La Energía eléctrica (1914-03-25 00:00:00), página 26

la celebración del referido contrato, y que obraron por su exclusiva iniciativa y sin conocimiento de sus superiores los Oficiales encargados del Fuerte, afirmándose también en la demanda, como se afirmó en lo gubernativo, que dicho contrato se celebró sin carácter oficial, ni intervención, ni autorización administrativa alguna, por lo que en realidad no existe otra acción que la procedente de culpa no contractual ó extracontractual, para el caso expresamente previsto por el Estado, que es la realmente ejercitada y discutida; de todo lo que se deduce que el contrato fué meramente privado, y que una de las partes contratantes, no fué el Estado, cualesquiera que fueran los fines de interés ó utilidad pública del servicio contratado, sino el Capitán Osma y sus sucesores en el cargo, que sin novación de su primitiva forma, vinieron cumpliendo el contrato hasta la fecha del accidente, de suerte que la intervención de la Administración, ajena de todo punto, antes, á la celebración y práctica del contrato, y si sólo posterior para proponer y preparar la reclamación, en virtud del expediente que tuvo á bien formar, y en el cual además para nada fue oída la recurrente, no puede en modo alguno cambiar la naturaleza y términos del primitivo contrato, hasta el punto de convertirse en público y debidamente requisitado, cuando absolutamente no lo está, ni menos hacer surgir una nueva parte contratante en sustitución de la que en el contrato figura, ó sea substituir al Capitán Osma por la Administración Central, no ya para fines propios de las fundaciones de ésta, que pudieran ocasionar en otro supuesto un recurso contencioso administrativo, sino en interés del Estado como personalidad civil, á quien él supone parte en un contrato en que no lo fué ni se le invocó ni se tomó su representación al celebrarse; apareciendo de todo ello que no existe tal contrato entre el Estado y la recurrente, sino entre ésta y Osma, aunque continuado á lo sumo y tácitamente en su disfrute y cumplimiento por sus sucesores en el cargo, y que, por lo tanto, no es tal parte contratante el Estado, ni puede ejercitar con ese carácter acción alguna, que no tiene, invocando como título de pedir dicho contrato, bastando para convencerse de ello esos antecedentes, aunque no existieran los citados artículos 1.091, que como se ha visto habla sólo de las partes contratantes, y manda cumplir los contratos al tenor de los mismos; 1.257, que dice, sólo producen efectos los contratos entre los que los otorgan, y que en caso de estipulación á favor de tercero, éste sólo podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiere hecho saber su aceptación al obligado, cosa que tampoco se hizo en el caso presente, pues ni siquiera se dió parte á la recurrente en los expedientes tramitados por Guerra y Hacienda; y 1.259, cuyo texto es absolutamente prohibitorio al establecer que nadie puede contratar, á nombre de otro, sin estar autorizado á ser su representante legal; extremos que no concurren en este caso, y que el contrato celebrado á nombre de otro, es nulo, á no ser que lo ratifique la persona á cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante, lo cual tampoco ocurrió en el caso de autos, pues ya es visto que el Capitán Osma no dijo en la póliza nada que se parezca á que contratara á nombre del Estado, aunque sin representación ni autorización de éste; siendo también de observar que si el artículo 1.256 establece que la validez y el cumplimiento de los contratos, «no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes», menos puede admitirse que pueda dejarse al del que no lo sea; todo lo cual viene á confirmar la infracción alegada que comete la Sala sentenciadora erróneamente y aplicando indebidamente los expresados artículos al estimar la demanda, declarando parte contratante á quien no lo es, como el Estado, otorgándole sin serio acción contra la recurrente, á la que condena á prestaciones de indemnización en el equivocado supuesto de tratarse de responsabilidades nacidas de negligencia ó culpa contractual, siendo así, que no existe ningún contrato en que el Estado figure como tal contratante, y á lo sumo, dando hipotéticamente por cierto que el accidente fuera imputable á negligencia de la recurrente, y teniendo en cuenta que las caballerías pertenecían al Estado, no podía estimarse para éste, más que un caso de culpa extracontractual comprendido en la prescripción general del artículo 1.902 del Código Civil:

2.º Infracción de la ley particular del Contrato y las generales concordantes, tales como los artículos 4.º y 1.116 del Código Civil y 7.º de la ley provisional de Administración y contabilidad de Hacienda pública, todos por interpretación errónea y aplicación indebida, en cuanto el art. 4.º previene que son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la Ley, salvo los casos en que la misma Ley ordena su validez, el 1.116 que las condiciones imposibles, las contrarias á las buenas costumbres y las prohibidas por la Ley anularán la obligación que de ellos dependa, y que la condición de hacer una cosa imposible se tendrá por no puesta, y por último, el 7.º de la ley de Contabilidad, que para someter á juicios de árbitros las contiendas que se susciten sobre los derechos de la Hacienda, habrá de preceder una