La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 28

Sala de lo civil.

Sentencia de 29 de Noviembre de 1912 declarando no haber lugar al recurso interpuesto por la Sociedad anónima Ibarzábal en los autos seguidos en la Audiencia de Burgos, con el Estado sobre pago de pesetas como indemnización por el desprendimiento de un flexible que cayó sobre las chapas de cinc que revestían las pesebreras, lo que originó la muerte de un caballo y 17 mulos por efecto de la electricidad acumulada y transmitida por las cadenas y anillas con que dichas caballerías estaban sujetas a las pesebreras. (Gaceta del 14 y 15 Octubre 1913, pliegos 02 y 03).

(Continuación)

«El Capitán de Artillería D. Gaspar Osma, ordenó la instalación de la luz eléctrica en los edificios designados, sin dar al hecho carácter oficial alguno y sin que ninguno interviniera en los hechos», y entre los fundamentos de Derecho, alegó: Que estipulado el contrato entre el abonado y la Sociedad, y cumplido por ambas partes, quedaron sometidos éstos al fallo de amigables componedores, según la cláusula la 11 de aquél, cuyo texto transcribía en el segundo de los hechos de este escrito, cometiendo una infracción del expresado contrato la parte actora, que en lugar de pedir en juicio el cumplimiento de ese contrato, no sólo en su condición 8.a si no también en la 11, exigía la observancia de la primera, despreciando esta última fijada por las partes contratantes con el exclusivo objeto de resolver las diferencias por medio de amigables componedores; que el Capitán de Artillería que realizó el contrato sin expediente ni tramitación de formalidad alguna, extralimitándose en sus facultades, como se colegía del informe del Juez instructor, del dictamen de la Dirección de lo Contencioso y de la Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra, en 13 de Abril de 1903, y los sucesores del mismo en el cargo eran los que debían responder y a los que alcanzaban las consecuencias desfavorables de su proceder; y si el Estado había hecho suya la cuestión, inculpable probar que, según el contrato, le asistía acción contra la Sociedad, toda vez que no podía la Administración arrogarse facultades de que carecía, para alterar a su arbitrio la naturaleza y condiciones de los contratos, sin que, amparándose en la privilegiadísima posición que de ordinario ostentaba, fuese lícito en el caso de autos enudir el cumplimiento del contrato, por una parte, y exigirlo a la otra, y que según el párrafo 5.o del artículo 1.903 del Código Civil, si cuando el daño había sido causado por un funcionario a quien propiamente correspondía la gestión practicada, que era el caso del piezo, el funcionario y no el Estado era el responsable por acción u omisión; interviniendo culpa o negligencia, correlativamente había de estar a las consecuencias que de su gestión extraoficial se hubiese producido, y terminó suplicando se le absolviera de la demanda, con imposición de costas al Estado:

Resultando que al replicar la representación del Estado reproducía los hechos de su demanda y los fundamentos legales, añadiendo en cuanto a estos: que la misma Sociedad a pesar de pretender que la responsabilidad sólo podrá exigirse el jefe de la fortaleza que realizó el contrato, reconocía que no se trataba de un derecho particular de dicho jefe, si no que su acción se transmitía á los que le sucedieron en el mando, lo cual no la impedia sostener que el Estado no podía ejercitar dicha acción, como si esa Jefatura pudiese tener una responsabilidad separada de la Administración, no obstante su incapacidad para contratar, por no estar suficientemente autorizada para intervenir, en la representación del Estado, y como si todas las acciones derivadas de contratos realizados por toda clase de Autoridades, cualquiera que fuese el Centro de que procedieran, no correspondieran al Estado, ejercitándolas en su nombre y previa la Real orden correspondiente, la representación del mismo; que era aplicable el número 5.o del artículo 1.903 del Código Civil, que determinaba la responsabilidad cuando el daño lo causaba el Estado ó sus funcionarios, toda vez que en el caso de autos se trataba precisamente de todo lo contrario, ó sea de daño causado al Estado, siendo en cambio aplicable el número 4.o del propio artículo para determinar la responsabilidad de la Sociedad, en el caso de que, como pretendía ésta, el Estado no tuviera acción en virtud del contrato, y que el artículo 7.o de la ley de Contabilidad, de 1870, prescribían que no se podían someter á arbitrios las cuestiones sobre derechos de la Hacienda, sin que precediera una ley autorizándolo, de donde se infería que la cláusula 11 del contrato carecía de eficacia en este caso, aparte de que, aun prescindiendo de aquella disposición, bastaba citar el artículo 58 de la ley de Enjuiciamiento Civil, para que debiera reconocerse la competencia del Juzgado, y duplicando la Sociedad demandada, reprodujo, ampliándolos, los hechos de su contestación, alegando además: que el siniestro ocurrido el 30 de Septiembre de 1899, y la demanda se había promovido con fecha 30 de Junio de 1914, habiendo, por tanto, transcurrido cerca de cinco años sin que el Estado reclamara judicialmente contra la Sociedad, y por tanto, cualquiera que fuese la fecha que se tomase para el computo el término de un año, á contar desde que la parte actora supo el accidente, ó desde que pudo ejercitar la acción que la Ley señalaba al efecto había transcurrido con exceso, en apoyo de cuya excepción de prescripción, citó diferentes artículos del Código Civil, y especialmente el 1.968, en que la fundó, y practicada prueba por ambas partes, pericial, documental y testicial, deponeñron a instancia de la parte actora, entre otros testigos, D. Victor Pérez Vidal, de quien se afirma en el presente recurso que era capitán de Artillería y sucesor de Osma en el mando del Fuerte, quien manifestó que las reparaciones en la instalación la hacían los empleados de la sociedad, pues era un servicio particular que como tal se pagaba, se unieron las pruebas á los autos y dictó sentencia el Juez que entendía en los mismos, condenando á la Sociedad demandada al pago de la cantidad que el Estado le reclamaba, con los intereses legales desde la firmeza del fallo:

(Continuado.)