La Energía eléctrica (1925-01-25 00:00:00), página 14

El presupuesto total asciende a 493 millones de pesetas, y el costo por caballo de estiaje oscila, incluyendo maquinaria, entre 2.491 y 546 pesetas, cifras que, si se toma como base de comparación la potencia invernal, se reducen a 1.202 y 292, respectivamente.

Los saltos del Carrío son cinco, de ellas, dos ya construidos, y en construcción los demás. Sus canales miden 52,26 kilómetros de longitud, con caudal creciente desde 4 hasta 17 metros cúbicos por segundo, utilizando una caída total de 451 metros. Los orígenes de estos canales se encuentran en la confluencia del Carrío con el Aruz, en Camporredondo, en Velilla, en Guardo.

Lo favorable de la situación de estos saltos se comprende por la consideración de que dentro de un radio de 180 kilómetros se encuentran las siguientes importantes poblaciones: Gijón, Oviedo, La Robla, León, Palencia, Valladolid, Venta de Baños, Burgos, Bilbao y Santander.

Del régimen del río dan idea los siguientes datos:

    AÑOS
    VOLUMEN TOTAL
    CAUDALES
    MEDIO

    Maximo
    Minimo

    1918
    285,24
    97,256
    0,913

    9,045

    1919
    346,73
    151,107
    0,888

    10,678

    1920
    271,17
    68,000
    1,127

    8,017

A excepción del primero, todos los saltos se aprovechan de la regularización producida en el régimen por el pantano del Príncipe Alfonso, cuya presa, de 65 metros de altura, permite un embalse de 66 millones de metros cúbicos.

SECCIÓN A

41.—La energía hidráulica en España, por D. Pedro M. González Quijano, ingeniero de Caminos

La utilización de la energía de nuestros ríos data seguramente en España de época bastante remota, como ya desde el siglo VII lo demuestran preceptos y referencias de nuestras antiguas leyes. Reducíanse por lo general aquellos aprovechamientos a molinos, batanes y mecanismos análogos, bastante numerosos en algunos ríos, como el Tajo, donde constituyeron una de las principales dificultades para llevar a cabo los proyectos de navegación que por orden de Felipe II empezó a ejecutar Antonelli. A veces pusieronse en práctica también más ingeniosas combinaciones, como el célebre artificio de Juanelo, destinado a elevar hasta el Alcázar de Toledo las aguas del Tajo.

Todos estos aprovechamientos eran, sin embargo, de carácter privado, y se regían por las reglas del Derecho común, sin intervención sistemática de la Administración pública, que hasta bien entrado el siglo XIX no empezó a dictar reglas y disposiciones de carácter general, dirigidas a armonizar los distintos intereses relacionados con el régimen de las aguas, procurando así alcanzar objetivos ya iniciados por la Instrucción de Intendentes corregidores de 1749.

La intervención administrativa empieza a regularse de una manera efectiva por la Real orden de 14 de marzo de 1846, que establece ya la necesidad de una concesión para utilizar el agua de las corrientes naturales, principio que se afirma y desarrolla en disposiciones posteriores, que fueron recogidas y sistematizadas en la ley de Aguas de 5 de agosto de 1866, primer Código que abarca materia de tan vital interés.

En aquella época no habían alcanzado, sin embargo, los aprovechamientos industriales la importancia que adquirieron ulteriormente, y por eso la atención del legislador se fijaba más especialmente en preferentes aplicaciones del agua, y sobre todo en el riego, que desde tiempo inmemorial se había desarrollado en España, constituyendo en este punto sus preceptos cuerpo de doctrina, no superado por las legislaciones contemporáneas.

En cuanto a la utilización de la energía, la ley trataba sólo de evitar que pudieran perjudicarse con ella más cuantiosos intereses, y una vez conseguido esto, era extraordinariamente liberal con el concesionario, al que se cedia a perpetuidad el uso del agua, sin imponerle en cambio canon ni obligación especial de ninguna clase, salvo las generales que pudieran derivar de los reglamentos de Policía.

Suspendidos parcialmente en 1868 los preceptos de la ley del 66, fueron íntegramente renovados en su espíritu, y casi en su letra, por la de 13 de julio de 1870, al amparo de la cual se ha desarrollado la mayor parte de los aprovechamientos modernos, beneficiados por esa liberalidad, quizá excesiva, aunque haya sido fecunda, y que, en el fondo, arranca de una explicable imprevisión legislativa.

Quedaron así los saltos de agua por completo entregados a la iniciativa particular, hasta cuando se trató ya de las grandes empresas a que han dado lugar los posteriores progresos de la indus-