La Energía eléctrica (1915-12-10 00:00:00), página 19

improcedente la aplicación de la Real orden de 20 de Octubre de 1905, suplicaba se resolviese el expediente en el sentido de que la arrendataria de la Central Malo de Molina y Picó no ha incurrido en occultación ni defraudación, por no estar comprendido el arriendo en ninguno de los epígrafes de las tarifas que regulan la Contribución industrial:

Resultando que la Inspección informó, insistiendo en que la repetida Real orden de 20 de Octubre de 1905 incluyó en el Reglamento de Industria y sus tarifas la nueva industria, referente al arriendo de contadores; y la Administración de Hacienda de Murcia, por providencia de 30 de Junio de 1909, absolvio á la Sociedad Malo de Molina y Picó de las responsabilidades á que se contraía el expediente:

Resultando que, pasado éste á la intervención, se alzó de la antedicha providencia de la Administración provincial, estimando que sea venta ó arrendamiento de contadores se trata de una industria clasificada en el concepto que fijaron los Inspectores, y la Delegación de Hacienda, por acuerdo de 9 de Julio de 1909, revocó la providencia de la Administración de 30 de Junio anterior, practicándose, en su consecuencia, la liquidación correspondiente á la Sociedad inculpada:

Resultando que esta entidad apeló para ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de la resolución del Delegado de Murcia, y elevado el expediente, la Dirección General de Contribuciones, con fecha 16 de Octubre de 1909, anuló la diligencia de notificación del acuerdo apelado, por haberse advertido erróneamente á la Sociedad que podía apelar ante el Tribunal gubernativo, disponiendo la práctica de nueva notificación del fallo apelado, por si contra él se quería utilizar la vía contencioso-administrativa:

Resultando que contra el acuerdo de la Delegación de Murcia de 9 de Julio de 1909, revocatorio del fallo dictado por la Administración de Hacienda de la provincia, interpuso recurso contencioso-administrativo el Procurador Narbona ante el Tribunal provincial á nombre de la Sociedad en comandita M. Malo de Molina, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque el acuerdo impugnado, y en su lugar se confirme el dictado en 30 de Junio de 1909 por la Administración, que absolvio á la Sociedad arrendataria de la Central Malo de Molina y Picó de cuantas responsabilidades se le imputaban en el expediente de defraudación:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la demanda, evacuó el traslado pidiendo se la desestime, confirmándose en su consecuencia el acuerdo recurrido; y tramitando el pleito, el Tribunal provincial dictó sentencia en 16 de Octubre de 1913, por la que se declara nulo y sin ningún efecto el expediente de defraudación formado á la Sociedad Malo de Molina y Picó, de Cartagena, por no haber sido debidamente oída y notificada en el acta de occultación que la motivó, mandando que, en su consecuencia, se devuelvan á dicha Sociedad las cantidades que hubiese satisfecho indebidamente por virtud de la mencionada acta de occultación y del acuerdo reclamado, sin perjuicio de que abone las que procedan si continúa ejerciendo la industria que menciona, por estar ya tarifada, sin especial condena de costas:

Resultando que contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el Fiscal, y admitido en ambos efectos y emplazadas las partes, compareció ante esta Sala el Fiscal á sostener la apelación, sin que lo haya efectuado la Sociedad demandante.

Resultando que la sentencia apelada cita como vistos la tarifa primera, clase séptima, epígrafe 6.º de la Contribución industrial, según la adición aprobada por Real orden de 20 de Octubre de 1905; el artículo 50 del Reglamento provisional de la Investigación de la Hacienda Pública aprobado por Real decreto de 30 de Enero de 1900; el último párrafo del artículo 57 del Reglamento para el servicio de la Inspección de la Hacienda Pública, aprobado por Real decreto de 13 de Octubre de 1903 en la forma que quedó redactado por Real decreto de 30 de Abril de 1904 y el 60 del mismo Reglamento; y consigna como fundamentos de Derecho:

1.º Que según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el servicio de la Inspección de la Hacienda Pública, aprobado por Real decreto de 13 de Octubre de 1903; y el 50 del Reglamento de Investigación de la Hacienda Pública de 30 de Enero de 1900, será origen y dará lugar á instrucción de expediente de defraudación, la negativa á aceptar la clasificación de la Hacienda en los expedientes de occultación debidamente notificada, y la falta de presentación del alta en el término fijado por el Inspector en la forma determinada en el artículo 57, y como en el acta de notificación que encabeza el expediente administrativo, los inspectores que la levantaron omitieron el nombre de la persona con quien entendió la diligencia, y por tanto es imposible conocer si dicha persona podía ó no con sus actos d