La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 16

mundial, hayamos conseguido los españoles, en este caso especial los industriales dedicados a la electricidad, que la legislación española siga resplandeciendo en su verdadera forma, viva y vigente, continuando nublada por el lamentable sistema de desvirtuar esa legislación y la jurisprudencia de los Tribunales, con el empleo abusivo y hartamente extemporáneo de esa ley perenne, a pesar de su carácter transitorio, y de las Juntas provinciales de Subsistencias, que desconocen en absoluto la industria eléctrica.

Aunque, en realidad, ni la electricidad ni el gas debían estar incluidos en la ley de Subsistencias, algunos ministerios han extendido su aplicación a estos contratos, valiéndose para ello del argumento de que se trata de una primera materia, y que, por lo tanto, se halla sujeta a todas las obligaciones impuestas por la citada ley y su reglamento a los productos que se conceptúan de consumo general. Sobre esa base, se ha procedido a dificultar la contratación de las Compañías y sus abonados, haciendo casi imposible la vida de esta industria, por ser la única a la que no se ha consentido elevar sus precios, o por lo menos, se hallan detenidos los expedientes en que se solicita esa elevación, en los Ministerios de Fomento y de Trabajo, Industria y Comercio, años enteros, a pesar de los enormes aumentos de gastos que, por los muchos motivos de todos conocidos, ha tenido que sufrir la industria eléctrica.

Es un punto, también de importancia, el trato indefinido que se la da por toda clase de autoridades, pues incurren en el error de considerarla como servicio público, sin concederla las ventajas que se otorgan a los mismos, siendo así, que su carácter privado o particular, distinto por completo del de servicio público, se halla reiteradamente reconocido por importantes informes del Consejo de Estado, por sentencias del Tribunal Supremo, de las que es un ejemplo la que se inserta a continuación, y por Reales órdenes y otras disposiciones de carácter gubernativo, no debiendo olvidarse que esta industria no ha sido declarada nunca servicio público, y que, por lo tanto, es una inconsecuencia el proceder ahora de otro modo y, menos aún, sin concederla las ventajas de que gozan esa clase de servicios.

Después de incluir algunas de las disposiciones y sentencias expresadas, se publicarán algunos modelos de pólizas empleadas por Sociedades de notoria competencia para la contratación con sus abonados, con objeto de que puedan servir de norma las prescripciones de las mismas para redactar sus contratos los industriales que deseen contratar sobre las bases más conocidas y acertadas que sea posible.

Hay que lamentar dos disposiciones dictadas con indudable olvido o desconocimiento de lo que es esta industria o del derecho que rige para ella, como son la Real orden del Ministerio de la Gobernación de 12 de septiembre de 1916 y la tunesta Real orden del Ministerio de Fomento de 14 de agosto de 1920.

La primera, establece que no podrá suspenderse el suministro de electricidad o gas contratado con los Ayuntamientos o particulares, sin previa autorización del gobernador, que la negará cuando a su juicio existan motivos de que pueda originarse grave alteración de orden público.

La segunda, que es sobradamente conocida, prohíbe negar ni suspender el fluido a los abonados que se hallen al corriente en sus pagos, mientras tenga la Empresa medios técnicos para efectuar el suministro; y se opone a la elevación de precios sin previa autorización del Gobierno, solicitada por conducto del gobernador civil de la provincia correspondiente.

Las dos Reales órdenes expresadas, tendrán que dejar pronto de aplicarse, si, al igual que las demás naciones de Europa y América que marchan a la cabeza de la civilización, hemos de preocuparnos por el bien y el progreso de España, pues no hace falta indicar que para todos aquellos países, el bienestar y la vida se basan, casi exclusivamente, en la agricultura, la industria y el comercio.