco años.

«La diversidad de precios y de clasificaciones era una dificultad para el comercio; pero esta dificultad subió de punto á medida que las compañías, usando de la facultad antes citada, empezaron á ofrecer al público ventajas para atraer á sí el mayor movimiento posible; y hoy son las tarifas generales, especiales y particulares un laberinto en el que apenas dejan de perderse los empleados encargados de aplicarlas, guiados por las indicaciones que pueden hacerse con todas las combinaciones posibles de la numeración, y las 24 letras del alfabeto. Con poner además los carteles á una altura que los hace invisibles, y no publicar los contratos particulares, consiguen las compañías españolas rodear sus operaciones de un secreto que cree necesario, lo mismo que los comerciantes e industriales, al éxito de sus operaciones.

«Allega el público que la dificultad de conocer los tipos de las tarifas especiales, la ignorancia de los tratados particulares que las compañías y sus agentes celebran diariamente con los favorecidos, constituyen para los comerciantes y productores, sobre todo para los pequeños comerciantes y productores, una inferioridad injustificada y que perjudica al interés general; que las tarifas especiales se calculan y aplican con frecuencia creando grandes ventajas en favor de ciertas localidades, y cerrando á otras sus mercados propios; que los contratos personales conceden para el favorecido una ventaja injusta; y fundándose en la idea de que las compañías ganan con tarifas muy inferiores á las tarifas generales, pide que se rebajen éstas y reciban la debida publicidad, llegando algunos á reclamar la supresión de las tarifas especiales, y sobre todo de las particulares.

«Desearía también que la clasificación fuese una sola en toda España, y que las tarifas se regulasen por tipos más

(1) Escritas estas líneas, llega á nuestras manos El Popu-