La Energía eléctrica (1924-09-10 00:00:00), página 16

Existe la duda de si ese envío de tarifas deberán hacerle todas las Empresas e industriales, o sólo los que no las hayan enviado en su forma vigente.

El art. 5.º trata de la tramitación para el aumento de tarifas.

Al establecer en su principio que las Empresas podrán reducir las tarifas, pero sin poderlas aumentar sin nueva autorización, imposibilitará esa reducción en la mayor parte de los casos, por temor a que puedan llegar momentos difíciles sin que pueda conseguirse un nuevo aumento que haga suficientemente remuneradoras las tarifas; pues como ahora se indicará, las Empresas quedarán entregadas en la mayor parte de los casos a las autoridades locales, que se verán inclinadas a oponerse a esos aumentos por muy justificados que sean.

El art. 6.º determina cuáles serán las autoridades competentes para conceder las modificaciones de tarifas, y, como queda indicado, esas autoridades, que serán los alcaldes cuando la Empresa afecte sólo a un Municipio, o los gobernadores cuando afecte a varios Municipios de una sola provincia, como es lo más natural que dichas autoridades procuren congraciarse con la masa del pueblo que dirigen o gobernan y no acierten a ver en ella más que consumidores, difícilmente se conseguirá nunca el aumento de tarifas por muy necesario que sea para que pueda continuar funcionando una Empresa.

Por estos motivos es preferible que sea el Ministerio del Trabajo quien continúe resolviendo en materia de aumento de tarifas, por ser indudablemente mayor su imparcialidad, viéndose libre de la presión que tan de cerca sufren los alcaldes y gobernadores.

Por otra parte, parece una sensible e inexplicable inconsecuencia este precepto, tan opuesto a todo lo que hasta ahora se había legislado sobre esta materia.

Deberá además continuar atribuida esa facultad al Ministerio del Trabajo, porque dispone de personal técnico, tanto en materia de gas y electricidad como de derecho, de que no disponen los Ayuntamientos y Gobiernos de las provincias, por cuyos motivos no pueden ver nunca la verdadera razón que obliga a las Empresas o particulares dedicados a estas industrias a solicitar en ciertos casos el aumento de tarifas, cuando es materialmente imposible continuar sosteniéndose con los precios existentes hasta aquel momento. De adoptarse esa medida a que se refiere el art. 6.º, será más práctico prohibir a las Empresas en absoluto el aumento de tarifas, mejor que disfrazar con el carácter de concesión de un derecho, lo que en realidad sería una imposibilidad absoluta.

Por este motivo, y porque es de interés general que exista unidad de criterio en el asunto relativo a la fijación de tarifas, no parece conveniente que se atribuya en este caso la competencia a las autoridades locales y provinciales, que, como se ha indicado, ofrecen menos garantía de acierto que el Ministerio.

El art. 7.º prescribe que las Juntas de Abastos podrán proponer la reducción de tarifas al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, quien deberá resolver. Es de suponer que, aunque nada se diga en el artículo indicado, se oirá siempre a la Empresa o industrial interesado. Además, debe aclararse ese precepto poniéndole en armonía con la legislación relativa a las Juntas de Abastos, que sólo pueden proponer la reducción para el alumbrado de viviendas.

El art. 8.º dispone que las tarifas, el alquiler de contadores y demás conceptos de percepción, deberán figurar en las verificaciones oficiales.

Este artículo entendemos que no debería interpretarse nunca como ampliación de las funciones de los verificadores, que quedan convertidos en los árbitros de industrias tan importantes como éstas.

El art. 9.º establece que las elevaciones autorizadas no podrán aplicarse a los contratos en curso. Los contratos con los abonados particulares suelen hacerse por un mes prorrogable; pero esta disposición dificultará mucho los contratos por plazos largos, para evitar que, de otro modo, quede obligada la Empresa a sostener precios tal vez ruinosos.

Para todos los suministros en que no se estipule plazo, deberá entenderse su duración de un mes prorrogable.

(Continuará.)