La Energía eléctrica (1914-12-10 00:00:00), página 15

Dedúcese de lo expuesto que, aplicando la teoría de suponer servicio público á todo lo que pueda imponer servidumbre, no habría industria ni propiedad rústica ni urbana que no lo fuera y que no estuviera en este concepto sometida á la más estrecha inspección de Estado.

Es indudable que la doctrina que se acaba de exponer es de toda evidencia y sin embargo aun son más claros los preceptos del Código civil y de la Ley de aguas respecto á servidumbres.

El art. 549 del Código civil dice textualmente: «Las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto la utilidad pública ó el interés de los particulares. Este último es completamente independiente de todo servicio público.»

Hasta la denominación de predio servido ó dominante que la ley da al beneficiado con la servidumbre no despierta la menor idea de servicio público, sino por el contrario, la de finca privada.

La ley de aguas no establece más restricción para el ejercicio del derecho á imponer servidumbres que la de que el que solicite la concesión de un salto debe ser dueño del terreno en que ha de establecer el artefacto ó tenga permiso de quien lo sea, lo cual está muy conforme con la doctrina del Código civil.

Es decir, que no se fija para nada en la clase de industria que se ha de establecer ni en que ésta tenga el carácter de servicio público.

Es de suponer que si el legislador hubiese querido que la facultad de imponer servidumbres se hubiese circunscrito á los servicios públicos lo hubiera dicho, ó cuando menos esta intención se hubiese reflejado en los preceptos de las leyes.

No pretendo resolver nada con mis observaciones vulgares y perogrullescas pero deseo que sirvan de base de discusión, de punto de meditación y estudio de los interesados y que personas dotadas de la competencia y autoridad de que en absoluto carezco digan la última palabra sobre este problema que es de vida ó muerte para la industria eléctrica española. (1)

EL MARQUÉS DE LEGARDA.

Madrid y Diciembre de 1914.

Instancia de las Eléctricas Reunidas de Zaragoza al Ministro de Fomento, ampliando el recurso de alzada en 24 de Septiembre último, sobre interpretación del art. 38 del Reglamento de Verificación.

Excelentísimo Señor:

Las Eléctricas reunidas de Zaragoza, Sociedad Anónima domiciliada en la indicada ciudad, y en su nombre y representación el que suscribe, Gerente de la misma, como aplicación al recurso de alzada elevado á V. E con fecha 24 de Septiembre último, sobre resolución del Gobierno Civil de la provincia por indebida interpretación del Reglamento de Verificación de contadores eléctricos de 7 de Octubre de 1904, ruega se admitan las alegaciones que subsiguen por convenir así á la defensa de sus legítimos intereses.

Que en el particular de estar vigente la prohibición de percepción de consumo mínimo á los abonados, dispuesta por la reforma del artículo 38 del Reglamento, según el R. D. de 25 de Octubre de 1907, el Gobernador no tuvo en cuenta que, por el R. D. de 8 de Mayo de 1908, fué anulada al omitirla en la nueva reforma llevada á cabo en la redacción del párrafo 1.º del indicado artículo 38.

En comprobación de lo anteriormente afirmado, transcribe la Sociedad actora copia literal de la reforma del repetido artículo 38 en 25 de Octubre de 1907, es como sigue:

«Art. 38, párrafo 1.º Las Compañías suministrantes de fluido por medio de contadores, no podrán exigir á sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas, según dicho aparato, y

(1) Después de compuesto este artículo llega á mis manos copia de un informe emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, á petición del Negociado de Industria y Trabajo del Ministerio de Fomento, en cuyo informe se declara terminantemente: «que el suministro de fluido eléctrico á particulares no puede considerarse como servicio público.»
Dicho informe aparecerá íntegro en el próximo número del Boletín de la U. E. E. por estimarlo de trascendental importancia para las empresas eléctricas.