La Energía eléctrica (1921-07-25 00:00:00), página 13

actuación del ministerio de Fomento, que propone al de Hacienda el establecimiento de los derechos de Aduana sobre este artículo, e interpretando el nuevo Arancel, la expresada tubería por la primera columna, y teniendo en cuenta la situación del cambio del marco con relación a la peseta, debe pagar 1.600 pesetas por tonelada; y aun referida la segunda columna los derechos arancelarios no serían menos de 800 pesetas, o, lo que es lo mismo, el 80 por 100 del valor de la mercancía.

En este mismo orden de ideas están los derechos arancelarios de la maquinaria grande y de aparatos para tensiones superiores a 30.000 voltios, cuya construcción por ahora no puede ni siquiera soñarse en España. La razón es obvia, porque es exiguo el mercado nacional.

¿A qué conduce, pues, semejante determinación con relación a este particular? Absolutamente a nada más que a perjudicar de una manera ostensible la industria eléctrica, singularmente la hidroeléctrica, pudiéndose más que temerse, esperarse, como repetidas veces se ha dicho, la paralización completa del desarrollo de la expresada industria.

5.a Viene una novísima actuación del ministerio de Fomento, quien no se queda corto en esta carrera desenfrenada de persecución de la industria hidroeléctrica, y formula el Real decreto de 14 de junio de 1921 en el cual se establece un principio que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar, cual es el de la reversión de las concesiones de saltos de agua en sesenta y cinco años.

Que está en el ambiente general del mundo el que las concesiones de esta naturaleza más o menos pronto reviertan al Estado, no puede negarse; pero tampoco puede negarse que medidas de esta naturaleza que positivamente son una traba para el desenvolvimiento de la industria no han de tomarse irreflexivamente y de una manera violenta sin otras medidas complementarias que compensen por lo menos en buena parte, las dificultades que puedan nacer de resoluciones tan trascendentales, y para esto el ministerio de Fomento, pensando solamente en un aspecto del problema, prescindiendo de la propia ley y con argumentos cuya artificialidad salta a la vista trata de derogar aquélla con un Real decreto.

6.a Por último, por si lo dicho fuera poco, con el mismo criterio irreflexivo apuntado anteriormente, se intenta la prohibición de la exportación de energía de determinados saltos nacionales para el extranjero. Ciertamente que ha de admitirse el principio de que mientras haya demanda de un solo kilovatio en España que pueda suministrarse a un consumidor español, debe prohibirse la exportación de la energía; pero si existe la posibilidad de saltos de agua, como por ejemplo los del valle de Arán que no tienen aplicación para la venta de la energía eléctrica en España, y la tendría muy fácil y ventajosísima para los intereses nacionales en Francia. ¿Por qué prohibir esta exportación? ¿Por qué no estudiarla y condicionarla en forma que queden salvaguardados los intereses nacionales?

Podría, por ejemplo, autorizar temporalmente la exportación de esta energía, y tan pronto como sintiera la menor necesidad de la misma para aplicación nacional, prohibir la exportación, para lo cual basta solamente cortar la línea de transporte o hacer levantar la parte de ella que esté en territorio nacional, cosa fácilmente hacedera y además que no puede rehuirse en forma alguna.

Y en este orden de ideas no cabe pensar más que cuál será el nuevo atropello que ha de esperar la industria hidroeléctrica, y qué mentalidad existe en las altas esferas administrativas respecto de su importancia, de la conveniencia de su desarrollo y de la trascendencia que tiene para el desarrollo de la industria general de la nación y la economía española. Y es lo más peregrino que todos los ministros que se vienen sucediendo, a quien les quieren oír manifestar que están altamente preocupados por la necesidad del desenvolvimiento de la industria hidroeléctrica por creerla una de las fuentes de riqueza que con más éxito pueden crearse en España, y, sin embargo, su proceder queda apuntado en las líneas que preceden.

Consecuencia de lo anterior es que dada la misión de nuestra Comisión y dada la representación que dentro de ella ostento, me atrevo a levantar con la energía posible la voz pidiendo justicia, y al pedirla propongo a la misma considerar los asuntos que quedan expuestos y tomo resoluciones que pudieran ser de la naturaleza de las que a continuación consigno.

Primera.—Revisión de la ley de Impuestos sobre consumo de energía para alumbrado en forma de que sin perjuicio para el Erario público, sea más justa y equitativa, evite las transgresiones a que se presta la actual y no se atropelle a la industria de buena fe por actuaciones motivadas más bien por intereses particulares de la inspección que por los generales del Fisco.

Segunda.—Que la Comisión ratifique ante el ministerio de Fomento su criterio de la necesidad