La Energía eléctrica (1915-02-10 00:00:00), página 18

ciendo éste al Estado estaba exento de tributación; petición que fué denegada por la Administración y por la Delegación al resolver el recurso que interpuso la Junta;

Resultando que ésta aceptó entonces el concierto para pago del impuesto, pero á reserva de lo que resolviera la Superioridad respecto á su negativa á pagar recargos municipales, á cuyo efecto entabló el oportuno recurso, que fué resuelto por el Tribunal gubernativo de este Ministerio en 16 de Octubre de 1913, desestimándolo y confirmando el acuerdo de la Delegación;

Resultando que si bien durante el último ejercicio llegó la Dirección de las Obras del puerto de Valencia á concertarse con la Hacienda para pago del impuesto, al intentar celebrar nuevo concierto se ha encontrado con que se han elevado de una manera excesiva las bases para la liquidación, que gravaría doblemente el suministro, por lo que elevó una instancia al Ministro de Fomento, consultándose: 1.º La urgencia de que se plantee ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la nulidad de la resolución del Tribunal gubernativo antes citada, como medio de reivindicar el derecho del ramo de Fomento á intervenir en la cuestión de fondo; y 2.º Que se autorice á la Junta para abonar á la Hacienda la cantidad que exige, ó que se solicite de este Ministerio la orden de suspensión de todo procedimiento contra dicha Junta hasta que se falle el pleito contencioso que debe entablarse;

Resultando que el Ministerio de Fomento, al evacuar dicha consulta y solicitar la exención del tributo en favor de las obras de puertos, fundamenta su petición en las razones siguientes: Que las Juntas de Obras de puertos son dependencias del Estado, y los elementos que las integran tienen carácter público, así como los fondos que deben emplearse exclusivamente en las mejoras y servicios de las obras de los puertos; que en las leyes de 28 de Junio de 1898 y 18 de Marzo de 1900 y el Reglamento de 22 de Marzo del propio año, referentes al impuesto sobre el alumbrado nada se indica del procedimiento que haya de seguirse contra el Estado cuando alguna de sus dependencias sea morosa en el pago del impuesto, procedimiento que se determina cuando se trata de las demás entidades y de los Ayuntamientos.

Que la ley no autoriza el impuesto sobre el consumo de la electricidad que realiza el Estado, y aunque en el Reglamento se grava expresamente ese consumo, la disposición reglamentaria no puede tener mayor eficacia que la ley; que es absurdo que el Estado saque dinero de una caja para ingresarlo en otra, y más cuando la recaudación se concede á los fabricantes, y por ese servicio cobran un 3 por 100; que el procedimiento de apremio contra las Juntas, si se negaran á pagar, no podrá utilizarse, pues sería absurdo que el Estado embargara á sus propias dependencias; que la resolución recurrida debe ser reclamada en recurso contencioso-administrativo, por ser consecuencia de un precepto reglamentario contrario á la ley del Impuesto; que el fallo del Tribunal gubernativo, en la parte referente á los recargos municipales, debe ser declarado lesivo para entablar el oportuno recurso, pues el Estado no debe pagar ese recargo á los Ayuntamientos, toda vez que se opone á los preceptos legales, sería conceder á los Ayuntamientos una verdadera soberanía y daría lugar á que éstos pudieran embargar para el pago de esos recargos los bienes del Estado; por todo lo cual debe dictarse una disposición de carácter general, declarando que las Juntas de Obras de puertos no están sujetas á ese impuesto:

Vistas las leyes de 28 de Junio de 1898, 18 de Marzo de 1900, 24 de Diciembre de 1912 y la de Administración y Contabilidad de 1.º de Junio de 1912, así como el Reglamento del impuesto de 22 de Marzo de 1900;

Considerando que el art. 7.º de la ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898, que creó con carácter transitorio el impuesto sobre el consumo de luz eléctrica, determina claramente que están sujetos á tributación, además de los particulares, las Corporaciones, Ayuntamientos, provincia y Estado, toda vez que obliga á los fabricantes á recaudar el impuesto de dichas entidades, concediéndoles para ello los mismos deberes y atribuciones que á los Agentes del Fisco;

Considerando que la citada ley no ha sido derogada por la de 18 de Marzo de 1900, como pretende el Ministerio de Fomento, puesto que esta ley no ha hecho más que modificar la de 1898, dando al impuesto carácter permanente y estableciendo nuevos tipos de gravamen, pero manteniendo todos los preceptos de la ley fundamental ó creadora del impuesto, sin que contenga la citada ley de 1900 un solo precepto que permita deducir que ha sido derogada aquélla, circunstancia por la cual el Reglamento de 22 de Marzo del mismo año, al dictar reglas para la administración y cobranza del impuesto, aplica los preceptos de ambas leyes; y si esto no fuera bastante, la ley de 24 de Diciembre de 1912 reconoce expresamente la vigencia de la referida ley de 28 de Junio de 1898, al prescribir en el tercer párrafo de