La Energía eléctrica (1928-01-25 00:00:00), página 2

Mas antes de relatar la magna obra debemos exponer algunos antecedentes.

Los Gobiernos portugueses, o, mejor dicho, los técnicos de aquel país, se interesaron muy poco por los aprovechamientos de la "hulla blanca"; por natural consecuencia, la parte legal era muy deficiente; para solucionar estos problemas se regían únicamente por los preceptos del Código civil de 1867. En las cuestiones relacionadas con aguas fronterizas se atenían al Tratado de 29 de septiembre de 1864 y un Convenio de 1866.

El asedio de las peticiones que en España se venían haciendo desde el año 1902 en demanda de concesiones de aprovechamientos hidráulicos de las aguas del río Duero en el tramo fronterizo, dio motivo al nombramiento, en 1908, por ambas naciones, de una Comisión constituida por el culto economista español D. Emilio Ortúñoz y el técnico portugués Sr. Cecílio da Costa, que estudiaron con verdadero interés y propusieron las bases del Convenio de 1910.

Fué entonces cuando Portugal creyó llegado el momento de legislar la explotación de los saltos de aguas, llevando a cabo la promulgación de un decreto de 1911, que parecía reunir cuanto pudiera referirse a esta materia. A continuación se cambiaron notas diplomáticas y se llegó a la ratificación del indicado Convenio Ortúñoz-Costa, que se publicó en el "Diario do Gobierno" en Portugal y en la "Gaceta de Madrid" el 17 de mayo de 1912.

Pasan algunos años en un letargo inexplicable hasta la primavera de 1919, en que se logró que el Gobierno portugués enviase una Comisión, la cual presentó nuevos puntos de vista que rectificaba el acuerdo de 1912 e introducía innovaciones y reformas de esencial importancia.

Dentro de la mejor armonía se estudiaron durante dos meses las nuevas proposiciones, y después de continuos debates y extensas discusiones, el Gobierno español no se mostró propicio a ceder ni un palmo en el terreno que le correspondía defender, y sucedió lo que no podía menos de suceder: que las reuniones se suspendieron y que los portugueses regresaron a su país; claro está que el ministro de Fomento publicó entonces una nota oficiosa y explicativa, diciendo que los delegados portugueses se trasladaban a Lisboa para "recabar las instrucciones necesarias, a fin de continuar la discusión y ver de llegar a un término satisfactorio".

Esta nota produjo en el ánimo de los que seguíamos con gran interés la marcha de las negociaciones la amargura consiguiente, sospechando con fundamento que se habían roto las deliberaciones y nos hallábamos ante un aplazamiento indefinido.

En efecto: en 1920 se reanudaron las negociaciones y volvieron a fracasar rápidamente.

Así llegamos a 1926, en que el actual Gobierno, dotado de voluntad y verdadero deseo de resolver el magno problema, publica un decreto-ley, considerado "Ordenación de los riegos del Duero", para el cual, según manifestaciones del conde de Guadalhorce, se contó desde el primer momento con Portugal, por hallarse allí la cabeza de estos saltos.

Al mismo tiempo se nombró la actual Comisión de técnicos, presidida por el ex ministro Sr. Yanguas. Sus gestiones en Portugal y en inteligencia con la representación de aquel país fueron largas y laboriosas; pero el resultado final coronó el esfuerzo de los comisionados, llegando a conseguir una solución clara y armónica, que indefectiblemente redundará en beneficio de ambas naciones.

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En torno a este asunto y durante estos últimos años se han seguido y llevado a cabo estudios y proyectos por ingenieros españoles, gestiones y trabajos por capitalistas, promoviendo acentuadas campañas y enconadas luchas entre entidades financieras y Sociedades de reconocido prestigio en el mundo del dinero.

La conclusión de todo esto podemos verla en el contenido del decreto-ley publicado el 25 del mes pasado.

Según una nota oficiosa inserta en la Prensa de estos días y por datos y noticias sueltas