La Energía eléctrica (1925-06-10 00:00:00), página 19

dida por kilovatios-año, desarrollada en cada central productora, deduciendo un 30 por 100 por pérdidas y mermas en la transmisión.

3.º Fijar como tipo de imposición cuatro pesetas por kilovatio-año.

4.º Disponer que las cuotas por este arbitrio se satisfagan por trimestres vencidos, ingresándolas directamente en la Depositaria de la Diputación; y

5.º Que la imposición se haga efectiva desde el día 1.º de julio de 1925, si para entonces se hubiera obtenido la sanción del Ministerio de la Gobernación, y en caso contrario, desde el día inmediato siguiente al cumplimiento de este requisito.

Y no pudiendo conformarse esta Sociedad con la transcrita resolución, interpone ante V. E., contra la misma el presente recurso que autoriza el art. 212 del Estatuto provincial, dentro del plazo de los quince días que en ésta se señalan.

El nuevo Estatuto provincial promulgado por Real decreto de 20 del corriente año dice en el último párrafo de su "disposición final" que "por el Ministerio de la Gobernación se dictarán los Reglamentos e instrucciones precisos para la aplicación de esta ley".

Es decir, que el legislador conceptúa que son precisas e indispensables, para la aplicación del nuevo régimen provincial, ciertas instrucciones y reglamentos que encuadren sus preceptos, los coordinen y los hagan factibles y prácticamente posibles, sin contradicciones y sin lesionar derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior; es, pues, inconscusa la necesidad de esperar esas normas procesales para la mejor aplicación de la ley, que en el interin no puede aplicarse más que en los términos generales que la propia disposición final fija.

Pues bien, excelentísimo señor: la Diputación de Huesca, haciendo caso omiso de medida tan lógica y prudente, por no decir imprescindible, cuando se trata del cambio de régimen provincial, trata de poner en vigor el precepto más impreciso y de mayor amplitud que encierra el nuevo Estatuto provincial, precepto que por sí solo justificaría, si ya no lo estableciese la disposición final, la absoluta necesidad de una norma, de una aclaración y de un Reglamento, en fin, que determinase de una manera clara, precisa y contundente qué quiere decir el párrafo B) del art. 222 del repetido Estatuto.

Dice dicho artículo que constituye la imposición provincial: B) Imposiciones o percepciones sobre la riqueza radicante en la provincia que la Diputación establezca dentro de los límites señalados en el art. 84 de la Constitución; y dice este artículo del Código fundamental español, en su último párrafo, que los impuestos acordados por las Diputaciones no podrán nunca estar en oposición con el sistema tributario del Estado.

¿Qué se entiende por la riqueza radicante en la provincia? He añi lo que ha de decirnos necesariamente el Reglamento que ha de dictarse. No es posible que se dé a semejante concepto toda la amplitud que tiene el contexto literal de sus palabras. Si así fuera, sería de imposible aplicación, puesto que estaría en pugna absoluta con el art. 84 de la Constitución, ya que absorbería toda la riqueza, la gravaría toda y constituiría una completa y absurda oposición al sistema tributario del Estado.

No es posible que el legislador haya querido dar a semejante precepto toda la vaguedad que encierra el concepto general de riqueza radicante en la provincia. Indudablemente ha querido, a semejanza de lo determinado en el Estatuto municipal, hermano gemelo del provincial, referirse a los "bienes provinciales, no en general a toda riqueza, sino a la proveniente de la utilización de las cosas, bienes o servicios provinciales". Que esto debe ser así, nos lo dice el propio Estatuto provincial, cuando al tratar de "los derechos y tasas provinciales", determina en el párrafo 2.º del apartado B) del art. 220 que "los aprovechamientos especiales a que se refiere este artículo han de afectar siempre a terrenos o explotaciones de carácter provincial".

De precepto tan terminante se saca el convencimiento de que la riqueza a que se refiere el apartado B) del art. 222 del Estatuto es la riqueza que proviene de los terrenos o explotaciones de carácter provincial, no a la riqueza general, radicante en la provincia, ya que de ser así representaría ello la "absorción por la Provincia de la riqueza del Estado", lo cual es un absurdo jurídico que nos llevaría a un estado exótico que no puede admitirse y que es imposible que haya querido implantar el legislador.

Véase, pues excelentísimo señor, cómo no puede prosperar la resolución adoptada por la Diputación provincial de Huesca, sin que antes se promulguen los Reglamentos e Instrucciones necesarios para la aplicación del Estatuto que especifiquen y determinen (como lo hicieron con el Estatuto municipal) "a qué clase de riqueza" se refiere el art. 222, ya que es imposible que sea a "toda" la radicante en la provincia, y menos a la deducida de los saltos de agua que usufructuan los concesionarios de los mismos por concesión del Estado, no de la Provincia.

Otro aspecto muy importante ha de determinar también el Reglamento, antes de que pueda prosperar la resolución de la Diputación de Huesca. Nos referimos al orden de prelación de los derechos, tasas, impuestos, etc. Es decir, de los recursos provinciales.

Es principio básico de todo buen sistema tributario que hasta que no está agotada la imposición de un tributo y no aparece demostrada la insuficiencia de su exacción para cubrir las necesidades para que fue creado, no procede la imposición de otro nuevo.

Esta teoría en que se funda el sistema económico del Estatuto municipal es indudable que debe también aplicarse y reglamentarse por cuanto hace referencia al provincial.