La Energía eléctrica (1927-11-25 00:00:00), página 14

Algunas reformas convenientes en la Legislación Contenciosoadministrativa

La legislación por que se rige la jurisdicción contenciosoadministrativa está constituida por la ley y reglamento de 22 de junio de 1894, siendo en realidad la que entiende o dentro de la cual se hallan comprendidos todos aquellos casos en los cuales se ve precisado el particular o Sociedad a litigar con la Administración. Esa materia se comprende fácilmente que es distinta de la de índole civil, que supone contención entre dos o más particulares o entidades, y la de índole penal, cuyo objeto es la defensa de la Sociedad en general, mediante la pena impuesta a los transgresores de la ley.

La ley y reglamento de la jurisdicción contenciosoadministrativa fueron, sin duda, bien estudiados, siendo preciso reconocer que su contenido es acertado, sobre todo para la época en que fueron dictados. Pero en la práctica, y dada la gran dificultad de la vida actual y lo mucho que se ha avanzado en el arte de buscar el perjuicio oportuno por parte de los que tengan intereses opuestos a las personas que hayan conseguido que su derecho sea reconocido debidamente por disposiciones oficiales, se hace preciso que, para la subsistencia de las Empresas eléctricas en nuestro caso, se llame la atención a la Comisión general de Codificación, con el fin de que se tengan en cuenta, al modificarse las disposiciones que rigen aquella jurisdicción, algunas indicaciones, que hoy concretaremos a las dos que vamos a exponer.

Ocurre con frecuencia que una Empresa obtenga una Real orden favorable a sus intereses y derechos por tratarse de expediente debidamente conocido por el Centro o Ministerio que la haya dictado, pero luego, dentro del plazo de los tres meses que se concede para la interposición del recurso contencioso administrativo, los interesados en contra de esa Empresa interponen disimuladamente ese recurso, publicándose algunas veces los edictos en los periódicos oficiales con tantos errores, que la misma Sociedad interesada no puede darse cuenta de que el recurso intentado se dirija contra ella; y, aparte de esto, siendo la "Gaceta" cada vez más voluminosa, no es fácil que las Empresas interesadas en los asuntos, y menos cuando disponen de poco personal, por su escaso capital o cortos beneficios, no cuentan en realidad con tiempo suficiente para examinar la "Gaceta" diariamente hasta en sus anuncios y detalles más pequeños.

La consecuencia de todo esto es lo que ha ocurrido muchas veces: que, no dándose cuenta las Empresas o industriales de la interposición y sustanciación del recurso contenciosoadministrativo, se encuentran sorprendidas con sentencias dictadas, sin que hayan podido hacer valer sus derechos, oponiéndose y desvaneciendo ciertas argumentaciones de una sola de las partes, que a veces deslumbran a los Tribunales, a pesar de su competencia y perfecta imparcialidad, que no dudamos en reconocer.

A este fin, entendemos que sería conveniente hacer constar algún precepto, bien en la modificación de la legislación enunciada, o ya por alguna disposición que se dictara actualmente en ese sentido, que se limitase a establecer la obligación de que en todos los casos en que se interponga el recurso contenciosoadministrativo contra alguna disposición oficial se diese traslado de él a los interesados en el asunto de que se trate, siempre que del expediente aparezca fácilmente la persona o entidad que podría ser perjudicada por el recurso.

Es otra cuestión de interés, que estimamos, además, de estricta justicia en todos aquellos asuntos en que se trate de resoluciones de orden fiscal, que la incautación de la central o bienes de la persona o entidad que formule el recurso se estime suficiente para sustituir la obligación de efectuar el ingreso de la contribución y penalidades de que se trate, siempre que la incautación suponga un valor superior al importe total de las imposiciones y multas del caso. Es decir, que si un industrial dispone, por ejemplo, de una central valorada en 50.000 pesetas, y la cantidad que, justa o injustamente, se le exige entre impuesto de alumbrado o cualquiera otra contribución y la penalidad consiguiente no llegase a esa cifra, la incautación será más que equivalente al ingreso que pudiera exigirse por esos otros conceptos.

En esos casos deberán resolver los Tribunales de igual modo que si se hubiese hecho el ingreso en metálico de las cantidades exigidas al industrial, no existiendo motivo para rechazar el recurso.

Así podrá evitarse que se repita lo ocurrido en algún caso, en que, disponiendo de una pequeña central un modesto industrial, se viera privado de ella por no tener bienes suficientes para efectuar un ingreso que erróneamente le exigían, con indudable buena fe, los inspectores de Hacienda, y aunque se llegó a la incautación de la fábrica, el Tribunal Supremo no pudo darse cuenta de la verdad de los hechos, por estimar condición indispensable para entrar en el asunto el ingreso "en metálico" de la suma, que con las multas impuestas casi quintuplicaba el valor que se creía de- fraudado.

ENRIQUE UCELAY.