La Energía eléctrica (1922-08-25 00:00:00), página 4

rán sin ellas, sin que les valga ni la paz ni la caridad. Para que no se quejen se les abonará los gastos que hubieren hecho para la formación del proyecto.

>4.º Desde el día de presentación de esta ley a las Cortes se suspenderá toda tramitación de expedientes que afecten a los aprovechamientos de energía hidráulica.> (Ley del Cardado, para que no se escape o no entre ni una rata.)

Felizmente este proyecto de ley tuvo vida efímera.
Se presentó a las Cortes; se dió lectura y... nada más.
En un interesante folleto dice el Sr. Bores Romero, diputado e inspector general de Ingenieros de Caminos: «Esto es sencillamente delirar y es retroceder en nuestra historia. Siquiera aquellas leyes del reinado de Isabel II, de la Revolución y de la Restauración, se distinguieron por su espíritu amplio y progresivo; a ellas se deben nuestros ferrocarriles, canales y carreteras. Y descolgarse en pleno siglo xx con estos procedimientos, que rechazaría Torquemada, es sencillamente suicida y anticientífico.»
Por respeto a las cenizas del proyecto, muerto antes de nacer, no agregamos ni una palabra.
Pero, si bien no prosperó el intento reformador, la semilla cayó en el surco y tuvo arraigo; aquella doctrina sustentada por el nuevo proyecto de ley fué recogida y conservada cuidadosamente.
En efecto; poco tiempo después retoñó aquel desacertado criterio en forma mucho más grave e inusitada, pues en vez de someter el debido proyecto de ley a la deliberación del Parlamento, se publicó un Real decreto en la Gaceta (14 de junio de 1921) derogando varios preceptos de la ley de Aguas, a pesar de hallarse abiertas las Cortes.

Un decreto funesto

Sin duda la miopía oficial impide ver el estado actual de la industria hidroeléctrica y el avance en la economía nacional; sólo una ceguera funesta puede justificar la publicación de un decreto de tan improcedente y desacertado contenido (1), en vez de estimular la construcción y explotación de los saltos de agua, imitando simplemente las nuevas orientaciones de la industria mundial, a fin de obtener energía eléctrica abundante y económica, para fomentar el desenvolvimiento de las industrias actuales, crear otras nuevas, extender la locomoción eléctrica, implantar explotaciones electroquímicas y electrometalúrgicas, llevar a cabo las grandes aplicaciones a la agricultura y otras muchas y muchas más, que constituyen los fundamentos, la actividad y la vida de los pueblos modernos.
Mas no termina aquí la anomalía; a los pocos días apareció en la Gaceta de Madrid una Real orden acompañando un proyecto de ley, estableciendo unas bases para reformar la de Aguas. En este proyecto se reproducen los principios del anterior Real decreto.
Y ahora se da el caso extraño de existir una disposición (que vulnera una ley), con arreglo a la que se otorgan concesiones y, sin embargo, su contenido hálase sometido a estudio e informe del Consejo de Obras públicas; que luego se llevará a las Cortes, se discutirá y seguramente saldrá convertido en una ley de tendencia muy diferente.
Los autores de la ley de Aguas promulgada en 1866, fundamento de la vigente de 1879, emplearon siete años en su estudio y redacción; la ley de Aguas francesa, votada en 1919, fué estudiada por una Comisión extraparlamentaria durante cinco años; ahora se atacan las esencias de una ley de reconocida y admirable estructura, empleando el procedimiento más rápido: un Real decreto y un proyecto de ley, sobre el que se abre información pública durante un plazo de quince días.

(1) Se debe tan disparatada disposición al exministro de Fomento D. Juan de la Cierva y Peñafiel, uno de los políticos de los tiempos modernos que mayores perturbaciones ha producido a la nación. (N. de la R.)