La Energía eléctrica (1923-05-10 00:00:00), página 14

un recuerdo de aquel régimen terrorista que debió quedar completamente olvidado, de acuerdo también con lo que sostiene el mismo Real decreto.

Nos referimos al párrafo e) del art. 57, según el cual en casos de reclamación de segunda instancia, si se desestimara la apelación y se apreciase temeridad, podrá imponerse al interesado, por vía de costas, un recargo hasta de 50 por 100 de la penalidad en que hubiera incurrido.

Esa disposición no responde a nada práctico ni racional, como no sea a infundir la alarma en los perjudicados con las penalidades que se les hayan impuesto, para que no pasen en su defensa a la segunda instancia, con lo cual nada parece que pueda conseguirse, como no sea disminuir el trabajo de las autoridades o Tribunales que hayan de entender en esas apelaciones, puesto que no puede haber ningún perjuicio para el Tesoro con que pasen los expedientes a segunda instancia, porque los ingresos de las cantidades debidas se harían de todas maneras a su tiempo; y en todo caso, los recargos que hubiera que establecer por vía de costas no deberían ser caprichosos, sino representar el verdadero coste producido por la apelación, cosa que no parece sea difícil de averiguar por los Centros o autoridades que hubieran entendido en las apelaciones. Somos partidarios del sistema completamente contrario, pues creemos que a todo contribuyente que se crea perjudicado se le debe dar toda clase de facilidades para sostener sus derechos ante las autoridades y Tribunales, no creyendo admisible, en justicia, el párrafo comentado más que si su aplicación hubiera de ser tan rara y restringida que sólo tuviese lugar en los casos de una temeridad tan manifiesta que pudiera ser prueba de una indudable mala fe.

Otra importante modificación que se introduce afecta a las participaciones de la Hacienda pública y sus denunciadores en las multas cuya cuantía queda reformada notablemente.

El último párrafo del Real decreto indicado establece la aplicación de sus disposiciones en todo lo favorable al inculpado o expedientado, salvo siempre los derechos de tercero a los hechos o actos anteriores que no fuesen ya firmes y definitivos.

EXPOSICION

Señor: Autorizado especialmente el ministro que suscribe por los dos últimos párrafos del art. 40 de la vigente ley de Presupuestos de 26 de julio próximo pasado para reorganizar los servicios del Ministerio, y en especial los de Inspección, entre otros, ha considerado, siguiendo el criterio del Gobierno de atender en cuanto sea justo y posible a los clamores de la opinión, que procedía desde luego acometer la reforma que se propone, condicionada, por ahora, al fin concreto que persigue, firmemente convencido, entre otras razones, de que no puede haber verdadera Hacienda ni régimen tributario sin la colaboración del contribuyente.

De reconocer es la buena fe con que la masa de ellos ha respondido a las dos amplias reformas, que con agravación, en general, de los tributos, han decretado las Cortes en 1920 y 1922, ante el apremio de las circunstancias, y ya que el Gobierno no pueda ofrecer una disminución de gravámenes, se complace en acudir solicitó a las demandas en que se pide la atenuación de las responsabilidades no condenables, de modo que, sin faltar el necesario estímulo para la investigación, predicado indeclinable de todo impuesto, jamás pueda parecer excesiva o desproporcionada la participación concedida a los agentes de ella, ya que, aparte de dicho estímulo, las sanciones que el Poder público establece en materia financiera no tienden tanto al castigo del culpable cuanto a la evitación de las evasiones fiscales y al resarcimiento del costo de la Inspección que obliga a sostener la misma necesidad de prevenir el fraude en interés de la equidad en el reparto de las cargas tributarias, siempre dentro de un régimen de armonía entre la Administración y los administrados, que el ministro que suscribe se esfuerza en sostener y establecer como sistema para la Inspección, Cuerpo el más activo de la Hacienda pública, cuya misión, como uno de sus principales fines, es educar al contribuyente, haciéndole ver cómo su función investigadora es prenda de esa misma razón de equidad en que se apoya su existencia.

La escala de participación en las multas que se propone, obedece, de una parte, a motivos de proporcionalidad y de gradación que se justifican al apreciar la suave curva que representan, y por otra, al propósito de hacer más impersonal la intervención del agente de la Administración, lo que ha de ceder en mayor autoridad para él, reservándose también alguna pequeña