La Energía eléctrica (1925-08-25 00:00:00), página 18

el derecho a la flotación con las garantías de seguridad necesarias para la debida y regular explotación de los citados aprovechamientos.

Estudiadas ambas cuestiones por los Consejos Forestal y de Obras públicas, se ha llegado a formular un proyecto de Reglamento para la tramitación y autorización de las flotaciones que, admitido con ligerísimas variantes por las Direcciones generales respectivas, ha merecido la aprobación del Directorio militar.

Fundado en las consideraciones que preceden, el presidente interino que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 20 de junio de 1925.—Señor: A L. R. P. de V. M., Antonio Magaz y Pers.

REAL DECRETO

A propuesta del jefe de Mi Gobierno, presidente interino del Directorio militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se dará cumplimiento a lo preceptuado en el art. 134 de la vigente ley de Aguas, declarando flotables todos los ríos para los que esta declaración no se haya formulado y que lo sean de hecho y se vengan utilizando para la flotación en casos distintos de los que consigna el art. 141 de dicha ley. El expediente relativo a cada río podrá ser iniciado mediante propuesta de la División hidráulica correspondiente, en la que se concretará qué tramos estima flotables y en qué épocas del año; y sometidas dichas propuestas a información pública, en la que se oirá a todos los interesados que lo estimen pertinente, y principalmente a los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos, harán la propuesta definitiva para cada provincia las Jefaturas de Obras públicas, dictándose las resoluciones mediante Reales decretos del Ministerio de Fomento.

Art. 2.º La instrucción de los expedientes para la concesión de licencias de flotación y conducción fluvial de maderas y las normas relativas a dicha conducción y al abono de las indemnizaciones de perjuicios a que pueda dar lugar, se ajustarán a las siguientes reglas:

1.º Cuando al dueño de un monte particular, rematante o contratista de productos forestales, le conviniera transportar sus maderas por algún río o ríos, lo comunicará al gobernador de la provincia en que radique el predio de donde aquéllas proceden, expresando en la instancia el nombre del dueño de la madera, la procedencia de ésta, el punto de embarque, el número y clase de las piezas que vayan a transportarse, su marca, el río o ríos que las mismas habrán de recorrer y el punto de destino o desembarque.

2.º El gobernador pasará la instancia de referencia a la Jefatura de Obras públicas de la provincia para la instrucción del expediente respectivo.

Si el río o ríos no fueran flotables, la Jefatura propondrá desde luego al gobernador que desestime la instancia, excepto en el caso de que en ella solicite el peticionario acogerse al art. 141 de la ley de Aguas, y aceptada esta propuesta por el gobernador, se comunicará al peticionario.

Si el río o ríos fueran flotables o fuese de aplicación el art. 141, propondrá la Jefatura, y ordenará el gobernador, la publicación en el “Boletín Oficial” de la referida instancia, y al publicarla se hará constar que se abre un plazo de treinta días para que presenten reclamaciones u observaciones todos los que se consideren interesados, y especialmente los Ayuntamientos de los pueblos cuya jurisdicción atraviesen los ríos que se trata de utilizar y los concesionarios de aprovechamientos a que pueda afectar la conducción de maderas solicitada.

Cuando dicha conducción hubiera de recorrer más de una provincia, la información se hará extensiva a todas ellas, mediante la publicación del mencionado anuncio en los “Boletines Oficiales” respectivos.

3.º Dentro de este mismo plazo de treinta días habrán de informar la Jefatura o Jefaturas encargadas del servicio piscícola de la provincia o provincias de que se trate, manifestando lo que estimen oportuno acerca de los daños que la conducción de la madera pueda ocasionar a la pesca, con todo lo demás que crean conveniente añadir, haciendo, si fuera preciso, la fijación del depósito que por este concepto deba constituir el interesado para responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la pesca o a sus legítimos usuarios.