La Energía eléctrica (1919-08-25 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XVI        Madrid 25 Agosto de 1919        Núm. 16

Cuestiones Jurídico-Industriales.—La hipoteca sobre las concesiones de saltos de agua

V II

Quedábamos en el anterior artículo en que nuestra legislación permite la inscripción de las concesiones de saltos de agua.

Sabido es que todo lo hipotecable es inscribible en el Registro, ya que sin estar inscrito no puede ser hipotecado. Pero no todo lo que es inscribible se puede hipotecar.

El aprovechamiento de un salto de agua, ya sea adquirido por prescripción o por concesión, ¿se puede hipotecar?

Sin duda alguna. No estando comprendidos los aprovechamientos entre las cosas no hipotecables que determina la ley, y siendo, por el contrario, la naturaleza jurídica de estos aprovechamientos la de bienes inmuebles, son hipotecables, ya que el artículo 106 de la ley determina que sólo podrán ser hipotecados los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes impuestas sobre los bienes inmuebles.

Mas esta regla absoluta hálase condicionada para determinados casos, por la naturaleza especial que tienen muchos de los inmuebles o derechos reales sujetos a la hipoteca. Así la ley ha cuidado de decir que hay inmuebles hipotecables, pero con las restricciones que ella misma expresa.

Entre ellos figuran como hipotecables con restricciones: «Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real, siempre que quede a salvo el de los demás partícipes en la propiedad» (1).

Tenemos, pues, que se puede hipotecar todo aprovechamiento de aguas, sin más que no lesionar con la hipoteca el derecho de otros partícipes, pero como las concesiones administrativas de aprovechamiento en muchos casos se refieran a servicios públicos, de aquí nace una buena restricción, que es la que la ley señala al declarar hipotecables «los ferrocarriles, canales, puentes y otras obras destinadas al servicio público, cuya explotación haya concedido el Gobierno por diez o más años, y los edificios o terrenos que, no estando directa y exclusivamente destinados al referido servicio, pertenezcan al dominio particular, si bien se hallen agregados a aquellas obras, pero quedando pendiente la hipoteca en el primer caso de la resolución del derecho del concesionario». Lo que más brevemente, puede decirse así: «Extinguido el derecho del concesionario, se extingue la hipoteca sobre la concesión.»

Uno de los grandes defectos que se achacan a la ley de Aguas es el que las concesiones para usos industriales se hagan a perpetuidad, y sin embargo, podrá negarse que esta seguridad en la permanencia del disfrute de tal derecho es un elemento para favorecer el crédito hipotecario, que tantos beneficios puede reportar a las empresas de modestos recursos ¿Por qué, pues, restar factores de crédito que pueden llevar a que todos utilicen las riquezas naturales de la nación? ¡Por algo todos los proyectos que se vienen elaborando en Francia sobre aprovechamientos hidráulicos tienden a dar al concesionario una mayor estabilidad en el disfrute de la concesión, sustituyendo con esto el régimen de permissionarios eventual y precario!

Pero hay, en cambio, otro modo de llegar a la resolución del derecho del concesionario, con evidente perjuicio del acreedor hipotecario: el caso de no hacer uso de la concesión durante el tiempo fijado en la ley.

Entendemos que éste es uno de los puntos que deben ser modificados para mayor garantía de la hipoteca y, por consecuencia, para fomento del crédito hipotecario tan necesario en el comienzo de las explotaciones industriales, porque es evidente: donde la garantía peligra, el crédito, o no se facilita, o llega en condiciones onerosísimas.

Por lo común, no es de suponer que facilitados a un concesionario los medios económicos para emprender la obra, sean éstos empleados en otros fines y abandonada aquélla, llegue en su día la caducidad de la concesión y, por consiguiente, la resolución del derecho del acreedor hipotecario, que queda-

(1) Precisamente de este precepto tomó base el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de diciembre de 1897, para declarar que eran hipotecables los derechos de aprovechamientos de aguas.