La Energía eléctrica (1915-09-25 00:00:00), página 16

Y considerando que, hasta que llegare ese caso, la Administración no puede dejar de amparar á los organismos oficiales dependientes de ella, en tanto en cuanto no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, con carácter general, que las Cámaras de Comercio é Industria continúen exigiendo á sus electores el pago de las cuotas obligatorias establecidas por la ley y Reglamento vigentes, acudiendo, en su caso, á los procedimientos que en sus disposiciones se establecen contra los morosos.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid, 10 de Julio de 1915.—Ugarte.
Señor Director general de Comercio, Industria y Trabajo.

JURISPRUDENCIA

Daños causados por dependientes de establecimientos ó Empresas : La sentencia absolutoria dictada en la causa, no obsta á que los Tribunales civiles acuerden la indemnización.

Indemnización otorgada á los herederos de un hombre que fué atropellado y muerto por un tranvía, daño causado por culpa ó negligencia del conductor, y del cual debe responder subsidiariamente la Empresa explotadora, sin que obste la circunstancia de que en la causa criminal formada con tal motivo hubiera recatado sentencia absolutoria.

Pronunciado dicho fallo por haber negado el veredicto del Jurado la culpabilidad del conductor del coche, la viuda del muerto entabló demanda ordinaria contra la Compañía del tranvía, y ganó sentencia, por la cual fué condenada la Empresa á pagar como indemnización 2.500 pesetas.

Contra ella recurrió en casación la Compañía, por conceptuar infringidos: 1.º Los artículos 1.092 y 1.093 del Código civil, en relación con el 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal. 2.º El 596 de la de Enjuiciamiento civil y la doctrina del Tribunal Supremo, que no permite atribuir responsabilidad civil por un hecho que no ha originado la criminal de que aquélla sería consecuencia.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso, argumentando la sentencia en los siguientes considerandos:

«Considerando que el primer motivo del recurso se funda en el equivocado supuesto de que el Tribunal a quo al condenar á la Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción al pago del daño causado con la muerte de R. L., desconoce el valor y efectos jurídicos de la sentencia absolutoria dictada en la causa criminal que siguió por el mismo hecho, cuando es lo cierto que de éste han conocido las dos jurisdicciones, bajo diferentes aspectos, y como la de lo criminal declaró, dentro de los límites de su competencia, que el hecho de que se trata no era constitutivo de delito, por no haber mediado descuido ó negligencias graves, lo que no excluye, siendo éste el único fundamento del fallo absolutorio, el concurso de la culpa ó negligencia no calificadas, fuente de obligaciones civiles, según el art. 1.092 del Código civil, y que alcanza, según el 1.093, entre otras personas, á los Directores de establecimientos ó Empresas por los daños causados por sus dependientes en determinadas condiciones, es manifiesto que la de lo civil, al conocer del mismo hecho bajo este último aspecto, y al condenar á la Compañía recurrente á la indemnización del daño causado por uno de sus empleados, lejos de infringir los mencionados textos, en relación con el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se ha atenido estrictamente á ellos, sin invadir atribuciones ajenas á su jurisdicción propia, ni contrariar en lo más mínimo el fallo recaído en la causa, como ocurrió en el caso á que se refiere la sentencia dictada por este Tribunal Supremo en 27 de Marzo del año anterior, invocada en el recurso, ya que en ella se afirma que ambas jurisdicciones entendieron del hecho en el mismo aspecto, y que la de lo civil, objeto de aquel recurso, declara probado lo que la de lo criminal estima injustificado;

«Considerando que tampoco ha infringido el Tribunal a quo las leyes y doctrinas que se invocan en el segundo motivo del recurso, porque no estima en su sentencia como única prueba, y menos decisiva, las declaraciones que los testigos prestaron en el sumario de la causa, ni á la certificación, en que consta le atribuye la eficacia de documento público, sino que, para formar su juicio, aprecia en conjunto el resultado de todos los elementos que ofrece el pleito, y señaladamente el imperfecto funcionamiento del salvavidas del tranvía.» (Sentencia 16 Febrero 912.)