La Energía eléctrica (1914-07-10 00:00:00), página 22

Esto ha sido legislar sin pies ni cabeza y con el mayor desconocimiento del modo de ser de la industria eléctrica.

El art. 42 de las Instrucciones reglamentarias para la verificación de contadores, ha sido manejado con igual desconocimiento que el Real decreto anterior. Desde su promulgación en 1904, lleva ocho reformas siempre con el mismo prejuicio hostil á la industria y á la libertad contractual.

La Real orden de 9 de Diciembre de 1907, llega á la iniquidad y extralimitación legal de obligar á las Empresas á no poder dar de baja ni retirar el servicio á los abonados, bajo ningún concepto, si no es por falta de pago.

No cabe mayor monstruosidad.

El abonado puede darse de baja cuando bien le parezca; la Empresa, aunque un abonado defraude aunque sea calificado de mala fe, como en el considerando de la sentencia reproducido, aunque sea molestísimo y perturbador; aunque no convenga á sus intereses tenerlo, y, finalmente, aunque por ir mal el negocio tenga que suspenderlo, no puede, por lo de bajo ningún concepto, retirar el servicio.

¿Es posible que en país civilizado alguno se imponga semejante tiranía á una clase de ciudadanos, anulando por decretos ó Reales órdenes los arts. 5.º, 1.261, 1.124 y 1.255 de una ley del Reino como el Código Civil?

El caso de Zaragoza.

Las Eléctricas de dicha ciudad, al prohibirse el consumo mínimo por la disposición citada, modificaron sus contratos, estableciendo una tarifa diferencial, acogiéndose al art. 1.255 del Código Civil.

Efecto de una apasionadísima campaña local de prensa, varios abonados demandaron ante los Tribunales á la indicada Sociedad, reclamando contra la convenida tarifa diferencial, que ellos clasificaban de consumo mínimo disfrazado.

El asunto fué planteado en los dos Juzgados municipales de la ciudad: en uno, directamente; en el otro, por reconvención de un abonado que había sido demandado por la Sociedad, para que reintegrara lo retrasado por su contador, verificado oficialmente, así como la Empresa reintegra los adelantos.

El asunto ha sido fallado por los indicados Juzgados, y en apelación por los superiores de primera instancia, en absoluta y plena disconformidad, para lo que reproducimos lo siguiente de Heraldo de Aragón:

«Cuestión con las Eléctricas.—Dado el revuelo producido entre esta Sociedad y catorce abonados que contra aquélla han recurrido judicialmente reclamando contra la tarifa diferencial que la Sociedad tiene establecida en sus contratos, para juzgar con conocimiento de lo que ambas partes alegan, hemos celebrado una conferencia con la Gerencia de las Eléctricas, en cumplimiento de deberes informativos.

El asunto, nos ha dicho, está plantead en los siguientes términos: Unos cuantos abonados, catorce que libremente aceptaron unas condiciones de abono, recurren contra las mismas, alegando que el Real decreto de 25 de Octubre de 1907, prohíbe cobrar cantidad alguna por consumo mínimo, entendiéndolo aquellos abonados que la tarifa diferencial del contrato, equivale ó representa el consumo mínimo.

Las Eléctricas invocan que, amparadas como todo español en los preceptos del Código Civil, una ley como esta, que en su art. 5.º prescribe que una ley sólo por otra puede ser derogada ó modificada, un Real decreto ó una Real orden no cercena el derecho de los acogidos á una ley, que como el citado Código, reconoce á los ciudadanos el derecho de estipular libremente en sus contratos las condiciones que tengan por conveniente dentro de las leyes, no de otras disposiciones que leyes no sean.

El Juzgado municipal del Pilar, es cierto que ha fallado de conformidad con lo solicitado por los abonados demandantes; pero no es menos cierto que el de San Pablo, en el mismo asunto planteado como reconvención por D. Jorge Zamora, ha opinado de modo diametralmente opuesto, para lo que nuestro conferenciante nos da copias de los siguientes considerandós del Juzgado municipal y del de primera instancia, ante el que la sentencia fué apelada.

El del municipal, dice así:

«Considerando: Por lo que respecta á la llamada tarifa diferencial, que aun cuando sea substitutoria del llamado consumo mínimo, como aquélla fué, digámoslo así, una condición de nuevo contrato por supresión de aquel consumo, fué condición lícita mientras tuvo aceptación por el consumidor mediante su zago; luego, ni aun en este concepto procede acordarse la devolución que se solicita, y sin que pueda