La Energía eléctrica (1928-02-10 00:00:00), página 14

condición previa, y suavizando el precepto legal para la declaración de caducidad de las concesiones mineras, que durante el mes de noviembre de cada año se notifique el descubierto a los concesionarios que en él se encuentren, y otras veces, aduciendo razones más o menos veraces y atendibles legalmente se promueven por los interesados reclamaciones ante aquellas oficinas, que en ocasiones prevalecen, y por éstas se declaran rehabilitadas las minas correspondientes; mas como en 15 de febrero han tenido que ser publicadas en el "Boletín Oficial" las declaraciones de franco y registrable de los terrenos objeto de las concesiones caducadas, puede suceder, y sucede en ocasiones, que mientras se tramitan y resuelven los expedientes de rehabilitación son aquéllos objeto de nuevas peticiones de registro, dando lugar a veces a que lleguen a otorgarse nuevas concesiones y aun a ponerse en explotación las minas antes de que la rehabilitación de la antigua o su permanencia haya sido dictada en definitiva.

Si el registro está aún en tramitación cuando esto último tiene lugar, el conflicto no es de gran trascendencia, pues cabe cancelarlo tan pronto se acredite que no existe terreno franco para la demarcación o que existe un mejor y preferente derecho; pero los caracteres de aquél son más graves si la segunda concesión llegó a otorgarse, por resultar dos títulos de propiedad con iguales derechos sobre las sustancias minerales existentes en su mismo terreno: el rehabilitado por declararse mal caducada la concesión, y el expedido nuevamente al amparo de una caducidad considerada como definitiva sin serlo.

No es preciso, indudablemente, buscar mayor justificación a la necesidad de remediar los grandes inconvenientes señalados, por prestigio de la Administración y para garantía de los mismos interesados, cuyos derechos en la actualidad están a merced de una caducidad indebidamente declarada o de una rehabilitación acordada después de haber sido otorgada la nueva concesión, sin limitación de ningún género, desapareciendo de este modo la estabilidad y firmeza de la propiedad minera, base del desarrollo y prosperidad de esta industria.

Varias soluciones se presentan para el indicado remedio.

Podría, en primer término, como se indicó en alguna ocasión por un Centro consultivo, armonizarse los preceptos de la ley de 1910 con los del Real decreto-ley de 1868 y el reglamento de 1905, reintegrando a los gobernadores civiles la exclusiva facultad de declarar la caducidad de las concesiones mineras, previa solución de los autoridades económicas correspondientes, respecto a los descubiertos en que se encuentren, y prohibiendo que se anuncien como francos y registrables los terrenos objeto de concesiones caducadas antes que esta caducidad sea firme y ejecutoria, por haber transcurrido los plazos que las leyes fijan para recurrir contra tales acuerdos, o de que hayan sido en definitiva resueltas las reclamaciones presentadas. Pudiera igualmente, conservando el precepto legal de caducidad automática aplazar el acuerdo gubernativo de declaración de franquicia del terreno y subsiguiente publicación en el "Boletín Oficial" hasta que sea firme la caducidad de la antigua concesión; pero en uno y otro caso pudiera resultar inútilmente aplazada la exploración de alguna riqueza, con el consiguiente perjuicio para el Tesoro y para el interés nacional, si alguna persona, proponiéndose aquélla, quería iniciar nuevo expediente de registro, aun a sabiendas de su posible cancelación, y éste prosperara hasta llegar a conseguir la nueva concesión.

Cabría asimismo dar carácter definitivo e inapelable a los acuerdos de caducidad por falta de pago de canon, teniendo en cuenta el largo plazo que la ley concede para hacerlo efectivo, sobre todo si se cumplimentaba el precepto legal, permitiendo a los concesionarios cuyos títulos les fueran otorgados en el segundo semestre del año ingresar el importe correspondiente al primero juntamente con el del siguiente, para que la solución fuera menos violenta: pero, aun así, lo sería bastante para considerarla inadmisible, aun sin tener en cuenta principios jurídicos fundamentales en pugna con ella.

Finalmente, podría adoptarse una solución que, sin modificar esencialmente preceptos legales dentro de las disposiciones vigentes en materia de minas, y sin adolecer de los defectos señalados a las apuntadas anteriormente, resuelva en términos de justicia y equidad los inconvenientes derivados de la aplicación literal de la ley de 1910, y que por ello debe considerarse por los Poderes públicos como la más aceptable de todas.

Facultan aquellas disposiciones a la Administración para que al otorgar las concesiones las sometan no solamente a todas las condiciones generales establecidas en las leyes y reglamentos, sino también al cumplimiento de otras de carácter especial, variables según los casos, y cuyo principal objeto es garantizar los derechos preexistentes que pudieran resultar anulados o menoscabados con el otorgamiento de la concesión sin restricción alguna.