La Energía eléctrica (1919-12-25 00:00:00), página 15

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Real decreto estableciendo sanciones a los infractores del Real decreto que estableció la jornada máxima de ocho horas.

Ilmo. Sr.: El Real decreto de 3 de abril último que estableció la jornada máxima legal de ocho horas a partir de 1.º de octubre del corriente año, no contiene disposición alguna que establezca las sanciones que se han de aplicar a los infractores de sus preceptos. Posteriormente, el Real decreto de 21 de agosto de 1919 se limitó a dictar reglas a fin de implantar la referida jornada, encargando a las Juntas locales de Reformas Sociales, y el que una vez oídas las Asociaciones patronales y obreras propusiera al Instituto de Reformas Sociales antes del 1.º de octubre próximo pasado, las industrias y profesiones que hubieran de ser exceptuadas de la jornada máxima legal, debiendo dicho Centro resolver en definitiva sobre tales propuestas antes de 1.º de enero de 1920, y estableciendo que en aquellas industrias o profesiones donde no haya sido hecha indicación de los motivos por los cuales han de quedar exceptuadas del régimen general, éste ha entrado en vigor desde 1.º de octubre con todos sus efectos jurídicos.

No se justifica que al precepto imperativo no acompañe su sanción correspondiente para hacerla respetar; y, como por otra parte, desde el momento en que el Real decreto de 3 de abril afecta a tantos intereses y éstos acuden al amparo de disposiciones legales a la Inspección del Trabajo, es imprescindible, aunque sea con carácter provisional e inerín no se precise en el régimen definitivo a que dé lugar la aplicación del Real decreto de 21 de agosto último, a partir de 1.º de enero de 1920, dictar aquellas normas que al propio tiempo defiinan los deberes de la Inspección del Trabajo en orden a tan importante materia e imponga el correctivo necesario y obligado para los contraventores del Real decreto sobre la jornada de ocho horas.

Hay, pues, que buscar dentro de las leyes vigentes un procedimiento que por las multas que se impongan y por las garantías que se establezcan en defensa de cuantos se estimen perjudicados, sea el más acomodado a las circunstancias del caso y al cual hayan de referirse las reglas transitorias exigidas por el propio imperio de textos legales, hasta ahora sin una penalidad, requisito y amparo de su estricta observancia.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo informado por el Instituto de Reformas Sociales,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

Primero. Los infractores del Real decreto de 3 de Abril de 1919, en todas aquellas industrias donde no haya sido propuesta, excepción alguna por las Juntas locales de Reformas Sociales y se encuentre establecida la jornada máxima de ocho horas, serán castigados, la primera vez que cometan la infracción, con una multa de 25 a 250 pesetas. La primera reincidencia se penará con multa doble a la que se hubiese impuesto en la anterior infracción, y en las nuevas reincidencias, se irá doblando la cantidad sin perjuicio de lo que dispone el Código penal.

La calificación de reincidencia no estará sujeta a ningún transcurso de tiempo. En lo relativo a la penalidad, regirán las disposiciones vigentes a la Inspección del Trabajo, correspondiendo en todo caso a las autoridades gubernativas la imposición de las multas; pero la declaración de reincidencia deberá ser hecha por el Inspector del trabajo, donde lo hubiere; en su defecto, por la Junta local de Reformas Sociales, y, a falta de éstas, por el Alcalde.

Segundo. Corresponderá también a los Inspectores del Trabajo en materia de sanciones la facultad de señalar la infracción e indicar en oficio dirigido a los Alcaldes o Gobernadores la cuantía de la penalidad que estimen conveniente aplicar en vista de las circunstancias en cada caso.

Corresponde a los Gobernadores señalar e imponer y hacer efectivas las multas en los casos de reincidencia u obstrucción del servicio de Inspección, y a los Alcaldes la imposición y cobro de las correspondientes a las infracciones sencillas que determinen las Juntas locales si existen, o que fijen dichas Autoridades municipales si esas Juntas no existieran.

Si las reclamaciones que se hiciéran a las Juntas locales y Autoridades gubernativas, por incumplimiento del Real decreto de 3 de abril de 1919, no dieran resultado evidenciándose la esterilidad de esta acción, los interesados podrán acudir a los Tribunales industriales establecidos por la Ley de 22 de julio de 1912, y utilizar el recurso de casación que la misma establezca en su artículo 48.

Tercero. Las Juntas locales de Reformas Sociales, no están autorizadas para condonar ni modifi-