La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 19

atendida por la Sociedad con carácter provisional, y, posteriormente, con fecha 23 del propio mes de julio, respecto del otro extremo más fundamental de la reclamación de los abonados relativa a la tarifa diferencial y sistema que seguía para el cobro de unidades de consumo, se le notificó la providencia del gobernador de dicha fecha recabada, para que sin señalamiento de plazo alegase en su defensa cuanto a su derecho conviniese, contestando la Sociedad en uno y otro caso lo que estimó oportuno; hechos que comprobaban que no se omitió el obligado cumplimiento de lo dispuesto en la base 10 de la ley de 19 de octubre de 1889, que regula el procedimiento administrativo, y aunque tales trámites de audiencia carecieran de alguna solemnidad procesal, no tiene, sin embargo, la falta relieve suficiente para determinar por esta causa vicio sustancial de procedimiento que justifique la nulidad propugnada;

Considerando que la Administración pública no tiene otra intervención en el suministro de fluido eléctrico a los abonados de las fábricas productoras, para garantía de su seguridad e intereses, que la especialmente determinada y prevista en la Instrucción reglamentaria del servicio de verificación de los contadores eléctricos, aprobada por Real decreto de 7 de octubre de 1904, alguno de cuyos artículos han sufrido alteraciones en su redacción, y a ella incorporados los Reales decretos de 7 de junio de 1906, 25 de octubre de 1907 y 8 de mayo de 1908, últimamente dictados sobre la materia;

Considerando que no se trata en el caso actual de corregir infracción reglamentaria alguna de dicha Instrucción, como entendió equivocadamente el gobernador de Zaragoza en su providencia de 14 de septiembre de 1914, porque si bien es cierto que el párrafo 1.º del art. 38, según el Real decreto de 25 de octubre de 1907, estableció que las Compañías suministrantes de fluido por medio de contador no podían exigir a sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas, según dicho aparato, reintegrándoles de las cantidades cobradas por mínimo mensual u otro concepto que hayan cobrado de más del importe de fluido consumido, disposiciones reproducidas en el art. 104, su concordante; tales disposiciones reglamentarias, por el Real decreto de 8 de mayo de 1908, fueron a su vez modificadas y constituidas, reintegrándolas a su primitiva redacción, que ni de cerca ni de lejos establece límite alguno a la libre contratación del suministro de esta clase de fluido, ni otras restricciones que las contenidas en los artículos 38 y 104 para el reintegro de las cantidades cobradas de más por adelanto de los contadores, y las de los artículos 42 y 43, referentes al suministro, que no podrá ser suspendido mientras se tramiten reclamaciones, si los abonados están al corriente en el pago de sus recibos y a la instalación de contadores y pago de alquileres por los mismos, cuestiones que no se ventilan en el presente caso, sino la eficacia de los contratos entre la Compañía y los abonados reclamantes;

Considerando que en tal concepto la repetida providencia del gobernador de Zaragoza, como la Real orden impugnada del Ministerio de Fomento, no sólo están inspiradas en el error de suponer vigentes las modificaciones apuntadas del referido Real decreto de 25 de octubre de 1907, que rectificó el de 8 de mayo de 1908, sino que están dictadas con notoria incompetencia, porque rebasaron el límite establecido a la intervención del Estado en la materia, suponiendo infracciones reglamentarias inexistentes, puesto que la disposición administrativa que la estableció no estaba en vigor;

Considerando, por tanto, que ambas resoluciones se adoptaron sin tener para nada en cuenta las relaciones jurídicas que mediaban entre la Sociedad recurrente y los abonados, nacidas del contrato celebrado entre ambas partes para el suministro de fluido eléctrico, y que la interpretación, la eficacia y las derivaciones de este contrato de carácter civil es materia de la absoluta y exclusiva competencia de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 76 de la Constitución de la Monarquía, 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y 51 de la de Enjuiciamiento civil, y, en su virtud, es evidente el error en que se incurrió al conocer y dilucidar en vía gubernativa estas cuestiones tan ajenas a su naturaleza como concernientes a la reciprocidad de los derechos y deberes de las partes contratantes;

Considerando que, según la doctrina establecida por la sentencia de 12 de abril de 1919, esta Sala es la llamada a declarar la competencia o incompetencia con que se ha procedido en este