La Energía eléctrica (1925-11-10 00:00:00), página 14

Algunos señores hicieron ver que el mínimo no sólo debía relacionarse con los consumidores de poca importancia, que obligan a las Empresas a tener electricidad disponible sin hacer gasto ninguno o siendo éste casi nulo, sino que en realidad debía de existir el mínimo de consumo proporcionado a la instalación según su importancia, cosa que se hace ya en muchas localidades del extranjero y aun de España. Se citó también el caso de Francia, en que aun no se ha legislado nada sobre esta materia, pero se han dictado cuatro sentencias favorables al mínimo de consumo, explicándose principalmente una de ellas, en que se trataba de un cinematógrafo que figuraba como un abonado de importancia, y habiendo transcurrido una larga temporada sin que hiciera el menor consumo, la Empresa no podía disponer de la electricidad que debía tener preparada para dicho abonado, dictándose por los Tribunales sentencia favorable a aquella Empresa de electricidad.

Otros señores entendían que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 16 de mayo último apoyaba el mínimo, pues se dice en ella que sólo será inaplicable cuando haya algún concierto o contrato que no le autorice.

A todos pareció bien la idea de que el mínimo debía depender de la importancia del abonado.

Se expusieron también las diversas condiciones en que se otorgan las concesiones para aprovechamiento de energía eléctrica en otros países, en comparación con España; citándose los casos de Francia, en que suele concederse monopolio y además se permite una ganancia perfectamente explícable en las explotaciones industriales, y si los elementos que integran la producción hacen que esa ganancia disminuya, se concede un aumento de precios para sostener el tanto por ciento que se estime razonable como beneficio de la industria.

Todos los señores presentes intervinieron en este estudio.

9.º Estatuto municipal.—Se habló de los efectos del Estatuto municipal en materia de arbitrios, tasas y derechos, siendo en algunos casos muy exageradas las medidas adoptadas por los Ayuntamientos, exigiendo cantidades que la industria eléctrica no podrá soportar, teniendo que tributar en tan alta proporción al Estado y hoy día a las Diputaciones.

Se explicó la forma en que aplica el Estatuto el Ayuntamiento de Barcelona, habiendo quedado con las Compañías en que ese aumento se efectuará escalonadamente en cinco años, y luego, según los gastos de explotación pudieran aumentar, el conjunto de exacciones deberá disminuir.

En cuanto al Estatuto provincial, se expusieron también los casos que ha ocasionado graves perjuicios a esta industria, haciéndole tributar por la cantidad de caballos que se producen en los aprovechamientos que radiquen en las diversas provincias, hablándose también de los recursos entablados contra los mismos. Siendo una de las razones tenidas en cuenta principalmente en esos recursos que las exacciones provinciales aplicadas por las Diputaciones recaen sobre la misma base tributaria que en determinadas contribuciones del Estado, por lo cual son opuestas a lo preceptuado en el Estatuto provincial y al art. 84 de la Constitución.

Importa mucho que se determine lo que se entiende por riqueza radicante en la provincia, y, a juicio de los concurrentes, la que puede ser gravada por las exacciones provinciales debería ser aquella para cuya creación hubiera intervenido la Diputación con sus esfuerzos.

Se dio cuenta también del caso de las centrales de Castellana y Buenavista, que tuvieron que interponer un recurso contra la exacción provincial que se exigía; pues teniendo ya fijadas el Ayuntamiento por tres años en su Ordenanza anterior las sumas que debiera pagar la Empresa, hacia caso omiso de ese compromiso contraído, exigiendo otra cantidad mayor; y habiéndose resuelto por la Delegación de Hacienda en sentido favorable a la expresada entidad y no habiendo recurrido el Ayuntamiento contra aquella resolución, continúa, a pesar de todo, exigiendo el pago de esos derechos en la forma que se había propuesto después del Estatuto provincial.

Se expuso la opinión por otros señores de que la teoría del silencio administrativo no era respetada en ese caso por el Ayuntamiento, y habrá que proceder en la forma debida para que se atenga a los preceptos de la nueva legislación.

10. El Real decreto de 12 de abril de 1924, que declaró servicios públicos el gas y la electricidad, contiene, además de ese principio, otros que son en realidad inexplicables, tales como el declarar de la competencia de los alcaldes y gobernadores la facultad de autorizar o no los aumentos de tarifas de las industrias del gas y de la electricidad, lo cual equivaldría a no consentir nunca ninguna especie de elevación, por muy justificada que fuera y aunque la Empresa que la solicite se viese a una ruina segura; pues las autoridades locales, por muy justificado que sea un caso de elevación de tarifas y muy persuadidas que estén de la razón que asiste a una Empresa, no pueden,