La Energía eléctrica (1925-04-10 00:00:00), página 19

Hijo de Angel García.—Benavides de Orbigo (León).
La Eléctrica del Segura.—Madrid, Covarrubias, 1.
Centrales de Electricidad de Castellana y Buenavista—Madrid, Paseo de Recoletos, 17.
D. Francisco Torrent Rius.—Juneda (Lérida).
Sociedad Pedro Fernández y Compañía.—Piedralaves (Ávila).
Compañía Hispano-Americana de Electricidad.—Madrid, Alarcón, 9.
La Electromotora Equitativa (C. A.).—Elche (Alicante).
D. Camilo Pardo.—La Estrada (Pontevedra).
D. Valeriano Rico.—Madrid, Martín de los Heros, 10.
D. Blas Armenteros Santos.—Fuentesauco (Zamora).
B. Bouderé y Sobrinos.—Antequera (Málaga).
La Unión Salmantina.—Salamanca.
Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas.—Cádiz.
Eléctrica Castellana (S. A.).—Madrid, Montera, 54.
D. Juan N. Díaz Custodio.—Ecija, Calzada, 40 (Sevilla).
Sociedad Hidro-Electrónica del Genil.—Córdoba.
Sres. Díaz y García.—Ecija, Caza, 1 (Sevilla).
Sociedad Eléctrica de Balaguer (S. A.).—Balaguer (Lérida).
Compañía de Electricidad del Río Cacín.—Granada, Doctor Creus, 15.
Estabanell y Pahisa (S. en C.).—Barcelona, Ausias March, 46.
Hidroeléctrica Navarra.—Salamanca.
Fuerza y Alumbrado (S. A.).—Manresa, P. Cots, 24.
Eléctrica de Puertollano.—Madrid, Hermosilla, 9.
D. Felipe Sánchez de Lafuente.—Madrid, León, 9.
Arriendo de la Andaluza Eléctrica.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Sociedad Anónima Volta.—Valencia, Pascual y Genís, 26, A.
La Papelera Española (C. A.).—Bilbao.
El Porvenir de Zamora.—Zamora.
La Sorribas.—D. Felipe González Gómez.—Benavente (Zamora).
D. Rodolfo Koehler.—Navamorcuende (Toledo).
Hidroeléctrica del Cigüela (S. A.).—Quintanar de la Orden (Toledo).

HURTO DE FLUIDO

Real orden del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria

Visto el oficio del ingeniero-jefe de la Inspección industrial de León sobre aplicación de la Real orden de 14 de diciembre de 1923, relativa a hurto de fluido eléctrico.

Resultando que esta Real orden dice que se "calculará el importe aproximado de lo defraudado, estableciendo una proporción entre las potencias o capacidades de consumo de los aparatos debidamente instalados, las de los instalados indebidamente, el importe de los recibos satisfechos y el que se debe satisfacer por el indebido;

Considerando que hay casos en que es imposible precisar el importe de lo defraudado, y se requiere partir de un tiempo que debe de ser prudencialmente determinado, ya que correría grandes peligros de ser injusta una sanción que tomase como base todo el tiempo que los abonados lleven siéndolo, y que el caso consultado es de unos veinte años;

Considerando que, en todo caso, la Real orden de 14 de diciembre de 1923 no puede tener más que efectos administrativos, si bien podrá darse el caso de que las Empresas utilicen el informe del verificador oficial como prueba pericial ante los Tribunales civiles;

Considerando que las Empresas pueden realizar la comprobación de sus contadores de año en año, por lo que puede considerarse el plazo de seis meses como duración media del fraude,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que con carácter general se ordene, para la aplicación de la Real orden de 14 de diciembre de 1923 y demás disposiciones administrativas, que se considere al abonado obligado a pagar el exceso de energía calculado en la forma siguiente:

1.º En el tiempo transcurrido desde la última inspección o comprobación de la instalación.
2.º En caso de no haber efectuado inspección de la instalación, en el transcurrido desde la fecha del contrato.
3.º En todo caso el plazo que servirá de base para el cálculo no excederá de seis meses, límite que se aplicará cuando no pueda precisarse plazo inferior.
4.º Las liquidaciones indicadas tendrán exclusivamente efectos administrativos, y no impedirán que por el verificador oficial se hagan constar en el acta cuantas circunstancias puedan contribuir a dar idea exacta de la duración del fraude, para el caso de que las Empresas hicieran uso de la vía judicial.