La Energía eléctrica (1921-03-10 00:00:00), página 14

falta de pago, por defraudación y otros análogos que tampoco comprende la Real orden última de 25 de agosto de 1920, por todo lo cual las Empresas están en su perfecto derecho a rescindir individualmente cuanto a sus intereses convenga los contratos que tengan con sus abonados conforme con las condiciones que para aquéllos se haya convenido sin que a tal medida pueda oponerse licitamente la Administración, por ser tal cuestión de la exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios como contienda de derecho privado, según se consigna en la ya citada Real orden de 12 de septiembre de 1916.

3.º El suponer que a la industria eléctrica se le puede imponer por medio de una Real orden la obligación de producir y servir el fluido contra su voluntad y contra sus intereses a determinados consumidores, aun cuando éstos sean defraudadores, representa un error jurídico de tanto bulbo que estimamos innecesario exponer razonamiento alguno en contra de él. Esto significaría por parte de la Administración la usurpación de facultades del Poder Legislativo para imponer condiciones a la contratación privada y el quebrantamiento de la ley civil, y, por consiguiente, toda Real orden dictada en esas condiciones es sencillamente absurda y repugna a las enseñanzas de la ciencia y a la idea más rudimentaria de justicia.

En su virtud, como la solución de todas estas cuestiones de puro derecho privado no cabe someterlas a organismos administrativos sin mermar ilegalmente la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, que son los únicos competentes para conocer en cada caso concreto de la eficacia, nulidad, interpretación, alcance y cumplimiento de los contratos civiles, a dichos Tribunales deben acudir, a nuestro juicio, todas las Empresas eléctricas siempre que de dichos casos se trate, porque las disposiciones administrativas, al serles aplicadas, infringirían, en vez de cumplir el art. 76 de la Constitución el segundo de la ley Orgánica del Poder judicial y el 51 de la ley de Enjuiciamiento civil. Hasta tal punto es ineficaz cuanto la Administración acuerde en aquel sentido, que en el número 1 del art. 7.º de la ley Orgánica citada preceptúa que los jueces, magistrados y Tribunales no podrán aplicar los reglamentos generales, provinciales o locales ni otras disposiciones de cualquier clase que sean que estén en desacuerdo con las leyes.

4.º Queda otra consideración a tener en cuenta respecto a la cesación en el suministro o corte de corriente a los abonados que no aceptan el pago del mínimo de consumo. Como este pacto ya hemos visto que es de la mayor legalidad y equidad, nos encontramos para la restricción del contrato en el caso de faltar a la privilegiada condición del pago, en la que tampoco pueden intervenir otras autoridades que los Tribunales ordinarios que por ser preceptivo de la ley ampararán ciertamente en su derecho de un modo particular a cuantas Empresas se encuentren en esa situación con sus abonados, sin que para nada pueda influir en el éxito de aquélla la existencia de disposiciones administrativas, que sólo de un modo supuesto e injustificado se puede sostener que procede aplicarla a estos casos y otros parecidos que son privativos de los contratos del orden civil.

Hemos creído que pudiera ser de algún interés, sobre todo para las pequeñas centrales, que no tienen medios de asesorarse en esta cuestión del mínimo de consumo, el publicar cuanto antecede, para que sin temor alguno puedan implantar el referido mínimo de percepción, si entrara en sus cálculos el hacerlo.

A. de la V.

Servidumbre de paso de corriente eléctrica en el interior de las poblaciones

Sentencia confirmando la resolución administrativa apelada en vía contencioso-administrativa, pendiente ante esta Sala en única instancia entre partes, de la una como demandante, la sociedad Energía Eléctrica de Cataluña, representada por el procurador D. Eduardo Morales y la otra como demandada, la Administración general del Estado y en su nombre el fiscal, sobre revocación o subsistencia de la Real orden del ministerio de Fomento de 12 de noviembre de 1918 referente al establecimiento de una estación transformadora de energía eléctrica en San Felú de Guixols;

Resultando que la Sociedad anónima Energía Eléctrica de Cataluña solicitó del gobernador civil autorización para instalar en San Felú de Guixols una estación transformadora de energía eléctrica de 22.000 voltios a 210 y una red aérea de distribución con destino al alumbrado y fuerza motriz;

Resultando que tramitado el expediente conforme al Reglamento de 7 de octubre de 1904 y Real decreto de 26 de abril de 1918, según expresan los antecedentes, reclamó durante el período de informa-