La Energía eléctrica (1927-06-10 00:00:00), página 16

b) Que los administradores de la Compañía sean españoles y que estén domiciliados en España en número bastante para tomar acuerdos por sí mismos.

c) Que el alto personal técnico o administrativo de la Compañía ostente nacionalidad española.

d) Que ni la denominación de la Compañía española, ni las adiciones que use en anuncios o documentos del tráfico mercantil, hagan inferir racionalmente que la Sociedad actúa en España bajo la dependencia de entidad extranjera.

e) Que conste de modo idóneamente a la Administración española que no existe en poder de alguna entidad extranjera parte bastante de los títulos representativos del capital social para imponer sus decisiones en las juntas generales de socios ni en la gestión mercantil de la Compañía.

f) Que las acciones y, en su caso, las obligaciones u otras prioridades y los dividendos, intereses, amortizaciones, primas y cualquiera otra renta que tenga su fuente en los productos netos o en los beneficios de la Compañía, estén referidas y sean pagaderas solamente en la moneda legal circulante en el reino. Mientras subsista el privilegio de emisión del Banco de España se entenderá por moneda legal circulante en el reino; a los efectos de este apartado, aquélla en que el Banco cambie sus billetes. La limitación impuesta en este párrafo no será aplicable a las obligaciones emitidas y negociadas previa autorización del Gobierno.

g) Las demás condiciones que el Gobierno en cada caso determine especialmente, y que se harán constar en el Real decreto de concesión.

Art. 4.º Para que la nacionalización realizada mediante la adquisición por la Compañía española de los títulos representativos del capital de la Empresa extranjera goce de los beneficios de esta ley, será condición indispensable que los dichos títulos se acomoden a las prescripciones del apartado i) del artículo anterior en el plazo máximo de un año, a contar de la fecha de la solicitud.

Art. 5.º No se otorgarán los beneficios de este decreto-ley en los casos en que la Empresa española quede en comunidad permanente de intereses con la extranjera de que adquiera el negocio objeto de la nacionalización, ni con ninguna otra, tenga o no la nacionalidad española, que represente intereses principalmente extranjeros. La decisión sobre la existencia de tal comunidad compete al Jurado de Utilidades, cuyo acuerdo, que en todo lo demás habrá de permanecer siempre reservado, será comunicado al Consejo de Ministros por el de Hacienda, juntamente con la propuesta a que se refiere el art. 2.º

El Jurado podrá requerir de los solicitantes la información, patente o reservada, que estime necesaria para enjuiciar el asunto, y en caso de excusa o negativa comunicará la insuficiencia de su información al ministro de Hacienda para la resolución oportuna.

Si el Jurado estimara que la existencia de una comunidad de intereses que deba excluir a la Sociedad de los beneficios del presente decreto-ley depende del proceder futuro de la Compañía, hará constar en su acuerdo las condiciones con las cuales podrá el Gobierno otorgar los dichos beneficios.

Art. 6.º En todos los casos de exención concedida en virtud de los preceptos del presente decreto-ley la Administración practicará la liquidación de las cuotas correspondientes con las comprobaciones y formalidades que las disposiciones legales y reglamentarias prescriben; pero las dichas cuotas no serán intervenidas sino a los efectos de fiscalización. Estas liquidaciones serán notificadas en la forma reglamentaria y procederán contra ellas las reclamaciones y recursos previstos en las leyes y reglamentos.

La tramitación ordinaria correspondiente a la exención de tales cuotas será sustituida por su inscripción en un Registro especial que será llevado por la Dirección general de Tesorería y Contabilidad. Si en algún momento, no hallándose prescritas las cuotas registradas, dejare de cumplirse alguna o algunas de las condiciones requeridas por este decreto-ley para el goce de la exención, se procederá a exigirlas de la Sociedad con los intereses simples de demora. La declaración por la Administración de que alguna o algunas de las dichas condiciones han dejado de cumplirse constituye por sí sola un acto administrativo a todos los efectos del derecho.

Art. 7.º Los administradores legales de la Compañía estarán obligados a comunicar al director general de Tesorería y Contabilidad todo hecho en cuya virtud cese alguna condición necesaria para el goce de la exención a tenor de este decreto. El director general de Tesorería y Contabilidad dará cuenta de la comunicación al centro o centros directivos de que dependa el servicio de liquidación de las cuotas correspondientes, y los dichos centros, previa la declaración correspondiente, ordenarán lo conveniente para la contracción de cuentas y exacción de las cuotas y sus intereses de demora.

Art. 8.º Siempre que una Compañía haya de hacer valer su derecho de exención, los administradores legales presentarán declaración jurada de hallarse cumplidas las condiciones necesarias para el disfrute de tales beneficios.

Art. 9.º El incumplimiento de la obligación impuesta a los administradores legales de la Compañía en el art. 7.º, y la inexactitud en las declaraciones a que se refiere el 8.º, constituyen defraudación.

Las disposiciones del presente decreto-ley entrarán en vigor desde la fecha de su publicación en la "Gaceta de Madrid", y el plazo para acogerse a sus beneficios será el de dos años, a contar desde su vigencia. Mientras tanto se entenderán derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a su cumplimiento.

En todo lo no reservado expresamente al Consejo de Ministros queda el de Hacienda encargado de la ejecución de este decreto-ley.

Dado en Palacio a 7 de junio de 1927.—ALFONSO—El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.