La Energía eléctrica (1923-10-25 00:00:00), página 14

tidades crecidísimas por el concepto de personal, en términos donde directamente no se obtienen beneficios, o sea en aquellos donde estén situadas las Centrales hidráulicas o térmicas.

Por otra parte, las Compañías productoras de electricidad vienen ya abonando crecidos impuestos a los Ayuntamientos por la ocupación de vías públicas, estando determinado por la ley Municipal, por la Real orden de 13 de junio de 1912 y por toda la jurisprudencia establecida, que no debe exceder, en ningún caso, del 25 por 100 de la tributación señalada en las tarifas de la contribución industrial, resultando que este nuevo gravamen constituirá, la mayor parte de las veces, una notoria extralimitación de lo prescrito en la ley Municipal.

Y no debe olvidarse que paralelamente a estas disposiciones se han dictado otras en que se limitan las facultades de las Compañías para fijar el precio de venta del fluido, que forzosamente han de someterse al límite que señala el Gobierno, y claro es que si se limita el beneficio que se puede obtener, no puede al mismo tiempo autorizarse a los Ayuntamientos, para que sin traba alguna, puedan recargar a las Compañías, que no tendrán, por tanto, forma de resarcirse del gravamen que se les impone, creándose, como ya antes declaramos, una situación verdaderamente insostenible.

De las condiciones expuestas se deduce lógicamente la exclusión de las Compañías de electricidad de la parte real del repartimiento autorizado por el Real decreto de 11 de septiembre de 1918; pero al tratar de formalizar la petición, nos encontramos con el Real decreto de 21 de noviembre de 1921, que declaró a las Empresas de ferrocarriles dedicadas al servicio público de viajeros y mercancías, exceptuadas de contribuir en la parte real del repartimiento indicado, fundándose para ello en los motivos alegados en la exposición que precede, y que es como sigue:

Señor: El Real decreto de 11 de septiembre de 1918 reguló el repartimiento general que pueden imponer los Ayuntamientos para atenciones municipales, el cual consta de dos partes denominadas personal y real.

El art. 36 del mismo Real decreto sujetó a la obligación de contribuir en la segunda de dichas partes, entre otras personas naturales o jurídicas, a aquellas que en el término municipal del Ayuntamiento de la imposición obtengan algún rendimiento de explotación industrial o comercial, y el art. 37, en apartado f), declaró exentas de tal obligación, entre otras entidades, a las Empresas de navegación marítima, por los rendimientos de su industria.

Las Compañías de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante y de los Caminos de Hierro del Norte de España, representadas por los respectivos presidentes de sus Consejos de Administración, han solicitado que se dicte una disposición de carácter general aclaratoria del indicado Real decreto, agregando a su expresado art. 37 un apartado referente a la exención de las Empresas de ferrocarriles, equiparándolas a las de navegación marítima, puesto que prestan un servicio público de interés general muy superior al de éstas, aparte de que el artículo 55, según el cual, el rendimiento neto efectivo de las Compañías se estimará, no sólo por la cantidad que sirve de base para la cuota de la contribución de utilidades, sino también por las destinadas a intereses de obligaciones y amortización de deudas, patentiza que no se pensó gravar a las Compañías solicitantes, porque, aplicado tal precepto a ellas, que tienen emitido un número de obligaciones muy superior al de toda clase de Empresas, y que destinan a amortizaciones enormes cantidades con vista al término de los plazos de concesión y reversión de las líneas al Estado, produciría resultados absurdos, pudiendo darse el caso de que en un año sin beneficio y sin tener obligación de pagar al Tesoro por utilidades, se verían obligadas a satisfacer a los Municipios por donde cruzan sus líneas tributaciones exorbitantes. Además, las Empresas de que se trata, alegan que no obtienen mayores rendimientos en aquellas estaciones en que las nóminas de personal son más elevadas, y cuyo importe sirve de término proporcional para señalar la parte correspondiente del rendimiento en cada Ayuntamiento, ya que tales nóminas dependen de las necesidades de la explotación, que exigen el establecimiento de empalmes, depósitos u otras dependencias o servicios en estaciones de poca importancia.

No se advierte fácilmente, en efecto, la razón de la desigualdad tributaria existente; según el Real decreto en cuestión, entre las Compañías de ferrocarriles y las de navegación marítima. Declaradas éstas exentas de la obligación de contribuir por los rendimientos de su industria, en