La Energía eléctrica (1921-06-25 00:00:00), página 14

Bonos a veinte años, al vencimiento de 1 de mayo de 1941, con interés a razón de 5 por 100 anual, pagaderos por trimestres vencidos, en 1 de agosto, 1 de noviembre, 1 de febrero y 1 de mayo de cada año, por medio de cupones que llevan unidos los títulos; 10.000 de la serie A, de a 100 pesetas cada uno, números 1 a 10.000; 12.000 de la serie B, de a 500 pesetas cada uno, números 1 a 12.000, y 28.600 de la serie C, de a 5.000 pesetas cada uno, números 1 a 28.600, importantes en junto 150 millones de pesetas.

Considerados los mencionados Bonos para el Fomento de la Industria Nacional, con carácter de efectos públicos, según el expresado Real decreto e ingresados en la Tesorería Central, al objeto de irlos entregando al Banco de Crédito Industrial, conforme vaya realizando operaciones en el Establecimiento en la forma determinada por la ley de Auxilio a las industrias de 2 de marzo de 1917 y reglamento para su ejecución, podrán salir a la contratación pública cuando el ministerio de Hacienda se sirva dar la autorización determinada en el reglamento de la Bolsa de Madrid y en la proporción que vaya determinando este Centro directivo por comunicación a las Bolsas oficiales.

Madrid, 14 de junio de 1921.—El Director general del Tesoro, Juan Ródenas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto suspendiendo la aplicación de la ley de Aguas de 13 de junio de 1879 en lo referente a concesiones a perpetuidad sobre aprovechamientos para fuerza motriz y usos industriales.

EXPOSICION

Señor: La ley de Aguas vigente no previó en realidad la utilización de las corrientes de los ríos para producir fuerza hidráulica que, transformada luego permite transportar a largas distancias la energía eléctrica. En pocos años se ha desarrollado esa gran industria en términos que ha obligado a todos los pueblos a regular la manera de otorgar las concesiones y las condiciones a que han de ajustarse atendiendo a la influencia que en el desarrollo industrial tienen y han de tener aquéllas. Mediante disposiciones de carácter administrativo se han adoptado algunos de los preceptos de la ley de Aguas, a la especialidad de esos aprovechamientos; pero en la práctica se advierte la dificultad de que la falta de claridad de preceptos legislativos y la timidez de los que gubernativamente se han dictado, no permiten regular tales aprovechamientos en forma adecuada a las necesidades presentes y a las que se deben prever para lo futuro.

Sin perjuicio de que mediante una ley se establezca el régimen de tales concesiones, el Gobierno ha considerado que para poder otorgarlas se hace precisa una disposición que, modificando las vigentes, se aplique, desde luego, a las concesiones en curso y a las que puedan solicitarse. Cuando la ley de Aguas al hablar de las concesiones para aprovechamientos de aguas públicas, determina que tendrán el carácter de perpetuidad, si se otorga para establecimientos industriales, es evidente, como queda dicho, que no pudo prever la construcción de los grandes saltos de aguas, por lo que la reforma que se propone a V. M. consiste, en primer término, en limitar el tiempo de la concesión, y se ha considerado, estudiadas las legislaciones de otros países, muy suficiente el de sesenta y cinco años para poder amortizar el capital empleado en la construcción y explotación, y obtener rendimientos importantes. Al expirar este plazo pasarán al Estado todas las construcciones e instalaciones, y el conjunto de concesiones representará un acrecimiento extraordinario del patrimonio nacional, en no lejano tiempo. Asimismo se ha considerado, teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas por otros países, que, en concesiones de tanta importancia para la economía nacional, había de limitarse la facultad de construcción y explotación a los españoles o Sociedades constituidas y domiciliadas en España, y que los materiales empleados en la construcción, y la maquinaria que se instale, sean de producción y fabricación nacional, a menos que se demostrara debidamente la imposibilidad de ello. También se ha procurado dar facilidades a los Municipios en cuyos términos se encuentren situados los aprovechamientos, para obtener al menos una parte de la energía eléctrica que se produzca en los saltos de agua a precio económico y con destino siempre