La Energía eléctrica (1923-06-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año III        Madrid, 10 de junio de 1923        Núm. 11

Instancia del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, al excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros

(Conclusión)

Por lo mismo que no somos sospechosos en cuanto a que en Marruecos, por las circunstancias creadas, se ha ventilado algo que era consustancial con el honor de España, tenemos el deber de advertir que es ésta la cuestión más delicada que se ha presentado a la nación, y que ni un minuto del día puede desatenderse, ya que llegará a ser la hilacha que destruya el paño.

Sin ahondar más en esta inquietante duda, no deja de preocupar el que personas y Prensa de toda seriedad y solvencia razonen y defendan, de buena fe desde luego, que para la permanencia en Marruecos no tiene importancia el gasto, aun contando que pasa de 600 y pico de millones la parte que en el déficit puede atribuirse a nuestra acción en África, olvidando que, aun dándose el caso de que Marruecos todo acreciera, el haber nacional (hecho que no puede ocurrir) representaría, a lo sumo, la conquista de la provincia más estéril e improductiva entre las 49 que constituyen el patrimonio español.

Sigue abierta la sima, y antes de que España toda camine hacia el abismo, urge que ponga límite, quien deba ponerlo, al derroche que significan, de un lado la obra negativa africana que sangra la riqueza peninsular más saneada, y de otro lado las presas repetidas de que se hace víctima al Tesoro por flaqueza del Poder público.

Por otra parte, el derecho del Estado debe tener sus limitaciones, y los Gobiernos no pueden comprometer los recursos del porvenir, y, en su consecuencia, todos los recelos y desconfianzas del contribuyente tendrán su explicación; mientras no se haga un inventario verdad y un balance con claridad meridiana de las obligaciones de España en Marruecos; y mientras no se impida que partidas de gastos reservados, iniciadas con la modesta cifra de 500.000 pesetas, se salden con millones en cada ejercicio, cuando sólo una obra de carácter internacional o que afectase a la seguridad del Estado, podría explicar el secreto de la inversión.

De la incertidumbre con que se goberna y de los especísmos de que se vienen rodeando las empresas más graves, ha surgido el creciente afán de la clase productora de hacer uso de sus derechos y de solicitar su intervención en la vigilancia de la inversión del dinero que entrega, y que no hubiera sido necesario invocar si se hubiere dado cumplimiento al art. 40 de la ley de Presupuestos vigente.

Treinta días se fijaron en 26 de julio último, para que una Comisión, formada por siete diputados, siete senadores y algunos altos empleados de la Administración, estudiará e hiciera ponencias, y seis meses fueron concedidos al Gobierno para que procediese a establecer las economías, que, a base de la reorganización de los servicios públicos, se estimen necesarias en el personal del Estado y que sean consecuencia de la revisión uniforme de plantillas y sueldos, así como a regular el percibo de las gratificaciones, dietas e indemnizaciones, suprimiendo duplicidades en un mismo funcionario, salvo aquellas de carácter legal que representen una economía para el Estado.