La Energía eléctrica (1926-06-10 00:00:00), página 19

"Art. 36. En los expedientes incoados al amparo de la legislación vigente de protección a industrias, y salvo siempre lo dispuesto en el Real decreto de 30 de abril de 1924 y lo previsto en el penúltimo párrafo del art. 34 del reglamento, habrán de informar necesariamente: un asesor administrativo, abogado del Estado, conforme al art. 4.º del Real decreto de 21 de enero de 1925, adscrito a la Sección de Defensa de la Producción, acerca del aspecto legal de las demandas formuladas y cuestiones de derecho que interesen a la Administración; un ingeniero asesor, sobre las condiciones técnicas y necesidades económicas de la industria para la que se solicita el auxilio, y un contable, acerca de los medios económicos y financieros de que dispone el industrial o entidad solicitante.

"Examinada la petición en sus aspectos legal, técnico y económico, la Presidencia de la Sección, con propuesta de Secretaría, acordará recabar o no, según el resultado en general de aquel examen sea favorable o adverso a la concesión demandada, el parecer de otros funcionarios, Centros u organismos que por su competencia o atribuciones convenga conocer.

"Esto no obstante, en caso de una propuesta favorable a la concesión de todos o parte de los beneficios solicitados, habrá de entenderse que, a más de los asesoramientos de funcionarios adscritos a la Sección, deberá recabarse informe:

"A) Del Ministerio de Hacienda, si se solicitan y proponen los auxilios de las letras a), b), c), d), e) y f) de la base 4.º

"B) De los departamentos a que afecten los pedidos o conciertos que se interesen, si se solicitan y proponen los auxilios de las letras g) y h).

"C) Del Ministerio de Fomento, si se solicitan y proponen los auxilios de las letras i), k) y l; y

"D) Del Ministerio de la Gobernación, caso de ser solicitado y proponerse el auxilio de la letra j).

"Los Departamentos ministeriales cuyo informe en los expedientes de protección sea preceptivo, a tenor de lo que anteriormente se dispone, habrán de limitar su dictamen a los extremos de su peculiar competencia, en relación con los auxilios sobre los que deban entender en el plazo de un mes como máximo, por cada Departamento informante, entendiéndose que si transcurrido dicho plazo no se evacuó el correspondiente informe, se considerará cumplido el precepto, de conformidad con la propuesta favorable antes citada."

2.º Que como régimen de transición entre los preceptos derogados y los en esta disposición contenidos se establecen las siguientes reglas, que serán aplicables a todos los expedientes incoados al amparo del Real decreto de 30 de abril de 1924 y que estén pendientes de resolución el día de la publicación de esta Real orden en la "Gaceta de Madrid".

1.º Los expedientes en trámite en la Sección de Defensa de la Producción del Consejo de la Economía Nacional no sometidos a conocimiento del Comité ejecutivo o por éste no informados serán dictaminados por su Secretaría acerca de la suficiencia de los informes emitidos en ellos, en relación con lo en esta Real orden dispuesto, abstracción hecha de la condición del funcionario asesor y sólo en vista de los extremos examinados.

2.º Los expedientes que en virtud de preceptos derogados hayan sido remitidos a algún Departamento ministerial al que estuviese atribuida su resolución y estén pendientes de este trámite se entenderán enviados a informe y serán devueltos al Consejo de la Economía Nacional, una vez que se hayan emitido, para su tramitación ulterior.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento, el de los Departamentos ministeriales y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 8 de marzo de 1926.—Primo de Rivera.—Señor vicepresidente jefe de los Servicios del Consejo de la Economía Nacional.