La Energía eléctrica (1922-11-10 00:00:00), página 5

La ley de Presupuestos de 5 agosto de 1893, en su art. 51, dispuso que «no podrá ejercerse en las carreras de ingenieros sin el título académico correspondiente y previo el pago de los derechos establecidos, y que asimismo sería indispensable la posesión de dichos títulos académicos civiles o militares para el ejercicio de estas profesiones en España en trabajos particulares», y el Real decreto de la Presidencia de 28 de mayo de 1894 estableció en su art. 1.º que los títulos académicos de los ingenieros militares, a que se refería la disposición antes citada, se expedirían por el Ministerio de la Guerra. Así viene, en efecto, sucediendo desde aquella fecha, y cuantos jefes y oficiales de dicho Cuerpo desean trabajar en la esfera particular se proveen del título que les autoriza para ejercer libremente la profesión de «ingeniero» en los términos que previene la ley de 5 de agosto de 1893.

Posteriormente, la ley de Presupuestos de 30 de junio de 1895, en su art. 31, indicaba que los jefes y oficiales de todos los Cuerpos del Ejército y la Armada tenían derecho a que se les expidiera el título profesional correspondiente, según lo dispuesto por el art. 5.º de la ley de 5 de agosto de 1893, previas las consultas de las Juntas consultivas de Guerra y Marina, y Consejo de Estado en pleno, y el Real decreto de la Presidencia de 16 de septiembre de 1895 disponía «que los títulos académicos profesionales correspondientes a los oficiales de Artillería, se expedirían por el Ministerio de la Guerra, y que el ministro de Fomento dictaría las disposiciones conducentes a que los poseedores de los títulos mencionados puedan ejercer su carrera en trabajos particulares». En tales fundamentos legales descansa el título que se expide a los artilleros, en cuyo documento se autoriza al poseedor para que pueda ejercer libremente la profesión de ingeniero, sin que nos haya sido posible averiguar qué disposición faculta para que en el propio título se les declare «ingenieros industriales del Ejército», si bien presumimos obedecerá a alguna Real orden en que, a semejanza de lo hecho con los ingenieros militares, a los que de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado se les ha asimilado a los ingenieros de Caminos (para efectos de atribuciones y firma en trabajos particulares) y se les haya asimilado a los ingenieros industriales.

Los antecedentes anteriores confirman: 1.º, que dentro del Ejército no hay legalmente más ingenieros que los que constituyen el Cuerpo que con este nombre se designa en la ley constitutiva del 1878 aun vigente, lo cual no impide el que a los artilleros les esté encomendada la dirección de los establecimientos fabriles del ramo de Guerra, en que se producen armas blancas y de fuego (fusiles y cañones), juegos de armas, accesorios, explosivos, municiones y, en general, la mayor parte del material de guerra empleado por las armas combatientes, y que tanto al frente de estos cargos como de otros varios servicios que les están asignados, desempeñen papel similar al de ingenieros industriales, sin que ello suponga haya motivo para que pasen a sus manos en el porvenir otras industrias igualmente del ramo de Guerra que hoy están a cargo, no sólo del Cuerpo de Ingenieros, sino de los de Sanidad e Intendencia, y 2.º, que los títulos que para el libre ejercicio de la profesión de ingeniero expide el Ministerio de la Guerra, lo mismo a los ingenieros militares que a los artilleros, sólo tienen eficacia para los trabajos particulares, sin que jueguen papel alguno en el desempeño de la misión militar que a cada uno compete, siendo por ellos tan improcedente el pretender que dicho título convierta a los artilleros en ingenieros industriales del Ejército, como lo sería el que los ingenieros militares pasaran a ser ingenieros de Caminos del Ejército, para los que existen exactamente los mismos fundamentos legales que los aplicados por los artilleros para su pretendido cambio de denominación.—X.