La Energía eléctrica (1916-11-10 00:00:00), página 15

Art. 16. La inspección de las obras de toda instalación, en el período de su ejecución, se ejercerá por los facultativos consignados en el artículo anterior.

Art. 17. Terminada la instalación, se procederá a las pruebas y reconocimientos, levantando la correspondiente acta en la que de una manera clara se harán constar las condiciones de la instalación en relación con las cláusulas de la concesión, especificando las variantes observadas. La referida acta, firmada por el concesionario y por el Ingeniero, se remitirá, en el plazo de tres días, al Delegado de fomento, quien dará cuenta al Alto Comisario, proponiendo la resolución que proceda para que en su caso aquella superior autoridad pueda autorizar la explotación.

De dicha acta se extenderán tres ejemplares, para que uno quede en el archivo de la Delegación de Fomento, otro en poder del Inspector oficial, entregando el tercero al concesionario.

No podrá comenzar la explotación de la instalación sin haber obtenido el concesionario el correspondiente permiso y presentado los reglamentos de servicio.

Art. 18. Los Ingenieros, inspectores y agentes encargados tendrán derecho a entrar en la fábrica cuando lo consideren necesario, para comprobar el estado y funcionamiento de la misma, y siempre que lo ordene la autoridad gubernativa.

Los gastos de movimiento y confrontación que se originen al personal facultativo por estas inspecciones, los pagará el concesionario o propietario, según lo establecido en el Dahir, aprobando el Reglamento de indemnizaciones para el personal facultativo de la Delegación de Fomento. A fin de reducir todo lo posible dichos gastos de inspección, procurarán los Ingenieros que las visitas ordinarias, así como las extraordinarias de dichas instalaciones, se hagan simultáneamente con las que exigen otros servicios remunerados.

Responsabilidades y sanción penal

Art. 19. Las responsabilidades en que pueden incurrir los concesionarios o propietarios de dichas instalaciones por malicia, imprudencia, negligencia en la construcción, conservación y reparación, faltas en la explotación y demás causas que ocasionen accidentes, daños o perjuicios en el tránsito público y predios sirvientes, serán exigibles con arreglo a lo que establecen los Códigos de la zona.

Art. 20. Administrativamente, se considerarán como faltas contra lo dispuesto por este Reglamento:
Utilizar obras o terreno de dominio público sin la concesión.
Las variaciones de la concesión no autorizadas.
La infracción de reglas técnicas comprendidas en este Reglamento o en los especiales que en cada concesión se establezcan.
Comenzar la explotación sin el acta y el permiso.
Oponer resistencias que no constituyan delito a los funcionarios encargados de la inspección.
Negligencias que pongan en peligro la seguridad de las instalaciones.
Y cualquiera otra infracción que pueda ocasionar daños a las obras públicas, terrenos del dominio público o particular o a otras instalaciones, y a la seguridad de las personas o cosas, aun cuando se cometan por operarios o funcionarios de los concesionarios o propietarios.

Art. 21. Las faltas enumeradas en el artículo anterior serán corregidas por la autoridad gubernativa a propuesta del Delegado de Fomento. La corrección consistirá en imposición de multas de 50 a 500 pesetas.

Art. 22. Para la imposición de dichas multas se procederá en la forma siguiente:
El Inspector oficial presentará la denuncia al Delegado de Fomento, quien pasará al concesionario, en un plazo que no excederá de cinco días, el pliego de cargos, para que conteste en el de diez días. El Delegado de Fomento, en otro plazo de cinco días desde que reciba la contestación, elevará con su informe el expediente al Alto Comisario.
Si la contestación del concesionario diere lugar a dudas, podrá oirse por segunda vez al denunciante y a la Empresa. En vista del informe del Delegado de Fomento, el Alto Comisario aconsejará la resolución del expediente al Majzén, y este impondrá la multa si estima que ha lugar a ello.
Los plazos señalados podrán ampliarse cuando por causas justificadas considere la Administración que no puede cumplirse la tramitación en aquellos, sin que nunca puedan exceder del doble del tiempo fijado anteriormente.

(Boletín oficial de la Zona de influencia española en Marruecos de 10 Septiembre 1916.)