La Energía eléctrica (1924-07-10 00:00:00), página 14

impone en la cláusula 28 del contrato aludido, tiene o no el carácter y condición de un pacto administrativo. En este sentido no puede menos que tenerse que contestar negativamente; tiene carácter administrativo la primera parte de esta cláusula, en cuanto se refiere a determinaciones que afectan a ambas partes contratantes, pero no la segunda, porque ella no se refiere ya a la realización de un servicio público correspondiente a la Administración municipal, sin que el hecho y circunstancia de figurar en un contrato administrativo pueda determinar que al tratarse de cuestiones derivadas de éste, el procedimiento para dirimirlas haya de ser administrativo, porque dando las repetidas cláusulas lugar a tantos contratos civiles de la Compañía Lebón con cuantos sean sus abonados particulares, las cuestiones que se produzcan con motivo de aquél son de competencia en la jurisdicción ordinaria, según previene el art. 4.º de la ley sobre jurisdicción contenciosa; ocurre, además, que la tan repetida limitación de precio para los consumidores particulares, obedece, no al cumplimiento de un precepto legal sobre contratación de un servicio público, como tal declarado por la ley, sino a un muy laudable deseo y celo del Ayuntamiento, que lo impone para beneficiar al vecindario del término municipal, constituyendo, por tanto, estipulación en favor de un tercero, el cual, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.257 del Código civil, podrá exigir su cumplimiento en caso de infracción ante el Tribunal ordinario correspondiente.

Por otros motivos, el Ayuntamiento de Almería procedió incompetentemente al adoptar el acuerdo recurrido, no sólo porque se inmiscuía en asunto que compete a la jurisdicción ordinaria, sino porque estableció prohibiciones relativas a extremos que se rigen por los respectivos contratos particulares entre consumidores y suministrantes de fluido, incurriendo en el mismo error el gobernador civil al no reconocerlo así en su providencia.

En virtud, pues, de todo lo expuesto, el consejero que suscribe opina que procede revocar la providencia recurrida del gobernador de Almería, confirmatoria del acuerdo municipal de que se trata, por ser la jurisdicción ordinaria la única competente para conocer del particular que motivó ambos.»

Y de acuerdo con el voto particular formulado por el consejero D. Carlos María Cortezo al dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver como en dicho voto particular se propone.

Protección de industrias nuevas y desarrollo de las ya existentes

EXPOSICIÓN

Señor: La ley de 2 de marzo de 1917 respondió al designio de consolidar en el país las industrias creadas al amparo de las perturbaciones producidas por la guerra, así como al de tomentar el desarrollo de las de antiguo establecidas, y que no fueran suficientes para el servicio del consumo nacional o para el aprovechamiento de sus posibilidades de exportación.

Abiertas han estado las puertas de la ley para cuantos a ella han querido acogerse, hasta el 31 de diciembre de 1922. Vivos están no pocos casos que acreditan la eficacia de aquellos estímulos, pero tampoco es posible desconocer que no han alcanzado éstos todo lo que había derecho a esperar, especialmente en una nación que con el carbón, el hierro y otros minerales metalíferos, dispone, con las fuerzas hidroeléctricas a desarrollar, de cuantos elementos son necesarios para crear y vigorizar las industrias siderúrgicas, metalúrgicas y químicas, que nos independicen del extranjero; y sin tener éstas multiplicadas y robustas, sin que pretendamos llegar a la producción integral, puede asegurarse que no obtendremos el arraigo de las industrias intermedias ni fortaleceremos, por el aumento del consumo interior y de la expansión al exterior, las industrias de la alimentación y del vestir, tan esenciales como aquéllas en la economía de nuestro país.

La experiencia demuestra que no basta en muchos casos la protección arancelaria, y que ciertos problemas de baratura, que es necesario solucionar con presteza, se eternizan, creándose, por la fuerza de las circunstancias y los hábitos de perspicacia de los favorecidos y la ineducación de la iniciativa de los más, situaciones que alejan posibilidades de mejor y más rápido aprovechamiento de las riquezas naturales del país.

Este Gobierno, al proponer a Vuestra Majestad el restablecer los preceptos de la ley de 1917, introduciendo en ella reformas recomendadas por la experiencia de los seis años que estuvo en pleno vigor, así como algunas ampliaciones que cree de segura eficacia, declara que el Estado deberá tam-