La Energía eléctrica (1916-09-25 00:00:00), página 5

Debiera exigirse responsabilidad al que seguramente no se ha dado cuenta de la enormidad cometida y del abuso de confianza que ha tenido al endosar tal principio a los hombres más eminentes del país. La manera de destrozar las camarillas sería esa: en una cuestión como ésta exigirle responsabilidad.

El segundo párrafo es el que hemos clasificado entre los de conceptos teóricos. Establecer industrias oficiales con la tendencia a producir todas las primeras materias, es un concepto o teórico o vago.

Podría admitirse el principio con dos condiciones: primera, estableciendo industrias de materias primas para abastecer la industria nacional, y segunda, agregar en la base la concesión de un crédito de muchos millones para tal objeto. Es prematuro, por lo menos, sentar el principio de industrias oficiales, pues a ellas no debe acudirse nunca sin antes estimular las iniciativas privadas que, con apoyo del Estado, podrían resolver estos problemas en condiciones económicas inmejorables.

Y es que el principio del Estado iniciador de industrias lo conceptuamos equivocado e impracticable en nuestro país, donde la municipalización de industrias es difícilísima; en cambio, iniciar el principio del Estado estimulante de iniciativas privadas, lo creemos oportuno.

El tercer párrafo de la base octava es, dicho con todo respeto, una enormidad.

Competir con la industria privada una industria como la oficial, privilegiadísima, es sencillamente un crimen industrial, es la muerte de la industria. El Estado, como industrial, no sólo no tiene derecho a eso, no tiene derecho a invocar el principio de «mayor economía».

Me explicaré: es muy corriente admitir la implantación de una industria militar fundándose en que le sale más barato al Estado que lo que se vende en plaza. ¿Cómo no ha de salirle las cosas más baratas aparentemente al Estado, si comienza por llevar a los gastos generales del presupuesto todo lo que quiere? Pero el industrial en competencia debiera alzarse contra una competencia que se le hace con su dinero, que es el dinero del presupuesto. No tiene el Estado derecho a hacer un trabajo por que sea más barato que lo que hay en plaza.

Se invoca otras veces el principio de la adulteración. Hay que evitar la adulteración, y por ello se hacen fábricas oficiales. El mismo derecho tiene el soldado que el simple ciudadano para que no se le den géneros adulterados, y constituye un principio absurdo que se crea el Estado desligado de proteger de la adulteración al paisano y no al militar.

Todas esas invocaciones son comedias, pues si el Estado, en su papel de protector del ciudadano, se cree en el deber de montar fábricas en vez de acometer contra el adulterador, ese Estado es una calamidad.

El último párrafo se dedica a la industria privada.

Ordena la formación de una estadística para que, previas transformaciones en su maquinaria, puedan fabricar material de guerra.

Si ello no tiene otro alcance que el que parece deducirse del párrafo, es decir, estudio oficial de las industrias privadas, bien está, como todo lo que sea estudio; pero mejor era haberlo dicho así y no hablar de previas transformaciones, porque, como no se dice a cargo de quién serán las previas transformaciones, el asunto viene a ser un tema de juegos florales. Se nota desconfianza hacia la industria privada y desprecio en su cooperación, lo cual es triste, porque no vemos más solución que declarar reina de los juegos florales a la industria privada, aunque ella sea contraria al instinto de conservación de las atrasadas industrias militares.

Afortunadamente, el Estado Mayor Central no ha comulgado en tales ideas, y, cumplien-