La Energía eléctrica (1922-06-25 00:00:00), página 18

Este impuesto debe ser recaudado al mismo tiempo de realizar la cobranza de la electricidad consumida por los abonados, ingresando en el Tesoro la suma total recaudada por el impuesto, menos el 3 por 100 como premio de cobranza, en los quince primeros días siguientes al fin de cada mes o trimestre, según se trate de capitales de provincia o de pueblos.

Con objeto de evitar dificultades, aunque en la sentencia de 6 de diciembre de 1921, publicada en el Boletín del 25 de abril, se declara que la Compañía a que se refiere no estaba obligada a presentar comunicación mensual ninguna a la Hacienda, porque el Ayuntamiento no entregaba la cantidad correspondiente al impuesto, ni estaba siquiera determinada la suma que debía satisfacer mensualmente a la Compañía como precio del alumbrado, no estará demás que, para evitar toda queja de la Hacienda, se dé aviso por escrito todos los meses o trimestres, según los casos, a la Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia, comunicando la situación en que la Compañía se encuentre con el Ayuntamiento.

Por la sentencia de 23 de mayo último, que se transcribe a continuación, podrá verse la importancia que tiene actualmente la Real orden de 10 de enero de 1920 que el Tribunal Supremo estima como verdadera interpretación de la ley y reglamento del impuesto, y en su consecuencia deberá cobrarse a los abonados el impuesto de alumbrado, tanto sobre la cantidad que represente el precio de las unidades consumidas, como sobre cualquier otro concepto que figure en los recibos, excluyéndose únicamente del cobro del impuesto los conceptos y en las proporciones que se expresan en la Real orden de 10 de enero de 1920.

Al efecto deberá comunicarse a los abonados cuyos recibos contengan conceptos distintos de los mencionados en la citada Real orden o en proporciones superiores a las autorizadas por ella, que el Tribunal Supremo, por sentencia de 23 de mayo de 1922, ha interpretado la repetida Real orden en el sentido de que los abonados deben tributar por este impuesto sobre todas las cantidades que paguen a las Empresas, con las únicas excepciones indicadas.

Exigiéndose cuanto antes el impuesto sobre esos conceptos, podrán evitarse las Empresas, los disgustos y responsabilidades a que podrían verse sujetas por la Hacienda. Pero sin olvidar en aquellos casos en que creyendo proceder en justicia no exijan el impuesto sobre determinados conceptos—como ocurre en el caso de la sentencia transcrita con la cantidad de 50 céntimos mensuales por conservación de acometida—, que si claramente puede demostrarse que procedieron de buena fe, no deben considerarse incursas en defraudación al igual de lo ocurrido en dicha sentencia.

Sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1922.

En la Villa y Corte de Madrid, a 23 de mayo de 1922; en el pleito pendiente ante esta Sala en única instancia, entre la Sociedad comanditaria Lebón y Compañía, demandante, representada por el procurador D. Eduardo Morales y dirigida por el letrado D. Enrique Ucelay, y la Administración general del Estado, demandada, en su nombre el fiscal, sobre revocación o subsistencia de la resolución de la Dirección general de Propiedades e Impuestos de 11 de octubre de 1920;

RESULTANDO: Que en 6 de junio de 1919, un inspector de Hacienda de la provincia de Almería, se personó en las oficinas de la Sociedad Lebón y Compañía, y levantó acta de ocultación en la que hizo constar que esa Sociedad percibe de sus abonados por consumo de electricidad mensual en unos casos cantidad fija por lámparas, en otros por energía consumida o vendida, otras cantidades por conservación de acometidas y otras por alquiler de contadores, que dichas cantidades eran exactas con las que percibe de sus acreedores, pero que las cobradas por conservación de acometidas, no las sujetaba dicha Sociedad al impuesto, por lo cual practicó una liquidación entre lo declarado y recaudado desde el mes de mayo de 1916, hasta el de abril inclusive de 1919, que asciende a 3.798,67 pesetas, como cuota del Tesoro e igual suma como penalidad sin deducir el premio de cobranza;

RESULTANDO: Que en la propia acta protestó de ella el director de la Sociedad, alegó que otro inspector había hecho ya igual comprobación correspondiente al impuesto desde enero de 1917, hasta abril de 1918, razón por la que el acta de que se trata debía circunscribirse al