La Energía eléctrica (1921-10-25 00:00:00), página 7

Esta distinción prueba y confirma que evidentemente el legislador no ha tratado de invadir la esfera comercial, libre de las industrias eléctricas y que sus disposiciones, aparte de asegurar el elemental deber de velar por la seguridad de los ciudadanos sujetando las instalaciones en regla determinada, únicamente se refieren a los intereses cuya custodia no incumbe a los particulares, cuales son los servicios públicos.

En este criterio y doctrina están basadas varias sentencias del Tribunal Contencioso que estatuyen jurisprudencia sobre el particular, entre otras la de 27 de marzo de 1894, Gaceta del 25 de septiembre, en cuyo penúltimo considerando se declara: «Que los Ayuntamientos se exceden en sus atribuciones al conceder a una Empresa privilegios exclusivos que sean opuestos al principio de la libertad de industria.»

Esta autorizada declaración es tan terminante que excusa todo comentario.

F) Base racional y legal del aumento de precios e improcedencia de las disposiciones contrarias al mismo y a la libertad de contratación.

De las causas generales expuestas, que han ocasionado el encarecimiento de la producción en general, no han podido substraerse las industrias dedicadas a la de energía eléctrica, que, utilizando elementos afectados por la subida general de precios, habían de determinar y han determinado forzosamente un encarecimiento de la electricidad.

De ahí aparece indudable la improcedencia de toda disposición de las autoridades, tales como, por ejemplo, las Reales órdenes de 25 de marzo y 14 de agosto últimos, en cuanto tienden a impedir que las Sociedades de electricidad eleven los precios del fluido, poniéndolos en consonancia con las actuales condiciones del mercado, y en cuanto limiten la libre contratación imponiendo en determinados casos el suministro obligatorio, sin tener en cuenta siquiera la influencia económica que, aun permitiéndolo los medios técnicos, pueda tener un abonado sobre la explotación de una Compañía, imponiéndole injustamente privaciones y contrariando muchas veces su plan de explotación.

Toda medida contraria a la necesidad de poner los precios del fluido eléctrico en consonancia con la corriente general repugna a la sana razón y conduciría indefectiblemente a una situación de desequilibrio económico manifiesto, de tal manera que la ruina de las Empresas eléctricas sería de todo punto inevitable y fatal.

Es forzoso, por la ley lógica e ineludible, que todos los seres que han de vivir se adapten al medio ambiente en que han de actuar.

Y claro está que teniendo las Compañías de electricidad, constituidas al amparo de las leyes positivas para la producción y suministro de energía eléctrica, indudable derecho a su vida industrial y económica, tienen asimismo evidente derecho a ponerse en condiciones adecuadas para continuar su existencia.

A igual conclusión lógica conduce el axioma jurídico de que, donde existe la misma razón debe darse la misma regla de derecho, por lo que es indiscutible que si el Gobierno ha reconocido la necesidad y conveniencia de autorizar y consentir los aumentos en todos los contratos con particulares para obras o servicios del Estado, se impone la necesidad y conveniencia de no oponerse a los justos aumentos propuestos por las Compañías de electricidad.

En este sentido, y por analogía, es conveniente mencionar la resolución dictada por el Consejo de Estado francés con fecha 30 de marzo de 1916, que, en mérito de pleito seguido entre la Cie. d'Eclairage y la municipalidad de Burdeos, autoriza la revisión de los contratos cuya economía se encuentra absolutamente trastornada, por circunstancias extraordinarias. He aquí los fundamentos de dicha resolución: