La Energía eléctrica (1917-04-10 00:00:00), página 16

Al Gobernador de la provincia en todos los demás casos, pero oyendo a las Diputaciones provinciales o a los Ayuntamientos, si se trata de conducción de energía eléctrica que afecte a obras provinciales o municipales respectivamente:

Visto el artículo 12 de la misma ley, que dice:
«La servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica se regirá en el interior de las poblaciones por las Ordenanzas generales y locales de policía urbana, y lo que no esté previsto en éstas, por los preceptos del Código civil»:

Visto el artículo 72 de la ley Municipal, que dice:
«Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos con arreglo al número 1.º del artículo 84 de la Constitución, y en particular cuanto tenga relación con los objetos siguientes:
1.º Establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía Pública, comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales y seguridad de las personas y propiedades»:

Visto el artículo 73 de la misma ley, que dice:
«Es obligación de los Ayuntamientos procurar por sí o con los asociados, en los términos que más adelante se expresarán, el exacto cumplimiento, con arreglo a los recursos y necesidades del pueblo, de los fines y servicios que, según la presente ley, están sometidos a su acción y vigilancia, y en particular de los siguientes:
1.º Conservación y arreglo de la vía pública.
2.º Policía urbana y rural.
3.º Policía de seguridades»:

Considerando que la facultad que el artículo 2.º de la ley de 23 de Marzo de 1900 otorga al Ministerio de Fomento en unos casos, y al Gobernador civil de la provincia en otros, para la concesión de la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica, se halla limitada en la parte que afecta al interés de las poblaciones, por precepto de la misma ley contenido en su artículo 12, o lo que dispongan las Ordenanzas generales y locales de policía urbana, de donde claramente se infiere que las disposiciones de dicha ley y de su reglamento no han mermado en forma alguna la privativa competencia que el artículo 72 de la vigente ley Municipal atribuye a los Ayuntamientos para cuanto se relaciona con el ornato de la vía pública, seguridad del vecindario y de sus propiedades, doctrina legal reconocida por sentencia de este Supremo Tribunal de 14 de Abril de 1915:

Considerando que el tendido de cables eléctricos en el interior de una población, y, por tanto, la determinación de si la conducción ha de ser aérea o subterránea, es notoriamente asunto de policía municipal, sometido a la competencia exclusiva del Ayuntamiento, como así lo tiene declarado esta Sala en Sentencia de 15 de Noviembre de 1904:

Considerando que la concesión hecha por el Gobernador civil de Granada a la sociedad Eléctrica Popular de Loja, confirmada por la Real orden recurrida, al ordenar que los cables sean aéreos dentro de dicha ciudad, desconoce y lesiona el derecho del Ayuntamiento recurrente, basado en las mencionadas disposiciones legales, de dictar las reglas convenientes para el tendido de cables dentro del interior de la ciudad, que la Corporación estima debe ser subterránea y no aérea para la seguridad del vecindario; no pudiendo, por tanto, prevalecer tal concesión en los términos absolutos en que ha sido otorgada, debiendo quedar subsistente solamente en cuanto no se oponga al derecho invocado, o sea en la limitación de que el tendido de cables por dentro de la población queda sujeto a las reglas que señale su Ayuntamiento como asunto de su privativa competencia;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden del Ministerio de Fomento de 28 de Agosto de 1913, en cuanto dispone que la concesión de una línea de distribución de energía eléctrica en Loja hecha por el Gobernador de Granada a la sociedad Eléctrica Popular de Loja deba ser aérea dentro del interior de la población, y en su lugar mandamos que la concesión se entienda subordinada en este punto a las reglas que adopte la Corporación municipal para su instalación, declarándose firme y subsistente la referida Real orden y concesión en cuanto a los demás extremos que comprende.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.—Antonio Marín de la Bárcena.—