La Energía eléctrica (1924-10-25 00:00:00), página 3

Art. 83. A las Empresas de gas y a las de aguas se les impondrán condiciones idénticas a las señaladas en el artículo anterior, para impedir que con las reparaciones de los conductores enterrados o la ejecución de nuevas acometidas destrocen el pavimento, perturbando la circulación por las vías públicas, exigiéndoseles por los Municipios, en las concesiones y en las Ordenanzas, las posibles garantías de resistencia en los conductos, impermeabilidad y buen enlace de juntas.

Los Ayuntamientos impondrán a las Empresas o particulares que suministren gas o energía eléctrica a una población la obligación de no alterar los precios estipulados para los servicios públicos o particulares en las respectivas concesiones o contratos, y de mantener la tensión convenida, con la tolerancia máxima del 10 por 100, debiendo los Ayuntamientos, al hacer los nuevos contratos, establecer los precios fijados en el artículo 77 de este Reglamento.

SECCIÓN CUARTA
De las redes telefónicas

Art. 84. En virtud de lo dispuesto en el apartado 8.º del art. 150 del Estatuto, corresponderá en lo sucesivo a los Ayuntamientos la concesión de líneas telefónicas que no rebasen los límites del término municipal, respetando los derechos adquiridos y los preferentes del Estado para el desarrollo de planes de conjunto. Los Ayuntamientos podrán construir y explotar por sí mismos las líneas y redes telefónicas urbanas, o bien otorgar su establecimiento y explotación, cuando el Estado renuncie a ello, a Sociedades, Empresas o particulares, mediante las condiciones que se especificarán al otorgar la respectiva concesión.

Art. 85. Continuará vigente el Reglamento para el establecimiento y explotación del servicio telefónico, aprobado por Real decreto de Gobernación de 30 de junio de 1914, con las siguientes salvedades:

a) Que la intervención que concede a los funcionarios y Dirección de Comunicaciones queda, en virtud del Estatuto, transferida al Ayuntamiento y sus técnicos, sin perjuicio de la alta inspección que corresponde al Estado.

b) Que se transferirá también al Ayuntamiento el derecho de percibir, sobre los productos de las nuevas líneas interurbanas y centros telefónicos urbanos, el canon atribuido al Estado en los artículos 20 y 36 del Reglamento.

c) Que al terminar el plazo de concesión las nuevas redes y su material no pasarán al Estado, sino a los Municipios respectivos.

d) Que los Ayuntamientos quedan en libertad de alterar, si lo creen opportuno, al hacer las concesiones, las tarifas de abono detalladas en los artículos 30 y 36.

e) Que los Ayuntamientos podrán constituir Mancomunidades para el establecimiento de líneas interurbanas de enlace de redes urbanas, ya directamente o por medio de concesión.

Para las líneas interurbanas y para los casos en que sea precisa la declaración de utilidad pública, por situarse los postes sobre alguna carretera del Estado o su zona de servidumbre de cuatro metros, se tendrá en cuenta lo prescrito en este Reglamento.

La tramitación de los proyectos de concesión de redes telefónicas urbanas o interurbanas se efectuará en la forma prevenida en el citado Reglamento de 30 de junio de 1914, suprimiendo toda intervención que no sea la municipal, salvo en los casos en que, por afectar la línea a carreteras del Estado, sea preciso, sobre esta servidumbre, el informe o la concesión por parte del ramo de Obras públicas. Los Municipios podrán acceder a la unificación de concesiones en los términos indicados en el art. 95 para las líneas de ferrocarriles y tranvías.