La Energía eléctrica (1928-10-10 00:00:00), página 14

torio del pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas; entendiéndose delegadas las facultades de las Direcciones generales y del Ministerio en la Junta de gobierno y órganos de la Confederación para cuanto esté especificado en el decreto o pudiera ser objeto de autorizaciones sucesivas.

CAPITULO VIII

Régimen jurídico y procedimiento.

Art. 174. Administrando la Confederación propiedades y derechos que son del Estado, formados por sus bienes patrimoniales y los adquiridos por expropiaciones con garantía del Erario público, han de obrar bajo su inspección, siendo aplicables a los intereses confederados los artículos 5.º, 6.º, 11, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.º de julio de 1911, coordinados a la existencia jurídica de esta entidad, conforme a las disposiciones siguientes:

Art. 175. No podrán concederse exenciones, perdones, rebajas ni moratorias para el pago, a los usuarios y beneficiarios de las obras dependientes de la Confederación que hayan de sufragar el canon de mejora de que se ocupa el artículo 8.º del Real decreto de 5 de marzo de 1926, la contribución proporcional para gastos orgánicos de que trata el artículo 6.º de dicho Real decreto ni los demás derechos mencionados en el artículo 27 del mismo, que habrán de exigirse todos conforme a las Ordenanzas que se redacten por la Asamblea, debidamente aprobadas.

Art. 176. La cobranza de los derechos especificados en la disposición anterior corresponderá a las dependencias de la Confederación, sin medida alguna coercitiva, salvo la privación de disfrute de servicio que podrá acordarse por la Junta de gobierno, en tanto los beneficiarios no satisfagan sus descubiertos. Estas sanciones no podrán hacerse extensivas ni afectar a los servicios de carácter público, ni a los aprovechamientos de aguas para riegos.

Art. 177. Una vez transcurridos los períodos voluntarios de las exacciones a que se refieren los artículos anteriores, períodos que se fijarán en las Ordenanzas por los descubiertos que resulten en contra de los beneficiarios y usuarios, e incluso los que aparezcan a cargo de los concesionarios de servicios y explotaciones, se expedirán certificaciones que serán base para los procedimientos de apremio a seguir en las Delegaciones de Hacienda, cuya jurisdicción alcance al domicilio del deudor o al término donde posea bienes, teniendo lugar la exacción ejecutiva y conforme a la instrucción de Recaudación de 26 de abril de 1900 y demás disposiciones con ella armónicas o relacionadas.

Art. 178. Los recargos de apremios serán los que marquen dichas disposiciones y no corresponderán a la Confederación, quedando a favor de las entidades que realicen la cobranza ejecutiva o distribuyéndose en la forma establecida por lo que respecta a recargos y apremios en las contribuciones del Estado, debiendo ingresar en las cajas de la Confederación el principal débito exigido, los intereses legales de demora y la parte de los recargos de apremio que haya de reservarse a favor del Estado.

Art. 179. Para el cobro de sus derechos tiene la Confederación, por ser sus intereses los propios del Estado, derecho a prelación en concurrencia con otros acreedores, con las mismas reservas y garantías que fija el artículo 11 de la ley de Administración y Contabilidad vigente.

Art. 180. No se podrán enajenar ni hipotecar los derechos y propiedades de la Confederación sino en virtud de leyes especiales, ni arrendar sus servicios y obras de riego sino con sujeción estricta a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7.º del Real decreto de 5 de marzo de 1926 y a lo que se determina en los artículos 6.º y 182 de este Reglamento, salvo en aquella parte que constituya su propio patrimonio.

Art. 181. Para someter a juicio de árbitros las contiendas que puedan suscitarse sobre derechos o intereses de la Confederación habrá de preceder autorización legislativa, acuerdo del Gobierno o disposición ministerial que lo consienta.

Art. 182. Ningún Tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra las rentas, propiedades y derechos de la Confederación que puedan entorpecer de alguna manera o impedir la realización de los servicios públicos que la Confederación tiene encomendados. Las autoridades competentes para conocer en las posibles reclamaciones