La Energía eléctrica (1922-02-10 00:00:00), página 14

Queda, pues, entendido, para ulteriores requerimientos, que esta Sociedad no presta su consentimiento ni asistencia al establecimiento de la nueva forma de gravamen que se intenta.

Pero, ¿es que la Ordenanza respeta el estado de derecho en que sitúa a las Empresas preexistentes, ante la reforma contenida en el proyecto de ley de Exacciones municipales, y que autoriza el Real decreto de 1 de noviembre citado?

A nuestro entender, la Ordenanza contiene extralimitaciones que entrañan un peligro para el interés público y una amenaza a nuestros legítimos intereses, y por ambas consideraciones acudimos, dentro del período señalado para producir reclamaciones, formulando las que nos sugiere la simple lectura de aquel documento.

El peligro para el interés público lo hallamos en la posibilidad de que, por un abuso de poder, se encuentre el vecindario de Barcelona, en un momento determinado, en la imposibilidad de surtir de alumbrado y fuerza eléctrica.

En la hipótesis de que ninguna de las entidades actualmente suministradoras de electricidad de esta capital acepten la nueva forma de tributación ideada por el Ayuntamiento, ¿qué ocurrirá si se dificulta caprichosamente la remoción de la vía pública, ya sea para instalar ramales complementarios de las actuales instalaciones, para establecer acometidas o simplemente para la reparación de las existentes?

El conflicto quedaría, Dios mediante, planteado desde el mismo supuesto momento en que la Ordenanza obtuviera aprobación con la cláusula letra B del art. 11, que textualmente dice: «La Alcaldía denegará, a partir de 1 de abril de 1921, toda suerte de permisos y facilidades relativos al aprovechamiento de la vía pública (vuelo, suelo y subsuelo) por parte de las Empresas que, debidamente requeridas, no acepten (art. 69 del proyecto de Exacciones municipales) la implantación con carácter general de la presente Ordenanza. No podrán extender su servicio más de los límites actuales, y quedarán retirados todos los beneficios de carácter extracontractual de que disfruten.»

Prescindiendo de la cuestión de orden público que el asunto pueda plantear, y que ya alguien cuidará de resolver, ¿puede legalmente contenerse la citada disposición en una Ordenanza de carácter puramente fiscal? Creemos que no. El Ayuntamiento, y mucho menos la Alcaldía, no son árbitros de disponer a su antojo de la vía pública, o impedir su aprovechamiento cuando se trata de instalaciones eléctricas garantizadas por concesiones que otorga el Estado.

El art. 2.º de la ley de 23 de marzo de 1900 confiere la facultad de otorgar la servidumbre de paso de corriente eléctrica al excelentísimo señor ministro de Fomento o a los señores gobernadores, según los casos, previniendo que se oiga a los Ayuntamientos cuando se trate de conducir energía que afecte a obras y terrenos municipales.

Los artículos 8.º y 27 del reglamento de 7 de octubre de 1904 desarrollan el anterior principio, y el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de junio de 1920, tiene declarado que no es asunto de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos cuanto se refiere al establecimiento urbano de servicios eléctricos, porque las facultades de las municipalidades sobre el particular están reservadas a la Administración.

Ahora bien: obtenida la concesión en los términos prevenidos por las disposiciones citadas, es obvio que el Ayuntamiento, sin causa justificada del mayor interés público, y simplemente por una medida de carácter fiscal, no puede en puridad impedir el normal desarrollo de los intereses creados y previstos por la otorgación de aquellas concesiones; carece de facultades y competencia para ello, y de ahí que ante la posibilidad de resultar perjudicado el estado de derecho en que se halla esta Compañía, de prosperar la prescripción letra B del art. 11 de la Ordenanza citada, se señale su improcedencia y advierta la necesidad de eliminar aquella previsión.

Otro aspecto de suma importancia que ofrece el articulado de la Ordenanza es la fijación del tipo de gravamen, o sea el 6 por 100 sobre la recaudación, fijada arbitrariamente por el art. 6.º, y que constituye una verdadera enormidad que conculca el art. 137, núm. 8, de la ley Municipal y la Real orden de 13 de junio de 1912, por cuanto el importe del gravamen que fija sería en cantidad muy superior al máximo que dichas disposiciones autorizan.

Teniendo en cuenta el coeficiente normal de gastos de explotación de las Empresas de producción y distribución de electricidad, la cuota del arbitrio representaría más de cinco veces la cuota que por concepto de utilidades percibe el Estado.

Es evidente que el Estado, y en su representación la Administración de Hacienda, no puede, ni debe, ni le conviene, tolerar la imposición de una cuota que, no pudiendo soportarla la fuerza contributiva de la industria, habría forzosamente que derramar sobre el consumidor, harto agobiado ya con una excesiva carestía en todos los artículos de imprescindible necesidad.

Para este caso se ha previsto un recargo de un 25 por 100 sobre el importe del arbitrio, brindándole al público y a las industrias consumidoras de electricidad para fuerza motriz ocasión propicia para aumentar el coste de todos los productos y dificultar en mayor grado el problema de la vida, sin contar, además, que el arbitrio en cuestión representa un gravamen sobre el con-