La Energía eléctrica (1923-12-25 00:00:00), página 20

las cantidades que el Ayuntamiento adeuda a dicha Empresa, y la entrega, en garantía de la forma de pago convenida, de rentas o arbitrios municipales, para comprender que por razón de la materia carece este Ministerio de la competencia necesaria para dictar resolución alguna.

Considerando que la segunda cuestión, aunque iniciada también en el Ministerio de la Gobernación, ha sido después planteadas directamente en éste del Trabajo, Comercio e Industria, y por referirse concretamente a la determinación de tarifas aplicables para el suministro de gas y energía eléctrica, es obligado en este Ministerio examinarla en su integridad y resolver lo que estime procedente; pues aunque con anterioridad a la Real orden de 14 de agosto de 1920, la intervención de la Administración en estas materias estaba reducida a fijar en las concesiones las máximas que podían ser aplicadas y a intervenir después en las que formaran las Empresas para prestarle o no su aprobación, según se contuvieran dentro de dichos límites máximos desde la publicación de la Real orden de 14 de agosto de 1920, incumbe al Poder público una intervención más activa, velando por que las Compañías no nieguen nuevos suministros ni priven de ellos a quienes los estuvieren recibiendo, a no ser por causas justificadas de pago, ni alteren las tarifas que en aquella estuvieren en vigor, sin autorización, que antes había de conceder el Ministerio de Fomento y que corresponde hoy otorgar á éste del Trabajo, Comercio e Industria;

Considerando que es indispensable, para resolver los recursos interpuestos contra el acuerdo del gobernador civil comunicado a la Empresa en 22 de octubre último, dejar establecido el estado de derecho vigente cuando se adoptó tal acuerdo gubernativo; y de los antecedentes de hecho resena dos, se deduce que aunque las tarifas vigentes en Almería para el suministro de gas y electricidad a los particulares eran las que se fijaron en los contratos celebrados en el año 1914, y aunque en ellos se establecía en su cláusula 28 que dichas tarifas no podrían ser elevadas, como quiera que dicha cláusula quedará anulada a virtud de un nuevo contrato celebrado entre el Ayuntamiento y la Empresa, que es adicional de los del año 1914, pudo la Compañía Lebón, legal y válidamente, concertar nuevos contratos con sus abonados, con arreglo a tarifas distintas de las consignadas en los de 1914 sin que dichas nuevas tarifas, las que regían en 1920, y las que, por lo tanto, con arreglo a la Real orden de 14 de agosto de dicho año, sólo pueden ser alteradas con autorización ministerial;

Considerando que la providencia gubernativa recurrida, al declarar sin valor ni eficacia el acuerdo del Ayuntamiento de Almería que modifica la cláusula 28 de los contratos de 1914, y declarar en vigor tales cláusulas, se fundamenta en que el Ayuntamiento carecía de facultades para adoptar tales acuerdos ni celebrar al amparo de ellos contrato alguno, ya que por reconocerse en dichas cláusulas derechos a terceros, no podía hacerse la renuncia de tales derechos sin la concurrencia y aprobación expresa de ellos; y aun en el supuesto de que la aplicación a este caso de dicha doctrina fuera procedente, es de tener en cuenta qué nunca puede llegar la autoridad gubernativa a declarar por sí misma la validez o nulidad de los contratos celebrados por los Ayuntamientos, por ser ello materia reservada al conocimiento de los Tribunales de Justicia, bien a los de la jurisdicción civil, cuando se trate de contratos de esta índole, bien a los de la Contencioso-administrativa, cuando tales contratos, por referirse a obras o servicios municipales, deban ser reputados de carácter administrativo;

Considerando que siendo los contratos que tiene en curso la Compañía recurrente celebrados con sus abonados particulares de naturaleza definitivamente civil, no es dable tampoco a la Administración dictar acuerdo válido que los anule o modifique, ni aun con motivo de acuerdo de reforma de las tarifas, con arreglo a las cuales aquellos contratos se hayan celebrado, sobre todo cuando tales acuerdos de modificación no tengan en su abono una razón de carácter legal que los justifique;

Considerando que igualmente carecen los gobernadores civiles de facultades para autorizar por sí mismos elevaciones sobre las tarifas vigentes para los suministros de gas o electricidad, por estar tales atribuciones reservadas a este Ministerio, previo el cumplimiento de los trámites fijados por las Reales órdenes de 14 de agosto de 1920 y 11 de octubre de 1922,

Su Majestad el Rey (G. D. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Revocar el acuerdo del gobernador civil de Almería, por el que se prohibió a la Sociedad Lebón y Compañía la aplicación a sus abonados de otras tarifas que las establecidas en los contratos que celebró con el Ayuntamiento en el año 1914, autorizándola a la vez para cobrar sobre ellas un recargo de cinco céntimos de peseta por metro cúbico de gas y kilovatio de electricidad; y

2.º Devolver al Ministerio de la Gobernación los antecedentes y los escritos referentes al contrato celebrado en 29 de octubre de 1920 por la Compañía y el Ayuntamiento, dándole traslado del acuerdo adoptado por este Ministerio en el asunto propio de su competencia e informándolo a la vez, por si le conviniere tenerlo en cuenta para la resolución que en su día pueda dictar, que la única causa por la cual permite la legalidad vigente en la materia que las Empresas suspendan el suministro de la energía eléctrica a sus abonados es la falta de pago del precio de tal suministro.

Lo que de Real orden participo a V. S., para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 10 de diciembre de 1923.—El jefe encargado del despacho del Ministerio, A. García. (Rubricado.)
Sr. D. Enrique Ucelay. Libertad, 14 triplicado, Madrid.