La Energía eléctrica (1926-04-10 00:00:00), página 16

de la energía mecánica que la acentuada accidentación de nuestro territorio nos brinda, y para que sea posible la navegación en los tramos bajos, de régimen verdaderamente fluvial, de nuestros ríos más importantes, haciendo llegar hasta el corazón mismo del país las vivificadoras corrientes comerciales que hoy quedan detenidas en las costas, con perjuicio del mismo litoral.

El plan metódico que exige el fomento de esta riqueza, tan celebrada como mal atendida, habrá de formarse sobre la base de esas obras de regulación, que afectan a los intereses más variados e importantes, y que, por la misma generalidad de los beneficios, no han logrado imponerse en un régimen de solicitud y de favor; de él habrán de formar parte las obras de riego, las hidroeléctricas y las de transporte, constituyendo un conjunto coordinado, armónico y eficaz de intereses, y desvaneciéndose definitivamente esos problemas a que hubiera podido dar lugar una competencia artificial, aunque temible por sus resultados, que consume estérilmente esfuerzos y actividades aprovechables para el bien público.

La Administración no ha abordado nunca un programa de construcciones sobre la base de una integración metódica de intereses y actividades. Desconfiando de sus propios medios, ha pretendido estimular la cooperación aislada de los usuarios y beneficiados para medir automáticamente el valor real de las iniciativas privadas y cerrar el paso a las que no tuvieran una justificación geográfica y económica. El sistema, desarrollado con mejor intención que fortuna, ha traído como consecuencia un cambio en los procedimientos seguidos por esa iniciativa particular, que el Estado se ha limitado a recoger y auxiliar, procedimientos que, por exigir la cooperación local, han tenido derivaciones ajenas, y en algunos casos perjudiciales, al fin perseguido. Los resultados han sido: la acumulación invertebrada de proyectos no sometidos a orden ni plan, proyectos que en muchos casos eran incompatibles por oposición o por la misma coincidencia en sus fines; la iniciación precipitada de obras indotadas, cuya marcha languida y antieconómica era un justificado motivo de desprestigio para la Administración y para los Poderes públicos; el incumplimiento frecuente de las obligaciones contraídas por los particulares interesados, cuya promesa servía de apoyo a la propaganda, primero, y al favor oficial, después; el grave perjuicio de retrasar por largísimo plazo el beneficio que el país espera y que los sacrificios del Erario público merece.

Todo ello puede ser evitado por medio de ese plan, en cuya formación pueden y deben tomar parte los intereses comarcales al lado de los representantes autorizados del interés general. Nuestra ley de Aguas de 1879, hermoso cuerpo de doctrina legal, que tantos respetos y alabanzas nos ha hecho merecer, y en la que, con visión profunda y previsora, definió y orientó el legislador todas las fases y aspectos del aprovechamiento de las aguas, guardando una relación debida, justa y prudente entre los intereses generales y los particulares, ya previene, en su art. 241, no sólo la posibilidad del acuerdo entre Comunidades y Sindicatos de un mismo río para la defensa de los derechos y fomento de los intereses de todos, sino que establece la facultad ministerial de formar Sindicatos centrales o comunes para la ejecución de las grandes obras de regularización que afectan a intereses numerosos. La ley de Construcciones hidráulicas de 7 de julio de 1911 exige como garantía una participación equitativa que sólo esa sindicación puede ofrecer.

Sobre bases perfectamente legales puede establecerse una norma que representa un verdadero avance, un cambio profundamente acelerador en la marcha de las obras y sistemas de aprovechamiento hidráulico. Bastará para ello organizar debidamente, con un sentido de realidad y eficacia sincero y exclusivamente económico, la cooperación de regantes y usuarios diversos, dándoles intervención en la administración y en los beneficios, aunque imponiendo el orden y señalando el destino de tales beneficios, que han de servir de base al propio desarrollo del plan, con lo cual se crea un elemento de trabazón y armonía, se define automáticamente una conveniencia en el ordenamiento, y se eliminan, automáticamente también, aquellas iniciativas, proyectos y sistemas que no ofrecen ese perseguido beneficio.

Con arreglo a este criterio, proponemos la formación de Confederaciones sindicales, que, bajo la tutela y con la ayuda del Estado, pero con personalidad jurídica suficiente, han de actuar como motores de energías latentes o estérilmente consumidas, respondiendo a una realidad geográfica, a una necesidad sustancial largo tiempo sentida: al mejor aprovechamiento de las aguas; a una finalidad inmediata: el mayor rendimiento de las obras que en la actualidad se explotan o construyen, y a otra mediatá y definitiva: la creación de riqueza en toda la medida que consientan la cuantía de los recursos hidráulicos disponibles y la potencialidad económica del país.

(Continuará.)