La Energía eléctrica (1920-09-25 00:00:00), página 8

También se están dando casos de que no obstante estar perfectamente claro y definido en el Real decreto de referencia el que han de hacerse dos informaciones públicas, una para la presentación de proyectos en competencia y otra para todos los demás efectos, como- quiera que cuando se trata de modificaciones a proyectos ya presentados, hay casos previ- sos en el mismo Real decreto en los cuales no se admitirán proyectos en competencia, suprimiéndose, por tanto, la primera información, verificándose sólo la segunda, y, sin em- bargo, presentarse proyectos en competencia a esta última, cosa a todas luces ilegal, a pesar de lo cual se les da tramitación, haciendo caso omiso de los escritos de protesta que se pre- senten, los que, como en el caso anterior, sólo se tienen en cuenta para incorporarlos al expediente.

Podría citar aún más casos análogos, que no lo hago por no prolongar demasiado este escrito, y todos ellos han producido el efecto que es de conocimiento público, el que cual- quier petición que se haga, procedente o improcedente, legal o ilegal, completa o incom- pleta, a base de un proyecto bien estudiado o a base de cualquiera parodia o caricatura de proyecto, es admitido en los Gobiernos civiles y se le da tramitación, dando, por lo pronto, el tiempo suficiente para producir los perjuicios que ya hemos señalado. Además, en la práctica todo esto se complica con la autonomía indebida de que gozan las secciones de Fo- mento de los Gobiernos civiles, antes, siquiera, en cuanto se formulaba una petición, se pasaba al ingeniero jefe de Obras Públicas para que la examinara e hiciera el bastanteo de documentos, mientras que ahora, automáticamente, se publica en el Boletín Oficial y no pasan a los ingenieros hasta el momento de redactar la nota anuncio para la segunda infor- mación pública, habiendo hasta entonces completa impunidad para retrasar fechas y alar- gar plazos de acuerdo con personas en ello interesadas, aparte de que se da el caso fre- cuente de que empleados de estas secciones, aun sin conocimientos técnicos ningunos, se dedican a confeccionar proyectos con datos del archivo, que pueden pasar gracias a la poca o ninguna personalidad ni responsabilidad que tienen los ingenieros firmantes y a la facil- lidad con que se cuenta de antemano para su tramitación.

Con todo esto el mal que, según el preámbulo, se trataba de evitar, no se ha evitado ni con mucho. En primer lugar, aunque se ha suprimido el trámite del bastanteo de do- cumentos, es evidente que alguna vez hay que ver si éstos son suficientes o no, y en caso de deficiencia en unas provincias suspenden la tramitación hasta que se completen, mien- tras que en otras consideran que esto puede hacerse en cualquier momento del expediente, siempre que sea antes de la concesión. La cuantía del depósito que hay que hacer no se expresaba de una manera fija en la instrucción de 1883, y el Real decreto determina que sea el 1 por 100 del presupuesto de las obras, sobre las cuales las leyes de Obras públicas y de Aguas exigen este depósito previo, o sea las que afectan a terrenos de dominio públi- co; y como en la redacción del articulado se omitió involuntariamente la palabra dominio público, en muchas provincias, ateniéndose exclusivamente a la letra del precepto, exigían depositar el 1 por 100 del presupuesto general de las obras, por cuyo motivo se han tenido paralizados bastantes expedientes, a la vez que en otras, interpretando las cosas racional- mente, admitían los resguardos con el 1 por 100 del presupuesto de la parte de las obras que afectan a dominio público, y precisamente por consejo del que subscribe se presentó una instancia en el ministerio de Fomento consultando el caso, y poco tiempo después se dictó una disposición aclarando la cuestión.

Se ocupa también el Real decreto de la inscripción de los aprovechamientos de aguas públicas en los Registros provincial y central, establecidos por Real decreto de 12 de abril de 1901, se hace un programa complicado para la tramitación de las peticiones de inscrip- ción, que aunque no se dice de una manera expresa en la letra del Real decreto, es eviden-