La Energía eléctrica (1921-02-25 00:00:00), página 14

a su voluntad la ruina de cualquier Empresa por poderosa que fuese con sólo obligarla a poner a su disposición de un modo continuo un fluido que no ha de consumir ni pagar porque nada se registra en su contador. No puede decirse, por tanto, sin cometer una injusticia que no es moral, ni equitativo, ni está justificada la necesidad de que las Compañías de electricidad pacten y convengan unas con otras y con sus abonados el consumo de una cantidad limitada de energía por la imperiosa necesidad que proviene de la naturaleza especial del servicio que prestan.

Queda estudiada la cuestión del mínimo de contratación y demostrado hasta la saciedad, no sólo que tal condición es de la más estricta legalidad y equidad sino también de absoluta necesidad para que puedan subsistir las Empresas de energía eléctrica, pero a pesar de esto, que es de una claridad meridiana, hay autoridades poco escrupulosas que a diario pretenden privarlas de su reconocido derecho a que figure como una condición de los contratos de suministro y, para ello se valen en otro orden de ideas distinto del expuesto del fútil pretexto de que el establecimiento de un mínimo de consumo significa un aumento en las tarifas que regulan el precio del fluido, aumento que dicen no puede llevarse a cabo sin autorización de la Junta provincial de Subsistencias en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 24 de marzo de 1920 en relación con otros preceptos de la ley de Subsistencias y de su Reglamento que, cual la Real orden citada, no son ni pueden ser en modo alguno de aplicación al caso de que se trata, como vamos a demostrar en los apartados siguientes:

A) Aparte de que ninguna condición relativa al mínimo de contratación que las Compañías se ven forzadas a imponer a sus abonados por las razones ya expuestas y en virtud de su indiscutible derecho, no representan ni pueden considerarse en modo alguno, sin padecer una ofuscación o error lamentable como un aumento de precios, aparte esto, repetimos, la Real orden ya citada de 25 de marzo último no es de aplicación general, sino que, por el contrario, se dictó para un caso concreto para el de la Sociedad Unión Eléctrica Madrileña y la Cooperativa Electra Madrileña en virtud de instancia elevada por el Alcalde de Madrid al ministerio de Fomento teniendo su origen en que la Cooperativa aceptó un concierto económico con el Ayuntamiento en el que se obligó a mantener el tipo de 0,60 pesetas por kilowatio-hora como tarifa máxima del fluido eléctrico.

B) Que la expresada Real orden es de aplicación solamente al caso particular citado, no hay que esforzarse para demostrarlo; basta para convencernos de que estamos completamente en lo cierto con que la transcribamos aquí para que sobre el texto de la misma pueda verse lo que en ella se dispuso y la imposibilidad de interpretarlo en el sentido general que torcida e indebidamente se le pretende dar. Las partes dispositivas de dicho texto son las dos siguientes:

Primera. Que se remita a V. E. (se refiere al gobernador civil de Madrid) el escrito del Ayuntamiento de Madrid de que se ha hecho mérito a fin de que con toda urgencia se sirva reunir a esa Junta de su digna presidencia y previo el informe de los señores vocales asesores y de los dictámenes de cuantos elementos técnicos estime conveniente conocer respecto del particular, y oyendo también a la industria interesada acuerdo si a su juicio procede o no proponer precio regulador dentro del término municipal de esta Corte para la venta del fluido eléctrico en sus distintas aplicaciones y en su caso al tipo que debe fijarse al efecto; y

Segunda. Que se sirva V. E. comunicar a las Sociedades a quienes afecta la cuestión (la Cooperativa Electra Madrileña y la Unión Eléctrica Madrileña) que se abstengan de elevar el precio del suministro del fluido eléctrico que producen interin no recaiga resolución en la propuesta que ha de elevar esa Junta en cumplimiento de lo previsto en el apartado precedente, previniéndolas a la vez que por cada infracción que cometan a lo dispuesto en la presente Real orden le serán exigidas las responsabilidades que determina la vigente ley de Subsistencias y sus disposiciones complementarias.

Esta Real orden, a mayor abundamiento de lo que hemos dicho con referencia a su texto, ha sido dirigida expresamente al gobernador civil, presidente de la Junta de Subsistencias de Madrid, y por tanto, en nada afecta a los de las demás provincias ni aun a las demás Empresas de la corte fuera de las dos expresadas, pues se ordena comunicárselas a ellas únicamente como puede verse en la Gaceta del 25 de marzo de 1920.

C) No afectando, según hemos visto, la Real orden que queda copiada sino simplemente a las dos Empresas de que dejamos hecha referencia y aun a éstas por razón solamente de sus convenios particulares con el Ayuntamiento, según se consigna en el preámbulo de la Real orden, es un evidente error de