La Energía eléctrica (1924-05-25 00:00:00), página 15

Al aproximarse la fecha de hacerse efectivo este arbitrio por el Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia del Real decreto de 28 de febrero de 1922, que le autorizó para ello, oportunamente se dirigió esta Cámara al Gobierno razonando la ilegalidad del mismo.

Por no repetir las consideraciones allí expuestas creemos ahora suficiente recordar el art. 28 de la ley reguladora de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, que se opone clara y terminantemente a este arbitrio al establecer la prohibición de granar con recargo alguno municipal o provincial, ordinario ni extraordinario, la contribución sobre utilidades.

Como razonamiento en contra se ha dicho que este arbitrio de que nos ocupamos queda fuera de las excepciones que en el art. 28 se señalan, fundándose en que el producto neto es cosa distinta de los beneficios. Sin negar nosotros esta diferencia, forzoso es reconocer que no es tan fundamental, desde el momento en que en el mismo apartado a) del art. 397 del Estatuto Municipal, se comprende como incluida en el total para estimar el rendimiento neto efectivo de las Compañías, la «cantidad que sirviera de base a la liquidación de la cuota sobre los beneficios del mismo ejercicio en la tarifa 3.a de la Contribución del Estado sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria».

En cuanto a los otros dos aspectos, el «importe de los intereses de las obligaciones» de los apartados b) y c) del mismo artículo, que completan con lo anterior dicho producto neto, significan, más que otra cosa, una mayor agravación para esas Compañías.

En efecto, basta considerar que en el art. 406 del Estatuto se dice que «Los tenedores de Obligaciones emitidas por las Compañías abonarán a éstas las partes del arbitrio correspondiente al rendimiento neto distribuido como intereses de dichas Obligaciones...»

Esto, en nuestra opinión, es injusto si se considera que estos prestamistas pagan ya la correspondiente contribución sobre las utilidades, con arreglo a la tarifa segunda de la ley Reguladora de la misma, y sobre todo cuanto estos mismos intereses son gravados en la parte personal del repartimiento a favor de los Ayuntamientos, según determina el apartado a) del art. 467, donde se comprende como utilidades, entre otras, los intereses de las obligaciones de Compañías o de particulares, lo que empeora indiscutiblemente esta clase de préstamos, haciendo de peor condición a unas Compañías que a otras.

Además, para las Empresas explotadoras de servicios que afecten a la generalidad del vecindario de un término municipal, y en particular las de abastecimiento de agua, tranvías urbanos, suministro de gas y electricidad a particulares, y teléfonos urbanos, resultará que, conforme al art. 378 del Estatuto, que permite a los Ayuntamientos participar en los ingresos brutos o en el producto neto de la explotación dentro del término municipal, podrán aquéllos agravar a dichas Empresas dos veces sobre el producto neto, puesto que la mayoría de las Compañías que prestan esos servicios son afectadas por el arbitrio especial, establecido y desarrollado en los artículos 393 a 406 del Estatuto Municipal. Con la agravante de que en esa participación no se comprenden los reintegros a favor de los Ayuntamientos por destrucción o desarreglo temporal que se produzcan en las obras o instalaciones municipales.

EL GRAVAMEN SOBRE EL REPARTIMIENTO REAL

A la carga, insostenible en muchos casos, que el arbitrio a que acabamos de referirnos supone para las industrias por él afectadas, hay que añadir otra no menos grave.

En la sección décimotercera del libro segundo (artículos 461 al 523), se ocupa el nuevo Estatuto Municipal del Repartimiento general, y, especialmente, en el art. 471, al referirse a la obligación de contribuir en la parte real del repartimiento, incluye los rendimientos de las explotaciones industriales como sujetos a esa obligación.

En lo que afecta a las Sociedades anónimas, la base sobre la que tienen que contribuir por este nuevo concepto, está claramente en el párrafo tercero del apartado b) del art. 476 en la siguiente forma:

«El rendimiento de explotación de las Compañías anónimas, y el de las comanditarias por acciones, sujetas al arbitrio municipal autorizado en el apartado c) del art. 380, se estimará cantidad igual a la de base de imposición de dicho arbitrio.»

De modo que nos encontramos ante un recargo del arbitrio sobre el producto neto de las Compañías anónimas, que, a su vez, representa un recargo sobre la contribución de utilidades. Todo ello a pesar de la expresa y terminante prohibición del art. 28 de la ley de este último tributo.

RECARGO PARA PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

Por si esto no fuera suficiente, en el art. 525 del Estatuto se autoriza a los Ayuntamientos para establecer determinados recargos, con el fin de atender al servicio de intereses y amortización de empréstitos, entre los que se incluye uno sobre el arbitrio autorizado en el apartado c) del artículo 380, en equivalencia del recargo extraordinario, que también se autoriza sobre las cuotas de la contribución industrial.

Un nuevo recargo, pues, aunque con carácter extraordinario, que viene a vulnerar otra vez el repetido art. 28 de la ley de Utilidades

EL ARBITRIO SOBRE LOS INQUILINATOS

A todos los impuestos hasta ahora referidos, hay que añadir las adiciones y modificaciones establecidas en el art. 458 del Estatuto, por el cual desaparece el privilegio de exención del arbitrio sobre