La Energía eléctrica (1922-06-10 00:00:00), página 19

Artículo 33 de la instrucción para la contratación de los servicios provinciales y municipales de 24 de enero de 1905.

Art. 33. Queda integrado en esta instrucción cuanto dispone el Real decreto de 19 de febrero de 1901 sobre débitos municipales a particulares. En su virtud, los gobernadores de provincia cuidarán de que tenga exacto cumplimiento, debiendo los mismos, en primer término, ajustarse a lo previsto en el art. 1.º de dicha disposición, bajo la responsabilidad establecida en su art. 7.º

Cuando un contratista de Ayuntamiento no estuviese al corriente en el percibo de los pagos que con arreglo al contrato debe satisfacer la Corporación y reclamare de ésta la entrega de lo adeudado, la Corporación acordará lo que tenga por conveniente, en el plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente al en que fue presentada la reclamación. Contra este acuerdo, y dentro de otro plazo igual, contado a partir de la fecha siguiente a la de la notificación del acuerdo, procederá recurso de alzada ante el gobernador de la provincia.

Si esta autoridad condenare al pago, cumplirá lo dispuesto, según los casos, en los arts. 3.º y 4.º del Real decreto de 19 de febrero de 1901.

La providencia del gobernador, sobre el recurso a que se viene a haciendo referencia, será apelable, en el plazo de diez días, ante el Ministerio de la Gobernación, previo el requisito que establece el mencionado Real decreto de 19 de febrero de 1901, en su art. 8.º, cuando el Ayuntamiento sea el recurrente.

Queda en vigor, por lo que a esta instrucción respecta, cuanto se previene en el Real decreto de 23 de diciembre de 1902, sobre ordenación de pagos para Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

En los contratos referentes a los servicios de limpieza y alumbrado de las poblaciones si el arrendatario respectivo intentase suspender el servicio, fundado en falta de pago por la Corporación municipal, determinada dicha falta por las condiciones del contrato referentes a la cuantía del precio, fechas de su entrega y demás extremos relativos a la obligación de pagar, no podrá llevar a cabo la suspensión sin previo aviso al Ayuntamiento, con treinta días cuando menos, de antelación, entendiéndose que este aviso debe darse indefectiblemente, haya o no en el contrato cláusula de suspensión, no pudiendo nunca cesar el servicio hasta después de transcurridos los expresados treinta días por lo menos, desde la fecha del aviso, ni aun en el caso de que medie cláusula en el contrato fijando un plazo menor, o cualesquiera otras condiciones y circunstancias que no sean las que quedan determinadas para la repetida suspensión del servicio por falta de pago.

El aviso de suspensión deberá darse por escrito y la oficina receptora entregará el correspondiente recibo, aunque el interesado no lo exigiase.

Dado el aviso, el alcalde bajo su responsabilidad pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la Corporación, así como del gobernador si se tratase de la capital de una provincia.

El gobernador, en este caso, adoptará las medidas oportunas a fin de prevenir cualquier alteración de orden público o peligro para la salud pública por la carencia del servicio respectivo de los dos que se mencionan, respetando los derechos y obligaciones nacidos del contrato.

Si se trata de ayuntamientos de poblaciones que no sean capital de provincia, el alcalde también inmediatamente y bajo su responsabilidad, procederá del modo que queda indicado, dando cuenta al gobernador.

Si por la Corporación o por autoridades de la misma o por el gobernador de la provincia, se pretenda compelir al contratista acreedor a continuar el servicio después de expirado el plazo a que se hace referencia, sin que la Corporación hubiese satisfecho su débito en totalidad o en la parte que previamente hubiese convenido con el contratista, procederá a la queja ante el gobernador, si la motivase la Corporación municipal o autoridades de la misma, y ante el Ministerio de la Gobernación, si tuviese por causa actos de aquella autoridad.

Real orden de 5 de junio de 1922 (Gaceta del 7.)

Vista la Real orden fecha 19 de abril último, e inserta en la Gaceta de 29 del mismo mes, resolviendo de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Administración y consultado por la Comisión permanente del Consejo de Estado, que, conforme al art. 41 de la ley de Contabilidad de la Hacienda pública, están prohibidas las transferencias de créditos entre capítulos, artículos y conceptos, y que cuando ocurra la necesidad de hacer algún gasto para el cual no haya crédito en presupuesto o sea insuficiente el figurado, se instruya expediente para que, acreditada la necesidad y urgencia de la concesión, se figure en presupuesto el crédito extraordinario o suplemento de crédito por los trámites y conforme a los requisitos de dicho artículo y del 142 de la ley Municipal; y considerando que las disposiciones de la ley de Contabilidad del Estado son aplicables lo mismo a las haciendas municipales (art. 132 de la ley de 2 de octubre de 1877) que a las haciendas provinciales (art. 108 de la ley de 29 de agosto de 1882).