La Energía eléctrica (1928-02-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LEGISLACION ELECTRICA

Año II        Madrid, 10 de febrero de 1928        Núm. 3

Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros relativo a la caducidad de las concesiones mineras

EXPOSICION

Señor: La ley de Impuestos mineros de 29 de diciembre de 1910, editada de nuevo en 23 de mayo de 1911, establece en su art. 4.º la caducidad automática de las concesiones mineras que en 31 de diciembre de cada año no hayan satisfecho el canon superficial correspondiente al mismo, y por su art. 5.º dispone que los delegados de Hacienda remitan a los gobernadores civiles de las respectivas provincias, dentro de la primera quincena de enero, una relación certificada de las concesiones mineras caducadas por falta de pago del canon, debiendo dichas autoridades consignar en aquélla su acuerdo de declaración de quedar francos y registrables los terrenos objeto de las concesiones caducadas, relación y acuerdo que habrán de publicarse en el "Boletín Oficial" de la provincia antes del 15 de febrero.

Contra la declaración de caducidad cabe recurso ante el Tribunal provincial económicoadministrativo en primera instancia, sin que en ésta ni en las superiores tengan intervención alguna los gobernadores civiles ni el Ministerio de Fomento.

Con arreglo a lo preceptuado en el art. 149 del Reglamento general para el régimen de la minería de 16 de junio de 1905, una vez transcurridos ocho días completos, a contar del siguiente al en que se haga esta publicación, podrán ser válidamente solicitados de nuevo aquellos terrenos, y el Real decreto de 18 de abril dicta normas para la tramitación de las peticiones que pudieran formularse en el plazo que señala.

La única condición, por otra parte, que exige el decreto-ley de 29 de diciembre de 1868 para practicar la demarcación de un registro minero es la existencia de terreno franco; y las disposiciones vigentes señalan a los distintos trámites del expediente plazos perentorios, cuya puntual observancia permite otorgar el título de propiedad en un tiempo relativamente breve, si contra aquéllos no se interpone reclamación alguna.

Fácil es ya, ante lo expuesto, deducir las lamentables consecuencias que pueden derivarse, y en la práctica se derivan con sensible frecuencia, de la aplicación del citado precepto legal de caducidad automática de las concesiones mineras e inmediata declaración de franquicia y registrabilidad de los terrenos objeto de aquéllas, complicadas con la intervención de distintos ramos de la Administración, pues si el art. 116 del reglamento de 16 de junio de 1905 autoriza para recurrir ante el Ministerio de Fomento de toda disposición o medida adoptada por los gobernadores en materia de minería, y, según el art. 94 del mismo, contra los decretos de dichas autoridades declarando la caducidad de las concesiones se puede recurrir ante el Tribunal provincial de lo contenciosoadministrativo, es igualmente cierto que, con arreglo al art. 11 del reglamento provisional sobre tributación minera, de 23 de mayo de 1911, las cuestiones relativas a la Administración del canon superficial son de competencia de la Dirección de Contribuciones, hoy de Rentas públicas, y la Real orden de 14 de agosto de 1914, dictada con carácter general por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de dicha Dirección general, y de acuerdo con el informe de la de lo Contencioso del Estado, declaró que todas las cuestiones o incidencias que surjan en las concesiones mineras por razones de orden fiscal corresponde resolverlas a las autoridades económicas. Viene, en efecto, concurriendo en la práctica, que, unas veces a pretextos de no haber cumplimentado en regla las oficinas de Hacienda las prevenciones del Real decreto de 11 de septiembre de 1912, que exige como