La Energía eléctrica (1925-08-10 00:00:00), página 21

partes esenciales de dichas resoluciones judiciales para entender, aplicar e interpretar el verdadero alcance, sentido y significación de tales decisiones;

Considerando que, con arreglo a lo preceptuado en el art. 456 del Reglamento para la ejecución de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, procederá el recurso de aclaración a que se refiere el art. 85 de la citada ley cuando en los autos o sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, o los provinciales o locales, ofrezcan “en su parte dispositiva ambigüedad u oscuridades”; pero en la sentencia cuya aclaración se pide no concurren esas circunstancias y requisitos, porque son claras, explícitas y bien concretas todas sus declaraciones.

No ha lugar a la aclaración solicitada por el procurador D. Eduardo Morales, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, en su escrito fecha 16 de los corrientes. Publíquese este auto en la “Gaceta de Madrid” e insértese en la “Colección Legislativa”.

Madrid, 18 de junio de 1925.—Antonio Marín de la Bárceña.—José Bellver—Ramón de las Cagigas.—José Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Manuel F. Golfín.—Mariano García.—El secretario de Sala, Emilio M. Jerez.

EL ESTATUTO PROVINCIAL

Excelentísimo señor subsecretario encargado del Ministerio de la Gobernación.

La Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, representante de la industria eléctrica española, con domicilio en esta corte, plaza de las Salesas, núm. 10, primero, y en su nombre D. Valentín Ruiz Senén, vocal de su Comité directivo, que suscribe por fallecimiento del presidente, y D. Enrique Ucelay Sanz, vocal-secretario, acuden a V. E. para llamar su ilustrada atención sobre los nuevos gravámenes que constantemente se hacen pesar sobre la misma, imposibilitando su normal desarrollo.

Justifican nuestra decisión de acudir a la autoridad de V. E.: la importancia preeminente que la industria eléctrica iba teniendo en España, pues los capitales invertidos en la misma superan ya a la suma de los de cualquier industria, ferrocarriles inclusive; el hecho de tratarse de una industria “básica”, de cuyo concurso necesitan todas las demás, porque ninguna otra puede prescindir de la utilización de la electricidad, en mayor o menor escala, y el estar llamada a ser base esencial de la independencia económica del país.

No se comprende que mediante estas circunstancias, bien conocidas por todos los elementos activos de la nación, se pratique constantemente la tendencia de gravarla cada día más, olvidando que, desgraciadamente, se trate de una industria que no consigue generalmente los beneficios necesarios para remunerar su capital acciones ni siquiera con el interés legal. Y se concibe menos aún esta política cuando el Poder público se esfuerza en desgravar y proteger otras industrias que durante la guerra obtuvieron cuantiosísimos beneficios, y que aun hoy, a pesar de las dificultades con que tropiezan, no han llegado a la situación de penuria que desde su creación atraviesan las principales Empresas hidroeléctricas de España, como lo atestiguan sus balances.

Creemos, pues, de interés general, y así lo suplicamos a V. E., que se acojan con cariño y se preste la mayor atención a las consideraciones que en el presente escrito vamos a exponer.

El Estatuto provincial, aprobado por Real decreto de 20 de marzo último, contiene ciertas disposiciones que, llevadas a la práctica, es de temer puedan originar graves perjuicios a la industria eléctrica, para evitar lo cual, y contando siempre, tanto con la alta competencia de los autores del Estatuto, que facilmente podrán hacerse cargo de lo que exponemos, como con su buena voluntad para atender las peticiones u observaciones que en forma debida se hagan por los ciudadanos y entidades interesadas en la aplicación de las disposiciones que contienen innovaciones