La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 14

resolver, si desestimare la totalidad de las alegaciones del reclamante, y apreciare, además, la temeridad en la apelación, podrá imponer al interesado, por vía de costas, un recargo hasta de un 50 por 100 de la penalidad en que hubiere incurrido.

Art. 58. Los preceptos del apartado a) del artículo anterior no son en ningún caso aplicables a la omisión de las declaraciones previstas y penadas en el art. 26 de la ley Reguladora de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, texto refundido de 22 de septiembre de 1922. Asimismo, lo dispuesto en el párrafo penúltimo del apartado c) del art. 57 se entenderá siempre sin perjuicio de los preceptos especiales que regulan «la presentación de documentos» para la liquidación de las cuotas de ingreso directo en el Tesoro.

Art. 59. Cuando el contribuyente no se hubiere conformado con el acta de investigación o no estuviere conforme con el acto administrativo de la clasificación o de la liquidación, o cualquiera otro análogo, podrá entablar la oportuna reclamación económicoadministrativa contra dicho acto, en el plazo de quince días, conforme al Reglamento que rige para dichas reclamaciones y a la Real orden de 18 de marzo de 1904, que fijó dicho plazo; siempre sin perjuicio de la ejecución del acto administrativo en la forma a que hubiere lugar.

Art. 60. Salvo siempre lo dispuesto en el art. 57, se atenderá para la graduación de la multa en los límites consentidos por las leyes y los reglamentos respectivos a las circunstancias siguientes:

a) En caso de ignorancia manifiesta del precepto legal y reglamentario, atendiendo al grado de negligencia que la dicha ignorancia signifique, según las condiciones personales del culpable.

b) A la mayor o menor probabilidad de que la omisión, ocultación o defraudación sean descubiertas, agravándose la multa con la improbabilidad del de ese descubrimiento.

c) A la fecha en que se cometiera la omisión, ocultación o defraudación, reduciéndose la multa a medida que sea mayor el plazo transcurrido desde la comisión del hecho hasta su descubrimiento; y

d) Al grado de malicia revelado por las circunstancias en que se cometiera la omisión, ocultación o defraudación. Las multas se impondrán siempre en su grado máximo si el culpable, además de la omisión, ocultación o defraudación, hubiera realizado algún acto o actos directamente encaminados a protegerse contra el descubrimiento de la responsabilidad, salvo siempre lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 61. En caso de suscitarse obstáculos por parte de algún contribuyente a que el servicio de comprobación o investigación se realice, el funcionario a quien se le hubiera encomendado el mismo hará conocer al interesado su aptitud legal para proceder a la comprobación y las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, así como la responsabilidad que por resistencia se impone a los defraudadores; y si a pesar de invitar reiteradamente y a presencia de testigos al contribuyente a que se preste a facilitar el cumplimiento de su cometido, persistiese en negarse a que la comprobación se realice, consignará el hecho en la oportuna acta, y acudirá, por medio de oficio, a la autoridad local en demanda de auxilio para la práctica de las diligencias comprobatorias, poniendo el hecho, caso necesario, en conocimiento del delegado de Hacienda, quien sin demora dará la orden oportuna al alcalde de la localidad para que tenga efecto.

En estos casos las multas que procedan se impondrán siempre en su grado máximo.

Art. 2.º El núm. 2.º del art. 181 del Reglamento vigente de la Contribución Industrial y de Comercio se entenderá redactado en la siguiente forma:

«Segundo. Un recargo, que no podrá ser inferior a la cuarta parte ni exceder del importe de la cuota de tarifa que por un año corresponda al culpable por razón de la industria de que se trate.»

El núm. 2.º del art. 182 del mismo Reglamento tendrá el tenor siguiente:

«Segundo. Un recargo que no podrá ser inferior a un cuarto ni exceder del importe de la diferencia de la cuota anual de tarifa correspondiente a la industria declarada, y la cuota también anual de la industria realmente ejercida.»