La Energía eléctrica (1920-05-25 00:00:00), página 14

guientes precios para el consumo de fluido eléctrico: alumbrado particular, 1,80 el kilovatio hora; fuerza motriz, 0,80 el kilovatio hora.

Resultando que, protestando de ese acuerdo, presentó a V. S. el director de la Sociedad varios escritos en que hacía constar, que según acuerdo anterior de esa Junta, los precios que habían de regir en el mes de enero no serían objeto de tasa, ya que la ley y el Reglamento de Subsistencias no la autoriza con relación al fluido eléctrico; que por otra parte, para poder efectuarlo hubiera sido preciso cumplir ciertos requisitos que no llenaron, porque se prescindió de establecer la tasa, optando por acordar con la Sociedad fijar los precios necesarios para que la cuenta de los gastos fuese cubierta con los ingresos, sin quebranto para la Empresa, que renunciaba al beneficio del 15 por 100 que la ley concede, cuando se tasan artículos de primera necesidad en ella comprendidos; que como esa Junta carecía de facultades y atribuciones para acordar la tasa, debía declarar nula en el plazo de cinco días, y si así no lo hacía recurriría ante el Gobierno; que si el Ayuntamiento de Las Palmas le hubiese satisfecho, en los respectivos meses de su vencimiento, la cantidad de 188.342,19 pesetas que le adeudaba desde agosto de 1917, hubiera podido adquirir la Sociedad unas 1.500 toneladas de carbón, que unidas a las 450 que tenía almacenadas, constituirían un stock que aseguraría el servicio hasta el mes de julio último, sin alteración de los precios.

Resultando que esa Junta, vistos los anteriores escritos, acordó en 7 de marzo último confirmar su anterior resolución.

Resultando que el director gerente de la Sociedad Eléctrica promovió ante la Comisaría de Abastecimientos y contra los acuerdos adoptados por esa Junta relativos a la tasa del precio del fluido eléctrico que suministraba a los particulares recurso de alzada, en el que después de exponer brevemente todo lo ocurrido entre esa Junta y la mencionada Sociedad, solicita se declare que esa Junta carecía de facultades para tasar el precio del fluido eléctrico, y en su consecuencia, que se anulen los acuerdos adoptados respecto a la tasación de dicho producto industrial, pues la intervención directa de esa Junta en la administración de la Sociedad, fijando el precio del fluido eléctrico mensualmente más bajo que el que la Gerencia tuvo que señalar en atención al alza constante del precio de las materias de fabricación, habían venido causando trastornos a la Empresa para la cobranza mensual del consumo a sus abonados, privándola de los recursos pecuniarios que necesita para continuar la explotación del negocio.

Considerando que la ley de 11 de noviembre de 1916 autoriza al Gobierno para regular con carácter general o particular el precio de las sustancias alimenticias y primeras materias, estableciendo en el párrafo segundo de su artículo primero que se conceptuarán a los efectos de la ley los productos que, aunque elaborados por una industria, tengan aquel carácter para otra que a juicio del Gobierno sea de absoluta necesidad.

Considerando que al desenvolverse este precepto en el artículo noveno del Reglamento de 23 del referido mes y año se consignan concretamente como materias primas el carbón y los demás productos naturales, dejándose la determinación de los demás casos a la resolución de la disuelta Junta Central de Subsistencias.

Considerando, en su consecuencia, que para que pudiera fijarse la tasa de que se trata era condición indispensable que hubiese recalcado acuerdo de la Comisaría general de Abastecimientos, a la que pasaron todas las atribuciones de la disuelta Junta Central de Subsistencias, y sin que a la facultad a la sazón concedida a las Juntas provinciales de Subsistencias derogada, actualmente por el número segundo del Real decreto de 8 de febrero último, que la dejó reducida a una simple moción de propuesta, fuera factible atribuirla, lógicamente, otro alcance que el de señalar precios reguladores a los mantenimientos y materias primas comprendidos taxativamente en el citado artículo noveno del Reglamento de 23 de noviembre de 1916.

Considerando que al no haber procedido así esa Junta resulta evidente la extralimitación de facultades, que la llevó a señalar precio máximo de venta a un producto respecto del cual sólo la Superioridad era competente para precisar si le alcanzaban o no las prevenciones de la vigente ley llamada de Subsistencias, adoleciendo, por tanto, de vicio de nulidad todos los acuerdos que sobre el particular adopte ese organismo de su digna presidencia; y

Considerando que siendo un deber ineludible de esa Junta velar por el derecho de los consumidores en general, respetando a la vez, en cuanto sea posible, el de las industrias interesadas, se halla en la