La Energía eléctrica (1922-06-10 00:00:00), página 18

REAL ORDEN CIRCULAR

Constantemente y en número considerable se están recibiendo en este Ministerio reclamaciones contra Diputaciones provinciales y Ayuntamientos por créditos de distintas clases que estas Corporaciones adeudan, sin que encuentren los respectivos acreedores el medio de hacerlos efectivos.

Entre esos créditos los hay procedentes de suministros a los Establecimientos de Beneficencia, de intereses y amortización de empréstitos y otras operaciones de crédito, de alquileres de locales, de haberes a médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares, de haberes a funcionarios de todas clases provinciales y municipales, de suministro de luz y de contratos de obras y servicios de distinta naturaleza.

Muchos de estos créditos tienen afecto a su pago garantías especiales, y a pesar de ello, no han logrado los poseedores de los mismos su justa efectividad.

Se da el caso de que existen Corporaciones que deben por atenciones de Beneficencia cantidades enormes y hay algunas que adeudan a sus funcionarios anualidades enteras. Esto no puede perdurar, y el Gobierno no puede tolerar impasible que las Corporaciones provinciales y municipales sigan sin cumplir las obligaciones que han contraído, pues sería hacerse solidario de una conducta punible; antes por el contrario, cumpliendo la misión que le imponen los artículos 130 de la ley Provincial y el 179 de la Municipal, está obligado a corregir y castigar estas infracciones.

Para ello, no es preciso dictar ninguna nueva disposición, sino que basta con recordar el cumplimiento de algunas, que a pesar de encontrarse en pleno vigor, están sin cumplir y en absoluto olvido.

Entre estas disposiciones figura el Real decreto de 22 de diciembre de 1902, en el que de una manera clara, precisa y terminante se fijan reglas sobre ordenación de pagos que, si se hubiesen cumplido, es evidente que no podría haberse llegado a esta lamentable situación. Contiene este Real decreto el art. 9.º, el cual hace responsable personalmente del incumplimiento de sus reglas a los ordenadores de pagos, contadores o concejales interventores en su caso, y a los depositarios, y desde la fecha de su publicación no conoce este Ministerio un solo caso en que tal responsabilidad se haya hecho efectiva. Esta sanción, que hubiera sido eficaz, sin duda, es preciso que se aplique, y a ello se halla dispuesto este Ministerio, decidido a que no continúe semejante estado de cosas que todo el mundo deplora y resuelto a impedir que Corporaciones que tienen en el mayor de los abandonos sagradas obligaciones, satisfagan gastos para festajes y otros superfluos, todos ellos de carácter voluntario.

Con ello se evitará el que algunos interesados vean, como se han visto, en la necesidad de tener que acudir incluso a formular sus reclamaciones por la vía diplomática, con el consiguiente desprestigio para la Administración española.

Por todo lo expuesto se hace preciso recordar a V. I. que el aludido Real decreto de 22 de diciembre de 1902 está en pleno vigor, recordando ese Gobierno a su vez y exigiendo su más exacto cumplimiento a esa Diputación y Ayuntamientos de la provincia, y aplicando, en su caso, inexcusablemente, la sanción que el mismo contiene en su art. 9.º

Otra de las causas a que obedece el mal que se lamenta es el abandono en que estas Corporaciones tienen su gestión recaudatoria, como lo prueba que casi todas ellas tienen cantidades mucho mayores pendientes de cobro que pendientes de pago, es preciso que por V. I. se excite el celo de los alcaldes y presidente de esa Diputación, para que procedan a activar el cobro de lo que se les adeude.

Como resulta intolerable que se tengan abandonadas obligaciones de carácter tan sagrado como las de Beneficencia, y en cambio se satisfacen gastos de carácter voluntario, se hace necesario impedir que se abone gasto alguno de esta clase, interin no se hayan satisfecho todos los gastos de carácter obligatorio, así corrientes como atrasados, y que cuando V. I. tenga conocimiento de que se ha incumplido esta prevención, si se tratase de Ayuntamientos, proceda inmediatamente a hacer efectiva la responsabilidad determinada en el art. 9.º del aludido Real decreto de 22 de diciembre de 1902, procediendo a ello por la vía de apremio, y si se tratase de esa Diputación, lo ponga en conocimiento de este Ministerio para los mismos efectos.

Por lo que queda expuesto.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por V. I. se dé el más exacto cumplimiento a las prevenciones de la presente circular y que publicará en el Boletín Oficial de esa provincia.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 16 de septiembre de 1921.—Coello.—Señor gobernador civil de ...