La Energía eléctrica (1914-10-10 00:00:00), página 18

Porque, después de todo, es lo curioso del caso presente, que las «Eléctricas Reunidas» á nadie imponen sus tarifas. Las tienen establecidas, como tienen también el tanto alzado, para quien espontánea y libremente quiera, acepte el uno ó el otro sistema, y se abone ó no para el consumo en las Eléctricas, sin que pueda decirse que éstas ejerzan un monopolio, al cual, forzosamente, tiene que acudirse y someterse.

Todo el mundo sabe en Zaragoza (y el Sr. Gobernador civil mejor que nadie, porque es hermano político suyo), que hay un productor de Energía Eléctrica, competidor por tanto, de esa Sociedad y que hay también fábricas de gas; y sabe, además, todo el que quiere enterarse, que la entidad recurrente celebra contratos con sus abonados, de los cuales éstos tienen exacto conocimiento antes de suscribirlos.

¿Por qué, pues, esta verdadera campaña contra las Eléctricas, de las cuales puede prescindir todo el que no esté satisfecho de su servicio y con las cuales los reclamantes voluntariamente contrataron y con igual libertad han podido rescindir sus contratos? ¿No dice nada el hecho de que para promover esta injustificada cruzada judicial y gubernativa, hayan tenido que reunirse catorce ó quince individuos, que en treinta y seis recibos de otros tantos meses, resultan según dicen, perjudicados en cuarenta y una pesetas ochenta y cuatro céntimos? ¿No es verdaderamente extraño e inexplicable que estos señores, para reclamar, se acojan á disposiciones administrativas, en vigor ya cuando contrataron y que de esos contratos prescindan y lleguen á decir como razón suprema (porque no tienen otra), que no se enteraron de lo que firmaron, ellos tan conocedores de la aludida legislación y que con tal habilidad y competencia plantean las cuestiones, que hasta al Sr. Gobernador le hacen ver que son dos cosas diferentes lo que sólo una constituye?

4.º El Sr. Gobernador civil, competente y experto jurisconsulto, entra de lleno en el considerando 6.º en el terreno esencialmente jurídico y trata de rebatir con muy escasa fortuna, la alegación de los artículos 5.º y 1.255 del Código civil hecha por esta Sociedad.

Para demostrar que contra lo que el primero de esos artículos establece pueden reales Decretos y reales ordenes derogar ó modificar una ley fundamental del Reino, contrariando el artículo citado en segundo lugar, invoca no otras leyes, ni siquiera disposiciones de distinto orden, sino lo que el autor de uno de esos reales decretos y reales órdenes dice en un preámbulo.

Respetable es para esta entidad el nombre y la firma de ese señor competentísimo y entendido letrado, pero por grande que sea tal respeto, no llega á reconocerle potestad legislativa, porque eso de decir que puede infringirse, derogarse y modificarse leyes por un Ministro, porque el propio Ministro se declara con facultades para hacerlo, será todo lo que el Gobierno civil de Zaragoza quiera, menos argumento jurídico que pueda convencer á nadie.

Por comprenderlo así el señor Gobernador, refuerza su pretendido argumento con la cita de dos sentencias del Tribunal Supremo, que no tienen aplicación al caso actual, porque se trata de determinar en ellas, no si las reales órdenes y reales decretos antes citados modifican ó infringen el Código civil, sino si reúnen las condiciones que la Ley de procedimiento contencioso administrativo fija, para que sean impugnables en dicha vía, lo cual es muy distinto, pues muy bien puede el Tribunal Supremo decir que no las reúnen y abstenerse de declarar si contravienen ó no leyes vigentes. Véanse atentamente tales sentencias y se comprenderá la razón con que las Eléctricas afirman, que para nada se refieren á lo que en este caso argumenta la providencia recurrida.

En cambio, á esta Sociedad, le sería facilísimo citar multitud de sentencias que sancionan y corroboran la tesis por ella sostenida, mucho más antigua que el art. 5.º del Código civil, que no hizo más que recogerla y establecerla una vez más. Como ejemplo tan sólo pueden invocarse las sentencias de 29 de Septiembre y 5 de Octubre de 1868, según las cuales, no se entienden derogadas las leyes, mientras no lo sean por otras que así lo expresen, sin que nunca puedan serlo por reales órdenes, y las de 18 y 20 de Noviembre de 1889 que dice, que la misión de interpretar las leyes en cada caso concreto, es facultad exclusiva de los tribunales encargados de su aplicación, y no cabe que la Administración interprete por medio de reales decretos disposiciones vigentes al promugarlos, derogándolas, lo cual, tratándose de leyes, sólo por otras posteriores puede hacerse.

Puestas en parangón estas sentencias, citadas al azar entre las muchas existentes, con las alegadas en la providencia recurrida y con el preámbulo que también invoca, la elección no es dudosa. En buenos principios jurídicos, las primeras, concretas y complementarias de un precepto legal, han de tener siem-