La Energía eléctrica (1918-04-25 00:00:00), página 14

su declaración de alta, acompañándola de instancia en que pedía la anulación de las actuaciones, por ser al propietario del Canal Imperial a quien correspondería el asunto.

Pues bien; ahora viene la prueba del aguzamiento del sentido recaudatorio en forma de real orden del Sr. Ventosa, con un considerando en que se dice:

«Considerando que, a pesar de lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que hay otro punto de vista que merece estudiarse, cual es que, al hacerse las concesiones de estas aguas, como de todas las públicas, el arriendo o alquiler vienen a ser propiamente la concesión de un aprovechamiento, según así se hace constar en la póliza correspondiente, lo que hace variar los términos jurídicos de la cuestión...»

El Tribunal gubernativo, discutiendo de este modo, de acuerdo con la Dirección de Contribuciones y la Intervención general, determinó por una parte revocar el acuerdo apelado, por tener en cuenta la Real orden de Noviembre de 1906; pero a la vez propone al ministro la derogación de dicha real orden y que se disponga que, en lo sucesivo, tributen con el referido recargo los concesionarios o arrendatarios de saltos de agua, de cualquier procedencia que sean.

Este dictamen ha sido aceptado de real orden por el ministro de Hacienda con fecha 7 de Diciembre último, quedando así sujetos en adelante los arrendatarios de saltos del Canal Imperial de Aragón al pago del recargo tributario de que se trata.

Los saltos de agua y el ministro de Fomento

El señor ministro de Fomento se propone realizar una obra de gran importancia social y económica, que marque el camino de una era de prosperidad nacional.

Tiene en estudio para presentar a las Cortes varios proyectos, entre ellos el de plan general de obras públicas, construcción de ferrocarriles y explotación de minas.

También se propone legislar sobre la concesión y construcción de saltos de agua.

Dado el déficit que España tiene en la producción de carbón, es muy necesario alentar la explotación de los nuevos saltos de agua, ya que las disponibilidades existentes de energía hidráulica, aun desaprovechada, son muy crecidas.

Con tal fin parece que el ministro tiene el propósito de reformar la ley en el sentido de nacionalizar la construcción de los saltos, dando al Estado el derecho de expropiación de todas aquellas concesiones que no se hayan utilizado.

Según nuestros informes, parece que se abriga el propósito de dividir España en zonas, obligando en cada una a las actuales compañías a formar un truts, con el fin de procurar ir nacionalizando los saltos que están hoy en poder de capitales extranjeros.

Las categorías en el peritaje

La Dirección de Obras públicas ha dado traslado recientemente al gobernador civil de Madrid de una real orden sobre nombramiento de peritos para resolver sobre tasación de fincas sujetas a expropiación forzosa. La real orden a que nos referimos se dictó con motivo de un caso suscitado en el término y partido judicial de Colmenar Viejo, con motivo de la construcción del ferrocarril de Fuencarral a Colmenar, de que es concesionaria la Compañía Madrileña de Urbanización.

Ocurrió que, para la valoración de una finca, habían intervenido, como peritos, D. Joaquín Armenol, por la entidad expropiante y, por la parte contraria, el ingeniero de Caminos D. Victor Martín Gil, que, siendo dueño de la finca en cuestión, se representaba a sí mismo, y visto que no llegaban a ponerse de acuerdo, el juez de primera instancia de Colmenar Viejo hubo de nombrar un tercer perito, en concepto de árbitro, designando como tal a D. Juan de Cubas y Palacios, que tiene el título profesional de perito agrícola.

Contra este nombramiento reclamó el Sr. Martín Gil, alegando ser contrario a lo establecido el que un perito agrícola pudiera aparecer corrigiendo tasaciones hechas por un ingeniero.