La Energía eléctrica (1928-12-25 00:00:00), página 15

SALTOS DE AGUA

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en pleito de apelación interpuesto por la Sociedad Electra del Jallas, contra auto dictado por el Tribunal provincial de La Coruña.

En la villa y corte de Madrid, a 21 de mayo de 1928, en el pleito que ante Nos pende, en grado de apelación, entre la Sociedad Electra del Jallas, apelante, y D. Manuel Leis Castiñeira, apelado, contra auto dictado por el Tribunal provincial de La Coruña en incidente sobre caducidad de recurso:

Resultando que en el pleito contenciosoadministrativo interpuesto por D. Manuel Leis Castiñeira sobre revocación de dos acuerdos del gobernador civil de la provincia de La Coruña, insertos en el Boletín Oficial de la misma, correspondientes a los días 22 de noviembre de 1924 y 8 de enero de 1925, recaídos en expediente sobre concesión de un salto de agua en el río Jallas, se dirigió escrito a nombre de dicho Sr. Leis Castiñeira al Tribunal provincial de lo contenciosoadministrativo de la citada capital, de fecha 6 de febrero de 1925, iniciando el recurso en cuestión, y recibido que fué el expediente respectivo, se acordó en providencia de 1.º de mayo siguiente se entregaran las actuaciones y expediente recibido al procurador de dicha parte actora para que dentro del término de veinte días formalizase la demanda, providencia que se notificó a las partes en 7 de igual mes, y sin que hubiese solicitado prórroga de ese término;

Resultando que en escrito de demanda de la propia parte recurrente, de fecha 13 de junio siguiente, presentado el mismo día, solicitó se dictara sentencia declarando nulo y sin ningún valor ni efecto todo lo actuado en el expediente de concesión del salto de agua e imposición de servidumbres de acueducto, estribó de presa y paso de corriente eléctrica a partir del momento procesal en que, a tenor del art. 57 del Reglamento de 23 de abril de 1890, debió comunicarse al D. Manuel Leis Castiñeira, como interesado, el expediente preparado para resolver el recurso interpuesto por D. Francisco del Campo en sus escritos de 23 de junio y 7 de julio de 1922, contra la resolución de 30 de mayo del mismo año a cuyo trámite de vista y audiencia debía retrotraerse el procedimiento, y otros extremos;

Resultando que emplazado el fiscal del Tribunal para que contestase la demanda, pidió en el suyo de 9 de julio siguiente se desestimara ésta, con expresa imposición de costas al demandante;

Resultando que emplazado, de igual modo, el procurador de la Sociedad Electra del Jallas, como coadyuvante de la Administración, solicitó en escrito de 20 del mismo mes de julio que, de conformidad con el art. 292 del Reglamento para el procedimiento de lo contenciosoadministrativo, se dictara auto declarando caducado el recurso, objeto de la litis, por haberse presentado la demanda fuera del plazo legal y ordenarlo así el art. 40 de nuestra ley; y también solicitó se suspendiera el plazo que se le había concedido para contestar la demanda, hasta tanto no se resolviese en definitiva sobre la procedencia de su pretensión; todo con imposición de costas al actor, fundándose para ello en que determina el art. 40, mencionado, que remitido que sea el expediente gubernativo, se pondrá de manifiesto al actor para que formalice la demanda en el término de veinte días, el cual podrá prorrogarse, a instancia de parte y a juicio del Tribunal, por otros diez más; y si la demanda no se hubiese formalizado y presentado en los veinte primeros días desde que se notificó la providencia mandando poner de manifiesto el expediente, cuando no se hubiera pedido y obtenido prórroga (que es el caso), o dentro de los treinta, cuando esta última se hubiese concedido (que no se concedió, pues ni se pidió siquiera), se entenderá caducado el recurso, declarándose así de oficio o a instancia de parte; y según el 288 del Reglamento, el término para la formalización de la demanda se contará en todo caso desde el día siguiente al de la notificación de la providencia en que se manda poner de manifiesto el expediente gubernativo; y como quiera que dicha providencia lleva fecha, como queda expuesto, de 1.º de mayo y fué notificada el día 7 del mismo mes de 1925, empezó a correr el término de los veinte días que se concedieron al procurador de la parte recurrente para formalizar la demanda el día 8 de igual mes de mayo, y habida cuenta de que ni pidió ni obtuvo prórroga, el repetido término de veinte