La Energía eléctrica (1923-10-10 00:00:00), página 15

Esos Comités no son ninguna novedad en nuestra legislación social, pues el Real decreto de 24 de abril de 1920 creó un Comité paritario en Barcelona de cada uno de los grupos de entidades bancarias, de transportes, ventas al por mayor y al detall, y constituyó una Comisión mixta de organización del trabajo en el comercio de Barcelona. Ese Comité se constituyó por igual número de representantes de patrones y obreros en proporción al número de empleados de cada grupo.

La Comisión mixta se formó con tres representantes de ambas partes por cada uno de los cuatro Comités paritarios, cuyos representantes fueron elegidos por dichos Comités. Sus funciones serían conciliatorias, y todos sus acuerdos habrían de someterse a la Comisión mixta. Esos acuerdos habrían de tomarse por mayoría absoluta de patronos y empleados en la primera reunión y por mayoría absoluta de asistentes en la segunda. Los acuerdos de la Comisión mixta son obligatorios para todos los representantes.

La elección de los Comités paritarios se efectúa dando los patronos de los cuatro grupos indicados relación, en término de quince días, de todos los dependientes a sus órdenes mayores de diez y nueve años, cuya lista se expondría para reclamaciones durante cinco días, y las Cámaras de Comercio e Industria darían relación de los patronos en el término de veinte días. La Comisión mixta examinará las listas y reclamaciones, publicará en el Boletín Oficial el censo de los diversos grupos, número de representantes de los mismos, fecha en que se hará la votación y local, etc.

El Real decreto de 5 de octubre de 1922 creó los Comités permanentes y circunstanciales, los primeros de los cuales podrían establecerse de Real orden.

Al objeto de determinar las características de cada Comité paritario, se tendrán en cuenta las grandes categorías del trabajo, o sean agricultura, comercio, industria, minas y transportes, y dentro de cada una se organizará el régimen paritario por industrias y por grupos u oficios y profesiones. Se admite que, como elemento asesor, puedan formar parte del Comité representaciones de carácter técnico, designadas a propuesta de las partes o por el Ministerio del Trabajo, con su conformidad. Se estableció la renovación bienal en los organismos paritarios permanentes. El presidente será designado por las diversas representaciones y será ajeno a la profesión. Si no hubiera acuerdo le designará el Ministerio, a propuesta del Instituto de Reformas Sociales. Tendrá sólo voto dirimente si lo aceptan así los vocales que lo integren, y, en su defecto, su intervención será exclusivamente conciliadora.

El contenido de ese Real decreto podrá examinarse en su texto, que en líneas generales parece un resumen de las disposiciones anteriores, relativas a la intervención de las autoridades en caso de conflicto entre patronos y obreros, extendiendo sus disposiciones a todas las Sociedades industriales.

Los procedimientos empleados habitualmente por las Sociedades obreras, así como el deseo de las autoridades de conseguir que los patronos hagan cesar los conflictos concediendo a sus obreros todo lo que ellos pidan, son motivo de que no nos hagamos muchas ilusiones sobre las ventajas que para la industria puedan deducirse de las prescripciones de ese Real decreto. Sin embargo, deberá procurarse hacer uso de la intervención gubernativa en los casos de huelgas y paros, tratando de demostrar a las autoridades la necesidad de que los Ayuntamientos cumplan regularmente sus contratos de alumbrado público, estableciendo alguna elevación de los precios fijados en los mismos; y de una manera general sería necesaria para el sostenimiento de la industria una elevación de las tarifas de venta, para compensar los aumentos de salarios de que se trate.

De todos modos, será preciso seguir las prescripciones del Real decreto, y en caso de conflicto con los obreros, deberán darse a las autoridades todas las explicaciones convenientes, evitando también que, con pretexto de atender al bien público, puedan deducirse de los artículos 26 y 29 algunas resoluciones indudablemente perjudiciales para la industria.

En resumen: la legislación vigente en materia de huelgas es la siguiente:
Ley de Conciliación y arbitraje industrial, de 19 de mayo de 1908.
Ley de Huelgas, de 27 de abril de 1909.
Ley de Tribunales industriales, de 22 de julio de 1912.
Real decreto de 10 de agosto de 1916, sobre Asociaciones y Sindicatos obreros.
Reglamento de 23 de marzo de 1917, para la aplicación del Real decreto anterior.
Real decreto de 24 de abril de 1920, para evitar conflictos entre patronos y dependientes de comercio de Barcelona.
Real decreto de 15 de octubre de 1921, sobre clasificación y censo patronal y obrero.
Real decreto de 5 de octubre de 1922, sobre Comités paritarios para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo.
Real decreto de 3 de noviembre de 1922, sobre sindicación voluntaria.
Real decreto de 25 de agosto de 1923, sobre huelgas.