La Energía eléctrica (1924-03-10 00:00:00), página 14

También podrá la Junta proponer al Gobierno las medidas que considere precisas para el servicio de transportes.

De la incautación

Art. 3.º Autorizada por el Gobierno la propuesta de incautación, ésta se practicará previo el inventario y fijación del importe de los géneros incitados.

El pago de una mercancía incautada habrá de realizarse para cada partida, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se disponga de ella.

Al mismo tiempo que la incautación de géneros, podrá acordarse también la de almacenes en qué estuvieran depositados, total o parcialmente, y la de aquellos edificios que se estimasen necesarios, a los fines de conservación y custodia de los géneros de que dispusiera la Junta, por haberse verificado ya la incautación.

En uno y otro caso, se fijará previamente la indemnización o alquiler que proceda.

Toda mercancía sometida a incautación, quedará de la libre disposición de su poseedor, si la Junta no hubiera dispuesto de ella dentro del plazo máximo de tres meses, regulando la Junta en cada caso la fijación del plazo, según la mercancía de que se trate.

Art. 4.º Para determinar los precios de venta, o resolver cualquier otra cuestión que se refiera al fácil comercio de los artículos comprendidos en el Real decreto, la Junta central reclamará los informes que juzgue precisos de las Cámaras de Comercio e Industria, Consejos provinciales de Fomento, Secciones agronómicas, peritos oficiales que existan, funcionarios, entidades o personas que por su competencia puedan asesorarlas.

Para acordar la intervención o proponer la incautación, expropiación o modificación de aranceles, siempre que a juicio de la Junta lo permita así la premura de las necesidades, oirá también, dentro de un plazo que la Junta señalará en cada caso, a los productores, fabricantes, poseedores o propietarios de las sustancias alimenticias, artículos de consumo indispensable, fábricas, almacenes, depósitos o establecimientos que hayan de ser objeto de la intervención, incautación o modificación arancelaria.

De las sanciones

Art. 5.º Las infracciones de acuerdos adoptados por las Juntas de Abastos y las defraudaciones en calidad, peso o precio de los artículos alimenticios, así como la adulteración de los mismos, serán corregidas con la imposición de multas de 500 a 5.000 pesetas, y las Juntas provinciales o sus presidentes, en casos de urgencia, podrán llegar a imponer multas hasta la cuantía de 1.000 pesetas.

Corresponde solamente a la Junta central o a su presidente la imposición de aquellas multas que excedan de ese límite.

Se harán efectivas las multas en el papel correspondiente y siempre dentro del plazo fijado al imponerlas, el cual no excederá de cuatro días.

El acaparamiento, la ocultación, el retraimiento en la venta y la especulación abusiva de los artículos de primera necesidad y alimenticios, se castigarán con la pérdida del 50 por 100 del valor de las mercancías, cuando se acordara la intervención o la incautación y venta de las mismas.

Ahora bien; la Junta podrá, en los casos que crea necesarios o concernientes para regularizar la circulación o precio de los artículos, acordar o proponer la intervención o la incautación y venta de éstos, sin que la medida lleve aparejado el castigo antes señalado, que únicamente impondrá dentro de cualquiera de las fases indicadas, cuando lo juzgara preciso, para corregir o castigar faltas cometidas por incumplimiento de las medidas adoptadas o por tratar de burlar los acuerdos de las Juntas de Abastos.

El infractor de acuerdos o disposiciones de la Junta central, a quien ya se hubiesen impuesto multas en su cuantía máxima, será castigado con la suspensión temporal en el ejercicio de su industria o comercio, durante el plazo que determine la Junta central.

Todas las sanciones que se impongan serán publicadas en el Boletín Oficial y en la Prensa diaria.

Independientemente de las correcciones que proceda, se exigirá a los infractores la responsabilidad que corresponda por la falta o delito de desobediencia a la autoridad, fraude en el peso, calidad o precio, adulteración y venta de géneros alimenticios en malas condiciones sanitarias.