La Energía eléctrica (1924-01-25 00:00:00), página 15

De 20 a 50 ídem, 11,25.
De 50 a 100 ídem, 15.
De 100 a 200 ídem, 20.
Lo que de Real orden comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 6 de diciembre de 1923.—El jefe encargado del despacho, A. García.
Señor subdirector de Industria.»
(Gaceta de 11 de diciembre de 1923.)

Harto de fluido eléctrico

En la Gaceta de 26 de diciembre del año anterior se ha publicado una Real orden de 14 del mismo, en la cual se establece un nuevo medio de prueba, que podrá emplearse en los casos en que haya que proceder contra algunos consumidores para corregir los fraudes de que suelen ser víctimas las Empresas eléctricas.

Se basa esta Real orden en la intervención de los verificadores para comprobar las defraudaciones de fluido, y, según parece, puede ser un medio de evitar gastos más crecidos, pues comprobada la defraudación por el verificador y calculado por él el perjuicio ocasionado a la Empresa, es de suponer que el defraudador no tendrá inconveniente en abonar la cantidad en que se haya calculado ese perjuicio.

Pero es de advertir que la intervención establecida en esa disposición no excluye la vía judicial, por lo cual los fabricantes y distribuidores de electricidad podrán acudir siempre que lo crean oportuno a los Juzgados y Tribunales ordinarios; pero cuando lo estimen conveniente podrán hacer uso del procedimiento que se establece en la citada Real orden, que damos a conocer a continuación, teniendo en cuenta que se trata únicamente de un medio de prueba, sin que tampoco, a nuestro juicio, tengan que pasar por la apreciación de los perjuicios efectuada por el verificador, pudiendo acreditarse suficientemente ante los Juzgados y Tribunales otra cuantía distinta si consideran equivocada la valoración hecha por el verificador.

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Real orden del Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria

«Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el propietario de la fábrica de electricidad La Inmaculada, sita en la provincia de Guadalajara, D. Antonio Boixaren, en súplica de que por la Administración se dicte una disposición encaminada a evitar el fraude por parte de los abonados, dadas las dificultades con que hoy se tropiezan para lograrlo;

Considerando que dicho fraude suele realizarse, bien por el aumento de lámparas o potencia de las mismas o de los motores, bien por la inserción de las primeras en los circuitos de fuerza o realizando derivaciones indebidas de los cables anteriores al contador, fraudes en los que las Empresas luchan con evidentes dificultades para la prueba, dado que el descubridor del mismo suele ser empleado de la Compañía;

Considerando la necesidad de que por la Verificación oficial de Contadores eléctricos se proceda a la comprobación y valoración de dichos fraudes;

Considerando que la intervención de la Administración en el suministro de energía eléctrica a los abonados debe ser recíproca, es decir, velando igualmente por los derechos y deberes de Empresas y abonados,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:

Primero. Los verificadores de contadores eléctricos que fueren requeridos por las Empresas para levantar acta de algún fraude cometido en sus instalaciones, se personarán en el domicilio del denunciado, en unión de un agente de la Empresa y en presencia del abonado o de alguna persona de su familia, y, en su defecto, de un vecino cualquiera, procederá a reconocer la instalación, cuidando de hacer constar todas las características de la misma que puedan interesar a ambas partes, y en todo caso, la potencia máxima de los aparatos instalados, número o capacidad de las lámparas, motores o cualquier otro aparato consumidor, así como si tales aparatos están conectados antes o después del contador, y limitacorrientes, etc., como asimismo si en estos aparatos se apreciase cualquier defecto que pueda alterar su normal funcionamiento.

El verificador levantará acta por triplicado, dejando un ejemplar a cada uno de los interesados, reservándose el tercero, e invitará a los presentes a que los firmen.

En el plazo de siete días oficiará a la Empresa y al abonado para que sean corregidos los defectos que hubiera notado, y calculará el importe aproximado de lo defraudado, estableciendo una proporción entre las potencias o capacidades de consumo de los aparatos debidamente instalados, las de