La Energía eléctrica (1923-09-25 00:00:00), página 20

La inspección e intervención corresponderá en todos los casos a individuos del Cuerpo de Telégrafos, y los encargados de estos servicios serán ingenieros de Telecomunicación o funcionarios del Cuerpo que tengan, aprobados todos los estudios de ampliación o, cuando menos, la asignatura de Telecomunicación de los mismos.

Art. 48. Además de las responsabilidades criminales o gubernativas en que pudieran incurrir los infractores de la legislación radioeléctrica, según las prescripciones del Código penal, se aplicarán por la Dirección general de Correos y Telégrafos las sanciones siguientes:

1.a El que no facilite el acceso inmediato al local o locales donde se hallen las instalaciones radioeléctricas de cualquiera clase al funcionario del Cuerpo de Telégrafos designado para la intervención e inspección, será castigado con una multa de 50 a 500 pesetas, según el caso y las circunstancias. Si hubiera reincidencia, podrán elevarse las multas hasta 2.000 pesetas, y de no corregirse, se procederá a la incautación total de la instalación.

2.a La no presentación inmediata de la licencia se castigará con una multa de 50 pesetas, y si no la exhibiera dentro de las veinticuatro horas siguientes, se pondrá la estación fuera de funcionamiento, hasta demostrar si la estación es o no clandestina.

3.a Si el funcionario inspector observase alguna variación en las características de la instalación concedida, tanto en lo referente a potencia como a longitudes de onda no autorizadas, o modificaciones de montaje, se castigará con multas de 100 a 1.000 pesetas la primera vez; la reincidencia será motivo en este caso de incautación por el Estado.

4.a Se castigará con multas de 250 a 1.000 pesetas a los propietarios de estaciones que sean causa de perturbaciones o interferencias al servicio de otras estaciones.

5.a Se impondrán multas de 500 a 2.000 pesetas, según los casos, y demostrado el hecho, al que faltare al secreto de la correspondencia radiotelegráfica.

6.a Se aplicarán multas de 1.000 a 2.000 pesetas a los que radiotelegráficamente o radiotelefónicamente transmitieran noticias cuya publicidad no estuviere debidamente autorizada, pudiendo además el Gobierno retirar la licencia al propietario de la estación.

7.a De toda instalación radioeléctrica clandestina se incautará el Estado, perdiendo el propietario todos los aparatos, máquinas, material y antenas, sin derecho a reclamación posterior ninguna.

8.a Todas las sanciones se aplicarán siempre al propietario o concesionario de la estación radioeléctrica, sin que pueda alegarse que la falta fué cometida por otra persona.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 49. El Estado se reserva el derecho de incautarse de cualquier estación autorizada, transmisora o receptora, cuando lo crea conveniente o necesario para su servicio. Si la incautación fuese definitiva, el Estado abonará al propietario de la estación el valor de la misma, previa tasación pericial. Si la incautación fuese temporal, se eximirá al concesionario de la obligación del abono del canon por el tiempo que dure la incautación, abonando en este caso el Estado al concesionario, en concepto de arrendamiento, una cantidad equivalente al 5 por 100 del valor de la instalación, previa tasación pericial.

Art. 50. Queda prohibido comerciar en manera alguna a los que usaren estaciones receptoras con las noticias de servicio de «broadcasting».

Art. 51. Todas las estaciones radioeléctricas civiles que no sean del servicio público establecidas actualmente, estén o no autorizadas, deberán cumplir las prescripciones de este reglamento, debiendo presentar las estaciones la verificación y adquirir la licencia que les corresponda, en el plazo de dos meses, a contar de la fecha de la publicación de este reglamento en la Gaceta de Madrid.

Madrid, 26 de mayo de 1923.—El ministro de la Gobernación, Almodóvar.