La Energía eléctrica (1922-09-25 00:00:00), página 7

imponer esta condición a los concesionarios anteriores al Real decreto (cosa evidente), el Estado convendrá en prestar un auxilio económico a los concesionarios de ahora, mediante una subvención o garantía de interés; de este modo tendrán una compensación equivalente a las ventajas de los saltos concedidos a perpetuidad.

El ilustrado ingeniero Sr. Machimbarrena, en un artículo publicado en Madrid Científico, decía hace tiempo:

«Con la vigente ley de Aguas, sabiamente concedida, con la jurisprudencia establecida y con las facilidades que, como ampliación, otorga la ley de Protección a las Industrias, hay bastante para conseguir el acrecentamiento de esa riqueza nacional. Si alguien quisiera otorgar algo más, que se otorgue, para que ese acrecentamiento sea más rápido; pero Dios no quiera que las nuevas orientaciones para modificar la ley sean de las que tiendan a poner miedo en las iniciativas particulares y a retraer al capital de estas Empresas.»

Seamos, una vez más, machacones en el tema, que su importancia bien lo merece. Siempre que la industria vive bajo un régimen de leyes amplias, armónicas y aun generosas, que alienten las iniciativas particulares y fomenten su creación y desarrollo, surge una situación próspera en todas las formas de la actividad de un país.

Por el contrario, cuando limitan, coaccionan, aumentan los obstáculos de procedimiento, el resultado se refleja muy pronto en la economía nacional. Muchos ejemplos pudiéramos citar. La legislación francesa referente a aguas (1898) padecía un sentido estrecho y arcaico, con un excesivo respeto a la propiedad de los ribereños; las trabas impuestas por aquella ley dificultaban grandemente la expansión de la industria hidroeléctrica. Por esta causa, los técnicos e industriales de París, Lyon y Grenoble emprendieron una campaña, secundada por M. Guillain, político honrado, y algunos juríscusconsultos eminentes, los cuales lograron ver aprobada una nueva ley de Aguas el 24 de julio de 1917, que vino a subsanar antiguos errores, aumentar las facilidades para la construcción y otorgar a todos los ciudadanos, sin distinción de castas, el uso y empleo de las aguas de los ríos, sin otra condición de preferencia que la prioridad de petición y sin más limitaciones que las que pueden derivarse de la indemnización por perjuicio de tercero. El resultado, ya lo hemos indicado, se ve en la actual explotación de 1.700.000 caballos; además se calcula que llegue a un millón de caballos el total de los saltos en construcción.

El notable ingeniero y publicista M. Blondel atribuía el atraso en que se hallaba Inglaterra, respecto a las Empresas de transportes de energía, a la defectuosa legislación, anticuada y severa, que impidió, durante algún tiempo, el desarrollo de esta industria.

De un estudio sobre esta materia, por Leroy Beaulieu, es el siguiente párrafo:

«Siempre que se ha querido limitar la propiedad, sea en duración, sea en libertad de su empleo y gobierno, disminuyó la actividad económica y decayó el espíritu de empresa.»

El ambiente sano que hasta aquí hemos respirado alentó la técnica nacional y logró impulsar la inercia del capital, hasta alcanzar el estado preponderante de nuestra industria hidroeléctrica.

El hecho es concluyente.

Al amparo de esa ley, que se quiere triturar, ha nacido la industria hidroeléctrica, cuya importancia está señalada por la cifra de dos mil millones de pesetas, que representa su capital.

Y ahora repitamos la invocación del Sr. La Fuente en la obra anteriormente citada:

«¡Legisladores! Parad un poco vuestra atención antes de poner mano en una ley que nos condujo a tan feliz suceso; y si, al fin, os decidierais a reformar tal cual detalle de su letra, conservad siempre su tendencia general y su liberal y fecundo espíritu.

Quitén trabas; suprimid informes; respetad su espíritu.»

ENRIQUE P. CARBALLO.