La Energía eléctrica (1914-09-25 00:00:00), página 16

ladas en los contratos y el de las de seguridad, impuestas para evitar accidentes en la distribución y utilización del fluido, disposición reproducida en el art. 1.º de la reforma de 1906, la cual amplió el concepto de la intervención, pues según dicha última disposición establece también cuidará la intervención del Estado por medio del Verificador, de hacer cumplir á las compañías ó empresas suministrantes cuanto se previene en las instrucciones, y se les ordena á aquellos funcionarios que atiendan y denuncien desde luego cuantas reclamaciones se hagan por los abonados en este concepto, disponiendo el art. 42 del mismo Real decreto de 1906 que la reclamación podrá hacerse ante las oficinas del Verificador ó del Gobierno civil por marcha irregular del contador ó otras causas, y que la Real orden de 9 de Diciembre de 1907 ratifica al hablar de reclamaciones pendientes, las cuales les prohibe á las empresas dejar de suministrar fluido eléctrico.

Considerando: que tampoco suspende esta competencia, contra lo que se afirma en el informe del Consejo provincial de Fomento, la circunstancia de que recientemente ha sido planteadá y resuelta judicialmente alguna de estas mismas cuestiones, puesto que la reclamación gubernativa se refiere, en general, á si la Sociedad Eléctricas reunidas puede ó no incluir en sus contratos la cláusula de tarifa diferencial, y cómo puede ser ello compatible con las disposiciones anteriormente citadas que lo prohíben; y la judicial que concreta á la de reclamación de cantidades cobradas, ya por aquel concepto, ya por adelanto de contador, ya por otro cualquiera, cuestiones que indudablemente se relacionan, pero que del todo separadas en cuanto á su fondo, competencia llamada á resolverlas, procedimiento, etcétera, etc., pueden y deben coexistir en cuanto á su planteamiento y resolución, caso que por otra parte no concurre en el presente expediente; en el momento de su resolución, puesto que las sentencias de los Juzgados citados son ya firmes.

Considerando: en cuanto al fondo de las cuestiones á resolver, que respecto á la de dejar de suministrar fluido eléctrico en las circunstancias mencionadas, resuelta dicha cuestión por su carácter urgente por providencia de este Gobierno de 2 de Julio último, en el sentido prohibitivo que determina el artículo 42 de los Reales decretos de 7 de Octubre de 1904, Junio de 1906 y Real orden de 9 de Diciembre de 1907, y confirmada la doctrina de aquella providencia, de cuantos informes posteriores se han aportado al expediente, sólo cabe ya, en la resolución total del mismo, dar por reproducido el fundamento que tal prohibición impone á la Compañía.

Considerando: respecto á la segunda cuestión que afecta á la llamada tarifa diferencial es indudable que la prohibe terminantemente el artículo 38 del Real decreto de 25 de Octubre de 1907 y al disponer que las Compañías no podrán exigir á sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas según el contador y reintegran á aquellos las cantidades que por mínimo mensual ó otro concepto hayan cobrado de más del importe del fluido consumido, fundándose para ello el Estado según manifestaciones del preámbulo de dicho Real decreto, en que, «sancionar la práctica abusiva de exigir el pago del mínimo mensual sin ser utilizado por el consumidor, sería ir en contra de las razones y fundamentos que se han tenido en cuenta para crear el servicio de Verificación de contadores» por cuanto el consumidor no satisfaría el importe de la cantidad de fluido consumido, sino el mínimo mensual que las compañías le señalan» y es de toda evidencia que la repetida tarifa diferencial contra todo lo que alega é intenta demostrar la Sociedad Eléctricas reunidas no es más que una combinación para disfrazar con ella el consumo mínimo prohibido, toda vez que se reduce á fijar una escala de consumo mensual desde 1 á 5.000 vatios con precios desde 3 pesetas de 1 á 1.000 vatios, bajando hasta 0,06 pesetas el hectovatio para el consumo de 5.000 vatios en adelante, de donde resulta que el que no llega á consumir los 1.000 vatios paga como si los consumiese el máximo de precio de 3 pesetas kilovatio, cualquiera que sea el consumo que haga, y esto entra de lleno y por completo en la prohibición del consumo mínimo porque tal es de toda evidencia, siendo totalmente inadmisible la razón que alega en su informe la Compañía Eléctricas reunidas al intentar defender que no es consumo mínimo, diciendo que todo consiste en que tiene precios diferentes según la importancia del consumo, á virtud de cuyos precios variados no se puede llegar al precio general si no es alcanzando un consumo de 5 kilovatios, facturándose las unidades inferiores á tal consumo á precios más altos sobre el principio comercial de la venta en gross y la venta en detal, sin observar que todo este argumento se destruye considerando que es la misma Compañía la que paladinamente declara con ello que tiene precios diferentes, no para aplicarlos según el consumo que marque el contador, beneficiando al mayor consumidor