La Energía eléctrica (1920-08-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XVI        Madrid, 10 Agosto de 1920        Núm. 15

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL
Sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Sociedad anónima Eléctrica de San Rafael, sobre desahucio de la fábrica de electricidad que tenía arrendada a D. José del Prado y Palacio (Gacetas del 9 y 10 de abril de 1919).

Casación
(Continuación.)

1.º Infracción de los artículos 53, en relación con los 1.811 y 1.823 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el considerando cuarto de la sentencia, al tratar el punto referente a si se había o no efectuado por parte de la Sociedad Eléctrica San Rafael el pago del precio del arrendamiento de la fábrica por ella ocupada, dice, entre otras cosas, «que no puede servir de obstáculo a la acción de desahucio ejercitada el expediente promovido por la Sociedad ante el Juzgado de Jaén», no solamente por no amoldarse dichas diligencias a las condiciones del contrato, sino porque tampoco se acomodan a las disposiciones del pago, que regulan de un modo claro los artículos 1.157, 1.171, 1.176, 1.177 y 1.180 del propio Cuerpo legal, con lo cual, invadiendo terrenos que le estaban vedados, entra a resolver un asunto que no le había sido sometido, decidiendo sobre la procedencia y validez de una consignación hecha ante otro Juzgado, y sobre la que él mismo, y en su caso su Audiencia territorial y el Tribunal Supremo, podían tener jurisdicción, como así resulta de los artículos 53 y 1.823 de la ley de Trámites, que prohibe la acumulación de estos expedientes a ningún juicio contencioso, y, por tanto, menos aun podían decidirse en estos autos, a los que no se encuentran acumulados y en los que no existen los antecedentes que para formar juicio son siempre precisos, pues al desahucio aportó la hoy recurrente lo único que importaba de aquel expediente necesario para justificar la inexactitud de la falta de pago, en que el actor fundaba su petición, y probada la consignación hecha antes de vencer el plazo en que el pago debía efectuarse y la cantidad que importaba, estos datos bastaban para estimar o no la excepción de pago, sin que cupiera entrar en la declaración de la eficacia y validez de una consignación a él no sometida, y que tampoco podría hacerse en un procedimiento sumario.

3.º Infracción de los artículos 1.124, 1.255, 1.256, 1.290, 1.553, 1.568 y 1.569, en relación con el 1.581 del Código civil y con los 1.562 número 3.º, y 1.563, caso 1.º de la ley Procesal, la doctrina contenida, entre otras, en sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1893, 7 de octubre de 1895, 8 de julio de 1903, 9 de julio de 1924, 7 de enero de 1902, 2 y 29 de diciembre de 1904, 25 de noviembre de 1905, 2 y 24 de noviembre de 1908 y error cometido por la Sala sentenciadora al desconocer la eficacia de las estipulaciones contenidas en los contratos de 16 de octubre de 1912 y 28 de enero de 1915, pues, a más de lo expuesto en los otros motivos, la copiosa jurisprudencia demuestra la imposibilidad de que el fallo recurrido pueda subsistir con la doctrina legal de que el derecho de desahucio que la ley concede para ciertos y determinados casos al arrendador de una finca, implica una verdadera rescisión del contrato, que por tanto no puede obtenerse en el procedimiento privilegiado de un juicio sumario, sino en aquellas ocasiones en que se deriva de hechos tan claros y de contratos tan explícitos que no permitan abrigar duda racional acerca de su verdadera significación y alcance, evitando así el que queden desamparados los derechos del arrendamiento, no menos dignos de protección y estima que los dominicales, y que se pueda dar lugar a «que sin las garantías que a los litigantes ofrece la tramitación y procedimiento de un juicio solemne» se alcance extremando el derecho de desahuciar contra el sentido y espíritu de su verdadera finalidad, el vulnerar por un procedimiento inadecuado los principios que rigen la materia de la rescisión de los contratos por incumplimiento de supuestas obligaciones más