La Energía eléctrica (1924-01-10 00:00:00), página 15

rrogarse por nuevos plazos de un año, cuando se tratase de centrales hidroelécticas de 150 kilovatios como máximo.

Se explica, en cierto modo, la tendencia de este Real decreto, pero debiendo dictarse también disposiciones de índole análoga para todos los demás servicios, industrias y para el comercio en general, porque la electricidad no debe ser tratada con distinto rigor que aquéllos, no debiendo tampoco extremarse ese rigor y de sconocerse la realidad de los hechos.

EXPOSICION

Señor: Por Real orden de 3 de febrero de 1923 se encomendó a la Inspección industrial de Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria la redacción de una disposición encaminada a garantizar a los abonados de las Empresas eléctricas las características de la energía necesarias para el buen funcionamiento técnico y económico de sus instalaciones.

Cumplimentada en 15 de febrero de 1923, intervinieron en su redacción definitiva la Comisión permanente española de Electricidad y la Asesoría jurídica del Ministerio citado, cuyos respectivos informes fueron resumidos por la Subdirección de Industria y, con nuevo informe de la Asesoría jurídica, pasados a estudio del Directorio militar, cuya Ponencia de Trabajo, Comercio e Industria se pronunció en el sentido informado por la Comisión permanente española de Electricidad, Cuerpo Superior consultivo del Gobierno en materias de electrotecnia.

El estado actual de la técnica permite mantener ambas características, tensión y frecuencia, dentro de límites que no varíen en más de un 7 por 100 por exceso o defecto, con relación a un valor medio, y así se ha dispuesto para Madrid en las dos Reales órdenes relativas a la elevación de tarifas; pero ni es justo limitar a Madrid tales disposiciones, ni puede el Gobierno dejar desamparados los intereses de los abonados del resto de España.

En virtud de cuanto antecede, el presidente que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 23 de diciembre de 1923.
Señor: A L. R. P. de V. M.—Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, y de acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º A partir de los treinta días siguientes a la publicación de esta disposición en la Gaceta de Madrid, las Empresas que suministran energía eléctrica a sus abonados, y que tienen concesión o autorización administrativa para sus instalaciones, y las que ocupan con ellas terrenos de dominio público o del Estado, Mancomunidades, Provincias y Municipios, quedan obligadas a mantener la tensión y frecuencia que figuran en los contratos de suministro, y, en su defecto, en las condiciones de la concesión o autorización administrativa, o en las autorizaciones provinciales y municipales, con diferencias que no excedan del 7 por 100 por defecto o por exceso. La tensión se entenderá medida en las acometidas de las instalaciones privadas.

Art. 2.º Todo abonado tendrá derecho a que por la Verificación oficial de Contadores eléctricos de la provincia se leve acta de la tensión y frecuencia en su instalación a cualquier hora del día o de la noche, previo aviso con más de veinticuatro horas de antelación y mediante el depósito de los honorarios correspondientes, los cuales serán cobrados a la Empresa y devueltos al abonado si la tensión o la frecuencia resultasen fuera de los límites fijados en el artículo 1.º de este decreto.

Art. 3.º Siempre que a instancia de parte, o cuando, sin que mediare petición alguna, descubriera el verificador que la tensión estaba fuera de los límites fijados en el artículo 1.º, procederá a levantar un acta duplicada, que firmarán el verificador con dos testigos presenciales, y a falta de éstos, el propio solicitante y un testigo, en cuya acta hará constar el verificador la hora exacta, fecha, tensión y frecuencia observada. Cuando la medida de la tensión no se hiciera en la propia acometida, deberá hacerse a la salida del contador y midiendo la corriente, que se procurará sea la menor posible.

Si la tensión estuviera fuera de los límites fijados, el verificador pasará aviso a la Empresa, la que deberá satisfacer los honorarios de la medida efectuada, y si la Empresa no justificare debidamente que la reducción de la tensión fué motivada por causa de fuerza mayor, a juicio de la Verificación oficial, ésta propondrá al gobernador civil la imposición de una multa de 50 pesetas, con