La Energía eléctrica (1924-06-25 00:00:00), página 19

Estos industriales tendrán la facultad de reformar, conservar y modificar los objetos de su industria en condiciones análogas a la fijada en el epígrafe 12 de esta misma clase y tarifa para los vendedores de instrumentos de matemáticas.

El epígrafe 107, clase 7.a de la tarifa 4.a, se ocupa de los instaladores de luz eléctrica con facultad para el suministro de materiales que en las instalaciones hayan de emplear, quedando sujetos al cuadro de cuotas de las industrias comprendidas en la Sección de Artes y Oficios, que figura al principio de la tarifa 4.a, y cuyas cuotas varían según las bases de población.

Contadores.—El alquiler de contadores, comprendiendo los aparatos de interrupción de corriente, se halla sometido al epígrafe 122 bis de la tarifa 2.a, debiendo tributar por cada 100 aparatos o fracción de 100 que alquilen, a razón de 112,50 pesetas.

Tranvías.—Las Empresas que produzcan fluido eléctrico para la tracción de sus tranvías, tributarán por el epígrafe 178 bis de la tarifa 3.a

CONTRATACIÓN

Real orden del Ministerio de la Gobernación, de 14 de abril de 1919, reconociendo que los derechos y obligaciones derivados de cláusulas contenidas en los contratos administrativos, fijando precios para los particulares, tienen carácter civil.

Pasado a informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. Vicente Manuel Gil, representante de la Sociedad Lebón y Compañía, contra providencia de V. E. confirmatoria del acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, prohibiendo aumentar el precio fluido eléctrico a los particulares, dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 15 de febrero último, el siguiente dictamen:

Excelentísimo señor: La Comisión permanente del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden del Ministerio del digno cargo de V. E., de fecha 15 de junio del pasado año, ha examinado el adjunto recurso de alzada interpuesto por D. Vicente Manuel Gil, representante de la Sociedad Lebón y Compañía contra providencia del señor gobernador civil de Almería confirmatoria del acuerdo del Ayuntamiento de esa capital, prohibiendo aumentar el precio del fluido eléctrico a los particulares, y de él resulta:

Que el 5 de Marzo de 1917, el Ayuntamiento de Almería, a virtud de escrito presentado por varios vecinos e industriales denunciando infracciones cometidas por la Sociedad Lebón y Compañía, con relación a la cláusula 28 de su contrato con el Ayuntamiento, tomó el acuerdo de prohibir a dicha Sociedad no sólo cobrar, sino intentar el cobro a precios más altos que los establecidos en la cláusula citada, el retirar los contadores bajo ningún pretexto, e interrumpir el servicio e invitar al vecindario a denunciar las infracciones en este sentido, y dirigirse al Gobierno para que en caso que la Compañía solicite suspender el servicio a algún abonado moroso, acompañe a la solicitud los recibos y oiga en el término de veinticuatro horas al abonado.

Que contra este acuerdo se entabló por D. Vicente Manuel Gil, en nombre de la Sociedad Lebón, recurso de alzada ante el gobernador de la provincia, solicitando la revocación por carecer el Ayuntamiento de competencia para su adopción, invocando en su apoyo varios preceptos legales, principalmente el art. 72 de la ley Municipal, el 84 de la Constitución de la Monarquía y los Reales decretos de 15 de julio de 1916 y 18 de abril de 1917, y pidiendo al gobernador declarase que las cláusulas limitadoras del precio para los particulares han sido modificadas, mientras que por otra soberana disposición no sea restablecido el precio del contrato para gas y electricidad del alumbrado público. La Alcaldía, al informar acerca de este criterio, reconoce la veracidad de la doctrina en el sostenida, negando competencia a los Ayuntamientos para intervenir en las relaciones jurídicas particulares, pero manifiesta que en el caso presente se ha limitado a exigir el cumplimiento de una obligación contraída, apreciando también los motivos de equidad en que se inspira el Real decreto de 15 de julio de 1916, que, a su juicio, no abarca, sin embargo, a las relaciones privadas, y termina manifestando que tanto el gobernador como la Comisión provincial tienen sobrados elementos para proponer y hallar una solución equitativa armonizadora de los derechos de todos.

La Comisión provincial, en 17 de diciembre de 1917, aprobó, con un voto en contra, el dictamen del ponente, favorable al recurso; y en 20 del mismo mes dictó providencia el gobernador civil confirmando en todas sus partes el acuerdo recurrido y manifestado en contra esa resolución solo cabe el recurso contencioso. Contra esta providencia se ha interpuesto el presente recurso de alzada por D. Vicente Manuel Gil y el gobernador al elevar el expediente, mantiene su punto de vista y afirma la incompetencia del Ministerio.