La Energía eléctrica (1927-10-10 00:00:00), página 16

evidente que no pudo prever la construcción de los grandes saltos de agua"; añadiendo: "En pocos años se ha desarrollado esa gran industria en términos que ha obligado a todos los pueblos a regular la manera de otorgar las concesiones y las condiciones a que han de sujetarse, atendiendo a la influencia que en el desarrollo industrial tienen y han de tener aquéllas";

Considerando que por ello, por no haber infringido el Real decreto de 1921 el art. 220 de la ley de Aguas, es por lo que el aprovechamiento de que se trata, con destino a la producción de energía eléctrica, debió ser concedida con arreglo a los términos del citado Real decreto; ello aparte de que, habiendo comunicado previamente la Administración a la Sociedad hoy recurrente, en 28 de noviembre de 1923, las condiciones en que el Ministerio de Fomento podía otorgar la concesión solicitada para la producción de energía eléctrica, y fijado por Real orden de 6 de junio de 1924 el plazo de un mes para que manifestase si las aceptaba o no, la misma, en escrito de 31 de julio siguiente, expresó que las aceptaba, por lo que acompañaba la póliza de 100 pesetas que, caso de aceptación, debía entregar, a los efectos de la ley del Timbre, en los siguientes términos: "... a V. E. suplica se sirva tener por hecha la manifestación de que la Sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico acepta las condiciones fijadas por la Real orden de 28 de noviembre último para la concesión de referencia"; y si bien es cierto que hizo constar, antes de tal súplica, la salvedad de que esta sumisión la hacía sin perjuicio de los derechos que la Sociedad cree que la asisten y fueron defendidos en el escrito que desestimó la Real orden de 6 de junio de 1924, el sentido y alcance de estas palabras queda explicado al decir: "... y esta consideración la obliga a aceptar cuantas condiciones se la imponen, en la esperanza de que la Administración, que debe respetar la justicia e inspirar siempre sus actos en la equidad, suprema norma de su conducta, ha de interpretarlas y aplicarlas de manera que queden a salvo los derechos e intereses de la Hidroeléctrica del Cantábrico"; razón la indicada de haber aceptado esta previamente las condiciones que en la demanda disiente, por lo que carece hoy de derecho a reclamar, ya que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos; y si después de calcular, como sin duda calculó, los provechos que le reportaba la concesión y los perjuicios que le originaría el aceptarla en las condiciones que se le ofrecían, expresó aceptaba éstas, indudablemente porque serían más los primeros; después de hacerlo así, no cabe, se repite, venga hoy a discutirlas ante la Sala, pues sería burlar con ello el derecho de la Administración, que ni estaba obligada a hacer la concesión que se la pedía, ni el particular tenía derecho a que se le otorgase, atendiendo sólo a su conveniencia y no a la del Estado, en quien radica la facultad de concederlas o no, según repetidamente tiene declarado la ley la jurisprudencia;

Considerando, respecto de la tercera cuestión plantead, relativa a si la concesión está comprendida en el artículo adicional del Real decreto de 1921, y por ello deben respetarse los derechos adquiridos y ser otorgada la ampliación solicitada a perpetuidad, con estricta sujeción a la ley de 1879, procede también desestimar la demanda, ya que queda consignado en el tercer considerando que no se trata de ampliación de la concesión que fué otorgada en 1914 sino de una nueva, según así expresa la Real orden recurrida, a la que únicamente se refieren las condiciones impuestas en ella, ya que, después de decir concede autorización para derivar 280 litros de agua por segundo en estiaje y 1.000 en el resto del año, aumentando con estas cantidades el del aprovechamiento concedido en 4 de diciembre de 1914, añade: "... sujetándose esta nueva concesión a las siguientes condiciones", con lo que claramente se desprende se refiere sólo a la nueva concesión, sin que por ello la condición de reversión comprenada a la concesión anterior de 1914;

Considerando, en vista de cuanto queda expuesto, que la Real orden recurrida estuvo ajustada a derecho,

Fallamos que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por el ministerio fiscal, debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda deducida a nombre de la Sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico, Saltos de agua de Somiedo, contra la Real orden recurrida, dictada por el Ministerio de Fomento en 3 de septiembre de 1924, que declaramos firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la "Gaceta de Madrid" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Carlos Groizard.—José Vellver.—Antonio María de Mena.—Adolfo Balbontín.—Manuel F. Gofín.—Mariano García.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Manuel F. Gofín, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy su Sala de lo Contenciosoadministrativo; de la que, como secretario de la misma, certifico.

Madrid, a 3 de noviembre de 1925.—Licenciado Antonio Sierra.