La Energía eléctrica (1924-07-10 00:00:00), página 17

Base 1.a Los acuerdos de la Administración, sin auxilio económico directo, a que se refiere la letra a) de la base 3.a, podrán ser:

A) Exención de los impuestos de derechos reales y del Timbre para los actos todos de constitución, ampliación, refundición o transformación de la Sociedad o entidad y de su capital. La exención de dichos impuestos alcanza a todas las acciones y obligaciones emitidas o que se emitan por el establecimiento, ampliación o mejora de la industria protegible durante ocho años. La solicitud de exención lleva consigo el aplazamiento de pago de los impuestos de derechos reales y de Timbre hasta que recaiga resolución definitiva.

B) Reducción del 50 por 100 durante un quinquenio de todos los tributos directos sobre la industria y sus utilidades.

Cuando esta resolución de tributos se otorgue a una industria protegible cuyos productos hayan sido declarados de aplicación directa a la defensa nacional, o se trate de aprovechamientos nacionales de subproductos de los carbones y esquistos o de explotaciones de petróleo, el plazo de la reducción podrá ampliarse hasta ocho años.

C) Exención de derechos arancelarios de importación durante un período máximo de cinco años para los productos naturales y los semiproductos que no se obtengan en España, cesando toda exención otorgada desde el momento que aquí se produzcan y así lo declare el Consejo de la Economía Nacional.

Dicha exención será igualmente aplicable por el mismo período de tiempo a cualquier otra industria ya establecida que utilice los mismos productos naturales y semiproductos.

D) Exención de derechos arancelarios de importación a la maquinaria especial, nueva o patentada, que no se fabrique en el país, que se consagre a la creación o a la ampliación y perfeccionamiento de la industria protegible, dentro de las normas y garantías que establece el reglamento de ejecución de este Real decreto.

E) Admisión temporal por un año, prorrogable por otro año, de la maquinaria para trabajos de exploración o de ensayo, adoptando la Administración las garantías precisas para que no quede desvirtuado el carácter de esta concesión.

F) Derecho arancelario mínimo durante ocho años, dentro de los límites de la ley vigente en el momento de la concesión, para el producto elaborado, pudiendo ese derecho alcanzar el máximo autorizado por la ley de Bases arancelarias, y aun excederlo cuando se trate de productos acabados y de industrias declaradas de utilidad directa para la defensa nacional.

G) Garantía de pedidos del Estado a entidades protegibles, mediante la celebración de contratos de éstas con la Administración pública por períodos de tiempo de hasta quince años, y cuyos contratos podrán establecer abonos anticipados a cuenta del precio de los pedidos en firme.

H) Conciertos del Estado con una entidad industrial o grupo de entidades industriales nacionales para la construcción y habilitación de talleres e instalaciones adscritos a los servicios de la defensa nacional y del régimen ferroviario, sin perjuicio de que los mismos puedan satisfacer demandas de la industria civil. Estos conciertos podrán comprender a la vez el suministro al Estado de los elementos producidos de material militar y de ferrocarriles; y, sin perjuicio de los demás auxilios aplicables de este Real decreto y otros especiales que las leyes puedan otorgar, el Gobierno podrá también conceder a estas industrias, cuando contrate con ellas material de guerra y de ferrocarriles, abonos a cuenta sobre la fabricación del mismo.

I) Intervención y apoyo del Gobierno en cuanto a las reducciones de tarifas de ferrocarriles y de fletes marítimos que faciliten el transporte de primeras materias para la industria, la penetración en el territorio y la exportación de productos al extranjero.

J) Intervención y apoyo del Gobierno para gestionar cerca de las Corporaciones locales de todas clases la concesión de exenciones o reducción o anulación de arbitrios en favor de las industrias protegidas.

K) Extensión de los beneficios de la ley de Expropiación forzosa a los terrenos necesarios para el remanso y casa de máquinas, para la producción de fuerza de 1.000 caballos, por lo menos, que exploten o pretendan explotar las industrias hidroeléctricas con concesiones obtenidas en firme del Estado.

L) Declaración de utilidad pública por el establecimiento, la ampliación o la mejora o por su enlace en las vías generales de comunicación a favor de aquellas industrias que, por el capital que movilizan, por el número de obreros que emplean o por la importancia y aplicaciones de su producción, tengan verdadera trascendencia para la economía general del país. Quedan especialmente incluidas entre las industrias que puedan ser objeto de esta protección las declaradas necesarias para la defensa nacional y las de generación y transporte de energía térmica e hidroeléctrica, así como las de destilaciones de carbones y esquistos instaladas en las propias comarcas mineras y las demás que obtengan la garantía de interés.

Base 5.a El servicio de préstamos a las industrias nacionales lo realizará el Banco de Crédito Industrial, creado para dar cumplimiento a lo dispuesto en las bases 5.a y 6.a de la ley de 2 de marzo de 1917, y en los artículos 4.a y 5.a del Real decreto de 5 de noviembre de 1918, y con sujeción a las