La Energía eléctrica (1926-01-10 00:00:00), página 21

procedimiento, habría logrado. Ello colocaría a las Empresas en la necesidad de hacer desaparecer los precios bajos de sus tarifas, en evidente perjuicio del desarrollo industrial del país.

Finalmente, aparte otros razonamientos que pueden invocarse para apoyar la legitimidad de esta cláusula, no queremos dejar de referirnos al caso de las fuerzas eventuales; es decir, de aquellas que se contratan sabiendo que no se utilizarán más que en ciertas épocas del año. Ocurre muy frecuentemente el caso en las fábricas establecidas en las cuencas de los ríos. El industrial tiene fuerza hidráulica propia, y contrata el suministro de energía eléctrica con el solo objeto de suplir la deficiencia de fuerza en las épocas de estiaje. De no existir una Empresa eléctrica dispuesta a suministrarles, estos industriales tendrían que instalar máquinas de vapor supletorias, que, además del gasto de combustible que les ocasionaría en las épocas que funcionasen, les irrogarían todo el año cuantiosos gastos de entretenimiento, intereses y amortización, que se ahorran con la simple firma de la póliza. La estipulación de un mínimo de consumo representa para el industrial un sacrificio mucho menor, y garantiza a la Empresa una recaudación—sin la cual no podría las más de las veces aceptar el contrato—, tanto más justificada en cuanto, coincidiendo el suministro con las épocas de estiaje, se verá frecuentemente obligada a producir la energía con sus centrales térmicas.

A. VINAS.
Sub. gerente
y letrado asesor de Unión Eléctrica Catalana.

Protección de la industria nacional o defensa de la producción

Modificación del art. 4.º del Real decreto de 30 de abril de 1924 sobre auxilios a las industrias nacionales

EXPOSICION

SEÑOR: El art. 4.º del Real decreto de 30 de abril de 1924 prescribe textualmente que “a toda concesión para industrias ya establecidas habrá de preceder la revisión y comprobación de los tipos contributivos a que se encuentren sujetas”; y este precepto, al cumplirse por la Administración, habrá de producir necesariamente una lentitud en el trámite que retrasaria de modo considerable la resolución de los expedientes, no permitiendo en la inmensa mayoría de los casos la estricta observancia de las disposiciones del Reglamento para la ejecución del Real decreto de auxilios a las industrias nacionales, antes citado, referentes a los plazos en que las distintas tramitaciones han de producirse.

En efecto: si se ha de proceder a una verdadera revisión y comprobación de los tipos impositivos, habrá de pedirse a cada provincia certificación acreditativa de estar la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de no tener en la provincia bases impositivas por qué contribuir; y por lo que a la contribución de utilidades se refiere, dependiendo el tipo aplicable de la relación en que los beneficios se encuentren con el capital, y habiendo de servir de base a la fijación de aquéllos y de éste las diferentes reglas establecidas en la vigente ley Reguladora, resulta que para comprobar la exactitud de cada tipo de imposición aplicado habría de examinar la Administración las consiguientes liquidaciones con todos los documentos en que se fundaran. Y la consecuencia de todo ello sería, como es la realidad, la imposibilidad de cumplir debidamente el art. 4.º del Real decreto y observar a la vez los plazos de tramitación en el Reglamento determinados.

Para compaginar en la práctica ambas disposiciones, encaminadas las dos a fines tan plausibles como son el no otorgar los beneficios de la ley de Protección a las industrias a Empresas que no hayan cumplido sus obligaciones fiscales y a que no sufra retraso el despacho de los expedientes, se propone el procedimiento consistente en que las entidades solicitantes presenten declaración jurada de haber cumplido todas sus obligaciones para con el Tesoro o manifestación de que ninguna base impositiva les corresponde, pudiendo con tal declaración otorgarse provisionalmente la concesión de que se trate; procediendo en seguida la Dirección general de Rentas públicas a practicar la re-