La Energía eléctrica (1917-06-25 00:00:00), página 15

Art. 11. Aparte de las otras responsabilidades criminales o gubernativas que pudieran derivarse de la falta a que se refiere el artículo anterior, serán castigadas gubernativamente:
a) Las faltas leves, con multa de 100 a 500 pesetas.
b) Las faltas graves, con la pérdida de la concesión y de los aparatos de la estación, y multa de 501 a 2.000 pesetas. La estación será desmontada, incautándose la Dirección general de los aparatos.
Si la falta grave fuese alguna de las comprendidas en los números 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del artículo anterior, el inspector procederá inmediatamente, después de ser descubierta, a la suspensión del funcionamiento de la estación.

Art. 12. Aparte de otras responsabilidades criminales que procedan, las acciones u omisiones voluntarias que con infracción de este Real decreto o de las demás disposiciones vigentes sobre la materia cometan los inspectores que sean funcionarios del Cuerpo de Telégrafos, se estimarán en todo caso como faltas graves para los efectos de la responsabilidad, con arreglo al Reglamento orgánico del Cuerpo. Las cometidas por los inspectores que no pertenezcan al Cuerpo de Telégrafos, serán castigadas gubernativamente con multad de 100 a 2.000 pesetas y con inhabilitación para ejercer el cargo de inspector, siendo la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos subsidiariamente responsable del pago de las responsabilidades pecuniarias.

Art. 13. Las estaciones clandestinas serán desmontadas inmediatamente después de ser descubiertas, y sus dueños perderán los aparatos, incautándose de ellos la Dirección general. El propietario de aquéllas, así como cada una de las personas que resulten culpables de su establecimiento o funcionamiento, además de las responsabilidades criminales en que hubieren incurrido, serán penados gubernativamente con multas de 2.000 a 5.000 pesetas.

En las mismas responsabilidades incurrirá el dueño de un edificio o jefe de establecimiento, sociedad o colectividad, en cuyos locales o dependencias estuviere instalada o se instalase con su conocimiento una estación radiotelegráfica clandestina, si no da parte del hecho inmediatamente y por el medio más rápido a la Dirección general de Correos y Telégrafos.

Art. 14. Será pública la denuncia de las faltas gubernativas cometidas por las estaciones radiotelegráficas autorizadas por el Gobierno, así como la existencia de las clandestinas.

El denunciante tendrá derecho a la mitad del importe líquido de la multa impuesta por la falta.

Art. 15. Las estaciones radiotelegráficas concedidas para fines científicos a centros u organismos oficiales servidos por funcionarios públicos estarán exentas de la inspección constante de su funcionamiento y de la constitución del depósito a que se refiere el artículo 8.º, sin que proceda tampoco en ningún caso, por el carácter público de aquélla, la incautación de aparatos ni la suspensión de servicios en caso de faltas cometidas por los concessionarios u operadores, pero los culpables de ella no estarán exentos de las responsabilidades criminales ni de las gubernativas que personalmente les afecten. Además, de las faltas cometidas en dichas estaciones se dará cuenta por el Ministro de la Gobernación al Ministro del ramo de quien dependa el centro u organismo poseedor de la estación, para que imponga a sus subordinados el cumplimiento de este Real decreto, y para que la falta surta sus efectos en el expediente personal de su autor.

Art. 16. La inspección de las estaciones radiotelegráficas de la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos seguirá rigiéndose por las condiciones impuestas por su contrato con el Estado, sin que, por tanto, la obliguen las disposiciones de este Real decreto, salvo aquellas que nominalmente la afecten.

Art. 17. Las estaciones radiotelegráficas autorizadas con anterioridad a este Real decreto estarán obligadas a cumplir sus prescripciones. La Dirección general organizará inmediatamente el servicio de inspección constante de las estaciones no comprendidas en las excepciones a que se refieren los artículos 15 y 16.

Se concede un plazo de ocho días, desde la publicación de este Real decreto, para que las estaciones autorizadas existentes, de carácter particular, faciliten a la Dirección general los datos a que se refieren los números 2, 3 y 4 del artículo 6.º, y para que constituyan el depósito ordenado por el artículo 9.º. Transcurrido dicho plazo sin cumplir esas obligaciones, la estación será considerada como clandestina, procediéndose inmediatamente como ordena el artículo 13, a no ser que antes del vencimiento del plazo el concedionario hubiere presentado al Ministro de la Gobernación, por conducto de la Dirección general, la renuncia de la concesión, desmontando previamente todos los aparatos.