La Energía eléctrica (1922-06-10 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año II        Madrid, 10 de Junio de 1922        Núm. 11

Deudas de las Diputaciones y Ayuntamientos

La falta de pago de los servicios de alumbrado público, tanto por electricidad como por gas, a los Ayuntamientos y Diputaciones, es cuestión de gran importancia para ambas industrias, habiendo diversas Compañías a quienes adeudan, principalmente los Ayuntamientos, cantidades que ascienden a varios millones de pesetas, excediendo en un caso esas deudas de la respetable suma de seis millones.

Unida esta circunstancia a las dificultades por que atraviesa actualmente la industria eléctrica y a la falta de amparo y protección en que se la tiene por los Gobiernos, autoridades y entidades oficiales y a ciertos proyectos como son los de modificación de la ley de Aguas y de Contrato de Trabajo que tanto daño han de hacer a esta industria, se comprenderá que siendo la segunda de las industrias españolas en orden de importancia, puesto que únicamente los ferrocarriles representan mayor capital que los 2.000 millones de pesetas a que se aproxima ésta, es digna de que no se detenga su desarrollo, de gran trascendencia no sólo para esta misma industria sino por ser medio o base para las demás y de que se la preste alguna atención y amparo por los elementos oficiales que la permitan continuar su vida y desarrollo en bien del país.

El difícil asunto de las incobrables deudas de las Diputaciones y Ayuntamientos ha sido también estudiado muy detenidamente en las asambleas verificadas por esta Asociación y en las reuniones de su Comité directivo, habiéndose ocupado últimamente de dicho asunto en la reunión celebrada por el Comité el día 19 de mayo.

Se acordó solicitar que el Estado manifestase lo que debe hacerse en estos casos, pero de acuerdo con lo tratado en dicha reunión nos permitimos aconsejar a las Empresas e industriales que se hallen en ese caso, la minuciosa vigilancia de los presupuestos de las Diputaciones y Ayuntamientos, para que en los mismos se contengan los recursos necesarios para atender a los pagos de los servicios de alumbrado público, reclamándose contra los presupuestos que no se hallen en esas condiciones.

Deberá intentarse la aplicación del art. 33 de la instrucción de 24 de enero de 1905 sobre contratos provinciales y municipales, anunciando con treinta días de anticipación la suspensión del servicio de alumbrado público.

Deberá tenerse también presente la Real orden de 16 de septiembre de 1921, publicada en la Gaceta del 17, por la cual puede exigirse responsabilidad a los alcaldes y concejales que invirtiesen en otros pagos las cantidades destinadas a los servicios de alumbrado público, siendo de advertir que aun cuando la ley de Subsistencias y alguna otra disposición sin importancia podrían presentar algunos obstáculos, deben sostenerse los derechos de los fabricantes y distribuidores de electricidad, acreedores de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, empleando los medios que quedan expuestos.

Será conveniente intentar, en los casos que se juzgue posible, la compensación de los arbitrios y demás exacciones municipales con las cantidades que adeuden los Ayuntamientos y Diputaciones a las Compañías e industriales.

Igualmente será acertado solicitar en todo contrato de esa especie que los Ayuntamientos y Diputaciones contratantes se comprometan especialmente a aceptar la supresión del alumbrado por falta de pago, previo aviso del contratista, con los treinta días de anticipación a que se refiere la instrucción de 24 de enero de 1905.

La Real orden de 16 de septiembre de 1921 se transcribe a continuación, así como el art. 33 de la instrucción para la contratación de los servicios provinciales y municipales de 24 de enero de 1905. También se incluyen las Reales órdenes de 5 de junio (Gaceta del 7) y 19 de abril de 1922 (Gaceta del 29) por si fuera conveniente procurar su observancia.