La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 17

contribuyente a quien se le exigiera un pago indebido por la Hacienda, aumentará la supuesta gravedad de su falta por hacer uso del derecho natural de defensa, que en todos los órdenes y en todas clases de asuntos se concede, convirtiéndole en un defraudador. Son, sin duda, mucho más acertados los preceptos contenidos en el Real decreto repetido y nos complacemos en reconocerlo así, permitiéndonos llamar la atención de V. E. hacia algunos otros puntos que aún siguen perjudicando al contribuyente y que creemos deberían ser tenidos en cuenta para que el referido reglamento alcanzase la posible perfección, pudiendo imponer penalidades de mayor o menor importancia, según los casos, sin producir daños injustos al contribuyente, que luego no son fáciles de subsanar.

Solicitamos en primer término, por creerlo de estrita justicia y porque en ello no puede existir ningún perjuicio para el Tesoro, que en todos los casos en que se crea descubrir una ocultación o defraudación, no se exija el ingreso de las enormes penalidades, que muchas veces arruinan al contribuyente, sin permitirle continuar en su industria o trabajo, y aun llegando a hacerle imposible su medio de vida; no obligándose al ingreso de las cantidades correspondientes a las multas tantas veces no se demuestre por sentencia definitiva o resolución firme que se trataba verdaderamente de un defraudador u ocultador, en cuyo caso será justo imponerle ya la penalidad determinada en la legislación de Hacienda aplicable al asunto.

Es decir, que en cualquiera supuesta defraudación u ocultación deberá exigirse el ingreso de la cantidad que se estime sustraída y los intereses de demora correspondientes, con el fin de evitar todo perjuicio para la Hacienda; pero las penalidades consistentes en las enormes multas con las cuales parece que quiere crearse un régimen de terror en el contribuyente, no se exijan hasta que se sepa que el causante de esa sustracción es verdaderamente culpable. Esta petición, que entendemos que podría tenerse en cuenta en todos los casos, ya que el Estado tiene prelación sobre los demás acreedores, por lo menos podrá ser aplicable a todas aquellas personas o entidades, como son los industriales que representamos, que por tener suficiente garantía en maquinaria, redes, instalaciones, bienes muebles e inmuebles de todas clases, aseguran suficientemente el pago de esas penalidades el día que lleguen a ser exigibles, pudiendo la Hacienda prescindir de esa espera para el pago de las multas en aquellos casos en que las personas causantes de las faltas no dispongan de esa garantía tan cierta y tan imposible de disimular.

No creemos que deba partirse en las relaciones de la Hacienda con los contribuyentes, de la idea de mala fe; en éstos, entendemos que, como en todos los órdenes de la vida, en toda persona en concepto de contribuyente debe suponer la Hacienda la buena intención, cuya presunción deberá ser únicamente modificada cuando se haya demostrado que el contribuyente obraba de mala fe respecto del Tesoro, ocultando, defraudando o disimulando sus bienes de cualquier manera. Con el reglamento actual se da algunas veces el caso, y podríamos citar varios dentro de esta misma industria y de la del gas, que es análoga a ésta, y en gran parte representamos, en que por consecuencia de cualquier visita de inspección, creyendo los inspectores de Hacienda que existen algúmas defraudaciones, se exijan cantidades que representan las disponibilidades totales de un particular o Sociedad, y luego hasta que se demuestra su inculpabilidad y la equivocación del inspector, y se ordena la devolución de esa suma, transcurren varios años, durante los cuales el perjudicado se ha visto privado de sus bienes, y cuando se le reintegran no tiene derecho a que se le indemnice en ninguna forma ni a percibir los intereses de esas cantidades. Es indudable que en todo país civilizado hay que sostener al Tesoro, por ser la base necesaria de toda clase de servicios del Estado, de los cuales, en mayor o menor escala, todos los ciudadanos han de beneficiarse; pero no hay que olvidar que, como todos estamos sujetos a equivocaciones, no debe cargarse todo el peso de las disposiciones penales de la Hacienda sobre cualquier contribuyente del cual pueda tenerse alguna sospecha hasta que se demuestre que era o no fundada, pues de otro modo puede llevarsele a la ruina con una ligereza e injusticia poco digna de la Hacienda española.

Interesa, indudablemente, antes que a nadie, a los mismos contribuyentes, el evitar en todo momento su ruina; pero también es de interés para la Hacienda no agotar sus fuentes de riqueza, y, por lo tanto, debe procurar por todos los medios posibles no impedir al contribuyente la continuación de su industria, comercio o profesión, consiguiendo de ese modo que permanezca siendo útil para la Hacienda de su país, en lugar de dejarle inutilizado para lo sucesivo con la exigencia de cantidades, de una sola vez, que no puede facilitar sin comprometer en muchos casos sus medios de vida.

Para evitar esto, y adoptando ya el sistema seguido en otros países y en algunos impuestos españoles, como el de Derechos reales, creemos conveniente que se permita el pago de las multas y demás penalidades en varios plazos, sujetándose el contribuyente que hiciera uso de ese sistema al pago de las demoras o recargos que se establecerán para esas circunstancias. De ese modo podrá cumplirse con el Tesoro sin merma ninguna de sus intereses, y al mismo tiempo no se impedirá a las Sociedades su existencia o al contribuyente que se viera en esos casos continuar en la industria, comercio o profesión con las cuales atendiera a la vida de su familia, y no se agotarían esas fuentes de riqueza más o menos modestas.