La Energía eléctrica (1914-04-10 00:00:00), página 24

Sala de lo civil.

Sentencia de 29 de Noviembre de 1912 declarando no haber lugar al recurso interpuesto por la Sociedad anónima Ibañizal en los autos seguidos en la Audiencia de Burgos, con el Estado sobre pago de pesetas como indemnización por el desprendimiento de un flexible que cayó sobre las chapas de cinc que revestían las pesebresas, lo que originó la muerte de un caballo y 17 mulas por efecto de la electricidad acumulada y transmitida por las cadenas y anillas con que dichas caballerías estaban sujetas á las pesebresas. (Gaceta del 14 y 15 Octubre 1913, pliegos 62 y 63).

(CONCLUSIÓN)

C) Porque no señalándose término en la ley Procesal para la diligencia de repartimiento, se entiende que ha de practicarse inmediatamente ó sin dilación, como ordena el párrafo 2.º del art. 301 de la ley de Enjuiciamiento Civil, citado como infringido; y practicada sin dilación la diligencia de repartimiento, como es forzoso admitir, en cuanto sobre ello no hubo en todo pleito controversia, se sigue que la demanda ha sido interpuesta ó presentada con fecha 4 de Julio de 1904, ó sea en la misma fecha de la diligencia de repartimiento, y en este caso, aun admitido en hipótesis el supuesto de que la de la presentación debe contarse desde el 30 de Junio de 1903, en que el abogado del Estado recibió la Real orden para interponer la demanda de autos, como así lo admite la Sala sentenciadora, siempre resultará que el término de la prescripción se cumplió el 30 de Junio de 1904, ó sea cuatro días antes de la presentación de la demanda que, por consiguiente, no pudo interrumpir la prescripción de esta clase que se causa por el mero lapso de tiempo, según el art. 1.961, y que se consuma por el transcurso del mismo, según el 1.968, ambos del Código Civil:

Resultando que el Abogado del Estado ha interpuesto asimismo recurso de casación por infracción de ley fundado en el número 1.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, alegando haberse infringido por la Sala sentenciadora;

1.º Por violación e interpretación errónea del art. 8.º de la ley de 14 de Marzo de 1856, y la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo aclara y explica, pues en sentencias de 3 de Febrero, 27 de Marzo y 9 de Abril de 1890 y en la de 20 de Marzo de 1.891, entre otras muchas, se establece el aplicar el alcance de dicho artículo, que el deudor se constituye en mora, y debe abonar intereses desde el momento que judicialmente se le interpele sobre el pago de cantidad líquida conocida y cierta, toda vez que para comprobar que en el caso de autos hay mora y se deben intereses por tratarse de cantidad líquida, cierta y perfectamente determinada conocida, basta recordar que en la demanda solicitó el Estado se condenase á la sociedad Guecho á pagar 14.390 pesetas en que fueron valoradas las 18 caballerías que perecieron á consecuencia del accidente, y para ello, y para solicitar al propio tiempo que se condenase á la Compañía al pago de los intereses legales, la representación del Estado alegó que del incendio era responsable la Compañía, declarando el Juzgado existente dicha responsabilidad y condenando a aquélla al pago de la cantidad fijada en la demanda é intereses legales, á contar del día en que la sentencia fuese firme, cuyo fallo confirmó la Audiencia de Burgos, alegando como principio relacionado con la condena de intereses que en los pleitos sobre indemnización de daños y perjuicios que provienen del incumplimiento de un contrato, y aun de la existencia de culpa ó negligencia que venga á producir el daño, no es posible hacer extensiva la cuantía de aquélla y del perjuicio consiguiente, sino á lo que por virtud de las pruebas practicadas haya quedado plenamente justificado, puesto que para el abono de intereses pueda ser acordado dentro de lo terminantemente establecido en el Código Civil, se hace indispensable que la cantidad á que esos daños y perjuicios asciende, se halle perfectamente liquidada, sin que tampoco sea dable acordarlo á virtud de mora en que se hubiera constituido el deudor mientras no conste que á éste se hizo la oportuna reclamación judicial ó extrajudicialmente, de lo que se deduce que la Sala sentenciadora no desconoce que se deben intereses cuando hay mora, pero alegando que esa mora no existe hasta que en el fallo se fija la cantidad líquida abonable por la indemnización acordada, y, precisamente en ese punto, está la violación y errónea interpretación de los preceptos y doctrina citados, pues desde el instante en que se demande una cantidad precisa y concretamente determinada y reconocida como justa, hay la obligación de satisfacer intereses legales, con tanto más motivo, cuanto que el pleito no ha versado, ni en él se ha discutido realmente la cuantía del daño causado, sino únicamente