La Energía eléctrica (1926-01-10 00:00:00), página 19

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, 13

Año VIII Madrid, 10 de enero de 1926 Núm. 1

Legitimidad de la cláusula estimulando el mínimo de consumo o el pago de canon en los contratos de suministro de energía eléctrica

Con motivo de la sentencia dictada en 16 de mayo del corriente año por el Tribunal Supremo declarando, en lo que se refiere a las Compañías de electricidad de Madrid y a instancia del Ayuntamiento de dicha villa, la nulidad de la Real orden de 17 de noviembre de 1923 que autorizó a las citadas Empresas para percibir el mínimo de consumo, se ha reproducido la campaña contra la expresada estipulación.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las sentencias del Tribunal Supremo no tienen aplicación más que al caso concreto para que se dictaron, y, por consiguiente, la sentencia de 16 de mayo de 1925 no puede referirse más que a las Empresas de electricidad de Madrid, que, según nuestras noticias, están dispuestas a ejercitar los correspondientes recursos legales.

Además, la sentencia que nos ocupa se funda pura y exclusivamente en la existencia de un contrato o concierto económico celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid y las Empresas suministradoras, sentando la doctrina de que la Administración no puede por ningún pretexto modificar los derechos y obligaciones libremente concertados por las partes en virtud de un convenio, sin que contenga declaración ni argumento alguno contra la legitimidad del mínimo de consumo o del canon, plenamente reconocida por otras resoluciones del mismo alto Tribunal, y entre otras por la sentencia de 11 de octubre de 1919.

De manera que, dada la circunstancia de existir entre la mayor parte de las Compañías y sus abonados pólizas de suministro en las que se contiene el pacto límite del mínimo de consumo o del canon, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1925, lejos de ser contraria a la validez de dichas cláusulas, podría servirse para defenderla eficazmente en el caso de que la Administración, saliéndose de su competencia, pretendiese anularlas.

Véanse, si no, las siguientes declaraciones que extraíamos de los considerandos de dicha sentencia:

"Considerando que la irrevocabilidad o intangibilidad de los actos jurídicos bilaterales, a menos de existir el mutuo consentimiento de las partes para variarlos o modificarlos, fundada en el aforismo jurídico de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, ha sido reconocida y proclamada por la misma Administración...;

"Considerando que la Administración carece de facultades para dispensar a las personas que celebraron un convenio de cumplir y observar la ley del contrato que libre y voluntariamente se impusieron y para eximirlas de que realicen aquellas prestaciones en el mismo estipuladas... porque ello equivale a dejar la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes siempre que sus deseos sean secundados por una autorización previa de la Administración, lo cual constituye una infracción clara y manifiesta del art. 1.256 del Código civil...;

"Considerando que por lo consignado anteriormente se evidencia y demuestra el abuso de poder y el exceso de atribuciones con que ha obrado la Administración al dictar la mencionada Real or-