La Energía eléctrica (1924-09-10 00:00:00), página 15

aumentar las tarifas cuando los beneficios obtenidos fueran inferiores al 10 por 100 de dicho capital.

Obsérvese que actualmente es casi imposible hallar capital por medio de una emisión de obligaciones o bonos, que no cueste a la Sociedad emisora cerca del 10 por 100 por el pago de los intereses y amortizaciones. Claro está que no puede pensarse ya en el 5 por 100 como interés que puede perseguir la industria sobre los capitales empleados en su establecimiento; pues en primer lugar ese ya no es el interés que pudiéramos llamar legal y corriente, y además nadie sujetaría sus bienes a ninguna industria, exponiéndose a riesgos bien frecuentes, por desgracia, cuando pueden colocar dichos bienes en valores del Estado que producirían ese mismo interés del 5 por 100.

Debe autorizarse también a las Empresas e industriales a no suministrar fluido siempre que resulte evidente que ese suministro no puede proporcionarse sin pérdidas, y muy especialmente cuando el abonado no esté al corriente en el pago de sus facturas, caso previsto en el Reglamento de Verificación de contadores.

La materia de contratación con los particulares debe continuar sujeta al Código civil, de conformidad con lo que tiene expuesto el Tribunal Supremo en todas las sentencias que tratan de esta clase de contratos. Otra cosa sería echar por tierra esa doctrina y hacer inaplicable el Código civil a los contratos con los particulares.

Deberán simplificarse, en cuanto sea preciso, los trámites para la expropiación por causa de utilidad pública, por el tendido de cables y apoyos, de postes, redes, palomillas u otros sostenes necesarios en las fincas rústicas o urbanas, como también la instalación de redes subterráneas cuando sea preciso, facilitando también la imposición de servidumbres y cuanto redunde en provecho del mejor y más rápido establecimiento de dichos servicios.

Pero insistimos en que el suministro a los particulares no tiene carácter de servicio público, aparte de las declaraciones hechas en ese sentido de no ser servicio público por el Consejo de Estado y los Tribunales, porque las respectivas concesiones otorgadas conforme al Reglamento de 7 de octubre de 1904, no tienen aquel carácter, ni disfrutan de auxilio pecuniario alguno, ni de exenciones de pago de impuestos ni arbitrios, y muy especialmente aquellas que sólo gravan la propiedad particular, no necesitan concesión administrativa, caso en el que están comprendidas muchas Empresas. Se confunde en este caso el servicio público con lo que en realidad es un servicio para el público. Examinése, por ejemplo, el caso tan frecuente de un pequeño salto o un molino que, no pudiendo vivir de la molienda, tenga instalado un generador para suministrar unas cuantas luces a los vecinos del pueblo; ¿puede decirse que esto en realidad sea un servicio público?

El art. 2.º se refiere a la obligatoriedad del suministro. En realidad, se hallaba ya establecida desde la Real orden de 14 de agosto de 1920; pero deben tenerse muy en cuenta los casos de hurto, defraudación y falta de pago, en los cuales, en cuanto pudiera comprobarse la certeza de los hechos, cesará la obligación de la Empresa de continuar suministrando el fluido.

Mas la obligación del suministro no debía tampoco establecerse para los casos en que se trate de personas que soliciten ser abonados de alguna Empresa, si sus informes son poco recomendables, como también en los casos frecuentes de que, habiéndose privado del suministro a algún defraudador o abonado por falta de pago, hurto, etc., se pretenda de nuevo el suministro a nombre de otra persona que habite con el abonado a quien hubo de privar del suministro o que dependa de él. En último caso, para admitir a un abonado sospechoso sería imprescindible exigirle fianza, por ejemplo, de la cantidad que se calculara suficiente para el pago de dos meses.

En cuanto a disponibilidad de medios técnicos que puedan obligar a efectuar el suministro a todo abonado que lo solicite, entendemos por medios técnicos al efecto: 1.º, disponer de bastante fluido para hacer el suministro solicitado sin perjudicar a los demás abonados y sin ampliación de los medios productores, y 2.º, disponer de una red o canalización que permita efectuar el suministro sin necesidad de ampliarla o modificarla.

De no existir esos medios técnicos, la Empresa podrá obligar al solicitante a satisfacer los gastos necesarios para poner la fábrica o red en condiciones de prestar el nuevo servicio que se exige.

El art. 4.º impone la obligación de enviar las tarifas a las respectivas verificaciones, considerándose como tarifas de aplicación las vigentes para cada Empresa o industrial en 15 de abril de 1924.