La Energía eléctrica (1923-10-10 00:00:00), página 14

lo cual, y teniendo en cuenta que en lo referente a los servicios públicos o para el público revestían mayor gravedad estos conflictos, se procuró que encontrasen alguna mayor dificultad en su declaración y mayor facilidad en su resolución.

En 10 de agosto de 1916 se dictó un Real decreto sobre personalidad de las Asociaciones y Sindicatos obreros que, con su reglamento de 23 de marzo de 1917, constituyen el antecedente principal del decreto que se publica a continuación.

Aquel decreto comprendía solamente a las Compañías o Empresas industriales que en virtud de concesiones del Estado tuvieran a su cargo servicios públicos, citándose por el reglamento como tales las de Ferrocarriles, Tranvías, Telégrafos, Teléfonos, y además las de abastecimiento de agua, luz y fuerza motriz de las poblaciones, agregándose que el Gobierno, oyendo al Instituto de Reformas Sociales, podrá extender su aplicación a otras Empresas análogas a las citadas. Se fijaba por la ley como primera medida la obligación de reconocer las Empresas la personalidad de las Asociaciones o Sindicatos constituidos legalmente por sus obreros y empleados, lo cual supone, según el art. 3.º del reglamento, que las Empresas deberán tratar con quienes legalmente representen a aquellas Asociaciones, de las reclamaciones o peticiones de carácter colectivo que formulen los obreros y empleados, acerca de las condiciones del trabajo que realicen al servicio de dichas Empresas. Se exige además el apoderamiento especial de los asociados para dirigirse a las Empresas sobre cualquiera petición o reclamación.

Se expone en el reglamento la forma y solemnidades que deberán cumplirse para conceder esos poderes, y se exige que tanto las Empresas como las Asociaciones referidas, habrán de estar registradas en el Instituto de Reformas Sociales, indicando el modo de efectuar esas inscripciones.

Si tuviera lugar el rompimiento de las negociaciones, el representante que estimase que no podía continuar la gestión, lo pondrá en conocimiento del Ministerio correspondiente, al que también podrá dirigirse la otra parte alegando lo que estime opportuno. Si el Gobierno, por gestión directa, no llegase a la solución del conflicto, podrá proponer a las partes, ya un arbitraje o ya el nombramiento de una Comisión mixta compuesta, en el caso de aceptación de las partes, de tres representantes obreros designados por los apoderados y de tres representantes patronales nombrados por la representación de la Empresa y un presidente elegido de común acuerdo.

Si no hubiera tampoco avenencia, someterá el Gobierno la cuestión al Instituto de Reformas Sociales para su informe, que una vez redactado lo elevará al Gobierno, el cual, si lo considera oportuno, propondrá a las partes que lo acepten como laudo.

Prescribe también ese reglamento que no se dará el aviso de huelga a que se refiere la ley de 27 de abril de 1909, mientras las negociaciones se tramiten. En su disposición segunda establece ya que las entidades patronales no comprendidas en el Real decreto de 10 de agosto de 1916, que tuviesen 300 obreros como mínimo, podrán, de acuerdo con la mayoría de éstos, acogerse a las disposiciones del decreto y reglamento, dirigiéndose al efecto al Instituto de Reformas Sociales y cumpliendo todos los trámites de inscripción en el Registro, etc.

El Real decreto de 25 de agosto último, publicado en la Gaceta del 31, no es en realidad una disposición nueva, no haciendo otra cosa que extender estas disposiciones anteriores a otras entidades y Asociaciones, como son las comprendidas en las letras B a F del art. 1.º Verdaderamente es una disposición que carece de significación práctica y hasta parece más bien un retroceso en materia de legislación social, tanto desde el punto de vista del interés público como del mismo obrero, que también sufre las consecuencias de los conflictos que sin razón se promueven a cada paso.

Esas Asociaciones de que se habla en la legislación vigente de carácter llamado social, parece indispensable que deban reflejar fielmente la voluntad de la mayoría de los obreros y empleados, a cuyo efecto parece necesario establecer la debida garantía para su constitución y funcionamiento, haciéndose también precisa alguna tramitación que dificulte más las declaraciones de huelgas, si no fuera imposible impedirlas en absoluto en servicios de tanta importancia como los derivados de la industria eléctrica, cuya tendencia es la seguida en todas partes.

Parece lógico que para la constitución de los Sindicatos de empleados y obreros de esta clase de Compañías, se exigiera la adhesión de las dos terceras partes del personal de cada una, y extremando el caso, deberá exigirse, cuando menos, el acuerdo de la mayoría absoluta de los empleados y obreros de cada Empresa, de conformidad con lo dispuesto ya por el Real decreto de 3 de noviembre de 1922; y para el acuerdo de declaración de huelga sería conveniente que se exigiera también el voto, a favor de esa declaración, de una mayoría que no fuera inferior a las dos terceras partes del personal total.

Volviendo a ocuparnos del reciente Real decreto de 25 de agosto último, si se compara con el de 10 de agosto de 1916 y su reglamento de 23 de marzo de 1917, podrá apreciarse que en el fondo guardan gran analogía, salvo algunas modificaciones introducidas en el procedimiento por la creación del Ministerio del Trabajo y por incluir los Comités paritarios de carácter circunstancial y permanente.