La Energía eléctrica (1914-03-25 00:00:00), página 25

REAL DECRETO

Atendiendo á lo propuesto por el ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el Consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al ministro de la Gobernación para contratar, mediante pública subasta, la construcción de una línea telefónica de Aranda á Irún y otra de Burgos á Santander.

El importe de las obras se satisfará con cargo al crédito de un millón de pesetas concedido por ley de 14 de Diciembre de 1912, con destino á la ampliación y mejora de la red telegráfica y telefónica.

Sala de lo civil.

Sentencia de 29 de Noviembre de 1912 declarando no haber lugar al recurso interpuesto por la Sociedad anónima Ibaizabal en los autos seguidos en la Audiencia de Burgos, con el Estado sobre pago de pesetas como indemnización por el desprendimiento de un flexible que cayó sobre las chapas de cine que revestían las pesebreras, lo que originó la muerte de un caballo y 17 mulos por efecto de la electricidad acumulada y trasmitida por las cadenas y anillas con que dichas caballerías estaban sujetas á las pesebreras. (Gaceta del 14 y 15 Octubre 1913, folios 62 y 63).

(Continuación)

Resultando que apelada la anterior sentencia por la representación del Estado, y adherida á la apelación la Empresa demandada, la cual se fusionó durante la primera instancia con la denominada El Ibaizabal, formando una nueva sociedad de este nombre, en cuya representación se personó en autos el Procurador que lo había sido durante el curso de los mismos de la Eléctrica de Guecho, fué substanciada la alzada con arreglo á las prescripciones de la Ley, y en 6 de Mayo de 1901, dictó sentencia confirmatoria la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, condenando á la Sociedad demandada El Ibaizabal, que ha venido á sustituir á aquélla en virtud de la fusión, á que abone al Estado la suma de 14.390 pesetas, dentro del término del quinto día, desde la fecha de firmeza de esta sentencia y los intereses legales desde esa misma fecha en que la sentencia sea firme, sin hacer expresa condena de costas de ninguna de las dos instancias:

Resultando con depósito previo de 1.000 pesetas, la Sociedad anónima El Ibaizabal ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley fundado en los números 1.º, 6.º y 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, alegando los siguientes motivos:

1.º Infracción de la ley del contrato y de los artículos 1.091, 1.257 y 1.259 del Código Civil, que dicen: el primero, que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse á tenor de los mismos; el segundo, que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto á éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles ó por su naturaleza, ó por pacto, ó por disposición expresa de la ley, y que si el contrato contuviera alguna disposición en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada, y el 1259, que ninguno puede contratar á nombre de otro, sin estar por éste autorizado ó sin que tenga por la ley su representación legal, y que el contrato celebrado á nombre de otro por quien no tenga su representación ó autorización será nulo, á no ser que lo indique la persona á cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante; cuya infracción es de todo punto evidente en cuanto que consta en la póliza—que por cierto ninguna especialidad contiene que la diferencia de los demás contratos de esta clase celebrados por la recurrente con todos sus abona los—fué celebrado entre ésta y el Capitán de artillería D. Gaspar Osma, sin que éste tuviera, ni siquiera invocara la autorización precisa, ni el nombre y representación del Estado, ni se hallara el contrato revestido, en suma, de ninguna de las formalidades que en los de su clase se exige, lo cual, consta del texto y práctica del contrato mismo, y de la declaración del Capitán Pérez Vidal, sucesor de Osma, quien firmó el contrato sin ningún género de antefirma, declarando, además, Pérez Vidal, que se trataba de un servicio particular y que como tal se pagaba, y constando así también de la Real orden del Ministerio de la Guerra, que resolvió el expediente judicial militar, que el Capitán General no dió autorización alguna para