La Energía eléctrica (1922-04-25 00:00:00), página 20

Vista la Real orden de 15 de julio de 1916, así como el escrito de 19 de noviembre de 1919, interponiendo este recurso la Sociedad Lebón y Compañía expuso que no se acompañaba la carta de pago de la cantidad a que había sido condenada, porque figuraba en el expediente, y en la demanda formulada en 20 de marzo de 1920, se dijo que las 9.503,09 pesetas y el 20 por 100 de ellas, o sean 1.900,61 se habían ingresado en la Hacienda el 9 de diciembre de 1918, y el documento que lo acreditaba se había quedado en la Delegación de Hacienda de Almería, y después se ha presentado certificación literal de la carta de pago que justifica la corteza de todas esas manifestaciones, y con esto debe considerarse cumplido el requisito exigido por el art. 6.º de la ley de lo Contencioso, de que para interponer el recurso sea indispensable el previo pago de la cantidad a que resulte condenada la Sociedad reclamante, y por ello debe desestimarse la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal, en atención a que el pago se hizo con mucha anterioridad a la interposición del recurso.

Considerando que aunque la ley de 18 de marzo de 1900 y su reglamento de 22 del mismo mes impusieron a los fabricantes de gas y electricidad la obligación de recaudar el impuesto de 10 por 100 correspondiente al Estado, las Reales órdenes de 9 de diciembre de 1904 y 4 de agosto de 1905, los relevaron de ese deber, limitándolo a que presentasen certificaciones expresivas de lo que importase para que la Hacienda, con vista de ellas, pudiera proceder a su realización por la vía de apremio;

Considerando que en el expediente aparece reconocido por todos que la Sociedad Lebón y Compañía cumplió ese precepto y presentó en la Administración de Hacienda de Almería puntualmente las certificaciones relativas a su contrato de suministro de gas y electricidad con el Ayuntamiento de dicha capital, hasta abril de 1917, estando también justificado que en esa fecha dejó de hacerlo, no por su voluntad, sino porque en ella empezó la restricción del alumbrado en la población, en cumplimiento de lo que se dispuso en la Real orden de 15 de julio de 1918, y ya no fue posible conseguir del Ayuntamiento, que lo reconoce y declara en diversas comunicaciones que figuran en el expediente, la liquidación de lo que importasen los servicios que se habían reducido, habiéndose realizado por la Sociedad Lebón y Compañía repetidas gestiones para lograrlo, sin obtener ningún resultado hasta septiembre de 1918, en que ya hicieron un convenio, que la Corporación municipal no aprobó hasta el 18 de noviembre de dicho año, y al día siguiente envió la Sociedad actora a la Administración de Hacienda de Almería la certificación de lo que importaba el 10 por 100, a fin de que pudiera proceder a su cobro;

Considerando que todo esto revela que el retraso notado en remitir a la Administración de Hacienda las certificaciones del 10 por 100 no fué debido a nada que, pueda ser imputable a la Sociedad Lebón y Compañía, sino a actos del Ayuntamiento, que no le liquidaba el importe del alumbrado reducido que suministraba, y por ello existió una verdadera imposibilidad absoluta de poder remitirlas, y como cuando esto deja de hacerse, las citadas Reales órdenes de 9 de diciembre de 1904 y 4 de agosto de 1905 no imponen como sanción el que respondan las Compañías del importe del 10 por 100 y es lo que se ha exigido a la Sociedad Lebón y Compañía, por la Administración de Hacienda de Almería, es procedente revocar su decisión, confirmada por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda y mandar que se le devuelvan las cantidades que indebidamente se le exigieron;

Fallamos que desestimando la excepción de incompetencia propuesta por el fiscal, debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 14 de agosto de 1919, y mandamos que se devuelvan a la Sociedad Lebón y Compañía las cantidades que ingresó con motivo de las reclamaciones que le hizo la Administración de Hacienda de Almería.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Martín de la Barrena.—Alfredo de Zabala.—Carlos Groizard.—Manuel Velasco.—Ramiro Corés y López.—Raimón de las Cagigas.—Ángel Díaz Bento.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón de las Cagigas, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy su Sala tercera, de lo que, como secretario de la misma, certifico.

Madrid, 6 de diciembre de 1921.—Domingo Salazar.

Es de notar que habiendo sostenido el Ministerio Fiscal en su escrito de contestación a la demanda, y en el acto de la vista, que se trataba de un contrato que únicamente contenía obligaciones administrativas, pero no la obligación civil de prender; por lo cual, según el art. 11 de la Ley de Contabilidad de 1 de julio de 1911, el Tesoro tenía prelación sobre la Compañía para cobrarse de las rentas mencionadas el impuesto de alumbrado debido por el Ayuntamiento, la Sala 3.ª del Tribunal Supremo no lo ha apreciado así, como puede deducirse de la sentencia transcrita.