La Energía eléctrica (1923-12-10 00:00:00), página 16

tal, seguida por el delito de hurto de fluido eléctrico contra Juan Paulino Llesuy Marro, hijo de Mariano y Teresa, de cincuenta y dos años de edad, natural de Juneda, partido judicial de Borjas Blancas, vecino de Lérida, de estado casado, de oficio zapatero, de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales, en libertad provisional e insolvente; siendo parte acusadora, además del Ministerio fiscal, la Sociedad anónima Riegos y Fuerza del Ebro, representada por el procurador D. Domingo Álvarez, y siendo ponente D. Nicolás Badía Álvarez.

Primero. Resultando que el procesado Juan Llesuy Marro, habitante en la calle Mayor, número 70, piso quinto, de esta capital, tenía en su domicilio una instalación fraudulenta de luz y calefacción eléctricas, que tomaba de la red de distribución que en esta ciudad tiene establecida la Sociedad anónima Riegos y Fuerza del Ebro, sin pagar por ella a dicha Sociedad cantidad alguna desde 1 de octubre del año 1920, apreciándose pericialmente el valor del fluido sustraído en 984 pesetas y 70 céntimos, del que se lucró el Llesuy sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas, habiendo sido ocupados por el Juzgado los efectos que constituyen dicha instalación. Hechos probados.

Segundo. Resultando que el Ministerio fiscal calificó los hechos sumariales como constitutivos de un delito de hurto, previsto en el caso 1.º del artículo 531 del Código penal, conceptuando autor al procesado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, solicitando se le imputara al mismo la pena de un año, ocho meses y veintiún días de presidio correccional, accesorias del artículo 59 del repetido Código y las costas, debiendo de indemnizar a la Sociedad Riegos y Fuerza del Ebro con la cantidad de 984 pesetas y 75 céntimos, valor del fluido sustraído, sufriendo por su insolvencia, que debe aprobarse, el apremio personal correspondiente, con la limitación del artículo 50 del repetido Código, y acordarse el camino de los efectos ocupados y que constituían la instalación, dándole la aplicación prevenida en el artículo 63 del citado cuerpo legal; con cuyas conclusiones estuvo absolutamente conforme la acusación particular.

Tercero. Resultando que la defensa del acusado prestó igualmente su conformidad a las conclusiones formuladas definitivamente por las acusaciones.

Primero. Considerando que los hechos admitidos como probados son constitutivos de un delito de hurto, previsto y castigado, respectivamente, en el caso 1.º del artículo 530 y caso 2.º del 531, ambos del Código penal, toda vez que hay apoderamiento de cosa ajena contra la voluntad de su dueño, por valor superior a 500 pesetas, ni exceder de 2.500.

Segundo. Considerando que del indicado delito es criminalmente responsable el procesado Juan Paulino Llesuy Marro, en concepto de autor, por haber tomado parte directa y voluntaria en su ejecución.

Tercero. Considerando que en la comisión de dicho delito no son de apreciar circunstancias modificativas de la penalidad.

Cuarto. Considerando que todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y por las costas procesales.

Vistos, además de los artículos citados, los 1.º, 3.º, 11, 13, 18, 26, 28, 50, 59, 63, 64, 82, 97 y su tabla y 121 del Código penal, y los 141, 142, 239, 240, 741 y 742 de la ley de Enjuiciamiento criminal,

Fallamos que debemos condenar y condenamos a Juan Paulino Llesuy Marro, como autor de un delito de hurto por cantidad que, sin exceder de 2.500 pesetas, es mayor de 500, a la pena de un año, ocho meses y veintiún días de presidio correccional, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio o derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; al comiso y pérdida de los efectos ocupados, a los que se dará el destino legal; indemnización de 984 pesetas 70 céntimos a la Sociedad Riegos y Fuerza del Ebro, debiendo sufrir en caso de insolvencia el apremio personal consiguiente, a razón de un día por cada cinco pesetas, que dejará de satisfacer, y sin que pueda exceder de la tercera parte de la condena, y al pago de las costas procesales, y aprobamos finalmente el auto de insolvencia de dicho procesado, dictado por el instructor.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.