La Energía eléctrica (1924-09-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE LAS SALESAS, 10, 1.º A

Año VI        Madrid, 10 de Septiembre de 1924        Núm. 17

El Real decreto de 12 de abril de 1924

Escrito de esta Asociación sobre el expresado Real decreto referente a servicios públicos, tensiones, frecuencias, presiones, tarifas y otras condiciones de los suministros de electricidad y gas.

Excelentísimo señor subsecretario del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria,

La Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, con domicilio en la plaza de las Salesas, núm. 10, piso primero, A, y en su nombre D. Juan Urrutia y Zulueta, como presidente, y D. Enrique Ucelay, como vocal secretario de la misma, a V. E. con la debida consideración exponen:

Que el Real decreto de 12 de abril último, publicado en la Gaceta del 15, contiene disposiciones de gran interés para las industrias de electricidad y gas, que entrañan una gravedad, tal vez no sospechada por sus redactores, cuyos perjuicios deseamos evitar solicitando ciertas aclaraciones al contenido del mismo.

En su art. 1.º se llega ya a la declaración de servicios públicos de los suministros de gas y electricidad, cuando por todas las disposiciones vigentes, y de conformidad con la opinión del Consejo de Estado y la doctrina del Tribunal Supremo, las citadas industrias no tienen tal carácter de servicios públicos más que en cuanto se refieren al alumbrado público de las poblaciones.

Es de lamentar esta multiplicidad y frecuencia de disposiciones, relativas principalmente a la electricidad, que no permiten a estas industrias, tan castigadas, adoptar la postura de tranquilidad y serenidad necesarias a toda manifestación de la economía y del trabajo. Difícil es que una industria, cuyas condiciones y circunstancias se hacen variar de día en día, pueda conseguir el crédito y suficiente confianza de los capitalistas, para acudir con sus bienes en apoyo de estas explotaciones, que, de seguir así, además de rendir muy escasos beneficios, no ofrecerán garantía ninguna al accionista u obligacionista, no pudiendo acudir a ellas con sus bienes porque van sufriendo tan rudos golpes, y es tan inestable la legislación que las rige, que, como consecuencia natural, todo capitalista llegará a rehuir la colocación de sus ahorros o capitales en negocios de esta índole.

El Real decreto que nos ocupa, al llegar a esa importante declaración de servicios públicos con referencia a la electricidad y al gas, no ha tenido en cuenta el aspecto jurídico de la cuestión, prescindiendo de oír al Consejo de Estado, que tenía declarado, como queda ya dicho, que estas industrias no eran servicios públicos.

En efecto, esa era la contestación terminante del Consejo de Estado a una consulta que el entonces Negociado de Industria del Ministerio de Fomento formuló, de un modo claro y terminante, acerca del carácter que reviste el suministro de electricidad al público para los diversos usos del fluido, especialmente el de alumbrado, preguntando taxativamente si puede y debe considerarse como servicio público, y si, en caso afirmativo, procede que la Administración pública reglamente el servicio y especialmente la fijación de límites en los precios de consumo. Rotunda y categóricamente concluye el mencionado Alto Cuerpo en su dictamen: 1.º, que el suministro de fluido eléctrico a particulares