La Energía eléctrica (1922-12-10 00:00:00), página 17

trías eléctricas y de gas, pues no existe tampoco ese pretexto de considerarlas como servicio público, porque estas industrias, en nuestro país, tienen carácter privado, siendo solamente público el servicio que se presta para el alumbrado de las poblaciones, como consecuencia de los contratos administrativos celebrados con los Ayuntamientos. Pero, además, es digno de tenerse en cuenta que, aun en otros países en que tienen la consideración de servicio público, como sucede, por ejemplo, en Francia, están sujetas a condiciones mucho más favorables que, en España, pues se consienten los aumentos de precios en proporción con la elevación de los gastos experimentados después de la guerra, existe el monopolio para ambas industrias, y para dar idea de las ventajas que se las otorga, puede citarse el hecho de que las Empresas de esta clase no tienen que pagar impuestos de utilidades por sus beneficios.

Como podrá apreciarse comparando el Real decreto de 9 de noviembre pasado con la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916, al prorrogarse por aquél los artículos 2.º y 4.º de ésta, es de temer que continúen vigentes los perjuicios que vienen sufriendo estas industrias, por ser precisamente el art. 4.º uno de los que manejaba la Administración para sujetarlas y envolverlas a su capricho.

Celebraríamos equivocarnos, y veríamos con mucho gusto que acertase uno de nuestros asociados más importantes, que expone su opinión sobre el estado en que queda actualmente la ley de Subsistencias, en un comunicado que se publica a continuación del Real decreto de prórroga; pero tememos que la Administración no vea tan clara y lógicamente la realidad y la razón como consigue exponerla nuestro comunicante en su bien fundado artículo.

A continuación se copia la exposición y la parte dispositiva del expresado Real decreto:

«EXPOSICION

Señor: Es de toda evidencia que la anormalidad de la vida económica, causa de la ley de Subsistencias, va, por fortuna, desapareciendo. Prorrogada en su totalidad por períodos de doce meses, a partir de 1917, lentamente se ha dejado de ejercitar por los Gobiernos muchas de las autorizaciones concedidas por la ley, y por esto ahora se limita la prórroga a las que se estime indispensables ejercitar, por no estar solucionados problemas como el de transportes y el de los carbones, cuyos complejos aspectos y múltiples derivaciones, no sólo en el orden económico, sino en el social, sería ocioso encarecer. No puede el Gobierno quedar desposeído de los medios extraordinarios que la ley aludida concede, y a cuyo amparo se han dictado las disposiciones que de un modo proverbial lo solucionan, hasta que el Poder legislativo acuerde las normas definitivas en el orden económico y en el jurídico. Parece ocioso indicar que ni un día más allá de aquel en que esas normas se hayan promulgado regirán esas autorizaciones. Acreditado tiene el Gobierno, con sus actos y su política, cuán grande es su deseo de llegar a la plena normalidad de la vida económica, y de qué suerte usará con toda parsimonia de esos medios extraordinarios en la misma medida y grado que las circunstancias lo sigan exigiendo. Cumplido el precepto del art. 7.º de la ley de 11 de noviembre de 1916, mediante el informe del Consejo de Estado en pleno, el presidente del Consejo de ministros que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.

Madrid, 9 de noviembre de 1922.—Señor: A. L. R. P. de V. M., José Sánchez Guerra.»

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de ministros, a propuesta de su presidente y de conformidad con el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decretar lo siguiente: