La Energía eléctrica (1924-04-25 00:00:00), página 20

EXPOSICIÓN

Señor: La ley de 24 de junio de 1885 dispone en el art. 1.º, en conexión con el precepto establecido en su art. 9.º, que aun cuando se reclame contra una providencia administrativa las cantidades que en cumplimiento de la misma ingresen en el Tesoro, se aplicarán definitivamente al concepto que corresponda, y que al declararse que estos ingresos fueron indebidos, su importe fuese desde luego devuelto, considerándose como minoración de los valores del respectivo concepto del presupuesto corriente el día en que el Tesoro realice el pago.

Para cumplimiento de tal disposición dictóse la Real orden de 11 de julio, señalando el procedimiento que había de regular esas devoluciones, y más tarde la circular de la Intervención general de 15 de septiembre de 1885, que rigieron hasta la publicación del Real decreto de 25 de febrero de 1890, que con la circular de 29 de marzo siguiente constituyen la legalidad vigente en la materia.

Atribuida la resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos a las autoridades económicas, no se exige para efectuar el pago más requisito que la autorización de la Dirección general del Tesoro para la salida material de fondos. Con este procedimiento, que la ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911 respetó en el último párrafo de su art. 41, han sido tramitadas y resueltas, sin distinción de cuantía, todas las reclamaciones deducidas, hasta que el Real decreto de 13 de junio de 1916 prescribió que cuando la cantidad a devolver exceda de 150.000 pesetas, el Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de ley en solicitud del correspondiente crédito.

Desde esa fecha, bien porque el Parlamento no tomara acuerdo sobre los proyectos que le fueron sometidos, o bien por no haberse llegado a presentarlos, no se ha devuelto ingreso alguno cuya cuantía exceda de las 150.000 pesetas fijadas como límite máximo para que la Administración pueda acordarlas directamente.

A consecuencia de esto existan pendientes varias reclamaciones, basadas, no sólo en resoluciones firmes de la propia Administración, sino en sentencias del Tribunal Supremo, en pleitos contencioso-administrativos, favorables a los interesados a quienes vienen irrogándose grandes perjuicios, que alegan al solicitar les sean devueltas las cantidades que indebidamente ingresaron. Disueltas las Cortes, y al no poderse cumplir el requisito exigido por el Real decreto de 13 de junio de 1916, se hará mayor cada día que transcurra la lesión ya inferida a los intereses particulares. Esto aconseja, incluso por propio prestigio del Estado, que el Gobierno, preocupándose de esos intereses, acuda a remediar el daño por medio de una disposición de carácter general que, aun exigiendo mayores solemnidades para las devoluciones de ingresos superiores a 150.000 pesetas, como lo hiciera el Real decreto de 13 de junio de 1916, permita el otorgamiento del crédito necesario por solo acuerdo del Gobierno, exceptuando expresamente de esta norma general aquellos casos sometidos ya a conocimiento de las Cortes, si la Comisión respectiva hubiera emitido dictamen, que seguirá en su día el trámite parlamentario.

Por las razones expuestas, el jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, de acuerdo con éste, tiene el honor de presentar a la firma de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 12 de marzo de 1924.—Señor: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar y de acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Las devoluciones de ingresos indebidos se realizarán con las mismas formalidades y requisitos con que se practican hasta ahora si su importe no excede de 150.000 pesetas. Cuando la cantidad a devolver exceda de dicha suma se pagará arbitrando un crédito extraordinario, mediante Real decreto acordado por el Gobierno, previo expediente con informes favorables del Consejo de Estado en pleno y de la Intervención general.

Se exceptúan aquellos casos en que, habiéndose presentado a las Cortes un proyecto de ley en solicitud de crédito para efectuar una devolución, se hubiera emitido dictamen por la Comisión respectiva, que seguirá en su día el trámite parlamentario.

Dado en Palacio a doce de marzo de mil novecientos veinticuatro.—ALFONSO.—El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.