La Energía eléctrica (1922-12-25 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año II        Madrid, 25 de Diciembre de 1922        Núm. 24

ACTUACIÓN DE LOS VERIFICADORES DE CONTADORES

(Conclusion).

Bien estaría que el Estado interviniese en la vigilancia de las instalaciones destinadas al transporte de la energía eléctrica por terrenos, carreteras y poblaciones, y aun en las fábricas productoras de fluido, dentro de los plazos que prudencialmente se fijaran, si esto pudiera ser de interés general, en cuanto afectase a la seguridad de las personas y propiedades; pero es excesiva esa intervención cuando se extiende a las relaciones entre el productor suministrante del fluido y el adquirente de éste mediante contratos que tienen carácter civil, como declaró la Sala tercera del Tribunal Supremo en muchas sentencias, entre las cuales pueden citarse las de 12 de abril y 11 de octubre de 1919, publicada la primera en junio, y la segunda en diciembre de dicho año. Y debe tenerse en cuenta la circunstancia de que estas sentencias se pronunciaron y publicaron estando vigente la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916, cuyo art. 4.º sirve de pretexto para la intervención a que se viene haciendo referencia. Esto parece significar que de nada sirven las declaraciones del más alto Tribunal de Justicia de la nación para los encargados de dictar disposiciones administrativas.

Aparte de estas consideraciones, profundizando un poco en la redacción de la primera de las Reales órdenes mencionadas, se advierte que no se encuentra muy justificada la inspección de las centrales por los verificadores y los honorarios que han de satisfacerse con ese motivo, puesto que en el art. 4.º se habla de las visitas anuales que hayan de realizar los verificadores a sus expensas para la verificación de contadores en las centrales, y en el tercero se dispone que se abstengan de hacer visitas en los viajes de inspección y comprobación más que en los casos en que sean absolutamente imprescindibles.

Para terminar, habremos de llamar la atención, una vez más, hacia el hecho indudable de que no se trata de un servicio público, puesto que por nadie se ha declarado que el suministro de electricidad tenga dicho concepto, existiendo diversos antecedentes, documentos y sentencias del Tribunal Supremo, y dictámenes del Consejo de Estado, en que se reconoce que no se trata de un servicio público; siendo esto así, no hay motivo alguno para que se sujete la industria eléctrica a todos los requisitos y detalles, es decir, a cuanto tiene de perjudicial un servicio público, sin gozar al mismo tiempo de las ventajas que en todas partes, y aun en nuestra misma nación, se concede a esa clase de servicios.

A continuación se transcriben las Reales órdenes indicadas:

* * *

Ilmo. señor: Vistas las consultas formuladas y quejas elevadas a la superioridad por diferentes verificadores oficiales de contadores sobre interpretación del reglamento de instalaciones eléctricas y dificultades que para su aplicación suelen encontrar en la práctica;

Considerando que el art. 1.º de las Instrucciones reglamentarias para el servicio de verificación de contadores confía al personal de verificadores la vigilancia de las condiciones de seguridad impuestas, para evitar accidentes en la distribución y utilización de la energía, así como la intervención del Estado en el suministro de la misma a los abonados, tanto para garantía de sus intereses como de su seguridad;

Considerando que el Real decreto de 27 de marzo de 1919 aprobó el vigente reglamento para instalaciones eléctricas que en sus artículos 8.º, 16, 18, 47 y 48 determinan la intervención que corresponde a la verificación oficial de contadores eléctricos;