La Energía eléctrica (1925-10-10 00:00:00), página 18

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
sobre aplicación del Real decreto de 14 de junio de 1921, en las concesiones de aprovechamientos para producción de energía eléctrica y otros fines industriales

En la villa y corte de Madrid a 14 de marzo de 1925; en el pleito pendiente ante esta Sala, entre partes, de la una, y como demandante, la Sociedad Electra del Viesgo, representada por el procurador D. Aquiles Ullrich y defendida por el letrado Sr. Cámara; de la otra, y como demandada, la Administración general del Estado, representada por el Ministerio fiscal, contra la Real orden dictada por el Ministerio de Fomento en 2 de noviembre de 1923, que desestimó instancia presentada por la Sociedad actora en el expediente para derivar 600 litros de agua por segundo del río Aller, en la que solicitaba la inaplicación de los Reales decretos de 14 de junio de 1921 y 10 de noviembre de 1922 a la concesión de que se trata:

Resultando que en instancia de 24 de mayo de 1919, dirigida al Gobierno civil de Oviedo, don Juan Rovira Salas, ingeniero-director de la Energía Electra de Asturias, y en nombre de la dicha Sociedad, solicitó autorización para derivar 600 litros de agua por segundo del río Aller, en la parroquia de Santa Cruz, del Concejo de Miéres, con destino a la condensación de un grupo turboalternador, publicándose en el "Boletín Oficial" de la provincia el correspondiente edicto, a los efectos del Real decreto de 5 de septiembre de 1918; que el peticionario presentó el proyecto que el citado Real decreto exige, solicitando también la declaración de utilidad pública, sin que en el plazo de treinta días por el que el anuncio se fijó se presentara ningún otro proyecto; que en la Memoria se dice que la derivación de los 600 litros de agua tiene por objeto la condensación del vapor en un turboalternador de 3.000 HP de potencia que la Sociedad peticionaria tiene instalado en la central térmica de Santa Cruz, Concejo de Miéres; que ha de hacerse la derivación sin presa alguna ni alteración sensible en el curso del río, siendo las aguas conducidas por un canal de 1,20 metros de ancho y 67,20 metros de longitud, a un pozo situado en la central, para ser aspirada por las bombas destinadas al efecto hasta el refrigerante; que, una vez utilizadas, a su salida del condensador, como el sobrante de las que circulen por el canal descrito, serán devueltas al río mediante un canal de la misma sección que el anterior y de 45,80 metros de longitud en sitio distante unos 90 metros aguas abajo del punto de toma;

Resultando que, pasado el término de los treinta días, el gobernador civil de la provincia, en 29 de julio de 1919, remitió el expediente y proyecto al ingeniero de Obras públicas, y devueltos que fueron de esta oficina, se ordenó la publicación del anuncio, que se expuso al público y se insertó en el "Boletín Oficial", expresándose en el mismo la solicitud formulada, remitiéndose por el gobernador un ejemplar del "Boletín" al ingeniero-jefe de la División hidráulica del Miño, contestándose por éste que la concesión solicitada no afectaba al plan de obras hidráulicas aprobado por Real decreto de 5 de abril de 1902;

Resultando que en 4 de noviembre de 1919 se pasó el expediente al ingeniero-jefe de Obras públicas para la confrontación ocular del proyecto, siendo devuelto de este Centro en abril de 1921 con dos informes, uno por el ingeniero encargado de la confrontación, y el otro, las líneas que el ingeniero-jefe suscribió haciendo suyo el dicho informe; que en el informe se dice por el ingeniero que cree procedente se otorgue el aprovechamiento solicitado con las nueve prescripciones que fija, y que se refieren a la ejecución de las obras con arreglo al proyecto que sirvió de base a la información, y que fué el que firmó el peticionario en 16 de julio de 1919, informe que el ingeniero-jefe hace suyo en todas sus partes;

Resultando que en 21 de abril de 1921 se remitió el expediente y el proyecto al presidente del Consejo provincial de Fomento para que en el término de diez días informara la Junta de Agricultura, Industria y Comercio y la de Sanidad si la obra podía afectar a la salud pública, y la Comisión provincial, declarándose después ultimado el expediente en 22 de octubre del citado año, en que el comisario regio, presidente del Consejo provincial de Fomento de Oviedo, remitió el informe del Consejo, mostrándose conforme con las informaciones técnicas emitidas, favorables a la concesión;

Resultando que en 14 de junio de 1921 se dictó el Real decreto que suspendió la aplicación de la