La Energía eléctrica (1918-04-25 00:00:00), página 3

estos negociantes el mayor obstáculo para la construcción de aquéllos, obstáculo que sólo puede salvarse pagando las grandes cantidades que la codicia de dichos especuladores exige por no estorbar. Esta es la única justificación de sus pretensiones, que se asienta en lo que legalmente les concedió el Estado y que nada les costó y nada piensan gastar, aunque otra cosa ofrecieran en escritos rimbombantes, llenos de halagüeñas promesas, en los proyectos que motivaron el otorgamiento de sus concesiones.

Hora es ya, aunque no sea más que por razones de decoro y patriotismo, de que desaparezca la ficción legal que permite tan lamentable estado de cosas; pues con ello quedará a disposición de los industriales de buena fe cerca del 90 por 100 de la total riqueza hidroeléctrica que puede crearse, en tanto que, actualmente, será muy difícil encontrar en lo mas recóndito de nuestros ríos y arroyos un salto de agua que valga la pena de tomarse en consideración y que no esté solicitado o concedido, lo que en definitiva quiere decir acaparado.

Como muestra, puede citarse alguna concesión otorgada el año 83 del siglo pasado, que hoy se halla en manos de personas que nada hicieron nunca ni piensan hacer, en espera del industrial que les pague una prima. Otro hecho tan significativo como inaludible es el de que a una sola persona, que ni siquiera fué español, se le concedieran hasta 34 aprovechamientos de otros tantos saltos, cuya construcción exigiría más de un centenar de millones, sin que el Estado tomase la más elemental medida para asegurar la construcción de uno solo. Excusado es decir que, aunque van transcurridos algunos lustros, las concesiones no pasaron de tal condición, sin que a los poseedores actuales se les pueda reprochar nada, porque siempre cumplieron con los requisitos de la ley, tal como la Administración la interpreta, siendo éste un caso de los mil que podríamos citar. Que esto es escandaloso nadie puede negarlo, así como que no es posible continuar por más tiempo una situación legal que permite tales cosas.

Jamás debió el Estado enajenar la propiedad de una riqueza pública, natural y perpetua que, por otra parte, no ha sido preciso descubrir, pues se halla en la superficie, a la vista de quien con criterio industrial ha podido ir apreciando su adaptación a las necesidades de la industria, a medida que ésta ha ido progresando.

Esta riqueza, que con carácter común la heredamos de nuestros mayores, sólo por ignorancia del legislador ha podido ser substraída al común usufructo de las generaciones actuales y venideras.

No cabe, por otro lado, compararla con la riqueza minera, que es limitada y que, una vez descubierta, sólo puede ser utilizada por las generaciones cuyas necesidades determinen su agotamiento, pues las más de las veces esta riqueza es ignorada y generalmente se determina su existencia por el ingenio y sacrificios económicos de los particulares, y aun así sólo se justifica esa dejación del Estado por su mala condición para industrial.

Actuación conveniente del Estado.

La primera debe ser recuperar lo que por desidia e inadvertencia ha dejado perder, y si bien es cierto que para ello bastaría el que la ley actual, aunque rudimentaria, se aplique en su espíritu, sin permitir mixtificaciones que hacen una ficción de los preceptos más esenciales, es ya tal la tolerancia consentida y la adulteración de los principios que la inspiraron, que, por haber caído éstos en desuso, es imposible hacerlos resurgir, porque a ello se opondría todo el sistema de funcionarismo administrativo que, por ley de la costumbre, ha convertido en esencia la forma de interpretar en favor exclusivo de intereses particulares principios que debieron mantenerse intangibles.