La Energía eléctrica (1923-12-25 00:00:00), página 18

Rectificación de las autoridades en lo que se refiere a tarifas y contratos

De conformidad con lo tratado en las páginas 113 a 118 de este BOLETÍN, correspondiente al año actual, vamos a permitirnos exponer las consecuencias prácticas que pueden deducirse de los laboriosos trabajos y gestiones realizados en el caso suscitado en Almería a la Sociedad Lebón y Compañía, por el gobernador de aquella provincia, por si pudieran facilitar su actuación a las Sociedades e industriales particulares que pudiesen encontrarse en casos análogos; aunque esto no parezca ya fácil, porque a consecuencia del interesante y tenaz trabajo realizado en este primer caso y del efectuado por la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, es de creer que quedarán ya bien puntualizadas las atribuciones de las autoridades provinciales y locales, de las Juntas de Abastos y de los Ministerios, en esta importante materia.

A los pocos días de tomar posesión de su cargo el gobernador designado para la provincia de Almería, después del cambio de sistema de Gobierno ocurrido en España el día 13 de Septiembre último, dió orden a la Empresa Lebón de que redujera las tarifas de gas y electricidad a los tipos que la indicaba y que habían de regir desde 1 de octubre. Es de advertir que en esas tarifas impuestas por la autoridad gubernativa se llegaba en algunos casos a la rebaja del 60 por 100, lo cual era intolerable para la Empresa, que se hubiera visto obligada en ese caso a cesar en la fabricación de gas y de la electricidad.

Además, el gobernador dejó sin efecto el contrato celebrado por la Compañía Lebón con el Ayuntamiento de Almería, por escritura pública ante notario, por la cual se otorgaba a ésta determinados ingresos en concepto de prenda para atender al pago corriente del alumbrado público y a la amortización en quince años de la importante deuda que aquel Ayuntamiento había contraído con la Empresa, accediendo ésta al aplazamiento del cobro de los atrasos en los quince años expresados.

Es preciso reconocer que las autoridades más elevadas del Ministerio de la Gobernación comprendieron perfectamente la razón y el derecho de la Compañía, procediendo con perfecta justicia, y lo mismo debemos decir de las autoridades del Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria y de la Presidencia del Directorio, pues en todas partes se acogió a aquella Compañía con completa imparcialidad y sensatez, formando claro juicio de los hechos ocurridos, así como del derecho de la Empresa.

Se deduce del caso expresado, que lo más conveniente en incidentes como el indicado, es el recurso al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, contra la orden del gobernador rebajando las tarifas; y en caso de que esa orden procediera del Ayuntamiento, habría que acudir primero al gobernador, y de lo que éste resolviera, al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria. Ese recurso convendrá presentarlo en el Ministerio directamente, como se ha hecho en el caso que nos ocupa.

Al mismo tiempo se interpuso también directamente recurso ante el Ministerio de la Gobernación, en queja contra el gobernador, por exceso de atribuciones e incompetencia, es decir, por su extralimitación, de conformidad con el art. 143, párrafo 3.º de la ley Provincial, y art. 3.º del Real decreto de 15 de agosto de 1902, por los cuales debe entender en esos recursos de queja el Ministerio de la Gobernación como superior directo de los gobernadores civiles, con objeto de corregir las extralimitaciones del gobernador de Almería.

De todos modos, el Ministerio de la Gobernación acordó enviar dichos recursos de queja al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, al mismo tiempo que otros antecedentes que también se le habían facilitado, con el fin de que éste examinase si se trataba verdaderamente de asunto de su competencia.

La Empresa Lebón y Compañía se veía en una situación difícil porque no podía poner al cobro los recibos a sus abonados, pues si lo hacía de conformidad con lo ordenado por el gobernador, podía parecer que se sometía a las tarifas impuestas por él, y si lo efectuaba con sujeción a las tarifas que tenía establecidas la Empresa, parecería un desacato a la autoridad gubernativa, dando lugar esta situación a que transcurriesen dos meses sin haber podido poner al cobro esos recibos y abrigando el temor de que si se continuaba de la misma forma, molestaría indudablemente a los abonados el tener que satisfacer diversos recibos de una sola vez.

El Ministerio del Trabajo ha dictado la resolución que se inserta a continuación, por la cual se reconoce el derecho de la Compañía a la aplicación de tarifas que se hallaban vigentes antes de la orden del gobernador, imponiendo la enorme rebaja de que se ha hecho mención; y en cuanto al contrato de prenda que el gobernador había dejado sin efecto, ha reconocido también el mismo Ministerio, muy acertadamente, que no era asunto de su competencia, sino de los Tribunales de lo contencioso administrativo o de los ordinarios, y del Ministerio de la Gobernación en cuanto se refería a recursos de queja.

Las principales bases del recurso, que en casos análogos de rebaja de tarifas deberían dirigirse al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, son las Reales órdenes de 14 de agosto de 1920, porque todas las tarifas que en aquella fecha se hallaban vigentes se consideran como legales y aplicables en todos los casos; y claro es que tienen la misma legalidad las tarifas que hayan sido modificadas después de aquella fecha por disposición del citado Ministerio. Y la Real orden de 11 de octubre de 1922, que fija los trámites con arreglo a los cuales deberá procederse a la alteración de tarifas, reconociendo la competencia única para ello, del Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria.