La Energía eléctrica (1923-06-10 00:00:00), página 15

tro régimen tributario, sino que, de acuerdo con el principio que se reconoce en el Real decreto, debe procederse a examinar con acierto si ha existido o no intención de defraudar en el contribuyente, pues si no hubiera habido intención dolosa, no parece justo que se impongan las enormes multas que en muchos casos elevaban la cuantía de las supuestas defraudaciones a límites no sospechados por el que se aventuraba, tal vez por desconocimiento del sistema terrorista fiscal, a ejercer la industria o el comercio.

Reconocemos la verdad de cuanto se manifiesta también en la «exposición de motivos» del Real decreto, al darse de las campañas de protesta que se hacen contra las durezas del régimen tributario, pues profundizando un poco en la materia, cierto es que toda esa colección de requisitos y exigencias que tanto molestan en las contribuciones más modernas y complicadas, tienen, después de todo, la ventaja de que el contribuyente pueda conocer, por las disposiciones de las leyes y reglamentos, hasta dónde llegan sus obligaciones y responsabilidades tributarias, en lugar de que todo quede al arbitrio de los funcionarios que hayan de intervenir en la fijación y cobranza de los tributos, como ocurre con la antigua contribución industrial.

Llamamos también la atención de los lectores hacia los razonamientos, de evidente justicia, que se exponen en dicho Real decreto en cuanto se refiere a las Compañías mercantiles, que son administradas por personas naturales, cuyos actos u omisiones pueden dañar grandemente a los demás, a quienes no es justo condenar en todos los casos como si hubiesen procedido activa y directamente con dolo o culpa indudables.

Vemos, con gran satisfacción, atendida también, la idea que habíamos expuesto al Ministerio de Hacienda, del grave peligro que existía en muchas ocasiones de agotar las fuentes tributarias, comprometiendo la existencia del contribuyente con la exigencia de enormes multas, haciéndose así extensivo el perjuicio, no sólo al contribuyente a quien se quería castigar, sino a los empleados, obreros y consumidores, que se beneficiaban de aquella industria o comercio y al Tesoro público que perdía aquel contribuyente. Bien está que se reconozca así por el repetido Real decreto en su art. 4.º al establecer la condonación de aquellas multas, cuya exacción implicase la ruina del contribuyente o la cesación del negocio que motivase la imposición.

Llamamos además, muy especialmente, la atención hacia el art. 6.º, según el cual ese Real decreto será aplicable a todos los casos de que entiendan los directores generales o el Tribunal gubernativo, desde el día 5 de mayo último, cualquiera que sea la fecha de la imposición de la multa.

EXPOSICION

Señor: Las leyes fiscales presumen la existencia del dolo, en orden a la disminución de las cuotas debidas al Estado, cuando se produce el cuadro de las circunstancias que determinan la figura del delito o de la infracción, aceptando siempre como axiomático el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.

A medida que aumenta la variedad y complejidad de las relaciones económicas que ha de tener en cuenta el régimen de los tributos y se extiende con el progreso industrial y comercial de la nación, el círculo de los contribuyentes comprendidos en esa complicada y casi inextricable red de relaciones, se presentan más numerosos y graves los casos en que aquel supuesto de la ley Fiscal y la realidad de la vida están en palmaria contradicción.

Y acontece que en las campañas de protesta que los sentimientos de equidad heridos y los intereses lastimados promueven de tiempo en tiempo contra las durezas del régimen tributario, las más de las gentes culpan de las dificultades prácticas del conocimiento exacto de sus deberes tributarios a la complejidad de la ley, sin percibirse de que esa complejidad no es sino el reflejo de la que se ha ido produciendo en la organización económica, y el solo medio de restringir el arbitrio de la Administración para determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Así, en España, mientras la técnica legislativa de la Contribución industrial y de comercio es de una sencillez casi primitiva, el texto refundido de la ley Reguladora de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria representa la decisión de los legisladores españoles de entrar resueltamente por el camino de la complejidad técnica, como único medio de traer cumplidamente a cuenta la complejidad de las relaciones económicas a que se enlaza el tributo.