La Energía eléctrica (1916-10-10 00:00:00), página 15

En los actos intervivos se introducen algunos recargos.

Cuando, respecto de los bienes objeto de una transmisión, no se hubiera pagado el impuesto por otra anterior en un plazo de veinte años, se recargarán las cuotas correspondientes en un 2,50 por 100 por cada año que exceda de dicho plazo.

Los bienes y valores que figuren depositados a nombre de dos o más personas se presumen, para los efectos del impuesto, salvo prueba en contrario, como de la propiedad, por partes iguales, de cada una de dichas personas, y los bienes, valores y efectos depositados a nombre de una persona a la fecha de su fallecimiento, se consideran, salvo prueba en contrario, también como de su propiedad a los efectos del impuesto.

Las disposiciones relativas al Timbre del Estado contenidas en la ley de 1.º de Enero de 1906, reformada por la de presupuestos de 29 de Diciembre de 1910, se entenderán modificadas, a partir de 1.º de Enero de 1917, por las siguientes:

Las concesiones administrativas de obras, de ferrocarriles, de canales, de tranvías, de líneas telegráficas o telefónicas o para conducción de electricidad, de pantanos, de aprovechamiento de aguas, de cultivos a título gratuito u oneroso, y cualquiera otra clase de aprovechamientos, de desecación y saneamiento de terrenos, de servicios y aprovechamientos de la zona marítima terrestre o en las márgenes o cauces de los ríos, de explotación de aguas minerales medicinales y de establecimiento de servidumbres sobre bienes inmuebles de dominio público, estarán sujetas, como comprendidas en el artículo 84, al timbre de 100 pesetas, mientras su valor, apreciado por las reglas establecidas para el impuesto de Derechos reales, no pase de 100,000 pesetas. Por las que excedan de este valor se pagará además en metálico el 1 por 1,000 del exceso.

Auxilios a las industrias.—Las principales disposiciones de este proyecto de ley son:

El Estado otorgará su protección, bajo la forma de acuerdos de la administración, préstamos en efectivo y garantía de interés, al capital invertido en las industrias que se trata de favorecer. Son éstas las de construcción de buques con destino a la Marina mercante española; las hulleras, hasta completar el consumo nacional de carbón; las del hierro, del acero y sus manufacturas, del cobre, del cinc y del latón, y, singularmente, las que provean de elementos de todas clases a la defensa nacional; la fabricación de de herramientas no elaboradas aún en España; las industrias agrícolas dedicadas a la transformación de productos españoles que actualmente son transformados en el extranjero; los Sindicatos de exportación de ganados, vinos, frutos y productos agrarios españoles; la producción de abonos y de maquinaria agrícola; la utilización de saltos de agua, con una potencia superior a 1,000 caballos de fuerza; las industrias químicas, y en especial las productoras de materias colorantes; el lavado de lanas; la fabricación de material eléctrico y científico de todas clases; las industrias del libro, con preferencia las que se dediquen a la exportación de publicaciones españolas a América; las creadas para satisfacer necesidades de la política de penetración en Marruecos, y, en general, todas las industrias que produzcan artículos todavía no producidos en España; las que transformen primeras materias en la actualidad enviadas con tal objeto al extranjero, y todas las existentes en España, en cuanto a las ampliaciones de sus propios negocios y a la creación de otros complementarios o derivados de los mismos.

Para obtener los beneficios de la ley se precisará que los particulares o entidades favorecidos sean españoles; que el 80 por 100, al menos, del personal empleado en las oficinas y trabajos de la industria sea también español, y que el combustible, los materiales, los elementos de instalación y los artículos empleados o utilizados en los servicios y explotación de la industria o negocio sean de procedencia nacional, con excepción de aquellos casos en que indispensablemente hayan de ser adquiridos en el extranjero por razones técnicas, por notable diferencia en el coste o por no existir en España.

Los acuerdos protectores de la Administración podrán ser: Exención de los impuestos de derechos reales y de timbre para la constitución de la entidad de que se trate; aplazamiento durante cinco años o reducción por el mismo plazo al 50 por 100 de todos los impuestos que graven la industria protegida; la libre introducción, durante quince años, de las primeras materias hasta ahora no manipuladas ni trabajadas en el país; derecho arancelario invariable, durante quince años, para el producto elaborado; exención de todo impuesto de exportación durante cinco años; régimen amplio de admisión temporal para