La Energía eléctrica (1914-09-25 00:00:00), página 17

y esto si que sería la aplicación verdadera de aquel principio comercial, sino imponiendo un límite máximo de precio, el de 3 pesetas, á todo consumidor de 1 á 1.000 vatios, consumámoslo ó no, según contador; es decir, cobro de fluido no consumido, pues el abonado cuyo contador marque 500 vatios de consumo paga lo mismo que el que haya consumido los 1.000 con marcas distintas de contador, que es precisamente lo que la legislación prohíbe.

»Considerando: que de contrario se alega un argumento que á primera vista parece tener una gran importancia, y, sin embargo, resulta inadmisible por completo, cual es el precepto del artículo 5.º del Código civil, según el que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores y aplicándolo al principio general de la libertad de contratación (artículo 1.255 del mismo cuerpo legal) quiere de contrario deducirse en consecuencia que el Poder Ejecutivo no ha podido derogar ese principio de una ley por medio de Reales decretos y Reales órdenes, sin tener en cuenta que el mismo preámbulo del Real decreto de 25 de Octubre de 1907 salió ya al encuentro del argumento diciendo que «los contratos celebrados entre los abonados y las sociedades que suministran fluido no tienen en absoluto y como únicos elementos los que integran el contrato civil en que las partes pueden estipular las condiciones que á su derecho convengan con las limitaciones establecidas en el artículo 1.255 del Código civil, sino que y á semejanza del servicio de pesas y medidas, por el aspecto industrial de dichas sociedades y por el verdadero servicio público que explotan, envuelven un concepto de servicio general que justifica la intervención del Estado. Y existiendo un cuerpo legal formado por los Reales decretos de 28 de Marzo de 1860 y 26 de Abril de 1901, creando respectivamente los servicios de verificación de contadores de gas y electricidad, de 7 de Octubre de 1904 y 8 de Junio de 1906 aprobaron las instrucciones reglamentarias para el servicio de verificación de contadores de gas y electricidad, todo lo que á este servicio se refiere ha de sujetarse á las prescripciones en aquéllos contenidas» y á mayor abundamiento la cuestión está ya resuelta por la jurisprudencia contenciosa del Tribunal Supremo, de acuerdo en absoluto con esta doctrina, según la sentencia de 5 de Mayo de 1909 que declara que el Real decreto mencionado de 1907 no es susceptible de impugnación en vía contenciosa por tener el carácter de resolución general referente á la organización de un servicio público; y la de 4 de Marzo de 1910, según la cual, la aclaración acordada por el Ministerio de Fomento en Real orden de 9 de Diciembre de 1907, no es susceptible tampoco de impugnación en vía contenciosa porque se dirige á evitar posibles abusos de las compañías suministrantes de fluido, porque recae sobre preceptos ya establecidos con fuerza de obligar, cuya ampliación se propuso el Gobierno porque la Administración aclare las instrucciones con las mismas facultades con que las dictó y reformó, y porque la aclaración se ha realizado por una Real orden de carácter general dictada en uso de las facultades discrecionales.

»Considerando: Finalmente que las resoluciones judiciales dictadas y á las que repetidamente se ha hecho mención en el curso de esta resolución, lejos de contradecir la doctrina que se sustenta, la ratifican, toda vez que la sentencia del Tribunal municipal del Pilar, confirmada por el de primera instancia (30 de Abril de 1914 la primera y 17 de Junio siguiente la segunda), condenó á la Compañía Eléctricas reunidas precisamente por el uso de la tarifa diferencial que fué lo que motivó el juicio y la única cuestión que se discutió, y las del Juzgado de San Pablo (la del Tribunal municipal fecha 7 de Mayo de 1914 y la del de primera instancia de 10 de Julio siguiente) no fueron motivadas por la cuestión de la mencionada tarifa ni demandaron los abonados por esto á la Compañía (que fue el caso del Juzgado del Pilar), sino que demandó la Compañía por retraso en el contador y reconviño el abonado por consumo mínimo y energía excitatriz, y aunque el Tribunal municipal absolvio al demandado de la demanda y al demandante de la reconvención y el Juzgado de primera instancia en apelación condenó al demandado, ni uno ni otro reconocen la licitud de la tarifa, sino que consideran no procedente la reconvención en cuanto se abonó el recibo sin protesta, pero declaran que no tiene derecho á ella la Compañía y que únicamente por no reclamar el abonado al tiempo del pago perdió su derecho, reconociendo terminantemente una y otra sentencia que las disposiciones vigentes prohiben semejante tarifa, y resultando de todo esto en contra de lo que la Compañía alega particular y públicamente que la única vez que judicialmente se ha planteado de modo concreto á instancias de los abonados la cuestión de tarifa diferencial, que lo fué en el Juzgado del Pilar, se rechazó de plano dicha combinación de pago de fluido.

»En consecuencia de lo expuesto he acordado:

»I.º Confirmar la resolución de este Gobierno de 2 de Julio último ratificando con ello que la So-