La Energía eléctrica (1921-02-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XVII                Madrid, 10 Febrero de 1921                Núm. 3

Las Compañías de electricidad y la contratación desde el punto de vista legal del mínimo de consumo de fluido con sus abonados a luz o fuerza

1.º En 7 de octubre de 1904 se dictaron las instrucciones reglamentarias para el servicio de verificación de los contadores de electricidad, en las que no se hizo prohibición alguna sobre la percepción de un mínimo de consumo a los abonados, prohibición que tampoco estaba consignada en ningún otro precepto legal por lo que en virtud del principio general de Derecho relativo a la libre contratación que se ha consignado como precepto en el art. 1.001 del Código civil, era perfectamente lícito el pacto de aquel mínimo entre las Compañías y los consumidores y perfectamente válidos y eficaces los contratos en que se estableciese tal condición, pues según el art. 1.255 del Código civil, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público; y a nada de esto era contrario en aquella fecha, ni lo es hoy el pacto concerniente al mínimo de contratación en el consumo.

2.º De esa libre facultad de que gozaban las Compañías de electricidad para contratar un consumo mínimo con sus abonados se les privó abusivamente por la administración activa con el Real decreto de 25 de octubre de 1907, que reformó el art. 38 de las citadas instrucciones reglamentarias de 7 de octubre de 1904, cuyo primer párrafo quedó redactado en la forma siguiente:

«Art. 38. Párrafo 1.º Las Compañías suministrantes de fluido por medio de contadores no podrán exigir a sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas según dichos aparatos y reintegrarán a aquéllos las cantidades que por mínimo mensual u otro concepto hayan cobrado de más del importe del fluido consumido y por adelanto de los contadores mayor del 6 por 100.»

A partir de la vigencia de este Real decreto, ya no podían las Empresas contratar el mínimo que antes les estaba permitido imponer sin infringir el expresado art. 38; pero como tal prohibición fue reputada como contraria al ya mencionado principio de libertad de contratación, se restableció esta libertad volviendo a dejar las cosas en el mismo estado en que estaban antes del 25 de octubre de 1907, mediante un nuevo Real decreto dictado en 8 de mayo de 1908, el cual dejó redactado el citado primer párrafo del art. 38, que queda transcrita, a lo siguiente:

«Art. 38. Las Compañías suministrantes de fluido, reintegrarán a sus abonados las cantidades cobradas demás por adelanto de los contadores mayor del 6 por 100.»

Como se ve, la vigencia de la prohibición de la percepción del expresado mínimo, no duró más que desde 25 de octubre de 1907 hasta 8 de mayo de 1908, y, por consiguiente, sólo por evidente ignorancia o por marcada mala fe se puede pretender sostener que las Compañías de electricidad no pueden contraer con sus clientes la percepción de un mínimo de consumo, máxime sabiendo como de todos debe ser conocido que la reforma del Real decreto de octubre de 1907 por el de 8 de mayo de 1908, que volvió a permitir definitivamente esa libre contratación del mínimo, no se hizo por el ministro de Fomento de una manera caprichosa, sino después de una consulta elevada al Consejo de Estado, que emitió su alta opinión en un luminoso informe en el que se consignaba:

«Que mientras el suministro de energía eléctrica a particulares se haga en virtud de convenios entre ambas partes, el Estado no tiene facultades para imponer restricciones, limitar precios, ni ejercer otra atribución que las leyes le encomienden respecto a las demás industrias, o sean las de Policía y Seguridad por medio de disposiciones administrativas, y la de garantizar la observancia de lo pactado por medio de los Tribunales de Justicia, únicos competentes para dirimir las cuestiones nacidas de la infracción e incumplimiento de la Ley del contrato, resultando arbitrario y en contra del principio de libertad de trabajo, someter la industria de producción eléctrica a reglas distintas y a limitaciones que no tienen la demás.»