La Energía eléctrica (1916-09-25 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XIII. Madrid 25 de Septiembre de 1916. Núm. 18

Ministerio de la Gobernación

Real orden declarando que los productores de gas y electricidad para el alumbrado no podrán cesar ni suspender el suministro contratado con anterioridad con los Ayuntamientos ó particulares, sin autorización del Gobernador de la respectiva provincia (Gaceta del 13 de Septiembre de 1916).

La extraordinaria elevación de los precios de la hulla, consecuencia de la perturbación económica producida por la guerra europea, ha originado graves dificultades en la marcha normal de las industrias españolas, afectando ese trastorno muy especialmente á las que, como las del gas del alumbrado y gran parte de las de luz eléctrica, utilizan aquella primera materia como medio de producción.

El natural deseo de lucro que á las empresas industriales anima ha inducido á los productores á compensar con un aumento de precio en los productos la carestía del carbón. Así, las empresas de alumbrado de las poblaciones han respondido al alza del mercado de hulla con un anuncio de elevación del precio de venta de la luz, pretendiendo en algún caso hasta romper contratos de suministros anteriormente celebrados en condiciones menos onerosas para el consumidor, y llegando á amenazar con el paro en la fabricación; pero con el solo anuncio de tales propósitos han surgido en varias poblaciones graves síntomas de posibles perturbaciones de la tranquilidad pública.

Puede ser, pues, materia de otras medidas de Gobierno (unas ya adoptadas y otras en proyecto) la regulación y la coordinación posible de los intereses contrapuestos de productores y consumidores; serán los Tribunales ordinarios, los competentes, según ley, para la solución de otras contiendas de derecho privado; pero aparte de esa preocupación de procurar la armonía en las relaciones puramente económicas y de resolver los litigios de carácter civil, la atención del Poder público se ve requerida por otros conflictos que surgen como derivados del problema, y ante los cuales el Gobierno no puede permanecer en actitud expectante sin abandonar su función más esencial, pues atañen directamente al orden público.

Ya por su naturaleza, sin relación á situaciones de anormalidad social, los servicios de alumbrado, así público como privado, en su aspecto de interés colectivo, han sido con diversos motivos objeto de reglamentación gubernativa; que siempre ha tendido á evitar el grave daño que á la conveniencia y tranquilidad generales ocasionaría la interrupción en la prestación de aquellos, por que á nadie puede ocultarse el grave trastorno que en la marcha de la vida nacional significará la paralización de un medio de vida tan indispensable como el del alumbrado.

Así, entre otras disposiciones, la Instrucción de 4 de Enero de 1905, obliga á los arrendatarios del servicio de alumbrado de las poblaciones á no suspenderle, sino después de previo aviso con treinta días, cuando menos, de antelación, aun en el extremo caso de que la suspensión obedeciera á causas de justificación civil tan plena como la falta de pago por parte de las Corporaciones municipales. Según la ley de 27 de Abril de 1909, las huelgas ó paros de obreros ó de patronos, no podrán efectuarse sino ocho días después del correspondiente anuncio, cuando tiendan á producir falta de luz. Y el Poder público mira con tan delicada atención la especialidad de tal servicio, que excluyéndole de las normas corrientes y tradicionales de la contratación civil, llega en el Real decreto de 8 de Junio de 1906 á prohibir al vendedor de gas ó de fluido eléctrico que suspenda el suministro cuando exista pendiente alguna reclamación de las que se expresan en los artículos 42 y 108 de dicha disposición reglamentaria.

Así, pues, si el problema, aun dentro del desarrollo normal de las relaciones económico-sociales tiene ese aspecto de conveniencia é interés público, siempre reconocido por la Administración, cuando