La Energía eléctrica (1924-05-10 00:00:00), página 16

REAL DECRETO

A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, y de acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran servicios públicos los suministros de energía eléctrica, agua y gas a los abonados de las Empresas de distribución, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria la reglamentación de tales servicios para garantía de la seguridad e intereses públicos, sin perjuicio de las demás intervenciones que puedan corresponder a otros departamentos, a las provincias y al Municipio sobre las concesiones y contratos administrativos.

Art. 2.º A partir de la publicación de este decreto, todas las Empresas de distribución de energía eléctrica, agua y gas que disfruten de concesiones o autorizaciones administrativas del Estado, provincias o Municipios y las que ocupen con las instalaciones terrenos de dominio público o del Estado, Mancomunidades, provincias y Municipios, quedan obligadas a efectuar el suministro a todo abonado que lo solicite, en tanto tenga medios técnicos para ello.

Art. 3.º El suministro se efectuará precisamente a los precios fijados en tarifas aprobadas por la Administración pública, las cuales no podrán ser, en ningún caso, superiores a los límites que se hayan fijado en las concesiones, cuando existan éstas.

Art. 4.º Las Empresas de distribución de energía eléctrica, agua o gas quedarán obligadas a enviar sus tarifas de aplicación, nunca superiores a las de concesión, a las respectivas verificaciones oficiales de electricidad, agua o gas. Para las Empresas existentes se considerarán como tarifas de aplicación las que efectivamente se apliquen en el día de la publicación de este decreto, resolviéndose las dudas que puedan suscitarse con arreglo a los trámites fijados para las Empresas eléctricas por la Real orden de 14 de agosto de 1920, la cual se considerará extendida a las Empresas de distribución de agua y gas.

Art. 5.º Las Empresas podrán reducir libremente las tarifas de aplicación; pero una vez reducidas no podrán elevarlas nuevamente sin autorización administrativa. Toda elevación de las tarifas de aplicación, siempre que no rebase los límites de la concesión, si la hubiera, exigirá un previo expediente justificativo, en el que informarán necesariamente la Jefatura de Obras públicas en la distribución de agua y energía hidroeléctrica, la de Minas en las de agua y energía termoeléctrica y las verificaciones oficiales correspondientes en todas ellas, siendo, además, oídas las Cámaras de la Propiedad, de Comercio y de la Industria y los Ayuntamientos interesados.

Art. 6.º La autorización de las modificaciones se concederá por los Ayuntamientos para las Empresas cuyas instalaciones sólo afectan a un término municipal; por los gobernadores civiles, en las que sólo afecten a una provincia, y por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, en los demás casos, siendo preceptivo en todos la información antes citada.

Art. 7.º Mientras estén en vigor los preceptos del Real decreto de 3 de noviembre de 1923, las Juntas de Abastos podrán proponer al citado Ministerio la reducción de las tarifas vigentes, debiendo asistir a ellas para tales efectos, con voz y voto, los funcionarios públicos y verificadores oficiales señalados en el art. 5.º de la presente disposición.

La decisión corresponderá al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.

Art. 8.º Las tarifas de aplicación que figuren en las verificaciones oficiales deberán contener los distintos precios que la Empresa establezca con relación al consumo, si ésta ha de medirse por contador, a tanto alzado o con aparatos limitadores; y si en el precio está o no comprendido el alquiler del contador, no pudiéndose exigir al abonado pago alguno que no esté indicado en las tarifas de aplicación que figuren en la verificación oficial. La inclusión en las tarifas de una nueva percepción exigirá la misma aplicación que si se tratase de una nueva elevación.

Art. 9.º Las elevaciones autorizadas no podrán aplicarse a los contratos en curso hasta que sean objeto de anulación o novación por algún motivo legal.

Art. 10. Las Empresas podrán solicitar elevaciones de las tarifas de aplicación por encima de las tarifas de concesión siempre y cuando previamente hayan obtenido la modificación de las condiciones de la concesión, con arreglo a las disposiciones vigentes para dichas concesiones.

Art. 11. Las Empresas podrán fijar libremente si los suministros han de ser a base de contador, a tanto alzado o con limitador de consumo, pero en todo caso quedarán obligadas a cumplir las disposiciones de las vigentes instrucciones reglamentarias para la verificación de contadores.

Los contadores limitadores de corriente o llaves de aforo deberán ser de sistemas aprobados y encontrarse verificados con arreglo a las mismas instrucciones, tanto cuando se trate de Empresas particulares como de distribuciones municipalizadas o del Estado.

Art. 12. Las distribuciones de energía eléctrica se ajustarán a las condiciones determinadas en el Real decreto de 22 de diciembre de 1923, si bien las reducciones a que se refiere el art. 4.º se extenderán solamente al sector en que la irregularidad se hubiere observado, correspondiendo al verificador oficial la determinación del mismo.