La Energía eléctrica (1923-11-25 00:00:00), página 17

ción y venta del mismo no remediasse su escasez, el Gobierno podrá, previa comparación de los precios del mismo en el mercado nacional y en los extranjeros y del margen protector concedido por el Arancel, modificar temporalmente los derechos arancelarios de los artículos comprendidos en el apartado a), para estimular o hacer posible la importación y concurrencia de artículos similares extranjeros.

Los contratos celebrados entre particulares que no pudieran cumplirse a consecuencia de la adopción de alguna medida derivada de las autorizaciones concedidas en este artículo, se entenderán caducados, considerándose las medidas gubernativas que se adopten, a los efectos jurídicos, como caso de fuerza mayor.

Art. 2.º Para la ejecución de cuanto requiere el desarrollo de las autorizaciones concedidas por el art. 1.º, se constituirán los siguientes organismos, dependiendo del Ministerio de la Gobernación en cuanto atañe al servicio que se les encomienda:

a) Una Junta central de Abastos, presidida por el delegado que el Gobierno designe, de la que serán vocales el subdirector de Agricultura, un jefe de Centro, designado por cada uno de los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Trabajo, un representante de la Asociación de Agricultores de España, otro de la Asociación general de Ganaderos del Reino, otro del Consejo Superior de las Cámaras de Industria y Comercio, un representante de las Cooperativas de consumo, designado por el Ministerio del Trabajo, y otro elegido por las Asociaciones obreras que el representante del Ministerio del Trabajo designe.

Actuará de secretario, con voz y sin voto, el funcionario que la presidencia determine.

b) En las capitales de provincia, y dependiendo directamente de la Central, una Junta provincial de Abastos, presidida por el gobernador civil respectivo, siendo vocales de ella el presidente de la Audiencia, el delegado de Hacienda, el alcalde de la capital, que intervendrá con voz y voto en los asuntos que afecten a su Municipio, el ingeniero jefe de la Sección Agronómica, el inspector de Higiene y Sanidad pecuaria, el inspector del Trabajo y un representante designado por cada una de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Agrícolas; otro, designado por el gobernador, en representación de las Cooperativas de consumo, y otro en representación de las Asociaciones obreras.

Será secretario de estas Juntas provinciales el funcionario designado por la presidencia.

c) En las islas de Menorca e Ibiza y en las del Archipiélago canario en que exista cabildo insular, se constituirán, bajo la presidencia de un delegado del Gobierno, Juntas insulares, de las que serán vocales el alcalde de la capital, el juez de primera instancia, el administrador o depositario de Hacienda y representantes de las entidades oficiales agrícolas y de comercio e industria que existan en su demarcación, siendo secretario el funcionario que la presidencia designe.

Art. 3.º Tanto la Junta Central como las provinciales e insulares, elegirán de su seno una Comisión permanente, presidida por el de la respectiva Junta, asistido de dos vocales; las Comisiones permanentes ejercerán, por delegación, todas las funciones que se asignen a la Junta correspondiente, a la cual darán cuenta de las medidas que adopten.

Las Comisiones permanentes serán las encargadas de ejecutar los acuerdos, órdenes e instrucciones que al efecto se dicten.

Para el trámite de los asuntos y servicios de estadística y oficina, se asignará a cada Junta el personal necesario, sin que tales nombramientos supongan aumento de plantilla.

Este personal se determinará en el Reglamento que dictará la Junta Central.

Los gastos de material de oficina estarán a cargo del Ministerio de la Gobernación en lo que se refiere a la Junta Central, de los Gobiernos civiles en lo concerniente a las Juntas provinciales, y de los Ayuntamientos en los que motiven las Juntas insulares.

Art. 4.º Serán de la competencia de la Junta Central de Abastos:

Los acuerdos relativos a la regulación de precios, la fiscalización, restricción y limitación de la circulación y la intervención a que se refieren los apartados a), b) y c) del art. 1.º

Las propuestas de incautaciones y modificaciones arancelarias de que hablan los apartados y) e) del mismo artículo.