La Energía eléctrica (1920-07-25 00:00:00), página 14

del Código civil, que llevaría a la misma conclusión, tanto porque la intención de las partes es evidente, cuanto porque sus actos en todo momento lo confirman, como se deduce del contrato privado de 28 de enero de 1915 que, modificativo de la escritura de 1912, dejó subsistente aquellas cláusulas, fijando de modo definitivo su verdadero alcance al decir en la doce: «para este solo efecto», el de elevar a escritura pública el documento privado, «serán competentes las autoridades judiciales de la ciudad de Jaén, a las que se someten»; luego el primer documento quiso someter todos los «casos» posibles a los amigables componedores, pero para que éstos no conocieran en el pleito de rescisión del contrato de arrendamiento, que había sido anunciado a Prado por la Sociedad, poniéndole en el trance de verse abocado a tener que pagar una cuantiosa indemnización por el incumplimiento de las obligaciones que los contratos le imponían, se anticipó a obtener la rescisión, pero no del Tribunal a cuya designación se le invitara, sino acudiendo a juicio sumarísimo, excluido por la ley del compromiso, y en el que, por la índole especial de su procedimiento, no se pueden debatir ni probar las cuestiones con la rescisión relacionadas, siendo de importancia hacer constar que la Sociedad no ha sostenido en el juicio que la acción de desahucio debiera suscitarse ante el Tribunal de amigables componedores, sino que el Juzgado no podía conocer de la acción entablada, por no hallarse admitida en los contratos que para fundamentarla se presentaron, ya que las partes voluntariamente la excluyeron, aun «para el caso de falta de pago, que dará lugar a la rescisión del contrato con pérdida de fianza», y por tanto, a la rescisión, pero no al desahucio, pudo acudir el recurrido, accediendo a la indicación que se le hizo de nombrar el Tribunal que competentemente le fallara, con lo cual hubiera además cumplido con aquello a que los contratos le obligaban.

La sentencia opone a esta doctrina el argumento de que para sustraer al Juzgado la cuestión sería preciso que, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 1.821 del Código civil y 792 y 828 de la ley Ritiaria, se deberá haber formalizado el compromiso en escritura pública, en la que constaran todas las circunstancias a que hace referencia la última de las disposiciones citadas, sin lo cual lo convenido «no produce más efecto que el de crear unas obligaciones entre los interesados, en el orden al otorgamiento de dicha escritura», y más cuando, como en el presente caso, «no se ha intentado siquiera por la Sociedad demandada cuestión alguna que conduzca al sometimiento del juicio de desahucio a la decisión de amigables componedores»; pero la Sala incurre en error de hecho al afirmarlo, en contradicción flagrante con los documentos obrantes en autos, pues a pesar de que la singular naturaleza del juicio impidió aportar elementos de prueba que hubieran evidenciado las continuas conciliaciones de los pactos contractuales por el recurrido y las reiteradas gestiones a que se vio obligada la Sociedad con motivo de ellas, figura un testimonio de dos cartas que comprueban de modo expresivo que la Eléctrica de San Rafael procuró la designación de los amigables componedores, invitando a Prado a hacer lo necesario para que llegaran a funcionar, y si no se pudo conseguir que el propósito tuviera realidad no fue precisamente por actos imputables a la recurrente, sino a Prado, que desoyó cuantos requerimientos se le hicieron en este sentido, con el propósito de seguir percibiendo la renta sin cumplir las obligaciones que expresamente le incumbían; pero además, precisamente contra la opinión de la Sala sentenciadora, de que el compromiso sólo produce efecto cuando se establece en escritura pública con las circunstancias exigidas por el artículo 828 de la ley de enjuiciar, se encuentra toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, inspirada en un recto sentido de equidad y ajustada al espíritu de la Ley, que sostiene que únicamente es dable acudir ante los Tribunales ordinarios cuando las partes o una de ellas ha incumplido el compromiso y hecho imposible e ineficaz, con su conducta rebelde, la sumisión a los amigables componedores por negarse a que la escritura previa para su actuación se formalice, y esta doctrina viene a evitar el que quede de hecho, en todo caso, derogado, por la sola voluntad de una de las partes contratantes, lo que entre ellas se hubiera sobre este particular pactado, ya que si no ha de servir el convenio de someter un asunto a amigables componedores para oponer en un litigio la excepción de incompetencia, obligando así a marchar a los contratantes por el cauce legal, ningún efecto puede surtir; y aun cuando la sentencia recurrida dice que «el de crear una obligación entre los interesados, en orden al otorgamiento de dicha escritura», a más de eso, que desde luego es exigible en cuanto la discordia surge, habrá también de servir el pacto para oponer una reclamación que no se anunció, la disposición del artículo 56 de la ley Procesal, ya que de negar este derecho mal podrían las partes, en tales casos, exigir el cumplimiento de la obligación puramente formal establecida en el artículo 828, que únicamente preceptúa los requisitos necesarios para el funcionamiento del Tribunal, pero sin impedir los convenios genéricos que hayan podido sobre el particular establecerse.

(Se continuará.)