La Energía eléctrica (1926-08-25 00:00:00), página 13

sorcio, como, en cambio, una modificación pequeña en los precios para la estabilización en ellos y en el consumo permitiría estimular la sindicación, consolidar una utilidad remuneradora y conjurar todo conflicto sin perjuicio sensible del consumidor, lógico será proponer bases que, fundadas en estos extremos, resuelvan las dificultades actuales.

No es posible, por cuanto queda expuesto, hacer obligatorio de un modo absoluto el consumo de carbón nacional, por no haber perfeccionado las explotaciones y clasificaciones a fin de poder disponer de todas las calidades necesarias, y además por existir un exceso de consumo sobre la producción; mas si será justo que, aun con ciertas tolerancias justificadas, las industrias protegidas, que hoy son todas las españolas, den preferencia decidida al carbón del país y, además, aumenten sensiblemente las cantidades del consumo actual.

La solución que en este Real decreto se propone a V. M. es, pues, de estabilización en precios y en consumo, con el ligero posible aumento de éste.

No es lógico, sin embargo, hacer una concesión que asegure la marcha económica de las explotaciones hulleras sin compensaciones para los consumidores y garantías para el Estado del cumplimiento del orden establecido; y para lograr esta legítima aspiración los patronos mineros estarán obligados a clasificar los carbones con escrupulosa exactitud y a limitar su producción a las explotaciones actuales, sin intensificarlas, a menos que el aumento que debe procurarse del consumo lo justifique.

Con el fin de que pueda ser vigilado por el Estado el cumplimiento de estos requisitos será condición precisa que se sindiquen los patronos al cumplimiento de estos fines y que no se extiendan los beneficios de protección del Estado más que a los asociados, pues si los Sindicatos monopolizadores son antisociales y antieconómicos, los de cooperación a la obra de la Administración son de utilidad pública, de apoyo de la riqueza general y medio de intervención oficial, de contraste y de equilibrio económico, sin mas efecto que destruir las competencias estériles, que si por un momento parece facilitan economías al consumo, con las crisis financieras que forzosamente provocan terminan produciendo una perturbación social.

Esta disposición transitoria no hará más que suspender temporalmente la aplicación del carácter absoluto de la obligación del consumo nacional, sustituyéndola por el de tolerancia indicado; se restablecerá en toda su integridad, con las adiciones que de un convenio nuevo puedan deducirse.

Tales son, Señor, los términos de esta propuesta estabilización de consumo, precio mínimo fijo durante el período transitorio, y revisable siempre al año, si para entonces no se hubiera establecido el Consorcio, aumentos debidos sólo a mejoras de calidad y con un tipo máximo, clasificación de los carbones y sindicación obligada, con transitoria limitación de la producción; y con arreglo a estas bases está redactado el proyecto de Real decreto que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor el Presidente que suscribe de someter a la aprobación de V. M.

Madrid, 27 de febrero de 1926.—SEÑOR: A los R. P. de V. M.—Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Consumo.—Se considera obligatorio el uso del carbón nacional por las entidades e industrias protegidas con las tolerancias que en este artículo se expresan:

A) Los Compañías de ferrocarriles, sobre las cuales ejerce fuero el Estado, deberán consumir sólo carbón nacional, con la tolerancia del 15 por 100 las que formen grandes expresos y del 10 por 100 las restantes.

B) Las fábricas metalúrgicas que hoy consumen sólo carbón nacional, demostrando así que están preparadas para su consumo, seguirán empleando este carbón con carácter exclusivo.

Las otras partes metalúrgicas que importan hoy carbón extranjero por exigencias técnicas de su instalación, si consumen hoy más del 50 por 100, habrán de continuar empleándolo en la misma proporción, y si la proporción invertida en el último año ha sido menor de dicho 50 por 100, deberán aumentarlo hasta esa cuantía, a menos que, previo informe de la Comisión inspectora que se crea en esta Real decreto, se justifique la imposibilidad económica o técnica de hacerlo, definiendo en ese caso la tolerancia máxima admisible.