La Energía eléctrica (1922-11-25 00:00:00), página 14

Las responsabilidades pecuniarias señaladas en el párrafo primero de esta disposición, serán exigibles solidariamente de las personas en cuyo provecho se hiciera la retirada de los valores, bien sean el cotitular o endosatario, los herederos del titular fallecido o cualquiera otro que directamente interviniere en la operación.

Las adjudicaciones de bienes inmuebles que, al disolverse las Sociedades, se hagan a alguno de los socios, se liquidarán como transmisión de dicha clase de bienes por el núm. 14 de la tarifa del impuesto de Derechos reales, si entre el acto de la constitución y el de la disolución media un plazo menor de tres años y el adjudicatario de los inmuebles fuere un socio distinto del que los aportó.

En los demás casos se aplicarán las reglas generales.

Las multas establecidas en el párrafo primero, art. 12 de la vigente ley del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes (texto refundido), por falta de presentación de documentos dentro del plazo reglamentario, se aplicarán únicamente cuando la omisión se subsane espontáneamente por los mismos interesados, sin previo requerimiento por la Administración. Mediando éste, la multa será del 50 por 100 de las cuotas, y si por la negativa infundada del contribuyente a presentar los documentos necesarios, fuere preciso practicar la liquidación con los elementos que la misma Administración se procure, la multa será igual al importe de la cuota.

A propuesta unipersonal hecha cuando lo estimen conveniente, por los liquidadores del impuesto de Derechos reales en los partidos, los delegados de Hacienda nombrarán, previo informe del abogado del Estado, por cada partido judicial de su respectiva provincia, un agente ejecutivo especial, que estará a las órdenes inmediatas del liquidador y tendrá a su cargo todo lo concerniente a la cobranza por la vía de apremio, de las cantidades liquidadas por dicho impuesto y las demás diligencias que, relacionadas con el mismo, le sean encomendadas.

Los liquidadores del impuesto que hayan practicado liquidaciones provisionales del mismo, deberán exigir, una vez transcurrido un año de aquéllas, que se presenten los documentos precisos para las definitivas correspondientes, y en el caso de que transcurra el plazo de dos meses sin ser atendidos, habrán de girar una liquidación supletoria a aquélla de un 10 por 100 de su importe, sin perjuicio de las comprobaciones e investigaciones que procedan al practicarse la liquidación definitiva. En ningún caso tendrá derecho el contribuyente a la devolución de impuesto satisfecho a virtud de esta liquidación complementaria. No será obligatorio el otorgamiento de escritura pública para la liquidación definitiva.

Cajas de seguridad. - Se establece un impuesto sobre el uso de cajas de seguridad en poder de segunda persona, con arreglo a las siguientes bases desarrolladas posteriormente por la Instrucción de 22 de septiembre.

Quedan sujetas a este impuesto las llamadas cajas de seguridad, cofres fuertes u otros análogos, cuyo uso sea pedido por una persona para que otra pueda depositar en él, bajo llave, los objetos de su pertenencia que estime conveniente.

El impuesto será trimestral y se exigirá conforme a la tarifa adjunta. El usuario de la caja es la persona sujeta al impuesto.

En los casos de apoderamiento o autorización, el apoderado o autorizado para abrir la caja se considerará como un nuevo titular, excepto cuando el poder o autorización se contraiga a un día determinado en que haya de utilizarse, y siempre en vida del poderdante, quien para serlo con validez a este objeto necesitará la intervención de quien tenga la fe pública, o habrá de consignar con su propia mano las fechas y la firma.

En las cajas a nombre de un solo titular, al fallecer éste, la Administración podrá, en cada caso especial, exigir del establecimiento que no pueda procederse a la apertura de aquéllas sin hacer inventario ante notario de los valores, billetes o metálico que contengan, extendiéndose acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá a la Administración de Contribuciones de la provincia donde radique la caja. Igual inventario podrá exigirse a la apertura de la caja cuando, siendo varios los titulares, constase a éstos o al arrendador de la caja el fallecimiento de uno de ellos. En el inventario se exceptuarán de la investigación los paquetes cerrados y lacrados, con intervención notarial, y en qué el notario certifique que no contienen metálico ni valores de ninguna clase.

A los efectos fiscales, se entenderá que los titulares de la caja son los propietarios de los valores, billetes o metálico existentes en la misma, que se estimarán divididos en tantas porciones iguales cuantos sean dichos titulares, salvo prueba documental en contrario. Se exceptúan de tal prevención las cajas a cargo de agentes de Bolsa o corredores de comercio y Sociedades legalmente constituidas y sometidas a las prevenciones que establezca en cada caso la Administración

Las defraudaciones que se cometieren por infracción de lo prevenido en esta ley, se corre-