La Energía eléctrica (1919-09-25 00:00:00), página 16

municipales de los años 1915 y 1916, y que se devuelvan a la Compañía recurrente las cantidades cobradas hasta ahora por dichos conceptos; o bien que se revocuen las dos Reales órdenes y se declare subsistente alguno de dichos arbitrios, que pudiera ser el que grava sobre el metro lineal de vía declarar ilegal el que grava sobre los postes, y ordenar la devolución de las cantidades todas que por el indicado concepto de postes haya cobrado hasta la fecha el Ayuntamiento:

Resultando que el Fiscal contestó la demanda pidiendo se absuelva de la misma a la Administración y se confirmen las Reales órdenes recurridas:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Pedro María Usera:
Vistos los artículos 72, 137, 134, 150 y 153 de la ley Municipal;
Vistos los artículos 10 y 12 del Real decreto de 15 de noviembre de 1909;
Visto el artículo 475 del Reglamento de 22 de junio de 1849:

Considerando que la primera solicitud que en la súplica de la demanda se deduce es la de que se declaren ilegales los arbitrios acordados por el Ayuntamiento y Junta municipal de Gijón, que afecta a la Compañía de Tranvías de aquella población, pretensión que no es dado a la Sala resolver, por carecer de competencia, toda vez que en materia de arbitrios municipales no se da la vía contenciosa para declarar su ilegalidad, procediendo sólo en el caso de que se discuta el agravio que se produzca al particular al aplicarle el arbitrio;

Considerando que solicitándose en segundo término la revocación de las Reales órdenes presentadas, la Compañía recurrente pues no viene obligada al pago de los arbitrios con arreglo a las cláusulas de la concesión de los tranvías, que afirma le fue otorgada a título oneroso, y además porque los dichos impuestos exceden los límites que señala la regla octava del artículo 137 de la ley Municipal, no cabe dudar que en cuanto a esta solicitud procede la vía contenciosa, ya que puede haber sido lesionado el derecho que invoca;

Considerando que con arreglo al párrafo tercero del artículo 10 del Real decreto de 15 de noviembre de 1909, en relación con los artículos 131 y 72 de la citada ley Municipal, no procede el recurso de alzada ante el Ministro de la Gobernación en los asuntos de repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de los arbitrios e impuestos para la realización de los servicios municipales; por lo que es evidente fue equivocada e improcedente la que se interpuso ante el Ministerio, de las providencias del Gobernador, y en la conveniencia nulas las resoluciones recurridas, por haber sido dictadas con incompetencia y abuso de poder, puesto que la providencia del Gobernador puso término a la vía gubernativa;

Considerando que habiendo causado estado la resolución del Gobernador civil, es indiscutible que contra la misma el recurso que procede es el contencioso ante el Tribunal provincial, conforme al explícito precepto del párrafo segundo del artículo 10 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909, recurso que la Compañía demandante, usando del derecho que concede el artículo 475 del Reglamento por que se rige esta jurisdicción se viera convenirle,

Fallamos que debemos declarar y declaramos que la jurisdicción contenciosa es incompetente para conocer del recurso en cuanto afecta a la ilegalidad de los arbitrios de que se trata, y que son nulas las Reales órdenes reclamadas del Ministerio de la Gobernación de 4 de julio de 1916 y 31 de agosto de 1917, por haber sido dictadas con incompetencia y abuso de poder; no procediendo contra las providencias del Gobernador civil de Oviedo de 8 de febrero de 1915 y 26 del mismo mes de 1916 sino el recurso contencioso ante el Tribunal provincial, que la Compañía demandante podrá interponer si viera convenirle en el plazo que se determina en el artículo 475 del Reglamento de 21 de junio de 1849.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárbara.—Alfredo de Zabala.—Carlos Greizard.—Pedro María Usera.—Manuel Velasco.—Emilio Marquina.—José Belver.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor D. Pedro María Usera, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo que, como secretario de la misma, certifico.

Madrid a 16 de junio de 1919.—Constantino Carreaga. (Gaceta de 3 de abril)