La Energía eléctrica (1927-10-10 00:00:00), página 15

que, siendo la ampliación de caudal una ampliación de la primitiva concesión que disfruta la Sociedad demandante y le fue otorgada en 4 de diciembre de 1914, está además comprendida en el artículo adicional del Real decreto de 1921, y, por tanto, deben respetarse los derechos adquiridos y ser otorgada a perpetuidad, con estricta sujeción a lo que dispone el artículo ya citado 220 de la ley de Aguas; y como consecuencia de tales solicitudes, las cuestiones que se plantean son las siguientes: 1.ª Si la concesión de que se trata es una ampliación de la que anteriormente había sido otorgada por la Administración, o una concesión nueva. 2.ª Si debió ser otorgada con sujeción a los Reales decretos de 14 de junio de 1921 y 10 de noviembre de 1922, o, por el contrario, con arreglo al art. 220 de la ley de Aguas, que se supone infringido por aquéllos; y 3.ª Si, por tratarse de una ampliación de caudal, y siendo ésta una ampliación de la primitiva concesión, se halla comprendida en el artículo adicional del Real decreto de 1924, y, por tanto, deben respetarse los derechos adquiridos y ser otorgada la ampliación solicitada a perpetuidad, con sujeción al art. 220 de la ley referida:

Considerando, en cuanto a la primera, que el aumento de caudal solicitado por el recurrente y concedido al mismo por la Real orden impugnada no puede reputarse como una ampliación de la primitiva concesión, sino como una concesión nueva, pues que en la instancia cabeza del expediente lo que se solicitó fué no sólo autorización para ampliar el caudal de agua derivado del río Salien- cia, a fin de aprovecharlo en el salto del río Valle, sino para la construcción de un canal de derivación de 10.762,09 metros de longitud, la imposición de servidumbre de acueducto y estribi de presa, y la declaración de utilidad pública, con extensión de los beneficios de la ley de Expropiación for- zosa a todos los terrenos necesarios, así como a molinos y otras industrias que fueran precisos, con arreglo al Real decreto de 5 de septiembre de 1915 y a la Real orden de 20 de agosto de 1919, en que afirmó se le otorgaron los beneficios de la ley de Auxilios a las nuevas industrias; es decir, que la autorización que se solicitó modificaba los elementos esenciales de la anterior concesión; por lo que la Real orden recurrida expresa que, como la ampliación del caudal pedida exige construir otra presa de derivación, emplazada en punto distinto de la ya establecida, y otro canal con desagüe en la cabeza del antiguo, constituyen éstas, con las demás obras proyectadas, un aprovechamiento com- pletamente nuevo, que no podía estimarse como ampliación del anteriormente concedido; que es por lo que, entendiéndolo la Administración que la tramitación del expediente había de ajustarse a lo que los artículos 9.º al 13 del Real decreto de 5 de septiembre de 1918 establece para otorgar nuevas concesiones, resolvió, cuando fué el expediente elevado a la Superioridad, se devolviera a la provin- cia, al efecto de que se completase, abriendo concurso de proyectos, en competencia con el de la Sociedad hoy demandante, trámite omitido en su incoación, y que sólo en el caso de que no fuesen presentados, como así sucedió, podrá ser válida la tramitación hasta entonces seguida, pues de presentarse se anularía lo actuado y deberá tramitarse de nuevo en la forma ordenada, acuerdo consentido por la Sociedad hoy demandante, y por virtud del cual, lo mismo que se ha concedido a ella pudo haberlo sido a otro peticionario, y si consistió en tramitarse el expediente como si se tra- tara de una nueva concesión, no pueda hoy venir ante la Sala a plantear esta cuestión a discutir; no se trata de una concesión nueva, sino tan sólo de una ampliación de la que fué otorgada en 1914.

Considerando, respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, que el Real decreto de 14 de junio de 1921, y por ello el de 10 de noviembre de 1922, no infringieron, como con gran error su- pone el demandante, el art. 220 de la ley de Aguas, ya que, como hace observar el ministerio fiscal, el mismo está comprendido en el título IV, capítulo IX, sección 6.ª, que trata "Del aprovecha- miento de las aguas públicas para barcas de paso, puentes y establecimientos industriales", y de la redacción del artículo citado se desprende que el aprovechamiento del agua ha de ser como ele- mento inmediato para el funcionamiento de la industria, y no como medio para la producción de otra fuerza motriz o elementos aplicables a aquélla; es decir, que el agua ha de aprovecharse di- rectamente como fuerza, y no para producir otra; pues no pudo prever el legislador, al publicarse la ley de 13 de junio de 1879, en el que la aplicación de las fuerzas naturales eléctricas a las in- dustrias estaba en embrión, el desarrollo que con el progreso de las ciencias habrían de tener en el curso del tiempo, para aplicarlas en distintos órdenes de la vida; todo lo cual corrobora el preám- bulo que precede al citado Real decreto de 1924, pues con toda claridad expresa, al explicar el mo- tivo principal del mismo, la necesidad de suplir la explicable imprevisión en que incurrió la ley de Aguas, que "no previó, en realidad, la utilización de las corrientes de los ríos para producir fuerza hidráulica, que, transformada luego, permita transportar a grandes distancias la energía eléctrica"; por lo que cuando la citada ley, "al hablar de concesiones para aprovechamientos de aguas públicas, determina que tendrán el carácter de perpetuidad si se otorgan para establecimientos industriales, es