La Energía eléctrica (1925-08-10 00:00:00), página 23

gun los casos, considerando las concesiones como bienes inmuebles, con arreglo al Código civil.

¿Cómo es, pues, posible que los saltos de agua pasen a figurar como riqueza de la Diputación provincial? Y si son, como así es, riqueza del Estado, ¿cómo pueden sobre ella imponer un arbitrio las Diputaciones, que no tienen potestad sobre las aguas públicas?

Sería un absurdo jurídico. Sería la absorción del Estado por la Diputación. Esta se quedaría con la riqueza de la nación, y eso es contra ley.

Además, del contenido del art. 84 de la Constitución y del desarrollo que a sus prescripciones se ha dado por la legislación y la jurisprudencia resulta que el arbitrio de que se trata no podrá contrariar el sistema tributario del Estado, y en nuestro caso no hay ninguna duda de que, “como el propio Ministerio de la Gobernación nos dijo por Real orden de 24 de junio de 1924, dicho arbitrio es opuesto al sistema tributario del Estado”, porque grava lo mismo que es objeto de la contribución industrial y de la de utilidades, como sustitutiva de aquélla; y siendo materia ya gravada por las contribuciones del Estado, no podía existir con independencia semejante arbitrio, pues sería un verdadero recargo. Excusamos recordar que no se establecen recargos sobre dichas contribuciones por el Estatuto de que nos ocupamos, estando, en cambio, hasta prohibidos los recargos por el art. 28 del texto vigente de la ley de Utilidades.

No puede, pues, prosperar el arbitrio que pretenden imponer algunas Diputaciones sobre los aprovechamientos hidroeléctricos, porque falta base legal a la imposición, pues los ríos y demás aguas públicas no constituyen bienes provinciales, sino del Estado, y, por lo tanto, se trata de una riqueza que aquéllas no pueden gravar, porque no les pertenece. Ni el agua es de las Diputaciones, puesto que es del Estado y a él se tributa por los concesionarios, ni esa riqueza es propia de la provincia, porque ha sido creada por y a expensas del concesionario, quien, sin auxilio alguno de la Diputación, ha necesitado invertir cuantiosos capitales en obras, maquinaria e importantísimas redes y obras complementarias para la distribución de la energía en zonas generalmente muy distantes del lugar del aprovechamiento.

Tampoco puede aplicarse el arbitrio, porque pugna, como ya se ha dicho, con el art. 84 de la Constitución y con la legislación tributaria vigente.

Y, por último, aun en el supuesto de no existir los dos poderosos motivos de nulidad apuntados, sería extemporánea su aplicación en tanto no se haya promulgado el necesario Reglamento para la aplicación del Estatuto provincial, en el que habrá de aclararse y condicionar el concepto de riqueza provincial y habrán de fijarse límites de imposición para las exacciones que legalmente se establezcan. Estos límites, tratándose de riqueza creada o fomentada por la acción directa de la Diputación, deberían estar en relación con la importancia del concurso prestado por la Corporación; y si, contra las razones legales que hemos invocado, se entiendiese, no obstante, que toda clase de aprovechamientos hidráulicos debían quedar en alguna forma afectos a la tributación provincial, en ningún caso debiera exceder el límite de imposición del 5 por 100 de la contribución territorial correspondiente al término municipal donde estuviese emplazado el salto, o, en su caso, del 10 por 100 de la industrial con que tribute o debiera tributar al Estado la riqueza gravada por la Diputación, calculada de conformidad con las reglas establecidas en los epígrafes A, B y C de las notas que encabezan la tarifa tercera que regula aquella contribución tratándose de saltos de agua.

La riqueza radicante en la provincia, en términos generales, tributa ya al Estado o a los Ayuntamientos; por consiguiente, parece lógico concretar el concepto de las imposiciones provinciales en el sentido de que habrán de referirse exclusivamente a la riqueza favorecida por la actuación de las Corporaciones provinciales, siendo de rigor también la limitación de las exacciones en su conjunto, para prevenir abusos; pues de otro modo, hoy podría fijarse un tipo que no fuera tal vez excesivamente exagerado, pero mañana no sabemos hasta dónde podrán llegar las Diputaciones.

El artículo 222 deberá desarrollarse, por lo tanto, en la siguiente forma: “Las imposiciones o percepciones a que se refiere el apartado B) del art. 222 del Estatuto provincial sobre la riqueza radicante en la provincia debe entenderse que sólo gravarán aquella riqueza a cuya creación o fomento haya contribuido directamente con sus medios o recursos la Diputación provincial. Esta