La Energía eléctrica (1921-04-25 00:00:00), página 14

Impuesto sobre el consumo de electricidad

Debe ser multada una Sociedad de reventa de fluido eléctrico que se produce fuera de España, cuando no se facilitan a los inspectores de Hacienda los medios de comprobación señalados reglamentariamente.

Así lo proclama la Sala 3.ª del Tribunal Supremo en los siguientes considerandos y fallo:

Considerando que las cuestiones principales que se discuten sometidas a la resolución de la Sala son dos, referente una a si a la Sociedad demandante le asiste acción para impugnar la validez del acta de ocultación levantada por los inspectores de Hacienda, y la otra a si en el supuesto de que tenga derecho a ejercitar esta acción, se halla o no ajustada a las prescripciones legales el acta de ocultación y en su consecuencia si está bien girada la liquidación aprobada por la resolución recurrida;

Considerando que para negar a la Sociedad el derecho a impugnar la validez del acta de ocultación alega la Administración dos motivos, cuales son el haber firmado sin protesta el acta el representante de aquélla, lo que afirma supone su conformidad, y el que habiendo después y en el plazo reglamentario dándose de alta en la cuota contributiva asignada, quedó ultimado el expediente de ocultación, resultando en su consecuencia extemporánea su reclamación, motivos que aparecen desvirtuados de todo fundamento legal por cuanto que a la firma en el acta del representante de la Sociedad no se le puede dar otro alcance, sino el de prestar su conformidad a los hechos que en la misma se consignan, o sea el haber tomado como base de comprobación la capacidad total del transformador estático, pero en modo alguno significa su conformidad con las consecuencias que de la misma se pretenden derivar a los efectos fiscales, no significando tampoco la presentación del alta en la contribución, sino el cumplimiento de un precepto reglamentario al efecto de evitar responsabilidades y de impedir la formación del expediente de defraudación, sin que tal acto pueda implicar la renuncia de su derecho a impugnar la liquidación; derecho que la reconoce el art. 59 del Reglamento de la Inspección de Hacienda, como igualmente no puede serla desconocido su derecho a promover la cuestión incidental por no haberse admitido a trámite la reclamación económicoadministrativa que había formulado, toda vez que dicha cuestión se halla relacionada directamente con el asunto principal y con la validez del procedimiento, comprendida por tanto en el art. 94 del Reglamento del procedimiento económicoadministrativo;

Considerando en cuanto al fondo de la cuestión, que los comerciantes, como asimismo los Compañías y Sociedades mercantiles tienen la obligación de exhibir y poner a disposición de la Administración los libros oficiales de contabilidad y justificantes cuando por la misma se les exija conforme a los Reglamentos y disposiciones legales que regulan la materia, al efecto de que pueda examinar y comprobar si por el contribuyente se satisface la cuota que por el ejercicio de su industria le corresponda, obligación que comprende tanto a las Sociedades nacionales como a las extranjeras, puesto que éstas, conforme al artículo 15 del Código de Comercio, se hallan sujetas a las leyes de la nación en cuanto a las operaciones mercantiles dentro del territorio español;

Considerando que al constituirse los inspectores de Hacienda en Port-Bou en el local donde tiene establecida las oficinas la Sociedad demandante requirieron al representante de la misma D. Antonio González para que les exhibiese los libros de contabilidad, las listas cobratorias, los talones de recibos de abonados y consumidores y las pólizas o contratos de abono, al objeto de comprobar las declaraciones presentadas en la Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia, relativas a las cantidades recaudadas por cuenta del Tesoro por el impuesto sobre consumo de electricidad para alumbrado público y particular, habiendo dicho representante presentado solamente los recibos cobrados en los meses de noviembre de 1913 a mayo de 1914, no pudiendo en su virtud comprobar más que las declaraciones del primer trimestre de 1914, que dio una diferencia a favor de la Hacienda de 35,09 pesetas, por lo que para poder verificar la comprobación se vieron precisados los inspectores a acudir al medio supletorio establecido en el art. 6.º del Reglamento de 22 de marzo de 1909 y por la regla 6.ª de la Real orden de 6 de mayo de 1904, no pudiendo ser motivo a justificar la falta de presentación de los referidos documentos la manifestación del apoderado de la Compañía de no conservarlos en su poder por haberlos remitido a París, domicilio de la Compañía, porque, como se deja anteriormente consignado, su condición de extranjera no la exime de tener en España la documentación necesaria para exhibirla a los funcionarios de Hacienda cuando la Administración considere procedente verificar una comprobación;