La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 18

Otro punto que es de gran interés para todos los contribuyentes, y en especial para los que representamos, es que se cumplan las disposiciones vigentes sobre la materia de devoluciones de ingresos indebidos y se respeten las sentencias y las resoluciones firmes de las autoridades y Tribunales de Hacienda, pues de otro modo se hacen interminables estos expedientes, a los que se oponen con mucha frecuencia por las autoridades toda clase de obstáculos y dilaciones, por creer que de esa manera obran mejor, eluden responsabilidades y se significan más en la defensa de los intereses del Tesoro, sin fijarse en que ni el Tesoro, ni el Estado español, ni ningún orden de legislación de esta especie en ningún país civilizado puede amparar la injusticia, puesto que la exigencia de parte de los productos obtenidos por los ciudadanos por medio de su trabajo o empleo de su capital, tiene que estar indefectiblemente sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen en materia de contribuciones e impuestos, y que todo aquel a quien se exija indebidamente cualquier cantidad, debe ser cuanto reintegrado de ella, porque toda esa clase de disposiciones se basan siempre en la equidad reconocida en el estudio y discusión de su contenido, que se lleva a efecto por las autoridades de Hacienda y por las Cortes. Por esa razón, en materia de devoluciones se ordena la rapidez en la tramitación y la entrega al interesado, con toda la brevedad posible, de la cantidad de que se le privó indebidamente. Si esos expedientes de devolución se hubiera pensado que podrían llegar a ser tan eternos como, por desgracia, lo son actualmente, es seguro que obrando la Hacienda con toda justicia hubiera reconocido el derecho al abono de intereses a los perjudicados.

Muchos casos podemos citar para demostrar lo que venimos sosteniendo, pero bastará que mencionemos dos: uno de ellos, el de una Sociedad que, en el momento presente, tiene incobrados 21 expedientes de devolución, que representan cantidades de gran importancia, y otro, el de otra Sociedad que, habiendo reconocido el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, por fallo firme del año 1913, el derecho a que la fueran devueltas determinadas cantidades, aun no ha podido conseguirlo, siendo de advertir que el expediente de referencia dió principio el año 1909.

Parece también necesario que si los contribuyentes han de respetar, como es justo y debido, todos los preceptos de carácter fiscal, debe dar ejemplo la Hacienda, haciendo respetar y respetando esos propios preceptos, no sucediendo como ahora, que en muchos casos, creyendo estar mejor guardados, y descanso evitar responsabilidades, los funcionarios resuelven contra el contribuyente, aunque crean que pueda estar de su parte la razón. Y que las disposiciones sobre tramitación de los expedientes, recursos de queja y demás disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos de Hacienda no sean letra muerta, sino que se cumplan estrictamente, lo mismo que se pretende exigir de los contribuyentes, con los cuales se llega hasta el sistema actual de la amenaza y el terror en todo momento.

Entendemos que, además, para facilitar el reintegro de las cantidades cobradas indebidamente, debe autorizarse que las contribuciones e impuestos que hayan de ser satisfechos por los contribuyentes que tengan incobrados expedientes de devolución, vayan imputándose a las cantidades debidas por el Tesoro a los mismos, deduciéndose o rebajándose de las sumas adeudadas el importe de esas exacciones, siendo el objeto de este sistema de compensaciones que pueda facilitarse, en lo que sea posible, la rápida devolución a los interesados de las cantidades de que se le privó erróneamente.

En su virtud,

Suplicamos a V. E. que por las consideraciones expuestas se dicten las disposiciones oportunas, aclaratorias, interpretativas, o modificativas de los reglamentos de Inspección de la Hacienda pública y de Procedimiento económicoadministrativo, ambos de 13 de octubre de 1903, comprensivas de los siguientes extremos:

1.º Que en todos los casos de supuestas ocultaciones o defraudaciones no se exijan las multas ni otras penalidades hasta después de que, por sentencia o resolución firme y definitiva, se halla la culpabilidad del contribuyente, o por lo menos en todos aquellos casos en que la clase y permanencia de los bienes, como son los de estas industrias, ofrezcan una garantía bastante para el Tesoro, que pueda cobrar el importe de esas penalidades a su debido tiempo.

2.º Que se permita el pago de las responsabilidades en varios plazos, devengando el interés oportuno.

3.º Que todos los expedientes de devolución por ingresos indebidos se tramiten con la mayor rapidez y brevedad, para evitar, en cuanto sea posible, los perjuicios que hemos expresado.

4.º Que se permita la compensación de los pagos por contribuciones e impuestos con las cantidades que se hallen sujetas a devolución.

5.º Que la Administración dé ejemplo en el cumplimiento de las prescripciones emanadas de ella misma, así como de los fallos y sentencias recaídas en todos los expedientes sometidos a ella en sus diversos grados; lo cual esperan obtener de la rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid, 2 de enero de 1923.—El presidente, J. Urrutia.—El secretario, Enrique Ucelay.