La Energía eléctrica (1916-10-10 00:00:00), página 16

todas las primeras materias y productos que hayan de transformarse en España o adicionarse a otros españoles con destino a la exportación; régimen especial de protección en el Banco de España, en el Banco Hipotecario y en el Banco Nacional de Comercio que se proyecta, todo ello de acuerdo con estas entidades; régimen de especial protección en cuanto a las tarifas de transporte por las líneas de ferrocarriles y de navegación que exploten Compañías subvencionadas, también de acuerdo con éstas; exención de toda clase de arbitrios municipales y de puertos; preferencia de los productos de las industrias favorecidas en los contratos de suministros y ejecución de obras del Estado, provincia o municipio, así como en las obras o servicios que se hagan por concesión del Estado mismo.

Los préstamos podrán llegar al 50 por 100 de la cantidad necesaria para la creación de las nuevas industrias, entregándose en uno o distintos plazos, con garantía que podrá ser hipotecaria, pignorática o personal. El interés será del 5 por 100 anual. La duración del préstamo: diez años para la ampliación de industrias ya establecidas, y quince para las de nueva creación. El reembolso del capital se hará por anualidades. Los préstamos estarán exentos de los impuestos de derechos reales y de timbre.

Se autoriza al Gobierno para emitir y negociar a la par, en una o varias veces, bonos del Tesoro por las cantidades necesarias para satisfacer el importe de los préstamos hechos a las industrias, sin que puedan exceder de 100 millones de pesetas, hasta que otra cosa se disponga por una nueva ley. Los bonos serán de 100, 500 y 5.000 pesetas; se denominarán «Bonos para el fomento de la industria nacional»; devengarán interés anual no superior al 5 por 100; estarán exentos de todo tributo, y su amortización se verificará a la par en el plazo máximo de veinte años.

Para favorecer la constitución de grandes industrias, el Estado concederá garantía de interés no superior al 5 por 100 del capital realmente invertido en el negocio, consignándose para estas atenciones anualmente, como cifra máxima en el presupuesto, 10 millones de pesetas. La duración de la garantía será de quince años improrrogables.

Los beneficios que en la ley se otorgan habrán de solicitarse antes del 31 de Diciembre de 1919.

El Gobierno podrá prorrogar la ley por tres años, oída la Comisión Protectora de la Producción Nacional y el Consejo de Estado.

Se reorganizará la Comisión Protectora de la Producción Nacional, a fin de que en ella figuren y queden debidamente representados todos los elementos y regiones de la producción y del trabajo de España.

El reglamento de la ley lo redactará dicha Comisión y se aprobará por Real decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda.

La Comisión Protectora de la Producción Nacional examinará las instancias y documentos que se presenten solicitando auxilios, practicará las comprobaciones que considere oportunas y formulará su propuesta.

Se oirá además a otros Centros cuando lo estime conveniente el Ministro de Hacienda.

En todo caso, antes de resolver, se publicará en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia la petición, a fin de que puedan formularse protestas, especialmente por otras industrias similares que se consideren perjudicadas.

Cuando lo que se solicite sea la garantía de interés, se abrirá concurso público, por si otra entidad quiere mejorar las condiciones propuestas respecto de la amplitud del fin social, garantías técnicas, disminución de interés, etc.

El Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, resolverá, oyendo previamente al Consejo de Estado.

Toda concesión será publicada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, con las protestas u oposiciones, informes emitidos y el texto íntegro de la resolución dictada.

El Ministro de Hacienda dará anualmente cuenta a las Cortes de las concesiones hechas o denegadas durante el ejercicio precedente.

El Banco estará gobernado por un Consejo de Administración, compuesto de nueve Consejeros, de los cuales tres serán designados por el Gobierno y seis por los accionistas. Además, el Estado tendrá a su costa una Intervención en las operaciones del Banco.

La constitución de éste, así como la emisión de sus acciones, estarán exentas de los impuestos de timbre y de derechos reales.