La Energía eléctrica (1923-10-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD

Año III        Madrid, 10 de Octubre de 1923        Núm. 19

HUELGAS

Por el art. 556 del Código penal eran consideradas las huelgas y paros como delitos, por estimarse incluidos en él, al decir que serían castigados con la pena de arresto mayor los que se coligaran con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones. A partir del año 1920 tomaron gran desenvolvimiento en nuestra nación las cuestiones llamadas sociales, dictándose posteriormente leyes especiales, cuya necesidad fué mayor desde la creación del Instituto de Reformas Sociales.

En la circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1902 se reconoció el derecho a la huelga, siempre que los trabajadores se asociasen o coligasen para fines justificados, como el de mejoramiento de las condiciones del trabajo, y el término abusivamente que se empleaba en el art. 556 del Código penal, se entiende que era la exigencia de mejoras o condicionamiento del trabajo por medio de la violencia o de la amenaza.

Siempre ha sido el fin principal que ha perseguido el legislador el evitar en la forma posible que se realicen las huelgas y paros, por los muchos perjuicios que ocasionan esta clase de conflictos.

La ley de Conciliación y arbitraje industrial de 19 de mayo de 1908, perseguía ese propósito, y por ella toda preparación de huelga o de paro había de ponerse en conocimiento, por escrito, del presidente de la Junta local de Reformas Sociales, con veinticuatro horas de antelación, y una semana los paros, pudiendo cualquiera de las partes, lo mismo patronos que obreros, cuando surja una cuestión, ponerla en conocimiento de dicha presidencia. Esta habrá de dar traslado del escrito a la otra parte, ofreciendo sus buenos oficios, dándose por intentada la conciliación cuando la respuesta fuera negativa. Para formar el Consejo de Conciliación deberán nombrarse seis consejeros, tres por los patronos y tres de los obreros, con sujeción a lo determinado en el art. 12 de la primitiva ley de Tribunales industriales.

El fin que la ley persigue principalmente, está comprendido en el art. 9.º, al decir que «El Consejo procurará ante todo recabar de las partes que ni los patronos suspendan el trabajo, ni los obreros lo abandonen mientras se tramite la conciliación, y propondrá luego los términos de ésta».

Fracasada la conciliación prescribe la ley el arbitraje, que podrá recaer en uno o varios árbitros, conviniendo las partes, en presencia del Consejo, los términos de la escritura de compromiso, e indica, por último, la prohibición de crear Consejos de conciliación permanente por mediación de la Junta magna de electores, de la cual trataba la antigua ley de Tribunales industriales para el caso de que las huelgas y paros se repitiesen con frecuencia.

Más tarde la ley de Huelgas y coligaciones de 27 de abril de 1909, derogó el art. 556 del Código penal por su art. 11, reconociendo el derecho a la huelga y al paro, recogiendo la figura de delito que el citado artículo del Código penal señala en sus artículos 2.º y 3.º, en los cuales dispone que se castigue la violencia, amenaza y toda clase de coacciones, así como el turbar el orden público. En dicha disposición se inicia ya el propósito del legislador de conceder mayor importancia a aquellas huelgas o paros que tiendan a dejar inactivos los servicios públicos, exigiéndose en su consecuencia una mayor antelación para poner en conocimiento de la autoridad, tanto por los obreros como por los patronos, la huelga o el paro de que se trate, señalándose en caso de incumplimiento las sanciones oportunas.

La ley de Conciliación y arbitraje de 19 de mayo de 1908 no dio el resultado apetecido, por