La Energía eléctrica (1914-10-10 00:00:00), página 19

pre preponderancia sobre las segundas, dictadas para cosas diferentes, y sobre la manifestación ó opinión de un respetabilísimo Ministro.

Pero en esto aún hay más, á propósito de la eficacia y valor que puedan tener las resoluciones ministeriales, por muy digna de consideración que sea la firma que las refrende.

Recientemente, en el año 1909, un eminente hombre público, el Sr. Moret, dictó desde la Presidencia del Consejo de Ministros, un Real decreto regulando el procedimiento contencioso-administrativo y en consecuencia, modificando la ley por que se regía. Comenzó á aplicarse, pero en el momento que al Tribunal Supremo llegaron peticiones para que declarase nulo, por no acomodarse á dicha ley lo actuado con arreglo al Real decreto, hizo tal declaración y hoy esa prescripción ministerial, sin que nadie la haya derogado, permanece olvidada y en desuso.

El indicado Real decreto tampoco era impugnable en la vía contenciosa, por su carácter general (como dicen de otros Reales decretos y Reales órdenes las sentencias citadas por el Gobierno civil), pero ni esto ni la respetabilidad de la firma que lo suscribía, fueron obice para que el más alto Tribunal de la Nación, restableciese el orden jurídico perturbado, aun tratándose de materia que, siendo como es importante, dista mucho de alcanzar la transcendencia que tiene la de contratos, expuesta y desarrollada en una ley substantiva y fundamental, como el Código civil.

5.º Por todo esto, no es posible aceptar como cosa procedente é inapelable, lo que en un preámbulo (no en el articulado), de un Real decreto se diga sobre las condiciones que los contratos de las Sociedades y los abonados tengan y sobre el carácter de servicio público que al de suministro de energía eléctrica se quiere dar. Para que lo uno y lo otro tuviera que administrarse, haría falta que se dijera en una ley. Y buena prueba de la escasa confianza que se tenía en que pudieran prosperar tamañas novedades, es que no se han traducido ni siquiera en preceptos ministeriales, circunscribiéndolas á un simple preámbulo, cuya fuerza de obligar es en absoluto nula. Tratándose de discutir si el indicado servicio es ó no público y fácilmente se demostraría que no puede tener tal consideración, aunque no fuera más que advirtiendo lo medrosamente que se lanza la afirmación en el aludido preámbulo, precedida de una comparación que por la heterogeneidad de sus términos, es completamente inadmisible.

Entretanto, pues, que lo dicho en tal preámbulo, no se traduzca en preceptos, es jurídicamente imposible discutirlos y menos pretender su aplicación mientras no se consignen en una ley.

6.º Llegan las Eléctricas al notable considerando final de la providencia gubernativa, con la admiración que forzosamente tiene que producir, á quien lo coteje con las sentencias que en él se concenan.

De las del Juzgado del Pilar nada hay que decir, porque como se ajusta al criterio del Gobierno civil, la encuentre éste, digna de todo encomio. No holgara, sin embargo, hacer constar, como corroboración de lo que en la primera parte de este escrito se dice extensamente, que el considerando aludido, contiene la afirmación, de que la única cuestión que se discutió en el Juzgado, fue la de la tarifa diferencial.

De la sentencia del Juzgado de San Pablo, se ocupa el Gobierno civil en forma que sólo es explicable por una intensa e invencible ofuscación. Porque es cierto que el Tribunal municipal, hizo consideraciones ó declaraciones disconformes con el criterio que con el presente escrito se contiene, pero también lo es que por eso apeló la Sociedad y los impugnó ante el Juzgado de primera instancia, logrando convencerle de que eran erróneas.

Puede consultarse el texto de esa sentencia y en él se verá que ni se reconoce la ilicitud de la tarifa diferencial, ni se dice que la Compañía no tenga derecho á ella, pues precisamente los dos considerandos que á la reconvención y á la conducta del demandado se refieren, son como sigue:

«CONSIDERANDO: Que el demandado satisfizo á la parte demandante, por entenderlo así y como consecuencia del contrato de referencia la cantidad objeto de la reconvención; que el artículo 5.º del Código civil establece que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores; y en méritos de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos no es procedente estimar la reconvención for- mulada.»

«CONSIDERANDO: Que es de apreciar ostensible temeridad y mala fe en la parte demandada.»

Nada más dice la sentencia sobre la tarifa diferencial. ¿Para qué había de decir, si en pocas palabras establece la sana doctrina del respeto que se debe á las leyes y á los contratos con arreglo á ellas celebrados y condena á quien se olvida de lo que significan los actos por el realizados?