La Energía eléctrica (1928-12-25 00:00:00), página 16

días venció, descontando incluso los inhábiles, el día 1.º de junio siguiente; y no habiendo, pues, obtenido prórroga, y siendo la fecha de la presentación de la demanda el 13 de junio, o sea trece días después de haber vencido el plazo para normalizarla y presentarla, el recurso presentado y que es objeto de autos, ha caducado; y en que determina el último párrafo del art. 46 de la propia ley de lo Contencioso, que hecho el emplazamiento para contestar la demanda, si el demandado observase que ha caducado el recurso o el pleito, ya por haberse presentado la demanda fuera del plazo legal, o por otro motivo, podrá exponerlo al Tribunal sin contestar la demanda, y desde que lo verifique, quedará en suspenso el plazo concedido para contestarla, hasta que el Tribunal resuelva:

Resultando que en otra providencia de 23 de igual mes de julio se acordó se entregasen a las otras partes las copias del escrito últimamente nombrado y que se suspendía el plazo concedido a la coadyuvante para contestar la demanda, hasta que se resolviera el incidente, y por la representación del Sr. Leis Castiñeira se pidió en su otro escrito de 30 del repetido mes de julio se desestimara la caducidad interesada por la contraria y mandar que contestase la demanda, fundándose, entre otros motivos, en que el estado procesal constituido por el hecho de no haber dictado el Tribunal de oficio la caducidad y por no haberla alegado el fiscal en la forma que el párrafo último del citado art. 46 a él exclusivamente concede, no puede ser ya alterado, porque el 408 de la ley de Enjuiciamiento civil lo veda y su doctrina es aplicable a la jurisdicción contenciosa, en virtud de lo dispuesto en el art. 105; en que el decreto-ley de 2 de abril anterior, que derogó parcialmente dicha ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto a términos, mandó aplicar sus disposiciones a las autoridades del orden judicial en toda clase de juicios y actuaciones de que conozcan; y en que conforme al art. 2.º de dicho decreto-ley se admitirá, cuando se trata, como en este caso, de términos prorrogables del escrito de demanda, y producirá todos sus efectos legales si se presentase dentro del día en que se notifique la providencia de caducidad; luego habiéndose presentado, como se hizo, antes de dictarse dicha providencia, es indiscutible su admisión:

Resultando que por el Tribunal provincial de lo contenciosoadministrativo de La Coruña se dictó auto en 14 de agosto siguiente en el que resolvió no haber lugar a declarar caducado el recurso contenciosoadministrativo, así como se alzara la suspensión acordada en la providencia de 23 de julio anterior y se hiciera saber al procurador de la parte coadyuvante de la Administración contestase la demanda dentro de lo que restaba del término concedido al efecto:

Resultando que el referido auto fué apelado por la representación de Electra del Jallas, coadyuvante; y admitido el recurso, se elevaron las actuaciones originales a esta Superioridad, previos los oportunos emplazamientos hechos a las partes; y recibidas que fueron, se dictó providencia por la Sala en 30 de septiembre siguiente, en la que se tuvo por comparecida, en la apelación, a dicha Sociedad Electra del Jallas, y en su representación al procurador D. Eduardo Morales Díaz; y en otro de 27 de noviembre, también por parte en concepto de coadyuvante, al Sr. Leis Castiñeira, y en su nombre al procurador D. Antonio Paramés González; y formada que fué la nota prevenida por la ley, se tuvieron por evacuados los respectivos traslados de instrucción, o sean la parte apelante; señor fiscal, a nombre de la Administración general del Estado, apelada, y coadyuvante de dicha Administración:

Visto siendo ponente el magistrado D. Mariano García Rodríguez:

Vistos los artículos 40, 46, apartado último, y 105 de la ley de 22 de junio de 1894, 288 y 292 de su Reglamento, 4 del Código civil y el Real decreto-ley de la Presidencia del Directorio Militar de 2 de abril de 1924:

Considerando que, según aparece claramente del preámbulo o exposición de motivos del Real decreto-ley de 2 de abril de 1924, de la Presidencia del Directorio Militar, el propósito del legislador fué derogar los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil relativos a los términos judiciales, apremios y rebeldías, a fin de evitar que dichos plazos, cuando sean prorrogables, no puedan declararse transcurridos sin instancia de la parte interesada; lo que da lugar en la práctica a que el curso de los autos se dilate más de lo debido, por mutuas complacencias de los representantes de las partes, a espaldas de las mismas en la mayor parte de los casos; y que si no se personaban en las apelaciones, se retrasara indefinida e inmotivadamente la tramitación del recurso, por falta de su apremio; es decir, para conceder a los Tribunales ordinarios la facultad de decla

(Continuará.)