La Energía eléctrica (1914-04-10 00:00:00), página 25

mente si de él es ó no responsable la Compañía y si está ó no obligada á satisfacer la oportuna indemnización; y

2.º También por violación y errónea interpretación, el art. 1.902 del Código Civil, en relación con los 1.101 y 1.106, toda vez que según el 1.101 están sujetos á la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en cumplimiento de sus obligaciones incurrirían en dolo, negligencia ó morosidad; conforme el 1.106, dicha indemnización no sólo comprende el valor de la pérdida sufrida, que en el presente caso es el de las mencionadas caballerías, sino también el de las ganancias que hayan dejado de obtenerse, que en este caso es el de los servicios que dichas caballerías pudieron prestar, y el interés del dinero que valían, y con arreglo al 1.902, está obligado á reparar el daño causado, el que, como la sociedad Guecho, causa aquél por negligencia no pumble, según declara la Sala sentenciadora fué causado el daño de que se trata:

Visto, siendo ponente el Magistrado D. Octavio Cuartero:

Considerando que es improcedente el recurso interpuesto por la representación del Estado en los motivos que le sirven de fundamento: cuanto al primero, porque según tiene declarado esta Sala con repetición, no se puede establecer que hay morosidad, ni condenar por tal razón al abono de intereses cuando no se conoce la cantidad líquida reclamable, y en el caso actual, como la deuda ha de derivarse de una indemnización, mientras ésta no se acuerde y el deudor sea condenado al pago, no es lícito suponerlo moroso; y respecto al segundo, porque en el fallo recurrido no se ha violado ninguna ley ni doctrina al negarse á condenar por daños y perjuicios que no han sido determinados y probados concretamente, según estimó el Tribunal a quo, de absoluta conformidad con lo que el Supremo ha establecido en reiteradas sentencias;

Considerando que tampoco procede ninguno de los cuatro motivos de casación en que se funda el recurso de la sociedad Ibaizabal: no el primero, que tiende á demostrar la falta de personalidad del Estado como demandante, sin que esta alegación se hiciera en forma y oportunamente, porque insiste, como excepción en el pleito, en que el Estado es extraído al contrato, y por tanto, que carece de acción, cuando es innegable, y no se ha negado, que el daño cuya indemnización se pretende, lo experimentó el Estado en cosas de su propiedad, es decir, que él es el damnificado, y por tanto, quien tiene la acción preferente contra el responsable; no el segundo, porque es de toda evidencia legal, según el artículo citado de la Ley de Contabilidad y elemental en buenos principios de Derecho constitucional, que los derechos y obligaciones de la Hacienda, no pueden someterse á la resolución de arbitros ó amigables mientras una ley especial no lo autorice, y no el tercero y el cuarto, referentes al carácter y prescripción de la culpa, que sirve de base á la reclamación, porque como afirma la Sala sentenciadora, las obligaciones y responsabilidades que se demandan, provienen de las estipuladas en el contrato, y por este carácter contractual no prescriben hasta los quince años;

Fallamos quo debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Sociedad anónima titulada Ibaizábal y por la representación del Estado; se condena á dicha Sociedad á la pérdida del depósito que ha constituido, que se distribuirá con arreglo á la Ley, y en atención á ser ambas partes recurrentes, no hacemos expresa condenación de costas; y librese á la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución de los autos que he remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Víctor Cován, Mariano Enciso.—Rafael Bermejo.—Octavio Cuartero.—Antonio Gullón.—Manuel P. Vellido.—Manuel de Valle.

Publicación.—Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Excmo. Sr. D. Octavio Cuartero, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil del mismo en el día de hoy, de que certifico como Relator Secretario de dicha Sala.

Madrid, 29 de Noviembre de 1912.—Por habilitación, Licenciado Emilio Gómez Vela.