La Energía eléctrica (1926-01-10 00:00:00), página 20

den, en virtud de lo cual es procedente y legal declarar la nulidad de esa resolución, interesada en la demanda, puesto que en otro caso se incurriría en el error de colocar las decisiones de la Administración sobre el Poder legislativo y sobre la ley del contrato, lo cual rechazan de consumo la justicia y la equidad."

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La campaña contra el mínimo de consumo o el canon data de antigua fecha. Dio lugar a ella inicialmente la redacción que se dio al art. 38 de las Instrucciones reglamentarias para la verificación de contadores, aprobadas por Real decreto de 25 de octubre de 1907.

Fueron tantas y tan bien fundadas las razones que se expusieron contra dicha redacción, que por Real decreto de 8 de mayo de 1908 ("Gaceta" de 9 de mayo) se modificó nuevamente dicho precepto, suprimiendo las palabras que habían dado lugar a que se considerase ilegítimo el mínimo mensual.

En la redacción vigente de dichas Instrucciones reglamentarias no se contiene frase ni indicación alguna que directa ni indirectamente pueda servir de base a la impugnación del mínimo de consumo o del canon, de lo que debe concluirse, con arreglo a la buena lógica, que dicha estipulación es perfectamente legítima. Así lo reconoció de una manera explícita el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de octubre de 1919, en la que, refiriéndose a las disposiciones reglamentarias que habían servido de base para la impugnación del mínimo de consumo, dice textualmente:

"Tales disposiciones reglamentarias; por el Rey decreto de 8 de mayo de 1908, fueron a su vez modificadas y sustituidas, reintegrándolas a su primitiva redacción, que ni de cerca ni de lejos establece límite alguno a la libre contratación del suministro de esta clase de fluido."

De manera que la legitimidad del mínimo y del canon no ofrece, en el estado actual, la menor duda. Se comprende que sea así, porque la cláusula del mínimo de consumo o del canon no puede ser más conforme a la equidad. Tanto si se trata de alumbrado como de fuerza motriz, es lógico que si la Compañía suministrante adquiere la obligación de suministrar en todo momento la potencia correspondiente a la instalación del abonado o la fijada en la póliza, exija la garantía de un determinado pago que le permita sufragar la parte de gastos generales y los intereses y amortización del coste de las centrales, líneas, transformadores e instalaciones especialmente afectos al servicio, ya que, supuesta su obligación de suministrar en todo momento y a comodidad del cliente la potencia contratada, la Empresa se halla en la necesidad ineludible de tener dispuestos con carácter permanente los medios de producción, transporte y transformación necesarios para la prestación del servicio.

La prohibición del mínimo o del canon carecería de toda justificación, ya que mataría la reciprocidad en los contratos de suministro, manteniendo íntegramente la obligación de las Empresas de suministrar en todo momento y dejando al libre albedrío de los abonados el consumir o no, con lo cual podrían llegar a hacer ineficaz el contrato. Lo natural y conforme a los más elementales principios de equidad es que a la obligación de suministrar que contraen las Empresas corresponda por parte de los clientes la obligación de efectuar un determinado consumo.

El mínimo de consumo no es, por otra parte, una novedad creada para el uso de las Empresas eléctricas. Aparte del caso de los billetes kilométricos, que constituyen un ejemplo típico del mínimo de consumo garantido, existen cláusulas análogas en los contratos de suministro de agua, en los abonos por trayectos y por plazos determinados que tienen establecidos, con general beneplácito y con la aprobación del Estado, las Empresas de ferrocarriles; en los abonos por series de representaciones teatrales, y en otros innumerables casos que podrían citarse, sin que a nadie se le ocurra discutir su carácter obligatorio y su perfecta legitimidad.

La prohibición del mínimo de consumo, además de injusta, sería perturbadora y, en definitiva, perjudicial para los intereses del consumidor, sobre todo tratándose de suministros de fuerza motriz. Las tarifas de las Compañías son desregresivas; es decir, que, el precio unitario no es fijo, sino que está en razón inversa de la importancia de la instalación; si el cliente puede gastar la energía eléctrica cuando y como le acomode—que a ello conduce la prohibición del mínimo—, tendrá siempre tendencia a contratar más fuerza o potencia de la que necesite, para beneficiarse de los precios más bajos de la tarifa, ya que, cualquiera que fuese la potencia contratada, no tendría que satisfacer más que los kilovatios-hora de consumo efectivo al precio menor que, mediante este tortuoso