La Gaceta industrial (1866-01-01 00:00:00), página 214

Los edificios sobrantes se enajenarán por cuenta del Estado é independientemente de las minas.

Art. 4.º El Estado se obliga después de la venta de las minas á satisfacer pensiones de gracia á todos los capataces y mineros que por su edad ó por accidentes sufridos en las labores se hallaren inutilizados para el trabajo, y á los que por sus largos servicios se hayan hecho acreedores á la consideración del Gobierno.

Este utilizará también con preferencia los servicios de los empleados de contabilidad en dichos establecimientos para otros cargos de la administración.

Art. 5.º A la venta de cada una de las minas precederá una tasación por inventario valorado que se ejecutará por una comisión de ingenieros del cuerpo de minas con arreglo á las instrucciones que redactará la junta superior facultativa del ramo, ajustándose á las bases siguientes:

Primera. El tipo para la tasación será la utilidad líquida anual que se calcule puede obtenerse de la explotación, teniendo en cuenta las circunstancias del criadero, las de localidad y las del consumo, así como el precio en venta y el costo de los productos.

Segunda. Esta utilidad líquida se capitalizará, considerándola como una anualidad, á un interés compuesto que no baje del 8 ni pase del 12 por 100 al año, por todo el tiempo que se calcule puede durar la explotación cuando este tiempo no exceda de doscientos años. Si excediere, la capitalización se hará al mismo interés simple.

Tercera. En el caso de que las minas no estén preparadas para dar inmediatamente la producción calculada, se formará el proyecto y presupuesto de labores, establecimiento de máquinas y demás material necesario para conseguir aquel objeto, consignando también el tiempo exactamente preciso para la ejecución de dicho proyecto. Este presupuesto, aumentado con un interés compuesto de 5 por 100 anual por todo el tiempo que deban durar esas obras, se deducirá de la tasación hecha según la base anterior.

Cuarta. La diferencia entre las utilidades calculadas para después de ejecutadas las obras de que habla el párrafo anterior y las que por término medio rinda la mina en la época de su venta, aumentada de un interés compuesto de 5 por 100 anual por todo el tiempo que según el proyecto deban durar dichas obras, se deducirá también de la tasación primitiva.

Art. 6.º La comisión de ingenieros nombrada para la tasación, redactará una memoria extensa y circunstanciada de cada uno de los establecimientos mineros, en la cual se expliquen con toda claridad y detalles las apreciaciones, cálculos y operaciones ejecutadas con arreglo á las instrucciones que recibirán de la junta facultativa. Esta examinará dichas Memorias y las aprobará en su caso, redactando al mismo tiempo las condiciones facultativas para la subasta, y entre ellas el perímetro que según el art. 2.º de esta ley deba señalarse á cada mina y los terrenos, y edificios que deban considerarse comprendidos en el artículo 3.º

El Consejo de Estado con presencia de todo el expediente formará el pliego general de condiciones para la subasta con sujeción á las bases siguientes:

Primera. La subasta se anunciará en la Gaceta con un año de anticipación al día en que haya de verificarse, con inserción del pliego de condiciones. Se publicará también al mismo tiempo la respectiva Memoria de la comisión tasadora, y el Gobierno dispondrá que los representantes de España en el extranjero den al anuncio la mayor publicidad posible.

Segunda. Durante el año que ha de mediar entre el anuncio y la subasta las minas podrán ser visitadas por todo el que lo deseé, y en sus oficinas se pondrán igualmente de manifiesto todos los antecedentes y noticias que los particulares y empresas soliciten, previa siempre la licencia del jefe ó director del establecimiento.

Tercera. La cantidad en que resulte rematada cada mina será abonada por el comprador en un número de plazos que no excederá de diez, pagaderos en el trascurso de nueve años á lo más; y sobre aquella cantidad deberá pagar anualmente al Estado el 5 por 100 del importe de los plazos que le resta satisfacer en fin del año próximo anterior.

Cuarta. El comprador queda sujeto á todas las cargas y obligaciones que impone la ley de minería á los concesionarios de minas, y disfrutará de las ventajas y franquicias que la misma ley establece en favor de todos los mineros.

Quinta. Una vez vendidas las minas, no podrán ser denunciadas por falta de pueble ni otra causa alguna hasta que el Estado haya percibido el importe total de la venta. Entre tanto el Gobierno por medio de los ingenieros vigilará las minas para evitar que por una explotación codiciosa ó inconveniente se dificulte ó imposibilite una nueva venta, si por atraso en los pagos ó insolvencia del comprador hubiese que proceder á ella.—Lino Peñuelas.

Hé aquí ahora el discurso del Sr. Peñuelas, del que nos hemos permitido subrayar algunos párrafos con objeto de llamar muy especialmente sobre ellos la atención de nuestros lectores:

El Sr. Peñuelas: Sres. Diputados: la proposición de ley que he tenido el honor de presentar no es nueva en esta Cámara. Hace algunos años, en 1838, un dignísimo Sr. Diputado apoyó una analogía, encaminada al mismo fin. Antes de 1858 se pensó también en enajenar las minas del Estado: se aprobó en esta Cámara un proyecto de ley con este objeto; pasó al Senado; pero habiendo sido disuelta las Cortes, no pudo aquel proyecto ser aprobado en la alta Cámara, y sancionado después por S. M.

En 1858, como he dicho, mi digno amigo y entonces Diputado Sr. Aldama, cuya memoria recordaré siempre con cariño, apoyó una proposición semejante á la presente, y si no se tomó en consideración; no fué porque el Gobierno ni la Cámara lo creyeran inconveniente; fué solo porque aquel dijo que necesitaba estudiar mucho esta materia, y que después de estudiada sería cuando presentaría un proyecto de ley, teniendo en cuenta todos los datos necesarios para resolver una cuestión que por todos se reconocía que era conveniente para el país.

Esto no tuvo lugar, y desde entonces acá no solo no han adelantado un paso las minas, sino que por el contrario, el desorden administrativo ha ido creciendo en estos establecimientos de una manera lamentable. No es pues el estado económico ni financiero del país ni las dificultades con que tiene que luchar el Tesoro lo que me ha movido á presentar esta proposición; es solo una cuestión de moralidad y de conveniencia pública.

En efecto, el Estado no debe ser industrial, no debe hacer competencia á los particulares: este es un principio económico que está al alcance de todos los Sres. Diputados, que es casi vulgar, que se demuestra además por sí mismo, y yo no he de molestar la atención de la Cámara desenvolviendo una doctrina que ha llegado á ser axiomática. El Estado posee las minas de Almadén, las de Riotinto, las de Linares y algunas otras de menor importancia. Sin embargo que las de Almadén pasan por ser uno de los criaderos deazogue más ricos del mundo; sin embargo de que las de Riotinto están considera-