La Energía eléctrica (1918-07-10 00:00:00), página 3

ción, y los que, como dice muy bien el Sr. Urrutia, no ha sido preciso descubrir, pues se hallan a la vista de todos.

Luminoso como los anteriores el capítulo II del trabajo del Sr. Urrutia, y con el título «Actuación conveniente del Estado», se dedica a demostrarnos la necesidad de una nueva ley de Aguas que permita a dicho Estado recuperar de manos de los acaparadores una riqueza tan importante que, por desidia e inadvertencia, se ha dejado perder, y nos demuestra su erudición en la materia exponiendo someramente los principios en que se basa la legislación de otras naciones, y los que sería conveniente considerar en la nuestra, e inicia la idea de un plan general de aprovechamientos, que magistralmente desarrolla en los capítulos III y V.

Manifiesta la opinión, que comparto, de que para recuperar aquella riqueza sería suficiente que se aplicaran, sin mixificaciónes, la ley actual y las condiciones particulares de cada concesión, obligando a las dependencias del Estado y corporaciones a cumplir los plazos reglamentarios en el despacho de los expedientes y caducar todas las concesiones que, por culpa de los concesionarios, no tengan estado absolutamente legal.

Creo firmemente que éste debe ser el primer paso de los Gobiernos, pero teniendo muy en cuenta que las circunstancias anormales en que nos hallamos con motivo de la guerra europea exigen tolerancias extraordinarias para todas aquellas concesiones que han sido solicitadas u otorgadas a partir del año 1914. No así para las que antes de esa fecha habían adquirido el vicio de caducidad, que debieran ser inmediatamente anuladas.

En el capítulo IV concreta el Sr. Urrutia sus ideas respecto a la intervención del Estado, y aquí es donde empiezan a esbozarse mis diferencias de criterio con dicho señor.

Conforme en el respeto absoluto de las concesiones de saltos en explotación, conforme en que se compruebe si los en construcción y concesión otorgada cumplen fielmente los plazos de la concesión, para anular ésta, si no existe causa muy justificada en la dilación que aconseje el otorgamiento de nueva prórroga; pero considero arbitrario autorizar la reducción de los plazos concedidos, aunque sea buscando armonía con la importancia de la obra, porque esta armonía ya debió buscarla la autoridad otorgante, y no debe mermarse el derecho adquirido por los concesionarios.

No sé si pueden suspenderse las concesiones en tramitación, ni si debe cerrarse la admisión de nuevas demandas hasta reformar la ley. Lo mejor sería aprobar ésta rápidamente.

El resto del capítulo IV, como todo el V y el III, salen de los moldes de mi modesto trabajo, y no he de atreverme siquiera a examinarlos en él.

De manera verdaderamente admirable sintetiza el Sr. Urrutia en su capítulo IV «Nacionalización de la industria hidroeléctrica», todo cuanto mejor se puede pensar respecto a las ventajas e inconvenientes de la industria en general y de la hidroeléctrica en particular. Tan de acuerdo estoy con todo cuanto en ese capítulo se expresa, que lo suscribiría íntegro como reflejo exacto de mi pensamiento, aunque convencido de no saber exponerlo con tanta justeza.

Al leer el capítulo VII «Impuesto sobre concesiones hidráulicas», me sucede una cosa muy original. Estoy completamente de acuerdo con los dos fundamentos del Sr. Urrutia, y, sin embargo, mi conclusión es totalmente opuesta a la suya, para deducir la cual me parece olvida otros principios fundamentales y criterios valientemente defendidos en su mismo folleto.

Díce el Sr. Urrutia en dicho capítulo VII que en las nuevas leyes de casi todos los países se establece una carga fija sobre las concesiones, y añade que esto supone un inmediato beneficio para el Estado; pero lleva consigo el grave inconveniente de retraer a los capitalistas, y que no es España país donde deban establecerse trabas a las nuevas industrias. Agrega consideraciones generales sobre la irritante desigualdad de los tributos, por tolerancia con las ocul