La Energía eléctrica (1915-12-10 00:00:00), página 20

omisiones obligar y perjudicar al contribuyente, que lo era la Sociedad explotadora de la Central de luz eléctrica de Cartagena, Malo de Molina y Picó, de ahí que ese acta de ocultación lleve en sí un vicio esencial de nulidad que á su vez invalida todas las actuaciones derivadas de ella, porque si la persona con quien se entendió la diligencia de visita de los Inspectores no tenía carácter ó facultad para representar á la mencionada Sociedad, no puede ésta ser responsable legalmente de haber aceptado una clasificación con la que no estaba conforme, según lo han demostrado sus actos posteriores, ni de la falta de presentación del alta en los cinco días siguientes al acto de la visita, pues la notificación no se hizo debidamente; por todo lo cual es visto que el expediente de ocultación eficazmente no pudo convertirse ni dar origen al expediente de defraudación en que recayó la resolución reclamada.

2.º Que aun cuando no fuera de estimarse la nulidad del expediente, tampoco podrá subsistir la expresada resolución, por cuanto no se ha acreditado en él ni en este pleito por la Administración ac- tora á quien incumbiese su prueba por haberlo negado el contribuyente, el hecho de que en la Central Malo de Molina y Picó se vendieran contadores ó se cobraran cantidades por su montaje, como se sos- tuvo con acierto por el Administrador de Hacienda en resolución del folio 12 del expediente, y, por tanto, no estando probado el cargo, no hay términos hábiles para condenar al contribuyente á quien se le imputó sin fundamento alguno.

3.º Que si bien por la Real orden del 20 de Octubre de 1905, se adicionó la tarifa primera, clase séptima, epígrafe 6.º de la Contribución industrial, para estimar comprendido en dicho epígrafe el mon- taje y venta de contadores eléctricos, esto no autoriza para incluir en dicho epígrafe la industria de al- quiler de dichos aparatos á los abonados que no lo posean propio, por cuanto no es posible equiparar ni confundir, sin que se incida en gran error de apreciación, la naturaleza y efectos jurídicos de contra- tos tan perfectamente distintos y definidos en el derecho como los de compraventa y arrendamiento, pues por el primero se transmite perpetuamente el dominio, al paso que por el segundo sólo se autoriza el uso temporal de una cosa, y siendo esto tan evidente lo es mucho más cuando se trata de la legisla- ción tributaria en la que su propia índole rechaza toda interpretación extensiva y no puede aplicarse analógicamente la exacción del tributo á un acto que no está expresamente comprendido en la letra ex- plicita del epígrafe que trate de aplicarse, por cuyo motivo es visto igualmente que refiriéndose las ta- rifas de la Contribución industrial vigente en la fecha que se formó el expediente sólo á los que venden ó montan contadores de electricidad no hay razón alguna para que ese mismo epígrafe se aplique á los que sólo alquilan ó dan en arrendamiento esa clase de aparatos medidores del fluido eléctrico consumi- do por los particulares abonados á las Compañías productoras del mismo.

4.º Que esta opinión la corrobora el informe del Consejo de Estado que sirve de preámbulo á la Real orden de 14 de Octubre de 1910 (Gaceta del 26 fdo) en la que, lejos de estimar que la industria de alquiler de contadores eléctricos estuviera asimilada á ninguna otra, se indicó la conveniencia de que, por los medios reglamentarios se procurara la inclusión en las tarifas de esa industria, como así se veri- ficó por Real orden de 12 de Mayo del año próximo pasado, en virtud de la que se adicionó en la tarifa segunda con un epígrafe relativo á la industria de alquiler de contadores para agua, gas ó electricidad.

5.º Que es una consecuencia lógica de los anteriores fundamentos la procedencia de la devolución de las cantidades satisfechas por el contribuyente por virtud de la resolución reclamada, porque en buenos principios no puede sostenerse que sufra una pena injustamente por un acuerdo que se anula.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Pascual del Río:
Aceptando los Vistos de la sentencia apelada:
Vistos los artículos 1.º y 3.º del Reglamento para la imposición, administración y cobranza de la Contribución industrial y de comercio, que dicen:

«Artículo 1.º La Contribución Industrial y de comercio se exigirá en la Península, Islas Baleares y Canarias, por el nuevo ejercicio de cualquier industria, comercio, profesión, arte, oficio ó fabricación, no exceptuados, háganse ó no comprendidos en las tarifas.

»Estará sujetos á ellas todos los individuos y personas jurídicas, así españoles como extranjeros, sin más excepciones que las contenidas en la tabla que va unida á este Reglamento, señalada con el número 6, aplicadas taxativamente, y las Sociedades comprendidas en la ley de Utilidades de 20 de Marzo de 1900, artículo 18 de la ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1905 y ley de 3 de Agosto de 1907...»

(Concluirá.)