La Energía eléctrica (1923-06-10 00:00:00), página 16

y es un hecho harto conocido que los casos en que la determinación de los deberes tributarios de los contribuyentes depende del arbitrio de la Administración, son excepciones rarísimas en Utilidades, mientras forman enorme cúmulo en la Contribución industrial y de comercio. La legislación ha excogitado desde hace largo tiempo una institución que permite resolver equitativamente los conflictos entre los supuestos legales de la penalidad fiscal y la realidad de las cosas; ese medio es la condonación.

El carácter de gracia con que la institución históricamente aparece, ha ocultado durante mucho tiempo, así al legislador como a la Administración, buena parte del extenso campo en que esa Institución es aplicable, y la función de justicia que está llamada a realizar; pero no hay, que olvidar que la equidad es justicia cuando se aplica conforme a los fundamentos del derecho natural, siendo el medio de corregir nuestro sistema tradicional de penalidad fiscal, es, a saber, siempre que las personas en quienes directa o indirectamente recae el gravamen económico de la sanción penal, no solamente estén libres de toda sospecha de dolo o de culpa, sino que además haya demostrado o demuestren de un modo indubitável voluntad de cumplir con sus deberes tributarios. Así no se comprende sino por la ruda imperfección de nuestro derecho tradicional, el que soporte una multa el menor o el incapacitado, que al llegar a la mayor edad o al cesar la incapacidad y entrar en la administración de sus bienes, apenas advertido el fraude que cometieran sus administradores legales, hace ante la Administración las manifestaciones necesarias para la exacción de las cuotas defraudadas.

Las disposiciones penales de algunos de los proyectos presentados a las Cortes modernamente, regulaban estos casos con arreglo a justicia, reformando adecuadamente en este punto nuestro régimen tradicional, y así el régimen vigente de la tributación minera, la remisión total de la pena, se extiende hasta los casos en que, habiendo existido alguna vez la voluntad de defraudar, se produce después una rectificación espontánea de conducta.

Las Compañías mercantiles y las demás entidades morales ofrecen en este respecto un interés especial. Por su propia naturaleza, estas entidades son administradas por personas naturales, cuyos actos y omisiones producen en el patrimonio o en la renta de los asociados o participes efectos económicos, a veces de suma importancia, sin que en la inmensa mayoría de los casos estén aquéllos personalmente en condiciones de prevenirlos y evitarlos, y es preciso dejar tan expedito, como sea posible, el camino para que puedan tales entidades entrar en la legalidad.

Así, pues, nuestro derecho debe ser reformado según el criterio vigente en la contribución directa antes recordada, y aun parece que la reforma fundamental de la ley Reguladora de la Contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria no se extendió a este punto por la conveniencia estimada por el Gobierno, de limitar las modificaciones a lo indispensable. Mas hasta que pueda hacerse esta reforma que requiere el concurso de las Cortes, cabe llegar a soluciones prácticamente satisfactorias del problema mediante la condonación, en tales casos responde juntamente a exigencias de la justicia y de la conveniencia.

Existe, finalmente, otra serie de casos en que el dolo es evidente, y en los que, sin embargo, ha de remitirse la pena; a saber: todos aquellos en que la exacción de la multa compromete la existencia del contribuyente. Por la propia naturaleza del impuesto no puede justificarse exacción alguna que elimine de la economía nacional a la economía privada sobre que recae.

Estos conflictos entre la exigencia de la ley y la existencia económica del contribuyente, se presentan, como fácilmente se comprende, con mayor frecuencia e intensidad en los Estados que poseen un sistema de imposición directa, basado en contribuciones personales, cobradas directamente y no por retención en la fuente. Y así las leyes de Contabilidad, de más fina técnica de esos países, otorgan al Poder ejecutivo la facultad, cuyo ejercicio es deber de Gobierno, de abstenerse de tales exacciones, aunque formalmente se ajusten a la ley estrictamente.

En nuestra Patria, el predominio de la imposición real y la amplitud del sistema de retención han evitado que esos daños se presenten en número considerable y con caracteres de gravedad, que obligarán a intervenir para remediarlos.

(Se continuará.)