La Energía eléctrica (1925-08-10 00:00:00), página 18

el suministro del fluido eléctrico en todo el término municipal por el lapso de tiempo de sesenta años, con los derechos y obligaciones recíprocas que se detallan y especifican en la escritura pública correspondiente, otorgada el 27 de julio de 1910, ambos contratantes se hallan obligados a cumplir con exactitud las estipulaciones concertadas, y, por su parte, la Administración tenía y tiene el deber inexcusable de respetar aquella relación jurídica y proteger los derechos por la misma creados; mas, en lugar de realizarlo así, dictó la Real orden combatida por el Ayuntamiento, en virtud de la que se aminoran, decrecen y aun extinguieren los derechos consignados en aquel vínculo contractual en favor de dicha Corporación municipal y de los particulares, alterándose en su esencia las obligaciones impuestas a la Cooperativa Electra Madrid, se desconoce la eficacia jurídica del repetido convenio y se niega real y verdaderamente su fuerza civil de obligar, por todo lo cual resulta evidente que ha cometido un exceso de atribuciones, y que además existe una infracción clara y notoria de la ley del contrato y de los preceptos consignados en los artículos 1.089, 1.091, 1.258 y 1.278 del Código civil, aplicables en todo caso como derecho supletorio por virtud de lo dispuesto en el art. 16 del mismo cuerpo legal;

Considerando que la irrevocabilidad e intangibilidad de los actos jurídicos bilaterales, a menos de existir el mutuo consentimiento de las partes para variarlos o modificarlos, fundada en el afi- rismo jurídico de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, ha sido reconocida y proclamada por la misma Administración en resolución dictada poco tiempo antes de la que origina este pleito, y así la Real orden de 31 de octubre de 1922, donde, al autorizar la elevación de tarifas por las Compañías eléctricas en la cuantía y condiciones que señala, dice literalmente que “esa autorización no afectará a los contratos y conciertos que las Empresas tengan celebrados con Corporaciones oficiales, entidades o particulares”, pero facultándolas para modificarlos en la forma dicha “si las partes convienen en ello”;

Considerando que la Administración carece de facultades para dispensar a las personas que celebraron un convenio de cumplir y observar la ley del contrato que libre y voluntariamente se impusieron y para eximirlas de que realicen aquellas prestaciones en el mismo estipuladas, invocando para ejecutarlo el título de supuestas compensaciones por los gastos ocasionados en virtud de aquella relación jurídica, porque ello equivale a dejar la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes, siempre que sus deseos sean secundados por una autorización previa de la Administración, lo cual constituye una infracción clara y manifiesta del artículo 1.256 del Código civil, y que esto es lo que realiza y ejecuta la Real orden combatida por el Ayuntamiento de Madrid: dispensa y exime a la Cooperativa Electra de esta corte de cumplir la prestación estipulada en la cláusula 4.ª de la escritura de 27 de julio de 1910 y ratificada en la estipulación 3.ª de la de fusión de Sociedades eléctricas de 28 de marzo de 1913, por las cuales se establecía que se obligaban a mantener los precios máximos del fluido eléctrico consumido consignados en el concierto económico celebrado con el Ayuntamiento de Madrid y señalados en aquel documento público, puesto que al conceder los mínimos de consumo pedidos por aquella Sociedad necesariamente resultará la elevación de los precios del fluido eléctrico, ya que para lo sucesivo aquella Corporación y los particulares tendrán que pagar, además del fluido consumido a los precios máximos de 0,50 y 0,60 céntimos de peseta, respectivamente, por kilovatio y hora, que era lo convenido, el fluido que no consumieron en la cuantía correspondiente por dichos mínimos de consumo;

Considerando que tampoco la Administración tiene atribuciones para sustituir las prestaciones establecidas en un contrato sobre el suministro de fluido eléctrico a un Ayuntamiento y a los habitantes de un Municipio por otras distintas que ella estime procedente, a pesar de lo cual en la Real orden del Ministerio de Trabajo recurrida se sustituye la prestación convenida con la Sociedad Electra Madrid, de pagar al Ayuntamiento de esta corte el alquiler mensual del contador, por la de pagar los mínimos de consumo señalados en aquella resolución para los casos que ella especifica y determina; pero es, sin duda, que la Administración olvida al ejecutarlo que esto constituye una verdadera novación objetiva de las obligaciones consignadas en el referido contrato, comprendida en el art. 1.203, núm. 3.º, del Código civil, la cual novación, para ser válida, eficaz y legal, requiere o exige el consentimiento claro y explícito de todos los contratantes, según se in-