La Energía eléctrica (1920-03-10 00:00:00), página 2

«Considerando que aquel acuerdo recayó sin tener en cuenta para nada las relaciones judiciales que mediaban entre las Sociedades y el abonado, nacidas del contrato de suministro de aquel fluido celebrado entre ambas partes; que la interpretación, la eficacia y las derivaciones de este contrato de carácter civil es materia, como en todos los de la misma índole, de absoluta y exclusiva competencia de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, con arreglo a los artículos 76 de la Constitución de la Monarquía, 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y 51 de la Enjuiciamiento civil, y que, por lo tanto, es evidente el error que se cometió al haber conocido y tratado en vía gubernativa cuestiones tan ajenas a la naturaleza de ella, como son todas las concernientes a la reciprocidad de los derechos y los deberes de ambas partes contratantes:

Considerando que ésta sola es la llamada a declarar la competencia o la incompetencia con que se ha procedido en este caso, toda vez que a nuestra jurisdicción toca velar por la pureza del procedimiento administrativo, anulándose si se hubiera incurrido en algún vicio substancial, y como el de haber invadido la Administración la esfera propia y exclusiva de otros poderes es de los de mayor gravedad y trascendencia, no ofrece la más remota duda la incompetencia con que la Administración activa ha conocido de tales gestiones; y

Considerando, en consecuencia, que deben ser anuladas, no sólo la resolución recurrida, sino también la dictada por el gobernador de Madrid, y en general todo el expediente administrativo, restableciendo, por el contrario, las cosas al ser y estado que tenían antes de haberse iniciado aquél.»

Para llegar a este resultado han tenido que informar en los respectivos pleitos contenciosos promovidos por las dos Sociedades aludidas, los gobernadores civiles de ambas provincias, los Consejos provinciales de Fomento de las mismas, la Comisión permanente española de Electricidad, el Negociado correspondiente del ministerio de Fomento, la Comisión permanente del Consejo de Estado, el Consejo Superior de Fomento, y... creemos que sólo por olvido imperdonable han dejado de hacerlo el Estado Mayor Central de la Armada y el Vicariato general Castrense.

No será inoportuno recordar la energética protesta que a raíz de la publicación del Real decreto prohibiendo la supresión de un mínimo de consumo, (que según el artículo 1.255 del Código civil pueden establecer en sus contratos privados, previo mutuo acuerdo, como cualquier otra condición que no sea contraria a las leyes, a la moral, ni al orden público, consumidor o vendedor), promovió la Unión Eléctrica Española, quien para mayor justificación de su derecho solicitó informe del letrado marqués de Alhucemas.

Las conclusiones de este trabajo, firmado por el Sr. García Prieto en 29 de diciembre de 1907, no podían ser más terminantes ni, como el tiempo ha demostrado, más atendibles. Decía tan prestigioso letrado:

«Reconociendo lo expuesto, opino:
1.º Que las disposiciones del Real decreto de 25 de octubre de 1907, que limitan la libre contratación de suministro de fluido eléctrico, prohibiendo o invalidando los pactos de mínimo de consumo y de pago de alquiler de los contadores, y las de la Real orden de 9 de diciembre siguiente, que impone a las Empresas de electricidad la obligación de producir o suministrar el fluido, no son conformes a justicia ni equidad, son ilegales y están dictadas con notoria incompetencia por la Administración pública, por lo que carecen de toda eficacia y fuerza de obligar.
2.º Que contra dichas disposiciones administrativas no procede interponer recurso contencioso-administrativo; pero si en cada caso concreto en que los preceptos de aquélla se apliquen, puede y debe la Empresa eléctrica cuyos derechos se lesionan o, recurrir primero en vía gubernativa y después, en la contenciosa.