La Energía eléctrica (1916-10-25 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XIII. Madrid 25 de Octubre de 1916. Núm. 20

Suspensión del alumbrado público.

El día 7 del actual, visitó al ministro de la Gobernación una comisión de productores de gas y electricidad, la cual le expresó su alarma por los efectos a que puede dar lugar la aplicación e interpretación de la Real orden dictada respecto a la suspensión del suministro de fluido eléctrico y de gas, con fecha 12 de Septiembre último.

Manifestaron los comisionados que muchos gobernadores están en la creencia de que a un abonado que no paga, la Compañía no puede, por virtud de tal disposición, cortarle la corriente.

El Sr. Ruiz Jiménez tranquilizó a la comisión, estimando que no había motivo para la alarma, porque la Real orden aludida está perfectamente clara, pues en ella se determina que cuando una Compañía de modo colectivo suspenda súbitamente el servicio del alumbrado en una población, el gobernador, por motivos de orden público, a cuya alteración hubiera de dar lugar tal medida, podrá restablecer el servicio.

Agregó el ministro que el propio origen de la Real orden—que fué lo que la Compañía del gas en Almería se proponía hacer allí con motivo de la elevación del precio del carbón—confirma que el sentido de dicha disposición no es otro ni requiere aclaración, porque en ella se consigna que la intervención del gobernador para impedir que se corte el fluido ha de ser cuando haya peligro de alteración del orden público.

Inútil fue la insistencia de los productores de electricidad alegasen que por el público y por algunos gobernadores se interpretaba la Real orden como comprensiva de los casos particulares de privación de fluido por falta de pago, por defraudación y otros análogos, sosteniendo el Ministro que era imposible que nadie lo interpretara así.

Según lo expuesto por el Ministro, en ningún caso particular de privación de alumbrado, siempre que no tenga aspecto colectivo, será preciso solicitar la autorización del Gobernador, sino proceder en la forma que las Sociedades o fabricantes de gas o electricidad estimen conveniente.

Aparte de esto, la Real orden parece perseguir muy especialmente los casos de aumento de precio, considerándolos como casos colectivos; y como hace depender la autorización del Gobernador del temor de alteración de orden público, y el público está enterado de que con esa alteración, según la parte dispositiva de la Real orden, no se autorizará el aumento de precio, intentará seguir siempre el mismo camino, amenazando con el desorden; y resulta en definitiva que las Compañías de gas y electricidad se ven condenadas a no elevar sus precios por muy difíciles y apremiantes que sean las circunstancias. Es decir, que en lugar de prevenir racionalmente los casos de elevación enorme del carbón, como hacen las demás naciones, que hasta consideran modificados temporalmente los contratos vigentes para que puedan aumentar los precios los fabricantes o solicitar indemnizaciones mientras duren las actuales circunstancias, esperando volver a las condiciones anteriores cuando se normalice el coste de los carbones, protegiendo de ese modo la industria; en nuestro país se pretende privar a estas industrias del perfecto derecho que tienen lo mismo que todas las demás, que los comerciantes y particulares, de elevar los precios cuando lo estimen conveniente, y de dar por terminados los contratos cuando así convenga a cualquiera de las partes contratantes. En nuestro caso se priva de libertad a los industriales para dar por terminados sus contratos, y no podrán ellos privar del alumbrado a los particulares, ni aisladamente, en casi ninguna ocasión, pues en esos casos los abonados que hayan sido objeto de esta medida por parte de las Compañías bastará con que se reúnan y vayan a protestar ante las autoridades para que el caso tenga aspecto colectivo y caiga dentro de las prevenciones de la Real orden.