La Energía eléctrica (1922-12-10 00:00:00), página 16

Tribunal Supremo para combatir el repetido Real decreto, cosa que no ha sido fácil hasta ahora, porque por la Dirección general de Obras públicas del Ministerio de Fomento se cumplía la consigna de exigir, como requisito previo para otorgar concesiones o modificaciones de las existentes, que previamente se firmara la conformidad con el Real decreto, siendo este requisito sine qua non una grave dificultad para acudir a la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Lo que ha podido conseguirse hasta ahora, como consecuencia de esa información y de las gestiones realizadas, ha sido únicamente suavizar el criterio del Real decreto en cuestión de fijación de plazos para las concesiones; pues el plazo máximo, que se había fijado en sesenta y cinco años por el Real decreto de 10 de noviembre corriente, publicado en la Gaceta de 11, se amplía hasta setenta y cinco años en ciertos casos, y en otros hasta noventa y nueve años, subsistiendo algunos casos, como son los de los aprovechamientos de potencia inferior a 200 caballos o destinados a industrias puramente privadas, en que pueden concederse prórrogas por períodos de veinte años, mediante el pago de un canon anual (1).

PRÓRROGA DE LA LEY DE SUBSISTENCIAS

Es unánime la opinión contraria a la llamada ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916, que únicamente pudo tener alguna explicación en los momentos angustiosos y difíciles de la terrible guerra mundial, cuyas consecuencias y efectos por nadie podían ser previstos ni adivinados. En aquellos años en que tan críticas eran las condiciones del comercio y la industria, y sobre todo del consumo, cualquier medida, por muy extremada que fuera, podía aparecer hasta cierto punto justificada; pero transcurridos aquellos años de guerra, y después de haber pasado más de cuatro años desde su terminación, plazo suficiente para que hubiera podido normalizarse, siquiera parcialmente, la vida mercantil e industrial de naciones como España, que no tomaron parte en aquella lucha, no se concibe ya que siga existiendo la ley de Subsistencias, tan funesta para el desarrollo de la industria y del comercio, y que en manos de los Gobiernos llega a ser un recurso o resorte arbitrario que les erige, en muchos casos, en dictadores de hecho. Hora era ya de que, desapareciendo tan graves e injustificados obstáculos, como son los que por esa ley se imponen, pudiera volverse a la normalidad y, siguiendo una marcha de progresivo desarrollo la industria y el comercio, aumentase la riqueza de nuestro país en beneficio de todos sus habitantes, puesto que los capitales encontrarían más fácil colocación, la producción se aumentaría considerablemente, el tráfico crecería cada vez más y los obreros hallarían también más fácil colocación, por las nuevas industrias que se crearán y por la ampliación y desarrollo de las existentes.

Desgraciadamente, nada de esto se ha tenido en cuenta, y continúan los Gobiernos en su cómodo sistema de manejar arbitrariamente ese resorte, por lo cual, a pesar de los años transcurridos desde la terminación de la guerra, se ha prorrogado en parte la ley de Subsistencias, siendo de tener que continuemos así en lo sucesivo, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente, cosa muy distinta de la realidad, sin despertar, como de continuo sucede, de nuestro ilógico sueño.

Analizando detenidamente la ley de Subsistencias, no parece que pudiera considerársela aplicable a la industria eléctrica; pero ha sido muy distinta la artificiosa interpretación que se la ha dado por los Gobiernos, pretendiendo cogerla de lleno entre sus injustificadas disposiciones, legando a privar a esta industria hasta de su libertad de contratación.

La libertad de contratación es preciso que legalmente vuelva a ser reconocida a las indus-

(1) El Real decreto a que se alude ha sido publicado en el número anterior de esta Revista, pág. 295.