La Energía eléctrica (1920-11-10 00:00:00), página 2

Comité de electricidad (Décret et arrêté de 11 febrero 1919), la Comisión para la distribución de energía eléctrica (arrêté de 13 y 14 feb. 1919) (1), etc.: a estos organismos, aunque de tan reciente creación, se deben estudios de conjunto de un valor inestimable, tales como unas estadísticas completas y fidedignas de los saltos de agua utilizables, y cuya energía se ha valuado en unos 9.000.000 de HP, de los que están instalados 1.165.600 (770.000 efectivos), una estadística y plano de las centrales y redes, y un plan completo de organización de la energía, que sirvió de preparación a la ley de Utilización de la energía hidráulica de 17 de octubre y de 31 del mismo mes (2) completadas y corregidas más tarde por varios decretos, arrêtés y circulares, que sustituyen, en parte, o modifican las antiguas leyes de 17 de octubre de 1907 y su modificación de 1912, en el sentido de orientarlas hacia una organización o, mejor, nacionalización.

No es aventurado suponer que, aunque estas comisiones de estudio acababan de nombrarse, y sólo tenían empezados los trabajos, hoy en gran parte publicados (3); la autoridad y la competencia de muchos de sus miembros tuviese una gran parte en el proyecto de ley de 2 de septiembre de 1919, presentado a la Cámara y adoptado sin discusión, primer documento oficial (si no me engaño) en que el Gobierno francés se declara abiertamente decidido a lanzarse a la ejecución de una red nacional de transporte eléctrico (4).

El texto del proyecto, notable a nuestro propósito, es el siguiente: 1.º, añadir al artículo 3.º (de la ley de 15 de junio de 1906, sobre distribución de energía eléctrica) un artículo 3 bis, concebido en estos términos (5):

«Con el fin de asegurar una utilización más completa y una mejor repartición de la energía eléctrica, sea hidráulica, sea térmica, el Estado, si no toma por sí mismo la iniciativa, podrá obligar a los productores, y si es preciso a los distribuidores de la energía, a los departamentos, Ayuntamientos y servicios públicos de una región, a constituir bajo su dirección y si es preciso con su concurso financiero, un organismo colectivo especial que se ocupe en construir y explotar una red de líneas de transporte a alta tensión, destinadas especialmente a unir las grandes centrales productoras entre sí y con las subestaciones de transformación, de donde partirán las líneas de distribución. Un convenio especial fijará las tarifas máximas del peaje que dicho organismo colectivo será autorizado a percibir de los que utilicen la red, y que serán obligados a usar todos los productores y consumidores para el transporte de su energía. Los prefectos no pueden conceder pasos de líneas o concesiones a nombre del Estado en dicha región, sino cuando ellas puedan ser suplidas por dicha red de transporte, y las obligaciones que se les impongan habrán de tener en cuenta la existencia de aquélla y las condiciones de su funcionamiento» (6).

(1) R. G. E., V, 359.
(2) R. G. E., VI, 497, 649.
(3) Rue Madrid, 7, Paris (8) Société Hydrothécnique.
(4) Génie Civil, 4 octubre 1919, pág. 323, con un comentario por G. Tochon.
(5) El 8 de mayo de 1919 fué presentado a la Cámara inglesa un proyecto análogo, y fué votado el 26 de noviembre, después de seis meses de discusión y profundas modificaciones. La Cámara de los Lores lo recibió mal y lo volvió a modificar y envió a la Cámara de los Comunes, que lo votó en 22 de diciembre. La discusión no versaba sobre la cosa misma, sino sobre los procedimientos. Las Cámaras no quisieron aceptar la imposición burocrática y optaron por la cooperación voluntaria entre las Empresas ya existentes, pudiendo sólo en defecto de ella proceder el Gobierno a la imposición de las instalaciones necesarias para unificar la red. El Estado sólo anticipará para los gastos 20 millones de libras, en vez de los 25 que proponía el Gobierno. Véase R. G. E., 20 y 27 marzo 1920; G. C., 17 abril 1920.
(6) El sentido de estas últimas líneas, a pesar de su obscuridad, parece ser éste; así a lo menos se desprende de las circulares y decretos, mediante los cuales el Gobierno ha comenzado a poner en práctica su pensamiento, aun antes de la votación definitiva de este proyecto como ley.