La Energía eléctrica (1925-08-10 00:00:00), página 22

tan importantes, creemos deben incluirse en los Reglamentos para la aplicación del Estatuto ciertas aclaraciones, limitaciones o prescripciones que hagan perfecta su aplicación en la realidad.

Conviene a la industria eléctrica, en evitación de posibles dificultades, que las acertadas disposiciones del libro II del Estatuto, que se refieren a la Hacienda provincial, se concreten clara y perfectamente en el Reglamento, obligándose de un modo principal a cumplir el precepto que prohíbe la aprobación de los presupuestos sin enjugar en ellos las deudas procedentes de contratos y obligaciones de una manera automática, sin que sea precisa la acción especial de los interesados.

Es de interés general y de justicia que, tanto para las tasas y derechos, como para los arbitrios, recargos provinciales y recargos especiales, se fije algún límite que permita conocer al contribuyente hasta dónde podrían llegar sus obligaciones y responsabilidades, pues de otro modo no es fácil que el capital pueda arriesgarse en obras, industrias ni grandes ramos de comercio, ante el temor de que los productos de esas inversiones resulten casi nulos. Y no debe olvidarse que si la agricultura, la industria o el comercio no producen beneficios algo mayores que los que son propios de los valores del Estado, no será fácil que nadie dedique sus bienes a esas tres fuentes de la riqueza de todo país, ya que sin los indudables y graves riesgos de ellas podrán obtenerse rentas anuales sin ninguna clase de trabajo.

Refiriéndonos concretamente a nuestra industria, la de electricidad, debemos recordar el gran beneficio que ha prestado, salvando durante la guerra europea gran número de las restantes de nuestro país, y el concurso que todavía ha de seguir prestando para suplir nuestra insuficiente producción de carbones. La electricidad da realmente vida a las demás industrias, y debe facilitarse su desarrollo y desenvolvimiento para que aumente aún más, a fin de que pueda ser empleada para multitud de otras nuevas industrias que con el tiempo podrán crearse en España, y entre otros objetos importantes, interesa a la independencia de la nación para la inmediata y necesaria electrificación de los ferrocarriles, que es de desear no sean tributarios de la hulla extranjera.

Venimos observando que, en lugar de proteger la industria eléctrica, como se hace en todos los demás países, en el nuestro, sin medir su potencia contributiva, se la somete a numerosos e importantes impuestos. Siguiendo esta tendencia, se pretende añadir a los que ya pesan sobre la industria eléctrica un nuevo arbitrio, creado por algunas Diputaciones, sobre los saltos de agua que radiquen en la provincia, estableciendo tarifas, como la de Huesca, de 4 pesetas por kilovatio-hora de promedio anual; es decir, un gravamen que se quiere hacer pesar expresamente sobre la industria eléctrica, puesto que se refiere directamente a su medida característica: el kilovatio-hora.

No creemos que esta clase de exacciones puedan establecerse, pues no figuran entre las autorizadas por el art. 222, letra B), que, a pesar de toda su amplitud, señala como condición, “de la cual no es posible prescindir”, que no podrá contrariarse lo dispuesto en el art. 84 de la Constitución; y tenemos además la confianza de que no habrán de ser aprobados por ese Ministerio del digno cargo de V. E. ni los arbitrios, ni los Reglamentos ya redactados por algunas Diputaciones, sin que previamente haya sido aprobado y publicado el Reglamento que, según el propio Estatuto provincial, será necesario para su acertada aplicación, y en el cual es de trascendental importancia se aclare, mejor aún, se condicione, el concepto de “riqueza provincial” y se excluya de todo nuevo gravamen a nuestra industria eléctrica.

No es posible que el Estatuto haya querido, pues ello sería absolutamente anticonstitucional, dar a las Diputaciones provinciales fueros propios y absolutos sobre “toda” la riqueza que radica en las provincias. Que nuestro criterio es exacto lo demuestra que el mismo art. 222, B), del Estatuto provincial dice que las imposiciones o percepciones sobre la riqueza radicante en la provincia serán establecidas por las Diputaciones dentro de los límites señalados por la Constitución del Estado en su art. 84; y si las percepciones que puedan imponer las Diputaciones sobre la riqueza no han de estar en pugna con la Constitución, esa riqueza no puede ser otra que la que se haya producido como consecuencia de actos de la Diputación, o que a ella pertenezca previamente, o a ella se deba en su creación o fomento por ayuda directa.

La legislación en materia de aguas “jamás” atribuyó potestad alguna a las Diputaciones sobre los saltos de agua. Hoy, con arreglo a la ley de 13 de junio de 1879, las aguas públicas pertenecen privativamente al Estado, y las otorgan los gobernadores civiles o el Ministerio de Fomento, se-