La Energía eléctrica (1921-05-10 00:00:00), página 6

Necesidad de la nacionalización de la industria hullera española

EL SISTEMA DE LAS CONCESIONES

Nuestro Código civil reconoce el derecho a obtener concesiones mineras; una ley especial, la de Minas, y su Reglamento, condicionan el derecho de la concesión. Pero sólo lo hacen desde un punto de vista de mera defensa de la propiedad estatal y del particular; no con las altas miras de progreso industrial para el bien del país, como debiera ser.

Es evidente que las pequeñas concesiones, creadoras de Empresas de escasos recursos, tendientes todas a obtener un lucro positivo, encarecen notablemente la producción hullera, en términos que sería una ensalación procurar la competencia con el producto extranjero, y aun con el de las grades Empresas nacionales.

Por otra parte, en la actualidad, el Estado, procediendo de manera irreflexiva, de ataque a la economía nacional, no se preocupa del mejoramiento de la industria hullera. Lo importante para él no es la explotación de las concesiones, sino el canon de éstas, aunque por luengos años permanezcan improductivas en manos de empresarios más atentos a especulaciones de su privado interés.

Reducida la misión del Estado al infimo papel de dueño arrendador e inspector de policía minera, con las máculas y vicios que al presente padece, no es de extrañar la languidez con que progresa nuestra industria hullera. Además, queda a las resultas de la iniciativa particular la producción del codiciado combustible. Es cierto, y debe consignarse, que hay casos de imponderable actividad e inteligencia en las grandes Empresas que han dado un marcado avance a la industria extractiva; pero son casos aislados que en realidad se malográn por faltarles el complemento de una labor de conjunto, con unidad de dirección y sistematizada.

El sistema de las concesiones corresponde a una época histórica de completa incomprendición de los problemas políticos sociales. Es fruto de la era política que hizo del Estado, no la entidad propulsora de todo movimiento ascendente o progresivo de las fuentes de prosperidad material, sino la entidad fisco arbitradora de recursos, a costa muchas veces de los patrimonios privados, y lesiva, en larga época, para los intereses generales de la nación.

Tienen las concesiones otro aspecto, desde el punto de vista del derecho positivo escrito, que pone de manifiesto cuán opuesto es al desarrollo de la industria hullera el actual régimen de explotación.

Es este aspecto el de la propiedad adquirida sobre la mina por el concesionario.

Si nuestra legislación estableciera, cuando menos, condiciones que garantizaran el otorgamiento de una concesión minera con destino a una explotación sistemática, imponiendo, previo formal compromiso del concesionario, obligaciones de ineludible cumplimiento, tendiente al aseguramiento de una producción determinada, conforme a las exigencias del consumo y en armonía con la riqueza calculada de la concesión, sería tolerable este régimen. Pero, lejos de ser así, el concesionario puede detentar la concesión manteniéndola improductiva y haciéndola objeto de especulaciones en el mercado de valores como cualquiera otra mercancía u objeto de apropiación.

Vistas las circunstancias concurrentes al presente régimen de la industria hullera, pronto se revela de manera ostensible que el estado tiene un concepto de la mina de hulla completamente contrario al que debiera tener; pero suspendamos toda consideración acerca