La Energía eléctrica (1922-01-10 00:00:00), página 7

ductora, que dan el 7 por 100 y el 8 por 100 las obligaciones de la Barcelona Traction, variando poco del 95 por 100 el tipo de emisión.

Los anteriores párrafos dan idea de los esfuerzos de la iniciativa particular desarrollados durante el año último para el fomento de la industria eléctrica, que es hoy la más importante de las nacionales por el capital en ella invertido (unos 2,000 millones); contrastando con esos esfuerzos la acción oficial obligada a consolidarlos y alentarlos, ha preferido continuar en su perseverante labor de perturbación y aniquilamiento de toda fuente de riqueza, logrando por lo que a la industria de producción de fluido eléctrico se refiere un éxito tan inesperado como rotundo, suspendiendo, mediante el Real decreto de 14 de junio de 1921, la aplicación de la ley de Aguas de 1879, en lo referente a concesiones a perpetuidad sobre aprovechamientos para fuerza motriz y usos industriales y disponiendo que estas concesiones se hagan por un plazo máximo de sesenta y cinco años, al cabo de los cuales, revertirán al Estado todas las obras, maquinaria, líneas de transporte y demás elementos de explotación. Contra tan bárbara disposición, redactada, según nuestras noticias, sin asesoramientos técnicos por personas que por su elevado cargo deberían guardar mayores respetos a las leyes en vigor (1), se han alzado las Cámaras de Comercio e Industria, la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad y no pocas Empresas productoras de este fluido, a las que directamente afecta la comentada disposición, ya que al modificar o ampliar las instalaciones actuales han de someterse a sus prescripciones, acudiendo todas estas entidades a la información escrita abierta para redactar un proyecto de ley modificando la de Aguas, el cual no ha llegado aún a presentarse, produciendo, en cambio, grandes trastornos el Real decreto citado a todas luces injusto, y que por ser ilegal dará seguramente lugar a reclamaciones, alzadas y pleitos, que nos hacen recordar lo que ocurrió con el Real decreto del Sr. Besada, estableciendo la prohibición del mínimo de consumo, Real decreto que a los seis años de dictado declaró nulo el Tribunal Supremo de Justicia.

Otra disposición ministerial, unánimemente tenida por torpe y lesiva para los intereses generales del país, ha perturbado también la vida de la industria eléctrica; nos referimos a la modificación por repetidas Reales órdenes de Hacienda de los Aranceles de Aduanas y el establecimiento de un gravamen para las mercancías procedentes de naciones de moneda depreciada, hecho a pretexto de responder a la elevación de las tarifas para la entrada en Francia de nuestros vinos, y extendido a todos los países, con lo que se ha mantenido durante casi todo el año 1921 una elevación considerable en los precios de maquinaria, material y accesorios eléctricos, que en España no se producen, con visible perjuicio para las Empresas eléctricas que necesitan dicho material para sus explotaciones.

El resultado de estas medidas no ha podido ser más contraproducente, ya que las naciones que con España tienen algún comercio han tomado represalias, creando así una situación delicada con la que gana la nube cada día más extensa de contrabandistas y sufren quebranto serio cuantos establecimientos nacionales comercian con el extranjero. Tal es, en breve síntesis, lo que el año 1921 representa en la historia de la industria eléctrica nacional.

E. Gallego

(1) Se debe tan disparatada iniciativa al ex ministro de Fomento D. Juan de la Clerva, uno de los políticos más funestos que padeció España, ya que, a cambio de su laboriosidad indiscutible y su bien probada actividad, reúne como pocos audacia, soberbia, intemperancia y otras cualidades que, unidas a su proverbial endiosamiento le convierten en especialista en la creación de grandes conflictos por cuantos Ministerios pasa.