La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 15

mandato y discierna la representación; el modo de hacerla constar, y tantas y tantas otras cuestiones conexas en este artículo 2.º o derivadas de él se dejan deliberadamente al Reglamento, ya porque son verdaderamente adjetivas, como porque conviene para su mayor perfección y consonancia con la realidad que sean objeto de controversia por las partes antagónicas, como han de serlo en el Instituto de Reformas Sociales, a quien se encomienda la redacción del anteproyecto de Reglamento en el artículo 7.º de este Real decreto.

El acto de formular a la entidad patronal las reclamaciones es jurídicamente equivalente al de anunciar a la Autoridad el propósito de ir al paro. Uno y otro inician oficialmente un estado de discordia, a cuyo término se halla, exactamente lo mismo en uno que en otro caso, una fórmula de avención o una perturbación del servicio. De ahí que uno y otro acto deban ser considerados para los fines de conciliación que el Poder público persigue de igual manera. Es, por consiguiente, ineludible exigir unos mismos requisitos para la notificación de las peticiones a las Compañías y para el anuncio de la huelga a la Autoridad. En ambos casos actúan representantes obreros a nombre de una colectividad extensa, y no hay motivo para que no sea igualmente calificada y segura la representación. Tal es el contenido del artículo 6.º del Decreto. Con ello se completan los preceptos de la Ley de 27 de Abril de 1909, y muy especialmente sus artículos 5.º y 6.º.

Formuladas por las representaciones obreras sus reclamaciones a la entidad patronal pueden ocurrir dos casos: uno, que la entidad patronal, desconociendo las obligaciones que el artículo 1.º de este Decreto les impone, refuse tratar con los reclamantes; otro, que iniciados los tratos, llegue un punto en que, a juicio de cualquiera de ambas partes, sea racionalmente imposible llegar a una avención. El Decreto prevé los dos casos en sus artículos 3.º y 4.º, estableciendo el curso que ha de darse a las negociaciones y regulando su propia intervención en el asunto. No podría abstenerse de intervenir, porque aparte de los deberes de carácter general que le impulsan a la acción, su pasividad convertiría en declaración teórica, sin eficacia real, la hecha en el artículo 1.º, si a las entidades patronales en él comprendidas les viniera en voluntad desatenderlo e ignorarlo. Y para hacerlo en la forma que se establece y con el espíritu conciliador que los artículos referidos transparentan, el Gobierno ha tenido a la vista como autorizadísimo precedente lo estatuido en la Ley de 19 de Mayo de 1908, sobre consejos de conciliación y arbitraje industrial.

Había el Gobierno de prever también el caso de que sus propias gestiones conciliadoras fueran estériles. Y para ese deplorable supuesto dispone el artículo 5.º que el Gobierno, tras asesorarse del Instituto de Reformas Sociales, que por sus propios actos acrecienta de continuo su autoridad, dictará las resoluciones que aconseje el bien público. Hubiera sido error imperdonable dar a estas resoluciones carácter de fallo de arbitraje obligatorio. Pero tampoco significan la intrusión irregular del Poder público en una contienda de patronos y obreros. Porque la condición puesta a las resoluciones que el Gobierno dicte, reduce el caso al ejercicio legítimo, y, por tanto, irreprochable, de prerrogativas de aquél.

Tal es el proyecto de Decreto sometido a V. M. La relativa novedad de sus disposiciones y la innegable trascendencia de sus preceptos han aconsejado esta dilatada exposición de motivos, que examinando los problemas de carácter jurídico y social que la lectura del articulado suscita, prevenga perniciosos y apasionados juicios y fije inequívocadamente su alcance y recta interpretación.

De él se dará cuenta a las Cortes, según lo mandado en su artículo 8.º. Seguro está el Gobierno de su aprobación y aplauso, porque estos preceptos, que tienden a suavizar asperezas de las luchas sociales y a facilitar concordias en materia tan importante como los servicios públicos, responden al sentido de numerosas disposiciones, dictadas tanto en los países europeos como en aquellos en que por ser más nuevos florece la legislación social con mayor lozanía. Deben recordarse como disposiciones novísimas, que acentúan este rumbo de la legislación social, la Ley de 15 de Junio de 1913 de los Estados Unidos, creando una oficina de conciliación y Tribunales de arbitraje en la industria de transportes, y la de 6 de Agosto de 1915, de Noruega, sobre intervención del Estado en los conflictos industriales.

De la aplicación de este Decreto espera el Gobierno grandes frutos para prevenir, evitar o resolver rápida y conciliadoramente las huelgas en los servicios públicos. Reconoce el que subscribe que este Decreto señala un considerable avance en la legislación social española, pero estima que sobre aconsejarlo las múltiples razones expuestas, responde al instante actual de la evolución jurídica en estas materias, y sobre todo al curso del movimiento social, tan rápido, que tal vez pronto exigirá también otras radicales