La Energía eléctrica (1924-07-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año VI        Madrid, 10 de Julio de 1924        Núm. 13

CONTRATACIÓN

Real orden del Ministerio de la Gobernación, de 14 de abril de 1919, reconociendo que los derechos y obligaciones derivados de cláusulas contenidas en los contratos administrativos, fijando precios para los particulares, tienen carácter civil.

(CONCLUSIÓN)

Considerando que lo que la Compañía solicitó del Ayuntamiento fué una novación de contrato cambiando los precios que afectaban, no a uno o varios particulares, sino al vecindario en todo su conjunto, del que es representante la Corporación municipal, como lo fué al restablecer la tarifa a que la citada cláusula 28 se refiere, y que sólo las partes interesadas pueden novar los contratos que celebran;

Considerando que si de un contrato administrativo pueden derivar multiplicidad de contratos de carácter civil, la derivación se establece teniendo como base la realidad que determine y precise el contrato administrativo mientras no se altere, modifique o cambie su existencia, pudiendo ser competente la jurisdicción ordinaria para determinar los derechos y deberes de las partes contratantes estipulados con relación y a partir de la norma fijada por el contrato administrativo, pero no cuando esa norma es alterada por la misma Administración, ya por novación de lo antes convenido, ya porque regule de otro modo el servicio u orden de intereses de que se trate; y aquí lo que se discute es la posibilidad de existencia de una norma, del núcleo legal que sirvió de punto de partida a los particulares para contratar con la Compañía; y evidente es que si el Ayuntamiento tuvo competencia para celebrar ese contrato, para determinar ese núcleo alrededor del cual han nacido multitud de contratos civiles, la tiene también para novarlo, modificarlo o no con arreglo a las leyes, es decir, según convenga a sus intereses y a los del vecindario a quien representa.

La Comisión permanente del Consejo de Estado opina, por mayoría, que procede desestimar los recursos de alzada interpuestos contra la providencia del gobernador de Almería, confirmatoria del acuerdo reclamado del Ayuntamiento que adoptó éste, dentro del círculo de su competencia, pudiendo esta Corporación, si lo estima opportuno, practicar la información necesaria para determinar si conviene a los intereses que representa novar los contratos citados, a fin de impedir suspensión o interrupción del servicio de alumbrado y conflictos de orden público.

Voto particular del excelentísimo señor consejero permanente D. Carlos María Cortezo. El consejero que suscribe, lamentando disentir del parecer de la mayoría de la Comisión permanente, formula el siguiente voto particular:

«Aceptando la relación de hechos del dictamen de la mayoría, no ha de hacer el que suscribe pronunciamientos favorables a si habrá motivos para aplicar a las tarifas que la cláusula 28 del contrato celebrado entre la Sociedad Lebón y el Ayuntamiento de Almería estableció en beneficio de los particulares las autorizaciones que para revisión de aquéllos estatuyeron los Reales decretos de 15 de Julio de 1916 y 18 de abril de 1917, siquiera razones de analogía y equidad pudieran tal vez aconsejarlo.

Pero aparte de que aquello sería dar una interpretación demasiado extensiva a preceptos que se dictaron sólo para alumbrado público el primero y el segundo para las contratas de obras, la cuestión planteadas en este expediente debe circunscribirse a determinar la competencia o incompetencia del Ayuntamiento para tomar el acuerdo que se recurre, sin prejuzgar efectos dependientes de la una y de la otra. El interés primordial consiste en determinar si la autorización que la Compañía Lebón se