La Energía eléctrica (1916-06-25 00:00:00), página 14

bajarla» y la Ponencia se permite añadir que para hacerlo sería preciso demostrar, que el precio excedía del reclamado como base por los gastos de la Empresa recurrente. Mientras esto no se demuestre los ponentes no prejuzgan la tarifa diferencial; si se demostrase que era mayor y disfrazadamente se llegaba al consumo mínimo que hoy prohibe el derecho establecido, habría que modificar la citada tarifa diferencial dándole su verdadero carácter e impidiéndola la consumación de un abuso.

Estudiando ya el derecho constituido, antes de formular las conclusiones del dictamen, entendemos ser conveniente exponer el juicio que esta legislación vigente nos merece. De esta suerte respondemos al concepto y misión del Consejo Superior de Fomento.

Ha nacido la industria eléctrica en un período de transición. De aquella teoría individualista, que tanto imperio alcanzó é informó de un modo absoluto las conexiones económicas del individuo con el Estado y halló su fórmula en la frase de Smith al establecer la relación del ciudadano con el impuesto: In portion of the revenue, when the subject enjoys under the protection of the State, y que era la misma de Montesquieu (Esprit des lois, lib. 13, capítulo 1.º): Les revenus de l'Etat sont une portion en jour, agréablement chaque citoyen donne pour avoir la sûreté de l'autre ou pour: siendo en este caso el impuesto el precio de los servicios prestados ó sea el premio del seguro pagado para la garantía de la seguridad, hemos pasado cada vez más de lleno al principio político social, al cual sólo con la nueva teoría orgánica del Estado que viene á substituir la individualista y del contrato social, es posible dar un verdadero fundamento tanto en lo que al derecho público y al principio político social afecta, como á su preeminencia sobre todos los restantes aspectos.

De aquí que aquella pregunta ¿qué cosa es lo justo? puede formularse en el caso actual. Para ello debe tenerse en cuenta la relativa histórica de la justicia; la relación de dependencia existente entre el juicio sobre tal justicia y el juicio sobre nuestro sistema de concurrencia económica privada, finalmente la influencia ejercida por la división del trabajo y por la técnica sobre la aplicación de los postulados de la justicia. Algunas de estas tesis encontrarán en su desarrollo oposición con la ética hoy dominante, pero acaso en lo referente á la primera sobre todo, tégase en cuenta la concepción histórica del derecho que tan admirablemente describe Yherin en su Zweck im Rechte.

Y así de aquella independencia absoluta dentro del Estado que proclamaba la entera libertad, observando las leyes generales y que en el orden económico jurídico revestía la forma del clásico: Laissez faire, laissez passer: hemos alcanzado los tiempos de la naturaleza económica, de la economía colectiva obligatoria. La economía colectiva contiene ciertamente intereses, beneficios y goces para cada uno y todos los miembros que en ella forman parte más sobre todas las cosas y de modo preferente, están las condiciones de prosperidad del ente colectivo. El individuo es tan sólo un miembro del cuerpo social, ha nacido dentro de la colectividad y le pertenece aún contra su voluntad, ya que aquí no se puede hablar de un contrato.

Y así haciendo aplicación por analogía de la Steuerfähigkeit, Steiragsfähigkeit, ó sea la posibilidad de satisfacer los impuestos sin dañar la satisfacción de las más urgentes necesidades, se ha llegado al régimen económico industrial que para determinadas industrias se dibuja. Tan claramente se dibuja, que el mismo Tribunal Supremo de Justicia, va estableciendo la doctrina al interpretar las leyes. En la sentencia de 11 de Diciembre de 1911, dictada por la Sala segunda se establece:

Considerando que por afectar á un servicio de interés común, bajo la salvaguardia del Estado y porque al perturbarlo en todo ó en parte se interceptan las comunicaciones, en cuya denominación se hallan seguramente comprendidas todas las corrientes eléctricas para el alumbrado de poblaciones y en la de 2 de Diciembre de 1911 se afirma:

Considerando que según tiene con reiteración declarado esta Sala, los hilos conductores de la energía eléctrica para el alumbrado, sea cualquiera el destino que se dé á este, son de un medio de igual comunicación que los del Telégrafo.

De aquí á declarar servicio público el de alumbrado eléctrico no media distancia. Y, sin embargo, á pesar del respeto que merecen tales sentencias dictadas por inapelable Tribunal, no hay en todo el derecho constituido español, una sola declaración de carácter público del alumbrado eléctrico, á no ser que se entienda como tal la promulgación de los Reales decretos de 1904, 1905, 1907, y 1908. Y en este caso fuerza es reconocer que existe una antinomia irreducible entre estos decretos y el resto de la legislación española; se ha prescindido del trámite previo, una ley declarando servicio público el alumbrado eléctrico