La Energía eléctrica (1919-05-10 00:00:00), página 3

1.ª Que los problemas hidráulicos son de orden indeterminado, y, por esta causa, la confección de un proyecto detallado, exacto y completo para obtener la concesión, sería inútil, con pérdida de tiempo y dinero, puesto que siempre o casi siempre las jefaturas en sus informes proponen reformas de trazados, de dimensiones, de presas, de emplazamientos, etc., que obliga a rehacer total o parcialmente el proyecto; y

2.ª Que el dispensio cuantioso de gastos para llevar a cabo un proyecto completo alcanza a cifras tan altas, que no siempre el peticionario se atreve a realizar, por tratarse de un negocio que ofrece dificultades, pocas garantías y un horizonte lejano y nebuloso. Y este no es modo de auxiliar las iniciativas particulares que han de influir en el fomento de la riqueza nacional.

No queremos terminar sin hacer un pequeño comentario al contenido del art. 6.º, facultando al ministro para reservarse los tramos de corrientes públicas que, previo los estudios anticipados, puedan ser necesarios al servicio del Estado. A nuestro juicio, el Estado no debe reservarse absolutamente nada, dejando correr libremente las aguas, que es el criterio sustentado hasta ahora; en el momento en que precise utilizarlas para servicios públicos, que acuda a su expropiación, de lo contrario, se repetiría el cenoto del perro del hortelano.

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De todos modos, las deficiencias de mayor importancia de la ley de Aguas están, a nuestro juicio, subsanadas, y únicamente resta modificar pequeños detalles que se irán reformando poco a poco, mediante disposiciones originadas por aquellos casos particulares que surjan a través de la marcha de los expedientes.

Pero el espíritu reformista sigue pertinaz y rayano en obsesión por perfeccionar nuestra legislación hidráulica, y esto ya puede constituir un grave peligro para su desarrollo. Esta tendencia se acentuó el año pasado de un modo alarmante durante la gestión ministerial del Sr. Cambó.

Muchas cosas se dijeron; en un folleto muy comentado hemos leído: «El Estado no debe enajenar la propiedad de la riqueza pública natural y perpetua; el derecho de propiedad de los saltos de agua es inmanente del Estado y no lo enajena». Más adelante añade: «La primera actuación del Estado debe ser recuperar lo que por desidia e inadvertencia ha dejado perder.»

No vamos a comentar estas opiniones, sólo nos permitiremos afirmar que es muy distinto el concepto jurídico respecto a la propiedad de las aguas; bien claro se ha visto en las conclusiones de los legisladores de 1866, que se apresuraron a establecer que las «aguas públicas eran del dominio público».

Siempre hemos de descollar en algo extraño y discordante. Mientras en España venimos disfrutando una legislación de Aguas, cuyo acierto y espíritu liberal es aplaudido por todo el mundo, en Francia se formula y aprueba una ley de Aguas (1898), de tan estrecho sentido, que dificultó bastante el desarrollo de las industrias hidroeléctricas en aquel país por las trabas y obstáculos que ofrecía para la explotación de los saltos y donde las concesiones se daban a título precario y revocable, con necesidad de justificar la propiedad del terreno, etc. Ahora bien; cuando en España nace esta industria, crece, se desarrolla, empieza a tomar incremento por las facilidades de una ley que fomenta y protege las iniciativas particulares, vislumbrando un porvenir brillante, surgen las paradojas y se le ocurre a algunas personas proponer la reforma de la ley en sentido restringido, evitando las «prodigalidades de la Administración» y aconsejando, si fuere preciso, la caducidad de toda clase de concesiones.

En tanto que esto se debatía, el Gobierno francés, convencido de sus errores, presen-