La Energía eléctrica (1921-07-25 00:00:00), página 12

Protección, ninguna.

Trabas:
1.º Impuesto de consumo de fluido eléctrico para alumbrado, en el cual el Fisco procede en la mayor parte de los casos con un criterio más que de rigor, cruel, siendo frecuente que por pequeñas inadvertencias se tramiten expedientes de multas que llegan a cifras absolutamente inverosímiles. Ejemplo, uno en que para una reclamación de 40.000 pesetas a una entidad que en todos los momentos tuvo la contabilidad a la disposición de la Administración, se la obliga a constituir un depósito de 240.000 pesetas que está fuera del alcance económico de la expresada Sociedad. Este es un botón de muestra para poner de relieve la conducta que en el ministerio de Hacienda se sigue con tal industria.

2.º La ya indicada intervención para la limitación del precio de la energía se efectúa de una manera absolutamente injustificada, principal y excepcionalmente en Madrid, donde se obliga a las Compañías a mantener los precios de época anterior a la guerra. Todo ha cambiado, todo ha subido, todo ha aumentado de precio; lo único que no puede aumentar es el precio de la energía eléctrica, ¿no constituye esto un atropello?

Jamás los representantes de tal industria oyeron una razón en contra de sus legítimas demandas. En todo momento se les hicieron todo género de promesas ante sus justificadísimas pretensiones.

Van pasando por el ministerio de Fomento personalidades de cuya energía y de cuyo espíritu de justicia podía esperarse que ésta no faltara ni fuera remisa; y, sin embargo, van pasando, no los meses, sino los años, y la justicia no se hace.

3.º Viene otra nueva actuación del Estado por su ministerio de Hacienda, y se dicta una Real orden de liquidación de Derechos reales de concesiones de saltos de agua, que no tiene otra explicación que la de una ignorancia supina, pues no por otra razón, muy de lamentar por cierto, en centros cuya responsabilidad en sus errores debiera de ser muy grande, y donde más bien no debieran poderse admitir semejantes errores, se explica el contenido de la Real orden de 16 de marzo de 1920, en la que se establece que el valor de una concesión ha de estimarse a razón de 2.600 pesetas por caballo, frente a lo cual está el hecho de que el que esto expone ha comprado, pasando por mano de especuladores, concesiones a 10, 15 y 20 pesetas caballo. ¿No es esto la prueba más patente de la ignorancia expresada, y no es tal ignorancia el abandono absoluto del Estado de un problema tan trascendental para la economía nacional como la industria eléctrica?

4.º Se discuten por los ministerios de Hacienda y Fomento las nuevas tarifas arancelarias, y se toman en consideración, muy justificadamente, intereses de toda la industria española, incluso de aquellas cuya importancia no tiene siquiera posibilidad de comparación con la industria eléctrica, y sin embargo se prescinde en absoluto de todo lo que al beneficio de la industria eléctrica puede referirse. Bien es verdad que en ningún momento esta industria ha podido tener representación en la Junta de Aranceles y Valoraciones, y ha vivido siempre a merced de quienes, indudablemente por inconsciencia, resolvían, por lo menos sin tener en cuenta para nada los intereses de tan fundamental industria, y se da el caso peregrino de que por ser la industria más novísima y la que tiene que seguir más al día los desenvolvimientos de la alta técnica y tener en todos los momentos que perfeccionar los procedimientos para poder colocarse en las mismas condiciones que la similar extranjera, y faltando en España la base industrial y técnica necesaria, tiene que acogerse como único recurso a la técnica e industria extranjera para proveerse de los elementos indispensables para su establecimiento; y prescindiendo de esta consideración, que seguramente no ha pasado por la mente siquiera, no ya de los ministros ni de los técnicos que los hayan podido asesorar, de que para aparatos cuya fabricación es imposible, por ahora y en mucho tiempo en España, se establecen derechos de tal monta, que por sí solos vienen a constituir, si no una ruina, por lo menos una dificultad tan grave que pueda ser motivo de la paralización de la industria eléctrica. Un ejemplo bastará para justificarlo.

Una entidad (y son varias en el mismo caso) necesitando una tubería de conducción forzada para uno de sus saltos, trata de adquirirla en España, y en cuanto la técnica e industria española lo permiten encarga, con grave quebranto para sus intereses, parte de esa tubería a la fabricación nacional. Resta la parte más difícil, o sea la tubería de la más alta presión, de 25 atmósferas por arriba, que ha de ser construida de un modo especial, sin costura, y exige chapas de dimensiones, en cuanto a su espesor, verdaderamente extraordinarias. Fracasados los intentos de fabricarla en España, se dirige a la industria extranjera y contrata 1.000 toneladas, a un precio aproximado de 1.000 pesetas por tonelada. Viene la