La Energía eléctrica (1918-11-10 00:00:00), página 15

todos los derechos con procedimientos de publicidad, información y controversia, trata de evitar que los expedientes se eternicen, y al efecto fija plazos a la Administración, señala responsabilidades a quienes los dilaten y estimula el cumplimiento de los deberes de asesoría en los organismos consultivos, interpretando su silencio como opinión favorable a la solicitud, con lo cual se coloca en el dilema de informar oportunamente o de resultar de acuerdo con las solicitudes, sin consentir jamás que el trámite sea un obstáculo para el rápido curso del expediente.

Correlativamente a los deberes de la Administración en la tramitación de expedientes, ha sido necesario establecer en la base 6.a medios para conseguir la efectividad de las promesas que sirven de base a las concesiones, ya que todos los requisitos de que suelen rodearse resultan absolutamente inútiles si, una vez otorgadas, el Estado se desentiende del asunto, dejando amplio margen a la desidia para adormecerse, al acaparamiento para evitar competencias, al cazador de primas que recibe indefinidamente las concesiones para esperar la oportunidad favorable de esgrimir el arma que la Administración puso en sus manos, y al país, mientras tanto, desprovisto de preciosos elementos de trabajo y de prosperidad.

Así, sin olvidar las circunstancias que pueden hacer indispensable la concesión de prórrogas, ya para comenzar las obras, ya para terminarlas, se condiciona y limita su otorgamiento en forma que permite desposeer a los inactivos de la riqueza que se malbarata en sus manos, para confiarla a quienes estén dispuestos a ponerla, desde luego, en actividad, siempre que ofrezcan para ello las garantías oportunas.

En cambio, por medio de la base 6.b, con las prórrogas automáticas que autoriza, se busca la manera de estimular la diligencia y de precisarla; demostrando el conjunto de estas disposiciones que lo que con ellas se persigue es el aumento progresivo de la energía hidráulica en explotación, y en la base 7.a se señalan algunos de los motivos de caducidad, entre los cuales figura la interrupción de la explotación por plazo y en forma que no cause daño al interés público o a intereses económicos directamente relacionados con el mantenimiento de la actividad de dicha explotación.

El derecho que por la base 10 se reserva al Estado de utilizar para servicios públicos o para cederlo en favor de los municipios, un tanto por ciento de la energía producida en concesiones de determinada potencia, con una bonificación en las tarifas o en los precios, obedece al mismo principio que resplandece en la base 8.a, y que autoriza al Estado para incautarse de un aprovechamiento, previa declaración de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización. Este principio no es otro, como se ha dicho ya, que el de subordinar los intereses particulares a los públicos, sin dejar de guardar a los primeros todos los respetos que el Estado les debe en todo momento, como lo prueban los elementos de juicio que en dicha base se ordena que se tengan en cuenta para fijar el importe de la indemnización, no sólo partiendo del capital realmente invertido en las explotaciones, sino del estado y rendimiento de éstas.

Esta facultad de incautación que podrá ejercer el Estado en todo momento, regulada en forma que no sea una amenaza para las iniciativas privadas que este proyecto de ley quiere estimular, ha parecido al ministro que suscribe solución mejor para el Estado que la que hoy triunfa en las legislaciones extranjeras, y que consiste en señalar un plazo a las concesiones.

La base 9.a se apoya en la necesidad de vencer las resistencias que la incapacidad o la inercia puedan oponer a la construcción de obras beneficiosas a una generalidad de aprovechamientos, y, por otra parte, se encamina a impedir que la mala fe se aproveche cómodamente de ajenas iniciativas y desembolsos, sin aportar a ellos la colaboración que hace indispensable la solidaridad de los intereses económicos.

Una de las dificultades más serias que se oponen a la implantación en España de la política económica conveniente a los intereses del país, es la falta de datos fidedignos acerca de su potencia de producción y de trabajo.

Los datos que se poseen, cuando son exactos, adolecen de incoherencia, y de ahí se sigue la imposibilidad de ordenar, dentro de una amplia visión de conjunto, los esfuerzos que, aislados, se malgastan a veces sin rendir la suma de utilidades que coordinados podrían dar. A poner término a ese lamentable estado de cosas, por lo que afecta a la riqueza hidráulica, se entenderá la base 12 al encargar al Instituto de Economía Hidroeléctrica la formación del inventario de la riqueza hidráulica española.

El intervencionismo del Estado que establece esta ley ofrece peligros y puede suscitar temores, que sólo se evitan o desvanecen asociando a la acción del Poder público la colaboración social y la representación de los propios intereses directamente afectados. A ello se encamina la base 11, con la creación del Instituto de Economía Hidroeléctrica.

Contenido en las bases del artículo primero lo sustancial y característico de la reforma que se propone, ha entendido el ministro que suscribe que debía aprovechar la ocasión para incluir en el mismo proyecto de ley dos modificaciones indispensables en el régimen general de aguas, que regula la ley general de Aguas de 13 de Junio de 1879.

Se refiere la primera al establecimiento, modulación, aforo y registro de todos los aprovechamientos otorgados y que se otorgan para acabar con la imprevisión que acompaña hoy a los derechos que la Administración otorga en materia de aguas, que da lugar a un sin número de contiendas de orden civil y contencioso.

Se contrae la segunda a suprimir la limitación que establecen los artículos 164 y 165 de la ley actual, para que los pueblos puedan valerse de la expropiación, a fin de abastecerse del caudal de agua que les es necesario. Las cifras de 20 y 50 litros por habitante que fija la ley, podían parecer, en la fecha en que