La Energía eléctrica (1922-05-25 00:00:00), página 18

Esta conducta evidencia hasta qué punto se abandonan por los Gobiernos los trabajos exigidos por la adaptación de los tributos a las circunstancias actuales de la economía nacional. Ante esta conducta es imposible que los industriales resistan sin protesta la avalancha de recargos imaginados por nuestro impetitente arbitrio y que amenazan paralizar la actividad comercial e industrial.

Como no podía ser por menos, en la reforma que se va a discutir también se recarga la contribución industrial con un procedimiento, hasta cierto punto pintoresco, que consiste en establecer una tasa profesional que caracterizará el ejercicio de la industria y la personalidad industrial. Esta tasa, encaminada a caracterizar lo que no necesita caracterización, se elevará hasta la cuarta parte de la cuota actual ya elevada extraordinariamente en 1920 con la promesa incumplida de revisar las tarifas.

Se sientan en el proyecto algunos principios relativos a la defraudación y a las contravenciones reglamentarias que entiende esta Cámara deben ser más explícitamente desarrollados de modo que se termine con el bochornoso espectáculo que hoy presenta la inspección que en sus expedientes y castigos no se para a distinguir entre el industrial de buena y el de mala fe y sólo atiende al saneado beneficio que producen las multas.

Es necesario que cuanto antes se releve al contribuyente de la obligación de clasificarse en las diversas tarifas de la contribución en cuyo sentido nos parece afortunado y digno de alabanza el principio que se sienta en el párrafo primero del art. 14 del proyecto cuando dice:

«Los contribuyentes que declarando sus bases de imposición i consulten a la administración para que les señale la clasificación o base tributaria que les corresponda y la acepten provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a discutirla, quedarán exentos de responsabilidad, aunque dicha clasificación resultara insuficiente o errónea».

También nos parece bien orientada la definición de los hechos que constituyen mera ocultación o que alcanzan el carácter de defraudación. Sin embargo, entendemos que, en lo que se refiere a la contribución industrial, debe determinarse un procedimiento a base de Tribunales provinciales de carácter y constitución análogos a las Juntas administrativas encargadas de fallar en primera instancia sobre las faltas cometidas en materia de contrabando y defraudación, y a los Jurados de estimación que se pretenden crear con referencia al impuesto de utilidades.

Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria

La parte del proyecto que se refiere a esta contribución empieza autorizando al Gobierno para reducir hasta un 20 por 100 los tipos de gravamen de la tarifa primera en algunos epígrafes, y para elevar el tipo mínimo de excepción respecto de los sueldos y pensiones.

Conocemos los pretendidos principios de política social, cuya aplicación se proyecta. La medida en sí misma nos parecería lógica si pudieramos olvidar que un impuesto no puede dejar de formar parte de un sistema y seguir con todo él una política armónica respecto de las circunstancias económicas y sociales.

La desgraviación que se pretende produciría, desde luego, una baja en los ingresos, sin que correspondiese, por otra parte, una ventaja verdaderamente apreciable para los contribuyentes de que se trata. Desde este punto de vista se ha olvidado ya que para todos los demás impuestos se exacerban los tipos de gravamen para conseguir una finalidad, de la que, por otra parte, se pretende alejar al ministro.

Las circunstancias económicas actuales exigen, y exigirán cada vez más, una baja general en los salarios, con lo que grandes masas de clase modesta encontrarán su vida dificultada por la disminución de ingresos. Pues bien; el principio de política social, con el que se pretende elevar indirectamente el sueldo a cierta clase de empleados, especialmente funcionarios del Estado, coincide con el aumento de otros tributos, que pesan, especialmente, sobre aquellas clases modestas para las que la baja de salarios, si no es una realidad, es una amenaza efectiva.

Dadas estas razones, ¿qué significado puede tener la pretendida política social del Gobierno? Para establecer la congruencia, habría que rebajar todos los tributos que gravan la satisfacción de las necesidades elementales de la vida, que es todo lo contrario de lo que se hace.

Para compensar estas desgravaciones en los sueldos se solicita una autorización con objeto de recargar hasta un 15 por 100 los tipos de gravamen de la tarifa segunda de Utilidades, en sus números 2 y 3, o sea sobre los dividendos, intereses de obligaciones, etc., etc.

Estos gravámenes, que en el año 1920 todavía representaban el 3 por 100 de la base imponible, y que en la actualidad llegan hasta el 15 por 100 en lo que se refiere a los dividendos y participación, todavía quieren aumentarse más por el actual proyecto, como si la capacidad de estos contribuyentes fuera ilimitada y no se infiriese con ello un grave daño al proceso de capitalización, del que tanto depende el desarrollo económico.

En cambio, en impuesto a que se sometan las Empresas extranjeras por su actividad en España, ha sido reducido, sin duda, para facilitar las condiciones de competencia a las Empresas nacionales, competencia que por dicho impuesto aparecía eficazmente dificultada.