La Energía eléctrica (1925-12-10 00:00:00), página 7

acordando llevar dichas propuestas para su examen a la ponencia del reglamento de Funcionarios municipales, se haya en cambio aceptado el intercalar en el reglamento de un servicio como es el de Vías y Obras provinciales una exclusiva en el nombramiento de ingenieros, como si éstos constituyeran un grupo privilegiado e independiente de los restantes funcionarios facultativos de las Diputaciones.

Conociendo al Sr. Calvo Sotelo, persona de indudable valía y extensa cultura, que defiende tenazmente, por convicción profunda en su bondad, el espíritu autonómico que inspira su obra legislativa (los Estatutos municipal y provincial), y que, con razón, ha sentido horror profundo a entrometerse en el temible pleito de las competencias profesionales, no puedo aún explicarme qué causas han podido obligarle a permitir que tan fuera de lugar como es el reglamento aludido figurase un precepto posible motivo de discordia y en cuya permanencia, me consta, no ha puesto el menor empeño. Por tratarse en dicho reglamento de Vías y Obras de la transferencia de un servicio del Estado a las Diputaciones, ha sido forzoso fuera revisado por Fomento; los demás no han recorrido más camino que de Gobernación a la Presidencia, y ya he indicado que en el de Funcionarios provinciales se ha deshecho el equivoco, reviviendo en toda su pureza esa libertad de las Diputaciones, como de los Ayuntamientos, para designar sus funcionarios en concurso de méritos entre los que reúnan la aptitud legal u oficial.

Es posible que se trate de justificar la exclusiva a que me estoy refiriendo, aduciendo que los ingenieros de las Diputaciones, desde el momento que van a estar encargados del servicio de caminos vecinales que subvenciona el Estado, no pueden considerarse como de entidad particular, sino que deben continuar siendo como del Estado, o, por lo menos, como prolongación para el Cuerpo de Caminos del servicio que aquél les confiera cuando directamente los proyectaba y construía; considerando así la transferencia del servicio como una nueva modalidad del mismo. Tal alegación no tiene fuerza ni valor alguno, ni puede justificar, por tanto, la pretensión del Cuerpo aludido, que no se ha contentado, por otra parte, con el referido servicio de caminos vecinales, sino que ha querido abarcar la totalidad de los que puedan estar a cargo de los ingenieros de las Diputaciones y que se mencionan en el art. 107 del Estatuto provincial. Y afirmo que no tiene fuerza, porque cuando el Estado ha transferido el servicio de caminos vecinales a las Diputaciones, es porque ha creído que éstas tienen elementos propios para desempeñarlo con igual o mayor eficacia, y porque el hecho de subvencionar un servicio o unas obras el Estado nunca ha determinado el que el personal que la ejecutase fuera precisamente como del propio Estado, conformándose éste con ejercer la inspección técnica, y cuando más, administrativa, del servicio o de la obra. Las principales líneas de ferrocarriles de España han sido subvencionadas en su construcción por el Estado, habiendo éste tenido a su cargo la inspección y corriendo su proyecto y construcción a cargo de las Empresas; las industrias de construcción naval, hullera, etc., reciben subvención, y el Estado no interviene en ellas más que para inspeccionar si está justificado el abono de las primas; el Estado subvenciona la construcción de casas baratas (aisladas o en barriadas) y grupos escolares, y los Ministerios del Trabajo e Instrucción pública, a que están afectos estos servicios, se limitan a inspeccionarlos, sin que sus técnicos intenten intervenir en la construcción. Encomendada, por tanto, a las Jefaturas de Obras públicas la inspección técnica de los caminos vecinales que construyen las Diputaciones y hasta la fiscalización de la inversión que se dé a los auxilios oficiales, lo demás corre a cargo de los mencionados organismos.

Pero no es eso sólo, sino que la misma ejecución de las obras públicas o de las militares que el Estado costea se realiza casi siempre por contrata, sin que a ésta se le exija, por lo general, que tenga a su frente un técnico con título determinado, y hasta se llega en ocasiones, como ocurrió en los concursos para construir la cubierta hundida del tercer Depósito de aguas de Madrid y los sifones del Sosa y Rivabona en el canal de Aragón y Cataluña, a dejar a cargo de los concursantes la redacción del proyecto de la obra, limitándose la ad-