La Energía eléctrica (1916-06-25 00:00:00), página 15

y la imposición de los gravámenes consiguientes á ella, con más las ventajas que en compensación habrían de otorgarse. Y no es que á los ponentes asuste la idea, es que, partidarios acérrimos del derecho recuerdan la máxima jurídica fundamental de la tutela de derecho romano. Ibi est enus tutelas, ibi est emolumentus sucesionis y aquí los perjuicios de la tutela del Estado se sienten por la industria, pero no se les dan las compensaciones debidas.

No es misión nuestra en estos momentos determinar que sea servicio público y su diferencia con el servicio general de primera necesidad y como respecto de este último, la función del Estado debe ser aquélla de tutela que ya hemos estudiado, impidiendo enriquecimientos abusivos, pero en modo alguno arrojando todo el peso sobre una de las partes en que en este caso es la industria eléctrica.

Por esto dice fundamentalmente el dictamen de la Comisión permanente española de electricidad, dado en 20 de Mayo de 1915 al ser consultada sobre el caso concreto presente «claro es que este derecho mínimo de percepción, apoyado según el criterio de esta Comisión en razones jurídicas y de lógica, podrá ser margen de aplicación abusiva por parte de las empresas en los casos de monopolio á que parece tienden las industrias eléctricas. Pero suprimirlo equivale á colocar en condiciones de inferioridad á la parte suministradora. Entre estos dos extremos, sólo parece solución equitativa la intervención tutelar de la administración, únicamente posible declarando servicio público los suministros eléctricos con supresión del derecho de percepción de un mínimo consumo». Claro, que este reconocimiento con las consecuencias que de él se derivan, podrá lesionar los intereses de las empresas eléctricas que igualmente debe defender la Administración, pero este deber quedaría cumplido oyendo á la industria eléctrica para que proponiendo las compensaciones equitativas, quedasen á salvo los intereses que pudieran ser lesionados.

Apartando las cuestiones relacionadas con la constitución, la ley de aguas y la de enjuiciamiento como así mismo las relativas á las tarifas, su carácter y aplicación, lo propio que los antecedentes legislativos extranjeros existentes en la materia y en gran parte conocidos por la Ponencia, hemos llegado al límite de este trabajo, que de otra suerte sería extensísimo.

Por todo lo expuesto la Ponencia entiende:

1.º Que á pesar de no existir disposición alguna declarando servicio público el alumbrado eléctrico, es un hecho innegable la existencia de los Reales decretos de 7 de Octubre de 1904, 8 de Junio de 1906, 25 de Octubre de 1907, 9 de Diciembre de 1907 y 8 de Mayo de 1908, declarando en plena vigencia por la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en 4 de Mayo de 1910, confirmando indirectamente la de 5 de Mayo de 1909 de igual procedencia.

2.º Que del cotejo del texto de los Reales decretos citados no aparece, que el de 8 de Mayo de 1908, haya derogado el de 25 de Octubre de 1907, que al continuar en vigor reclama una redacción definitivamente, que aleje las dudas surgidas.

3.º Que los Reales decretos citados es innegable, pugnan con el derecho constituido y la Administración al dictarlos rompió los moldes de su actividad, influyendo en esfera distinta de su competencia y para armonizar todos los intereses se impone la reforma total legislativa de los servicios de alumbrado eléctrico, coordinando en justicia los intereses opuestos, declarando servicio público el debate y otorgando las oportunas concesiones á sus actuales poseedores.

4.º Que para ello se hace preciso revisar los preceptos correlativos de la ley de aguas; de servidumbre y conducción de energía eléctrica de concesión de alumbrado de poblaciones, etc., etc... y todas las demás que con la materia se relaciona.

La Comisión resolverá lo más procedente.

Madrid, 10 de Noviembre de 1915.

Jurisprudencia sobre concesiones de aguas

Las concesiones de aguas y los gobernadores. Estas autoridades no tienen facultades para otorgar concesiones de aprovechamiento de aguas de los ríos como fuerza motriz para mecanismos industriales, en los casos en que para tal objeto haya de emplearse la totalidad o la mayor parte de la corriente, pues á esos casos no puede aplicarse la facultad que á los gobernadores confiere el artículo 218 de la ley de Aguas vigente. (Sentencia de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, fecha 27 de Diciembre de 1915. Gaceta del 16 de Abril de 1916).