La Energía eléctrica (1920-01-10 00:00:00), página 17

la Administración vulnera los principios legales que regulan las relaciones entre la industria y el público y que la intervención del Gobernador debiera haberse limitado al caso concreto del artículo 42:

Resultando que el Negociado opinó que respecto de la tarifa diferencial se había padecido un error porque el Decreto de 25 de octubre de 1907, fué modificado por el de 8 de mayo de 1908 y propuso que en este extremo fuese revocada la providencia recurrida. El Consejo Superior de Fomento formuló las siguientes conclusiones: que a pesar de no existir disposición alguna declarando 'servicio público el alumbrado eléctrico, es un hecho innegable la existencia de los Reales decretos de 7 de octubre de 1904, 8 de julio de 1906, 25 de octubre de 1907 y 8 de mayo de 1908; que este último no ha derogado el de 25 de octubre de 1907; que los preceptos citados pugnan con el derecho constituido por lo que se impone la total reforma legislativa de los servicios de alumbrado eléctrico, declarándolos servicio público y otorgando las oportunas concesiones de los actuales poseedores; que para ello precisa revisar los preceptos correlativos de las leyes de aguas, de servidumbre y conducción de energía eléctrica, de concesión de alumbrado de poblaciones, etc.

Resultando que la Comisión permanente del Consejo de Estado informa que las disposiciones citadas constituyen el actual estado de derecho en la materia y por ellas se establece la prohibición del mínimo de consumo, prohibición que con el pretexto y nombre de tarifa diferencial se procuraba eludir en el caso presente por la Sociedad Eléctricas Reunidas, sin que sea exacto que el Real decreto de 25 de octubre de 1907 haya sido modificado en este particular por el de 8 de mayo de 1908; de igual modo se halla establecido, que estando los abonados al corriente en el pago de sus recibos no pueden ser privados por las Empresas del suministro de fluido cuando no contenga el contrato plazo estipulado para su terminación, y en su virtud, propuso que se desestimase el recurso interpuesto por la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, contra el acuerdo del Gobernador a que se refiere este expediente. El Ministerio de Fomento, de conformidad con este dictamen, dictó la Real orden de 23 de marzo de 1916:

Resultando que la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, ha interpuesto recurso contencioso administrativo y formalizó la demanda con la súplica de que se revoque y anule la Real orden mencionada por vicios de tramitación y porque la Administración es incompetente para conocer del asunto, y en todo caso, que se declare que la tarifa diferencial de la Sociedad demandante es perfectamente legal:

Resultando que el Fiscal contestó pidiendo que se absuelva a la Administración de la demanda y se declare firme y subsistente la Real orden reclamada:

Visto siendo Ponente el Magistrado D. José Bellver:
Visto los artículos 1.º, 33, 42, 43, 104 y 135 de la Instrucción para el servicio de contadores eléctricos aprobados por Real orden de 7 de octubre de 1904, con las alteraciones en ellos introducidas, a virtud de los Reales decretos de 7 de junio de 1906, 25 de octubre de 1907 y 8 de mayo de 1908:
Visto el artículo 76 de la Constitución de la Monarquía;
Visto el artículo 2.º de la ley Orgánica del Poder judicial;
Visto el artículo 51 de la ley de Enjuiciamiento civil;
Vistos los artículos 1.º y 2.º de la Ley de 22 de junio de 1894, sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa:
Vista la sentencia dictada por esta Sala en 12 de abril de 1916:
Considerando que la demanda interpuesta contra la expresada Real orden del Ministerio de Fomento de 23 de marzo de 1916, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, y dejó subsistente la providencia a que se refiere del Gobernador civil de dicha provincia, de 14 de septiembre de 1914, impugna ambas resoluciones por estimarlas dictadas con vicio de nulidad por el procedimiento administrativo; con incompetencia por parte de la Administración pública para conocer del asunto sobre que versan y por haberse aplicado en ellas preceptos reglamentarios que no estaban en vigor cuando se dictaron:

Considerando que la Sociedad recurrente consta en el expediente gubernativo incoado en el Gobierno civil de Zaragoza con motivo de la reclamación que le ocasionó, que fué oída primeramente con fecha 2 de julio de 1914 en que se le dio aviso de la queja de los reclamantes, por haberles suspendido el suministro de fluido eléctrico, invitándole a restablecerlo, invitación atendida por la Sociedad con carácter provisional; y posteriormente, con fecha 23 del propio mes de julio, respecto del otro extremo más fundamental de la reclamación de los abonados, relativa a la tarifa diferencial y sistema que seguía