La Gaceta industrial (1866-01-01 00:00:00), página 213

SECCION DOCTRINAL.

PROPOSICION DE LEY

SOBRE LA VENTA DE LAS MINAS DEL ESTADO.

En la sesión del dia 19 del actual fué tomada en consideración por el Congreso una proposición de ley para la venta de las minas del Estado, presentada por el Sr. Peñuelas, ingeniero de minas, que pronunció en su apoyo el discurso que insertamos á continuación, tomándolo íntegro del Diario de las Sesiones; debiendo solo añadir que estamos de completo acuerdo con las ideas que en él se emiten y con las consideraciones que se hacen para demostrar las ventajas que resultarian para el Gobierno y para el país de entregar á la industria particular las minas que tan mal explota el Estado, haciendo al propio tiempo una competencia ruinosa para sí mismo y para los particulares.

No vamos nosotros á ocuparnos de las infinitas razones que existen para demostrar la conveniencia, y hoy día casi podríamos decir la necesidad de enagenciar las minas del Estado, pues en el discurso del Sr. Peñuelas las encontrarán nuestros lectores mucho mejor expuestas, sin duda, que nosotros pudieramos hacerlo; pero sí debemos llamar la atención sobre la circunstancia de ser ingenieros de minas los que en diversas ocasiones se han ocupado en este asunto, haciendo además algunas consideraciones sobre un punto de vista en que el Sr. Peñuelas no creyó oportuno entrar, y que es, sin embargo, muy interesante.

El Sr. Peñuelas dice que no es el estado económico y financiero del país lo que le ha movido á presentar la proposición de ley de que se trata, sino el desorden administrativo «que ha ido creciendo en dichos establecimientos de una manera lamentable, hasta el punto de que esto ha llegado á ser una cuestión de moralidad y de conveniencia pública.»

Por mucha que sea la importancia de la cuestión bajo el punto de vista que la considera el Sr. Peñuelas, parecemos, sin embargo, que la tiene tan grande, y mayor todavía en estos momentos, considerándola con relación al estado económico del país, pues la medida de que se trata contribuiría indudablemente á mejorarla de una manera muy notable bajo diversos puntos de vista.

Carecemos de datos suficientes para apreciar, si quiera aproximadamente, el valor que representan las minas reservadas al Estado por el art. 35 de la ley de minas; pero no se necesitan datos para asegurar que asciende á una cantidad muy considerable, que acaso bastaría por sí sola para remediar los apuros por que está pasando en estos momentos el Tesoro español.

Y ¿qué cantidad producen al Estado las riquísimas minas que explota por su cuenta? Asombrense nuestros lectores: 18 millones de reales; cuando las solas minas de cobre de Riotinto deberían producir, según el señor Peñuelas, 100 millones, á pesar de que solo producen tres millones en las épocas de bonanza y de prosperidad.

Estos datos son más eloquentes que cuantas consideraciones pudiesen hacerse en favor de la enagencian de las minas que explota el Estado con tan grave detrimento de la industria particular y de los intereses generales del país, y por eso omitimos el entrar en más consideraciones para demostrar la necesidad de llevar á cabo la medida de que se trata con toda la posible brevedad.

No creemos que se necesita para ello tanto tiempo ni tantos estudios como dió á entender el Ministro de Hacienda al levantarse para decir que no tenía inconveniente en que se tomara en consideración la proposición de ley del Sr. Peñuelas; pero sí bien convenimos en que la cuestión es grave, como dijo el ministro, esta es para nosotros una de las razones para que se resuelva sin pérdida de tiempo: lo más grave en este asunto es, en nuestro concepto, que el Estado continúe explotando por más tiempo esas minas de una manera tan ruinosa para los intereses del país.

Así es que sea poco ó sea mucho el tiempo que se necesite para estudiar esta cuestión, lo que importa es que se estudie desde luego á fin de que cuanto antes se ponga en obra lo que se consigna en la proposición de ley que nos ocupa, y cuyo articulado es como sigue:

A LAS CORTES.

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno para vender en pública licitación las minas que por el art. 35 de la ley de minería quedaron reservadas al Estado, excepto las de sal, mientras esta sustancia sea género estancado.

Art. 2.º La venta de dichas minas comprenderá:
Primero. El derecho exclusivo de explotar las sustancias minerales que se encuentren dentro del perímetro hoy reservado á cada una, ó del que el Gobierno les señale nuevamente antes de verificar la venta; con tal que no exceda de aquel, respetando sin embargo las concesiones que hayan sido hechas á particulares con arreglo á la ley de minería.
Segundo. El aprovechamiento de los escoriales, terreros y canteras contenidos dentro de dicho perímetro.
Tercero. Las máquinas, aparatos, caballerías, útiles, herramientas y materiales de todas clases que existan en el momento de la venta.
Cuarto. La propiedad de los edificios destinados á oficinas, talleres, almacenes, fábricas, máquinas, etc., y la de la parte de los terrenos y monte pertenecientes al Estado que el Gobierno juzgue necesaria para las operaciones de explotación y beneficio.

Art. 3.º Los templos, cárcelcs y hospitales pertenecientes á los establecimientos mineros, luego que estos se hayan enajenado, se concederán por el Gobierno á nombre del Estado en favor de los pueblos en cuyo término radiquen.

En la propia forma se cederán también á los mismos pueblos los terrenos y montes que según el párrafo cuarto del artículo anterior no deban comprenderse en la venta de las minas. Estos terrenos quedarán en su consecuencia sujetos á la ley general de desamortización en la parte de ellos que no sea necesario declarar de aprovechamiento del comun de vecinos.