La Energía eléctrica (1923-11-25 00:00:00), página 15

Real decreto de 3 de Noviembre de la Presidencia del Directorio militar

EXPOSICIÓN

Señor: Son unánimes los clamores que en todas las naciones se elevan al Poder ejecutivo en demanda de soluciones para restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta, roto largo tiempo antes de estallar el conflicto armado que vino a agravar las hondas perturbaciones ya existentes en los problemas económicos.

El malestar originado por la elevación del coste de la vida no podía desaparecer al cesar las hostilidades en los países que en la guerra europea intervinieron, y en donde la crisis económica fue más aguda y violenta, ni tampoco en los que permanecieron alejados de la contienda, podía restablecerse la situación de los años anteriores a la guerra, toda vez que la carestía se debía a las profundas transformaciones introducidas en los elementos de la producción, el cambio y el consumo.

A pesar de las intervenciones del Estado con severas reglamentaciones, la especulación sobre todo lo que para subsistir se considera necesario llegó al desenfreno, y al sobrevenir la paz continuó señoareándose y obligó a persistir en una fiscalización que todos los gobernantes desearon fuera por corto plazo, con la esperanza de que los hechos diieran la razón a quienes, como panacea de tan graves trastornos, preconizaban por todo remedio la inhibición gubernativa, pretendiendo que la ley de la oferta y la demanda nivelaría rápidamente los precios, y olvidando, quizá de buena fe, que tal libertad no puede coexistir con las confabulaciones, monopolios, especulaciones y proteccionismos viciosamente admitidos en tantos países.

En nuestra Patria se agudizaron igualmente los trastornos económicos que crónicamente existían, y la vuelta a la ansiada normalidad económica tropieza con el tesón con que se han venido oponiendo al libre desenvolvimiento de las operaciones productivas y comerciales cuantos pudieron imponer artificiosas maniobras de excepción, sin perjuicio de reclamar al propio tiempo del Estado una suicida abstención de cuanto significase coartar los apetitos de lucro desmedido, viéndose en cambio agobiado el Poder público por coacciones que le forzaron a conceder protecciones, con las que se buscaba la permanencia de los altos precios.

Reconociendo el Parlamento español la necesidad de un intervencionismo del Estado en los problemas de abastos, votó la ley de 11 de noviembre de 1916, que concedió al Gobierno facultades extraordinarias para actuar principalmente sobre el cambio y el consumo de las sustancias alimenticias de primera necesidad y las primeras materias indispensables para la subsistencia. Votada esta ley para regir en los doce meses siguientes a su promulgación, ampliables por períodos de doce meses, fué prorrogándose su vigencia hasta el 11 de noviembre de 1922, en cuya fecha sólo se estimó conveniente disponer de las autorizaciones que al Gobierno conferían los artículos 2.º y 4.º de la misma. De ellos, el art. 4.º facultaba al Gobierno para regular el precio de las sustancias alimenticias y primeras materias e intervenir en la distribución y circulación de las mismas.

Para la ejecución de tales facultades, el Real decreto de 18 de enero del corriente año creó la Junta Central y las provinciales e insulares de Abastos, con las facultades y atribuciones que por dicha soberana disposición se les confería, dictando reglas a que debían atenerse para efectuar la regulación de precios.

La experiencia suministrada por el funcionamiento de tales Juntas, comparada con las enseñanzas adquiridas durante la actuación de las Juntas de Subsistencias creadas por la ley de 11 de noviembre de 1916, aconseja ampliar las facultades gubernativas y las de los organismos encargados de su ejecución para permitir desembarazadamente la imposición de las medidas que se concepcionan indispensables para contener dentro de justos límites las operaciones comerciales, combatir las especulaciones abusivas y hacer fracasar las confabulaciones que se oponen al moral desenvolvimiento del cambio de productos.

No se pretende con el decreto que se somete a la sanción de V. M., dar definitiva solución a los conflictos motivados por la defectuosa organización comercial existente, ni ha de