La Energía eléctrica (1928-07-10 00:00:00), página 15

cantidades forman parte integrante del precio del gas que la Compañía le suministraba y se hallan sujetas al impuesto, debiendo, por tanto, liquidarse la diferencia entre el atribuido al consumo directo al fijar la cuota tributaria al canon o precio correspondiente al concepto «Conservación de esputas»; 3.º Que la referida diferencia ha devengado intereses legales, y el importe de la una y de los otros habrá de darse del ingreso efectuado por la casa Lebón como consecuencia del acuerdo recurrido, a la cual deberá ser devuelto el remanente que resulte:

Resultando que, admitida en ambos efectos la apelación que contra esta sentencia interpuso el Fiscal, fueron elevados los autos a este Tribunal, previo el emplazamiento de las partes, y una vez que el Fiscal manifestó que sostendría su recurso, se ha substanciado éste por todos sus trámites, con intervención del procurador Morales, en nombre de la Sociedad Lebón y Compañía, parte apelada:

Resultando que la sentencia apelada cita como vistos los artículos 13, reglas primera y quinta, del Reglamento de 22 de marzo de 1900, el artículo 17 del mismo Reglamento; Circular de la Dirección General de Propiedades de 1.º de mayo de 1917; la sentencia de la Sala 3.ª de este Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1922, dictada en pleito seguido por la Sociedad Lebón y Compañía, sobre revocación de la resolución de la Dirección General de Propiedades de 11 de octubre de 1920; y se funda en los siguientes considerandos: «Que no es de estimar en este caso la excepción perentoria de incompetencia de jurisdicción propuesta por el Fiscal en su escrito de contestación a la demanda, pues, según se deduce de autos, las cantidades depositadas por la Sociedad Lebón y Compañía para interponer la reclamación económico-administrativa fueron ingresadas en el Tesoro con fecha muy anterior a la presentación de la demanda ordinaria de estos autos, y si no se acompañó el oportunuo resguardo o carta de pago fué debido a que esta operación se hizo de oficio por el delegado de Hacienda y sin conocimiento de la Sociedad, a la que, por otra parte, no podía entregarse tal carta de pago, por tener que figurar entre los comprobantes de la Contaduría de la Delegación de Hacienda, a responder del resguardo de depósito efectuado, habiendo tenido conocimiento de tal operación la Sociedad demandante después de presentada la demanda, en cuya ocasión se proveyó de los oportunos justificantes, que presentó en tiempo y forma; que es tan clara y terminante la resolución del Tribunal Supremo, que queda inserta anteriormente, y está dictada en un pleito análogo al presente, que por su cuantía hubo de incoarse directamente ante dicho Superior Tribunal, que no cabe sino aceptar íntegramente sus considerandos, ya que, aunque aquel caso se refería a la conservación de «acometidas», y éste a la conservación de «esputas», están fundados en las mismas consideraciones, tanto por parte de la Sociedad, por entender que el impuesto del 17 por 100 no gravaba tal servicio, como de la Administración, por considerarlo comprendido en la regla general, existiendo asimismo en este caso la falta de intención y lucro por parte del demandante, para no considerarlo como constitutivo de defraudación, sino de error de interpretación legal, y siendo también su obligada secuela el abono de intereses de demora a la Hacienda por el retraso sufrido en la percepción de las cantidades debidas y no ingresadas a su tiempo; que no es de apreciar temeridad en ninguna de ambas partes en lo que respecta a la imposición de costas.»

Vistos siendo ponente el magistrado D. Mariano García Rodríguez:
Aceptando los vistos de la sentencia apelada; y
Vistos además el artículo 474, párrafo 2.º, del Reglamento de esta jurisdicción;
Vistas las sentencias de este Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1922 y 26 de noviembre de 1923;
Vistas las Reales órdenes de 10 de enero de 1920 y 2 de marzo de 1921;
Aceptando en lo substancial los considerandos de la sentencia apelada,
Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Almería en 18 de marzo de 1926, objeto de esta apelación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Barceña.—Manuel Díaz Gómez.—Mariano García.