La Energía eléctrica (1925-10-10 00:00:00), página 20

el Concejo de Mieres, procede otorgarla a perpetuidad, estaba propuesto en el expediente origen del presente recurso, antes de que aquellas disposiciones se dictaran, y si a ello no hubiere lugar, por entenderse que la concesión se otorga para su uso industrial, comprendido en el art. 1.º del Real decreto de 1921, fijar o señalar a la concesión el término de duración que la Administración estime adecuado a fin de dejar cumplido ese artículo, pero sin la reversión de los elementos de explotación que el art. 3.º del mismo Real decreto estableció concretamente respecto a los aprovechamientos de fuerza hidráulica;

Resultando que emplazado el Ministerio Fiscal para contestar a la demanda, evacuó el traslado con la súplica de que se estime la excepción de incompetencia que alega como perentoria, o, en otro caso, que se absuelva a la Administración general del Estado, declarando firme y subsistente la Real orden recurrida;

Visto, siendo ponente el magistrado D. Antonio María de Mena;

Visto el art. 2.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: "Para los efectos del artículo anterior se entenderá que causan estado las resoluciones de la Administración cuando no sean susceptibles de recurso por la vía gubernativa, ya sean definitivas, ya de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto de tal modo que pongan término a aquélla o hagan imposible su continuación.

Se entenderá que la Administración obra en el ejercicio de sus facultades regladas cuando deba acomodar sus actos a disposiciones de una ley, de un Reglamento o de otro precepto administrativo.

Se entenderá establecido el derecho en favor del recurrente cuando la disposición que repute infringida le reconozca ese derecho individualmente, o a personas que se hallen en el mismo.";

Visto el art. 4.º, caso cuarto de la misma ley, que dice: "No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contenciosoadministrativo: ... 4.º Las resoluciones que se dicten con arreglo a una ley que expresamente las excluya de la vía contenciosa.";

Visto el art. 4.º, caso segundo del Reglamento de 22 de junio de 1894, que previene: "Corresponde señaladamente a la potestad discrecional: ... 2.º Las resoluciones denegatorias de concesiones de toda especie que se soliciten de la Administración, salvo lo dispuesto en contrario por leyes especiales";

Visto el art. 253, caso segundo de la ley de 13 de junio de 1879, que preceptúa: "Compete a la jurisdicción contenciosoadministrativa conocer de los recursos contra las providencias dictadas por la Administración en materia de aguas en los casos siguientes:

1.º Cuando se declare la caducidad de una concesión hecha a particulares o Empresas en los términos prescritos en la ley general de Obras públicas.

2.º Cuando por ella se lastimen derechos adquiridos en virtud de disposiciones emanadas de la misma Administración.

3.º Cuando se imponga a la propiedad particular una servidumbre forzosa o alguna limitación o gravamen en los casos prescritos por esta ley.

4.º En las cuestiones que se susciten sobre resarcimiento de daños y perjuicios a consecuencia de las limitaciones y gravámenes de que habla el párrafo anterior.";

Visto el art. 1.º del Real decreto de 14 de junio de 1921, que ordena: "A partir de la publicación de este Real decreto en la 'Gaceta de Madrid' se suspenderá la aplicación de la ley de Aguas de 13 de junio de 1879 en lo referente a concesiones a perpetuidad sobre aprovechamientos para fuerza motriz y usos industriales, y sólo se otorgarán las concesiones que se hagan aplicando las disposiciones del presente Real decreto. Todas las disposiciones de la citada ley, Reales decretos y Reales órdenes vigentes para esta clase de aprovechamientos continuarán en vigor en cuanto sean compatibles con las disposiciones expresadas";