La Energía eléctrica (1920-09-10 00:00:00), página 14

rescindir el contrato que con ellos tenía, y anunciando que los que estuvieran conformes con las nuevas condiciones lo hicieran así saber a la Compañía. La cuestión, como se ve, estaba reducida a que los que estuvieran conformes con las nuevas condiciones firmaran un nuevo contrato, y los que no lo estuvieran dejaran de ser abonados de dicha Sociedad, y, naturalmente; si creían que sus derechos no habían sido respetados, siempre podrían acudir en defensa de los mismos a los Tribunales de Justicia. Este y no otro debiera de haber sido el consejo del alcalde cuando a él acudieron algunos abonados en queja de lo que ellos estimaban un abuso de la Empresa.

¡Pero cómo desperdiciar la ocasión que se le presentaba de fastigar a una Empresa eléctrica aun cuando fuera contra toda justicia y razón! De ninguna manera; y sin pararse a averiguar si la Sociedad en cuestión tenía o no razón para hacer lo que había anunciado, y sin examinar los textos legales correspondientes, la ordenó que suspendiera el cobro del mínimo de consumo que había comunicado a sus abonados. ¿Qué importancia podía tener al lado de esto que el pan se vendiese caro y malo, que los alimentos estén adulterados, y que los servicios municipales, todos en una palabra, estén por completo abandonados. Todo eso tiene una importancia muy relativa, comparado con la satisfacción, de poder interesar con una Empresa eléctrica. Pero hay más, la Sociedad citada, le dice al alcalde que lo que ésta se propone lo hace, fundada en tales y tales preceptos legales, y se los cita, que el famoso Real decreto de 25 de octubre de 1907, fue derogado por el 8 de mayo de 1908, y que después de esto, para que no quiera duda alguna hay dos sentencias del Tribunal Supremo que así lo confirman, y por lo tanto no tiene más que leer esos textos para convencerse que no tiene razón para oponerse a que se cobre a los abonados el mínimo de consumo anunciado. ¿No es verdad que cualquier persona por muy alcalde que sea, que no tenga otro interés que el de la justicia, después de haberle puesto de manifiesto los textos legales debiera haberse inhibido? Pues el alcalde de esta historia, lejos de eso, insistió en que la Compañía se abstuviera de cobrar el mínimo de referencia, y no contento con esto, amenazó al representante de la Sociedad, con multas sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiera lugar. Es decir, que un alcalde, sin otra razón que la de estar revestido de autoridad se salta por cima Leyes, Reales decretos y sentencias del Tribunal Supremo, e impide la libre contratación entre Empresa y abonados, sin que le importe un bledo la Constitución del Estado y demás leyes y disposiciones del orden civil. Y esto que lesiona intereses respetabilísimos, restando ingresos legítimos y de gran importancia, no tiene, al menos cuando se trata de Sociedades eléctricas, la sanción inmediata que debiera tener.

La Sociedad a que nos referimos, ha creído no obstante necesario defenderse del atropello de que se ha querido hacer, la víctima, y sin perjuicio del oportuno recurso de queja elevado al señor gobernador, atenta y respetuosamente ha expuesto al alcalde la responsabilidad en que ha incurrido por su manifiesta mala fe, dejando el camino preparado y expedito para exigirle las responsabilidades a que haya lugar.

En este estado la cuestión, hemos creído conveniente escribir las precedentes líneas para que todas las Sociedades que se encuentren en el mismo caso, se aperciban a la defensa y sepan que la razón y el derecho están de nuestra parte, y que es necesario luchar hasta conseguir por medio de disposiciones oficiales aclaratorias, para los gobernadores y alcaldes, que les convenza de que ninguna manera pueden intervenir en los contratos que las Sociedades eléctricas tienen con sus abonados, siendo los Tribunales de Justicia los únicos competentes para intervenir en las dudas e interpretaciones de los mismos, y que las Sociedades eléctricas tienen perfectísimo derecho a establecer el mínimo de consumo, pues no hay precepto ni disposición legal ninguna que lo prohíba.

A. de la Y.

MINISTERIO DE HACIENDA

Real orden declarando que continúan sujetos al recargo de 10 centésimas, establecido por el art. 1.º de la ley de 3 de agosto de 1907, los conceptos comprendidos en los epígrafes 2.º, 3.º y 4.º de la tarifa 2.ª de Utilidades, refundidos en la misma tarifa con los números 2.º y 3.º por el art. 2.º de la ley de 29 de abril último. (Gaceta del 25 de junio.)

Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este ministerio por D. Julio Collado, como gerente de la sucursal del Banco Español del Río de la Plata, establecido en Madrid, solicitando se declare, con carác-