La Gaceta industrial (1867-01-01 00:00:00), página 91

SOBRE LA LEY DE PRIVILEGIOS DE INDUSTRIA.

CASOS EN QUE SE DECLARA NULO Ó CA DUCADO UN PRIVILEGIO.

Al ocuparnos en uno de nuestros números anteriores (1) de las modificaciones que, en nuestro concepto, deberían introducirse en la ley vigente de privilegios, nos fijamos principalmente en la poca ó ninguna facilidad que se concede á los inventores para hacer efectivo el pago de la cuota establecida, conminándoles con la pérdida de sus derechos en el caso de que por cualquier motivo dejen de satisfacerla dentro del plazo marcado por la ley.

Continuando nuestra tarea, vamos á examinar otros puntos no menos importantes de la ley de privilegios, poniendo de manifiesto el excesivo rigor de algunos de los artículos en que se declara nulo ó caducado un privilegio, é indicando al propio tiempo la manera fácil y sencillísima de modificarlos sin perjuicio de nadie, y hacer méritos dura su aplicación, en beneficio de los inventores.

Entre los casos en que un privilegio queda anulado, según el art. 21 del real decreto de 27 de Marzo de 1826, se encuentra el siguiente de que habla el párrafo 3.º del artículo citado, que á la letra dice así:

Cuando por sí ó por otra persona no ha puesto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo de un año y un día.

Para formarse una idea de lo terrible de este artículo para el inventor, basta fijarse en las dificultades con que tiene que luchar casi siempre en todos los países, pero muy especialmente en el nuestro, y en la imposibilidad absoluta en que se encuentra algunas veces de realizar su objeto por causas independientes de su voluntad y superiores á sus esfuerzos.

Tres inconvenientes graves encontramos en esta parte de la ley, á saber:

1.º La brevedad del plazo que se concede para poner en práctica el objeto del privilegio, puesto que en algunos casos hay imposibilidad material de hacerlo.

2.º Lo terminante de la ley en este punto, que no concede prórroga por ningún concepto, lo cual nos parece, y es indudablemente, no ya más ó menos duro, sino injusto.

3.º La manera como suele interpretarse por regla general esta parte de la ley, y la falta de un criterio establecido en esta materia, todo lo cual contribuye á hacerla más dura para el inventor.

Para poner más de relieve el rigor excesivo de este párrafo de la ley, fijemos por un momento la atención en lo que prescriben en esta parte las leyes sobre privilegios de industria en los países más adelantados, y especialmente en los que están más directamente relacionados con el nuestro.

La ley francesa dice en su art. 32, que es el que se refiere al punto de que nos estamos ocupando:

«Habrá perdido todos sus derechos el inventor que no haya puesto en práctica su descubrimiento ó invención en Francia en el plazo de dos años, á contar desde el dia de la firma de la cédula de privilegio, ó que haya dejado de explotarlo durante dos años consecutivos, á menos que en uno ó otro caso no justifique las causas de su inacción.»

La ley belga fija también el plazo de un año para la explotación de un privilegio, pero establece que «el gobierno podrá conceder una prórroga de un año por medio de una real orden motivada que se insertará en el Monitor.»

En Inglaterra no se fija plazo alguno para la explotación, ni se impone penalidad alguna por este concepto.

Véase, pues, cómo en los países citados se ha tenido presente el caso, que puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia, en que al inventor no le ha sido posible poner en práctica el objeto del privilegio, concediéndole una prórroga justísima y racional para que no pierda su propiedad, por no haber realizado una cosa que él más que nadie deseaba y estaba en su interés realizar.

Algunos ejemplos prácticos harán resaltar más todavía la conveniencia y la justicia de la prórroga que desearíamos ver introducida en nuestra ley, y que interesa sobre todo á los grandes inventores.

Figúrenmos á un industrial que á fuerza de años de constancia y de trabajos y sacrificios de todo género, ha llegado á inventar un motor, por ejemplo, por ser este un caso que se ha presentado muchas veces. Lo primero que necesita el inventor para realizar su invento, es montar un taller en grande ó pequeña escala, ó buscar uno donde quieran construirle el aparato que ha inventado, y en uno y otro caso necesita un capital más ó menos considerable para conseguir su objeto. Supongamos ahora, y la suposición no tiene nada de gratuita, que el inventor no cuenta con recursos propios para montar un taller, y que tampoco encuentra uno establecido donde quieran construirle su aparato, ya sea porque no creen en sus ventajas, ya porque no les tenga cuenta ó por otra razón cualquiera. No le queda otro medio que echarse á buscar quien le proporcione los fondos necesarios para llevar á cabo su objeto, lo cual, en la inmensa mayoría de los casos, constituye para él un problema más difícil de realizar que el invento mismo. Y si esto es verdad en todos los países, con cuánta más razón no ha de serlo en el nuestro donde el capital, sobre andar escaso, es medroso e inteligente por excelencia, y cuenta además con un empleo más lucrativo, y sobre todo, menos arriesgado que el que puede ofrecerle la industria por regla general.

Ahora bien: ¿es justo ni razonable siquiera que se despoje de sus derechos, es decir, de su propiedad, á un inventor porque en un año no ha podido poner en práctica el objeto de su privilegio, á pesar de haber puesto de su parte cuantos medios ha tenido á mano para conseguirlo? Creemos que no, y seguramente se-

(1) Várase el núm. 93.