La Energía eléctrica (1921-03-10 00:00:00), página 15

ción pública, D. Diego Roura Maramitjana, como gerente de la Compañía de Electricidad de San Feliú de Guixols, alegando varias deficiencias en la tramitación de aquel expediente, y especialmente que por acuerdo firme del Ayuntamiento de San Feliú de Guixols, de fecha 30 de noviembre de 1915, se dispuso que «las canalizaciones eléctricas que en lo sucesivo se establezcan en la ciudad, deberán ser por el sistema subterráneo», y que estaba conforme con las atribuciones conferidas por la ley Municipal de la Corporación y con la doctrina de la sentencia de esta Sala de 18 de febrero de 1905;

Resultando que el alcalde de San Feliú de Guixols al devolver el edicto a que se refiere el art. 13 del Reglamento citado, manifestó que la Corporación municipal en su sesión de 15 de febrero de 1916, acordó por unanimidad denegar a la Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña la autorización solicitada en razón a la condición precisa del acuerdo de carácter general adoptado el 30 de noviembre de 1915 y que siendo firme dicho acuerdo del 15 de febrero, porque si bien se recurrió en alzada ante el Gobernador de Gerona, lo desestimó en 28 de junio de 1916, de conformidad con el dictamen de la Comisión provincial, procedía que la Sociedad, para hacer viable su proyecto, lo modificase en el sentido de convertir en subterránea la red aérea en lo que afectaba al Municipio en su parte urbanizada;

Resultando que en el expediente figura—se dice—como informe del Ayuntamiento el dictamen emitido por la Comisión de Fomento aprobado por unanimidad en la sesión del 14 de septiembre de 1916, en el que se citan el acuerdo de 30 de noviembre de 1915, la ley Municipal, la sentencia de 18 de febrero de 1905 y el acuerdo de 15 de febrero de 1916, terminando con la conclusión de que para autorizar la instalación solicitada por la Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña era preciso que sustituyese el sistema de conducción aérea por el subterráneo y que los nuevos planos, en expediente separado, se sometiesen a la aprobación del Municipio, quedando después la inspección de las instalaciones a cargo del facultativo municipal;

Resultando que la Sociedad recurrente, al contestar al escrito de reclamación de la Compañía de Electricidad de San Feliú de Guixols, manifestó en cuanto a las deficiencias del expediente, que la Jefatura de Obras públicas a quien correspondía hacer la declaración según el art. 12 del Reglamento de 7 de octubre de 1904, había encontrado suficiente la documentación y en cuanto a las atribuciones del Ayuntamiento que no era precisamente por un acuerdo municipal la forma de regular las instalaciones en el interior de las poblaciones, sino por las Ordenanzas municipales, por lo que solicitó del gobernador la prosecución del expediente;

Resultando que el ingeniero que efectuó la confrontación, dictaminó en sentido favorable a lo solicitado, en beneficio de la población y por las dificultades insuperables que suponía la red subterránea, entendiéndolo, por el contrario, el ingeniero jefe que no procedía conceder autorización en la forma proyectada, conforme a lo dispuesto en la Real orden de 11 de marzo de 1918, que reservó a los Ayuntamientos la facultad de imponer condiciones a las redes de distribución urbanas;

Resultando que la Comisión provincial con los mismos fundamentos legales que los aducidos por el Ayuntamiento, informó en contra de la autorización solicitada por la Sociedad recurrente y propuso se eleve el expediente a resolución definitiva del ministerio de Fomento, conforme al Real decreto de 26 de abril de 1918;

Resultando que el ministro de Fomento, por Real orden de 12 de noviembre de 1918, acordó «no conceder» a la Sociedad anónima Energía Eléctrica de Cataluña la autorización solicitada para el establecimiento en la ciudad de San Feliú de Guixols de una estación transformadora de energía eléctrica, y de una red aérea de distribución de la misma, con destino a alumbrado y fuerza motriz, pudiendo dicha Sociedad, si lo creía conveniente, solicitar el establecimiento de tal instalación, pero subterránea, presentando al efecto con la instancia, el proyecto correspondiente para su debida tramitación, siendo fundamento de esta resolución, que tanto el informe del ingeniero jefe como el de la Comisión provincial, estaban bien fundamentados y que la Real orden de 11 de marzo de 1918, en caso análogo, había reconocido y aceptado el acuerdo del Ayuntamiento de 30 de noviembre de 1915 ya citado;

Resultando que contra esta Real orden interpuso recurso contenciosoadministrativo la Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña, representada por el procurador D. Eduardo Morales, que formalizó oportunamente su demanda con la súplica de que se declare nula dicha resolución y en su lugar se conceda a la Sociedad la autorización solicitada;

Resultando que emplazado el fiscal contestó la demanda suplicando se absolviera de la misma a la Administración del Estado con imposición de costas a la parte actora;

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Carlos Vergara;

Visto el art. 2.º de la ley de 23 de marzo de 1900 que dice: «Corresponde otorgar y decretar la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica: al ministro de Fomento cuando hayan de sufrir la servidumbre de paso las carreteras y canales del Estado, los cauces de dominio públicos, las vías férreas y en todos los casos en que afecte directa o indirectamente a cualquier obra pública o se trate de líneas conductores de energía eléctrica que se extiendan a más de una provincia; al gobernador de la provincia en todos los demás casos; pero oyendo a las Diputaciones provinciales o a los Ayuntamientos, si se trata de conducción de energía eléctrica que afecte a obras provinciales o municipales respectivamente»;

Vistos los artículos 8.º y 27 del Reglamento de 7 de octubre de 1904 que expresan: «Art. 8.º Corresponde decretar la servidumbre forzosa de paso y otorgar las concesiones o autorizaciones para establecer instalaciones eléctricas: Al ministro de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas, cuando las instalaciones en su totalidad o parcialmente utilicen o afecten directa o indirectamente a obras del Estado, como son carreteras, pantanos, canales, ferrocarriles, puertos, etc., o a terrenos de dominio pú-