La Energía eléctrica (1921-07-10 00:00:00), página 15

Se da además el caso de que el que tiene que construir un salto de agua, tiene que construir también la carretera para las obras que ha de realizar, y que, una vez terminadas, quedan ya en beneficio de los demás. Todos los reunidos quedaron conformes en que debía pedirse que el Estado construyese todas las vías de comunicación necesarias en esos casos.

C) El Gobierno podrá exigir al hacer la concesión que el todo o parte de la energía se destine a determinados servicios públicos.

Los concesionarios deberán llevar el sobrante de fuerza concedida a la red general de distribución de electricidad.

Podrá exigirse en aprovechamientos de más de 1,000 caballos la obligación de dar hasta un 5 por 100 de la energía a los Municipios, al Estado o las Diputaciones para servicios públicos, al precio de coste, que fijará el Gobierno con un reducido interés industrial, sin ulterior recurso.

Es indudable que esta industria resulta menos libre cada vez y más perseguida, como si se tratase de una de las industrias que obtuvieran mayores beneficios. Los señores presentes acordaron también negarse a las exigencias o empleos de energía eléctrica pretendidos por el Estado en su favor y el de los Ayuntamientos y Diputaciones.

Tampoco es tolerable el sistema de prohibir todo recurso ulterior y menos tratándose de materias tan difíciles para que las fije el Gobierno, como son los precios de coste y demás detalles a que esa producción se refiere. ¿Es que puede haber temor a la justicia de los Tribunales? Porque aunque se trate de cuestiones técnicas los Tribunales pueden también asesorarse de peritos. Es de advertir que tanto en el ministerio de Fomento como en el de Hacienda, se va notando la tendencia de dejar a un lado al Poder judicial.

Sería, pues, conveniente que se suprimiese esa prohibición de ulterior recurso.

D) Toda la maquinaria y material serán de producción y fabricación española, a menos que se demuestre, con audiencia de la Comisión protectora de la Producción Nacional, que no existe en España.

Actualmente no puede sostenerse esa pretendida obligación, por carecerse en España de industria de maquinaria eléctrica, aunque el ministro de Fomento desee que se dediquen a esa industria capitales de consideración.

Las principales Compañías no pueden adquirir determinada clase de maquinaria, porque toda la técnica necesaria para esa construcción está en los Estados Unidos, Alemania y Suiza. Teniendo que adquirirse esa maquinaria en dichos países, deben fijarse los tipos de los Aranceles de Aduanas de una manera razonable.

No es posible, por lo tanto, atender a esa obligación de la maquinaria española.

Se habló después de la red general de electricidad.

En la Comisión permanente de electricidad se quiere que obedezca a la industria y no al capricho del gran número de ministros que hayan de pasar constantemente por el ministerio de Fomento. Debe respetarse el principio de la libertad de la industria, siendo sumamente peligroso entregarse en manos de cualquier ministro que haría morir a la industria, por atender antes a la colectividad que a la justicia, y debiendo entregarse determinadas cantidades a las Compañías que hayan realizado considerables obras en los saltos, si se quiere que éstos hayan de revertir al Estado. La red general de electricidad no debe hacerse, pues, al capricho de un departamento ministerial; no debe coartarse con su forma de realizarlo a los particulares.

En suma; hay que evitar la construcción de la red general eléctrica con las condiciones planteadas, así como la declaración de servicio público para éste, que tiene carácter particular, como repetidamente vienen reconociendo los Tribunales, el Consejo de Estado y hasta el ministerio de la Gobernación.

Precisa también que se oiga para todo lo referente a estas materias a la industria eléctrica como se hace en otros países.

El señor marqués de Legarda se lamenta también de que para la cuestión de aguas que envuelve el Real decreto, no se haya ocultado siquiera al Consejo de Obras públicas. El hecho es que no se ha consultado a nadie en este asunto.

De cumplirse el Real decreto, habría que ir a la elevación de tarifas para amortizar el capital en los casos de revisión.