La Energía eléctrica (1925-04-25 00:00:00), página 18

mentos una extraordinaria agravación por el hecho de que, rectificando y contradiciendo en absoluto el espíritu de la parte financiera del Estatuto municipal, se esté concediendo a muchos Municipios una autonomía financiera que nuestra más reciente historia municipal nos permite calificar de peligrosa. Esa autonomía es imposible en nuestra nación mientras los Ayuntamientos no demuestren, con algunos años de vida nueva, que han cambiado por completo en su modo de ser, en sus ideas de justicia, rectitud y equidad y en la instrucción de los elementos que hayan de constituirlos.

En efecto, el sistema de exacciones municipales incorporado al Estatuto municipal representa el resultado de los grandes esfuerzos llevados a cabo durante lo que va de siglo por la parte más selecta de nuestra administración financiera para dotar a los Ayuntamientos de una Hacienda elástica y justa y coordinada con la general, para evitar perniciosas repercusiones sobre la economía de la Nación.

La posibilidad de aplicar tal sistema implicaba rigurosamente la negación de la autonomía municipal en esta materia; y por tal razón, en el proyecto de ley regulando las exacciones municipales, presentado en 1918 a las Cortes por un Gobierno presidido por el máximo defensor de la autonomía local, se negaba dicha libertad, en lo que se refiere a los impuestos, por las siguientes razones:

"En general, dada una constitución económica y determinadas en la ley las facultades de los Ayuntamientos, las normas del sistema de exacciones se deducen con perfecto rigor, y la omisión de esas normas no es manifestación de autonomía, sino más bien, para emplear la expresión del mayor teórico actual de la Hacienda, estado anárquico. Si la ley de 1876 halló impracticable el régimen de la de 1870, ello se debía a que ese régimen respondía a un apriorismo doctrinario, ayuno de toda técnica. Pero el medio habría sido sustituir el orden de prelación absurdo por otro racional; de ningún modo la supresión del orden mismo. La experiencia de este régimen es, como ya se ha dicho, desastrosa."

Y al recoger íntegramente dicho proyecto de exacciones en el decreto-ley promulgado por el Directorio, se insistió asimismo en la necesidad de limitar la iniciativa de los Ayuntamientos en esta materia, por la conveniencia de hacer la debida distinción entre lo puramente gubernativo y lo tributario, "porque la actividad de los Ayuntamientos, si careciese de cauce y freno preventivos cuando toca a los intereses particulares de contribuyentes, podría degenerar en peligrosa arbitrariedad, difícilmente subsanable "a posteriori" con recursos judiciales que, a lo sumo, corregirían el caso individual, nunca el error de principio o el absurdo técnico".

Pues bien; a pesar de estas afirmaciones, por un simple artículo de un Reglamento (el 57 del Reglamento de 10 de julio de 1924 sobre organización y funcionamiento de los Ayuntamientos) se extiende el régimen de carta y, por consiguiente, la autonomía al orden económico, pudiendo los Ayuntamientos modificar el orden de prelación de las exacciones municipales o alterar su sistema de coberanza, con lo que se pone en peligro todo el sistema, inutilizándose sus previsiones encaminadas a evitar las dañosas incidencias sobre la economía general, y se hacen ilusorias las garantías jurídicas concedidas por el Estatuto a los contribuyentes en esta materia.

¿Qué cabrá esperar del espíritu arbitrista de los Ayuntamientos, de su desconocimiento de la técnica, compañera inseparable, en este más que en otro caso, de la justicia?

Roto el equilibrio establecido sistemáticamente por el Estatuto, anulado el orden de prelación, que obliga a los Ayuntamientos a utilizar, no los arbitrios más fáciles, sino los más justos, las Sociedades anónimas tienen que temer mucho de la actividad de aquellos Municipios en que radican sus negocios, ya que siempre ha de ser para ellos tentador el arrojar la carga principal sobre las llamadas grandes Empresas, tan precisas en un país pobre como el nuestro, a pesar de nuestro defectuoso individualismo, y a cuya sombra viven prestando su trabajo tan gran número de obreros y empleados.

Por lo que también en este respecto solicitamos que, para evitar males fáciles de predecir, se restablezca el espíritu del decreto-ley que sustituyó al Estatuto municipal, notoriamente desconocido y aun contradictorio en los Reglamentos dictados con posterioridad, sometiendo a los Ayuntamientos el orden de imposición establecido en dicho Estatuto, y evitando la anarquía que, en caso contrario, habrá de sobrevenir muy pronto en el campo de la Hacienda municipal, a la que estamos en camino de dotar de una perfecta organización.

A todo lo dicho hay que agregar ahora el justificado recelo y la profunda alarma con que se esperan las consecuencias tributarias del Estatuto provincial, pues por pequeña que sea la participación que a las Diputaciones se conceda en las utilidades de las Sociedades anónimas, no podrá establecerse sin grave peligro de ruina para los negocios que éstas desarrollan.

Por todo lo expuesto, solicitamos de V. E.:

1.º Que se revise la carga tributaria que hoy pesa por diversos conceptos, sobre las Sociedades anónimas, y se limite a una proporción máxima que no pueda rebasarse en ningún concepto por la suma de los tributos generales y locales establecidos o que se puedan establecer.

2.º Que se restablezca en todo su vigor, en cuanto a su organización, y salvo la variación que en los tipos convenga introducir, el sistema de exacciones implantado por el Estatuto municipal.

3.º Que al procederse a la aprobación del Estatuto provincial se tengan en cuenta las anteriores peticiones; y

4.º Que para llevar a cabo el estudio preparatorio de estas medidas se designe una Comisión, integrada por funcionarios del Estado y de las Cámaras de Industria y Comercio, que deberá presentar los oportunos proyectos al Directorio.—Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de marzo de 1925.—El presidente, Antonio G. Vallejo."