La Energía eléctrica (1924-05-25 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año VI        Madrid, 25 de Mayo de 1924        Núm. 10

EL ESTATUTO MUNICIPAL
(CONCLUSIÓN)
HACIENDA MUNICIPAL

Art. 317. Este artículo regula los varios recursos que sucesivamente pueden interponerse contra los acuerdos del Ayuntamiento estableciendo exacciones municipales.

Estimamos conveniente que se estableciera la prohibición de poder exigir el pago de nuevas exacciones mientras no hubiera recaído aprobación definitiva, y que la exacción no puede tener nunca efectos retroactivos, esto es, exigirse por períodos de tiempo anteriores a su definitiva aprobación.

Además, para dejar en salvo los intereses de los contribuyentes, precisa establecer la obligación del Ayuntamiento de notificar a los reclamantes la fecha en que se remite a la Delegación de Hacienda el recurso y la obligación del Ministerio de Hacienda de notificar la fecha de entrada de las alzadas interpuestas contra acuerdos expresos o tácitos de la Delegación de Hacienda. Finalmente, no se consigna término para interponer el recurso contencioso-administrativo.

En la práctica no podrá exigirse la responsabilidad a cada momento, y resultarán denegados tácitamente todos los recursos.

Art. 318. Debería aclararse que son válidos los pactos o contratos otorgados hasta la fecha de la publicación del Estatuto, referentes a la obligación de contribuir y a la forma o la cuantía de las exacciones municipales.

Art. 321. Trata de la aprobación de las Ordenanzas de los arbitrios.

Entendemos sería conveniente reproducir el precepto contenido en el proyecto de exacciones locales, o sea que las Ordenanzas deben quedar aprobadas antes de que entre en vigor el presupuesto en que se consigne el arbitrio a que se refieren.

Art. 326. Como seguramente se iría haciendo uso cada vez más de las facultades que concede este artículo, prescindecido, por tanto, del requisito de aprobación administrativa de las Ordenanzas, convendría que en el Reglamento se limitaran bien las circunstancias en que por excepción pueda prescindirse de dicha aprobación administrativa.

Art. 327. Trata de las reclamaciones que pueden formularse contra la inclusión en la obligación de contribuir o contra el importe de la cuota liquidada por una exacción municipal.

Precisa que se consigne el plazo para interponer el recurso ante el Tribunal Provincial de arbitrios y la fecha, a partir de la cual ha de empezar a correr el expresado término, como también si debe considerarse denegado después de transcurrido algún plazo.

Art. 330. Precisa establecer el término que hay para interponer el recurso contencioso-administrativo, a que este artículo se refiere. Es de suponer que sea el mismo plazo establecido en la legislación de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Art. 376. Por prestarse su texto a algunas dudas sería muy conveniente que el Reglamento puntualizase y explicase más su contenido. Por esta Asociación podría citarse como ejemplo la ocupación del subsuelo por cables o líneas subterráneas, pues es de advertir que el art. 378, al hablar de participación en los ingresos brutos o el producto neto, considera sólo esa forma como potestativa.

Artículos 378 y 379. Estos dos artículos son los únicos que se refieren a aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de Empresas explotadoras de servicios públicos, y determinan que los derechos y tasas pueden revestir la forma de participación del Ayuntamiento en los ingresos brutos o en el producto neto de la explotación.

Entendemos que se deben introducir varias limitaciones y aclaraciones a dichos artículos, y entre ellas, las siguientes:

a) Que el arbitrio no podrá ser impuesto a las Empresas, sino al establecerse las líneas o canalizaciones o al prorrogarse las concesiones correspondientes.

b) Que si se impone el arbitrio al establecerse nuevas líneas o canalizaciones, sólo puede gravar los productos obtenidos con ellas.

c) Que el gravamen no podrá en ningún caso exceder del 25 por 100 de la cantidad que las Empresas satisfagan por contribución de utilidades o industrial.

d) Debería consignarse que en ningún caso pueden tenerse en cuenta los ingresos verificados fuera del término municipal o los beneficios obtenidos por servicios practicados fuera de él.