La Energía eléctrica (1914-07-10 00:00:00), página 23

decirse que por imposición de esta condición fué el primitivo contrato modificado á voluntad de una sola de las partes, porque siendo el contrato de suministro de energía de una duración indefinida, es disoluble á voluntad de cualquiera de las partes, y desde este preciso momento, cesan las obligaciones contraídas por virtud del mismo y principian á tener fuerza de obligar las originadas del nuevo convenio, debido á la libertad que ambas partes tienen para estipular cuantas condiciones crean convenientes, tanto respecto al precio como á su aceptación, siempre que no sean contrarias á la moral y buenas costumbres, circunstancias que en el caso presente no ocurren.»

Sobre el mismo asunto, la sentencia del Juzgado de primera instancia de San Pablo, confirmatoria de la anterior, dice:

«Considerando: Que el demandado satisfizo á la parte demandante, por entenderlo así y como consecuencia del contrato de referencia, la cantidad objeto de la reconvención; que el art. 5.º del Código civil establece que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores, y en mérito á que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, no es procedente estimar la reconvención formulada.

Considerando: Que es de apreciar ostensible temeridad y mala fe en la parte demandada.»

Refiriéndose la misma sentencia al derecho de imponer y aceptar libremente las condiciones en los contratos las partes contratantes, dice:

«Considerando: Que de conformidad con lo previsto en el art. 117 del Código de Comercio y 1.261 del Código Civil, es forzoso reconocer de las pruebas suministradas á instancia de ambas partes la existencia de un contrato celebrado entre éstas, que el art. 1.124 del citado Código establece una justa reciprocidad de derechos en las obligaciones bilaterales en general y que puede el perjudicado escoger entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.»

Vea usted, amigo mío, cómo contra la sentencia del Juzgado del Pilar se ha dictado otra completamente distinta.

Oído lo anterior, preguntamos á nuestro informante cuáles eran los propósitos de la Sociedad al anunciar á los reclamantes la denuncia de los contratos, y, como consecuencia, la retirada del servicio.

«—Pues los naturales al proceder seguido por los indicados abonados.

Ellos lo eran á virtud de un contrato, que después de años de vigencia han impugnado judicialmente. Desde este momento, no existe contrato alguno entre aquéllos y la Sociedad. Como ésta no puede ni debe tener abonados sin contrato, mientras no convengan contrato nuevo, dentro de la libertad contractual reconocida por el Código Civil, no tiene ninguna garantía para la prestación del servicio. A ello, y no á otra cosa, obedece la resolución: á la necesidad de un nuevo pacto con las debidas condiciones.

El asunto como usted ve, es puramente jurídico, defendiendo cada uno su derecho, y dentro de éste, la Sociedad, que ejerce una industria tan libre y privada como otra cualquiera, rechazando lo de servicio público, por no haber tal cosa en ninguna ley, defenderá sus intereses hasta el último extremo.»

Esto nos dijo nuestro informante, y nosotros nos limitamos á reproducirlo tal y cómo lo ofimos.»

Salpicaduras.

Las consiguientes á las anteriores sentencias fueron cartas pasadas á los abonados disconformes, como á la siguiente:

«Sr. D. . . . .

Muy señor nuestro: Habiendo manifestado usted á esta Sociedad judicialmente su disconformidad con las condiciones de abono que la misma tiene establecidas para casos como el de usted, le participamos que queda denunciado el contrato con arreglo al cual se le ha considerado abonado, y que por virtud de la expresada denuncia, retiraremos tal servicio, en un plazo máximo de ocho días á contar desde hoy.

De usted, etc., etc.»

Vencido el plazo de ocho días para que pudieran substituir el servicio, las Eléctricas les retiran aquél.

Inmediatamente los reclamantes recurren al Gobernador, invocando el famoso art. 42 de las instrucciones para la verificación de contadores, y el Gobernador dispone les sea restablecido, disposición que hay que acatar por no desobedecer á la Autoridad, aunque con la correspondiente protesta de infringir la ley, de abuso de poder y anuncio de recurso de agravio.