La Energía eléctrica (1924-10-25 00:00:00), página 16

Resultando que contra esta sentencia interpuso apelación el procurador de la parte del demandante, y admitido el recurso en ambos efectos, hechos los emplazamientos oportunos y elevados los autos a este Tribunal, compareció a sostener la apelación el procurador D. Antonio Górriz Márquez, en nombre y con poder de la Sociedad apelante, sustanciándose el recurso por todos sus trámites con intervención del Ministerio fiscal;

Resultando que la sentencia apelada cita como vistos el art. 11 de la ley de 22 de julio de 1894 y el art. 39 de la Instrucción de 24 de enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y municipales, y se basa en los fundamentos siguientes:

1.º Este Tribunal es competente, conforme a lo dispuesto en el art. 11 de la ley de lo Contencioso de 22 de junio de 1894, para conocer de la precedente demanda, interpuesta por la Sociedad anónima para el alumbrado de las ciudades de Biarritz y Zaragoza, contra la resolución gubernativa de 6 de diciembre de 1921, confirmatoria del acuerdo municipal de 28 de julio de 1920, denegatoria del pago de intereses de demora reclamados por la parte demandante, por falta de pago de suministro de gas para el alumbrado, estando de acuerdo las partes en lo que a dicha competencia se refiere.

2.º No son de aplicación en este juicio las disposiciones de los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código civil, que, en general, se refieren a la indemnización de daños y perjuicios a que están sujetos los que en cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad; por tratarse en este juicio de un contrato relativo al servicio público del alumbrado por gas en Zaragoza, al que, por consiguiente, no son aplicables las leyes de carácter meramente civil, sino las administrativas, según doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 1915.

3.º El Ayuntamiento de Zaragoza no viene obligado a pagar a la Sociedad demandante la cantidad de 127.256,54 pesetas que la reclama por intereses de demora de la cantidad que la Corporación municipal adeudaba a dicha Sociedad desde 1 de enero de 1909 a 31 de diciembre de 1919 por suministro de gas y otros productos, pues no se justifica que el pago de intereses se pactase expresamente en el contrato celebrado por el Ayuntamiento con la indicada Sociedad, requisito necesario para el abono de intereses de demora, según la citada sentencia de 26 de abril de 1915 y la de 24 de febrero de 1917, entre otras, dictada, precisamente, la última en otro pleito sostenido por la Compañía del Gas con el Ayuntamiento de Zaragoza.

4.º El contrato para suministro y servicio del alumbrado por gas en Zaragoza hubo de celebrarse en el año 1864, siendo la legislación aplicable al Real decreto de 27 de febrero de 1852 y la Instrucción de 18 de marzo del mismo año, pues así se determina en la base 29 del pliego de condiciones que obra en el expediente administrativo, y en ninguna de las dos citadas disposiciones legales se consigna la obligación del abono de intereses de demora por cantidades que adeude la Administración.

5.º El art. 39 de la Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales de 24 de enero de 1905 preceptúa que se se abonen al rematante, o por éste, intereses a razón de 5 por 100 anual por demora en los pagos, siempre que éstos se retrasen más de dos meses; pero esta disposición no es aplicable al presente pleito, porque las leyes no tienen efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, y aquí se trata de la incidencia de un contrato celebrado el año 1864 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la expresada Compañía:

Visto el art. 474 del Reglamento;
Aceptado las citas legales de la sentencia apelada;
Vistos, además, el art. 132 de la ley Municipal;
Visto el art. 474 del Reglamento de 22 de junio de 1894;
Aceptando, en lo sustancial, los considerandos de la sentencia apelada;
Considerando que, con arreglo al art. 132 de la ley de 2 de octubre de 1877, son aplicables a la Hacienda municipal los preceptos de la ley de Contabilidad, y que la jurisprudencia tiene establecido que en lo que no se opongan las disposiciones especiales, sean aplicables a los Ayuntamientos las que regulan las obligaciones y derechos del Estado, en materia de contratación;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 474 del Reglamento de 22 de junio de 1894, procede imponer al apelante las costas de la segunda instancia en las sentencias confirmatorias de las de la primera,
Fijamos que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza en 7 de julio de 1923, con expresa condena de las costas de esta instancia a la parte apelante.