La Energía eléctrica (1927-02-10 00:00:00), página 19

Suplica a V. E. se sirva resolver esta consulta aclarando lo referente a la aplicación del art. 186 de la ley del Timbre en cuanto se ocupa de los recibos que las Sociedades e industriales dedicados al suministro de electricidad y de gas presentan temporalmente a sus abonados, debiendo gozar de la exención del impuesto, de conformidad con el artículo indicado, mientras el importe de esos recibos no represente 5 pesetas como importe del fluido consumido por el abonado, sin que en esa suma 5 pesetas hayan de tenerse en cuenta los impuestos satisfechos al Estado, Diputaciones o Ayuntamientos, que deberán deducirse del importe del recibo para que quede o no sometido al timbre móvil de 0,15 si excede de la cifra mencionada.

Así lo esperan de la rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid, 12 de enero de 1927.—El presidente, Valentín Ruiz Senén.—El secretario, Enrique Ucelay.

AGUAS

Real decreto-ley aclarando e interpretando textos legales vigentes acerca de todo lo concerniente a las aguas y sus cauces y regulando el régimen de concesiones

EXPOSICION

SEÑOR: La Real orden de 8 de enero de 1906, interpretando de modo aislado e incompleto los preceptos de la ley de Aguas y prescindiendo de las instrucciones reglamentarias de la misma, ha dado lugar a sensibles competencias de jurisdicción y a injustificado dualismo en la tramitación y concesión de aprovechamientos de agua, cuando éstos se desarrollan en las cabeceras de los ríos y afectan, por tanto, a los montes públicos, respetados por todas las disposiciones relativas a aquellos aprovechamientos, las que exigen la intervención informativa del servicio forestal para proponer las garantías y condiciones que deban imponerse a fin de evitar con las obras de las concesiones daños y quebrantos innecesarios a la riqueza que los montes representan.

Aquellos competencias y dualismo de ellas derivadas han tenido su origen en el alcance que se ha pretendido atribuir al dominio de las aguas que nacen en los montes denominados públicos; en éstos están comprendidos todos aquellos que el Estado quiso excluir de la enajenación para evitar que, pasando a ser de propiedad privada, pudieran desaparecer, declarándolos al efecto de utilidad pública e interveniendo en su administración para asegurar su existencia y conservación en bien del interés general del país, teniendo éstos, en consecuencia, el carácter de bienes de dominio público.

En cuanto a los pertenecientes a los pueblos o establecimientos públicos, hay que tener en cuenta que si el Código civil admite el concepto de propiedad para los llamados bienes patrimoniales, lo supedita siempre a lo dispuesto en las leyes especiales por las que se rigen dichos bienes, que en este caso son las de desamortización y de montes, las que conceden a aquellas entidades el derecho al uso y aprovechamiento de ellos, siempre bajo la tutela y administración del Estado; pero no el dominio absoluto que caracteriza a la propiedad privada.

Por lo que se refiere al carácter de las aguas, hay que tener en cuenta dos principios fundamentales de nuestra legislación sobre la materia: en ella se destaca la tendencia a sustraer del dominio privado las aguas que no son objeto de aplicación inmediata, tendiendo a aumentar el grupo de las que se consideran como públicas en beneficio del interés general. El otro principio es la manifiesta distinción entre el concepto de dominio y el de derecho al uso o aprovechamiento de las aguas; de dicha distinción y de la pérdida del dominio establecida en la ley de Aguas para el dueño del predio en que nacen sin ser aprovechadas, dedúzcase que entran en la categoría del dominio público las que corren por terrenos particulares sin haber sido aprovechadas en el plazo que marca la ley, salvo el derecho que la misma reconoce en su art. 14 al dueño del terreno para aprovecharlas en determinadas condiciones.

Consecuencia lógica de lo expuesto sobre el carácter de dominio de los montes y de las aguas es la de considerar perteneciente al dominio público todas las que nacen en terrenos del mismo dominio, incluso los montes declarados de utilidad pública, y toda corriente natural de agua con su álveo, cualquiera que sea su denominación, la longitud y anchura de su cauce, la mayor o menor extensión que alcancen sus avenidas y la naturaleza jurídica de los terrenos en que tenga su origen o atraviese en su curso.

Tal apreciación no obsta para que en determinados casos tengan los pueblos y los establecimientos públicos, con relación a los montes considerados como bienes patrimoniales, algún derecho sobre las aguas que nacen en sus predios; pero no absoluto, sino limitado exclusivamente a