La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 17

Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1919 (Gaceta de 10 de diciembre de 1920), en pleito contencioso-administrativo dirigido por el Excmo. Sr. don Juan de La Cierva.

En la villa y corte de Madrid, a 11 de octubre de 1919, en el recurso contencioso-administrativo que ante Nos pende en única instancia entre la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza demandante, representada por el procurador D. Felipe Górriz, y la Administración general de Estado, demandada, y en su nombre el fiscal, sobre revocación de la Real orden de 23 de marzo de 1916, dictada por el Ministerio de Fomento.

Resultando que en 1914 varios consumidores de fluido eléctrico para alumbrado denunciaron al gobernador civil de Zaragoza que la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que anteriormente tenía establecido en sus contratos que cobraría a sus abonados un consumo mínimo mensual, había cambiado el procedimiento y establecido la tarifa diferencial, medio por el cual se cobraba una cantidad mayor que el importe del consumo que marcaba el contador; que habían reclamado ante el Tribunal municipal las cantidades cobradas en virtud de la tarifa diferencial y que la Sociedad había sido condenada a la devolución de las mismas, la cual en su vista había comunicado a los reclamantes que denunciaba sus contratos y les retiraba el servicio, por lo que solicitaban se ordenase a la Sociedad no llevarse a efecto dicha supresión y que cobrara el fluido por lo que marcase el contador;

Resultando que el gobernador ofició a la Sociedad en 2 de julio de 1914 recordándole el cumplimiento del art. 42 del Real decreto de 7 de octubre de 1904, Real decreto de 8 de junio de 1906 y Real orden de 9 de diciembre de 1907, a lo que contestó la Sociedad que restablecía la corriente como medida transitoria y circunstancial e interesando una resolución justa del asunto; se dio audiencia a la Sociedad para que expusiera lo que a su derecho conviniera respecto a la tarifa diferencial, y contestó que el consumo inferior a cinco kilovatios se facturaba a precio más alto que la tarifa general, sin que aquella percepción pudiera calificarse de consumo mínimo, y en cuanto a la supresión del servicio, que no era procedente el art. 42 del reglamento ni la Real orden de 9 de diciembre de 1907, por tratarse de una declaración judicial sobre interpretación de contrato;

Resultando que informado el expediente por el Consejo provincial de Fomento, el gobernador, en 14 de septiembre de 1914, resolvió: primero, confirmar su resolución de 2 de julio anterior, ratificando que la Sociedad no puede dejar de suministrar fluido eléctrico a los abonados, no sólo mientras tengan reclamaciones administrativas pendientes, sino también cuando hayan sido resueltas, siempre que estén al corriente de sus recibos, y segundo, que conforme al art. 38 de las Instrucciones para el servicio de suministro de electricidad, con la modificación aprobada por Real decreto de 25 de octubre de 1907, la Sociedad no puede exigir a sus abonados por la llamada tarifa diferencial mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas según contador, por constituir dicha tarifa un mínimo mensual de consumo prohibido según aquel precepto;

Resultando que la Sociedad industrial Eléctricas Reunidas de Zaragoza interpuso recurso de apelación para que se declarase la incompetencia del gobernador para conocer del asunto, o que es nulo lo actuado en el expediente, o en último término se revoquen las providencias recurridas, y acompañó modelo de abono por contador. Como complemento del recurso presentó otro escrito expresando que el gobernador se atuvo para dictar su resolución al Real decreto de 25 de octubre de 1907, que modificó el art. 38 de las Instrucciones; pero que no tuvo en cuenta el Real decreto de 8 de mayo de 1908, en el que se omite la prohibición del consumo mínimo;

Resultando que la Comisión permanente española de electricidad informó que la Sociedad recurrente puede ejercitar el derecho de libre contratación inherente a todo servicio particular, que lo resuelto por la Administración vulnera los principios legales que regulan las relaciones entre la industria y el público y que la intervención del gobernador debiera haberse limitado al caso concreto del art. 42;