La Energía eléctrica (1918-07-10 00:00:00), página 4

taciones de quien puede hacerlas, y termina mostrándose solamente partidario de un gravamen sobre las concesiones a partir de la fecha de su otorgamiento y reintegrable cuando se hayan realizado las obras.

Yo soy partidario de ese gravamen con carácter definitivo y por todo el tiempo que medie desde que se solicita y obtiene la prioridad de una concesión hasta que deje de usufructuarse el derecho, y voy a defender este criterio con los principios fundamentales expuestos por el Sr. Urrutia en su notabilísimo folleto.

Establece la vigente ley que son del dominio público y propiedad del Estado todos los cursos de agua en cuanto salen del predio particular donde nacieron, y defiende valientemente el Sr. Urrutia que jamás el Estado debió enajenar esta riqueza pública, natural y perpetua.

Siendo esto cierto, parece lógico que lo que debe hacer el Estado es «arrendar» y no «ceder» esa riqueza.

¿Cuál debe ser el plazo de arrendamiento? Pues debe ser el que más convenga a los intereses públicos, sin menoscabo de ningún interés o derecho privado legítimamente adquirido.

El origen de dicho plazo debe ser el día mismo en que un particular adquiere el derecho de usufructo o de privar a los demás que lo adquieran y al Estado que lo otorgue; es decir, el día mismo en que por virtud de solicitud obtiene derecho de prioridad.

¿Cuándo debe finalizar aquel plazo? Nunca, si el arrendamiento es conveniente para los intereses públicos, pero inmediatamente que deje de serlo, por oponerse a un aprovechamiento de más utilidad para la nación, de cualquier género que sea.

Señalar plazos iguales de cincuenta, sesenta o cien años para todas las concesiones tiene gravisimos inconvenientes para los concesionarios, sin ventaja positiva para el Estado, porque en unos casos ese plazo sería un obstáculo para la oportunidad de obra más importante y beneficiosa, y en otros su terminación prematura obligará a una serie de expedientes de prórroga o subasta absolutamente tontos, si es que no se prestan a maniobras de vividores, sin beneficio ninguno para la nación.

Véase si no lo que ocurre con las concesiones de ferrocarriles. Se piensa en la concesión de prórrogas cuando los gobiernos son opuestos a la administración directa, y en el acortamiento de plazos si son partidarios de la incautación; y es que no hay inteligencia humana que pueda prever lo que será conveniente en un plazo de cincuenta o de noventa y nueve años.

El Estado debe cobrar renta por las concesiones de agua, como lo hace en las mineras con el canon de superficie, y esta renta debe ser proporcional a la cantidad de agua y a la longitud del río concedidas, que son las verdaderas propiedades del Estado y la cosa que se resta al servicio público otorgándola al concesionario.

No debe ser proporcional a la fuerza obtenida, a fin de premiar el ingenio y acierto de los proyectistas y facilitar la determinación del importe sin que haya lugar a discusiones ni ocultaciones.

No se trata de una contribución industrial, cuya base pueden ser los elementos de producción, la producción misma o las utilidades obtenidas.

Sería razonable buscar el tipo de renta en relación al producto del número de metros de cauce privado de caudal, multiplicado por el número de litros derivados; pero, como esto produce enormes diferencias entre los saltos de grande y pequeña altura, debe buscarse otra base que aminore estas diferencias, sin suprimirlas en absoluto, pues es más conveniente a la nación que los saltos se construyan en las remotas alturas, generalmente poco pobladas, que en los valles de los grandes ríos, donde las fincas y los riegos tienen más importancia y es más probable la construcción de canales de riego, navegación y flotación.

Podría tomarse por base la suma de la longitud y el caudal, y establecer un tipo de renta