La Energía eléctrica (1922-05-10 00:00:00), página 19

riores, que, en alguno de sus aspectos, procuraban que el tributo signiase en su cuantía a la importancia de las utilidades que se pretendan gravar.

En los proyectos actuales, aun los que quieren denominarse nuevos impuestos, no constituyen más que recargos poco disimulados sobre los tributos ya existentes, y con ello, como ya se ha señalado repetidas veces, sólo se consigue aumentar las evidentes injusticias de que adolece nuestro sistema tributario.

Por otra parte, la reforma que ahora se pretende introducir en los impuestos, sigue demasiado de cerca a los aumentos implantados en años recientes y, especialmente, por las leyes de 1920.

Nadie niega la necesidad en que se encuentran todos los ramos de la riqueza nacional de contribuir en la medida necesaria a levantar los ingresos hasta que se llegue a la normalización del presupuesto, y desaparezca el déficit que con tan peligrosas repercusiones amenaza a nuestra economía.

Pero sin negar este deber, no responderíamos a la defensa de los intereses que representamos, si no hiciésemos presente la urgencia de que en la lucha contra el déficit se adopten medidas encaminadas a la restricción de los gastos, y muy especialmente contra los gastos notoriamente improductivos.

Entre estos últimos deben figurar, hasta cierto punto, los gastos que representan nuestra acción en Marruecos, que debe ser reducida a los límites de nuestra capacidad financiera mediante una organización adecuada al Protectorado, y sin que en ningún momento nuestra obra civilizadora en Marruecos pueda suponer el abandono de la reconstrucción interior de España. Por grandes que sean nuestros intereses morales en el Norte de África, nuestra empresa en aquellas tierras siempre será de una relativa pequeña en cuanto a los fines y a los medios que deben emplearse para conseguirlas, respecto de la obra total que la mejora moral y material de España requiere.

Conviene asimismo que se apresure la reorganización ferroviaria, con objeto de que no vuelvan a pesar sobre el Tesoro público las grandes cantidades que hasta hace poco han venido representando los anticipos para gastos de personal y material.

Todos los aspectos de la Administración pública exigen una reforma radical que limite los gastos no directamente productivos a lo estrictamente necesario, mediante la supresión de servicios que, si en teoría tienen alguna finalidad, han resultado en la práctica completamente ineficaces.

Mientras esta obra de saneamiento en los gastos no se realice, no habrá derecho a exigir a los contribuyentes que se excedan en el cumplimiento de sus deberes y que soporten resignada y patrióticamente los aumentos tributarios, ya que éstos no tendrían plena justificación.

En cuanto a la reforma tributaria en sí misma, aunque es desde luego evidente que no son los tiempos más propicios los actuales para introducir radicales modificaciones en nuestro anticuado sistema, ello no debe ser obstáculo para que se prosiga la labor de perfeccionamiento que en estos últimos años se ha ido introduciendo en algunos impuestos, especialmente en los de Utilidades, en el que, aunque de una manera excesiva, se ha introducido el principio progresivo, adaptando las cuotas a la creciente importancia relativa de las utilidades.

Paralela a esta mejora tributaria ha de ser la reforma administrativa que produzca un instrumento capaz de implantar y desarrollar las nuevas modalidades tributarias que llevan en sí mismas una técnica más perfecta y complicada.

Hechas estas observaciones de carácter general, pasamos a considerar aquellos impuestos que más directamente se relacionan con las clases por este organismo representadas:

Impuesto de Cédulas personales

Nada menos que de iniciación del impuesto de la renta se califica por el ministro este proyecto. Su examen superficial revela, sin embargo, desde el primer momento que no existe ni siquiera tal iniciación, sobre todo si tenemos en cuenta la aplicación que ha de recibir en manos de nuestra Administración.