La Energía eléctrica (1922-01-10 00:00:00), página 14

El Sr. García Vinueza expuso el caso de un arbitrio creado por el Ayuntamiento de La Carolina, consistente en 50 pesetas por poste y 25 por palomilla.

El Sr. Ucelay hizo ver que el arbitrio sobre productos netos supone un recargo de la contribución de utilidades, cuyo establecimiento está prohibido por la propia ley de dicha contribución, art. 28 del texto reproducido. Que respecto del arbitrio sobre ingresos brutos se llegaría a verdaderas enormidades, pudiendo citar como ejemplo el caso de una Compañía cuyo capital es de unos 30 millones de pesetas y sus ingresos brutos de unos 23 millones, resultando que mientras su contribución sobre el capital, para el Estado, sería de 90.000 pesetas al 3 por 1.000, el arbitrio de los Ayuntamientos al 6 por 100 importaría 1.380.000 pesetas. Y si se intentara subir los precios para pagar tan crecidos arbitrios, el Ayuntamiento de Barcelona exigiría, según la ordenanza del año 1921, el 25 por 100 del aumento como participe en el mismo.

No debe olvidarse que el límite de 25 por 100 para el conjunto de arbitrios, sobre lo que a las industrias correspondería pagar como si se las aplicase la contribución industrial, continúa vigente, según lo dispuesto por el art. 137, núm. 8.º de la ley Municipal, interpretado por la Real orden de 13 de julio de 1912.

El Sr. Urrutia cree ver una contradicción entre lo sostenido por el Sr. Viñas, en el sentido de haberse aprobado el arbitrio de 6 por 100 sobre los ingresos brutos de las Compañías y lo dicho por el ministro de Hacienda; Sr. Cambó. Conviendrá gestionar oficiosamente esta materia de arbitrios en el Ministerio de Hacienda, y si es preciso, suspender todos los servicios eléctricos, para lo cual convendría mantener una verdadera unión. Reconoció la necesidad de una actuación permanente y numerosa.

Para estudiar este asunto se designó una ponencia formada por los Sres. D. Alfredo Viñas, D. Germán de la Mora y D. Enrique Ucelay.

2.º Valoración de los aprovechamientos de saltos de agua para la producción de electricidad, a los efectos del impuesto de Derechos reales.—El Sr. Urrutia expuso los grandes trastornos que está causando el Real decreto de 16 de marzo de 1920.

El Sr. Payá había de una concesión adquirida en el río Segura por 500.000 pesetas, en que, no habiendo pagado los concesionarios el impuesto de Derechos reales, le exigieron el ingreso en el Tesoro de más de 100.000 pesetas, por lo cual tuvo que meditar despacio una solución. No conforme con la aplicación hecha del Real decreto citado, y acogiéndose a su art. 3.º, solicitó el nombramiento de peritos, los cuales resolvieron en sentido mucho más favorable con arreglo a su leal saber y entender.

Se citaron otros casos análogos acaecidos en la provincia de Huesca y a la Hidroeléctrica Ibérica.

El Sr. Payá continuó refiriéndose al artículo 3.º del Real decreto, y dijo que la valoración en la forma establecida por el Real decreto, sería injusta, pues resultaría que si se vendiese el salto de que se ocupa, pagaría menos impuesto por la venta del que en aquella forma se le exigía.

El Sr. Urrutia citó un caso en que la entidad de que se trataba, en vista de que se pretendía cobrarla una cantidad de gran importancia, dijo que se la llevara a la quiebra, puesto que no podía atender tan exageradas pretensiones.

El Sr. Bugallal fue el ministro de Hacienda que dictó el Real decreto de 16 de marzo de 1920. Pero su sucesor, el Sr. Argüelles, al tener noticia de las dificultades con que en casos de aquella especie se tropieza con motivo del expediente incoado en asunto de la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, de Barcelona, y habiendo gestionado esta Asociación con dicho ministro, se pasó el asunto a consulta del de Fomento, quien se dirigió a esta Asociación para que emitiese informe sobre el caso y el Real decreto de 16 de marzo de 1920.

Ese informe se evacuó por escrito de 20 de octubre, publicado en el número del Boletín de la Asociación de 10 de noviembre último, y se dio lectura de alguno de sus párrafos en la asamblea, en los cuales se establece una escala del valor por caballo, en razón inversa al número de los saltos de agua.

Por algunos de los señores concurrentes se opusieron determinadas razones al contenido