La Energía eléctrica (1927-10-10 00:00:00), página 14

dos de aquellas otras escrituras que transcriben de nuevo todos los estatutos, sin fijar la extensión de las modificaciones, porque así como en el primer caso el deber del registrador queda circunscrito por las variantes introducidas, se ve obligado en el segundo supuesto a realizar un cotejo escrupuloso de todo su articulado, si quiere consignar las modificaciones adoptadas o a extender la inscripción como si por primera vez se le presentara la documentación; por lo que en este segundo supuesto cabe afirmar que los estatutos son redactados de nuevo y la tarea del registrador extraordinariamente agravada por el estudio de los antecedentes, capacidad y cláusulas sometidas a su examen; y como en el arancel vigente no existe un epígrafe específico para esta clase de inscripciones, y el tipo de 7,50 pesetas fijado en el núm. 12 de aquél no resulta suficientemente remunerador para el funcionario que ha de formalizar el asiento, y, antes al contrario, ni siquiera compensa gastos materiales de la oficina, procede señalar una cantidad adecuada a tales trabajos, toda vez que las operaciones tampoco están legalmente comprendidas en el núm. 4.º de los repetidos aranceles.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Que por la inscripción o anotación de las modificaciones de una Compañía mercantil, cuando, sin reformar los pactos esenciales, se transcriben en el documento presentado todos los estatutos, sin fijar la extensión de las modificaciones incluidas, se devengarán, en el caso de que el capital social no exceda de 50.000 pesetas, los honorarios consignados en el núm. 3.º del arancel, y si excede de 50.000 pesetas se percibirá además una peseta por cada 10.000 pesetas de exceso, sin que puedan exceder de 250 pesetas dichos conceptos; y

2.º Que se aplique el precepto contenido en el apartado anterior aun a las operaciones hechas y al cómputo de honorarios devengados con anterioridad a la fecha de esta Real orden, si no se hubieran cobrado o no se hubiese resuelto el recurso de impugnación correspondiente.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 29 de julio de 1927.—Ponte.—Señor director general de los Registros y del Notariado.

Real decreto de 14 de junio de 1921 sobre aprovechamientos hidráulicos

(Conclusión) (1)

Resultando que, emplazado que fué el fiscal para que contestase a la demanda, pidió en el suyo, de 21 de febrero siguiente, se absuelva de la misma a la Administración general del Estado;
Visto, siendo ponente el magistrado D. Manuel Fernández Golfín;
Visto el art. 1.º, núm. 3.º, de la ley que regula el ejercicio de esta jurisdicción;
Vistos los Reales decretos de 14 de junio de 1921 y 10 de abril de 1922;
Visto el art. 220 de la ley de 13 de junio de 1879;
Considerando que, por haber alegado el ministerio fiscal en el acto de la vista de este recurso la excepción de incompetencia de jurisdicción, fundada en que no se da en la Real orden impugnada el tercer de los requisitos exigidos por el art. 1.º de la ley, debe esta cuestión, como previa, ser en primer término examinada por la Sala;
Considerando que la citada excepción procede se desestime, ya que al determinar si la soberana disposición recurrida vulneró el derecho del actor, es precisamente lo que constituye el fondo del recurso;
Considerando, respecto del mismo, que en la súplica de la demanda se pide dicte la Sala sentencia revocando la mencionada Real orden en cuanto otorga la concesión del caudal de agua del río Saliencia, a que se refiere, por un plazo de setenta y cinco años, y establece el derecho de reversión gratuita al Estado, al vencer el mismo, de todas las instalaciones y terrenos, en aplicación del artículo 1.º del Real decreto de 10 de noviembre de 1922, que se dice no podía aplicar la Administración, porque infringe el art. 220 de la ley de 13 de junio de 1879; que declare que la ampliación de caudal citado, base del expediente, debe otorgarse con sujeción al art. 220 referido, que no ha sido derogado por los Reales decretos de 14 de junio de 1921 y 10 de noviembre de 1922, y también por-

(1) Véase la primera parte en el número del Boletín de la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, correspondiente al 25 de septiembre.