La Gaceta industrial (1867-01-01 00:00:00), página 14

Motivos son, pues, todos estos que deben inclinar el ánimo de los gobiernos previsores á proteger á las compañías de ferro-carriles. Obrando de esta suerte, el Estado no hace un sacrificio estéril, sino que antes bien labra en un doble concepto su prosperidad en el hecho de contribuir á la salvación de dichas empresas, pues que ellas mismas son las primeras en considerar como pasajera la crisis que paraliza su marcha, y esperan dominarla al cabo de algunos años.

Si el Estado las atiende en este primer período, se restablecerá la confianza; se habrá conjurado por de pronto el riesgo de una ruina más ó menos inmediata; se continuarán las obras; dejará de pesar sobre esta industria el entredicho de los capitales; se hará posible la construcción de nuevas líneas, y España demostrará, así á los naturales como á los extranjeros interesados en estas empresas, que agradece la mejora de que la han dotado, y que no en vano confiaron en su porvenir.

Al proceder de esta manera, España no haría sino seguir la marcha de otras naciones que la han precedido en la construcción de ferro-carriles, las cuales, al verlos en un estado análogo al que hoy tienen los nuestros, no han titubeado en protegerlos más allá de lo que exigían las primitivas concesiones; y asegurando por este medio su prosperidad, han encontrado más tarde amplia remuneración á sus sacrificios.

El gobierno de V. M., sin embargo, se ve imposibilitado por ahora de imitarlas en su larguezas, porque ni la situación del Tesoro se lo permite, ni es posible dictar una solución definitiva en asunto de tal importancia sin el consejo de los Cuerpos colegisladores. Ha comprendido, no obstante, haciendo justicia á un sentimiento general en pro de intereses que no es posible desatender, la necesidad de adoptar ciertas disposiciones que, atendido el estado de las compañías, considera de todo punto indispensables, y al propio tiempo compatibles con sus recursos.

El Estado puede, sin faltar á otras atenciones, ceder en beneficio de las empresas el importe del impuesto sobre viajeros; y esta medida, que ya lleva la aprobación del Congreso de los Diputados, es también la que el gobierno tiene la honra de someter por ahora á la aprobación de V. M., como la única posible, dadas las circunstancias generales y las especialísimas en que se halla cada compañía.

Para favorecer en su día á estas con auxilios de mayor entidad, es necesario que preceda un examen detenido de la situación de cada una, si el remedio ha de ser proporcionado á sus verdaderas necesidades, y el beneficio adecuado á sus merecimientos. La desgracia y la incuria no pueden ni deben ser igualmente atendibles; la importancia de todas las líneas de ferro-carriles no es tampoco idéntica; y si bien el gobierno reconoce que la cesión de aquel impuesto, así como las demás prescripciones contenidas en el decreto adjunto que se somete á la aprobación de V. M., no son suficientes para aliviar los obstáculos que entorpecen la marcha de las empresas, cree asimismo que no será prudente adoptar otras más eficaces sin la autoridad de las Cortes, y sin que preceda el conocimiento exacto del estado de las compañías, así como también el de la utilidad pública que reportan. Para obtenerlo con mayor seguridad, y á fin de que los representantes del país en su día puedan deliberar con mayor conocimiento de causa sobre tan importante asunto, el gobierno propone á V. M. el nombramiento de una comisión compuesta de personas autorizadas y competentes, quienes después de estudiar con esmero los expedientes relativos á las empresas de ferro-carriles, y con presencia de todos aquellos datos que sean conducentes al esclarecimiento de la verdadera situación de las compañías, expongan no solo los auxilios á que son acreedoras, sino tambien las providencias que sea conveniente adoptar respecto de aquellas cuyo estado sea tal que no les permita llevar á cabo el objeto para que fueran constituidas.

Fundados en las consideraciones que proceden, vuestros consejeros responsables suplican á V. M. que se digne pres- tar su real aprobación al adjunto proyecto de decreto.—Madrid 29 de Diciembre de 1863.—Señor: A L. P. de V. M.—El presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra, el duque de Valencia.—El ministro de Estado, Eusebio de Calonge.—El ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.—El ministro de Hacienda, Manuel García Barzanaillana.—El ministro de Marina, Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.—El ministro de la Gobernación, Luis González Bravo.—El ministro de Fomento, Manuel de Orovió.—El ministro de Ultramar, Alejandro de Castro.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El Estado cede á las compañías de ferro-carriles desde 1º de Enero de 1867 el importe del impuesto del 10 por 100 sobre el producto de los viajeros, con objeto de que puedan aplicarlo al pago de intereses y amortización de los valores creados ó que se creen en lo sucesivo para atender á las necesidades de las mismas empresas.

Art. 2.º El gobierno dictará las disposiciones convenientes:

1.º Para procurar y llevar á cabo por los medios que estén á su alcance la fusión de las compañías de ferro-carriles, ya en explotación, ya en construcción, formando grupos cuya longitud no baje de 1,000 kilómetros, debiendo conceder con preferencia los auxilios de que trata este decreto á las empresas que se coloquen en tales condiciones. De igual preferencia disfrutarán las empresas de las vías férreas que vayan á cuencas carboníferas.

3.º Para que oyesdo al Consejo de Estado pueda, no solamente prorrogar de uno á cuatro años los plazos señalados para la entrega al servicio público de los ferro-carriles en construcción, sino rescindir los contratos pendientes con las compañías que lo soliciten.

3.º Para entregar á las compañías el importe de las subvenciones asignadas en sus respectivos pliegos de concesión, á medida que las certificaciones de los Ingenieros inspectores acrediten hallarse garantida dicha entrega por mayor valor de las obras ejecutadas.

Art. 3.º Por el ministerio de Fomento se nombrará una Comisión de personas autorizadas y competentes, que, con vista de los datos que existen y de los que crea oportuno pedir, esclarezca y hile el estado de las Compañías, estudie y determine los auxilios á que las juzgue acreedoras, y proponga en una memoria razonada las medidas que convenga adoptar, según la respectiva situación de cada una, á fin de que en su día pueda mi gobierno formular los oportunos proyectos de ley para la definitiva resolución de este asunto.

Art. 4.º De las disposiciones contenidas en este decreto mi gobierno dará cuenta á las Cortes en la próxima legislatura.

Dado en Palacio á veintinueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y seis.—El presidente del Consejo de ministros, Ramón María Narvaez.