La Energía eléctrica (1927-03-10 00:00:00), página 14

gastos en la Pagaduría correspondiente en término de un mes desde que se le notifique el presupuesto. Una vez hecho el depósito, y sin que se interrumpa la tramitación del expediente, podrá el interesado, si le parece excesivo el presupuesto, acudir en alzada a la Dirección general de Obras públicas, que resolverá definitivamente.

Se redactará un acta detallada de cada replanteo, bajo la responsabilidad del ingeniero encargado, y si algún proyecto no tuviese datos suficientes, o no concordase con el terreno, el gobernador declarará excluido ese proyecto, pudiendo el peticionario recurrir en alzada al Ministerio de Fomento. Al notificar la exclusión al interesado se acompañará copia del acta.

Para la confrontación e informe de la Jefatura se concede, por regla general, un plazo de tres meses, que podrá prorrogar el gobernador por otros tres cuando lo justifiquen las condiciones del terreno o del clima.

Siempre que haya proyectos en competencia, el ingeniero encargado del informe lo acompañará con un croquis en que se represente la situación de los aprovechamientos en competencia, con los accidentes y circunstancias principales, acotando los tramos ocupados por cada uno de ellos en el río desde el extremo del remanso al desagüe, y expresando su longitud.

En los casos en que los proyectos afecten a los planes de la Confederación hidrográfica, si existiese, se pasará a ésta el expediente, una vez hecha la confrontación y emitido informe por el ingeniero encargado, o antes si el servicio lo realizase el ingeniero jefe, que en ambos casos emitirá el informe definitivo.

Si el informe de la Confederación exigiese estudio sobre el terreno por su personal técnico, se efectuará aquél con cargo a los presupuestos generales de la misma.

El plazo para emitir este informe será de un mes, ampliable en otro si hubiese de salir al campo el ingeniero.

El ingeniero jefe de la División, teniendo en cuenta los informes emitidos, propondrá las condiciones con que pueda otorgarse la concesión o su denegación, y elevará el expediente a la autoridad a la que corresponda la resolución.

Se aplicará con todo rigor lo dispuesto en el art. 23 de la instrucción sobre los plazos señalados en ella y en este decreto-ley, consignándose como falta grave la infracción que pudiera cometerse, en cuanto al procedimiento, por los funcionarios públicos, y recogiéndose de oficio el expediente, bajo la responsabilidad del gobernador, pasado el plazo y la prórroga, en su caso, para el informe de algún funcionario o Corporación. Los gobernadores cuidarán de hacer efectivas las responsabilidades en que pueda incurrirse en la tramitación.

En el Ministerio los expedientes se tramitarán y resolverán en la forma y plazo que señala el reglamento de Procedimiento administrativo.

Art. 17. En los casos en que, por haber compatibilidad condicionada con los planes de la Confederación, ésta haya propuesto y se haya acordado condiciones que deban ser tenidas en cuenta, se inspeccionará el cumplimiento de las mismas por sus ingenieros, siendo los gastos de esta inspección de cuenta del concesionario.

Art. 18. En Baleares y Canarias y donde las Jefaturas de Obras públicas asuman las funciones actuales de las Divisiones hidráulicas, serán aplicables los mismos principios y procedimientos, asumiendo también esta función aquella Jefatura.

Art. 19. Si durante el período de tramitación de un proyecto, o en el de ejecución de las obras, el peticionario o el concesionario pretenden introducir modificaciones, deberán dirigir sus solicitudes a la autoridad competente, acompañadas del correspondiente proyecto de reforma, que se tramitará con o sin nueva información pública, según que las modificaciones afecten o no a nuevos intereses, y con sujeción a las normas siguientes:

A) Si el expediente está en el período de tramitación y se hubieren presentado proyectos en competencia, no se concederá autorización para modificaciones de ninguna clase.

B) Estando el expediente también en tramitación, pero sin competencia de proyectos, el solicitante único conservará el derecho de prioridad si con la modificación que proponga no se altera la potencia del salto que fué objeto de la primitiva petición en más de un 10 por 100, aunque podrá rebasar ese límite indefinidamente sin perder el derecho de prioridad cuando la modificación solicitada sea consecuencia de adquisición por el peticionario de bienes o derechos cuya posesión le permita realizar la reforma sin lesión de intereses de tercero. De no mediar esta circunstancia re-basando el límite del 10 por 100, se admitirán proyectos en competencia.