La Energía eléctrica (1916-05-10 00:00:00), página 14

contadores, solicitan las «Eléctricas Reunidas» de Zaragoza, que no se prive á las Empresas eléctricas de la facultad de rescindir sus contratos, negada por disposiciones administrativas para el caso de aquellos clientes que hubieran entablado reclamación sobre la marcha de sus contadores, «bajo ningún concepto», según frase terminante de lo actualmente establecido, con la sola salvedad de la falta de pago.

Considerando este punto concreto, estima esta Comisión que entra de lleno, igualmente, en el campo de la libre contratación y de la reciprocidad de derechos el reconocimiento de la facultad de rescisión.

Pero, analógicamente al caso del derecho de percepción mínima, la práctica de esta facultad de rescisión, reconocida sin restricciones á las Empresas eléctricas, ó su supresión terminante, conduciría en la práctica á dos casos extremos de aplicación abusiva que debe evitar siempre el legislador. En un caso se coartaría la libertad del cliente á exigir la buena marcha de su contador, ante la amenaza de verse privado de un suministro necesario. Restada aquella facultad á la industria estaría entregada en manos del abonado de mala fe que, previa una reclamación más ó menos fundada, obligaría á la Empresa á mantener un contrato que por razones ajenas á la falta de pago fuera rescindible y colocando á este abonado malicioso en condiciones más ventajosas que los demás.

En este punto pueden fácilmente armonizarse los intereses encontrados de empresa y cliente obligando á las Empresas á fijar en sus contratos los casos generales en que aquellos son rescindibles.

Fundado en lo expuesto, la Comisión Permanente Española de Electricidad resume su informe en las siguientes conclusiones:

1.º—Que no encuentra en lo legislado sobre la materia nada que desvirtúe el carácter puramente particular de que goza actualmente la industria eléctrica, la cual mientras la ley no se modifique debe disfrutar de todas las libertades y prerrogativas conferidas al comercio y á la industria en general.

2.º—Con objeto de permitir á la Administración cierta intervención en la contratación de los servicios eléctricos, la Comisión Permanente Española de Electricidad, propone se declare servicio público el servicio de alumbrado eléctrico.

3.º—Antes de tal declaración debe, sin embargo, oirse á los industriales para poder apreciar el carácter de tal resolución, la importancia de los intereses que con ella pudieran lesionarse y las legítimas compensaciones que deben concederse, pues tanto como el beneficio público es deber de la Administración velar por el desarrollo de la industria eléctrica.

4.º—En los contratos de suministro deben establecerse las condiciones generales de rescisión, modificando el artículo 42 en el sentido de reconocer las causas de rescisión estipuladas.

Y aplicando las consideraciones expuestas al caso particular de las «Eléctricas Reunidas» de Zaragoza, esta Comisión estima:

Que las «Eléctricas Reunidas» de Zaragoza, dada la legislación vigente y en las condiciones en que actualmente se desarrollan las industrias eléctricas, pueden ejercitar perfectamente el derecho de libre contratación inherente á todo servicio particular.

Que toda resolución restrictiva de esta libertad de contratación desvirtúa el principio fundamental del comercio en cuanto á los servicios particulares se refiere.

Que lo actuado por la Administración relativamente al caso de las «Eléctricas Reunidas» de Zaragoza, merma el derecho de la libre contratación, vulnerando, por decirlo así, los principios legales que regulan las relaciones entre la industria y el público.

Y por último, que la intervención de la autoridad gubernativa de Zaragoza, aun admitiendo que la resolución administrativa, con que trata de justificarla, fuera legal, debiera haberse limitado al caso concreto del artículo 42 y no á imponer su autoridad respecto de otros extremos que se salen de esta resolución, con perjuicio evidente de los derechos de las Empresas eléctricas.

Madrid, 20 de Mayo, 1915.