La Energía eléctrica (1918-06-10 00:00:00), página 20

E) El interés de los préstamos no excederá del 5 por 100 anual, mientras éste sea el interés legal. El interés podrá no ser uniforme entre todos los favorecidos, aun siendo industrias iguales.

Su cuantía se fijará estableciendo tipos inferiores en favor de las sociedades o personas naturales que ofrezcan garantía pignorativa e hipotecaria. Cuando por caso de fuerza mayor, debidamente justificado a juicio de la Comisión protectora, la industria no obtenga beneficios, el ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá aplazar, por el término máximo de un año, el pago de los intereses publicando la real orden en el Boletín Oficial de la provincia y en la Gaceta de Madrid. No tendrá eficacia legal ni efectiva el aplazamiento mientras no estén así publicadas las soberanas disposiciones.

Art. 23. F) Los préstamos a las industrias se podrán otorgar durante un período de quince años, hasta un total de 150 millones de pesetas, manteniéndose durante todo ese tiempo en vigor para su aplicación la cantidad total no invertida.

La cantidad no invertida durante un año pasará a formar parte de la del ejercicio siguiente, entendiéndose por cantidad no invertida, además de la no prestada, la que sea devuelta o reembolsada por los propietarios, y debiendo, por consiguiente, estar siempre disponibles para la inversión, o invertidos los 150 millones que establece la ley, por todo el tiempo de su vigencia.

G) El reembolso del capital prestado se hará por anualidades, en la proporción que se señale al concederse el préstamo.

En los casos de préstamos para nuevas industrias podrá acordarse que en los tres primeros años no se satisfaga más que el interés, previo informe de la Comisión protectora.

Y en todo caso, el industrial podrá verificar mayores reembolsos que los señalados en la concesión del préstamo cuando lo tenga por conveniente.

H) Los préstamos estarán exentos de los impuestos de Derechos reales y Timbre del Estado.

Art. 24. I) Los industriales, personas naturales o sociedades a quienes se haya otorgado préstamos con arreglo a la ley, estarán obligados a justificar ante el ministro de Hacienda haberlos empleado exclusivamente en aquellas necesidades para que fueron concedidos, y habrán de someterse a todas las comprobaciones que proponga la Comisión protectora, al informar en la concesión, y a cuantas otras exija y acuerde el ministro de Hacienda.

Cuando se trate de préstamos que hayan de entregarse de una sola vez, se determinarán al concederlos los plazos en que habrá de hacerse dicha justificación.

Cuando se trate de préstamos que se hayan de entregar en plazos, no se podrá abonar el segundo y los sucesivos sin que proceda la justificación respecto del anterior.

En los casos en que falte la justificación a que se refieren los párrafos antecedentes, se exigirá desde luego el reintegro total del préstamo si se hubiera hecho de una vez y, si se hubiera otorgado por plazos, la devolución de los ya satisfechos.

Art. 25. J) Cuando por muerte o cualquier otro motivo distinto del de cesión se substituya por otra la persona o entidad a quien se otorgase el préstamo, el ministro de Hacienda, previo informe de la Comisión protectora, podrá acordar que se proceda a la liquidación o reducción de dicho préstamo si entiendiere que por virtud de tal sustitución han desaparecido o disminuido las condiciones de garantía en que aquél se hizo.

La cesión de las industrias objeto de auxilio o préstamo sólo podrá verificarse con autorización del ministro de Hacienda y con las condiciones que éste fije, oída la Comisión protectora.

K) Cuando se haya dejado de hacer efectivo alguno de los plazos de reembolso a su debido vencimiento, el ministro de Hacienda podrá acordar que se exija el importe total de la cantidad que reste por reembolsar y de los intereses vencidos y no satisfechos.

Art. 26. L) La suspensión de pagos de particulares o compañías que hayan recibido préstamos con arreglo a la ley, no afectará al derecho del Estado para exigir el reintegro del capital e intereses en la forma y plazos establecidos al hacerse la correspondiente concesión.

En caso de quiebra, tendrá el Estado preferente derecho al reintegro del capital prestado y sus intereses, respecto a los demás acreedores, con excepción de aquellos anteriores a la concesión del préstamo, a cuyo favor reconoce la legalidad vigente preferencia especial sobre determinados bienes, y designará un liquidador que intervenga todas las operaciones y reserve del activo la parte necesaria para dicho reintegro. El Estado utilizará sin obstáculos judiciales el procedimiento de apremio.

(Continuado.)