La Energía eléctrica (1926-12-10 00:00:00), página 19

Expedientes para el tendido de líneas de conducción de energía eléctrica

CIRCULAR A LOS GOBERNADORES

La ley de 23 de marzo de 1900 estableció la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica; como complemento de dicha ley, por Real decreto de 27 de marzo de 1919 fue aprobado el reglamento propuesto por la Comisión permanente española de Electricidad para instalaciones eléctricas, en cuanto afectan a la seguridad pública y a la servidumbre forzosa de paso.

Resultando:

1.º Que en el citado reglamento, y en su art. 8.º, párrafo primero, claramente se indican en las que corresponde decretar la imposición de servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica y otorgar la autorización al ministro de Fomento.

2.º Que el art. 9.º del mismo fija cuándo debe formarse un solo expediente o varios para solicitar la concesión.

3.º Que el art. 10 obliga al peticionario a decretar el derecho a la energía que piensa utilizar.

4.º Que el art. 11 especifica los documentos de que debe constar el proyecto.

5.º Que los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 detallan: la revisión de la documentación presentada por el peticionario; la tramitación que debe seguirse cuando la instalación afecta a un solo Centro y cuando afecta a diversos; el reconocimiento de la línea o líneas solicitadas; los informes que deben pedirse para unirlas a los expedientes; la representación que debe tener el peticionario en las diversas provincias por las cuales se desarrolla la línea, y la remisión por el gobernador civil del expediente al Ministerio;

Considerando:

1.º Que aun cuando el reglamento citado expresa el número y cualidad de los documentos de que debe constar el expediente, los trámites que deben seguirse y los informes que han de obtenerse, se ha visto en la práctica que los Gobiernos civiles interpretan de tal modo lo dispuesto en el citado reglamento, que la diversidad de opiniones hace casi imposible la concesión de una línea solicitada sin la previa devolución al gobernador civil de los expedientes para la adición de nuevos documentos, bien por carencia de los necesarios o bien por la diversidad de criterio que se proponen en los informes sobre un mismo asunto, originando esto pérdida de tiempo para los que solicitan la concesión y mayor confusión a la Administración, aumentando la firma de la Superioridad en un asunto en el que, de estar bien tratado, podría reducirse al mínimo el tiempo y trabajo.

2.º Que la mayoría de los productos adolecen del defecto de la no declaración del derecho a la fuerza, que tanto el peticionario debe declarar como el informe que debe hacerse sobre tal derecho.

3.º Que en la nota-anuncio que debe publicarse en los "Boletines Oficiales" de las provincias, por las cuales atraviesa la línea no figuran en muchas de ellas los terrenos por los que va la línea, sus términos municipales y las concesiones establecidas, por lo que no puede comprobarse si las certificaciones de las Alcaldías están o no completas; que asimismo en los documentos remitidos por éstas no consta haberse hecho las diligencias correspondientes para haber puesto en conocimiento de los particulares el paso de la línea; que el no publicarse en los "Boletines Oficiales" la relación nominal de los propietarios da lugar a que los dueños de los predios no conozcan el paso de la línea por sus terrenos, y, por lo mismo, no pueden dar la autorización correspondiente, caso de acceder, ni hacer reclamaciones si consideran por alguna causa que no debe pasar por ellos; también da lugar tal omisión a que los dueños de las concesiones ya otorgadas no tengan conocimiento del cruce de la que solicita la concesión con las de su propiedad; igualmente sucede con las líneas de las Compañías telefónicas y telegráficas, bien sean de particulares, de Empresas o del Estado, por lo que todo esto origina que los documentos de las Alcaldías son incompletos al no existir la certificación de las citaciones hechas y las incidencias a que hayan podido dar lugar.

4.º Que los informes técnicos son tan varios en cada provincia, que algunos se limitan a repetir condiciones que ya el reglamento indica, y en otros, al variarlas, no especifican el motivo de tal cambio, y esta diversidad de criterios ha llegado al caso de examinar un mismo proyecto una provincia y considerarlo como bien redactado, y en la colindante como defectuoso, de tal manera que se exi-