La Energía eléctrica (1925-12-10 00:00:00), página 6

En las condiciones referidas, o sea en presencia del art. 153 del Estatuto provincial y del 45 y 46 del reglamento de Vías y Obras, que tienen en su fondo vicio de nulidad—porque ningún reglamento puede oponerse a los preceptos de la ley para cuya aplicación se dicta, y los citados, al reducir la amplitud de aquél, lo restringen—, se han celebrado ya bastantes concursos para cubrir plazas de ingenieros de Diputaciones; y, sin duda, por huir de litigios, en dos de ellas (Madrid y León) se han eliminado del concurso a los ingenieros militares que intentaron a ellos presentarse. La reclamación de uno de éstos está tramitándose, y sobre ella es de esperar resuelva en su día el Gobierno, después de oír a los Ministerios de la Guerra y de Fomento; pero antes de que esto suceda la “Gaceta” ha publicado un nuevo reglamento para la aplicación del Estatuto provincial. Me refiero al de Funcionarios provinciales, y en él figura el artículo siguiente, cuya importancia para el asunto que motiva este artículo dejo al lector:

“Art. 50. Personal facultativo.—Los abogados, archiveros, arquitectos, capellanes, farmacéuticos, ingenieros, veterinarios y demás técnicos serán nombrados por concurso, en el que se exigirá el título que justifique la capacidad profesional, y buena conducta. Se consignarán también en la convocatoria la escala de méritos y servicios que determinen preferencia para el nombramiento.”

Quedan, por tanto, emparejados entre el art. 153 del Estatuto provincial, aprobado por decreto-ley de 20 de marzo de 1925, y el 50 del reglamento de Funcionarios provinciales, aprobado por Real decreto de la Presidencia de 2 de noviembre de 1925, los famosos artículos 44 y 45 del de Vías y Obras, que, por consecuencia, deben quedar sin efecto por lo que a trabas para el nombramiento de personal de ingenieros se refiere; siendo de notar que en el breve preámbulo del reglamento de Funcionarios se indica que con las normas a dicho reglamento llevadas se procura garantizar la más acertada selección del personal pagado por las Diputaciones provinciales. Estimo con esto agotada la primera parte del tema propuesto, o sea su examen desde el punto de vista legal, en el que no creo, sin embargo, se haya dicho oficialmente la última palabra.

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El segundo aspecto del asunto, o sea el que he llamado sentimental y de equidad, tiene realmente mayor importancia que el primero, ya que, en definitiva, poco puede significar el logro de cuatro o cinco plazas de ingenieros de Diputaciones para un Cuerpo cuyo personal de activo tiene íntegramente colocación en las plantillas del Estado. Pero es que los ingenieros militares vienen desde hace treinta años luchando perseverantemente por un noble y honroso ideal, del que luego hablaré, y no es cosa de perder sin motivo ninguno un palmo del terreno tan penosamente conquistado. Me perdonarán por ello mis lectores el que prolongue este artículo dedicando unas páginas a justificar mi opinión de que la exclusiva que se ha tratado de conseguir para los ingenieros de Caminos, y hasta para los ayudantes de Obras públicas, era improcedente por injustificada y perturbadora, ya que suscita discusiones y aviva antagonismos en unos momentos en que, ante la honda crisis general por la que atraviesa el país, lo más urgente y necesario es impulsar el trabajo, dar vida a las iniciativas de los técnicos y procurar la colaboración y compenetración entre todos los Cuerpos de ingenieros, en vez de fomentar la desunión y provocar las represalias.

Confesaré ante todo mi extrañeza por el hecho de que siendo el mismo el autor de los Estatutos municipal y provincial y el presidente de las Comisiones encargadas de redactar los numerosos reglamentos de aplicación de uno y otro, mientras al discutirse el reglamento de Obras y Servicios municipales (cuya ponencia me estuvo encomendada), la Presidencia impuso su criterio cerrado de no dar en él cabida a ninguna de las propuestas que a la Comisión llegaron para “obtener exclusivas” y conseguir modificaciones en la legislación vigente sobre incompatibilidades del personal técnico, honorarios por trabajos especiales, etc.,