La Energía eléctrica (1922-02-25 00:00:00), página 15

La Compañía estima tan ilegal e improcedente la autorización concedida a ese Ayuntamiento, que se ha visto precisada a interponer los oportunos recursos contencioso-administrativos, tanto contra el Real decreto de 1 de noviembre último, autorizando para la exacción con carácter ordinario y con destino al presupuesto desde el actual ejercicio 1921-1922 del arbitrio de referencia, como contra la Real orden del Ministerio de Hacienda de la misma fecha, desestimando la reclamación formulada oportunamente por la Compañía.

Aunque al formular dichos recursos será la ocasión oportuna para demostrar las infracciones cometidas en el Real decreto y Real orden de 1 de noviembre último, creo necesario, a los fines de este escrito, hacer un resumen sintético para evidenciar la procedencia de que por la administración se deniegue la aprobación de las Ordenanzas.

Ilegalidad del arbitrio

Ley de Contabilidad del Estado.—Dicha ley de 1 de julio de 1911, en su art. 37, dispone que por medio de las leyes de Presupuestos del Estado, en ningún caso se podrán dictar leyes nuevas ni acreditar las vigentes por preceptos contenidos en su articulado. Como la ley Municipal regula ya la forma y extensión de los arbitrios que pueden imponerse por razón de ocupar la vía pública para modificar ese régimen en sana doctrina constitucional, no cabe otro procedimiento que el de la promulgación de una nueva ley, siendo, por lo tanto, ineficaz y sin ningún valor la autorización que se concede en la disposición segunda especial, párrafo 3.º de la ley de Presupuestos de 29 de abril de 1920.

Incompetencia del Ministerio de Hacienda.—El Real decreto de 1 de noviembre último, ha sido dictado por el Ministerio de Hacienda con evidente incompetencia de jurisdicción. En efecto, en su art. 1.º se autoriza al Ayuntamiento de Barcelona para la exacción de dicho arbitrio con carácter ordinario y con destino a su presupuesto desde el actual ejercicio económico 1921-1922, siendo así que dicha autorización para dotar el presupuesto de ingresos, es de competencia exclusiva del Ministerio de la Gobernación.

Ley de Presupuestos de 29 de abril de 1920.—Si bien es cierto que en el párrafo 3.º de la segunda disposición especial de los presupuestos generales del Estado, aprobados por la ley de 29 de abril de 1920, se autoriza al Gobierno para conceder a los Ayuntamientos todas o algunas de las exacciones locales de las consignadas en el proyecto de ley presentado a las Cortes en 16 de julio de 1918, no lo es menos que dicha autorización no es ilimitada, sino que, por el contrario, viene restringida expresamente en el mismo párrafo, entre otras, con las dos siguientes limitaciones:

A) Que no puede exceder de los límites previstos en el citado proyecto de ley.
B) Que se exceptúan los referentes a la zona de participación en las contribuciones del Estado y facultad para nuevos recargos sobre impuestos directos.

En el Real decreto, en cuestión, se excede de los límites previstos en el citado proyecto de ley en cuanto se autoriza la exacción de un derecho por aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública a favor de Empresas explotadoras de servicios públicos, sin hacer las salvedades y limitaciones contenidas en el repetido proyecto de ley de Exacciones locales, y muy especialmente la de que no pueden ser impuestos a las Compañías de servicios públicos, sino al obtener las concesiones o al proceder a la instalación de las líneas o de las canalizaciones. De cumplirse, por lo tanto, lo dispuesto en dicho proyecto de ley (párrafo 2.º del art. 69), habría tenido que ser declarada excluida esta Compañía del pago del impuesto, conforme se solicitó en su oportunidad.

Aparte de exceder conforme se deja demostrado de los límites previstos en el repetido proyecto de exacciones locales, es lo cierto que con el arbitrio proyectado se invade la zona de participación en las contribuciones del Estado, constituyendo dicho arbitrio un nuevo recargo sobre los impuestos directos. Si se obliga a la Sociedad a pagar al Ayuntamiento una suma equivalente a un tanto por ciento del ingreso bruto que efectúe, resultará en definitiva un recargo de la contribución directa que percibe el Estado por utilidades; recargo que, conforme se deja