La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 16

de dejarse arrastrar indolentemente por las consecuencias experimentadas por todos los países que tomaron parte en la última guerra. En su consecuencia, ningún argumento que quiera hacerse para justificar el aumento de estas cargas, por comparación con aquellos países, puede ser razonable ni justificado.

En diversas ocasiones hemos expuesto nuestra creencia de que España no podía soportar presupuestos que al liquidarse lleguen a 4.000 millones de pesetas, y que urgía verdaderamente estudiar el modo de que se disminuyan notablemente los gastos, para que las exacciones, cada día en aumento, puedan disminuirse también notablemente y consientan la vida de las clases productoras, permitiéndolas salir de esta crisis, de este estado de parexia y de desilusión en que hoy se encuentran.

Cierto es que se trata de un país meridional, y que, por lo tanto, no es extraño que se den en él los defectos de la apatía y de la pereza entre otros que son contrarios al trabajo; pero por esas mismas razones, el esfuerzo principal de las clases directoras debía consistir en la educación y el estímulo para el vencimiento de tales obstáculos, procurando emplear otras condiciones de energía, tenacidad y laboriosidad que fueran verdaderamente fecundas dentro de nuestro desatendido país.

Es otro defecto, muy de lamentar, la volubilidad y cansancio por parte de unos y otros, que dan lugar al cambio constante de autoridades y Gobiernos, haciendo que todas las cuestiones que se presentan dejen para el que haya de sucederles la resolución de todos los problemas que puedan entrañar alguna dificultad, echándose los asuntos de unos a otros sin que el interesado en los mismos consiga nunca llegar a su resolución. Este grave defecto hace que los expedientes se eternicen en todos los Ministerios y oficinas, siendo ya letra muerta lo dispuesto en las leyes y reglamentos fijando plazos para la tramitación de los mismos en sus diversas instancias.

Y no hablamos nada de responsabilidad, puesto que es sabido que esa palabra no tiene más sentido práctico que hacer creer a los ciudadanos españoles, tan poco temibles por los defectos de carácter de que antes hemos hablado, que en las leyes se les dan suficientes garantías, cuando éstas no son exigibles nunca en la realidad.

Cumpliendo un acuerdo tomado en una de las reuniones celebradas por el Comité directivo de esta Asociación, nos hemos adherido a esa instancia, insistiendo al mismo tiempo en las peticiones que teníamos ya formuladas en nuestra instancia de 2 de enero último, publicada en el número de la revista La Energía Eléctrica de 10 de marzo, y de cuyas peticiones parece que alguna ha sido ya atendida en parte por las modificaciones introducidas en el articulado del Reglamento de Inspección de la Hacienda pública, de que ya nos hemos ocupado, y por el Real decreto de 30 de abril sobre condonación de multas, que exponemos a continuación.

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«Excelentísimo señor:

Cumplo el deber de comunicar a V. E. el acuerdo unánime de este Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, después de sereno y deliberado examen sobre las causas que han determinado el estado de inquietud en que se desenvuelve la protesta de las clases que representa; protesta que a nuestros organismos corresponde encuazar y al Gobierno de su digna presidencia recoger y atender de justa y razonable, antes de que tome otro rumbo y revista caracteres de mayor gravedad, ya que, fatalmente, todo llegará a ser posible; si a la vez que tarda y bruscamente se imponen sacrificios al contribuyente, no se le da la sensación de útil empleo a lo que se le pide; si al propio tiempo que se usen temperamentos de prudencia en la recaudación de los impuestos, no se proyecta una ordenación tributaria, que, respondiendo a la forma y medio en que hoy se desarrollan el comercio y la industria, esté inspirada en principios de igualdad y justicia, y sustituya cuanto antes al irreflexivo y temerario empeño de erigir en sistema métodos y procedimientos que favorecen la ocultación, alteran y confunden los tipos contributivos y entregan el contribuyente al arbitrio de funcionarios, que, en nombre del Tesoro público, trabajan principalmente por su propio provecho.

Para que esto no suceda debemos trabajar todos, y por su parte este Consejo, cuyos miembros anticiparon más de una vez la temida realidad que hoy se presenta, ofrece desde luego su