La Energía eléctrica (1919-05-10 00:00:00), página 2

potencia, lleva consigo ya resueltas en el expediente de la concesión todas las cuestiones que afectan a la realización del asunto, evitando así dificultades y nuevas tramitaciones; es una medida acertada y de reconocida justicia, por su trascendencia para la industria patria, al aumentar las facilidades para la explotación de los grandes aprovechamientos hidráulicos.

2.º La determinación de plazos a que ha de someterse el trámite de los expedientes, viene a regular la marcha de éstos y hace desaparecer, con aplauso de todos, la detención más o menos intencionada de los proyectos, unas veces por culpa de los mismos peticionarios y otras, las más, por negligencia de la Administración; y

3.º La forma que ahora se establece para incoar los expedientes, empezando por fijar el plazo de un mes para la presentación de proyectos que se refieran al mismo aprovechamiento solicitado. Este libre concurso, durante el plazo fijo de un mes, evita un hecho escandaloso, que en muchas ocasiones fue motivo de pleitos interminables; durante el período de información pública, se tomaban los datos fundamentales del proyecto expuesto a disposición de cualquiera en las jefaturas de Obras públicas, dando tiempo suficiente para realizar una verdadera copia de planos, memoria y presupuesto, mediante una pequeña reforma y mejora, se presentaba un proyecto en competencia, que algunas veces anulaba la petición primitiva.

En la cuestión de competencia para otorgar concesiones, el nuevo Real decreto no hace más que recoger y aplicar la doctrina sostenida por los Tribunales de lo Contencioso y Supremo en sus últimas decisiones sobre esta materia.

Dentro de estas atribuciones ha de repetirse con frecuencia un caso curioso que, desde luego, salta a la vista por extraño, desigual y contrario al buen sentido; es facultad del gobernador conceder agua para riego cuando no exceda la petición de 100 litros por segundo; pero esta misma cantidad de agua no puede otorgarla con destino a creación de fuerza, si constituye la totalidad o mayor parte del caudal de la corriente del río, en cualquier época del año.

Ofrece algunas dudas, y seguramente tendrá tantas interpretaciones como jefaturas de Obras públicas hay en España. El precepto de que si algún proyecto no tuviese datos suficientes o no concordarse con el terreno (art. 13), el Gobernador declarará excluido el proyecto.

Concordar es poner de acuerdo, sin precisar el límite de la aproximación en la copia gráfica de la topografía del terreno, que queda encomendada al buen criterio de la jefatura encargada de hacer la confrontación, la cual puede recorrer una amplia escala, desde el proyecto que contenga los datos estrictamente necesarios para que sean una realidad el emplazamiento y dimensiones de la presa, toma, canal, salto y casa de máquinas, con presupuestos y memoria aproximados a la verdad, o sea un anteproyecto suficiente para obtener la concesión, hasta la exigencia de imponer la redacción de un estudio detenido, exacto, matemático del terreno y de cada una de las obras que forman el proyecto; es decir, que hay una enorme distancia, desde lo más sencillo y suficiente hasta lo más complicado y excesivo, donde caben todas las opiniones más o menos rigoristas y reglamentarias. Claro está que hay una apelación al Ministerio; pero esto será de poca eficacia en la realidad.

La precisión o exactitud en los detalles de un proyecto sólo tiene aplicación práctica cuando se trata de llevar a cabo su construcción y ha de servir de base para la ejecución de las obras; pero en su primer período, cuando sólo se intenta planear un pensamiento y justificar una petición, creemos bastante un anteproyecto, que esté conforme en sus datos con la topografía del terreno y cuya exactitud se refiera únicamente a los puntos esenciales de las obras de mayor importancia. Entre otras razones, tenemos dos en las que fundamentamos nuestro criterio: