La Energía eléctrica (1927-12-25 00:00:00), página 15

Art. 9.º Los Gobiernos de España y Portugal se darán mutuamente todas las facilidades necesarias para realizar las operaciones de campo que requiera la formación de los proyectos definitivos de las obras en las zonas que les están asignadas, comunicando al efecto las instrucciones oportunas a las autoridades civiles y militares de las zonas fronterizas al tramo internacional.

Art. 10. La tramitación y aprobación de los proyectos definitivos y de las modificaciones que se introduzcan en ellos durante el período de construcción corresponderán al Gobierno del Estado en cuya zona de aprovechamiento se encuentran situadas las obras.

Ambos Gobiernos se comunicarán mutuamente estos proyectos antes de su aprobación, para evitar que con motivo de las obras que se efectúen en una zona se puedan seguir perjuicios a los aprovechamientos e intereses de la otra.

Art. 11. Las obras que se han de realizar en territorio español, directamente destinadas a la regularización del Duero en su tramo internacional, a que se refiere el art. 10 del Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926, comenzarán por la construcción en el río Esla de la presa llamada de Rico-bayo, provincia de Zamora.

Art. 12. La energía perteneciente a cada país será utilizada exclusivamente en su propio territorio; no pudiendo ser enajenada, arrendada, ni cedida a otro país, bajo cualquier forma, total o parcialmente.

Inspírandose siempre en el más amplio criterio de reciprocidad, y si fuera conveniente para ambos Estados la exportación de energía eléctrica de uno a otro, sería esta exportación objeto de un pacto especial en cada caso concreto.

Si la producción de energía en ambos países superara a las necesidades del mercado y pudiera esta superproducción determinar una competencia ruinosa a otras industrias ya establecidas o causar graves perjuicios a las economías nacionales, se estudiará y concertará por ambos Gobiernos la manera de dedicar ese sobrante, de acuerdo con los concesionarios, a fabricaciones o industrias cuyos productos estén preferentemente destinados a la exportación a terceras naciones.

Art. 13. La jurisdicción de cada Estado en el tramo internacional conservará el límite fijado en el artículo 18 del Tratado de 1864.

En las presas se mantendrá dicho límite equidistante de ambos extremos, y en los embalses equidistante de las dos orillas.

Art. 14. Para facilitar la aplicación de este Convenio se constituirá una Comisión internacional hispanoportuguesa, cuya función especial será regular el ejercicio de los derechos bilateralmente reconocidos, y dirimir las cuestiones jurídicas o técnicas que su coexistencia origine.

Esta Comisión estará compuesta de tres vocales, designados por el Estado español y tres vocales designados por el Estado portugués.

Sus reuniones se celebrarán, alternativamente, en Madrid y Lisboa. La presidencia será atribuida en cada reunión a un miembro del Estado local.

Se decidirá el lugar donde haya de celebrarse la primera reunión por sorteo hecho en ocasión del cambio de las ratificaciones, cuyo resultado constará en el acta correspondiente.

Ambos Estados sufragarán, por partes iguales, los gastos que ocasione el funcionamiento de este organismo, y cada uno fijará en las respectivas concesiones la proporción en que los concesionarios deban contribuir al sostenimiento de esta atención común.

La Comisión redactará y someterá a la aprobación de ambos Gobiernos un proyecto de Estatuto que regule su funcionamiento.

En dicho Estatuto se organizará la distribución de los trabajos entre vocales y se determinarán las materias que queden reservadas al conocimiento y resolución del Pleno.

Art. 15. Cada seis años, o antes, si alguno de los dos Gobiernos lo solicitará, se revisará el Estatuto de la Comisión internacional y los poderes que en este Convenio se le confieren.

Si la experiencia lo aconsejara y los dos Gobiernos convinieran en suprimir este organismo internacional, se mantendría, sin embargo, en tanto hubiere obras en ejecución o en explotación, una representación unipersonal de cada Estado, especialmente afecta a este servicio, que asegurará un enlace permanente entre los Estados y las concesiones, para los fines de interés común.

Art. 16. Tendrá la Comisión internacional la triple función consultiva, resolutiva e interventora, dentro de la órbita que los tres artículos siguientes la señalan.

Las decisiones que adopte, en uso de las facultades que el artículo 18 le atribuye, serán firmes cuando se adopte por unanimidad. Si fueren adoptadas por mayoría de votos, no entrarán en vigor sin la conformidad expresa de los Gobiernos o de las autoridades competentes, en cada caso, o hasta después de transcurridos treinta días, a partir de la fecha en que se haga la comunicación, sin que los Gobiernos o dichas autoridades formulen su oposición, y haya lugar a aplicar el artículo 22 de este Convenio, salvo en el caso a que se refiere el artículo 7., apartado b).

Para su ejecución, la Comisión internacional requerirá la cooperación de la autoridad competente.

Los informes, y resoluciones de la Comisión serán siempre comunicados a los dos Gobiernos.

Art. 17. La Comisión internacional deberá ser oída por los dos Gobiernos, antes de que recaiga resolución, en las materias siguientes:

a) Aprobación de los proyectos de ejecución de las obras que requieran los aprovechamientos y de las modificaciones que alteren el emplazamiento o la disposición de las presas, tomas y desagües.

b) Autorizaciones para ejecutar obras destinadas a servicios públicos o particulares que afecten