La Energía eléctrica (1928-01-25 00:00:00), página 16

tenga el adjudicatario; límite máximo de las tarifas del servicio; las tarifas no podrán ser modificadas sin aprobación del Ayuntamiento, fijándose también la proporcionalidad entre esas modificaciones y el canon móvil.

El adjudicatario constituirá fianza en garantía del buen uso del material e instalaciones, cuyo entretenimiento y conservación serán de su cargo.

En el Consejo de Administración tendrá el Ayuntamiento una tercera parte de miembros. (No estaría demás que se declarasen incompatibles para desempeñar esos puestos, como también la Gerencia, Dirección, etc., los parientes de los municipalizadores.)

El Consejo redactará un reglamento para la explotación del servicio, que será aprobado por el Ayuntamiento pleno.

En todos los contratos y concesiones sobre servicios públicos municipalizables será obligatorio consignar la cláusula de rescindibilidad en cualquier momento, indemnizando solamente del valor que tenga el servicio en el momento de la municipalización.

En casos excepcionales, con autorización del Consejo de Ministros, podrá establecerse la municipalización directamente. La autorización deberá concederse cuando, por circunstancias especiales de la localidad, convenga abaratar el servicio en términos y cuantía incompatibles con su explotación industrial.

El art. 174 del Estatuto se ocupa de los casos en que no sea posible u obligatoria la adjudicación a una Empresa, y dispone que se constituirá un Consejo de Administración, en que la tercera parte estará formada de concejales, otra parte igual por las Corporaciones o Asociaciones inscritas en el censo corporativo del Municipio, y el tercio restante por técnicos nombrados por los Colegios o libres agrupaciones de carácter profesional.

Los miembros del Consejo tendrán la misma responsabilidad que en las Sociedades anónimas los administradores, cuando no voten contra el acuerdo de que se derive dicha responsabilidad, que será exigible por el Ayuntamiento en pleno. La retribución consistirá en una participación en los "beneficios", que en junio no podrá exceder del 10 por 100.

Los servicios municipales obligatorios podrán ser objeto de administración directa por los Ayuntamientos.

Según el art. 175, los Ayuntamientos podrán procurarse el capital para la municipalización con cargo al presupuesto ordinario o a presupuestos extraordinarios nutridos con empréstitos especiales, pudiendo también sustituir este sistema por la prestación del aval a la emisión de obligaciones de la Compañía mercantil con que se vaya a contratar (art. 61 del reglamento de Hacienda municipal).

Continúa el art. 175, con disposiciones encaminadas a evitar la confusión de los productos de la municipalización con otros fines y servicios del Municipio, obligando también a la formación de balances semestrales y a efectuar una liquidación anual, correspondiendo al Ayuntamiento pleno la aprobación definitiva de las cuentas.

Fija el art. 176 los casos en que cesará la municipalización, siendo éstos: 1.ª Terminación del plazo, siempre que no se haya prorrogado; 2.ª Revocación del régimen de municipalización por el Ayuntamiento; 3.ª Déficit del presupuesto del servicio, que exceda del 10 por 100 del presupuesto ordinario durante tres ejercicios, o que las pérdidas rebasen la mitad del capital. En esos casos se hará con la mayor rapidez posible la liquidación del servicio municipalizado.

Prohibe el art. 177 que puedan intervenir en las votaciones referentes a esta materia los concejales que tengan interés en Empresas explotadoras del mismo servicio que se trata de municipalizar o de otros similares.

Los servicios municipalizados quedan sometidos a las prescripciones del Código de Comercio en cuanto no se opongan al Estatuto.

En los Municipios menores de 1.000 habitantes los acuerdos relativos a municipalización de servicios deberán obtener los sufragios favorables de dos terceras partes de vecinos votantes en la sesión en que se tomen.

El último de los artículos que se ocupan de la municipalización autoriza la constitución de Mancomunidades para la explotación de servicios.

Esta es, en extracto, la legislación vigente en la importante y grave materia de que hemos tratado, siendo de desechar que se completasen y aclarasen más algunos puntos que hemos examinado, declarando, además, obligatorio el carácter de monopolio para la municipalización de las industrias de producción y distribución de electricidad y gas, mediante las justas expropiaciones, a menos que se consintieran a las Empresas y particulares las mismas condiciones de que goce el Ayuntamiento para el ejercicio de la industria de que se trate, sin gravámenes ni prohibiciones que dificulten su actuación.

ENRIQUE UCELAY.