La Energía eléctrica (1921-02-25 00:00:00), página 15

la Administración y hasta un abuso de poder pretender hacerla extensiva a todas las demás a quienes ni se refirió ni pudo referirse, porque ya hemos dicho que ni se les comunicó siquiera, sólo se comunicó al gobernador civil de Madrid para que éste lo hiciese a las dos Compañías dichas; pero repetimos que no a las demás ni a las de otras provincias en que dicho gobernador no tiene jurisdicción alguna ni los gobernadores respectivos tienen por qué aplicarla ni tenerla en cuenta, porque no se refieren a ellos para nada; se contrae a un caso particular de dos Empresas madrileñas y nada más. Por consiguiente no siendo aplicable a las Empresas de electricidad en general los preceptos de dicha Real orden no puede tampoco someterseles a lo dispuesto en el art. 4.º de la vigente ley de Subsistencias ni en el 21 de su Reglamento, porque ni uno ni otro se refiere a la regulación del precio del fluido eléctrico, y mucho menos a la condición del mínimo de contratación para el consumo, sino al de otras sustancias alimenticias y primeras materias, como puede verse por el texto de los mismos que copiamos a continuación.

Art. 4.º (Ley 11 de noviembre de 1916.) «Queda también autorizado el Gobierno para regular con carácter general en todo el reino o particularmente en una o varias provincias, oyendo en este caso a la Junta provincial que se crea por el párrafo primero del art. 6.º de esta ley, el precio de las sustancias alimenticias y primeras materias» y el fluido eléctrico ni es sustancia alimenticia ni primera materia de la misma.

«Se faculta asimismo al Gobierno para adoptar cuantas disposiciones estime necesarias en relación con los barcos españoles, incluso la incautación de las flotas con objeto de obtener su restitución al comercio nacional y la regulación del tráfico. Se le autoriza también en relación con los cereales y los combustibles: «A acordar el plan de distribución que se considere más conveniente para el abastecimiento nacional. Se faculta igualmente al Gobierno para reglamentar y restringir el consumo de los artículos cuya provisión considera muy costosa o difícil.»

Art. 21 del Reglamento de 23 de noviembre de 1916 para la ley de Subsistencias: «Las Juntas provinciales, teniendo presente las circunstancias especiales de cada pueblo de la provincia y siempre que exista requerimiento de los Ayuntamientos interesados o cuando aun sin este requerimiento entiendan que las necesidades del momento lo demandaban fijarán, dando cuenta a la Junta Central que podrá anular el acuerdo en término de tercer día, entendiéndose en otro caso que queda subsistente, el precio regulador en la localidad, que modificarán o rectificarán mensualmente». y claro que esta intervención, conforme al art. 1.º del mismo Reglamento se limita a los artículos a que se refiere la ley citada de 11 de noviembre de 1916, o sea las sustancias alimenticias de primera necesidad cuyo concepto define el art. 8.º del mismo Reglamento en relación con su epígrafe en la forma siguiente: «Concepto de lo que son las sustancias alimenticias de primera necesidad» Capítulo 8.º: «Se entenderán como tales los cereales y sus harinas, las legumbres y las suyas, los tubérculos las frutas y hortalizas, el pan, las carnes frescas y saladas, los pescados, la leche, el azúcar, el vino, el aceite y cualquier otra considerada como de consumo general», y el fluido eléctrico no está comprendido en ninguno de los preceptos a que nos venimos refiriendo, que son los que sirven de pretexto a algunas autoridades que pretenden fundar en ellos la tasa del mismo, ni se encuentra tampoco en ningún otro artículo de la ley ni del Reglamento ni en ninguna disposición complementaria de aquella ni de éste.

Del fluido eléctrico sólo nos habla la Real orden de marzo de 1920 y ya hemos visto los términos y las circunstancias en que lo hace completamente inaplicables al caso general de todas las Empresas pues tampoco puede sostenerse de buena fe que la Real orden dictada para el gas es extensiva para la electricidad, que aunque tengan en algunos casos la misma aplicación, no cabe confundirla con ésta ni hacer extensivo a ella lo dispuesto de un modo expreso para el gas solamente.

D) Creemos, pues, en vista de lo expuesto que las Compañías de electricidad no sólo están en absoluta libertad de contratar licitamente con sus abonados un mínimo de consumo, sin que tal condición pueda reputarse como aumento de precio del fluido, sino que hasta lo están también para modificar sus tarifas fuera de los casos en que tengan contratos por tiempo y precio determinado, ya con los Ayuntamientos, ya sea con los particulares, pues a ello ni se opone ningún precepto legal ni hasta aquí hemos encontrado nada que les imponga siquiera la obligación de obtener la autorización previa de la Junta de Subsistencias ni del Gobierno, y por consiguiente, lo mismo que fundamentamente reputamos de legal, moral y hasta necesario el establecimiento del pacto referente al mínimo de consumo que las Empresas pueden por sí mismas establecer, consideramos de la misma legalidad, licitud y equidad el aumento de los