La Energía eléctrica (1921-08-10 00:00:00), página 16

declarado no haber materia delictiva allí donde el inspector ha creído encontrar un tremendo fraude y un espantoso delito.

Y aun podrían aceptar los industriales el ser juzgados por esos empleados de la Hacienda pública, generalmente ayunos de todo conocimiento administrativo y sin título alguno que les garantice, si después aquéllos tuvieran medios de exigir las responsabilidades en que éstos tan a menudo incurrén. Lo que no puede aceptarse en manera alguna es el sistema actual. ¡Un inspector forma un expediente a una Empresa determinada; esta Empresa no sólo se perjudica en su crédito, que ya es bastante, sino que, además, tiene que entregar al Tesoro la cantidad que el inspector ha creído que se defraudaba, con intereses de demora, más el triple de dicha cantidad, como multa, que desde luego imponen como mínimo!

Se da el caso, se han dado muchos, que al industrial que se le ha hecho pasar como defraudador de la Hacienda pública, porque así lo ha creído un señor inspector en su superior criterio; que se le ha vejado, que se le ha perjudicado en sus intereses, y que se le ha hecho perder un crédito justamente adquirido, venga después el Tribunal Supremo y diga: «¡Ese señor inspector no tiene razón alguna para proceder como lo ha hecho; no hay tal defraudación, no hay materia delictiva!» Es indudable que por ligereza, por desconocimiento del asunto, por ineptitud, por lo que sea, ha cometido un error en perjuicio del industrial perseguido. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que el inspector se queda tan tranquilo, sin que le alcance responsabilidad alguna, y que al industrial nadie le resarce de los perjuicios que le han ocasionado, y que además tiene que emprender otra vez una nueva serie de procedimientos para conseguir que le devuelvan las cantidades que indebidamente le han cobrado.

¿Puede ni debe ser esto así? Santo y muy bueno que la Hacienda tome toda clase de precauciones en defensa de sus intereses para que éstos no sean defraudados, pero no deben ser menos sagrados los intereses de los contribuyentes para que estén a merced de cualquier empleado inepto o mal intencionado.

¡Que se castiguen con mano dura los fraudes que se cometan en perjuicio de la Hacienda, enhorabuena; pero que estén los industriales a merced de un señor inspector, que puede originarles enormes perjuicios sin responsabilidad alguna para él, eso no!

Es preciso que aquel que tiene tantos derechos tenga también ciertas obligaciones, y cuando se demuestre que el expediente instruido lo ha sido sin razón alguna y con evidente perjuicio del industrial perseguido, se exija la responsabilidad correspondiente al que lo ha instruido.

Como estos señores inspectores demuestran cierta predilección por las industrias eléctricas, nosotros nos atrevemos a rogar a la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad tome en consideración estas notas para que, previo el estudio conveniente de la forma en que se hacen estas inspecciones, se pidiera al señor ministro de Hacienda la reforma de las mismas, con mayores garantías para el contribuyente.

A. DE LA Y.

UNIDADES LEGALES PARA LAS MEDIDAS ELECTRICAS

Por Real decreto de 14 de julio último, dictado por el ministro de Fomento, se dispuso que las unidades legales para las medidas eléctricas en España se fundaran en el sistema electromagnético, adoptándose como unidades básicas: para la resistencia, el ohmio internacional, y para la intensidad de corriente, el amperio internacional.

El Real decreto expresado se publicó en la Gaceta de 16 de dicho mes.