La Energía eléctrica (1918-11-10 00:00:00), página 18

2.º Por renuncia del concesionario.
3.º Por inobservancia, incumplimiento o infracción de las condiciones u plazos de la concesión.
4.º Por interrupción de la explotación por plazo y en forma que, en concepto del Instituto de Economía Hidroeléctrica, cause daño al interés público o intereses económicos directamente relacionados con el mantenimiento de la actividad de dicha explotación.
5.º Por falta de pago de los impuestos o cánones que graven la explotación.

Base 8.a.—Las concesiones se otorgarán por plazo indefinido. No obstante, el Estado, previa declaración de utilidad pública, podrá, transcurridos diez años desde que un aprovechamiento esté en explotación, incautarse de la propiedad de un aprovechamiento de aguas con sus obras, instalaciones, línea de transmisión y servicios anejos a la explotación de la misma, mediante la correspondiente indemnización.
Para fijar el importe de la indemnización se tendrá en cuenta:
a) El capital realmente invertido, tanto en la obtención o compra de la concesión, como en la preparación o ejecución de las obras e instalaciones que deben expropiarse.
b) Los beneficios líquidos obtenidos por el concesionario en el último quinquenio.
Si el beneficio promedio del quinquenio excede del 10 por 100 del capital invertido, se aumentará el valor de la concesión expropiada en un 10 por 100 del capital por cada uno por 100 que el promedio de beneficios exceda del tipo indicado, sin que en ningún caso, sean cuales fueren los beneficios, el aumento pueda exceder del doble del capital invertido. Si el beneficio promedio del último quinquenio es inferior al 10 por 100, se rebajará para la indemnización un 10 por 100 del capital invertido por cada uno por 100 que falte para llegar al tipo indicado, sin que en ningún caso esta rebaja pueda exceder de la mitad del capital invertido.
En caso de que los beneficios obtenidos en los años que integran el quinquenio, base de la valoración, hayan tenido un aumento progresivo, el valor de la concesión a expropiar, fijado de acuerdo con las prescripciones anteriores, se aumentará en una suma que no exceda del 20 por 100, en compensación a la pérdida de los futuros beneficios de la concesión.
En caso de que el aprovechamiento sobre el cual se decretase la incautación, utilizará elementos de conducción, transformación o distribución que se aplicaran a otros aprovechamientos propiedad de la misma empresa, ésta podrá exigir que la incautación se extienda también a estos aprovechamientos con todos los elementos integrantes de la explotación de los mismos.
Las Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades de unas y otros, dentro de los límites de su jurisdicción podrán, mediante autorización del Gobierno, ejercer el mismo derecho que en esta base se otorga al Estado; pero el derecho que obtengan sobre las concesiones expropiadas quedará siempre afecto al derecho de expropiación en favor del Estado, en las condiciones que se fijen al conceder la autorización.
En los expedientes de incautación será preciso oír al Instituto de Economía Hidroeléctrica y se tramitarán según las normas que se fijen en el Reglamento.
Base 9.a.—El peticionario de un aprovechamiento de aguas sometido a esta ley, que haya de construir un embalse regulador, podrá estudiar y justificar la mejora que la regulación produzca en todos los aprovechamientos inferiores a que afecte, de cualquier clase que sean; a estos usuarios se comunicará directamente la petición para que en la información pública puedan alegar lo que estimen conveniente.
En la concesión se determinará la cuantía de la mejora en vista de todos los datos aportados y aquellos aprovechamientos en que esa cuantía exceda del 10 por 100 de su producto bruto anual, vendrán obligados a contribuir en proporción a la mejora que obtengan hasta el 50 por 100 de los gastos para las expropiaciones y obras que exija el embalse exclusivamente, sin que pueda exigirse a ningún usuario más de la cantidad que resulte de capitalizar al interés legal la mitad de su mejora anual. El concesionario podrá hacer efectiva, en los meses de Enero y Julio, las cantidades correspondientes a los gastos hechos en el semestre anterior, según certificación del ingeniero encargado de la inspección de la obra.
Si algún usuario se negase, desde luego, a pagar la parte que le corresponda, o no satisficiese los dos semestres seguidos, después de requerido notarialmente, el concesionario del embalse tendrá derecho a expropiar el aprovechamiento, fijándose el importe de la expropiación con arreglo a la ley de Expropiación forzosa.
Base 10.—El Estado se reserva el derecho de utilizar para servicios públicos o para cederlo en favor de los Municipios hasta el 30 por 100 de la energía productiva en concesiones superiores a 5.000 kilowatios, con una bonificación de 20 por 100 en las tarifas aprobadas o en los precios que para cualquier suministro de energía haya establecido el concesionario por debajo de dichas tarifas. Este derecho podrá hacerse efectivo en todo caso antes de comenzar la explotación. Si se trata de utilizarlo después, habrá de notificarse al concesionario con un año de anticipación. Este plazo máximo podrá reducirse por convenio de ambas partes.
Si por el ejercicio de este derecho, luego de estar en explotación el aprovechamiento a que se aplique deja al concesionario en la imposibilidad de cumplir los suministros que tenga contratados, el Estado deberá fijar los suministros que deberán quedar desatendidos y dejarle indemne de cuantas reclamaciones se deduzcan por este motivo.
El Estado quedará obligado al pago de la energía que se reserve desde la fecha que se señale para hacer efectivo su derecho, aunque no haga uso de ella.