La Energía eléctrica (1919-09-25 00:00:00), página 14

casos para el servicio público que siempre y en toda ocasión prestan estas líneas, y que no deben en modo alguno estar sujetas, para llevarlas a la práctica, a la serie de trámites, muchos inútiles o al menos reducibles en plazo, que hoy se precisan para su autorización, después de obtenida la cual y por causa de la indebida aplicación de aquellos preceptos, aún queda por recorrer el camino más espeso, puesto que empieza el período de justiprecio de la servidumbre que tiene nada menos que tres instancias con trámites larguísimos, el último de los que es el sostenimiento de un pleito ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, dando como resultado el que la mayoría de las veces las Compañías hayan de ceder a las exigencias de los propietarios que en algunos casos, y no pocos, piden sumas fabulosas (65.000 pesetas, según dicen, ha llegado a darse por la instalación de una torre) por lo que solo vale unas pesetas, viéndose las Empresas obligadas a dejar explotar, ante la imperiosa necesidad de llegar a la urgente explotación de la línea, a fin de satisfacer un servicio público.

¿Es esto justo, equitativo ni legal? El dueño del terreno que ha de sufrir el gravamen tiene derecho—en modo alguno podemos negarlo ni desconocerlo— a que se le indemnice semejante limitación de su dominio, pero por trámites breves y apropiados a la importancia que encierra en sí dicha limitación, nunca por los dilatados de una verdadera expropiación, con la que se confunde hoy incomprendiblemente en buena hermenéutica legal, la imposición de la servidumbre que nos ocupa.

La citada ley de 23 de marzo de 1909 ha fijado ya, con muy amplio criterio por cierto, que la indemnización no podrá exceder en ningún caso de lo que valga una faja de terreno de dos metros de anchura. Y como no parece justo dejar de marcar, dentro de ese límite, un máximo y un mínimo, debiera el reglamento haber reglamentado (vaiga la redundancia) y en su consecuencia distinguido dos grados perfectamente lógicos y deseados en la práctica. Uno, el de las líneas sostenidas por apoyos en las que la separación de los conductores más distantes de un mismo poste en proyección horizontal sobre el eje de la línea no exceda de un metro, en cuyo caso la máxima indemnización será el valor de una faja de terreno de un metro de anchura, y otro, el de las líneas en que dicha separación horizontal exceda de un metro, debiendo entonces la indemnización ascender al valor de la faja de terreno de dos metros de anchura. ¿Para qué sirven si no los reglamentos, si no marcan normas para aplicar a los diversos casos que puedan presentarse los preceptos rígidos y generales de las leyes?

Deslindados así los casos, nada más fácil que llegar a una rápida valoración del importe de la servidumbre al mismo tiempo y en el mismo expediente de la concesión que se otorga para instalar la línea, y que hoy comprende ya, con iguales trámites, no sólo el permiso para tenderlas sino la aprobación del proyecto, la declaración de utilidad pública de la obra, la imposición de las servidumbres y la declaración de la necesidad de ocupar con ellas los terrenos de los propietarios, cuya relación nominal se presenta con la petición. ¿Por qué no añadirle el trámite de valorar esa indemnización, con lo cual todo quedaría acabado y completo dentro del expediente? Para ello, bastaría que, apoyados en los preceptos expresos de la ley, la Compañía o el particular que solicitase la concesión, al mismo tiempo que pidiera la imposición de servidumbres, acompañase ya la valoración (suscrita por facultativo competente) de las mismas, según las reglas antes resueltas y a la vista del amillaramiento del terreno y de la contribución que por él se pagase. De esa valoración se daría traslado al propietario a la vez que se le notificaba la petición a los demás efectos, para que en el plazo de quince días (al que debieran reducirse todas las informaciones), presentase otra valoración autorizada por un técnico con capacidad legal para ello. Si no contestaba, o si el que suscribía el documento carecía de condiciones para el caso, se entendería que aceptaba la valoración hecha por el peticonario. Después la Jefatura de Obras públicas de la provincia, informaría—al hacerlo para el expediente y proyecto y previo reconocimiento del terreno con citación para asistir a él de los peritos de las partes—sobre el valor en que apreciaba la servidumbre y el gobernador (o el ministro, según el caso), después de oír a la Comisión provincial, fijará de modo definitivo la valoración o indemnización en el mismo acuerdo en que otorgase la concesión e impusiese las servidumbres, sin perjuicio del recurso contencioso administrativo, único que debía caber contra estas resoluciones.

Sólo de esta manera se lograría unidad de acción y de criterio en esta clase de expedientes, respetándose con el trámite que dejamos marcado y propuesto los derechos de todos, y ganándose un tiempo precioso que hoy se pierde inútilmente y que no aporta a la resolución mayor garantía de acierto o de imparcialidad, ni para el que pide y logra la servidumbre, ni para el dueño del terreno que la sufre.

Se impone, pues, esa reforma, como tantas otras en el orden administrativo, de cuya urgencia máxima necesidad sólo pueden darse cuenta perfecta los que lleven muchos años consagrados al perpetuo papeleo oficial, pielego inmenso cuyas aguas, en todas sus múltiples clases, fuera preciso ir achicando y encauzar por derroteros más cortos y prácticos en beneficio de los peticionarios y de la propia Administración.

SERVANDO FERNÁNDEZ-VICTORIO.

Barcelona, julio de 1919.