La Energía eléctrica (1918-03-10 00:00:00), página 15

entrar en el segundo período señalado en la ley de Expropiación, vendría a resolver la Administración dos veces sobre las mismas cuestiones, desconociendo la eficacia ejecutoria de sus acuerdos firmes y abriendo plazos feneecidos para reclamación, en perjuicio de la buena marcha de los procedimientos y de la formalidad de aquélla:

Considerando que aun en aquello que se refiere al tercer período de la ley de Expropiación forzosa habrán de tenerse en cuenta también las disposiciones de la que rige la imposición de servidumbre de energía eléctrica, por cuanto en ella se fijan las bases para la indemnización:

Considerando que sólo es necesaria la audiencia del Consejo de Estado en los casos expresados en el artículo 26 de su ley Orgánica y la de la Comisión permanente del mismo en los casos que previene el artículo 27, con ninguna de los cuales guarda relación el que se ventila en este expediente, que es la simple aplicación de disposición concreta, y, por lo tanto, no es preciso que pase este expediente a informe de dicho Alto Cuerpo consultivo, añadiendo un trámite innecesario, sin perjuicio de la facultad que asiste al señor ministro para oírle si lo estima conveniente, conforme al art. 26, núm. 7.º y 29 de la expresada ley:

Considerando que para evitar interpretaciones distintas y contradictorias, en casos en los cuales, aun pareciendo idénticas las circunstancias pudieran no serlo en realidad, es conveniente no prodigar la adopción de disposiciones de carácter general,

La Asesoría Jurídica tiene el honor de informar a V. L. que a su juicio procede dejar sin efecto el anuncio publicado por el gobernador de Gerona en 28 de Mayo último en el expediente antes aludido y declarar sin más trámites que en este expediente procede, desde luego, el trámite de indemnización previsto en el art. 4.º de la ley de 23 de Marzo de 1900 y su reglamento, quedando la de Expropiación forzosa únicamente como supletoria de lo no previsto en ella.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver, de acuerdo en un todo como en el mismo se propone.

De orden del señor ministro lo digo a V. S. para su conocimiento el de los interesados en la debida forma administrativa, con devolución del expediente. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, y 10 de Octubre de 1917.—El director general, Ruano.

El domicilio en territorio foral y las leyes tributarias

Constituida en Bilbao la Compañía minera de Sierra Menera, tomó en arrendamiento minas situadas en las provincias de Teruel y Guadalajara, y para liquidación de derechos reales presentó la escritura de constitución en la Diputación foral de Vizcaya y la de arrendamiento en la oficina liquidadora del Estado, en Albarracín. A propósito de esto, surgió una denuncia por defraudación, haciendo notar que la Sociedad de Sierra Menera, aunque constituida en territorio foral, debía tributar al Estado en concepto de derechos reales por todo el capital que destinase a operar en las provincias de régimen fiscal común.

De acuerdo con la denuncia, el Tribunal gubernativo de Hacienda resolvió que la Compañía debía presentar su escritura de fundación, y que dicho documento debía liquidarse con las multas reglamentarias.

Habiendo interpuesto la Compañía recurso contencioso contra esa resolución, el Tribunal Supremo ha dado fallo confirmándola, salvo en la parte referente a imposición de multas.

En la sentencia se hace presente que se trata de una Sociedad constituida en población en que regía el concierto económico de 1.º de Febrero de 1894; pero teniendo su casi total finalidad en provincias sometidas a la ley común, siendo ésta para el caso la de 2 de Abril de 1900, con el Reglamento del 10 de ese mes y año. Se citan el párrafo décimotercero del art. 13 de dicho Reglamento y el art. 38 de la referida ley, con respecto al punto donde hacerse el pago del impuesto, de lo que también se había en el art. 55 del Reglamento.

Pero teniendo en cuenta que la Sociedad cumplió lo dispuesto en otros artículos del Reglamento, con arreglo a la advertencia del notario que hizo la escritura, y sin que ni el Registro Mercantil, ni