La Gaceta industrial (1869-01-20 00:00:00), página 6

ciones de productos extranjeros y en bandera extranjera, en el cual estaban realmente basados todos nuestros tratados de comercio, poniendo trabas á la exportación de los productos nacionales: triunfaban, pues, por completo los principios libre-cambistas; ¿y cuáles fueron los resultados? Que aquella nación grande por la inmensa extensión de su territorio, grande por su producción y grande por su comercio y marina, bajó de tamaño altura hasta el punto de que, en el año 1700, su monarca carecía de lo necesario para vivir, habiendo desaparecido producción, comercio, marina y escuadra, que quedó reducida á 6 galeras.

El cambio de dinastía trajo opuestas ideas económicas; pero lo extenuado del país obligó mal de su grado, así á Felipe V como á Fernando VI, á sucumbir á exigencias impuestas por extranjeros, poderosos entonces, débiles cuando nosotros con los llamados privilegios éramos fuertes.

Vino Carlos III, y valerosamente, pero con valor español, rompió aquellas ligaduras que nos impusieron los tratados: cambió el sistema económico; puso trabas á las importaciones extranjeras en beneficio de la producción nacional; facilitó su exportación; protegió nuestra marina; y con estas leyes, que se califican de privilegios contrarios á la justicia, al derecho y á la conveniencia, aquella nación abatida, pobre y despreciada, se levantó subitamente con nuevo vigor, y sosteniendo largas y costosas guerras para romper los tratados que la opprían y vejaban sin dejarla medrar, obtuvo un lugar distinguido entre las grandes naciones: 78 navíos de línea, 11 de tres puente, 53 fragatas y otras embarcaciones menores, todos construidos, no como ahora en los arsenales extranjeros en daño de nuestra riqueza, sino en los arsenales nacionales fomentando el trabajo y la riqueza general, atestiguan y demuestran claramente la notable y súbita restauración de la nación española, de su marina mercante, de su comercio y producción, confirmado todo por el ventajoso tratado ajustado con Inglaterra, despojado de la vejatoria y humillante condición impuesta forzosamente en todos los anteriores, de recibir los productos ingleses en daño de los nacionales.

Insistiendo el ministro en llamar privilegio á la ley que proteje nuestra marina contra la extranjera, dice: «No es, pues, el derecho diferencial de bandera un derecho fundado en la justicia ni en la conveniencia general, sino en el particular beneficio de industria determinada; fácil es, pues, comprender la imposibilidad de sostenerle, tan luego como los perjudicados por él reclaman su abolición en nombre de la justicia.» (1)

Lo diremos francamente, este lenguaje, estas máximas, más que de un ministro, nos parecen propios de un economista empeñado en propagar una ciencia, cuya falsedad ha demostrado la experiencia, de acuerdo con el buen sentido. Si la ley que protege la marina es un privilegio en exclusivo favor de una clase y en perjuicio del comerciante y del consumidor, que tendrán los objetos más baratos, privilegio es la ley que protege á la industria algodonera, á la lanera, á la agricultura, etc., y privilegio que favorece á cada clase en daño de las demás consumidoras; y privilegio también es la ley que favorece á la clase de empleados, excluyendo por completo la competencia extranjera, en daño y perjuicio de toda la nación, que pudiera tener empleados extranjeros, más idóneos ó más baratos, ó que ofreciesen ambas ventajas reunidas. Nuestra administración, ¿puede compararse con las de Francia, Inglaterra y Prusia? Y pues en esta clase, como en todas las demás, por causas bien conocidas estamos en atraso respecto de otros países más adelantados, tendremos que, por el principio de justicia que se sienta, vestiríamos de géneros de algodón, lana, hilo, seda, etc., extranjeros; comeríamos pan de harina extranjera; nos valdríamos de sastrería y zapatería extranjeros, venido todo en buques extranjeros, y tendríamos ministros y administradores de aduanas también extran-

(1) El Gobierno nombró una comisión para informar acerca de la conveniencia de suprimir ó conservar el derecho diferencial de bandera con respecto á la Gran Bretaña; los individuos nombrados fueron, por el ministerio de Estado, Don Leopoldo Augusto de Cueto, presidente; por el de Fomento, D. José María de Mora; por el de Hacienda, D. José de Cifuentes, y por el de Marina, D. Félix Ruiz Fortuny. Los dos últimos dieron un dictamen muy fundado en datos y lógicas consecuencias, favorable á la conservación del derecho diferencial: los dos primeros lo dieron contrario, apoyados en suposiciones contrarias á la verdad de los hechos y en falsas teorías; pero su dictamen empieza con la siguiente declaración:

«La cuestión que el Gobierno de S. M. desea ilustrar por medio de la comisión de que formamos parte, ha sido suscitada por una reclamación del Gobierno Británico.»

No son, pues, españoles los que reclaman; sino el Gobierno inglés en nombre de los intereses ingleses, que son los que favorece el decreto ilegal del Sr. Figuerola.

La comisión añade: «Desenredando el Parlamento inglés de las disposiciones restrictivas contenidas en las actas conocidas con el nombre de leyes de navegación, si bien no habían bastado á impedir el desarrollo marítimo, nacido irresistiblemente de las condiciones particulares del territorio de las Islas Británicas, ponían, no obstante, estorbos graves al mayor ensanche y á la mayor prosperidad del comercio y de la navegación, abolido en 1849 dichas actas, etc.»

Esta opinión carece de sentido: el Acta de Cromwell tuvo en una larga época su razón de ser, y ha dejado recientemente de tenerla. Esto vino á decir en 1826 Huskisson á la Cámara Inglesa, cuando, entre otras cosas, manifestó lo siguiente:

«¿En qué circunstancias estableció Inglaterra su sistema de navegación? Cuando su marina mercante era relativamente insignificante, y limitada su riqueza; cuando no tenía aún manufacturas y exportaba sus trigos, sus lanas y otras primeras materias brutas; cuando por otra parte, los Países-Bajos eran oponentes á nuestros intereses, y estaban en posesión de la mayor parte de los trasportes marítimos de Europa y del mundo. ¿Qué ha sucedido después? La marina mercante de ese país ha casi desaparecido, y la de la Gran Bretaña es ahora inmensa.» Huskisson, expresándose así, era en opinión de los economistas modernos un empirico, que desconocía los principios científicos que campean en el preámbulo del decreto que combatimos. ¡Tiene esto sentido!

terra hacer un servicio con mayor economía que otra compañía inglesa.

Si el Gobierno británico profesase la doctrina científica de tomar las cosas más baratas, habría aceptado la oferta; pero rechazó pagando lo nacional más caro.

A fines del año último y á principios del presente, por tres veces consecutivas anunció el Gobierno prusiano otras tantas subastas de hierros que necesitaba para ciertos servicios del Estado: á las dos primeras se presentaron algunos fabricantes franceses haciendo proposiciones más ventajosas que los alemanes, y fueron desatendidos. A la tercera, uno de los franceses preguntó al Gobierno de Berlín, en vista de lo que había pasado, si le sería admitida una proposición, en el caso de ser la más favorable; y se le contestó al momento, que «no se molestase.»

¿Por qué no hemos de atender á lo que otros hacen, y no á lo que nos dicen?