La Energía eléctrica (1927-08-10 00:00:00), página 19

Real orden declarando protegible la industria de producción de energía eléctrica

Núm. 1.001.

Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Carlos Isler, en nombre y representación de la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, en solicitud de varios beneficios de la ley de 2 de marzo de 1917 para su industria de producción de energía eléctrica:

Resultando que, hecha la publicación reglamentaria en la “Gaceta de Madrid” y “Boletín Oficial de la Provincia de Lérida”, formularon protestas cinco entidades industriales, a las que la Sociedad peticionaria contestó en escrito unido al expediente, el cual fue informado en sentido favorable por la extinguida Comisión protectora de la Producción nacional, primero, y más tarde por la Sección de Defensa de la Producción del Consejo de la Economía nacional, que hizo suyo el de aquélla;

Resultando que, pasado el expediente a informe de las Direcciones generales de lo Contencioso, Rentas públicas e Intervención general, insistentemente opusieron diversos reparos, que no llegaron a solventarse a satisfacción de estos dos últimos Centros, por cuya razón entendieron no estar la Sociedad en condiciones legales para que pudiera otorgársele los beneficios que pretende;

Resultando que en escrito de 17 de agosto de 1925, presentado en el Ministerio de Hacienda en nombre de D. Juan Aisina Estival, se hacen determinadas apreciaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes fiscales de la Sociedad peticionaria y con referencia a los artículos 45 y 9.º de los reglamentos de 20 de diciembre de 1917 y 24 de mayo de 1924, respectivamente;

Resultando que, presentados por D. Cristóbal Massó, en concepto de administrador-delegado de la Sociedad, se han aportado con posterioridad a todo lo informado numerosos documentos, al objeto de justificar que la entidad es española y cumple las condiciones exigidas por los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 11 del reglamento de 24 de mayo de 1924, dictado para ejecución del Real decreto de 30 de abril del propio año, al cual se acoge, y, en la forma prevista por el art. 11 del mismo, de nuevo hubo de requerirse el informe de las Direcciones generales de lo Contencioso, Timbre, Rentas públicas y Propiedades, por considerarse reinstados los auxilios pretendidos;

Resultando que, examinado de nuevo el expediente por los referidos Centros, todos ellos coinciden en apreciar que la Sociedad peticionaria reúne actualmente las condiciones legales y reglamentarias exigidas para que, si se estima procedente, puedan serle otorgados provisionalmente, según previene el Real decreto de 19 de noviembre de 1925, los auxilios que solicita, con cuyo parecer se muestra conforme el señor ministro de Hacienda, según Real orden de 7 de junio último;

Considerando que la extinguida Comisión protectora de la Producción nacional, que conoció en primer término en este expediente, y a la que la ley de 2 de marzo de 1917 atribuía las funciones hoy asignadas a la Sección de Defensa de la Producción del Consejo de la Economía nacional, propuso la concesión de los siguientes beneficios: exención de los impuestos de Derechos reales y de Timbre para los actos todos relacionados con la constitución de la Sociedad; reducción al 50 por 100, durante un quinquenio, de los tributos directos sobre la industria y sus utilidades; limitación de la facultad de las Corporaciones locales para imponer arbitrios sobre la industria a que la Sociedad peticionaria se dedica, y extensión de los beneficios de la ley de Expropiación forzosa a los terrenos necesarios para el remanso y casa de máquinas, así como a los molinos y otras industrias establecidas en las márgenes del Flamiell;

Considerando que a la expresada Sección de defensa de la Producción del Consejo de la Economía nacional corresponde actualmente la clasificación de las industrias, dictaminar si son o no protegibles y proponer los auxilios que a las mismas son indispensables o convenientes, y que su informe es favorable a la concesión de los beneficios propuestos por la extinguida Comisión protectora de la Producción nacional;

Considerando que, a juicio de las Direcciones generales de lo Contencioso, Timbre, Rentas y Propiedades, la Sociedad peticionaria ha cumplido, según se ha expresado, cuantos requisitos legales y reglamentarios son exigibles para que, si se estima pertinente, puedan otorgársele con carácter provisional, a tenor de lo que dispone el Real decreto de 19 de noviembre de 1925, los auxilios que solicita;

Considerando que el Ministerio de Fomento, por comunicación de 25 de octubre de 1922, manifiesta que el aprovechamiento de aguas que en el río Flamiell (Lérida) posee la Sociedad peticionaria está, por lo que se refiere a su importancia relativa, en las condiciones que fija la letra LI) de la base 4.ª de la ley de 2 de marzo de 1917, y que, otorgada ya la declaración de utilidad pública de las obras del referido aprovechamiento y estando dedicadas a riegos las existentes en el tramo del río a que afecta el que construye la citada Sociedad, con la sola excepción del denominado “Acequia de Molins”, que utiliza parte de su caudal para la producción de fuerza motriz, sólo a la