La Energía eléctrica (1928-01-10 00:00:00), página 16

trata del elemento más importante e indispensable para la vida de un pueblo, y muy principalmente para su higiene. Inviértanse las sumas que habrían de emplearse en la expropiación de cuatro fábricas de gas y electricidad en un abastecimiento de aguas que complete la dotación suficiente para todas las necesidades y atenciones de la población, no teniendo que figurar entonces esa cláusula prohibitiva, bochornosa y opresora en los contratos. Además, con esa medida no hay intereses encontrados que puedan perjudicarse, mientras que con estas otras se daña a Empresas que hace largos años vienen prestando los servicios de electricidad y gas.

No debe preocuparse el Ayuntamiento de que la traída de aguas no pueda quedar terminada antes de su renovación, pensando que la municipalización del gas y la electricidad puede ser cosa muy breve de conseguir. Los Ayuntamientos deben procurar el bien de sus administrados, dejando a un lado todo lo que pueda aparecer como éxito personal. Aparte de que los pueblos no olvidarían el nombre de los que iniciaron reformas tan trascendentales como la de dotar de agua suficiente a una importante población que casi carece de ella.

Pero obsérvese lo que ocurrirá si llega a extenderse desenfrenadamente el sistema de municipalización en nuestro país, pues entonces, cuando una Empresa disponga de una fábrica determinada en que se obtengan beneficios, el Ayuntamiento se apoderará de esa fábrica por medio de la municipalización, efectuando la expropiación que crea oportuna, y únicamente quedarán a esas Empresas las fábricas en que tengan pérdidas o escasos beneficios, que no serán apetecidas por los Ayuntamientos, con lo cual se va desde luego a la muerte de las industrias, cuando lo que más precisaba en España era procurar por todos los medios el desarrollo y desenvolvimiento de todas ellas, haciendo que se obtuviera una gran actividad, con el consiguiente desarrollo de riqueza y aumento de bienestar para las personas que arriesgaran sus capitales, los obreros y empleados que consiguieran colocación en las mismas y el Estado, la Provincia y el Municipio, que hallarían bases más extensas para fijar sus exacciones de todas clases.

El resultado de ese sistema, si llegara a aplicarse con amplitud, sería que nadie se arriesgaría en negocios que pudieran ser municipalizados, quedando esas industrias o servicios en un estado que pudiéramos decir de inercia o paralización sin el acicate del interés directo y de la competencia, verdaderamente poderosos y más provechosos que ningún otro.

La municipalización puede efectuarse de dos modos: en concurrencia con los demás productores, o en forma de monopolio.

Si se efectúa en concurrencia con otros productores, como no puede resultar lícito ni equitativo el ocasionar la ruina de los demás sin permitirles su defensa, no podrá gravarse esa misma industria ejercida por otros productores con exacciones municipales de ninguna clase, pues proceder de otra manera constituiría una notoria injusticia, llegando a ser un verdadero atropello y negación del derecho y de la ética, que es su fuente natural.

Realizándose la municipalización en forma de monopolio se hace precisa la expropiación, puesto que no puede olvidarse que no sólo son dignos de consideración por los Estados y Municipios los consumidores, sino también los que de alguna manera son productores, debiendo tenerse en cuenta que han dedicado sus bienes, su trabajo y su estudio a esos negocios o industrias de que se les quiere privar después, y hasta en muchas circunstancias se han especializado y han sujetado su vida a ese negocio, y el privarles de él equivale a prohibir su posibilidad de subsistencia.

Para que esto no resulte una injusticia es preciso que la expropiación se efectúe con verdadera equidad, indemnizando debidamente por el negocio de que se priva a quien venda ejerciéndole, a cuyo efecto debían fijarse reglas determinadas y muy bien analizadas y estudiadas antes de dictarse la disposición que las contuviera, con objeto de hallar un sistema que fuera ajustado al verdadero valor de los bienes y volumen del negocio de que se fuera a privar a sus propietarios. Habrá que dictar también otras normas para evitar que pueda ocurrir lo que trata de hacerse en el mismo caso que nos sirve de ejemplo, y que consiste en procurar por todos los medios una considerable rebaja de tarifas y después llegar a la municipalización, intentando de ese modo que el beneficio resulte bastante menor y la capitalización represente un valor menos considerable del que verdaderamente corresponde al negocio. Obsérvese que procediendo de esa forma y sin esas normas que creemos precisas podrían efectuarse determinados actos, tanto por los expropiantes como por los expropiados, en casos como éste, que llegarían a hacer ilusoria la verdad de los hechos, pues podría procurarse esa rebaja de tarifas, y también podrían entonces abusar las Empresas simulando grandes alzas en las cotizaciones de sus títulos, etc. Es, pues, materia que hay que estudiar mucho, analizando si conviene o no a los Municipios, a los ciudadanos en general, a las Empresas y a los interesados en ellas, la forma en que haya de hacerse.

(Se continuará.)

Enrique Ucelay