La Energía eléctrica (1922-09-25 00:00:00), página 5

para gastarla ni venderla, sino para aprovechar su energía potencial desarrollada en la caída del salto y luego devolverla íntegra y pura al cauce del río de su procedencia.

No hay razón, pues, que justifique la concesión perpetua de minas y la temporal de los saltos.

En las minas se trata de una riqueza preexistente, cuyo aprovechamiento es sencillo; en los saltos de agua la ciencia del ingeniero se aplica a proyectar presas, canales, puentes, obras de fábricas, tuberías de presión, sifones, edificaciones, centrales, instalación mecánica, eléctrica, líneas de transporte, etc., etc., todo es creación del hombre.

El dominio eminente del Estado es igual en la masa de agua, filón al descubierto, que en la masa mineralógica del interior de la tierra; he aquí, por tanto, el fundamento de la semejanza del sistema de concesión y, por esta causa, y aun con más preferente motivo, la concesión hidráulica con destino a fuerza, debe considerarse a perpetuidad.

Las dos castas

Pero aun existe otra razón de mayor peso y trascendencia.

A partir de la publicación del Real decreto en la Gaceta se crean automáticamente dos castas: la de los concesionarios anteriores a dicha fecha, o sea a perpetuidad, y la de los posteriores, o sea a plazo fijo; resulta, pues, la formación de un régimen irritante de desigualdad.

Las fuerzas hidráulicas en explotación alcanzan la potencia de 600.000 caballos, y se calcula que las concesiones de saltos sin construir, anteriores a la publicación del decreto, arrojen la suma aproximada de dos millones de caballos. Además, toda esta fuerza hidráulica, o sea casi la mitad de la virtualidad de nuestros ríos, es natural suponer que corresponda a aquellos saltos que reúnan las mejores condiciones industriales, en tanto que los aprovechamientos hidráulicos que restan por estudiar han de ser los de ejecución menos económica, de situación topográfica más difícil y más apartados de los centros de población. Además, a estos inconvenientes hay que sumar el encarecimiento de materiales, el aumento de los salarios, la carestía de maquinaria y el mayor tipo de interés del capital.

Véase, pues, si bajo estas normas no se podrá predecir, con algún acierto, el retranqueo del capital y el estancamiento de la industria hidroeléctrica.

Al llegar a este punto no faltará quien insinúe la idea de aplicar la misma condición temporal a todos los concesionarios de saltos obtenidos antes del decreto, construidos y sin construir.

La idea es liberal, justa, equitativa y así debiera suceder, en cuyo caso nos retiraríamos prudentemente por el foro; pero es, a juicio nuestro, irrealizable, no sólo en el orden legal, sino en la marcha usual de la vida.

Y ahora nos internamos en un terreno algo escabroso.

Define el Código civil la propiedad (art. 848) diciendo que es el derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. La concesión administrativa de un aprovechamiento de aguas, con destino a usos industriales, es el derecho que se otorga al peticionario para gozar y disponer de las aguas, sin más limitaciones que las establecidas en las cláusulas de la Real orden de concesión y todas las disposiciones que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, la concesión tiene todos los caracteres de una propiedad; y si es así, parece natural que el concesionario a perpetuidad, propietario de la construcción y explotación del salto, acuda a refugiarse en el art. 10 de la Constitución del Estado, a fin de no verse privado de su propiedad, sino por autoridad competente y causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.