La Energía eléctrica (1923-11-25 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año III        Madrid, 25 de Noviembre de 1923        Núm. 22

TARIFAS DE ELECTRICIDAD

(Conclusión.)

Excelentísimo señor presidente del Directorio militar:

La Asociación de productores y distribuidores de electricidad, con domicilio en la Avenida del conde de Peñalver, número 24, y en su nombre D. Juan Urrutia y Zulueta, como presidente, y D. Enrique Ucelay, como vocal secretario de la misma, que tuvieron ya el honor de dirigirse a V. E. con fecha 22 del corriente, con motivo de actuaciones de las autoridades locales de Almería, Cádiz y La Coruña, respecto de los precios de la electricidad y el gas para sus abonados cuyas autoridades, creyéndose autorizadas al efecto, pretenden imponer reducciones en sus tarifas a las entidades suministradoras, se ven, muy a pesar suyo, obligados a acudir nuevamente a V. E. sobre la misma materia, con el propósito de evitar los más grandes perjuicios a sus asociados.

Corroborando el criterio que en la misma exposición se plantea del temor de que estas actuaciones locales puedan perturbar por completo la marcha y vida económica de las Sociedades eléctricas de España, cuya importancia consta en la expresada solicitud, y tratándose como se trata, de una industria básica y de las esenciales de la Nación por el capital que representa y la naturaleza de los servicios que realiza, y creyendo que las orientaciones señaladas por dichas autoridades, pueden ser un peligro máximo para la industria eléctrica al punto de afectar fundamentalmente a su vida y quizá matar en absoluto todo desenvolvimiento futuro por el perjuicio que a los industriales producen tales resoluciones, nuevamente, y con el respeto debido, se dirigen a V. E. para expresarle que se ha presentado un caso análogo en Valencia, donde el alcalde, con un criterio absolutamente personal, mantiene el principio de que para él no existen razones de ningún otro orden jurídico ni económico que justifiquen la existencia de precios aprobados por la Superioridad, considerándose árbitro para establecer los que a su parecer crea convenientes, si las Compañías de producción y distribución de energía eléctrica de Valencia no acceden por su voluntad a una reducción de tarifas que a él le satisfagan.

Esta manera de resolver asuntos de tal importancia, disminuyendo los ingresos de las Sociedades al propio tiempo que los de la Hacienda y de los Municipios, que en su conjunto por el solo impuesto de alumbrado cobran más del 22 por 100 de dichos ingresos, es tanto más sorprendente, cuanto es por completo contraria a todo lo legislado, hasta el presente sobre contratación de las Empresas con los abonados particulares.

Hasta la Real orden de 14 de agosto de 1920, las Empresas tenían completa libertad de fijar, dentro del límite de sus concesiones, los precios que las parecían convenientes, limitados siempre por la libre competencia entre ellas, consecuencia del principio de la libertad de industria consignado en la Constitución.

En aplicación de este principio, las Sociedades que tenían como medio de producción fábricas de vapor, han sido arruinadas por las que disponían de saltos de agua, porque éstas han po-