La Energía eléctrica (1922-09-25 00:00:00), página 6

Además, las explotaciones hidroeléctricas actuales son base de otras industrias creadas al amparo de aquéllas, alimentadas y desarrolladas por la fuerza impulsiva que las da calor y vida. El resultado de esta trama industrial es la creación legal de derechos de propiedad, constituyendo patrimonios o fortunas particulares de persona natural o jurídica, que al cabo de algún tiempo son objeto de traspaso y adquisición por títulos comunes de dominio y dan origen a formalizar pactos y contratos de toda clase, siéndoles aplicables las reglas y principios que informan el derecho común.

Con estas disposiciones de orden legal y todos los antecedentes jurídicos que puedan afectar a una industria erigida sobre una base legal de perpetuidad y representada por una potencia económica de 2.000 millones de pesetas, con todas las complicaciones a que daría lugar el principio tan manoseado de los intereses creados. ¿Puede admitirse en serio que, de buenas a primeras, fuera posible imponer a las poderosas Empresas hidroeléctricas un plazo cualquiera, ordenándoles que al finalizar entregasen al Estado todo cuanto constituye la explotación, es decir, toda su riqueza industrial, sin indemnización de ninguna clase?

Creer esto realizable, factible, es de una ingenuidad paradisíaca.

El mismo autor del Real decreto sale al paso, y se apresura a desvanecer cualquiera duda que brotase entre espíritus inadaptables a las cosas de la vida, diciendo: «Se respetan los derechos adquiridos en las concesiones otorgadas hasta hoy, pero se inicia un régimen nuevo para las concesiones en curso y que se soliciten después.»

Está, pues, bien claro que se formarán dos castas, y por resultado el retraimiento del capital y el estancamiento de la industria hidroeléctrica.

Consideraciones finales

«La industria hidroeléctrica es una de las de mayor porvenir, y quizá la que en mayor grado puede influir en el desenvolvimiento de la economía general de España.» (Gaceta de Madrid.—Real decreto de 31 de diciembre de 1919.)

Esto dice el Gobierno por medio de su órgano oficial. Todos estamos conformes en reconocer la importancia esencial de la explotación industrial de las fuerzas hidráulicas, mas para ello es preciso que los directores de la administración del Estado fijen un poco más su atención, acudan a los puros manantiales que alimentaron la obra hidráulica de 1879, y, deseando arcaísmos, faciliten todo cuanto pueda redundar en favorecer el aprovechamiento útil de nuestros ríos, a fin de obtener energía económica y abundante para el desarrollo de la vida industrial.

El Gobierno no conoce y declara la necesidad de utilizar estas fuerzas naturales, pero en vez de apartar los obstáculos de sentido legal, dicta disposiciones que aumentan las dificultades, sin tener en cuenta la tradicional timidez del capitalismo español, rémora que impide la creación de Empresas o Sociedades para llevar a cabo cualquier explotación industrial.

Por esta causa y todas las razones anteriores, se viene solicitando la anulación del inoportuno Real decreto de 14 de junio de 1921, afirmando, además, su ilegalidad, pues se opone al art. 220 de la ley de Aguas vigente. Y así lo considera el alto Cuerpo del Consejo de Obras públicas, cuando en una moción dirigida a la Superioridad en noviembre último pide que se suspendan los efectos del citado decreto.

Por lo que se refiere a la reforma de la ley de Aguas, actualmente en estudio, no es mucho pedir y desear que se sostenga el espíritu liberal, que preside todo el contenido de la antigua ley; por consecuencia, las concesiones de los saltos de agua deben otorgarse a perpetuidad; pero si por tendencia comunista se quiere establecer la reversión al Estado en un plazo que no ha de ser menor de noventa y nueve años, y si, además, no se lograse