La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 14

así como en estos casos el daño del interés privado resalta en primer término por ser comparativamente más considerable, en los servicios públicos, se eleva y predomina el interés colectivo, ya que la preponderancia de éste es la que comunica el carácter del público al servicio de que se trata.

Esta naturaleza del servicio público impone a los gobiernos especiales y singularísimos deberes con relación a los conflictos que puedan surgir entre las Compañías o Empresas concesionarias y sus empleados y obreros, deberes que se resumen en uno concreto y rotundo: asegurar por todos los medios al alcance del Estado la continuidad de la prestación del servicio en las condiciones de máxima eficacia posible.

Por este motivo todas las concesiones de grandes servicios públicos llevan implícita la negación del derecho de la Compañía concesionaria a interrumpir por su propia voluntad la ejecución del servicio, aunque a su interés particular le conviniere. El Gobierno, en cambio, tiene que emplear todos los medios conducentes a que tampoco se interrumpa por la voluntad de otro. Ese es el deber; esta es la ley. Pero aun cuando no fueran ni la ley ni el deber, esta sería la realidad. De ahí que todos los Gobiernos conscientes de sus responsabilidades sientan el vivísimo anhelo de evitar que sobrevenga caso tal, y una vez sobrevenido, de encauzarlo y regular su tramitación, de modo que las diferencias se diriman en plazos breves, por vías conciliadoras y con la asistencia del Poder público. A esos fines responde el proyecto de Decreto que el Ministro que suscribe tiene la honra de someter a V. M.

Condición esencial para el ordenamiento jurídico de la tramitación de estos conflictos es que las Compañías o Empresas concesionarias reconozcan la personalidad de las Asociaciones o Sindicatos formados legalmente por sus empleados y obreros y traten con las representaciones legítimas de éstos acerca de las diferencias surgidas. La negativa de este reconocimiento es incentivo peligroso para las luchas—porque la personalidad jurídica de la asociación nace con independencia de la voluntad de las Compañías; es un hecho legal superior a éstas, apoyado en la Constitución y regulado por la ley de 30 de Junio de 1887, y cuando las entidades patronales rehusan reconocer esta personalidad no es que mantienen una posición económica, sino que frustran una conquista jurídica, niegan un hecho legal y mutilan la personalidad política del trabajador.

Pero la existencia de la personalidad colectiva formada por obreros es, además de un hecho legal, un hecho real, fatal, superior a la Ley misma que puede desconocer o negar las realidades, pero no suprimirlas. Y las Compañías o Empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran siempre e inevitablemente cuando llega el conflicto frente a ese hecho real de la personalidad colectiva obrera, viéndose entonces obligadas no sólo a reconocerla y tratar—según la experiencia reiteradamente muestra—, sino a admitir representantes inorgánicamente designados, fuera de toda regulación estatutaria, y, por consecuencia, sin ofrecer garantía alguna en cuanto a la legitimidad, extensión y especialidad del apoderamiento que ostenta o del mandato de que se dicen son portadores.

A terminar este desplorable estado de cosas se encamina el artículo 1.º de este Decreto, por el cual se obliga a las Compañías o Empresas concesionarias del Estado a reconocer la personalidad de las Asociaciones o Sindicatos que legalmente constituyan sus empleados y obreros. Correlativo de esta obligación es el derecho en las Asociaciones obreras a exigir ese reconocimiento, exigencia formulada con la plena autoridad de quien para ello se apoya en un precepto escrito. No se oculta al Gobierno la importancia de esta declaración legal, porque para aquilatarla basta recordar que apenas han transcurrido siete años desde la derogación expresa del artículo 556 del Código Penal que castigaba las coligaciones obreras. El trecho recorrido en tan breve plazo es grande; pero la evolución social avanza a paso aún más presuroso, y es causa de graves enojos que, en estas materias, el derecho positivo quede rezagado.

Este derecho otorgado a las Asociaciones obreras les impone, a su vez, estrictas obligaciones. Es la principal que, en caso de conflicto, la persona o personas que a nombre de la Asociación se dirijan a la entidad patronal, hayan obtenido legítimamente esa representación de un modo expreso para el caso especial de que se trate, y que así lo acrediten previamente.

Esta obligación queda consignada en el artículo 2.º. La simple mención de este artículo evoca numerosas cuestiones relacionadas con su ejecución. La formación de un Censo de Sociedades obreras afectas a los servicios públicos de que este proyecto trata; la observancia del importante y a veces olvidado artículo 10 de la vigente Ley de 30 de Junio de 1887; las condiciones del Registro de socios y su cualidad de público; los requisitos generales que hayan de contener los Estatutos; la forma en que se otorgue el