La Energía eléctrica (1922-08-25 00:00:00), página 2

Intentos de reforma

Claro está que, dado el progreso de la técnica, y por ende el de las industrias hidroeléctricas, se vió muy pronto que sería conveniente reformar algunos artículos de la ley; pequeños puntos que resultaban anticuados en sus aplicaciones modernas, cuya circunstancia ha motivado la constante preocupación de los Gobiernos, tendiendo a estudiar una nueva ley que ponga más en armonía el interés del Estado con el de los particulares, en cuanto a saltos de agua se refiere.

Con esta finalidad se presentaron a las Cámaras, en diferentes épocas, proyectos de ley, que no llegaron a aprobarse, ni aun fueron discutidos, como siempre, por apremios de tiempo.

Entre otros debemos citar el proyecto de D. Miguel Villanueva en 1902, marcadamente liberal y con tendencia a favorecer las iniciativas particulares. La orientación principal consistía en declarar de utilidad pública, para los efectos de la expropiación forzosa, los abastecimientos de poblaciones y de ferrocarriles; los canales de riego y los saltos de agua, cuando la fuerza excediese de 200 caballos.

Ocho años después, en 1910, presentó el Sr. Calbetón otro proyecto de ley, cuyo preámbulo decía: «Los fundamentos de la ley vigente, cuidadosamente estudiados, no reclaman modificaciones en su esencia, pero aunque la amplitud de sus preceptos ha permitido aplicarlos a muchas necesidades modernas, no puede negarse que los admirables progresos realizados en las ciencias hidráulicas y en las industrias de los aprovechamientos de aguas, exigen nuevas disposiciones para garantir los intereses del Estado, facilitar el desarrollo de las iniciativas particulares y procurar que la realización de empresas de interés público innegable, no encuentren dificultades a veces insuperables, en el interés legítimo, pero egoísta de las conveniencias individuales.»

En el art. 2.º de esta ley declaraba de utilidad pública el agua con destino a abastecimientos de poblaciones, ferrocarriles, riegos y fuerza motriz, cuando excedía de 500 caballos.

Dos años más tarde, el Sr. Villanueva presentaba de nuevo un proyecto de reforma. Aludiendo al de 1902, decía: «No llegó a ser ley aquel proyecto, y como subsisten las razones en que se inspiraba, y cada vez va siendo más urgente poner en armonía ciertos preceptos de la ley con las necesidades modernas, se ha revisado el proyecto por si la experiencia en el tiempo transcurrido aconsejaba alguna variación, sólo se ha creído necesario agregar un artículo regulando la concesión de prórrogas.»

El deseo de mejorar la ley está confirmado en muchas Reales órdenes y reiteradas resoluciones de los Tribunales Contenciosos; ahora bien, estas disposiciones se hallaban sueltas, desperdigadas, sin conexión, y era preciso reunir, encauzar, ordenar todo cuanto se había dictado.

En este sentido expone el Sr. Cambó (Real decreto de 5 de septiembre de 1918) la conveniencia de «aclaar algunos conceptos que la diversidad de interpretaciones ha hecho confusos, generalizar otros que en la práctica se han empequeñecido, dando, en resumen, unidad a la multitud de disposiciones que hoy es necesario consultar».

Podía afirmarse que este decreto lograba corregir, a juicio nuestro, la deficiencia de mayor bulto de la ley; tan solo algún pequeño detalle podía restar aún, pero se iría reformando mediante disposiciones originadas a consecuencia de los casos particulares que surjan durante la marcha de los expedientes.

Los puntos más importantes contenidos en esta disposición se reducen a la declaración de utilidad pública aplicada a saltos que excedan de 1.000 caballos; fijación de plazos en el trámite de expedientes y al libre concurso durante un mes para presentación de proyectos.