La Energía eléctrica (1919-07-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XVI        Madrid 10 Julio de 1919        Núm. 13

SALA DE LO CONTENCIOSO

Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, declarando la incompetencia de la Administración pública, en las cuestiones que surgen con los abonados por aplicación de las condiciones del contrato.

Antecedentes del recurso.

Las Centrales de Electricidad de Castellana y Buenavista, avisaron a su abonado D. Tomás Martín, que no les convenía seguir prestando el servicio eléctrico que con él tenían contratado por tiempo indeterminado, y transcurrido el plazo determinado en el aviso, y en uso del derecho consignado en el contrato, cortaron el servicio, a pesar de la oposición del abonado y de hallarse éste al corriente en el pago de sus recibos.

El Gobernador civil, primero, y el ministro de Fomento, después, estimaron de acuerdo con el Consejo de Estado, y en contra de los informes emitidos por la Verificación Oficial y Asesoría de aquel Ministerio, que, por tratarse de un verdadero servicio público; de lo dispuesto en los artículos 38, 42 y 43 de las instrucciones reglamentarias sobre Verificación oficial; de la doctrina que informa las circulares de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio de los años 1905 y 1906; y de lo consignado en el preámbulo del Real decreto de 25 de Octubre de 1907, y en la Real orden de 9 de Noviembre del mismo año, procedía se repusiese por las Centrales el suministro de energía eléctrica a D. Tomás Martín, e impusieron a ésta una multa de 125 pesetas.

Interpuesto el oportuno recurso contencioso contra la indicada Real orden del Ministerio de Fomento, la Sala tercera del Tribunal Supremo, ha dictado con fecha 12 de Abril, la sentencia siguiente:

Sentencia.

En la villa y Corte de Madrid, a 12 de Abril de 1919; en el recurso contencioso-administrativo que ante Nos pende, en única instancia entre el director gerente de las Centrales de Electricidad de Castellana y Buenavista de Madrid, demandante, representado por el Procurador D. Manuel Cardenal, y el Fiscal, a nombre de la Administración general del Estado, demandada, sobre revocación o subsistencia de la Real orden dictada por el Ministerio de Fomento en 21 de Mayo de 1917, en expediente sobre imposición de multa y suministro de fluido eléctrico.

Visto, siendo Ponente el Magistrado de este Tribunal, D. Camilo Marquina.
Visto el artículo 76 de la Constitución de la Monarquía.
Visto el artículo 2.º de la ley Orgánica del Poder judicial.
Visto el artículo 51 de la ley Enjuiciamiento civil.
Vistos los artículos 1.º y 2.º de la ley de 25 de Junio de 1894, sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Considerando que al establecer el sentido y alcance del artículo 42 del Real decreto de 7 de Octubre de 1904, la Administración activa discutió primero, y resolvió después que las Centrales denominadas de la Castellana y Buenavista, no podían, aun después de las diferencias que habían tenido con don Tomás Martín, privar a éste de la corriente eléctrica que se habían obligado a suministrarle.

Considerando que aquel acuerdo recayó sin tener en cuenta para nada, las relaciones jurídicas que mediaban entre las Sociedades y el abonado, nacidas del contrato de suministro de aquel fluido celebrado entre ambas partes; que la interpretación, la eficacia y las derivaciones de este contrato de carácter