La Energía eléctrica (1926-03-10 00:00:00), página 20

han suministrado, alternativamente, la Sociedades Hidráulica Santillana, Unión Eléctrica Madrileña y Metropolitano Alfonso XIII, obtenida por éstas con instalaciones térmicas de reserva de vapor y aceites pesados, y aun se halla pendiente de liquidación y pago lo que a cada una de dichas Sociedades ha de abonarse en metálico por la energía que han facilitado, parte de la que habrá de devolverse en kilovatios con el sobrante de producción hidráulica cuando la primera de las citadas Empresas pueda realizarlo por cuenta de la central de Buenavista; así es que en dichos meses, hasta diciembre, no es posible determinar por ahora el valor de la electricidad adquirida de los productores, como desde enero en adelante, por haber cesado dichos suministros y vuelto a la normalidad, podrá realizarse, salvo contingencias, en cuanto al valor de la electricidad adquirida del fabricante, cuya factura se satisfará en febrero.

"En todo caso, el exponente no puede manifestarse conforme con las bases establecidas en la Real orden de 15 de octubre último para determinar la cuota de la contribución industrial aplicable a la central de electricidad de Buenavista como revendedor de energía eléctrica, una vez que dicha disposición no se limita a introducir modificaciones en la clasificación y en la cuantía de las cuotas, rebajando éstas al 10 por 100, sino que, por virtud de las limitaciones que se imponen de 0,27 ó 0,54 pesetas como precio mínimo del kilovatio-hora, en lugar del anterior de 0,10 pesetas, resulta aquella cuota, que se propuso rebajar, elevada considerablemente sobre las bases establecidas por la ley de 26 de julio de 1922, mediante una disposición de orden ministerial que contra esta ley no puede prevalecer, como no han prevalecido otras Reales órdenes, decretos y tarifas publicadas alterando dicha cuota en más, según se acredita en el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en el pleito contenciosoadministrativo seguido por estas centrales contra el pequeño aumento del 25 por 100 con que fué gravada la referida cuota y la correspondiente al epígrafe 178 de la tarifa tercera que satisface la central de la Castellana. El mencionado fallo, de fecha 12 de diciembre último, dice así:

"Fallamos que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda de 12 de julio de 1924, y en su lugar declaramos que las centrales de electricidad de la Castellana y Buenavista, sujetas al pago de la contribución industrial y de comercio por los epígrafes 136 de 'La tarifa segunda y 178 de la tarifa tercera, no les es exigible el recargo impuesto por el art. 9.º de la ley de 26 de julio de 1922, y mandamos que se rectifiquen las liquidaciones practicadas, anulando el expresado aumento del 25 por 100 y que le sean devueltas al contribuyente las cantidades que indebidamente haya satisfecho por todos conceptos."

"Y si el aumento del 25 por 100 queda así anulado por improcedente y contrario a la ley, no puede admitirse que por una disposición intermedia y anterior a la fecha del fallo, dictada durante la tramitación del recurso contenciosoadministrativo, trate ahora la Hacienda pública de dejar sin efecto e inculpada dicha sentencia y de alterar de nuevo las bases de la ley de 1922, intangible mientras no se modifiquen por medio de otra ley, aumentando considerablemente el tributo a satisfacer en virtud de una Real orden en la que, si bien aparentemente se rebaja hasta el 10 por 100 de la diferencia entre los precios a que el industrial compra y vende la cuota, que antes era equivalente al 15 por 100 (que la sentencia reduce al 12 por 100), se impone, por otra parte, la limitación de que el valor del kilovatio-hora no podrá estimarse nunca inferior a 0,27 pesetas, en lugar de 0,10 en que se venía apreciando, elevándose así la cuota anterior en un 80 por 100, o en un 260 por 100 si se aplica el mínimo de precio de 0,54 pesetas el kilovatio-hora, con arreglo a la nota de la expresada Real orden, injustamente en los casos en que, como el presente, y sin que el interesado pueda evitarlo, sea imposible consignar los datos exactos a que se refiere dicha disposición.

"En razón a cuanto queda expuesto, el que suscribe solicita queden pendientes las liquidaciones hasta que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia de que queda hecha mención en los propios términos a que la misma se contrae, y sean practicadas aquéllas con arreglo a las bases establecidas en la ley de 26 de julio de 1922, sin ninguna clase de aumentos, no autorizados por ésta ni por otra ley posterior."

No se ocultará a esa ilustrada Comisión, porque salta a la vista, que, lejos de encaminarse dicha disposición, como en los antecedentes de la misma consta, a introducir una rebaja en la cuota y de aparecer con la del 10 por 100 en lugar del 15 por 100, por efecto de la limitación que después se impone para la estimación del precio mínimo del kilovatio en 0,27 ó 0,54 pesetas, en vez del 0,10 en que se venía apreciando, lo que resulta, efectivamente, en una enorme elevación, que representa, en el primer caso, un 80 por 100, y en el segundo, un 260 por 100 de aumento sobre la cuota anterior, siendo injusto aplicar este último, que supone una penalidad inadecuada cuando al industrial, contra su voluntad, le sea imposible determinar los datos fehacientes que se le exigen, a consecuencia del régimen de administración de este complicado negocio, que se halla subordinado a numerosas formas de suministro, precios e incidencias en sus relaciones con el público y sometido por completo a actos dependientes de la voluntad de los abonados en cuanto a fechas de consumo y pago de cuentas.

Según se hizo constar en el escrito de observaciones presentado en 18 del actual, el revendedor de energía eléctrica actúa como auxiliar complementario del productor cuando éste no tiene red distribuidora, y si el fabricante satisface su tributo como fuerza por la producción que entrega al revendedor, lo justo sería gravar esta misma electricidad, cuando se destine al alumbrado, con el 50 por 100 de la tarifa aplicable al productor, o, a lo sumo, con sólo la diferencia entre esta tarifa y la de fuerza, que es lo que en total satisface el fabricante cuando a la vez es distribuidor para alumbrado, sin que por ello se le imponga doble tributo.

Madrid, 28 de enero de 1926.—Por las centrales de electricidad de la Castellana y Buenavista, Carlos García Alonso.