La Energía eléctrica (1916-06-10 00:00:00), página 15

de todas las disposiciones administrativas citadas tiene un párrafo primero, cuyo origen es la Real orden de 9 de Diciembre de 1901, que no se altera a contar desde el Real decreto de 7 de Octubre de 1904 ni en 1906 y que, sin embargo, sufre una radical transformación en 25 de Octubre de 1907. Dice la primitiva redacción del párrafo: «las Compañías suministrantes de fluido reintegrarán a sus abonados las cantidades cobradas de más por adelante de los contadores mayor del 6 por 100», redacción que experimenta un cambio radicalísimo en el decreto de 25 de Octubre de 1907, que establece de modo bien categórico, artículo 38, párrafo primero: «las Compañías suministrantes de fluido por medio de contadores no podrán exigir a sus abonados mayor cantidad que el importe de las unidades consumidas según dicho aparato, y reintegrarán a aquéllos las cantidades que por mínimo mensual u otro concepto hayan cobrado más del importe del fluido consumido y por adelante de los contadores mayor del 6 por 100, disposición dictada con los informes del Instituto Superior de Agricultura, Industria y Comercio, antecesor de este Consejo Superior de Fomento y del Consejo de Estado, como lo fué igualmente en la misma fecha el art. 104, de las Instrucciones, estableciendo que las Compañías no podrán cobrar más cantidades que el importe de las unidades consumidas», reintegrando las cantidades que por mínimo mensual u otro concepto hayan cobrado de más sobre el importe del fluido consumido y por adelante de los contadores mayor del límite legal, por cuanto dice la exposición de motivos del decreto de 1907, «sería ir en contra de las razones y fundamentos que se han tenido en cuenta para crear el servicio de verificación de contadores y el consumidor no satisfaría el importe de la cantidad del fluido consumido según el contador, sino el mínimo mensual que las Compañías le señalan».

Harta cuenta se dan los ponentes de lo fatigoso de la materia; pero en su deseo de aportar al ánimo de sus ilustrados compañeros los antecedentes precisos, se ven obligados bien contra su voluntad a tan enojosa tarea. Bien apreciada la legislación hasta el momento en que nos hallamos, resulta que se han quitado del art. 1.º todas las incidencias que pudieran tener carácter «cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos», y, en cambio, se ha reforzado la intervención del Estado para que el consumidor no pague más que la cantidad correspondiente a la energía eléctrica consumida. Es decir, que el Estado se hace intérprete y procura sea guardada aquella máxima, principio fundamental de derecho, «nemo cum alterius damno locupletari potest», nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro. Y esta intervención quizás no puede ser del todo censurada, si se contuviese dentro de ciertos límites, porque el Estado se ha cuidado muy bien de no establecer precio por unidad eléctrica consumida, dejando esto a la libre concurrencia y a que la industria, conocedora del esfuerzo capitalista necesario para su implantación y de sus gravámenes de todo género, incluso los que el Estado impone, fijasen el importe metálico por unidad consumida, pero no impusiera el pago de lo no consumido. Y véase ya como apuntada una de las razones, quizá la principal, aunque en las disposiciones legales no se diga, para rechazar los consumos mínimos en cuestión de alumbrado por energía eléctrica. Y si, en cambio, se admiten en las transmisiones de fuerza, es porque hay aquí, frente a frente dos industrias en iguales condiciones de cálculo e independencia.

No ahondando más por el momento en que este aspecto, por dejarlo cual el carácter civil o no del suministro de energía eléctrica para alumbrado, lo que pudieran llamar el derecho constituyente, nos encontramos en la esfera del constituido con el decreto de 8 de Mayo de 1908. En este dictamen, de acuerdo la comisión permanente del Consejo de Estado, se decreta: «Artículo único. Quedan modificados los artículos 4, 38, 39, 104 y 105 de los Reales decretos de 7 de Octubre de 1904 y 8 de Junio de 1906 en la forma siguiente».

No han podido los ponentes pasar por otro camino que copiar literalmente el artículo anterior, y se ven en el caso de llamar la atención de sus ilustrados compañeros sobre ello. Porque el argumento principal esgrimido contra la resolución del Gobernador civil de la provincia es el consignado en el informe de la Dirección general del Comercio, al decir que procede «revocar el acuerdo de dicha autoridad en cuanto a la inadecuada aplicación del art. 38 de las Instrucciones reglamentarias para el servicio de verificación de los contadores de electricidad y gas, toda vez que aquella autoridad no ha tenido en cuenta que el artículo por ella aplicado fue establecido por Real orden de 25 de Octubre de 1907, y que ha sido modificado sustancialmente en el precepto que se aplica por Real decreto de 8 de Mayo de 1905», argumento que es el mismo alegado por la entidad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, en su escrito de 18 de Noviembre de 1914.