La Energía eléctrica (1925-10-25 00:00:00), página 18

Considerando que la Administración, al otorgar o negar una concesión, cualquiera, procede siempre de un modo discrecional, y por esto y por el terminante precepto del art. 4.º, caso 2.º, del Reglamento de lo Contencioso, contra esta clase de reclamaciones no cabe la vía contenciosa; pero si otorgar o negar una concesión es discrecional, no lo es otorgarla, contrariando los preceptos legales, pues esto ya pertenece a la materia reglada propia del conocimiento de esta jurisdicción, y por ello determinar si la concesión que pueda otorgarse a la Sociedad demandante ha de estar o no sometida a lo establecido en el ya citado Real decreto de 14 de junio de 1921, es cuestión que puede ser resuelta por esta Sala y que pertenece a la competencia que las leyes le conceden;

Considerando que la Real orden impugnada no otorga ni niega la concesión solicitada, sino que se limita a hacer saber al interesado, para que manifieste si está conforme con ellas, las condiciones en que esta dispuesta a otorgarla, y que en este sentido no es una resolución final, sino de trámite; pero como contra ella no se da recurso alguno en vía gubernativa, y además resuelve, aunque indirectamente, de un modo definitivo el fondo del asunto, toda vez que por modo terminante señala las condiciones que se han de imponer a la concesión, y este punto ya no puede ser discutido en ningún momento, ni aun en vía contenciosa, pues ésta no sería procedente contra la Real orden que se dictase negando la concesión, cualquiera que fuese el motivo en que la negativa se fundara, y aunque se negase por no haber sido aceptadas las condiciones propuestas, es notorio que se está en el caso del art. 2.º de la ley de 23 de junio de 1894, y que para los efectos de que contra ella pueda acudirse a la vía contenciosa, hay que aceptar que la Real orden impugnada, no obstante no ser definitiva, causa estado;

Considerando que, por cuantas razones anteceden, es de desestimar la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal;

Considerando que la cuestión de fondo que en este pleito se plantea consiste en determinar si el Real decreto de 14 de junio de 1921, modificado en su art. 3.º por el de 10 de noviembre del año siguiente, es aplicable a la concesión de que se trata, y para el estudio de este problema es preciso fijar de un modo claro el alcance y espíritu de la disposición legislativa citada y la naturaleza y circunstancias de la concesión solicitada;

Considerando que este Real decreto dispone en su art. 1.º que en lo sucesivo no se otorguen a perpetuidad las concesiones hidráulicas para fuerza motriz o usos industriales, y en su art. 3.º, tanto con arreglo a la primitiva redacción como a la que actualmente rige, establecida por la reforma de 10 de noviembre de 1922, sólo se habla de las concesiones que se hagan para aprovechamiento de aguas destinadas a producir energía, y no se menciona en este artículo, ni, por consiguiente, en la reversión al Estado que establece, los aprovechamientos para otros usos industriales, respecto a los que sólo queda la limitación establecida en el art. 1.º de que no puedan ser concedidos a perpetuidad;

Considerando que esta distinción entre los aprovechamientos destinados a producir energía y los encaminados a otros usos industriales está en perpetua armonía con el espíritu de las disposiciones legales que se estudian, como se deduce de los sendos preámbulos que acompañan al Real decreto de 1921 y al que lo reforma de 1922, en el primero de los cuales se señala como motivo principal de la reforma que se somete a Su Majestad por el ministro que suscribe la propuesta que la ley de Aguas no puede prever la utilización de la corriente de los ríos para producir fuerza hidráulica, que, transformada luego, permitiese transportar a grandes distancias la energía eléctrica, por lo que, después de otras razones que se alegan, se propone que las concesiones se limiten a determinado período de tiempo, terminado el cual habían de revertir al Estado todas las construcciones e instalaciones, y el conjunto de concesiones otorgadas representaría un acrecentamiento extraordinario al patrimonio nacional en no lejano tiempo, acrecentamiento que, si se concibe cuando de producción de energía se trata, que por sus múltiples aplicaciones puede el Estado utilizar directa o indirectamente, no tiene razón de ser cuando en conjunto se habla de otros usos industriales, sin determinar cuáles sean, pues éstos, revertidos al Estado, podrán serle útiles en algunos casos y aumentar su patrimonio, como dice el preámbulo, pero en otros sólo será la destrucción de una industria particular, sin beneficio alguno para la riqueza pública;

Considerando que el preámbulo del Real decreto de 10 de noviembre de 1922, como la reforma de este preámbulo contiene, se refiere sólo al art. 3.º del de 1921, relativo exclusivamente al aprovechamiento de fuerza hidráulica, sólo a este aprovechamiento se refiere, y sólo del mismo dice que la disposición que modifica (aunque es notorio que en otros artículos habla de aprovechamientos industriales distintos de la producción de energía) estableció la reversión al Estado de los aprovechamientos hidráulicos destinados a transformar la fuerza en energía eléctrica transportable y aplicable a distancia; es decir, que afirma que la reforma que contiene el Real decreto sólo a estas concesiones se refiere y no a las demás que pudieran otorgarse;

Considerando que la solicitud origen del expediente que a este pleito ha dado lugar se dirige a obtener 600 litros de agua por segundo del río Aller, con destino a la condensación del vapor de un turboalternador de la central térmica de la Sociedad peticionaria, cosa distinta de la producción de energía, y que, por tanto, sólo puede considerarse como una concesión para uso industrial distinto del de fuerza motriz, concesión que, según el art. 1.º del Real decreto tantas veces citado de 1921,