La Energía eléctrica (1923-07-10 00:00:00), página 16

Aquiles Ullrich, éste en nombre del Ayuntamiento coadyuvante, personándose también, como apelado, en nombre de la Sociedad Lebón y Compañía, el procurador D. Eduardo Morales, el cual, al manifestar su conformidad con la nota a que se refiere el art. 74 de la ley orgánica de esta jurisdicción, se adhirió a la apelación contra la sentencia, en cuanto declara que la entrega de las cantidades que se hayan recaudado en concepto de arbitrios sobre el Matadero, debe limitarse únicamente a la recaudación de los meses en que la Corporación municipal no haya satisfecho a la Compañía las 10.000 pesetas a que la obliga la condición 10 del contrato de 29 de septiembre de 1887, absuelve al Ayuntamiento de la reclamación de intereses y declara que no corresponde al Tribunal el conocimiento del segundo extremo de la demanda referente al alumbrado que se denomina extraordinario y al suministro de fluido y cok a las dependencias municipales.

Visto siendo ponente el magistrado D. Carlos Vergara;

Visto el art. 5.º de la ley de 22 de junio de 1894, que dice: «Continuarán, sin embargo, atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia y rescisión y efectos de los contratos celebrados por la Administración central, provincial y municipal para obras y servicios públicos de toda especie. Continuarán también atribuidos a dicha jurisdicción aquellas cuestiones respecto de las que se otorgue el recurso, si no estuviesen comprendidas en las excepciones del artículo anterior»;

Visto el párrafo último del art. 60 de la ley de 1 de julio de 1911, que dice: «Se entenderá implícita siempre en todo contrato la condición de que las cuestiones a las cuales dé origen, que no se puedan resolver por las disposiciones especiales sobre contratación administrativa, se resolverán por las reglas de derecho común»;

Visto el párrafo segundo del art. 1866 del Código civil, que dice: «Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con el otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, podrá aquél prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda»;

Vista la cláusula 11 de la escritura de 9 de septiembre de 1887, que dice: «Para garantir el cumplimiento de esta obligación puntualmente y en los respectivos plazos establecidos, afecta el Ayuntamiento y acepta la Empresa, a título de tal garantía, el producto que aquella Corporación le corresponde por el impuesto establecido sobre el Matadero, y en el caso de que llegara el vencimiento de uno de los plazos fijados para el pago no satisficiera el Ayuntamiento el importe del mismo, los Sres. Eugenio Lebón y Compañía tendrán derecho a designar una persona que intervenga junto a los empleados de la Corporación en la percepción de aquel impuesto sobre el Matadero, cuyo interventor podrá, inmediatamente, hacerse cobro, con los productos de tal impuesto, de la suma que se adeude a los Sres. Lebón y Compañía por el plazo o plazos vencidos y no satisfechos, formalizando el señor alcalde los libramientos, siendo obligación de la Empresa, antes de llevar a efecto la intervención, de avisar con diez días de anticipación al Ayuntamiento»;

Considerando que los convenios celebrados entre el Ayuntamiento de Granada y la Sociedad Eugenio Lebón y Compañía, con motivo del alumbrado público de dicha ciudad, contenidos en las escrituras de 26 de agosto de 1881, 29 de septiembre de 1887 y 22 de octubre de 1901, revisten todos ellos el carácter de contratos administrativos en razón a otorgarlos la Corporación municipal sobre materia que constituye un servicio público, cual lo es el alumbrado de la población, que el art. 72 de la ley Municipal atribuye a los Ayuntamientos; y, en su virtud, las cuestiones a que puede dar lugar su cumplimiento, inteligencia y efectos, son de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, a tenor de lo preceptuado en el art. 5.º de la ley que la regula, previo cumplimiento de los requisitos que exige el art. 1.º de la misma para dar acceso a la vía contenciosa, los cuales resultan haber tenido lugar en el caso del pleito;

(Continuará.)