Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-25 00:00:00), página 28

las peticiones que en este sentido y por diversas redes se han dirigido á la Dirección general de Telégrafos, han sido informadas negativamente por la Junta Consultiva del Cuerpo. El hecho parece anómalo á los que conocen la organización que en todas partes se da á este servicio: no es por esto menos cierto; y no citaríamos el hecho si no concurren en el dictamen negativo de aquella Junta circunstancias desfavorables que no hablan muy alto en favor de su seriedad. Varias han sido las redes que han solicitado la autorización necesaria para establecer algún Centro sucursal. La Junta, aparte consideraciones especiosas de índole técnica, consideró desde el primer momento que debía denegarse semejante autorización, y así informó en cuantas ocasiones la consultaron. Fundábase para esto en que el Real decreto de 1866 no hace referencia más que á un solo Centro: la pluralidad, pues, estaba proscripta. Como argucia de leguleyo, la razón alegada podría tener algún valor, si otras razones de un orden técnico administrativo más elevado no aconsejaran un criterio más amplio que el que se funda en una mera interpretación casuística del texto escrito. Así lo comprendieron los Directores generales bajo cuya administración se han suscitado las consultas, y su resolución era favorable á la pretensión de las Compañías concesionarias. Barcelona constituyó una excepción, acaso porque en este país de las anomalías aquella urbe extensísima hacía más necesaria semejante autorización. Más recientemente se ha reiterado la petición, y la Junta, consecuente con su propia rutina, ha dictaminado en sentido negativo, sin tener en cuenta, no ya la excepción que se hacía con Barcelona, toda vez que otras redes habían sido ya autorizadas, sino el espíritu y la letra del Real decreto de 11 de Noviembre de 1890, en que la organización poligonal de las redes con varios Centros está clara y expresamente autorizada. Esto era letra muerta para la Junta Consultiva: la ley estaba encerrada en su propia opinión; ni los hechos ni el derecho habían pasado para ella, que se había exquisitado en su primera y mal fundada negativa. Y no vale decir que este juicio primero se fundaba en una interpretación recta de la legalidad escrita, porque tendremos que demostrar que ni esta legalidad le era conocida ni, por tanto, aquel primer dictamen negativo tenía fundamento.

El decreto de 1866 no habla de Estaciones centrales, es cierto, ni aun para prohibirlas. Pero ese mismo decreto contiene un art. 2.º que ha debido pasar inadvertido para la Junta Consultiva del Cuerpo de Telégrafos. Según ese artículo, quedan subsistentes todas las disposiciones del Real decreto de 12 de Agosto de 1884, que por el mismo de 1866 no sufren modificación. Ahora bien: el decreto de 12 de Agosto de 1884 tiene á su vez un art. 2.º que dice literalmente:

«Art. 2.º Para el establecimiento de una red telefónica procederá un estudio en el que se determinen las Estaciones centrales y las líneas que hayan de unirlas. Estas Centrales serán para servicio del público y para establecer la comunicación entre las Estaciones que se concedan á los particulares, en la forma que preceptúe el reglamento de este servicio.»

El desconocimiento de la ley no puede ser más manifiesto, ni sus consecuencias más desplorables. Por fortuna, éstas las ha evitado el Sr. Los Arcos, asesorándose mejor de lo que muestra estarlo su Junta Consultiva, y aplicando debidamente un principio legal que ha subsistido al través de las mudanzas por qué ha pasado la legislación telefónica.

De cualquier modo, aun en el supuesto de que el decreto de 1866, aisladamente considerado, no autoriza taxativamente la creación de varias sucursales en una misma red, la resistencia tenaz á consentir esta organización sancionada por una práctica que casi llamaremos universal, ya que no pueda argüir ignorancia, que esto no lo supondremos siquiera tratándose de una Junta algunas de cuyas personalidades son honra de la ciencia eléctrica española, revela por lo menos un divorcio lamentable con los intereses del país cuyo fomento les está encomendado.

Oportunamente dimos cuenta á nuestros lectores del concurso celebrado en París, bajo los auspicios de aquella Municipalidad, para la determinación del mejor contador de energía eléctrica. El Jurado dejó sin otorgar el premio de 10.000 francos que se había señalado, y concedió solamente dos primas de estímulo de 2.000 francos cada una. Este resultado atenió, sin embargo, á la Municipalidad para una segunda convocatoria, en la que quedaron subsistentes las bases de la primera. Los contadores que acudieran á este segundo llamamiento debían entregarse antes del 31 de Agosto de 1890. El examen de los contadores que acudieron al concurso ha durado diez meses, y el resultado le dió á conocer en sesión de 30 de Mayo pasado, ante los Jurados, el Ponente de la Subcomisión encargada del dictamen. En este informe se consignan los progresos notables que revelan los contadores sometidos al concurso; progresos que hacen de tales aparatos casi instrumentos de precisión sin perjuicio de haber mejorado en robustez. Obsérvese, en efecto, que la aproximación de la medida es de 1 por 100, mientras que en los contadores de gas es inferior á 6 por 100. Dos son, según el voto unánime del Jurado, los contadores que llenan cumplidamente las condiciones del programa; y en su virtud, entre estos dos contadores, que son los de Aron y Thomson, se ha acordado distribuir el premio de 10.000 francos. Ambos contadores pueden aplicarse indistintamente á circuitos de corriente alterna y de corriente continua.