La Energía eléctrica (1926-03-10 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, 13

Año VIII Madrid, 10 de marzo de 1926 Núm. 5

Licencia para apertura de calas.—Contribución industrial

El conocido y competente abogado del Colegio de Madrid D. Carlos García Alonso, director-gerente de las centrales de Castellana y Buenavista, nos remite copia del acuerdo del Tribunal económicoadministrativo de la provincia de Madrid, recaído en un expediente promovido por reclamación de la Empresa citada contra determinadas exigencias del Ayuntamiento con motivo de la licencia solicitada para la apertura de un cala en una calle de Madrid, que, por ser de interés para otras Sociedades e industriales que se encuentren en el mismo caso, creemos es de utilidad darla a conocer, a cuyo efecto hemos obtenido la autorización del Sr. García Alonso.

Igualmente nos ha comunicado los escritos dirigidos a la Comisión designada para el estudio y revisión de las tarifas de la contribución industrial, que, por ser también de interés para los asociados que se encuentren sujetos a dicha contribución, procedemos, de la misma manera, a publicarlo.

Nada necesitamos decir de la competencia del Sr. García Alonso como abogado (y principalmente en esta materia) y como gerente de una Empresa de consideración como la mencionada, pues de todos es conocida su personalidad en los dos conceptos expresados.

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TRIBUNAL ECONOMICOADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE MADRID

En Madrid, a 12 de enero de 1926, reunido el Tribunal económicoadministrativo de esta provincia, y

Vista la reclamación entablada por D. Carlos García Alonso, director-gerente de las centrales de electricidad de la Castellana y Buenavista, con domicilio en esta corte, paseo de Recoletos, número 17, contra la exacción realizada por el Ayuntamiento en concepto de arbitrio sobre licencia de calas con objeto de reparar un cable en la calle de Claudio Coello, núm. 126;

Resultando que al solicitar la entidad reclamante licencia para apertura de una cala en el lugar antes citado, de 3 metros de longitud por 0,50 de ancho, el Ayuntamiento de esta corte hizo la liquidación, importando en total 85,50 pesetas;

Resultando que contra dicha liquidación reclama la Compañía, alegando que, según la tarifa vigente consignada en la ordenanza núm. 19 sobre ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, aprobadas por el ilustrísimo señor delegado de Hacienda en 12 de julio de 1925, el importe de dicha liquidación debe ascender solamente a 35,25 pesetas, habiéndose aplicado lo consignado en la ordenanza desaprobada por el ilustrísimo señor delegado de Hacienda en 13 de junio próximo pasado, por lo que estima procede la devolución de la cantidad satisfecha indebidamente;

Resultando que, puesto de manifesto este expediente, comparece el reclamante, ratificándose en la reclamación y llamando la atención sobre la actitud del Ayuntamiento, cobrando todas las licencias que expide por apertura de calas con arreglo a la tarifa desaprobada por el ilustrísimo señor delegado de Hacienda;

Considerando que en la ordenanza núm. 19, de las aprobadas por el ilustrísimo señor delegado de Hacienda en 12 de julio de 1924 sobre ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en la tarifa apertura de calas, y con vigencia durante tres ejercicios económicos, se dispone que por cada acometida de gas, luz eléctrica o agua, tender cables o tuberías, repasar estas instalaciones, colocar llaves de paso para aforo de agua, levantar canerías, condensar tomas de agua o de gas, etcétera, etc., se pagará, hasta 3 metros en una sola cala y en una misma calle, la cantidad de 30 pesetas;

Considerando que en la liquidación practicada por arbitrio de calas a la Compañía reclamante, por una realizada en la calle de Claudio Coello de 3 metros de longitud por 0,50 de ancho, la cuota exigida es la de 70 pesetas, es decir, la consignada en la ordenanza desaprobada por el señor delegado de Hacienda en su acuerdo de 13 de junio próximo pasado;

Considerando que el art. 323 del Estatuto municipal faculta a los delegados de Hacienda para aprobar o denegar las ordenanzas municipales, no admitiéndose contra su resolución otro recurso sino el contenciosoadministrativo;

Considerando, esto sentado, que al denegar el ilustrísimo señor delegado de Hacienda de esta provincia en 13 de junio próximo pasado su aprobación a la ordenanza sobre ocupación del suelo,