La Energía eléctrica (1920-11-25 00:00:00), página 14

Art. 71. Los concesionarios de líneas particulares que las dediquen a un servicio distinto del de su concesión incurrirán en multas de 100 a 500 pesetas.

La imposición de la tercera multa llevará consigo la caducidad de la concesión.

Las líneas particulares, construidas sin autorización de la Dirección general, satisfarán como multa el triple de los derechos del canon que les corresponda desde su instalación, siendo la mitad de la multa para el denunciante.

Para exigir esta responsabilidad se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 92 de este reglamento.

Art. 72. Las líneas telefónicas particulares con servicio público podrán concederse para enlazar estaciones del Estado con lugares donde no haya estaciones de servicio público.

Art. 73. Su concesión se solicitará de la Dirección general, acompañando a la petición una Memoria, presupuesto y los planos necesarios para la explicación del proyecto.

Los planos, autorizados por persona competente, se ajustarán a la escala de 1 por 5.000 a 1 por 10.000 para las poblaciones, y de 1 por 400.000 a 1 por 500.000 para el trazado de la línea fuera de la población.

Art. 74. Serán de cuenta del concesionario los aparatos de su estación, el material de la línea y su construcción.

Art. 75. La vigilancia y conservación de estas líneas estarán a cargo del concesionario. La Dirección general podrá proporcionar el personal necesario en las condiciones citadas en el art. 27 para los Ayuntamientos.

Art. 76. Los artículos 27 y 28 regirán para estas concesiones, con la salvedad indicada en el párrafo segundo del art. 64.

Art. 77. Las líneas que correspondan a estaciones particulares no podrán utilizar los postes de las del Estado.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 78. Se concede franquicia telefónica para el curso de telefonemas oficiales a las mismas autoridades a quienes esté concedida o en adelante se conceda franquicia telegráfica; pero sólo disfrutarán de abonos gratuitos a las redes urbanas e interurbanas del Estado, instalándose una estación en sus respectivas oficinas, las autoridades siguientes:

En Madrid: S. M. el Rey, las personas reales, los funcionarios de la Casa Real y las autoridades de todas clases que disfruten de ella por el reglamento de Telégrafos.

En provincias: Los generales en jefe de ejército, los capitanes y comandantes generales de ejército, los capitanes y comandantes generales de Marina, los gobernadores civiles y militares de las provincias y plazas de guerra y los jueces de instrucción.

Art. 79. Los telefonemas con carácter oficial que se cursen por las líneas telefónicas tendrán la misma preferencia que se otorga a esta clase de servicio en el telegráfico.

Art. 80. Los funcionarios afectos al servicio telefónico están obligados a guardar el secreto de las conversaciones telefónicas, así como el de los nombres de las personas que conferencien.

Art. 81. La Administración y sus concesionarios no aceptan ninguna responsabilidad por lo que al servicio telefónico se refiere.

Todo lo que con este servicio se relacione se regirá por el reglamento correspondiente, que se publicará a su debido tiempo.

Art. 82. El estado se reserva el derecho de suspender en todo o en parte, y durante el tiempo que juzgue conveniente, por razones de defensa nacional o por consideraciones de orden público, todos y cada uno de los artículos a que se refiere este reglamento, como asimismo el de utilizar temporalmente, si lo creyere conveniente, los Centros telefónicos y líneas de cualquier clase que sean, corriendo de su cuenta en este último caso los gastos de personal, y conservación.

Art. 83. El Estado, por interés del servicio o razones de conveniencia pública, podrá adquirir los Centros telefónicos y líneas explotadas por concesionarios, previo pago en metálico del valor de los mismos, fijado de común acuerdo con los propietarios, después de tramitar el oportuno expediente gubernativo con audiencia del Consejo de Estado.