La Energía eléctrica (1920-01-10 00:00:00), página 18

para el cobro de unidades de consumo, se le notificó la providencia del Gobernador en dicha fecha recaída, para que sin señalamiento de plazo alegase en su defensa cuanto a su derecho conviniese, contestando la Sociedad, en uno y otro caso, lo que estimó oportuno; hechos que comprueban que no se omitió el obligado cumplimiento de lo dispuesto en la base décima de la ley de 19 de octubre de 1869, que regula el procedimiento administrativo, y aunque tales trámites de audiencia carecieran de alguna solemnidad procesal, no tiene, sin embargo, la falta de relieve suficiente para determinar por esta causa vicio sustancial de procedimiento, que justifique la nulidad propugnada:

Considerando que la Administración pública no tiene otra intervención en el suministro del fluido eléctrico a los abonados de las fábricas productoras, para garantía de su seguridad e intereses, que la especialmente determinada y prevista en la Instrucción reglamentaria del servicio de verificación de los contadores eléctricos, aprobada por Real decreto de 7 de octubre de 1904, algunos de cuyos artículos han sufrido alteraciones en su redacción y a ella incorporados por los Reales decretos de 7 de junio de 1906, 25 de octubre de 1907 y 8 de mayo de 1908, últimamente dictado sobre la materia;

Considerando que no se trata en el caso actual de corregir infracción reglamentaria alguna de dicha Instrucción, como entendió equivocadamente el Gobernador de Zaragoza en su providencia de 14 de septiembre de 1914, porque si bien es cierto que el párrafo primero del artículo 38, según el Real decreto de 25 de octubre de 1907, estableció que las Compañías suministrantes de fluido, por medio de contador, no podían exigir a sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas, según dicho aparato, reintegrándoles de las cantidades cobradas por mínimo mensual u otro concepto, que hayan cobrado de más del importe del fluido consumido, disposiciones reproducidas en el artículo 104 su concordante; tales disposiciones reglamentarias por el Real decreto de 8 de mayo de 1908, fueron a su vez modificadas y sustituidas, reintegrándolas a su primitiva redacción, que ni de cerca ni de lejos establece límite alguno a la libre contratación del suministro de esta clase de fluido, ni otras restricciones que las contenidas en los artículos 38 y 104 para el reintegro de las cantidades cobradas de más por adelanto de los contadores, y las de los artículos 42 y 43 referentes al suministro, que no podrá ser suspendido mientras se tramiten reclamaciones, si los abonados están al corriente en el pago de sus recibos, y a la instalación de contadores y pago de alquileres por los mismos, cuestiones que no se ventilan en el presente caso, sino la eficacia de los contratos entre la Compañía y los abonados reclamantes:

Considerando que en tal concepto la repetida providencia del Gobernador de Zaragoza, como la Real orden impugnada del ministro de Fomento, no sólo están inspiradas en el error de suponer vigentes las modificaciones apuntadas del referido Real decreto de 25 de octubre de 1907, que rectificó el de 8 de mayo de 1908, sino que están dictadas con notoria incompetencia, porque rebasaron el límite establecido a la intervención del Estado en la materia, suponiendo infracciones reglamentarias inexistentes puesto que la disposición administrativa que la estableció no estaba en vigor:

Considerando, por tanto, que ambas resoluciones se adoptaron sin tener para nada en cuenta las relaciones jurídicas que mediaban entre la Sociedad recurrente y los abonados, nacidas del contrato celebrado entre ambas partes para el suministro de fluido eléctrico, y que la interpretación, la eficacia y las derivaciones de este contrato de carácter civil es materia de la absoluta y exclusiva competencia de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 76 de la Constitución de la Monarquía, 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y 51 de la de Enjuiciamiento civil, y en su virtud es evidente el error en que se incurrió al conocer y dilucidar en vía gubernativa estas cuestiones tan ajenas a su naturaleza como concernientes a la reciprocidad de los derechos de las partes contratantes:

Considerando que según la doctrina establecida por la sentencia de 10 de abril de 1910, esta Sala es la llamada a declarar la competencia o incompetencia con que se ha procedido en este caso, toda vez que a nuestra jurisdicción toca velar por la pureza del procedimiento administrativo anulándose si se hubiese incurrido en algún vicio substancial, y como el haber invadido la Administración, la esfera propia y exclusiva de otros poderes es de la mayor gravedad y transcendencia, no ofrece duda la incompetencia con que la Administración activa, ha conocido por los motivos expuestos de tales cuestiones, es evidente, en su consecuencia, que deben ser anuladas, no sólo la resolución recurrida, sino también la dictada por el Gobernador de Zaragoza, y en general todo el expediente gubernativo, restableciendo las cosas al ser y estado que tenían antes de haberse iniciado aquél.