La Energía eléctrica (1925-12-10 00:00:00), página 3

ultimado tan sólo con la anterior observación, pudiendo así limitarme a puntualizar cuanto se relaciona con el nombramiento de los ingenieros de las Diputaciones provinciales.

Para la "Revista de Obras Públicas" el caso es muy sencillo; nada tiene que ver la libertad con que el art. 153 (aunque no dice de dónde, supongo será del Estatuto provincial) deja a aquellas Corporaciones (las Diputaciones) para nombrar sus funcionarios técnicos con las competencias legales de ese personal, que son las que definen los artículos 44 y 45 del reglamento de Vías y Obras provinciales, de acuerdo con la ley general de Obras públicas, que no ha sido expresamente derogada por el Estatuto. Esta interpretación que la revista referida hace de la legislación vigente sobre los nombramientos de que se trata es, a mi juicio, excesivamente acomodaticia y muy distinta de la que al caso corresponde. Voy a demostrar tales afirmaciones examinando el asunto, no sólo desde el punto de vista legal, sino del que pudiéramos llamar sentimental, de ética profesional, de equidad, adelantando que con mis argumentos no trato de molestar a nadie, ya que para mí son igualmente respetables todas las profesiones, sea cualquiera el cometido que les esté asignado.

Es, en efecto cierto, que la ley general de Obras públicas del 1877 establece en su art. 40 que los proyectos, la dirección y vigilancia de las obras que se ejecuten con fondos provinciales se llevarán a cabo por ingenieros de Caminos o ayudantes de Obras públicas, exceptuándose las construcciones civiles de carácter provincial, que se encomendarán a arquitectos, "y los caminos vecinales costeados por las Diputaciones, que podrán continuar a cargo de los directores de los mismos"; y que en su art. 66 el reglamento de julio de 1877 para la aplicación de aquélla, expresa que el nombramiento del personal facultativo que haya de encargarse de las obras provinciales recaerá precisamente en individuos que sean ingenieros del Cuerpo de Caminos, o, por lo menos, de ayudantes de Obras públicas; pero no es menos verdad que toda la legislación relativa a atribuciones de los ingenieros militares para el ejercicio de su profesión fuera de los servicios del Estado arranca de la ley de agosto de 1893, y que por repetidas disposiciones oficiales, y especialmente por la Real orden de Gobernación de 3 de mayo de 1902, dictada de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, y la Real orden de la Presidencia del Consejo de 27 de abril de 1922, se halla "establecida legalmente la asimilación de los ingenieros militares a los civiles de Caminos, Canales y Puertos para obras y trabajos particulares"; siendo de notar que en el dictamen antes referido el Consejo de Estado expuso su criterio, "no vacilando en afirmar que no es motivo el que disposiciones anteriores a las leyes que concedieron los derechos que hemos mencionado a los ingenieros militares no hayan comprendido a éstos, para que, apoyándose en tales antiguos preceptos, se les niegue lo que posteriormente se les concedió, puesto que claro está que aquellos anteriores se hallan derogados y modificados por las leyes de Presupuestos de 1893 y 1895 y Reales decretos de 1894 y 1895".

El que la anterior interpretación legal es la oficialmente adoptada, lo patentiza el que a partir de la fecha indicada de 1893 siempre ha habido algún ingeniero militar en las Diputaciones (tres o cuatro generalmente), y aun hoy existen en dicho cargo en la actualidad dos ingenieros que proceden del Cuerpo indicado; siendo indudable que, de haber continuado en todo su vigor los preceptos copiados de la ley de Obras públicas y de su reglamento, las Diputaciones se habrían, sin excepción, abstenido de admitir para ingenieros suyos a quienes no pertenecieran al Cuerpo de Caminos. Pero aun hay más: los reglamentos para la aplicación de las leyes de Expropiación forzosa de 1879 y de Saneamiento de poblaciones de 1895 también precisaban a qué Cuerpo deberán pertenecer los facultativos que actúen como peritos en los expedientes de dichas expropiaciones, y posteriormente, por otras disposiciones ministeriales, se ha ido extendiendo el derecho a poder actuar como peritos a los ingenieros de Minas, a los agrónomos, a los de Montes y a los militares provistos de su título correspondiente para el ejercicio de la profesión en la esfera particular. Es, en resumen, incuestionable que hasta la fecha del 20 de marzo de 1925, en que se aprueba el