La Energía eléctrica (1923-05-10 00:00:00), página 15

parte para atender a gastos de la Inspección misma, cuyos recursos trátese así de aumentar para poder generalizar la acción inspectoría.

Abolido por el apartado 2.º del art. 14 de la ley de Reforma tributaria el absurdo principio de la calificación de la responsabilidad, por la mera conformidad o disconformidad del inculpado, a que obedeció el Real decreto de 14 de noviembre de 1899, infiltrado por tanto tiempo en nuestro organismo administrativo, raíz de esos expedientes de ocultación por ministerio del temor de los que estaba sistemáticamente ausente el elemento precisamente más desapasionado de la contienda fiscal, que es la Administración en su aspecto jurisdiccional, justo es reconocer que el Gobierno, por medio del Real decreto de 4 de septiembre último, se apresuró a llevar sus consecuencias al Reglamento de la Inspección; pero aprovechando ahora la circunstancia de tener que tocar a él con otros motivos, ha parecido oportuna la ocasión de eliminar los vestigios que la acción consuetudinaria del régimen pasado había impreso en estas disposiciones administrativas, llevando el rigor de la exactitud a transcribir literalmente, cuando de ello se trata, los preceptos del art. 14 de la ley de 26 de julio, para que no puedan ofrecer dudas de interpretación las variantes de su texto a cuantos tienen como norma el Reglamento de la Inspección para la aplicación de los preceptos legales sobre estas materias.

La misma disposición de la citada ley proclamó, en efecto, principios tan saludables, que deben ser como el eje del régimen fiscal sancionador: uno, que las faltas de los contribuyentes se califican objetivamente por los caracteres o circunstancias que las integran, con independencia del juicio del que acusa o de la confesión, coaccionada por el temor a mayores responsabilidades del acusado, y otro, el de la protesta o la reclamación de éste no cambia la naturaleza del hecho ni agrava su responsabilidad, porque jamás es lícito enervar el derecho de defensa.

Completándose las reformas que se proponen con la determinación de ciertas reglas para la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes en el régimen de aquellos impuestos, como Utilidades y Minas, en que por la modernidad de su sistema sancionador cabe la delicada aplicación de tales gradaciones; ampliando este régimen a las responsabilidades por la contribución industrial, para la que el Poder ejecutivo está especialmente autorizado también por la ley de Reforma tributaria de 26 de julio del año anterior.

Por todo lo expuesto, el que suscribe, con la conformidad del Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 30 de abril de 1923.—Señor: A L. R. P. de V. M., Miguel Villanueva.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Los artículos 34, 35, 57, 58, 59, 60 y 61 del Reglamento para el servicio de la Inspección de la Hacienda pública de 13 de octubre de 1903, reformado por Reales decretos de 10 de abril de 1917 y 4 de septiembre de 1922, quedarán modificados y redactados en la forma que a continuación se expresa:

Art. 34. Las responsabilidades exigibles por omisión o defraudación en la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, y por ocultación o defraudación en los demás tributos, se corregirán en el grado que corresponda con las multas señaladas al efecto en las leyes o en los Reglamentos respectivos.

Las multas ingresarán en el Tesoro y se consignará en los Presupuestos generales del Estado, Sección de gastos de las Contribuciones y Rentas públicas, un crédito, al cual serán imputados los pagos de las participaciones correspondientes a los denunciantes y a los Inspectores.

La participación de la Inspección de la Hacienda pública y de los denunciadores en las multas que por razón de su gestión se impongan, se ajustará a la siguiente escala:

En las multas que no excedan de 10.000 pesetas, y en las primeras 10.000 pesetas de las multas que excedan de dicha suma, el 60 por 100.

En la parte en que la multa exceda de 10.000 pesetas, sin pasar de 20.000, el 25 por 100.

Por la parte en la que la multa exceda de 20.000 pesetas, sin pasar de 30.000, el 20 por 100.