La Energía eléctrica (1921-03-10 00:00:00), página 16

blico como cauces, marismas, etc., o bien se trate de líneas conductoras de energía eléctrica que se extiendan a más de una provincia o se aplique la misma a tranvías o ferrocarriles eléctricos de servicio público sean cualquiera los predios que atraviesen, 2.º Al gobernador de la provincia en todos los demás casos, o sea cuando las instalaciones eléctricas afecten únicamente a obras y terrenos provinciales y municipales, oyendo a las Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes, o bien cuando sólo se trate de atravesar terrenos de dominio particular afectos a las servidumbres legales, con sujeción al art. 4.º de este Reglamento; y 3.º A las mismas autoridades corresponde autorizar las variaciones que se pretenda introducir en las concesiones por ellas otorgadas. Art. 27. En armonía con lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento, el petenciario podrá proponer el sistema de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, que considere más conveniente para sus aplicaciones, siempre que para la seguridad de personas, cosas e instalaciones anteriores, adopte disposiciones propias de cada sistema y se sujete a las prescripciones generales de este Reglamento. La Administración, sin embargo, podrá admitir o rechazar la propuesta si satisface o no convenientemente a las condiciones de seguridad, sobre todo cuando se adopten altas tensiones, entendiéndose por tales las que puedan causar grandes daños a las personas y cosas próximas. Con el fin de aclarar el concepto precedente, las corrientes se subdividirán en baja y alta tensión, comprendiendo las primeras las que no excedan de 400 voltios en corriente continua y 250 voltios en alternativa, y en las segundas las que excedan de estos límites:

Visto, siendo Ponente el magistrado D. Carlos Vergara;
Visto el art. 72 de la ley Municipal que dice: «Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos con arreglo al número 1.º del artículo 84 de la Constitución y en particular cuanto tenga relación con los objetos siguientes: 2.º Policía urbana y rural, o sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigilancia de los servicios municipales establecidos, cuidado de la vía pública en general y limpieza, higiene y salubridad del pueblo»;

Considerando que la facultad de otorgar la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica ha sido atribuida a la Administración general del Estado por el art. 2.º de la ley de 23 de marzo de 1930, y 8.º del Reglamento dictado para su cumplimiento, y en su virtud es visto que las atribuciones que pudieran corresponder a los Ayuntamientos sobre este particular con arreglo al art. 72 de la ley Municipal, que les faculta para resolver como asunto de su exclusiva competencia todo lo referente al establecimiento de servicios relacionados con el arreglo y ornato de las vías públicas, fomento de sus intereses materiales y morales y seguridad de las personas y propiedades, han quedado limitadas por lo que se refiere a la concesión de instalaciones de energía eléctrica en el interior de las poblaciones, quedando subsistentes en todo lo demás;

Considerando que en uso de esa facultad, la Administración resolvió por Real orden recurrida, no conceder la autorización que solicitaba la Sociedad demandante para establecer en San Felíu de Guixols una estación transformadora de energía eléctrica, con una red aérea de distribución para el alumbrado y fuerza motriz sin perjuicio de que pudiera solicitar el establecimiento de la misma sobre la base de que fuese subterránea, presentando el oportuno proyecto para su tramitación;

Considerando que si bien entre los fundamentos de la Real orden se consigna el que produjo el Ayuntamiento de la mencionada ciudad oponiéndose a la concesión solicitada, de tener acordado con carácter general, la Corporación, en sesión de 30 de noviembre de 1915, que las canalizaciones eléctricas que en lo sucesivo se establezcan en la ciudad, deberán ser por sistema subterráneo y cuyo acuerdo sirvió de base al posterior de 15 de febrero de 1916, negando a la Compañía demandante la autorización que solicitó el Ayuntamiento para la instalación de la red aérea que ahora pretende, ello no puede estimarse, como entiende la parte actora, como una declaración de inhibición de la Administración del Estado para resolver la cuestión promovida, por entender que el asunto sea de la competencia de la Administración municipal, pues dados los términos de la resolución que no contienen tal declaración y si la de no conceder la autorización pretendida, lógicamente se desprende que, estimándose con competencia para resolver, deniega lo que se solicite;

Considerando que el art. 27 del Reglamento mencionado, que invoca la demandante como fundamento del derecho desconocido por la resolución recurrida, no resulta infringido, puesto que claramente establece la facultad de la Administración para admitir o rechazar la concesión según satisfaga o no convenientemente a las condiciones de seguridad, quedando, por tanto, al juicio discrecional de aquélla la apreciación de este extremo, que por ello no puede ser objeto de impugnación en vía contenciosa y es claro que cuando la Administración niega la concesión por ser aérea la red de distribución proyectada y reconoce que podrá concederla si se proyecta subterránea, ello afecta a las condiciones de seguridad en razón a que este último sistema las atienda mejor:

Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda interpuesta por la Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña contra la Real orden del ministerio de Fomento de 12 de noviembre de 1918, que declaramos firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.—Alfredo de Zavala.—Carlos Groizard.—Cándido R. de Celia.—Pedro María Usera.—Carlos Vergara.—José Bellver.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. Carlos Vergara, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contenciosoadministrativo de lo cual, como secretario de la misma, certifico.

Madrid, 7 de junio de 1920.—Julian Castro.—(Gaceta del 14 de agosto de 1920.)