La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 18

REAL DECRETO-LEY NUM. 33

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Pueden ser objeto de concesión administrativa para Empresas de interés público o privado, con sujeción a la ley general de Obras públicas o a la de Aguas:
1.º Las aguas públicas, entendiéndose como tales las que, con arreglo al Código civil y a la ley de Aguas, tienen el carácter de dominio público.
2.º Los terrenos de dominio público necesarios para las obras de toma y de conducción y distribución del agua y los invadidos por el remanso en los embalses necesarios para cualquier clase de aprovechamientos.
3.º Los terrenos de dominio público necesarios para la instalación de fábricas o artefactos en que haya de utilizarse el agua concedida, o para el canal o canales de desagüe y obras accesorias o complementarias de toda clase de aprovechamientos.

Art. 2.º Pueden ser declaradas de utilidad pública, para los efectos de la expropiación forzosa, aparte de los casos enumerados expresamente en la ley de Aguas:
1.º Las obras de abastecimiento de poblaciones y la concesión del agua necesaria.
2.º Las obras y concesiones para abastecimiento de ferrocarriles.
3.º Las obras y concesiones para industria cuando la energía que se produzca sea o exceda de 1.000 caballos téoricos de vapor.

Para este último caso los beneficios de la expropiación alcanzarán a los terrenos necesarios para el remanso y casa de máquinas y para los edificios destinados a talleres y viviendas del personal de todas clases dedicado a las obras y a su explotación, así como a los molinos u otras industrias que aprovechen la misma corriente, cuando la utilidad global de la concesión represente, por lo menos, el triple de la correspondiente a las que se pretende expropiar o anular. En la aplicación a los saltos se tendrá en cuenta que la expropiación podrá sustituirse, a elección de sus dueños, por la energía equivalente a la de sus saltos.

La justificación del derecho a expropiación de otros aprovechamientos, sin perjuicio de ser sustituido por el suministro de energía si así lo reclaman los poseedores de los mismos, se hará por el peticionario en su proyecto, aportando los datos y razonamientos que juzgue necesarios, los cuales podrán ser impugnados en la información pública. La Administración los comprobará y completará en la forma y con los asesoramientos que juzgue oportunos y decidirá sobre este punto.

Art. 3.º Es obligatoria la inscripción de los aprovechamientos de aguas públicas en los Registros provinciales y central establecidos por el Real decreto de 12 de abril de 1901.

Para obtener la inscripción de un aprovechamiento deberá solicitarse en el Gobierno civil de la provincia respectiva, acompañando los datos, planos y documentos que el interesado crea oportunos para definir completamente el aprovechamiento y justificar su derecho al uso del agua, mediante una información posesoria con todos los requisitos de la ley Hipotecaria, cuando aquél se funde en la prescripción.

El gobernador mandará publicar, en término de cinco días, en el "Boletín Oficial", la petición, para que en un plazo de veinte días puedan reclamar los que se creyese perjudicados. El anuncio de la información se comunicará, en el mismo plazo de cinco días, a los alcaldes de los términos en que radique el aprovechamiento, para que, por los medios de costumbre, se ponga en conocimiento del público. Terminado el plazo de veinte días, los alcaldes darán cuenta, en término de seis días, del resultado de la información, certificando de la publicación del anuncio y remitiendo, en su caso, las reclamaciones presentadas. Los alcaldes serán responsables del cumplimiento de este servicio y el gobernador hará efectiva la responsabilidad por los medios que le concede la ley Provincial.

Recibidas en el Gobierno todas las informaciones y reclamaciones, se comunicará, dentro de un plazo de diez días, para que los conteste en término de quince. La División hidráulica correspondiente procederá, en los tres meses siguientes, a confrontar los datos del aprovechamiento, dando audiencia a los interesados, y a proponer lo que proceda sobre la inscripción y sobre el caudal de agua correspondiente al gobernador, que en el plazo de un mes y con su informe remitirá el expediente al Ministerio, donde se tramitará y resolverá en la forma y plazos que señala el reglamento de Procedimiento administrativo.