La Energía eléctrica (1922-12-10 00:00:00), página 20

industria eléctrica, sin que esto pueda servir de base para proporcionar a los funcionarios de cuerpos distintos y, hasta por desgracia antagónicos, honorarios suficientes para su sostenimiento.

Nada de esto decimos contra el personal de Obras públicas ni de verificación, que reconocemos lealmente es muy digno de toda clase de consideraciones; pero dados ya los extremos a que se ha llegado en las exacciones de tantas y tan cuantiosas contribuciones e impuestos a estas industrias, entendemos que los gastos que oficialmente se efectúen para las inspecciones que se estimen oportunas, y que creemos innecesarias, no deben ser satisfechos por las Empresas e industriales particulares, fijándose al personal de Obras públicas y verificadores los sueldos a que son acreedores por su trabajo y competencia, que les hacen tan dignos de una retribución permanente y justa como puedan serlo los demás funcionarios del Estado, sin tener que vivir en parte de esos derechos, dietas, mercedes, o como quiera llamárseles, poco conformes con la importancia de esos Cuerpos, tomando como pretexto unos servicios que, tan bien como los industriales, saben los ingenieros de Obras públicas y los verificadores, que no son prácticamente de ninguna utilidad.

Entiéndase bien, pues, que nada tenemos que oponer al personal de Obras públicas ni al de verificadores, sino que creemos muy fundadamente que toda clase de gastos que se originen por trabajos de esa clase no deben ser satisfechos por la industria eléctrica, tan recargada de contribuciones, impuestos y exacciones de toda especie, con los cuales podrían muy bien fijarse sueldos más decorosos al noble personal a que nos referimos, y que nos honramos en reconocer que es tan digno como el que pueda serlo más de los funcionarios del Estado, de percibir sueldos fijos y bien adecuados a los trabajos que realicen, en lugar de esta especie de dietas, derechos poco gratos a su honorabilidad, e injustos para industriales que satisfacen al Estado sumas tan crecidas, con las cuales deben ser atendidos los servicios oficiales que se presten, y que, además, en estos casos, no se trata de servicios a la industria eléctrica, sino al público, según los preceptos que sirven de pretexto para esas intervenciones.

La segunda de las dos Reales órdenes comentadas se refiere a honorarios de los verificadores, por la inspección de instalaciones eléctricas y por sus informes y peticiones de elevación de tarifas.

No parece tampoco justificada la intervención de los verificadores en los casos de elevación de tarifas, cosa muy distinta del fin para que fué creado el Cuerpo de verificación, y siendo además esta industria de carácter privado, debe tener libertad para su contratación con los abonados, que indudablemente estará siempre suficientemente limitada por la competencia, cada día mayor, si se deja que continúe desarrollándose la industria eléctrica, y por la costumbre establecida en todo el territorio español.

Si en la actualidad se ha llegado a establecer el vicioso sistema de que para el aumento de tarifas de una industria libre como es ésta, haya de solicitarse autorización del Ministerio del Trabajo por conducto de los gobernadores civiles, mediante informe de los verificadores, este vicioso sistema, nacido de una indebida aplicación de la ley de Subsistencias, de la que es consecuencia la equivocada Real orden de 14 de agosto de 1920, es de esperar que no haya de hacerse permanente, aunque, como se hizo ya constar al tratar de la ley referida, no caben muchas esperanzas de que se cumplan las palabras y promesas contenidas en las leyes, pudiéndose temer que lo transitorio se convierta en permanente, siendo aquella perentoriedad ofrecida en un principio, nada más que un pretexto para conseguir con mayor facilidad que las disposiciones injustas e infundadas se adapten más fácilmente a la realidad y a las costumbres.

Estas dos disposiciones, como la Real orden de la misma fecha que se publicó en la misma Gaceta, fijando una especie de tramitación para las peticiones de elevación de tarifas para el suministro de electricidad, son consecuencias lamentables de la ingeneria del Estado en asuntos de índole civil.

(Continuará)