La Energía eléctrica (1925-08-10 00:00:00), página 19

fiere del art. 1.204 del mismo cuerpo legal, el asentimiento, que no concurre ni existe en el caso de autos, y que nunca puede ser sustituido por la autorización otorgada por la Administración;

Considerando que los dos únicos motivos alegados en la Real orden combatida por el actor, para justificar a título de compensación las disposiciones que contiene, carecen de fundamento sólido y de eficacia jurídica el primero, basado en la obligación contraída por la Cooperativa Electra Madrid de proporcionar, conservar y reponer los contadores, porque estos servicios se hallan remunerados con la prestación recíproca de pagar mensualmente el alquiler de los contadores, impuesta al Ayuntamiento y a los particulares, y el segundo, referente a los gastos fijos que especifica el informe adicional de la Inspección industrial, porque dichos gastos no son imprevistos ni originados por un caso fortuito, sino bien conocidos y muy previstos al celebrarse el contrato expresado; tanto es así, que se menciona expresamente en el art. 2.º de la escritura donde consta el convenio y en la base 5.ª de las aprobadas por la Corporación municipal de Madrid para la celebración del susodicho concierto, en la cual se dice que en los máximos de precio convenidos para el fluido eléctrico consumido se entenderían comprendidos todos los costes de fluido y de conducción hasta su entrega al consumo en el domicilio del asociado, y si entonces la Cooperativa citada creyó suficientemente retribuidos aquéllos con las prestaciones recíprocas impuestas a los otros interesados, no puede ahora exigirse una prestación más, tan gravosa como los mínimos de consumo, ni pretender se la autorice para cobrarlos por la Administración, sin ir contra sus propios actos y sin infringir, además, el principio general de derecho que dice: "Pacta sunt servanda", principio que también desconoce e infringe la repetida Real orden por la cual se conceden aquellos mínimos de consumo, alterando y conciliando legítimos derechos y obligaciones preexistentes, garantizados y amparados por la ley del contrato y por las disposiciones del derecho sustantivo, máxime cuando es una regla de derecho y de moral, repetidamente sancionada en lo civil, que "nadie puede ser privado de sus derechos sin ser oído y vencido en juicio";

Considerando que, por lo consignado anteriormente, se evidencia y demuestra el abuso de poder y el exceso de atribuciones con que ha obrado la Administración al dictar la mencionada Real orden, en virtud de lo cual es procedente y legal declarar la nulidad de esa resolución interesada en la demanda, puesto que, en otro caso, se incurriría en el error de colocar las decisiones de la Administración sobre el Poder legislativo y sobre la ley del contrato, lo cual rechazan de consuno la justicia y la equidad.

Fallamos que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada como perentoria por el fiscal, debemos declarar y declaramos la nulidad de la Real orden de 17 de noviembre de 1923 del Ministerio de Trabajo, por haber sido dictada con abuso de poder, en cuanto se opone al concierto económico celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cooperativa Electra de esta corte en 27 de julio de 1910, y, en su consecuencia, que carece de toda eficacia legal la autorización concedida con esa resolución a la Compañía referida para cobrar del Ayuntamiento y de los particulares los mínimos de consumo en aquélla señalados, y que tanto éstos como aquella Corporación solamente deben pagar el fluido eléctrico consumido, según lo estipulado en el supradicho contrato, y cumplir las demás estipulaciones consignadas en el repetido convenio.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la "Gaceta de Madrid" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—José Bellver.—Ramón de las Cagigas.—José Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Manuel F. Golfiín.—Mariano García.

AUTO

Resultando que por el procurador D. Eduardo Morales, al serle notificada sentencia dictada por esta Sala con fecha 16 de mayo último en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mismo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, contra la Real orden del Ministerio de Trabajo de 17 de noviembre de 1923, por la que se autorizaba a las Empresas de suministro de energía eléctrica de esta corte para cobrar en los contratos a base de contadores los mínimos de consumo que en la citada disposición se determinan, se formuló escrito, fecha 16 de