La Energía eléctrica (1925-06-25 00:00:00), página 18

las múltiples opiniones y criterios sustentados hasta que fueron promulgados, fijando el límite hasta el cual podía llegarase. Es decir, que aunque el arbitrio acordado por la Diputación de Huesca fuese legal, no podría por esta causa prosperar la Ordenanza, ya que no es posible dejar a la exclusiva voluntad de las Corporaciones provinciales la determinación de una cuota que hoy es de cuatro pesetas, lo mismo que podría ser de cuatro duros, y que mañana puede variar, como variarlas pueden cada una de las Diputaciones de España, no existiendo, por lo tanto, la “unidad de límite” que es absolutamente preciso que determine el Reglamento que ha de dictarse para la aplicación del Estatuto provincial.

De todo lo expuesto se deduce que no es aprobable la Ordenanza que examinamos, por lo que, con el mayor respeto, y oponiéndonos a la misma, ejercitando para ello el recurso que autoriza el art. 217 del Estatuto provincial.

Suplico a V. E. que se digne negar su aprobación a la Ordenanza a que se refiere este recurso, y que ha sido sancionada por la Diputación provincial de Huesca, para la exacción de cuotas por el arbitrio sobre la energía eléctrica desarrollada mediante aprovechamientos hidráulicos radicantes en dicha provincia.

Así es de justicia, que impeta y no duda alcanzar de la notoria rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

Barcelona, 13 de Mayo de 1925.—(Es copia.)

Excelentísimo señor subsecretario, encargado del despacho del Ministerio de la Gobernación.

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Excelentísimo señor subsecretario de la Gobernación, encargado del despacho del mismo Ministerio; Don Fernando María de Ibarra y de la Revilla, marqués de Arriluce de Ibarra, en su concepto de presidente de la Sociedad anónima Hidroeléctrica Ibérica, domiciliada en Bilbao, a V. E. acude, y con todo respeto expone:

Que en el “Boletín Oficial” de Huesca, correspondiente al día 1.º de este mes, aparece publicado el acuerdo de la Diputación de aquella provincia de imponer un arbitrio de cinco pesetas por kilovatio-año sobre la energía eléctrica producida en la provincia, mediante aprovechamientos hidráulicos, imposición que estima aquella Diputación estar comprendida en el apartado B) del art. 222 del Estatuto provincial aprobado por Real decreto de 20 de marzo de este año. El acuerdo referido se ha hecho público para que los interesados puedan reclamar contra el mismo ante el Ministerio de la Gobernación en el plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el apartado B) del art. 217 del propio Estatuto provincial, quedando expuesta, durante el plazo indicado, la Ordenanza redactada por la Diputación provincial para la exacción del impuesto de que se trata.

La Hidroeléctrica Ibérica, directamente afectada por el arbitrio que se intenta crear, acude a V. E. dentro de término con la súplica de que no autorice la exacción de dicho arbitrio ni apruebe la Ordenanza que a él se refiere, por ser, dicho sea con todos los respetos, contrario a la letra y al espíritu de la ley, y porque sentaría además un funesto precedente que en plazo no lejano seguramente habría de acabar con una meritoria y principal industria nacional.

La Hidroeléctrica Ibérica, después de grandes esfuerzos y trabajos en los que ha tenido que invertir cuantiosas sumas, ha llegado al difícil, y que a algunos parecía imposible, aprovechamiento de las aguas de los ríos Cinca, Barrosa y Chisagües como fuerza motriz, transportándola por costosas líneas desde el sitio de producción, donde realmente ningún valor tendría, al mercado de las provincias vascongadas, como medio propulsor de la riqueza de aquella laboriosa región.

Natural es, y así se encuentra establecido en la legislación de España por la ley de 2 de marzo de 1917, que a los creadores de nuevas riquezas industriales se les exima, al menos parcialmente, del pago de los tributos, o como en algunas industrias ocurre, se les auxilite con primas o favorezca con la garantía de un interés mínimo para el capital invertido.

La Hidroeléctrica Ibérica no ha gozado de ninguna de esas ventajas, ni las ha pretendido siquiera. Ha puesto, sí, toda su voluntad y todo su capital al servicio del propósito, que se ha realizado, de aprovechar una fuerza hasta ahora perdida, y ya que no fué auxiliada para realizar tan magna obra, parece que, por lo menos, no se le debía gravar con gabelas, como la que la Diputación provincial de Huesca ha tenido a bien acordar sobre la producción de energía eléctrica en la provincia de Huesca mediante aprovechamientos hidráulicos.

Pero aun dejando aparte las consideraciones que anteceden, es lo cierto que dicho arbitrio es ilegal, puesto que notoriamente no se encuentra comprendido en el párrafo B) del art. 222 del Estatuto provincial, a cuyo amparo la Diputación provincial de Huesca pretende que se autorice la imposición o percepción de que se trata.

Previene dicho apartado B) que las Diputaciones podrán constituir imposiciones o percepciones sobre la riqueza radicantes en la provincia dentro de los límites señalados en el art. 84 de la Constitución del Estado, que a su vez previene que los impuestos provinciales o municipales no se han de hallar nunca en oposición con el sistema tributario del Estado, precepto que repite el art. 224 del propio Estatuto provincial, al disponer que el Ministerio de la Gobernación, oído el de Hacienda, podrá autorizar el establecimiento de los nuevos arbitrios, los cuales, “en ningún caso”, podrán ser incompatibles con el sistema tributario del Estado.

Evidentemente ese es el caso en que nos encontramos, porque la imposición de un arbitrio sobre la producción de energía eléctrica, es una forma disimulada de crear una nueva contribución