La Energía eléctrica (1923-06-25 00:00:00), página 15

ya sea por precepto de la ley o por pactos cuya vigencia conste de modo indudable al Tribunal y que hubieran sido establecidos con anterioridad al hecho o a la omisión que motivaron la multa.

Art. 5.º En los casos de los apartados b) y c) del art. 2.º y en todos los del 3.º, cuando competan al Tribunal gubernativo, no podrá otorgarse a un mismo contribuyente y por preceptos tributarios comprendidos en un sólo artículo del presupuesto de ingresos, más de una condonación en un quinquenio, a no ser por acuerdo unánime del Tribunal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a las multas impuestas por omisiones o actos calificados en las leyes como meras infracciones reglamentarias.

Art. 6.º Los preceptos de los artículos precedentes se aplicarán a todos los casos de que entiendan reglamentariamente los directores generales o el Tribunal gubernativo, desde el día inmediato siguiente al de la publicación del presente Real decreto en la Gaceta de Madrid, cualquiera que sea la fecha de la imposición de la multa.

Dado en Palacio a treinta de abril de mil novecientos veintitrés.—Alfonso.—El ministro de Hacienda, Miguel Villanueva y Gómez.

Contratos administrativos

Con fecha 5 de mayo último se dictó por la Sala cuarta del Tribunal Supremo una sentencia que contiene declaraciones que pueden ser de interés para casos en que las Empresas de electricidad o de gas, lo mismo que los industriales particulares, tengan contratado el servicio de alumbrado público con los Ayuntamientos.

Se refiere esa sentencia al servicio de alumbrado público de Granada por la Sociedad Lebón y Compañía, cuyo representante y abogado en España es D. Enrique Ucelay, y además del asunto principal, son puntos interesantes, a nuestro juicio, los siguientes:

Que cuanto se deduce de un contrato administrativo, aunque separadamente hubiera podido tener carácter civil, siendo consecuencia de aquel contrato, tiene carácter administrativo y es de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Es otro extremo de importancia que venía apuntándose ya en varios casos, y que por fin queda resuelto por esta sentencia, que las rentas o arbitrios dados en garantía del cumplimiento del contrato por los Ayuntamientos a las Compañías de alumbrado, constituyen prenda a tenor de lo dispuesto por el Código civil en sus artículos 1.864 y 1.857, por tener esos bienes de los Municipios, la condición de muebles, puesto que las rentas tienen esa consideración por el artículo 336 del propio Código, llevando, por tanto, consigo esos contratos, los derechos reconocidos en el art. 1.866 y demás de los artículos 1.857 a 1.873.

En cuanto se relaciona con la condena en las costas del juicio o pleito, se ve claramente lo inútil que es pactar nada relacionado con el pago de costas por la parte que con su temeridad dé lugar a la reclamación, pues a pesar de hallarse pactado terminantemente, en esta sentencia declara el Tribunal que es facultad privativa del mismo apreciar si existen o no méritos para acordarla, y no la impone al Ayuntamiento, que, con su incumplimiento del contrato, dio lugar a la reclamación y al pleito.

Sentencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo

En la villa y corte de Madrid a 5 de mayo de 1923, en el recurso contencioso-administrativo que ante la Sala pende, en grado de apelación, entre la Administración y el Ayuntamiento de Granada, apelantes, representada la primera por el fiscal y el segundo por el procurador don Aquiles Ullrich y Faths, y la Sociedad Lebón y Compañía, apelada y adherida a la apelación por lo que a determinados extremos de la Sentencia de primera instancia se refiere, y en su representación el procurador D. Eduardo Morales Díaz, sobre revocación o subsistencia de la Sentencia dictada por el Tribunal provincial de Granada en 29 de mayo de 1922;

Resultando que en escritura pública otorgada en 29 de septiembre de 1887, convinieron la