La Energía eléctrica (1922-10-25 00:00:00), página 19

pues sabido es que frecuentemente no se lleva por los interesados ni el menor apunte de los gastos e ingresos de su casa o establecimiento. Se trata de una cosa no muy acorde con el carácter español, tan distinto, en mejor o en peor, según los casos, del de otras naciones y costumbres.

Entre las Empresas obligadas a contribuir por la tarifa 3.a de la contribución de utilidades, se incluyen, también por la ley de 26 de julio último, «las comunidades de bienes que exploten algún negocio, cuyos rendimientos deban ser gravados en la contribución industrial.»

De la cuota correspondiente por la tarifa 3.a se deducirá siempre el importe de la contribución territorial y de la industrial, satisfechas dentro del año a que se refiera la liquidación de utilidades. En la práctica se tropieza para estas deducciones con algunas dificultades, como son que en muchos casos no sean presentados a la cobranza dentro de ese tiempo los recibos de las contribuciones territorial e industrial correspondientes al mismo período de la de utilidades que debían ser deducidos de esta última.

No se deducirán de los beneficios los intereses de los préstamos de los socios, colectivos a las sociedades respectivas, cualquiera que sea la forma jurídica del contrato.

Todo contribuyente sujeto a imposición en la tarifa 3.a estará obligado a llevar cuenta y razón de los negocios que motiven la obligación de contribuir, ajustada a los preceptos del Código de Comercio. Análogamente, los comerciantes e industriales sujetos a esta contribución deberán llevar claramente cuenta y razón de los negocios que motiven la obligación de contribuir, presentando ante la Administración declaración jurada de los beneficios totales de sus negocios, de la parte de ellos destinada a capitalización y del estado de las cuentas respectivas, en virtud de esta aplicación. Los comerciantes e industriales individuales que quedarán sujetos a la contribución de utilidades, serán los que tengan un capital empleado en el negocio que exceda de 100.000 pesetas; los que satisfagan por cuota anual al Tesoro por contribución industrial más de 1.500 pesetas; los que tengan un volumen global de ventas superior a 250.000 pesetas, y los que dispongan de un número medio de obreros que exceda de 50.

En los casos en que no se lleven esas cuentas debidamente, la estimación de las bases impo- nibles competirá al Jurado de utilidades, que reservará en tales casos los fundamentos de sus acuerdos.

En todas las Delegaciones de Hacienda, incluso las especiales, se constituirán Jurados de estimación, formados por un magistrado de la Audiencia, el administrador de contribuciones, el interventor, un abogado del Estado, un comerciante y un industrial, designados anualmente por la respectiva Cámara o Sección.

Los recursos de alzada procederán ante el Jurado de utilidades, del Ministerio de Hacienda, debiendo interponerse ante el Jurado de estimación en el plazo de quince días.

Se comprenderán entre los gastos las cantidades destinadas a amortización de los valores del activo por depreciación y pérdida de los mismos. Estas depreciaciones y pérdidas habrán de reunir las condiciones de ser efectivas y hacerse constar por la empresa en los documentos de su contabilidad mediante la reducción en el activo de los valores correspondientes o mediante la creación y dotación comprobada e inequívoca de fondos especiales de depreciación en el pasivo, siempre que las dotaciones de dichos fondos sean equivalentes a la depreciación real de las cuen- tas correspondientes del activo.

Las cantidades percibidas por la Empresa en concepto de indemnización de los valores per- didos se deducirán siempre del importe de las pérdidas.

El importe de los saldos favorables, que por hallarse sujetos a suspensiones de pagos, mora- torias oficialmente declaradas u otras situaciones análogas, sean considerados incobrables por la Empresa, será baja en el activo, haciéndose constar en una cuenta especial de carácter suspensivo que aparecerá compensada con otra reguladora, saldándose por ganancias y pérdidas a los efectos que quedan expuestos.

El Jurado de utilidades del Ministerio de Hacienda habrá de requerir informe, escrito u oral, de representantes de la industria o comercio de que se trate.

Las resoluciones dictadas por el Jurado de utilidades en las cuestiones de hecho de su com- petencia no podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo.

El Gobierno podrá efectuar gradualmente la aplicación de la contribución de utilidades a los comerciantes e industriales individuales incluidos en ella. Entre tanto queda autorizado el Ministro de Hacienda para imponerles un recargo supletorio en la contribución industrial.

Lo dispuesto por la ley de 26 de julio último, respecto de la contribución de utilidades, se