La Energía eléctrica (1927-12-25 00:00:00), página 16

a los aprovechamientos hidroeléctricos o que estén situadas a menos de cien metros, medidos en horizontal, de sus obras o embalses.

c) Preparación de los pactos especiales que regulen la exportación de la energía eléctrica de uno a otro país, cualquiera que sea la procedencia de la misma.

d) Autorización para transferir o modificar las concesiones.

e) Supresión de la Comisión y modificaciones en su estructura, en sus atribuciones o en su funcionamiento.

La Comisión deberá informar así mismos sobre cualquier cuestión que le consulten, juntos o separadamente, los Gobiernos de ambos Estados.

Art. 18. La Comisión tendrá facultades para entender y decidir en las siguientes cuestiones:
a) Forma de respetar los aprovechamientos comunes y de hacerlos compatibles con los hidroeléctricos.
b) Incidentes que pudieran surgir con motivo de la existencia de otros usos y aprovechamiento del río, incompatibles con los derechos que, respecto al hidroeléctrico, se reconocen los dos Estados.
c) Constitución de servidumbres, expropiaciones u ocupaciones temporales que afecten a la vez a los aprovechamientos propios de un Estado y al territorio del otro. En estos casos, la actuación de la Comisión internacional y sus facultades estarán reguladas en la forma que previene el artículo 7.
d) Determinación de los caudales de agua y de las indemnizaciones que procedan con motivo de las utilizaciones de carácter excepcional a que se refiere el artículo 8.
e) Incidentes que puedan surgir entre los concesionarios de las dos zonas de aprovechamiento con motivo de la ejecución de las obras, en cuanto afecten a los derechos reconocidos a cada Estado.
f) Divergencias entre los referidos concesionarios que perjudiquen a la solidaridad orgánica y técnica de las explotaciones del tramo internacional o dificulten su mejor utilización industrial.
g) Fijación de la parte del tramo internacional que podrá utilizar el Estado portugués, en virtud del artículo 2º de este Convenio, apartado c), y del plazo en que conservará la facultad de hacer efectivo ese derecho, teniendo en consideración los justos intereses de los dos países.
h) Amojonamiento del origen y término de la zona asignada a cada Estado y de la parte del tramo internacional a que se refiere el apartado anterior, si fuere utilizada.

Art. 19. Las funciones interventoras de la Comisión internacional serán las siguientes:
a) Ejercer la policía de las aguas y del cauce en el tramo internacional, con arreglo a las leyes vigentes en cada país.
b) En el período de construcción de las obras, inspeccionar e intervenir las que afecten a la vez a los territorios de ambos Estados, y las que se construyan por uno de ellos en territorio de otro, ateniéndose a las condiciones de cada concesión y a los proyectos aprobados.
c) En el período de explotación ejercerá análogas funciones respecto a las mismas obras y al régimen hidráulico de los aprovechamientos.

El resto de las obras e instalaciones quedará sujeto exclusivamente, en ambos períodos, a la intervención e inspección que cada Estado tenga establecida en su legislación.

Art. 20. En el caso de que se concertaran los concesionarios de las dos zonas para formar un consorcio interconcesional de colaboración industrial y económica, que permita utilizar en común la experiencia técnica, los elementos de personal y los medios auxiliares de que disponga, con el propósito de lograr, tanto durante la construcción como en el período de explotación, la mayor economía posible y la mayor perfección en las obras y servicios, la organización del Consorcio y sus Estatutos quedarán sujetos a la aprobación de los dos Gobiernos, previo informe de la Comisión internacional, que inspeccionará así mismo su funcionamiento.

Art. 21. Los acuerdos de la Comisión internacional se adoptarán por mayoría de votos.

Si resultase empate, se someterá el asunto a nueva votación en una sesión próxima, y si tampoco recayera entonces acuerdo, la Comisión pondrá la divergencia en conocimiento de ambos Gobiernos.

En el caso de no llegar a un acuerdo por negociaciones directas entre los Gobiernos, el asunto será sometido al fallo de un tribunal arbitral, constituido por los mismos vocales de la Comisión internacional, presididos por un superárbolito.

Si la discrepancia versa sobre materia de carácter jurídico, el superárbolito será un jurisconsulto, designado por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, y si se refiere a una materia de carácter técnico lo será un ingeniero, designado por el Instituto Politécnico, de Zurich, a requerimiento, en los dos casos, de ambos Gobiernos.

En el supuesto de que los dos Gobiernos no coincidieran al calificar el carácter jurídico o técnico de la materia controvertida, será resuelta esta cuestión prejudicial por el propio Tribunal de La Haya.

Art. 22. Las dos Altas Parte contratantes se obligan a someter a la misma jurisdicción arbitral, regulada en el artículo anterior, cualquiera diferencia que se origine entre los dos Estados, con motivo de la aplicación del presente Convenio o de la interpretación de sus cláusulas.

Art. 23. El presente Convenio será ratificado, debiendo verificarse el cambio de ratificaciones en Lisboa, dentro del más corto plazo posible. Entrará en vigor ocho días después del canje de ratificaciones.

En testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman el presente Convenio y ponen en el mismo sus sellos.

Firmado: José Yanguas Mexia.—José Bernardino Gonsalves Teixeira.

El presente Convenio ha sido debidamente ratificado y canjeadas las ratificaciones en Lisboa el 22 de agosto de 1927.