La Energía eléctrica (1927-05-25 00:00:00), página 16

representa en los ingresos, productos o beneficios de una Empresa de electricidad la ocupación del subsuelo de la vía pública, por ejemplo.

Hemos visto ya algunos casos en que, por arbitrio de ocupación del suelo, subsuelo o vuelo, exigían los Ayuntamientos cantidades casi equivalentes al beneficio de las Empresas, cosa bien distinta de la teoría que informaba al Estatuto municipal, que no persigue el daño o la ruina de la industria, tanto porque no es su fin ocasionar grave perjuicio a los particulares o entidades que arriesgan sus bienes en fines industriales, ni a los obreros y empleados que viven de la industria, ni a los consumidores y localidades y otras industrias que necesitan de la electricidad, ni al mismo Estado, Provincias y Municipios con el agotamiento de una de sus más importantes fuentes de ingreso y riqueza.

No parece posible, como queda dicho, determinar qué tanto por ciento de los productos obtenidos por una Empresa eléctrica puede imputarse a la concesión del suelo, subsuelo o vuelo para el tendido de sus líneas. Además no creemos que en estos casos pueda equipararse el disfrute de ese aprovechamiento al caso de que el terreno correspondiese a la Empresa en propiedad, pues claro es que el terreno ocupado de ese modo con las redes no es propiedad de la Empresa, por lo cual no deberá nunca equipararse la situación a lo que no es, pareciendo natural que el tipo del arbitrio o derecho sea bastante inferior al de aquella supuesta propiedad.

Por estas razones, debe vigilarse siempre atentamente el establecimiento de esas tasas o derechos, formulando los recursos que procedan, de conformidad con lo que indicábamos en el BOLETÍN del 25 de Abril.

El art. 378 del Estatuto municipal y el 45 del reglamento de Hacienda de 23 de agosto de 1924 autorizan la cobranza de los derechos y tasas por aprovechamientos sobre el suelo, subsuelo y vuelo, en forma de participación en los ingresos brutos o en el producto neto, fijando como máximo, al cual podrán llegar los Ayuntamientos, el 1/2 por 100 de los ingresos brutos, o el 3 por 100 de los productos netos, de las Empresas o industriales dedicadas al gas o la electricidad.

Si al establecerse o al revisarse el tipo de exacción la Empresa considerase excesivo el acordado por el Ayuntamiento, hará constar a la Corporación su discrepancia y las razones en que la funde, aduciendo los datos y estimaciones pertinentes. El Ayuntamiento hará constar también sus razones para tal imposición, y elevará el expediente al Ministerio de Hacienda, que resolverá en definitiva.

Este recurso especial podemos designarle con el número 5., después de los cuatro estudiados en el BOLETÍN antes citado, siendo de gran interés para las Empresas eléctricas por merecer una seria garantía la competencia e imparcialidad del personal que hubiera de entender en esos expedientes; pero se tropieza con la dificultad de que para su resolución habrá de tenerse en cuenta el contenido del art. 376, del cual ya hemos tratado, y de que en la realidad queda muy restringida la aplicación de este procedimiento por los recursos y ordenanzas ya estudiados.

El art. 45 del reglamento de Hacienda municipal dice que la cuota que se fije, de conformidad con el art. 376 del Estatuto, no podrá ser tampoco inferior al perjuicio que ocasionaría el no poder ser utilizado el aprovechamiento. Para esta industria no puede tener aplicación ese precepto, porque sin ocupar el suelo, subsuelo o vuelo no tendría existencia.

Establece el art. 45 del reglamento las siguientes prescripciones para la aplicación del 378 del Estatuto, además de las que quedan antes expresadas: Que dentro de los límites máximos sobre ingresos brutos o producto neto, deberán acordarse descuentos, a petición de los interesados, en proporción con el montante del coeficiente de explotación, si se trata de ingresos brutos, o con el de las cargas financieras motivadas por instalaciones dedicadas al servicio público dentro del término municipal, si se hace referencia al producto neto. Las cuotas se fijarán por quinquenios; pero durante el primero podrán hacerse revisiones anualmente. Cuando los bienes o instalaciones radiquen en varios términos municipales el límite máximo deberá prorratearse entre los diversos Ayuntamientos, en proporción a los ingresos brutos que en su territorio se obtengan, sin que esto obligue a todos ellos a la transformación de las tasas en la forma que marca el art. 378. Los suministros de gas y electricidad para el servicio público no serán tenidos en cuenta en el cálculo del ingreso bruto, base de la participación municipal. Las Ordenanzas determinarán el tiempo y forma en que las Compañías hayan de presentar los datos necesarios para la liquidación de los derechos. No se incluirá en las cuotas de participación el coste de las reparaciones por daños y perjuicios causados en la vía pública, que íntegramente serán de cuenta de la Empresa que los causare.

Finalmente, hemos de reconocer que los límites fijados por el art. 45, consistentes en el 1/2