La Energía eléctrica (1927-06-10 00:00:00), página 15

Nacionalización en España de Empresas extranjeras

EXPOSICION

Señor: Repetidas veces se ha exteriorizado el anhelo de abrir cauces fáciles a la nacionalización en España de las Empresas extranjeras que tienen sus negocios en nuestro territorio, y son varias las disposiciones legislativas que a tal fin se han dictado en los últimos años.

A la nacionalización, en principio, ni jurídica ni económicamente nada se opone. Un Estado puede acoger como nacionales a cuantas Empresas quieran sujetarse a sus leyes, salvando especiales circunstancias económicas que en ciertos casos puedan concurrir.

Y esto no es solamente una concesión que en el orden internacional se impone; puede ser una conveniencia para el Estado mismo que la otorga, que así entra una Empresa plenamente en el derecho nacional sin limitaciones de soberanía ni restricciones económicas para la actuación de capitales.

Estas razones aconsejan no solamente facilitar la nacionalización en España de Compañías extranjeras, sino estimularla. Pensando en ambos fines, se propone en el decreto adjunto la exención de tributos que gravarían las formalidades jurídicas de nacionalización, como Derechos reales y Timbre, y la exención durante el primer año—la reducción en el segundo y tercero—de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria.

Pero si en el orden jurídico y económico es aconsejable la orientación expuesta, desde el punto de vista fiscal importa establecer determinadas condiciones que habrán de reunir en todo caso las Sociedades de que se trata, ya que la nacionalización no debe perjudicar al Estado que la otorga, y nuestro régimen tributario exige, para la pureza de su aplicación, una independencia económica en las Sociedades españolas, o como tales domiciliadas en el reino, respecto a otras Empresas extranjeras.

Para evitar posibles daños, en que una experiencia administrativa hace pensar fundadamente, se proponen ciertos requisitos necesarios para el otorgamiento de la domiciliación. Y quedando siempre al Consejo de Ministros la facultad suprema de decidir, se abre y se facilita con el proyecto adjunto el camino de nacionalización que la economía y el derecho aconsejan.

Por las razones expuestas, el ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto-ley.

Madrid, 7 de junio de 1927.—SEÑOR: A los R. P. de V. M.—José Calvo Sotelo.

REAL DECRETO-LEY

Número 1.006.

A propuesta del ministro de Hacienda y de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Siempre que la nacionalización en el reino de alguna Empresa extranjera que realice negocios en España sea de especial conveniencia para los intereses de la economía nacional española, se otorgarán a la Sociedad española que realice la nacionalización, ya se constituya para este fin, ya esté constituida anteriormente para otros fines, las exenciones tributarias siguientes:

A) De los impuestos de Derechos reales y de Timbre exigibles por los actos y contratos mediante los cuales haya de llevarse a cabo la nacionalización de las Empresas de que se trate. Sólo podrá calificarse como acto o contrato preciso para nacionalizar una Sociedad extranjera aquellos que con esta finalidad se otorguen por el plazo máximo de un año, a contar desde la fecha en que se realice el primero.

B) Del impuesto de Timbre de negociación de acciones, obligaciones y demás valores análogos durante los tres primeros años de la nacionalización.

C) De las cuotas correspondientes a las tarifas segunda y tercera de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, siempre que, por lo que a la tarifa segunda se refiere, se trate de dividendos de acciones y de intereses de obligaciones cuyos títulos sean propiedad de españoles, habiendo de acreditarse esta condición con arreglo a lo dispuesto en el art. 7.º del reglamento de Protección a las Industrias nacionales, aprobado por Real orden de 24 de mayo de 1924.

La exención de este apartado será total en el primer ejercicio de la nacionalización de cada Empresa, quedando reducido al 75 por 100 en el segundo ejercicio y al 50 por 100 en el tercero, y desapareciendo íntegramente en lo sucesivo.

Art. 2.º La apreciación de la conveniencia de la nacionalización de la Empresa en el reino compete exclusivamente al Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previos los informes que estime pertinentes.

El acuerdo del Gobierno se hará constar en Real decreto y se publicará en la "Gaceta de Madrid".

Art. 3.º Serán condiciones inexcusables para el otorgamiento y disfrute de las exenciones de este decreto-ley:
a) Que la Empresa española revista la forma de Sociedad anónima, cualquiera que sea la forma que tuviese en el extranjero.