La Energía eléctrica (1920-09-25 00:00:00), página 15

Jurisprudencia. Sobre el concepto de patrono, según el Tribunal Supremo

El art. 1.º de la ley sobre Accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900 dice que se entiende por patrono el particular o Compañía propietaria de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste, y por operario, todo el que ejecute habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena.

Pero el Tribunal Supremo ha dado mayor extensión al concepto legal de patrono, pues en sentencia de la Sala de lo Civil de 14 de octubre de 1919 (Gaceta de 19 de diciembre), se dice que apareciendo de los hechos estimados, como probados en la sentencia recurrida, que D. M. encargó expresamente al marido de la recurrente que le acarrease a su casa un carro de remolacha que había comprado en la huerta en que aquél prestaba sus servicios, y al verificarlo fué atropellado por el carro, lo que le ocasionó la muerte, es manifiesto que ocurrió el accidente con ocasión y por motivo del trabajo manual que es ejecutaba por cuenta ajena, y al prestar el servicio que se le había encomendado, y teniendo en cuenta que las leyes sociales, como la de 30 de enero de 1900, por su letra y espíritu han de interpretarse en un sentido amplio por ser de privilegio para los obreros, ha de reconocerse en aquellos hechos la relación jurídica de obrero a patrono entre la víctima de aquél accidente y el patrono demandado por la viuda de aquél, relación que da lugar a la obligación en el patrono de indemnizar, y a la representación legal del siniestrado el derecho a reclamar la indemnización correspondiente.

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL

Sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Sociedad anónima Eléctrica de San Rafael, sobre desahucio de la fábrica de electricidad que tenía arrendada a D. José del Prado y Palacio (Gacetas del 9 y 10 de abril de 1919).

Casación

(Conclusión)

Visto, siendo ponente el magistrado D. Álvaro Pareja:

Considerando que sin necesidad de acudir a la interpretación, la simple lectura de los contratos de 16 de octubre de 1912 y de 28 de enero de 1915 permite establecer por modo indudable, en primer lugar, que en ellos no se encuentra estipulación expresa por la que el arrendador renuncie al ejercicio en la acción de desahucio en su caso, cual parece natural existiera si tal hubiera sido la intención de los contratantes en punto tan importante, y en segundo término, que la cláusula cuarta del último, de la que el recurrente pretende derivar esta renuncia, tampoco la contiene implícitamente, pues se concreta a limitar los efectos de la falta de pago a la rescisión del contrato y pérdida de la fianza, pero no restringe ni merma los medios que la ley otorga al arrendador, precisamente para conseguir aquélla, por lo que conce- diéndole el número segundo del artículo 1.569 de la ley de Enjuiciamiento civil a aquel efecto la acción de desahucio, en el caso de falta de pago del arriendo, y no pudiendo este juicio estar sometido al fallo de amigables componedores, la Sala sentenciadora, al rechazar la excepción de incompetencia fundada en los expresados contratos, no infringe lo estipulado ni incurre en los errores de hecho y de derecho que le atribuye el motivo primero del recurso:

Considerando en cuanto al segundo motivo que alegada por el demandado para enervar la acción de desahucio la excepción de pago, fundada en las diligencias de consignación por él instadas ante el Juzgado de primera instancia de Jaén, quedó sometida, por voluntad del propio recurrente, al que entendía en el presente juicio, la apreciación y decisión de si tal consignación equivalía al pago cual aquél pretendía, o si carecía de esta eficacia, como alegaba el actor, por lo que al resolver la Sala esta cuestión a ella sometida y perfectamente pertinente, en el presente juicio no infringe los artículos 53, 1.811 y 1.823 de la ley Ritiaria que el recurrente supone infringidos: