La Gaceta industrial (1869-01-20 00:00:00), página 4

OBSERVACIONES A LA EXPOSICION QUE PREGDE AL DECRETO SOBRE SUPRESION DEL DERECHO DIFERENCIAL DE BANDERA, POR DON JUAN GUELL Y FERRER.

Advertencia.

Las ocurrencias de Cádiz detuvieron la impresion y publicacion de este escrito: apartados siempre de la politica, no quisimos que, ni remotamente, se creyese que llevábamos la mira de debilitar al gobierno; pero pasadas ya aquellas circunstancias, y convencidos de que, á cualquiera que sea el partido que se halle en el poder, si es, como debemos suponer, español, le conviene que no se destruyan los capitales nacionales y los elementos de produccion, con los cuales, á fuerza de largos afanes y desvelos, se han creado aquellos, creemos ya oportuna y degran importancia su publicacion, para que todos nuestros hombres de Estado y la nación toda juzguen, en vista de las incontestables razones y argumentos fundados en datos y cifras exactas que aquí se aducen, el inminente peligro que corren los capitales y los productos nacionales, que forman la base, la parte más numerosa y útil en todos los pueblos civilizados, si, como en la abolicion del derecho diferencial de bandera, se alteran las leyes arancelarias de todos los demás ramos por los partidarios de una escuela, que, á pesar de susana intencion, han sido siempre una calamidad para todas las naciones que han tenido la desgracia de dejarse dirigir por ellos.

Parapetados con una cosa que llaman ciencia, apoyan su falsa doctrina en el ejemplo de las últimas épocas de Inglaterra y Francia. ¡Hay algo menos científico que aplicar un mismo sistema á condiciones completamente diferentes? ¿La España está á la misma altura que Inglaterra y Francia en adelantos científicos, en artes, en agricultura, en industria, en riqueza, en produccion, en comercio, en marina, en administracion, en medios de trasportes interiores, etc. etc.? Si, pues, estamos á mil leguas de distancia, ¿Cómo la Escuela incurre en el absurdo de pretender que el mismo sistema ha de dar en España idéntico resultado? ¿Cómo no comprende que la verdadera ciencia recomienda que adoptemos el que siguieron aquellos dos grandes pueblos cuando tenian nuestras condiciones economicas, y por cuyo medio han adquirido la brillante situacion que les permitió luego cambiarlo, según lo han demandado las variaciones de su condicion?

Lo repetiremos por la milésima vez: podremos estar en el error, pero nuestra convicción es profunda; creemos hacer un gran servicio á nuestro pais combatiendo la falsa doctrina economica, cuyo idolo es el consumidor, y difundiendo la verdadera, que es la que aboga por el productor. A esta doctrina debieron su gran prosperidad Inglaterra, Francia y otras naciones, incluso España, y esta es la que actualmente triunfa por completo en la republica de los Estados Unidos, que por cierto no es ni anti-liberal, ni ignorante, ni desconoce la utilissima ciencia que enseña á los pueblos el verdadero camino de la prosperidad.

Observaciones á la exposicion.

Empieza la exposicion declarando que ninguna de las cuestiones economicas ha sido tan largamente debatida como esta, y que, por consiguiente, se está en el caso de dar la cuestion por suficientemente examinada y discutida y de presentar una resolucion en consonancia con los resultados definitivos de discusion tan lata. Esto parece racional; pero ¿es legal, es justo, es conveniente dejar al capricho de un hombre de sistema el juzgar esta consecuencia, exponiendo, en caso de juzgar mal, la suerte de muchas familias y la de un ramo importantísimo de nuestra publica riqueza? Esta es la cuestion. Nosotros creemos que el decreto ni es legal, ni es justo, ni es conveniente, ni se halla en consonancia con los resultados de los trabajos anteriores, según se evidencia por los mismos datos de la exposicion que le sirven de fundamento.

Tampoco podemos convenir con el ministro de Hacienda en que «el Gobierno provisional tenga la indeclinable obligacion de resolver valerosamente todas esas cuestiones en que la opinion pública (supone) se ha fijado, y que la flaqueza de la autoridad ó vacilacion en las ideas de sus predecesores dejaron sin resolver.»

¿Quién ha impuesto al Gobierno esta obligacion? Nadié: y siendo él hijo de una revolucion hecha en nombre de la libertad, y siendo la primera condicion de esta el respeto á la propiedad, no se concibe que, sin necesidad, ni perentoria ni remota, se abrogue aquel la facultad arbitraría de alterar ó destruir una ley de brillantes antecedentes, y á cuya sombra viven grandes intereses nacionales, para favorecer, no al comercio español, sino á intereses extranjeros, que son los que lo reclaman.

El ministro apela al derecho y á la justicia para resolver la cuestion; y para probar que el debatido recargo no se funda en el uno ni en la otra, recorre rápidamente la historia de su establecimiento y de sus alternativas hasta llegar á presentarse en la forma que hoy ostenta.

Dícese en la exposicion, que en el año de 1227, mucho antes de la renombrada Acta de navegacion de Cromwell, concedió el rey D. Jaime I de Aragon á las naves barcelonesas el privilegio de utilizar los fletamentos con exclusion de las naves extranjeras; supone que este privilegio suscitó quejas de los valencianos e ibicenses, haciéndose extensivo á todos los demás puertos de nuestras costas orientales; y se extendió, por último, á todos los puertos del Mediterráneo y del Atlántico, cuando se reunieron las dos coronas de Aragon y de Castilla. Estos monarcas, dice, sin embargo, no defendieron tan decididamente como otros el mencionado privilegio, y los maestres, más inclinados al privilegio, consiguieron que las Cortes de Valladolid pidieran su renovacion en 1523, y que la pidieran de nuevo las de Toledo en 1560, etc.»

Tal es la primera parte de la historia que presenta el ministro, y sobre la cual nos hemos de permitir algunas observaciones para justificar lo que la Exposicion condena.

El rey D. Jaime de Aragon era, no solo legitimo, sino un gran rey; D. Fernando y Doña Isabel eran, no solo reyes legitimos, sino grandes monarcas. Las Cortes de Valladolid y Toledo eran legitimas y competentes. Las leyes, los decretos y cédulas emanados de todos estos poderes fueron, pues, legítimos y legales; y si se dictaron, como se dictaron, para fomentar nuestra marina mercante y de guerra y nuestro comercio, facilitando la exportacion e importacion de productos, asegurando la via maritima contra piratas y buques de guerra de otras