La Energía eléctrica (1920-09-25 00:00:00), página 7

vado de la interpretación directa y racional de preceptos que figuran en las leyes de Obras públicas y de Aguas, con un acierto por todos reconocido y con tendencias unánimemente plausibles.

No obstante que en la aplicación a la práctica se han de señalar omisiones y necesidad de rectificaciones en detalles, y algunas de éstas se ha hecho ya notar en el poco tiempo que lleva de vigencia el Real decreto.

Ahora hay un punto muy esencial en el cual la disposición de que hablamos no sólo no se trata de evitar, sino que más bien agrava, y esta es la facilidad con que se puede incoar un expediente de este género, con bases falsas y hasta de mala fe, de manera que cuando esto llega a descubrirse ya se ha constituido un estado de derecho y se han creado intereses muy difíciles de prescindir de ellos, y siempre produciendo perjuicios inevitables.

En el preámbulo se dice que para evitar quejas que se han hecho sobre la diversidad de criterio en las diversas provincias, para apreciar si los proyectos presentados son suficientes para la tramitación, se deja en libertad a los peticionarios para presentar los proyectos como mejor les parezca, pero con los datos necesarios para replantear las obras sobre el terreno, desechándose los que no reúnan estas condiciones. La primera parte de esto, es lo que, a juicio del que subscribe, constituye una equivocación puesto que ocurre que desde que se formula una petición hasta que se informa el proyecto, transcurre un plazo de tiempo sumamente largo, durante el cual es admisible el poder hacer una petición improcedente o ilegal, o con documentación insuficiente presentar proyectos incompatibles con otros que tengan ya derechos adquiridos u ostensiblemente mal hechos, pueden aparecer reclamaciones cuya sola comprobación debía bastar para anular la actuación, es decir, sobreviene una aportación de elementos de juicio más que suficientes para poder juzgar las intenciones del peticionario y tomar una determinación, y, sin embargo, resulta que ésta no puede tomarse legalmente hasta después de la confrontación, sin tener en cuenta que durante todo este tiempo se tiene acaparado un derecho, puesto que en el tramo del río pedido no puede incoarse ninguna otra petición sino a resultados de la primera, pudiéndose, por tanto, entorpecer una actuación verdad por otra falsa y mal intencionada, que buscare los medios de alargar este tiempo, dando lugar o al desistimiento o al arreglo mediante una retribución, sin perjuicio de que si después de la confrontación se desestima la petición, poderse presentar ante el mundo como víctima de la tiranía administrativa que les ha hecho perder tiempo y dinero inútilmente.

Es evidente que debe estudiarse la manera de procurar que toda petición que tenga un vicio de origen sea desestimada cuanto antes, y en cuanto este vicio fuera descubierto; de esta manera se evitaría una buena cantidad de expedientes inútil, se simplificarían las tramitaciones, y, sobre todo, repetimos, no se crearían falsos estados de derecho ni intereses que más tarde se quieran hacer respetar a toda costa.

Además, el descubrimiento de estos vicios debe ser obligación directa de la Administración y no de los particulares a quienes estos vicios pudieran perjudicar, como se pretende hacer hoy día por medio de las informaciones públicas. Se han dado casos de que en los tramos de los ríos que sirven de límite a dos provincias, tramitarse un expediente en una de ellas y antes de que éste fuera remitido al ministerio de Fomento, formularse en la otra una petición de las mismas aguas, y a pesar de dar conocimiento de ella a la primera provincia, limitarse en ésta a hacer una información pública, cuyo resultado remitieron a la segunda, la cual prosigue la tramitación; el que hizo la primera petición formula la protesta y reclama su derecho de prioridad, con la cual no se hace otra cosa que unirla al expediente, y después de hacerse ambas confrontaciones, se remiten al ministerio para su resolución.