La Energía eléctrica (1924-05-10 00:00:00), página 14

nados, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria la reglamentación de tales servicios.

Como queda expuesto, no parece que tan grave declaración pueda hacerse sin la intervención o el asesoramiento de personas y entidades de indiscutible autoridad en Derecho. Siguiendo a los autores más importantes que se han ocupado de la materia de servicios públicos, el suministro de gas y electricidad, a diferencia del de agua, no debe tener tal carácter; o, de lo contrario, debe declararse también servicio público todo lo que se refiere a la producción y venta de otros sistemas de alumbrado, de calefacción o fuerza motriz, la industria extractiva de carbones y aun toda la industria minera, entre otras.

Además, otra de las circunstancias que parece distinguir los servicios públicos, es el sistema de contratación, mediante subasta o concurso, cosa que nada tiene que ver con el suministro a los particulares ni con la instalación de Centrales eléctricas y fábricas de gas.

No debe olvidarse que todo servicio público, no solamente debe ser enfrenado y privado de su libertad por el Estado, sino que también debe gozar de ciertas ventajas y privilegios, como ocurre en algunos países extranjeros que consideran como servicio público el suministro de gas y de electricidad, llegándose a autorizar la elevación de tarifas siempre que el industrial no llegue a alcanzar determinado beneficio. Por desgracia, en nuestro país se mira únicamente la industria como una especie de especulación, sin tener en cuenta para nada que toda clase de trabajo o inversión del ahorro necesita una retribución, por lo cual las Empresas industriales no deben ser tan odiosas, ni son tan odiosas, como en nuestro equivocado país se pretende, debiendo fijarse la atención en todas las naciones que han adquirido gran importancia y desarrollo en el orden económico, y se verá que ese estado de prosperidad se debe, en su mayor parte, al desenvolvimiento de la industria.

Art. 2.º Se refiere a la obligatoriedad del suministro. En realidad se hallaba ya establecida desde la Real orden de 14 de agosto de 1920; pero deben tenerse muy en cuenta los casos de hurto, defraudación y falta de pago, en los cuales, en cuanto pudiera comprobarse la certeza de los hechos, cesaría la obligación de la Empresa de continuar suministrando el fluido. Mas la obligación del suministro no debía tampoco establecerse para los casos en que se trate de personas que soliciten ser abonados de alguna Empresa, si sus informes son poco recomendables, como también en los casos frecuentes de que habiéndose privado del suministro a algún defraudador o abonado, por falta de pago, hurto, etc., se pretenda de nuevo el suministro a nombre de otra persona que habité con el abonado, a quien hubo que privar del suministro, o que dependa de él.

Art. 3.º Se ocupa de la aprobación de tarifas.

Art. 4.º Impone la obligación de enviar las tarifas a las respectivas Verificaciones, considerándose como tarifas de aplicación las vigentes para cada Empresa o industrial en 15 de abril de 1924.

Existe la duda de si ese envío de tarifas deberán hacerle todas las Empresas e industriales, o sólo los que no las hayan enviado en su forma vigente.

Dicho artículo hace extensiva la Real orden de 14 de agosto de 1920 al agua y al gas.

Art. 5.º Trata de la tramitación para el aumento de tarifas.

Al establecer en su principio que las Empresas podrán reducir las tarifas, pero sin poderlas aumentar sin nueva autorización, imposibilitará esa reducción en la mayor parte de los casos, por temor a que puedan llegar momentos difíciles sin que pueda conseguirse un nuevo aumento que haga suficientemente remuneradoras las tarifas, pues como ahora se indicará, las Empresas quedarán entregadas en la mayor parte de los casos a las autoridades locales, que se verán siempre obligadas a oponerse a esos aumentos, por muy justificados que sean.

Art. 6.º Determina cuáles serán las autoridades competentes para conceder las modificaciones de tarifas; y como queda indicado, esas autoridades, que serán los alcaldes cuando la Empresa afecte sólo a un Municipio, o los gobernadores cuando afecten a varios Municipios de una sola provincia; como ya es sabido que dichas autoridades procuran congraciarse con la masa del pueblo que dirigen o gobiernan y no aciertan a ver en ella más que consumidores, no se conseguirá nunca el aumento de tarifas, por muy necesario que sea para que pueda continuar funcionando una Empresa.

Por estos motivos, es preferible que sea el Ministerio del Trabajo quien continúe resolviendo en materia de aumento de tarifas, por ser indudablemente mayor su imparcialidad, viéndose libre de la presión que tan de cerca sufren los alcaldes y gobernadores.

Por otra parte, parece una sensible e inexplicable inconsecuencia este precepto, tan opuesto a todo lo que hasta ahora se había legislado sobre esta materia.

Art. 7.º Prescribe que las Juntas de Abastos podrán proponer la reducción de tarifas al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, quien deberá resolver. Es de suponer que, aunque nada se diga en el artículo indicado, se oirá siempre a la Empresa o industrial interesado.

Art. 8.º Dispone que las tarifas, el alquiler de contadores y demás conceptos de percepción, deberán figurar en las Verificaciones oficiales.

Como puede verse por esta y otras diversas disposiciones, los verificadores quedan convertidos en los árbitros de industrias tan importantes como éstas.