La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 15

leyes en los juicios civiles y criminales (Art. 76 de la Constitución de la Monarquía Española.)

La jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio español, entre españoles, entre extranjeros, y entre españoles y extranjeros (Art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, las cuestiones de índole civil y criminal pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, ni las que por su naturaleza sean de la competencia de otras jurisdicciones. Se considerarán de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil, como lo es el que se deriva de los contratos de que nos ocupamos (Art. 4.º, n.º uno y 2.º de la ley de lo Contencioso-administrativo.)

A los Tribunales ordinarios compete conocer de todas las cuestiones de carácter civil en que se ventilan derechos privados, aunque el asunto traiga su origen de otro gubernativo. (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril y 30 de octubre de 1900, 25 de febrero de 1902 y 21 de noviembre de 1905, entre otras).

Para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenderse, principalmente, a los actos de estos coetáneos y posteriores al contrato (Art. 1.282 del Código civil.)

Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. (Art. 1.285.)

Son de la competencia de la jurisdicción Contencioso-administrativa todas las cuestiones que se deriven de contratos de carácter administrativo celebrados, para obras o servicios públicos; pero las cuestiones privadas que puedan suscitarse entre un Ayuntamiento y un particular, con motivo de contratos que no reconocen por causa obras o servicios públicos, corresponden a los Tribunales ordinarios, dependiendo la competencia jurisdiccional de la naturaleza del derecho que se haya lesionado (Real orden de 27 de marzo de 1878 y Real decreto de 24 de marzo de 1911.)

Las facultades que el art. 72 de la ley Municipal otorga a los Ayuntamientos para todo lo relativo al alumbrado, sólo se refieren al alumbrado público, no pudiendo ser de otro modo, puesto que los intereses cuya gestión y dirección está encomendada a aquellas Corporaciones por el art. 84 de la Constitución, son las peculiares de los pueblos y no las particulares de sus habitantes. Se excede, pues, en sus atribuciones el Ayuntamiento, que, al acordar un contrato, pretende hacerle extensivo a los particulares.

Son varias las incidencias o materias derivadas de los contratos, que han motivado grandes trabajos y desvelos a las Sociedades de electricidad; por no faltar nunca personas dispuestas a discutirlo todo, lo mismo sea justo o injusto, y autoridades más o menos elevadas, que atienden únicamente a halagar a las masas con objeto de apoyarse en ellas para sus fines políticos. Entre esas materias podemos indicar el establecimiento del mínimo de consumo, la insuficiencia de ciertas tarifas cuyos expedientes, solicitando la elevación, se eternizan en los ministerios, sin que se consiga su resolución favorable, ni aun adversa, y todo lo relacionado con los estíajes, arbitrios, impuestos, etc. Pero de estas diversas materias se irá tratando aparte, limitándonos, ahora, a un ligero examen de las prescripciones más importantes por que se rige la contratación insertándose a continuación la importante sentencia recaída en pleito contencioso-administrativo de la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, de 11 de octubre de 1919, cuyo pleito fué dirigido por el Excmo. Sr. D. Juan de la Cierva, y una Real orden de 30 de diciembre del mismo año 1919 resolviendo numerosos extremos que habían sido sostenidos por la Sociedad Lebón y Compañía y su representante, D. Enrique Ucelay. En esas dos resoluciones pueden examinarse aspectos muy importantes del sistema de libertad de contratación, que rige para esta clase de convenios.

Desgraciadamente, con motivo, ocasión o pretexto de la gran guerra, se dictó la llamada ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916 y su reglamento de 24 del mismo mes y año, que ha venido prorrogándose de año en año sin que su carácter transitorio haya llegado a ser un hecho, habiendo resultado más bien como un resorte para constituir en dictadores a algunos gobiernos y autoridades, sin que, después de transcurridos cuatro años del término de la guerra