La Energía eléctrica (1918-11-10 00:00:00), página 14

No es necesario, sin embargo, al sentar las bases de la nueva legislación, alterar en sus fundamentos el régimen general existente en la materia, ni cabe vanagloriarse ahora, como en 1866, de emprender una obra nueva en su género en Europa. Otros países se adelantaron al nuestro en regular, con modernas normas, las explotaciones hidráulicas, singularmente en sus manifestaciones hidroeléctricas; pero es grato consignar que no ha sido preciso acudir a inspiraciones extrañas para elaborar el proyecto que sigue, sino que ha bastado desenvolver principios cardinales de la legislación autónoma de aguas para acomodarla a hechos que, sobrepasando sus límites, han surgido a su amparo, y por ley natural de crecimiento requieren ya régimen propio.

Los principios intervencionistas y tutelares, las facultades de expropiación, la subordinación de los intereses particulares y privados a los públicos y generales en que descansa el proyecto que el ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes, lejos de constituir, como pudieran creer los no avisados, plagio o afán de novedad, son lo tradicional y clásico en la materia en España.

Así lo proclama la exposición de motivos de la primera ley que con carácter general la reguló, al afirmar que los principios de buena administración exigen la intervención del Poder público en el disfrute y aprovechamiento de aquellas cosas que, aunque son de uso común, no bastan para el consumo de todas, y añadir: «La sociedad no puede abandonarlas al interés o a la codicia individual sin ocasionar grandes perturbaciones en el orden público, y el fomento de la riqueza exige, por otra parte, que se dé preferencia a aquellos aprovechamientos que más pueden contribuir a ella distribuyendo esos bienes comunes con la misma economía y acierto con que un prudente padre de familia distribuye los suyos».

El mismo legislador de 1866, invocando remotos precedentes, recogía la implícita declaración en ellos contenida y aceptada ya entonces sin contradicción acerca del dominio público de todas las corrientes naturales, y el de 1879, cuando considera que la realización de un proyecto ha de ser provechosa a la conveniencia general, no repara en autorizar expropiaciones, y de igual suerte faculta para destruir fábricas, presas u otras obras legalmente constituidas, o para privar de riego o de otro aprovechamiento a los que con derecho lo disfrutan, que consiste la expropiación de terrenos privados y la de unos aprovechamientos en favor de otros, y aun llega a declarar de antemano de utilidad pública determinadas obras, cuando sospecha que sin esas medidas extremas la iniciativa beneficiosa para la generalidad habría de estrellarse contra exigencias egoístas o tendría que sucumbir estrangulada por ellas.

A estos mismos principios, acomodados a las realidades actuales, y a los que se vislumbran para un próximo porvenir, responde la reforma que se propone. Con ella procuran salvaguardarse los intereses públicos, sin coartar, antes bien, estimulando las iniciativas privadas, a cuya acción hay que confiar el rápido aprovechamiento de las enormes riquezas que en fuerzas hidráulicas posee España.

Limitase la reforma a los aprovechamientos superiores a mil kilovatios, por ser los grandes aprovechamientos hidráulicos para la producción de energía eléctrica los que crean una nueva realidad económica que puede alcanzar, en breve plazo, una importancia igual al hecho económico que surgió con el establecimiento de los ferrocarriles. Para los aprovechamientos menores se estiman suficientes las disposiciones de la ley actual.

En el se ha procurado, ante todo, respetar los legítimos intereses que se han desarrollado a la sombra de la legislación actual, los cuales quedan salvaguardados por la base 1.a, en que se limita el alcance de la ley a las concesiones de aguas públicas para la producción de energía de determinada potencia bruta, que se otorguen en lo sucesivo, y a las que, por cualquiera de los medios que la base expresa, vayan en lo futuro a colocarse, por voluntaria actuación, dentro del campo delimitado por los nuevos preceptos.

La base 2.a sigue la tendencia, hoy universal, iniciada ya en España por diversas leyes, y entre ellas por las de protección a la producción nacional y a las industrias y comunicaciones marítimas, y acentuada en la de 2 de Marzo de 1917, que se encamina a la nacionalización de las grandes arterias, por las cuales circula la riqueza del país, que sostienen su vitalidad y son raíz de su independencia, no sólo económica, sino política y aun militar.

Dentro de esa tendencia establece dicha base que las concesiones sólo se otorgarán a ciudadanos españoles o a Sociedades domiciliadas en España, y constituidas con arreglo a las leyes españolas, y como sería inútil limitar las concesiones en esta forma, si luego fuese libre su traspaso, la misma base exige para autorizarlo iguales requisitos en los concesionarios o nuevos adquirentes por cualquier título de dichas concesiones.

El orden de preferencia que, en caso de incompatibilidad, se señala en la base 3.a para las concesiones, obedece a exigencias de la realidad, tan evidentes, que no parece pueden ser discutidas, sobre todo teniendo, como tiene dicha base, la flexibilidad necesaria para dar en todo momento prioridad a los aprovechamientos que mayor beneficio puedan reportar a la riqueza pública.

El mismo propósito y deseo de servir al interés general inspira la base 4.a, encaminada a revestir de la indispensable eficacia a los aprovechamientos objeto de la ley, dotándolos desde su nacimiento de la potencia de dominio y de asimilación que se requiere para su natural desarrollo, aunque respetando siempre el derecho preexistente, como es de esencia en materia de expropiación, y llevando ese respeto hasta el punto de indemnizar a los vecinos privados de las casas que habiten o de las tierras que cultiven, o de ambas cosas, aunque no sean propietarios de casas ni de tierras, teniendo muy presentes los indescriptibles afectos del hombre a su región y a su comarca.

La base 5.a, concerniente a la tramitación de expedientes, al mismo tiempo que procura garantizar