La Energía eléctrica (1924-05-10 00:00:00), página 20

les, recurso de nulidad por infracción de ley, ante la Sala de lo civil de la Audiencia Territorial, sin efectos suspensivos.

2.º Los acuerdos restantes de Ayuntamientos, Comisiones y alcaldes no comprendidos especialmente en otros artículos, causarán estado en la vía gubernativa y procederá contra ellos el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial.

Como no se expresa el plazo dentro del cual deben interponerse estos recursos, es de suponer que sea el de tres meses, que fija la legislación de la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.º Contra las multas y sanciones penales, se da recurso de alzada ante los jueces de instrucción, por los trámites de apelación en juicio de faltas.

4.º Contra los acuerdos que produzcan lesión en los derechos civiles, podrá pedirse su revocación a la autoridad o Corporación que los dictara dentro de los ocho días siguientes a su notificación. En los recursos indicados en los números 2.º y 3.º que preceden, será preciso promover primero la reposición, en el término de ocho días, ante la autoridad o Corporación que dictó los acuerdos.

5.º En los casos procedentes podrá formularse demanda de responsabilidad civil, conforme a la ley de 5 de abril de 1904 y su Reglamento.

6.º El art. 260 se ocupa de los casos de extralimitación o incompetencia.

Aunque nada se diga en él, suponemos que la intervención de la Superioridad, para corregir la extralimitación, podrá ser solicitada por los interesados.

7.º Las providencias de los alcaldes, dictadas en uso de las atribuciones que les correspondan como delegados del poder central, podrán ser impugnadas con arreglo a las leyes especiales que rijan en la materia.

8.º Contra los acuerdos adoptados en referéndum sólo se dará el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Art. 263. Un acuerdo municipal no puede ser impugnado simultáneamente en diferentes vías por un mismo interesado, pero podrá hacerse expresa reserva de su derecho para utilizar posteriormente la vía no utilizada.

Creemos que esto significa que en el plazo de la otra vía queda en suspenso, hasta que recaiga resolución en la utilizada, y que no se limitará a los casos en que quede algo del plazo sobrante en la vía no utilizada, al tiempo de dictarse la resolución en la utilizada

Art. 268. Se considerarán desestimadas por las autoridades u organismos antes que se interpongan las reclamaciones en que no se dicte providencia dentro de los cuatro meses siguientes a su presentación, salvo cuando establezcan las leyes plazos mayores o menores; estas denegaciones tácitas serán impugnables mediante los oportunos recursos, y si prosperasen podrá exigirse responsabilidad civil o gubernativa, a las autoridades o Corporaciones culpables de la demora.

Hace temer este artículo y las demás disposiciones que fijan plazos generalmente muy breves, y cuyo transcurso sin resolver equivale a la denegación, que si el interesado no mantiene fija su atención en los plazos de cada uno de estos asuntos y transcurren esos plazos y los breves términos que se conceden para recurrir, quedará perjudicado en sus derechos lo mismo que si se hubiera dictado una resolución contraria, privándosele indebidamente de una instancia.

La responsabilidad es sabido que no puede exigirse en la práctica, porque no sólo se convertirían en enemigos las autoridades y funcionarios a quienes alcanzase, sino todos sus compañeros.

Lo más natural sería que al reclamante se le exigiera que presentase sus recursos dentro de los plazos fijados, pero que no se le perjudicase luego, porque las autoridades, Corporaciones o Tribunales que hubieran de resolver, dejaran transcurrir los términos fijados para ello. Bien estaría que a éstos se les corrigiese, pero no que los reclamantes sufran daños que no son imputables a ellos mismos.

Se estima conveniente se fije con exactitud la forma en que los particulares pueden acreditar haber interpuesto en fecha oportuna las reclamaciones, peticiones o recursos ante la Corporación, Comisión municipal permanente o autoridad municipal, a los efectos de contarse los plazos fijados para entenderse tácitamente desechadas las peticiones formuladas.

También se estima conveniente aclarar el art. 255 que establece, que, si transcurrido el plazo fijado no ha recaído providencia resolutoria o no se ha notificado al interesado, se entenderá denegado el recurso. Tal como está redactado, puede haber duda sobre si se ha denegado o no la reclamación y puede darse el caso de que se haya interpuesto nuevo recurso por no haber recibido la notificación, a pesar de estar ya resuelta favorablemente por el Ayuntamiento la petición formulada.

(Continuará.)