La Energía eléctrica (1920-07-10 00:00:00), página 15

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL

Sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Sociedad anónima Eléctrica de San Rafael, sobre desahucio de la fábrica de electricidad que tenía arrendada a D. José del Prado y Palacio (Gacetas del 9 y 10 de abril de 1919).

Casación
(Continuación)

1.ª La incompetencia de jurisdicción, por ser convenio expreso y terminante de las partes que todas las cuestiones que se suscitaren por efecto de aquel contrato habían de ser sometidas al juicio de amigables componedores, sin que a ello fuera obstáculo la condición 15 del mismo, por lo que se sometieron los contratantes a los Tribunales de Madrid, pues solamente significaba que el juicio pactado había de tener lugar en esta corte, porque el Tribunal de amigables componedores forma parte de la ley Procesal por estar prohibido otro procedimiento mientras aquél fuera posible, porque así se deducía y lo corroboraba la estipulación 12 del contrato de 28 de enero, y además por estar ya invitado el demandante en esta corte al juicio convenido.

2.ª Improcedencia de la acción civil de desahucio, pues, aparte de ir contra lo estipulado en la condición 6.ª de la escritura, 4.ª del contrato, donde se consignó que la falta de pago daría lugar únicamente a la rescisión y pérdida de la fianza, no podía prosperar porque para ello sería preciso la demostración clara de haber faltado el arrendatario a las estipulaciones del contrato, y cuando las obligaciones reciprocas son, como en este caso, tan complejas que no es posible apreciar a primera vista su finalidad y trascendencia, no cabía el procedimiento de desahucio porque equivaldría a convertirlo en medio de obtener una rescisión sin la garantía de defensa de los juicios declarativos, conforme se hallaba sancionado por la jurisprudencia en sentencias de 2 y 29 de diciembre de 1904, declarando otra de 10 de mayo de 1910 que no cabe extender la acción de desahucio a aquellos arrendamientos en que se establecen vínculos especiales distintos de los que se derivan de esta clase de contratos, y la de 21 de julio de 1903 al determinar expresamente que hay contratos de arrendamiento, como el de aparcarla, en el que no cabe el desahucio; que en el presente caso la falta de pago no podía dar lugar al desahucio porque la Eléctrica pudo eximirse del cumplimiento del mismo pagando la pena estipulada, que podría ser modificada equitativamente conforme, determina el artículo 1.154 del Código civil; pero en el juicio de amigables componedores pactado, donde la Eléctrica pudiera acreditar que el actor faltó al contrato causando daños y perjuicios; de donde resultaría que no solamente no había que pagar renta ni perder fianza, sino obtener resarcimiento; que no existía falta de pago porque el importe del cuatrimestre vencido fue consignado el día 14 en el Juzgado de primera instancia de Jaén, y como no podía discutirse en este juicio la procedencia de la consignación, debía tenerse por hecha en tiempo oportuno; y terminó suplicando se absolviera de la demanda a la Eléctrica de San Rafael, declarando no haber lugar al desahucio, con imposición de costas:

Resultando que la parte actora replicó insistiendo en la demanda, y rebatiendo las manifestaciones hechas de adverso las concretó diciendo: que bastaba leer el artículo 1.561 de la ley Procesal para desechar toda duda acerca de la competencia, pues el conocimiento de la demanda de desahucio corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, y por tanto nunca podrán conocer de este extremo los amigables componedores; pero, además, ni se había intentado siquiera por los demandados la amigable composición, pues para esto hubiera sido preciso que previamente hubieran concretado qué cuestiones se iban a someter a su decisión, se hubiera después otorgado la escritura de compromiso y en ese momento hacer la designación de las personas que hubieran de formar el Tribunal; que la cláusula sexta de la escritura, base de la demanda, no necesitaba interpretación ni podía de ello surgir duda, tanto en la época de hacer el pago como en la forma de efectuarlo, y el argumento de que la falta de pago sólo daba lugar a la rescisión y pérdida de fianza, pero no al desahucio, conduciría al absurdo de que los demandados sólo con dicha pérdida podrían seguir ocupando el inmueble sin pagar, merced que la acción de desahucio no tenía otra finalidad que el lanzamiento de la Sociedad, sin perjuicio de que ésta pudiera ejercitar las acciones de que se creyera asistida; que lo único útil que la Electra podría alegar en contra de la demanda era demostrar que había hecho el pago en el plazo y forma convenidos; pero únicamente trataba de demostrar el intento de consignación, a todas luces improcedentes, porque para que equivaliera el pago era preciso el ofrecimiento al acreedor y que éste se negara a admitir sin razón, cosa que en el presente caso no había ocurrido, negándose a satisfacer el precio la Sociedad con el pretexto