La Energía eléctrica (1924-06-25 00:00:00), página 20

En el período reglamentario de audiencia, la representación de la Sociedad Lebón y Compañía, acompaña testimonio literal del auto dictado por el juez de primera instancia, en 7 de noviembre de 1916, desestimando la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, formulada por el Ayuntamiento y el dictado por la Sala en 12 de enero de 1917, declarando desierto el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento, en unión de algunos otros documentos de interés. También aparece el presidente del Círculo Mercantil e Industrial en sociedad de que se desestime el recurso interpuesto por la referida Empresa Lebón.

El Ministerio de Fomento, por Real orden de 12 de marzo de 1918, encarece de ese Ministerio la remisión del expediente cuando se haya dictado resolución.

La Sección de ese Ministerio y Dirección general del mismo propone revocar la providencia gubernativa por ser la jurisdicción ordinaria la competente; y V. E. ordena el pase del expediente al Consejo de Estado para que informe.

Considerando que la Compañía Lebón, que había contratado antes de 1914 con el Ayuntamiento de Almería el suministro de Alumbrado público y particular por gas y electricidad a la población, publicó e hizo llegar a sus abonados circulares y anuncios advirtiéndoles que no podía suministrar dichos fluidos por los precios fijados en la cláusula 28 del contrato celebrado con el Ayuntamiento, y exponiendo a éste la imposibilidad en que se encontraba de realizar dicho servicio con relación a los particulares, si no se le autorizaba para elevar los precios por haberse alterado tan fundamentalmente la realidad que existía antes de la guerra, en la que el contrato se apoyaba, con relación a los precios de los combustibles y materiales necesarios para la producción del fluido, que forzosamente tenía que cambiar los términos o tarifas convenidas en la cláusula citada en el contrato, ya que, de lo contrario, podría llegar a la suspensión e imposibilidad de prestar el servicio;

Considerando que el Ayuntamiento acordó, entre otros particulares, que el extracto se consignan, prohibir a dicha Compañía que en nada y para nada alterase las tarifas que la cláusula 28 del contrato señalaban como precios a los cuales tenía que sujetarse para el suministro de gas y electricidad a los particulares, debiendo estar, aunque no desconocía las razones de equidad alegadas a lo convenido, por ser lo estrictamente legal, interponiendo la Compañía contra este acuerdo demanda ante el Juzgado y recurriendo al mismo tiempo para ante el gobernador, el cual, separándose del dictamen de la mayoría de la Comisión provincial, que estimaba que el conocimiento del asunto correspondía a la jurisdicción ordinaria, resolvió consignar en todas sus partes el acuerdo del Ayuntamiento, por creer que se trataba de un contrato de exclusivo carácter administrativo;

Considerando que la cuestión que se ha discutido ante el Gobierno civil de Almería y ante los Tribunales, y que plantean los recursos de alzada interpuestos ante V. E. consiste en determinar cuál será la jurisdicción competente para resolver el caso expresado que en este expediente se debate;

Considerando que la cuestión sustancialmente se reduce a saber si el Ayuntamiento tiene o no competencia para mantener o modificar la totalidad de la cláusula 28 del aludido contrato, por la que se fijaban los límites de precio dentro de los cuales podía contratar la Compañía con los particulares el suministro de alumbrado, o si éstos, al elevárseles los precios que como abonados había contratado con dicha Compañía, debían acudir a los Tribunales para que impusieran a la citada Empresa el respeto a lo convenido;

Considerando que los contratos para suministrar alumbrado público y particular y tarifas a ellos unidas, como elementos sustanciales de los mismos, fueron redactados por el Ayuntamiento con independencia de la Entidad que hubiera de resultar adjudicataria, previa la correspondiente subasta pública; que al fijar estas tarifas la Corporación municipal tuvo en cuenta que su tesoro no exigía al que resultase concesionario, impuesto ni gravamen alguno por practicar zanjas y por ocupar la vía pública, así como por todo lo demás que fuera necesario para la implantación de dichos servicios, y que el Ayuntamiento, como representante que es del prójimo, al determinar, con la más posible economía los precios del alumbrado particular, dejando de cobrar, a nombre del vecindario, y en beneficio también del alumbrado público, derechos e impuestos, no hizo más que cumplir estrictamente con ineludibles deberes exigidos por las leyes, que le obligan a velar por la baratura y facilidad de vida de sus administrados.

Considerando que lo que aquí se discute es la posibilidad de la existencia misma de la totalidad de la cláusula 28, por lo que a los precios o tarifas en ella expresados con relación a los particulares se refiere, ya que lo que la Compañía expone es que no puede sin ruina suministrar hoy dicho fluido por los precios convenidos en aquélla;

Considerando que los efectos civiles de un contrato administrativo tienen que ser y son consecuencia obligada de la existencia de ese contrato, ya que, supuesta la subsistencia y mantenimiento de éste y en el caso de que se trata, de la cláusula 28 con sus tarifas, es evidente que los particulares, al contratar con la Compañía con arreglo a los precios fijados en ella, pudieron y debieron acudir a los Tribunales si se cambiaban los precios convenidos sin su consentimiento, pero sólo a los efectos de que se les amparase en lo convenido, pero de ningún modo para que obligasen a la Compañía a que continuase prestando la totalidad de un servicio que ella declaraba no poder mantener;

(Continuará.)