La Gaceta industrial (1865-08-26 00:00:00), página 6

acumularle, en el caso de que se haya incurrido en su abandono por el mismo espacio de tiempo. Mas en qué forma hayan de acreditar estos hechos, no está bien definido en el dicho Decreto ni en ninguna disposición posterior. La única que habla de esta materia es la Real orden de 14 de Junio de 1829. Pero tratando en su art. 3.º del modo de verificar esta prueba, solo dice que el que obtuviere Real cédula privilegio de introducción para acreditar haber puesto en práctica el objeto del privilegio, presente dentro de dicho término el competente testimonio, y sin expresar cuál sea éste, ni de qué requisitos haya de estar adornado. Resulta además que, exigiendo la presentación del testimonio dentro del mismo término de un año y un día, hábil todo él, para poner en práctica el privilegio, se restringen inmotivadamente e innecesariamente los derechos que confiere la ley al poseedor del privilegio, al cual le basta acreditar esto último, aunque el testimonio lo presente fuera de aquel término, con tal de que conste que el uso se verificó dentro del año y el día prescrito. Y habiéndose originado diferentes cuestiones á consecuencia de aquella determinación, y de esta aparente contradicción de ambas disposiciones, S. M. la Reina (Q. D. G.), para evitarlas, se ha dignado dictar las disposiciones siguientes:

1.ª Todo el que hubiere obtenido privilegio de industria, acreditará habérle puesto en práctica dentro del término de un año y un día, á contar desde la fecha de la Real cédula de concesión, ante el Jefe político de la provincia respectiva, el cual por sí ó por persona especialmente delegada al efecto, se asegurará del hecho. A presenciarle concurrirá también un escribano designado por el mismo Jefe ó su delegado, el cual dará testimonio del acto en virtud de decreto de la misma autoridad.

2.ª El Jefe político, recibido que sea este testimonio, lo pasará á informe en Madrid del director del Conservatorio, en las provincias de las Juntas de Comercio, y en las que no las hubiere, de las Sociedades económicas, y á falta de unas y otras, de personas entendidas á juicio del Jefe político.

El informe deberá reducirse á exponer si es real y verdadero el uso del objeto privilegiado, sin mezclarse para nada en su bondad ó utilidad.

3.ª Si el objeto privilegiado fuere relativo á la industria agrícola, el informe que se ha de requerir será el de la Junta de Agricultura. Sin embargo, en Madrid será siempre oído el Director del Conservatorio.

4.ª Cuando el objeto privilegiado funcione fuera de la capital de la provincia ó sus inmediaciones, las corporaciones dichas, en sus casos respectivos, podrán comisionar á la persona ó corporación que tengan por conveniente para que le visite y reconozca en la localidad, y les dé las noticias que juzguen necesarias para evacuar el informe.

5.ª Recibido este, el Jefe político le elevará al Gobierno por conducto de la Dirección general de Industria, con la solicitud del interesado y el testimonio del acto de práctica del privilegio, exponiendo además lo que tenga por conveniente.

6.ª Cuando se solicite acreditar la suspensión del uso por un año y un día para la declaración de caducidad de un privilegio, la pretensión se entablará en los mismos términos; pero la primera diligencia será citar por parte del Jefe político al privilegiado. Si este no opusiere contradicción, se proseguirán las actuaciones por los trámites marcados anteriormente, declarándose por la administración la caducidad si procediere. Mas en caso de oposición del interesado, el Jefe político remitirá las actuaciones al juzgado de primera instancia del domicilio de este, ante el cual se ventilará la cuestión, siendo todas las que se originan entre particulares sobre privilegios, por su esencia, contenciosas y de propiedad, y por tanto de la competencia de los tribunales ordinarios.

7.ª El hecho de hallarse en práctica el objeto privilegiado se ha de justificar ante el Jefe político antes de la expiración del término del año y el día que concede la ley. Para ello bastará que el interesado reclame un día antes, cuando menos, la intervención de la autoridad, que será responsable de los perjuicios que se originen de cualquier omisión, pudiendo por lo mismo delegar las funciones que no pueda desempeñar personalmente. Acreditado el hecho, nada importa que las demás diligencias y la remisión al Gobierno se haga fuera de aquel término, con tal que se verifique dentro de los treinta días siguientes, bajo la misma responsabilidad á la autoridad que causare ó consintiere cualquiera dilación.

De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento por parte de los Jefes políticos, Director del Conservatorio y corporaciones á quienes corresponda, publicándose en la Gaceta, Boletín del Ministerio y Boletines oficiales de las provincias, para conocimiento del público. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Enero de 1849.—Bravo Murillo.—Señor Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Real orden de 16 de Julio de 1849, publicando una decisión de una competencia por el Supremo Tribunal de Justicia, mediante la cual se declara que todas las cuestiones que se promuevan entre particulares sobre privilegios de industria, como cuestiones de propiedad, pertenecen á los Tribunales ordinarios.

Vistas diferentes reclamaciones que se han deducido en este ministerio contra los procedimientos de algunos intendentas de Rentas, que sin duda por considerar vigente el artículo 24 del Real Decreto de 27 de Marzo de 1826, se han atribuido el conocimiento de estos asuntos, ya gubernativamente por sí, ya judicialmente en las Subdelegaciones de rentas:

Considerando que sin perjuicio de la permanencia de la parte legislativa y verdaderamente orgánica del referido Real Decreto, variando el sistema administrativo y deshaciendo el judicial, se han introducido necesariamente alteraciones en el conocimiento y tramitación que en aquel se daba á estos asuntos:

Considerando que en cuanto á la parte administrativa, creado el Ministerio de la Gobernación y hoy el de Comercio, se hallan concentradas en él y en sus agentes los Gobes políticos y el Conservatorio de Artes, las atribuciones que en la materia se daban respectivamente por aquellas disposiciones á los Intendentes, al Consejo y al Ministerio de Hacienda, en cuanto á la parte contenciosa:

Considerando que las cuestiones que á instancia de parte se suscitan para revindicar la propiedad de los privilegios de industria y asegurar sus efectos, ó para solicitar la anulación de los concedidos (cuya anulación se funda en la práctica anterior á su concesión) son esencialmente litigiosas y sujetas al fallo judicial, previo el seguimiento de un juicio, en el cual se han de abrir los pliegos cerrados que se custodian en el Conservatorio, y que contienen el secreto de la invención ó procedimiento privilegiados:

Vistas las alteraciones posteriormente introducidas en el sistema judicial, y por el decreto de arreglo de tribunales:

Vista la Real disposición que suprimió el Consejo de Hacienda: