La Energía eléctrica (1922-11-10 00:00:00), página 3

mos al final de este artículo. Parecía lógico si con tal rectificación sólo se pretendía acabar de una vez el enojoso pleito entre los ingenieros industriales y los artilleros, haberse limitado a dejar sin efecto el Real decreto de 11 de septiembre de 1922; pero recordando sin duda los milagros que en política se obtienen muchas veces al aplicar la conocida ley de las compensaciones, o tal vez con el solo fin de cubrir las formas, para no quedar en la rectificación tan al descubierto, se ha preferido a la anulación del citado Real decreto, el dictar otro, en nuestra opinión menos pensado aún que el primero, con lo cual se acaba un pleito para iniciar otro u otros, y se consuma la obra demoledora que, con el pretexto del Real decreto de 11 de septiembre, se ha estado haciendo en casi toda la Prensa, poniendo en frente de una gran masa de la opinión (a la que no puede pedirse estudie con detenimiento problemas tan complejos como los de competencias y atribuciones) a un distinguido Cuerpo del Ejército, cuyas aspiraciones, al ser recogidas nada menos que por la Presidencia del Consejo, deben, en principio, reputarse como legítimas. Y decimos que se consuma esa obra nefasta, porque el Real decreto de 30 de octubre está redactado en tales términos, que no puede menos de producir molestias innecesarias a otro Cuerpo del Ejército, igualmente digno que el de Artillería, de toda clase de consideraciones y miramientos—nos referimos al de Ingenieros—; y todo lo que tienda a quebrantar la unión perfecta y sincera, la leal compenetración entre organismos de la Institución armada, es siempre lesivo para la vida del Ejército y los altos intereses de la Patria. Un análisis somero del citado Real decreto del 30 de octubre, confirma las anteriores impresiones puramente personales, y patentiza el fundamento de las mismas.

El art. 1.º de esta disposición nada dice en realidad, pues a tanto equivale el indicar que en la esfera privada o particular seguirá permitiéndose, como hasta aquí, el libre ejercicio de la profesión como ingenieros industriales, de los que tal título tienen expedido por los Centros a quienes las leyes conceden esa atribución; pero en cambio el artículo 2.º es a todas luces improcedente, y nos atrevemos a decir que resultará ineficaz, porque, llegado el día de ponerlo en práctica, podrá comprobarse está en marcada oposición con preceptos contenidos en leyes y reglamentos no derogados. Los cargos oficiales que dependan del ramo de Guerra, respetando lo establecido hasta la fecha—dice el referido artículo 2.º—serán exclusivamente servidos por los jefes y oficiales de Artillería con título correspondiente, y los de carácter industrial que dependan de otros Ministerios—excepción hecha del de Marina—habrán de proveerse, exclusivamente también en ingenieros industriales civiles.

Por lo que se refiere a los ingenieros civiles, la perturbación que este artículo podría producir queda casi anulada con el contenido del art. 8.º, en virtud del cual se encomienda al Ministerio del Trabajo el señalar, previos los asesoramientos e informes que estime indispensables, todos los cargos que hayan de considerarse como oficiales del Estado en relación con la carrera de ingeniero industrial, con lo cual ya tendrán buen cuidado los otros Cuerpos de Ingenieros de que sus derechos queden en salvo, no pudiendo darse el caso, por ejemplo, de que al frente de la explotación de las minas de Almadén o Arrayanes, que son del Estado, estuvieran ingenieros industriales, como tendría que ocurrir de aplicarse el art. 2.º, toda vez que la minería es una de tantas industrias, y los cargos citados tendrían, por consiguiente, «carácter industrial». Pero por la parte que afecta a los ingenieros militares, de cumplirse el aludido art. 2.º, se verían, sin motivo alguno, sustituidos en servicios y cargos para los que están tan capacitados como los artilleros, y que disposiciones y reglamentos vigentes les asignan, lo que seguramente no habrá estado en la idea de los que hayan intervenido en la redacción del Real decreto de 30 de octubre de 1922. Hay, en nuestro concepto un equívoco en la interpretación que quiere darse