La Energía eléctrica (1922-03-10 00:00:00), página 16

que se supriman los dos últimos apartados del artículo y que se sustituyan con el siguiente:

Tratándose de personas, Sociedades o Corporaciones que se dediquen a la producción y distribución de fluido eléctrico, la participación del Ayuntamiento por razón de este arbitrio, no podrá en ningún caso exceder del 25 por 100 de la contribución señalada a las mismas industrias en la tarifa de la contribución industrial correspondiente al Estado.

Art. 10. El art. 10 y el siguiente demuestran que el Ayuntamiento está convencido de que el arbitrio es ilegal, y que, en definitiva, la Superioridad no autorizará su aplicación a las Empresas que, como la Compañía que suscribe, tiene ya construidas sus líneas o canalizaciones.

Pero al margen de este convencimiento apunta el propósito de obligar a todas las Empresas de servicios públicos ya constituidas a que se sometan al pago del arbitrio o a que dejen de existir.

Al efecto, en las Ordenanzas se establecen tres preceptos que son tres coacciones formidables, encaminadas a que las Compañías presten su aceptación al arbitrio y tengan que aceptar por sumisión lo que no se les podría exigir en forma legal.

Vamos a demostrarlo en forma concluyente:

Primera coacción: En el apartado letra C se dispone que se declarará la caducidad a partir de la entrada en vigor de dicha ordenanza de todas las concesiones a precario que están en contradicción con la misma.

Un acuerdo tan radical que puede causar una perturbación enorme en el funcionamiento de varios servicios públicos, sólo puede estar inspirado en el propósito de ejercer una coacción sobre las Empresas para obligarlas a que presten su aceptación a un arbitrio notoriamente injusto.

Segunda coacción: En el apartado letra D, el Ayuntamiento se reserva el derecho de imponer a las Empresas la forma de gravamen establecida en las Ordenanzas al establecer cualquier línea o canalización o al conceder a las Empresas algún permiso relativo al suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública.

Ninguna disposición legal autoriza al Ayuntamiento para imponer a las Empresas constituidas la forma de gravamen establecido en las Ordenanzas, cuando se vean obligadas para atender a un servicio público a solicitar algún permiso del Ayuntamiento. De admitirse dicho criterio, las Compañías de electricidad se verían en el caso de no poder cumplir las disposiciones de las Reales órdenes recientemente publicadas, que ordena que no podrán suspenderse el suministro de fluido a los particulares que lo soliciten. De prevalecer lo dispuesto en dicha letra, las Compañías no podrían hacer suministro si el Ayuntamiento negase el permiso que se solicitare para realizar la acometida indispensable para la prestación del servicio. Se infringiría, conforme se demostrará más adelante, el párrafo 3.º del art. 69, que exige el consentimiento de la Empresa interesada para establecer dicha forma de gravamen.

Por esto precisa que en este artículo se supriman los apartados letras C y D, por estar en completa oposición con el proyecto de Exacciones locales, tantas veces mencionado, y que se adicione en el sentido de que es de obligatoria observancia las disposiciones contenidas en los artículos 67 y 68 de dicho proyecto de ley.

Art. 11. Letra B.—Tercera coacción: En este artículo se dispone que la Alcaldía denegará, a partir de 1 de abril de 1921, toda suerte de permisos y facilidades relativos al aprovechamiento de la vía pública por parte de las Empresas que, debidamente requeridas, no acepten la implantación con carácter general de la ordenanza y que no podrán extender sus servicios más allá de los límites actuales, quedando retirados todos los beneficios de carácter extracontractual de que disfruten.

Al determinar el párrafo 3.º del art. 69 del proyecto de ley de Exacciones locales que se requiere el consentimiento de la Empresa interesada para establecer dicha forma de gravamen, se parte de la base que dicho consentimiento ha de ser voluntario, sin que pueda el Ayuntamiento coaccionar moralmente a las Empresas para obligarlas a tener que prestar el consentimiento, o, de lo contrario, verse imposibilitadas de poder ejercer libremente su industria.

(Continuara.)