La Energía eléctrica (1927-05-25 00:00:00), página 14

"Ilmo. Señor: El Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén, presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, se ha dirigido a este Ministerio manifestando que el decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 sobre organización corporativa nacional dispone en su artículo 57 que de sus preceptos quedan exceptuados los servicios públicos arrendados o concedidos, por lo que solicita que se tenga en cuenta tal precepto antes de llegar a la constitución de la organización paritaria en lo que se refiere a la industria eléctrica.

Resultando que el Sr. Ruiz Senén razona esta petición teniendo en cuenta el carácter de servicio público que tiene el suministro del fluido eléctrico, según declaración del Real decreto de 12 de abril de 1924, y además por la índole peculiar de esas Empresas, en que el personal administrativo de oficinas supera con exceso al técnico o al obrero manual;

Resultando que el art. 57 del decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, que invoca el Sr. Ruiz Senén, dice textualmente:

"Quedan exceptuados de la organización paritaria establecida por el presente decreto-ley la agricultura, el trabajo a domicilio, el servicio doméstico y cualquiera que se realice en despachos particulares o de profesiones liberales.

"El trabajo de las industrias y propiedades explotadas directamente por la Administración, así como los servicios públicos cuando se hagan por cuenta del Estado, la Provincia, el Municipio o cualquier organismo administrativo oficial.

"Cuando se trate de servicios públicos arrendados o concedidos el Gobierno podrá autorizar la formación de los correspondientes Comités paritarios en la forma que estime más adecuada al buen funcionamiento del servicio de que se trate, si no se opone a ello alguna disposición especial, quedando, por tanto, subsistentes en todo su vigor los preceptos que regulan la organización paritaria en servicios de la expresada naturaleza";

Considerando que el Real decreto de 12 de abril de 1924 declaró, efectivamente, servicios públicos el suministro de energía eléctrica, agua y gas a los abonados de las Empresas de distribución; pero este decreto no puede tener el alcance que por la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad se pretende, pues después de él, en 7 de abril de 1925, se ha creado en Barcelona un Comité paritario solicitado por los obreros de la Catalana de Gas y Electricidad, y al justificar este Ministerio su constitución decía, de acuerdo con la Real orden de 2 de febrero de 1925, que no había necesidad de dictar disposiciones especiales para estas clases de servicios, y que les eran aplicables el Real decreto de 5 de octubre de 1922 creando los Comités paritarios con carácter de generalidad y sus disposiciones concordantes y aclaratorias;

Considerando que, aparte del concepto fundamental de servicio público, que es todo aquel que corresponde al Estado por razón de sus fines, cuando se habla de servicio público, arrendado o concedido, la verdadera significación de estos términos supone la existencia de un servicio cuya realización es propia del Estado, o que éste ha creído conveniente, o por lo menos necesario, reservarlo para sí, y que presta, tanto por sí como por persona o entidad a quien arriende, autorice o conceda el desempeño de las funciones peculiares de su prestación, en las que interviene además, de modo constante y directo, a título de dominio eminente que le corresponde, cuando no con la subvención que favorece la implantación y desarrollo del servicio referido;

Considerando que esa cesión amplia, creadora de relaciones jurídicas, no debe confundirse con prescripciones reguladoras de las diversas industrias, con medidas de policía que al Estado incumben, con la autorización, licencia o sumisión a reglas determinadas de índole administrativa;

Considerando que, con arreglo a la ley de 23 de marzo de 1900, cuyos preceptos desarrolla el reglamento de 7 de octubre de 1904, necesitan concesión administrativa todas las instalaciones eléctricas que graven con servidumbre de paso el dominio ajeno o atraviesen zonas de servidumbre legal de obras del Estado, provinciales o municipales y terrenos del dominio público, y que la necesidad en las modernas instalaciones hidroeléctricas de obtener autorización administrativa para aprovechar los saltos de agua se debe a este criterio legal, a que, utilizándose para su implantación bienes del dominio público, como el caudal de los ríos, es preciso para su captación el permiso de quien regula la utilización y disfrute de ese dominio a título de dueño supremo, que es el Estado;

Considerando que tampoco puede alegarse como causa de excepción el de las Empresas eléctricas que contraten con organismos oficiales determinados suministros, pues en ese caso no se trata de un servicio público arrendado o concedido, sino de un contrato entre la Administración y una Empresa que realiza un servicio público;

Considerando que, aun dando por supuesto que la industria a que nos venimos refiriendo fuera