La Energía eléctrica (1925-06-10 00:00:00), página 20

Mientras no se demuestre que con los recursos ordinarios de que pueden disponer las Diputaciones con arreglo al nuevo Estatuto no tienen bastante para cubrir sus gastos, creemos sinceramente que no puede acudirse a la imposición que determina el art. 222 aun en el supuesto, que negamos en absoluto, de que ésta se refiera a "toda" la riqueza radicante en la provincia. Es decir, que primeramente hay que implantar y hacer efectivos todos los derechos que tienen las Diputaciones con respecto a los recargos provinciales y a los impuestos y recursos cedidos por el Estado y por los Ayuntamientos, que bien administrados pueden ser más que suficientes para las necesidades de las provincias, y únicamente cuando el total de las exacciones logradas en fuerza de las mismas no lleguen para cubrir las obligaciones permanentes de las Corporaciones provinciales, será cuando podrá echarse mano de los demás tributos extraordinarios.

Este sistema es el que creemos ajustado al espíritu y letra de la ley y que indudablemente será el que prevalezca al redactar el Reglamento para la aplicación de la ley, no el seguido por la Diputación de Huesca, que con una precipitación que no se explica ha tratado de imponer desde luego un impuesto que "no está reglamentado", y que, "además", requiere siempre una autorización previa y especial de ese Ministerio, oyendo al de Hacienda, con arreglo al precepto terminante del art. 224 del propio Estatuto.

Pero hay más, excelentísimo señor: aun suponiendo que fuera ya desde luego aplicable el apartado B) del art. 222 del Estatuto provincial, todavía faltaría un extremo muy importante que sólo el Reglamento puede determinar, y es "el de la cuantía de la imposición", que no ha de quedar al capricho de las Diputaciones provinciales, "sino que es imprescindible fijar dentro de un límite".

Recuerde V. E. lo que ocurrió con el Estatuto municipal, respecto a la imposición sobre los ingresos brutos y el producto neto de las Compañías. La diversidad de criterios no sólo en distintos Municipios, sino aun dentro de la opinión individual de los concejales de un mismo Ayuntamiento, hizo preciso que los Reglamentos para la aplicación del Estatuto municipal fijasen el "máximo" de esa percepción. Lo mismo se necesita para las imposiciones que permita el Estatuto provincial.

Véase, por lo dicho, la imposibilidad legal y reglamentaria de que prevalezca la resolución que impugnamos. La más elemental previsión aconsejaba que la Diputación de Huesca hubiese esperado que se dicten los Reglamentos e Instrucciones que el mismo Estatuto declara "precisos para su aplicación", y no habiéndolo hecho así sus acuerdos adolecen de vicio sustancial de procedimientos que lo invalida y anula.

En consideración a todo lo expuesto, y sin aducir otras muchas razones de menor importancia que podríamos invocar y que no consignamos para no hacer interminable este escrito, pero sin dejar de recordar que la industria eléctrica no puede ya soportar los importantes y variados tributos que sobre ella ya pesan, lo que ha de traducirse pronto en un aumento en los precios de la fuerza motriz y del alumbrado, a V. E. con el mayor respeto

Suplico que se digne revocar, dejándolo sin efecto ni valor alguno, el acuerdo de la Diputación provincial de Huesca, de fecha 30 de abril próximo pasado, imponiendo un arbitrio sobre la producción de energía eléctrica en aquella provincia, mediante aprovechamientos hidráulicos.

Así procede en justicia, que no duda alcanzar de la rectitud que informa todos los actos de V. E., cuya vida Dios guarde muchos años.

Barcelona, 11 de mayo de 1925.

Excelentísimo señor subsecretario, encargado del despacho del Ministerio de la Gobernación.