La Energía eléctrica (1922-10-25 00:00:00), página 18

mente pueden gozar de esta exención, si sus sueldos no exceden de 1.500 pesetas. Esto puede dar lugar a que un obrero que gane al día 20 pesetas, que puede calcularse un total de 7,000 pesetas al año, no tenga qué tributar por contribución de utilidades, y un empleado que gane anualmente 1.600 pesetas, se vea sujeto a esa contribución, a pesar de que sus necesidades sean aún mayores que las del obrero, puesto que en las oficinas no se les admitiría que se presentaran con la indumentaria propia de un obrero cualquiera.

No somos partidarios tampoco de exenciones de ninguna clase, ni aun de los empleados que estén muy modestamente retribuidos, porque si la base con que se argumenta siempre para exigir el cobro de toda suerte de impuestos al contribuyente, es el pago de los servicios que se le prestan, también gozan de esos servicios en mayor o menor escala los obreros y esas clases más modestas de que venimos hablando. Por eso entendemos que todo ciudadano que de cualquier manera percibiese alguna utilidad, debía contribuir al Tesoro; pero la cuantía de su tributación debe estudiarle muy detenidamente, disminuyendo estos tipos al medio por ciento o lo que fuera preciso, porque de este modo se daría idea todo ciudadano de que contribuía en alguna forma al sostenimiento del Estado, y además, reuniéndose esas pequeñísimas cantidades, que pueden ser toleradas por esos contribuyentes, formarían alguna suma de cierta consideración, por el crecido número de las clases modestas que tributarian de esa manera.

En la legislación de utilidades, tantas veces reformada y refundida con carácter que parecía ya definitivo, en 19 de octubre de 1920, se introducen variaciones de gran consideración. En la tarifa 1.a se determina la reforma por el Real decreto de 2 de septiembre, publicado en la Gaceta del 7. De acuerdo con lo establecido en la ley de Reformas tributarias, se hacen algunas rebajas en los conceptos de la tarifa 1.a, o sea la que se refiere a utilidades procedentes del trabajo, sin que esas rebajas tengan en realidad importancia ninguna, pero no sabemos por qué razón no han de establecerse esas mismas bonificaciones para los directores que cobran haberes análogos al de los empleados a quienes alcanzan aquéllas. El nombre o concepto del trabajo que se realice, no parece bastante para dar un trato desigual en la aplicación de las contribuciones e impuestos y la única razón que parece justa para ello es la cuantía de los sueldos o haberes que se perciban.

En cambio se recargan algunos conceptos de la tarifa 2.a que comprenden utilidades procedentes del capital. También es de lamentar que cada vez se haga más aguda la cruzada que se sigue contra el capital, al mismo tiempo que se defiende y ampara más al trabajo. El capital bien obtenido no es, después de todo, mas que producto del trabajo y del ahorro, y si el trabajo es defendido y se ensalza cada vez más, los productos del trabajo, aunque no procedan en el instante en que se gravan del trabajo mismo, sino que hayan sido obtenidos en períodos anteriores, deben ser respetados, en cierto modo o, cuando menos, mirados de mejor manera que la que suele emplearse en nuestras leyes tributarias. En cuanto al ahorro, es, ciertamente, una virtud que ha ocasionado el progreso de otros países, y que, indudablemente, sería muy beneficiosa para el nuestro, en el cual debía protegerse de alguna forma para que pudieran obtenerse de él tantas ventajas como en otros países, por ejemplo, Francia, se han logrado de esa virtud tan extendida en ellos. Más provechoso sería para España que se admitiese esa virtud de otros países extranjeros, que no el pretender implantar otras instituciones y los sistemas tributarios de naciones muy distintas de la nuestra, tanto por sus caracteres y condiciones de riqueza y desarrollo, como hasta por sus diferencias de raza.

Parece de difícil ejecución la pretensión de exigir esas reformas que el industrial particular tribute también por la contribución de utilidades y se llegue a desconocer hasta los derechos reconocidos a todos los ciudadanos por el Código civil, pudiendo entrar ya en el domicilio y exigir toda clase de detalles a los particulares, contraviniendo lo establecido en el citado cuerpo legal y, hasta en cierto modo, en la Constitución de la Monarquía. No será muy fácil dar cumplimiento a esas disposiciones porque exigirán una fiscalización impracticable, siendo, en muchas ocasiones el ideal imposible de ponerse en ejecución; así, la contribución de utilidades que, es sin duda ninguna la más ajustada y equitativa de las que se hallan implantadas en España, sin que por esto dejemos de reconocer las extralimitaciones y vejaciones nacidas de la legislación que la rige, no parece fácil que pueda ampliarse de un modo tan extenso como se pretende, alcanzando a los particulares, ya sean industriales, comerciantes o profesionales, a los que además se trata de exigir que lleven los libros que preceptúa el Código de Comercio, cosa que será imposible conseguir por muchas que sean las penalidades con que se amenace y se castigue al contribuyente.