La Energía eléctrica (1922-04-25 00:00:00), página 19

a deber 33.343,31 pesetas y con tal motivo se instruyó expediente de occultación, en el cual se demostró que la Sociedad no había cobrado nada de la Corporación, por lo cual se resolvió tal expediente favorablemente, acordando, por resolución del Tribunal gubernativo de Hacienda de 14 de diciembre de 1905, que tenía aplicación al caso la Real orden de 9 de diciembre de 1904, y que se presentase por la Sociedad una certificación de los recibos no satisfechos por el Ayuntamiento, debiendo hacerlo en lo sucesivo al presentar las relaciones juradas, una vez transcurrido el plazo que señala la regla segunda del art. 13 del reglamento de 22 de marzo de 1900, y que no habiendo percibido la Sociedad el impuesto, ya que la renta dada en «prenda» no está afecta al pago de aquél, no debe, por tanto, dirigirse contra ella el procedimiento;

Resultando que la Delegación de Hacienda de Almería desestimó la reclamación en 22 de mayo de 1919, confirmando el acuerdo de la Administración de Propiedades e Impuestos y ordenando que se reclamara nueva declaración a la Sociedad por las diferencias entre lo ya cobrado y lo que faltara por cobrar hasta su total importe;

Resultando que contra tal resolución se interpuso recurso de alzada solicitando su revocación, reproduciendo los razonamientos expuestos y acompañando tres testimonios notariales relativos a datos suministrados por el Ayuntamiento de Almería;

Resultando que en esos testimonios aparece que, en contestación a un oficio del director de las fábricas, al Ayuntamiento de Almería manifestó esta Corporación:

1.º Que desde el mes de abril de 1917 se gestionó por la Sociedad la fijación del nuevo precio del fluido con arreglo al nuevo precio de los carbones, a fin de determinar el importe de las facturas mensuales, base para fijar el del impuesto y que desde 18 de noviembre de 1918, en que quedó fijado ese precio, ha gestionado la Sociedad el cobro del mismo.

2.º Que no aparecen más antecedentes relativos a la gestión para el cobro del 10 por 100 del impuesto, que la presentación de las facturas con las del importe del suministro.

3.º Que desde abril de 1917 no se ha formalizado por la Corporación con la Compañía el pago de ninguna factura por consumo de fluido, ni del 10 por 100.

4.º Que la Sociedad ha pedido a la Corporación varias veces que se activara la liquidación que tenía pendiente por el suministro de luz;

5.º Que las cantidades que la Sociedad percibe del arrendatario del arbitrio sobre el mercado, las recibe como «prenda» del contrato celebrado con el Ayuntamiento, y para liquidar en su día el importe de las facturas, sin que la «prenda» esté afecta al pago del impuesto del Estado;

Resultando que el Tribunal gubernativo, por acuerdo de 14 de agosto de 1919, dictado de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Propiedades e Impuestos, resolvió desestimar el recurso de alzada y confirmar el fallo apelado, fundándose en las consideraciones siguientes:

a) Que la Sociedad Lebón y Compañía no se cuidó de presentar a la Hacienda, una vez transcurrido el plazo que determina la regla segunda del art. 13 del reglamento de 22 de marzo de 1900, la certificación a que alude la Real orden de 9 de diciembre de 1904, ratificada por la de 4 de agosto de 1905, y únicamente lo ha verificado al cabo de diez y ocho meses, cuando, requerida por la Administración de Propiedades e Impuestos se vió a ello precisada.

b) Que la Sociedad ha venido cobrando del arrendatario del arbitrio municipal sobre mesas y casetas del Mercado, puestos públicos y Alhóndiga de frutas en Almería, el importe del precio contratado por alumbrado público, sin que pueda admitirse el distingo que quiere establecer la entidad recurrente de que tal cobro es una garantía del contrato en cuestión.

c) Que aun en el supuesto de que la Sociedad no hubiese cobrado cantidad alguna del Ayuntamiento de Almería, por el concepto de impuesto sobre alumbrado, debió cumplir las obligaciones que imponen a los fabricantes de luz las mencionadas Reales órdenes de 9 de diciembre de 1904 y 4 de agosto de 1905, y no habiéndolo efectuado, es evidente que ha causado un perjuicio al Tesoro público, por lo cual ha incurrido en la responsabilidad que señalan tales disposiciones, hallándose plenamente justificado el procedimiento de apremio seguido contra ella con sujeción a lo establecido en el art. 18 del reglamento del tributo;

Resultando que contra el precedente acuerdo y previo el pago de la cantidad controvertida, interpuso recurso contencioso la Sociedad Lebón y Compañía, representada por el procurador D. Eduardo Morales, formalizando su demanda con la súplica de que se revoque el acuerdo recurrido y se ordene que se devuelva a la Sociedad demandante la cantidad de 9.503,09 pesetas más el 20 por 100, o sea un total de 11.403 pesetas, que tiene ingresadas en las arcas del Tesoro;

Resultando que el fiscal ha contestado la demanda con la pretensión de que se estime por la Sala la excepción de incompetencia, o, en su defecto, se confirme el acuerdo recurrido; Visto, siendo ponente el Magistrado D. Ramón de las Cagigas;
Visto el art. 6.º de la ley orgánica de esta jurisdicción;
Vistos la ley de 18 de marzo de 1900 y el reglamento para su ejecución de 22 del mismo mes y año;
Vistas las Reales órdenes de 9 de diciembre de 1904 y 4 de marzo de 1905;