La Energía eléctrica (1927-08-25 00:00:00), página 14

El discernimiento de lo vigente no ofrecerá dificultades en la mayor parte de los casos a los funcionarios, que en los servicios de su cargo tienen muy cultivado el hábito del estudio, interpretación y aplicaciones de los respectivos preceptos, sin que sea necesario recordar aquel principio jurídico de que la norma legal posterior es la vigente y obligatoria, salvo las excepciones sobre su compatibilidad con las precedentes.

II

Descarte de las disposiciones derogadas.

A este propósito habrán de tenerse en cuenta los modos tan conocidos de derogación expresa y tácita, concreta e inconcreta, y total o parcial. En la generalidad de los casos el precepto posterior anula el anterior, señalando sus características de fecha, contenido, etc.

Pero a veces la derogación se ofrece en una cláusula general anulatoria del anterior estado legislativo en cuanto afecte a las materias tratadas en los preceptos que vienen a ser vigentes, y entonces no es fácil, al menos de una ojeada y en breve tiempo, encontrar reunidas o agrupadas las disposiciones revocadas, habiéndose de dirigir la vista y examen a las leyes, reglamentos o resoluciones que la comprendan para señalar y anotar su derogación.

En otras ocasiones, aun siendo parcial la derogación, se efectúa bajo términos más concretos y categóricos, que permiten observar presta y seguramente cuáles sean las disposiciones anuladas.

En los trances de dudas más o menos fundadas sobre esta importante cuestión, cuando no haya jurisprudencia aclaratoria del orden gubernativo o del contenciosoadministrativo, se estará en uno de los casos de inmediata o previa consulta al respectivo señor ministro.

Y claro es que para los trabajos recopiladores de que tratamos no será necesario el señalamiento y consignación de las disposiciones inequívocas e inveteradamente derogadas, a menos que, por la proximidad de su fecha, por su alcance ambiguo, por los términos de su texto o por cualquier otra circunstancia, pueda ofrecer dudas su vigencia total o parcial o interese haberla presente para el cometido de nuestro cargo.

III

Supresión de las disposiciones inútiles.

Su inutilidad puede obedecer principalmente a la falta de relación o de casos para los que fueron establecidos, o bien a su inadecuación a las necesidades presentes para cuya regulación se dictaron, lo que haya determinado su suspensión explícita o implícita, o, en fin, porque el avance natural de los tiempos haya creado otras situaciones para las que resulten incongruentes aquellos preceptos primitivos, que así aparecen ahora no sólo estacionarios, sino anticuados.

Cualquiera que fuere el motivo concurrente, habrá de razonarse debidamente la calificación que por inútiles se haga de las respectivas disposiciones, habiendo de recaer sobre la misma la oportunidad declaración ministerial, ya que, según preceptos sustantivos, en la aplicación de las leyes no puede prevalecer el desuso ni la práctica en contrario.

IV

La recopilación, la refundición y la codificación.

Del sentido y del texto de las Reales órdenes cuyo desarrollo nos ocupa se infiere con toda claridad que los conceptos de este epígrafe constituyen distintos momentos o manifestaciones de la labor encomendada a cada Comisión ministerial.

Así, la "recopilación" de las disposiciones vigentes sobre cada ramo administrativo, con el descarte de las derogadas y la supresión de las inútiles, consumirá la primera parte de la obra, que terminará aquí, con las indicaciones que en seguida haremos, o tendrá una segunda parte y aun otra tercera parte, las relativas a la "refundición" y a la "codificación".

Nos fundamos para ello en que, según previene la Real orden de 17 de noviembre de 1926, así como hay materias que por su índole y extensión merecerán su articulación metódica en Estatutos especiales, hay otras que por no reunir esas condiciones quedarán meramente agrupadas o bien refundidas.

Respecto a las indicadas en segundo término, bastará recopilarlas a partir de la que aparezca fun-