La Energía eléctrica (1914-10-10 00:00:00), página 14

no proceder cortar la corriente á los abonados que con puntualidad pagasen y de que debía consultarse á la Superioridad sobre la tarifa diferencial.

5.º El 2 de Julio, como el resultando 5.º dice, privó de corriente esta Sociedad á los abonados á quienes así lo había anunciado. Inmediatamente fue invitada por el Sr. Gobernador á restablecerla sin perjuicio de lo que en definitiva se resolviese é inmediatamente fue atendida la invitación, si bien con carácter transitorio y circunstancial y sin más finalidad ni objeto que desfervir á las indicaciones de la autoridad.

6.º Afirmá el resultando 6.º que pedido informe al Consejo provincial de Fomento, lo emitió en el mismo sentido que el Verificador en cuanto á la privación de fluido y sobre la tarifa diferencial, diciendo que habiéndose acudido á los Tribunales de justicia, éstos y no la Administración debían entender en el asunto.

7.º Habiéndose planteado la misma cuestión del consumo mínimo en el otro Juzgado de esta capital, el Gobierno civil pidió y unió al expediente, según el resultando 8.º, certificaciones de las sentencias recaídas. Prescindiendo de detallar aquí lo que en esas certificaciones puede verse, bastará consignar: que ambas sentencias son firmes por no caber contra ellas recurso de casación; que la del Juzgado del Pilar daba la razón á los demandantes en lo relativo á la tarifa diferencial; y que la del Juzgado de San Pablo la daba sobre el mismo extremo á la Sociedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Como se ve por esta exposición de hechos, según lo que el Gobierno civil dice en su providencia la privación de corriente á los abonados no es cuestión nueva y separada de la suscitada sobre la tarifa diferencial, no es tampoco una medida arbitraria y caprichosa; es, sencillamente, lógica consecuencia de lo ocurrido en la contienda judicial. Creía la Sociedad que los contratos celebrados, cumplidos durante mucho tiempo y vigentes con varios señores que los suscribieron, eran válidos y eficaces; pero ve que una sentencia judicial declara que los abonados no están obligados á cumplirllos (porque esto es, sustancialmente, lo resuelto por el Juzgado del Pilar), y así como aquellos los denunciaron y dieron por rescindidos por ese medio, ella los denuncia y rescinde por su parte, directamente, haciéndolo así saber á los demandantes. Buena prueba de la íntima relación que guardan una cosa y otra es que como una sola se plantean y piden en la instancia de 21 de Junio, en la que no ha llamado la atención del Gobierno civil el hecho de que se fundamente en las cartas fechadas el 24 ó sea tres días después de la instancia. Véase el extracto de la súplica en el resultando 1.º y se advertirá que no se pide más que la declaración de que viene la Sociedad obligada á suministrar la corriente sin la tarifa diferencial mientras los abonados estén al corriente en el pago de sus recibos.

2.º Trátase, pues, de una cuestión de orden exclusivamente civil, de validez ó rescisión de contratos y aun, si se quiere, de interpretación de los mismos, pero no de aplicación de disposiciones administrativas, según el penúltimo considerando de la sentencia del Juzgado de San Pablo deja sentado. Pero sea esto como fuere, el hecho cierto, indudable, es que los hoy reclamantes sometieron la cuestión á los Tribunales de justicia antes que al Gobierno civil, el cual no promovió competencia en tiempo oportuno y ha venido á conocer de ella cuando ya eran firmes las sentencias de los dos Juzgados de esta capital.

3.º Y produce verdadero asombro que ese centro, después de lo dicho por el Consejo de Fomento y conociendo perfectamente el valor y alcance de las leyes, diga que el indicado hecho de ser firmes las sentencias no es óbice para la resolución administrativa de la cuestión planteadá. Porque si según vigentes disposiciones (el artículo 12 del R. D. de 15 de Agosto de 1902), es preciso citar el precepto que atribuya la competencia á otra autoridad, es facilísimo encontrarlo. El artículo 76 de la Constitución del Estado dice con toda claridad que pertenece exclusivamente á los Tribunales y Juzgados la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles. Los artículos 51 y siguientes de la vigente ley de Enjuiciamiento civil dicen en esencia, lo mismo, estableciendo el principio de la sumisión que nó debe olvidarse. Y el R. D. de 15 de Mayo de 1890, en consonancia con estos preceptos, establece que no puede ninguna autoridad administrativa contrariar ni poner obstáculos á la ejecución de las sentencias firmes de los tribunales, ni interpretar disposiciones legales, para lo cual no es competente. ¿Qué otra cosa que contrariar sentencias firmes interpretando disposiciones legales es lo que hace el Gobierno civil en su provincia?

4.º No cabe decir, por otra parte, que las cuestiones judiciales y la presente, son distintas aunque