La Energía eléctrica (1921-07-25 00:00:00), página 17

industria hidráulica. En primer lugar, por el año 66 (el señor ministro de Marina, jurisconsulto eminente, me rectificará lo que haya que rectificar) se empezó por decretar que los cursos de agua eran cosa pública, eran del Estado. De ahí nace un comienzo de discusión y de preparación de una ley de Aguas. En esa discusión y en esa preparación se tuvo en cuenta, y es lógico, lo que entonces interesaba. Entonces interesaba a la nación el problema de la irrigación; en España, el problema de la irrigación es un problema de trascendencia extraordinaria (el señor vizconde de Eza puede decirlo), es de los problemas salvadores que desde el ministerio de Fomento se pueden enfocar como medio de redimir la situación difícil creada a la nación por el cúmulo de gastos que se le vienen encima motivados por sus propios servidores, que quizá no pensado ni meditando bien el resultado de su actuación, pueden haber ido más allá de lo razonable y llegar a un caso como aquel de los hijos que pidieron a su padre el trigo de la sementera para gastarlo en otras necesidades, y en años sucesivos no pudieron sembrar y se produjo la miseria absoluta de la familia. (Muy bien.)

Sigamos adelante. Por el año 79 se promulgó la ley que se llama de Aguas, ley que se enfocó casi exclusivamente hacia el problema de la irrigación. Creo que consta de 258 artículos, de los cuales, pertinentes a la parte hidráulica, a la parte mecánica del aprovechamiento de los ríos, escasamente hay seis.

No es que esto sea un argumento definitivo; pero algo quiere decir, ya que los legisladores, que realizaron un trabajo meritísimo, pensaron que necesitaban 252 artículos para regular lo referente al problema de irrigación y les bastaba con seis para el aprovechamiento mecánico de las aguas. Después de eso, la única actuación legislativa, la única intervención que las Cortes han tenido para la regulación de riqueza tan trascendental, ha tenido lugar hace tres años, debida a la iniciativa del diputado señor Méndez Vigo, ingeniero conocedor del problema, que trató de aprovechar en beneficio de la industria hidroeléctrica lo que se legislaba en favor de la industria nacional, y el dignísimo presidente de esta Cámara, mi querido amigo, recogió esas iniciativas y las perfeccionó en el Senado, y al hacerlo, consiguió una cosa de gran importancia: los saltos de agua, para su construcción, exigen la presa, el canal, la conducción forzada, la casa de máquinas y los mecanismos.

Presa.—La ley concedía el establecimiento de estribos de presa y la servidumbre correspondiente; pero no la del remanso, y esta es una grave inadvertencia, porque, como es sabido, no cabe presa sin remanso, como no puede haber cuerpo sin alma.

Segundo. No se podía expropiar el terreno del establecimiento, del edificio donde había de ponerse el aprovechamiento, y todo esto se remediable venciendo la codicia de los propietarios y mil dificultades, y muchas veces anulándose intentos de trascendencia grande para el beneficio industrial. Y entonces, digo, aprovechando la oportunidad de discutirse la ley de Protección a la industria nacional, se adicionaron dos artículos, por virtud de los cuales cabe hoy la expropiación de terrenos para embalses y para el establecimiento de las casas de máquinas y servicios anexos. Ello ha facilitado extraordinariamente el problema, pero bien poca cosa es y mucho el lapso de tiempo transcurrido antes de que en las Cámaras se haya discutido esto. Después, ya no hay nada legislado; lo que hay son Reales órdenes y un Real decreto del Sr. Cambó. ¿A qué va este Real decreto? A la necesidad perentoria que yo apuntaba algún día al señor vizconde de Eza y al propio Sr. Cambó, de que se evitara a todo trance la situación en que está la riqueza hidroeléctrica española, porque la ley de Aguas española, libérrima como producto de una época en que no se concebía más que dar facilidades a la iniciativa particular para el desenvolvimiento de la riqueza, consentía que cualquier ciudadano español o extranjero, o indocumentado en definitiva, porque no se le exigía ni la cédula personal, pidiera una concesión y obtuviera lo que un ilustre político llamaba los papelitos, y con los papelitos este buen señor empezaba a pasear por España, primero a ver si encontraba quien pagase aquellos papelitos, y por el extranjero después; era poseedor de un tramo de río que nadie podía tocar, y él se cuidaba muy bien, si en algún momento peligraba su postura por incumplimiento de alguna cláula, de buscar la ayuda de valedores políticos para torcer el intento de la Administración recta. Y gracias a que, contra lo que muchas veces se dice, nuestros funcionarios han tenido por lo general un sentido de honradez, y esas maniobras no siempre han prevalecido; muchas veces han fracasado.

Tal estado de cosas había que remediarlo. A esto han conducido algunas publicaciones que he lanzado, que han merecido por lo menos el honor de ser discutidas, lo cual indica que algo querían decir.