La Energía eléctrica (1925-06-25 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE LAS SALESAS, 10, 1.º A

Año VII        Madrid, 25 de Junio de 1925        Núm. 12

EL ESTATUTO PROVINCIAL

EXACCIONES PROVINCIALES (CONTINUACIÓN)

Excmo. Sr.: La Catalana de Gas y Electricidad (S. A.), domiciliada en Barcelona, plaza de Santa Ana, núm. 16, y en su nombre el subdirector, D. Ricardo Margarit, ingeniero, provisto de cédula personal de primera clase, núm. 661, expedida el 5 de abril de 1924, a V. E. atentamente expone:

Que la Excm. Diputación provincial de Huesca ha aprobado, y sometido a información pública (según anuncio inserto en el “Boletín Oficial” de aquella provincia, correspondiente al día 1.º del actual), la Ordenanza para exacción de cuotas por el arbitrio sobre la energía eléctrica desarrollada en la provincia mediante aprovechamientos hidráulicos, señalando el plazo de quince días para reclamar ante V. E., como tiene el honor de verificarlo esta Compañía.

Ante todo, damos por reproducido íntegramente el recurso que hemos dirigido a ese Ministerio, con fecha 11 del actual, oponiéndonos al acuerdo que resolvió la imposición del mencionado arbitrio y pidiendo su revocación, por entender que adolece de vicios de nulidad.

Y aunque con ello podríamos alegar que estamos exentos de impugnar la Ordenanza, puesto que siendo nula la imposición del arbitrio cae por su base el Reglamento para su aplicación, ello no obstante, nos oponemos también a que prospere la repetida Ordenanza por las razones siguientes:

Dice el art. 217 del nuevo Estatuto provincial que cada exacción será objeto de una Ordenanza que habrá de ajustarse a lo dispuesto en los artículos 321 al 326 del Estatuto municipal, determinando el art. 321 que en las Ordenanzas constará, entre otros extremos:

a) Las condiciones en que nace la obligación de contribuir.—Decíamos en el mencionado recurso de alzada, y repetimos aquí, que no estando aun aclarado y reglamentado lo que se entiende por “riqueza radicante en la provincia” (art. 222, apartado B), no era posible aplicar principio tan amplio, en el sentido literal de sus palabras, debiendo, por lo tanto, entenderse que las imposiciones o percepciones que autoriza dicho artículo son, sin duda alguna, y en relación con el precepto terminante del segundo párrafo del apartado B) del art. 220 del propio Estatuto provincial, las referentes a la “riqueza radicante” en la provincia y que “afecte” de un modo exclusivo a terrenos, servicios, obras o explotaciones de “carácter provincial”, ya que lo contrario estaría en pugna con los principios básicos de las leyes y de los Estatutos municipal y provincial, y representaría la absorción de la riqueza del Estado por la provincia, lo cual pugna con la propia Constitución que en su art. 84 lo prohibe de un modo terminante. Y claro es que tratándose de imponer un arbitrio sobre la energía eléctrica proveniente de aprovechamientos hidráulicos, y siendo éstos en su origen “riqueza del Estado” que ha cedido en concesión y mientras se cumplan las condiciones de su otorgamiento, es obvio, mientras los Reglamentos no digan lo contrario, que “no ha nacido la obligación de contribuir”, y por lo tanto no es aprobable la Ordenanza.

b) Las exacciones legalmente acordadas.—Entendemos que el arbitrio en cuestión no ha podido acordarse, en cuanto a su creación e imposición, sin que antes se redactasen y publicasen los Reglamentos e Instrucciones “precisos” para la aplicación del Estatuto provincial conforme éste manda hacer “a priori” en su disposición final, como asimismo sin la “previa” autorización que es necesaria para ello y que ha de dar ese Ministerio de la Gobernación, oyendo al de Hacienda, “no estando, por lo tanto, legalmente acordada” la exención que trata de regular la Ordenanza.

c) Las bases de percepción.—Como consecuencia de las negociaciones que consignamos en los párrafos anteriores, no podemos admitir la base de percepción que se figura en la Ordenanza.

d) Los tipos de gravamen e importe de las cuotas.—Afirmábamos en nuestra alzada, y reiteramos ahora, que el tipo de gravamen no podía quedar al arbitrio de las Diputaciones, sino que debía ser reglamentado, cual ha ocurrido con el Estatuto municipal, cuyos Reglamentos han coordinado